CUADERNOS DE REENCUENTRO

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21 Marzo, 2024

Este memorial, dirigido a la doctora Luis Adriana Camargo, lo radiqué formalmente en la Fiscalía General de la Nación con el ánimo de exponerle 18 casos, que estimo gravísimos, de corrupción, impunidad o confabulación de la Fiscalía de Colombia con el gran crimen.

Por GONZALO GUILLÉN

Washington, D.C., marzo 23 de 2024.

Doctora

LUZ ADRIANA CAMARGO

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

E.S.D.

Respetada doctora Camargo:

Ante todo, le hago llegar mis felicitaciones sinceras por el cargo para el que fue elegida y le deseo los mejores éxitos en su impostergable misión de rescatar a la Fiscalía General de la Nación de las garras de la corrupción, la impunidad y el crimen.

Yo soy GONZALO GUILLÉN, ciudadano colombiano, periodista y, por ello mismo, veedor público. En el transcurso de mis investigaciones periodísticas he determinado y denunciado judicial y públicamente gravísimos eventos de corrupción interna en esa entidad que usted va a dirigir, así como otros externos, todos los cuales ultrajan seriamente al sector de la justicia y deben ser investigados de manera urgente, objetiva y priorizada.

Le relacionaré aquí 18 temas de enorme impacto que han sido envilecidos, engavetados y manipulados por funcionarios de la Fiscalía dedicados a servir los intereses de las organizaciones criminales de Colombia. En ellos están involucrados fiscales delegados de todos los niveles, protegidos y dirigidos por altos directivos de la Fiscalía General de la Nación y en premio a sus acciones ilícitas han recibido estímulos burocráticos como ascensos, vinculación de familiares y amigos ineptos, cuantiosos ingresos por viáticos, etcétera. Todo esto ha manchado la imagen de la justicia colombiana y encubierto a los mayores delincuentes del país.

Respecto de los casos que le enunciaré quiero indicarle que estoy listo a entregarle fuentes, documentos y pormenores sobre la manera como criminalmente han sido escondidos de distintas maneras.

A continuación, entonces, le enumero en un primer escrito, doctora Camargo, los casos de mayor trascendencia para esa entidad y el país, con la petición encarecida de que su despacho designe a un miembro de su equipo de trabajo para que los saque de los ominosos archivos de la impunidad y consiga sancionar a los responsables:

1. Clan del Golfo asociado con la ÑEÑE POLÍTICA.Fue la alianza criminal para financiar la campaña presidencial de IVÁN DUQUE MARQUEZ, investigación en la que se ha permitido deliberadamente el asesinato de más de 1000 personas en la región de la costa caribe, actuación que está a cargo desde el año 2019 del corrupto fiscal DANIEL RICARDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Este sujeto está llamado a juicio por corrupción, aun así no ha sido suspendido y le pido a usted que lo haga en aras de la moral, la legalidad y la transparencia.
2. ODEBRECHT, caso gravísimo que se encuentra pendiente de abrir tres líneas de investigación: 1. Ministros, 2. CORFICOLOMBIANA y GRUPO AVAL, y 3. Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que obstruyeron las investigaciones, además de desviar las acciones judiciales hacia otras con la plena seguridad de que así no iban a tener éxito, como es el caso del favorecimiento y encubrimiento de a empresarios brasileños.
3. Solicito a usted pedir oficialmente a los Estados Unidos de América toda la información que posee respecto de los gravísimos delitos que confesó en ese país la organización de LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO y por los que fue condenada recientemente. Mucha de esa información fue aportada por la Fiscalía General de la Nación, entidad que, sin embargo, ha mantenido una posición abiertamente encubridora. Yo también aporté información a Estados Unidos que estoy dispuesto a entregarle.
4. Desenterrar el caso impune del asesinato del juez civil de Bogotá Hugo Carmelo Ortiz Clavijo. En este crimen están incursos los sujetos ALBERTO RÍOS VELILLA y JAIME LOMBANA VILLALBA. La propia Fiscalía se vio obligada a reconocerme oficialmente la existencia del expediente y el acervo probatorio de este crimen atroz, el cual se encuentra irregularmente engavetado. Cuando supo que yo tenía la información, recibí en octubre de 2021 una carta irrespetuosa de ADRIANA EUGENIA RAMÍREZ LÓPEZ, directora de atención al usuario, por medio de la cual de manera amenazante sostuvo que no tengo derecho a conocer información de ese caso. Mi respuesta de rechazo fue firme y airada. Si en la Fiscalía el expediente ya ha sido saqueado o desaparecido, puedo entregarle la documentación que poseo.
5. Tráfico de influencias en la FGN para vincular personas a la entidad, en especial a miembros de un mismo grupo familiar y amigos (nepotismo), como es el caso, por ejemplo, del Agente de Protección y Seguridad IV, IVÁN DARIO RESTREPO GARCIA. Este, para conseguir todo tipo de beneficios se degradó al extremo de dedicarse a sacar a orinar y defecar a los perros de su antecesor, FRANCISCO BARBOSA. Entre los parientes de RESTREPO GARCÍA contratados sin méritos ni razón alguna, figuran LUZ MARINA BARRIGA TORRES (esposa), IVÁN STIWAR (hijo), GLORIA MERCEDES (hija), CARLOS ANDRÉS (hijo) y MARIA CATALINA (hija). Así, hay otros grupo familiares, lo cual pervirtió el proceso de selección de personal de la entidad, hecho por el cual se deben iniciar las investigaciones penales y disciplinarias respectivas.
6. El aumento abismal del monto de gastos reservados para omitir el control fiscal, en la administración MANCERA-BARBOSA pasó de 19.119 millones de pesos a 51.888 millones de pesos. Gran cantidad de este dinero pasó a ser parte del patrimonio personal de muchos de los directivos, entre ellos del señor ALBERTO ACEVEDO QUINTERO, Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones, así como de otros directivos.
7. Defraudación del patrimonio de la entidad mediante pago de viáticos. Es el caso de los directivos de alto rango que hicieron cuantiosas fortunas viaticando por todo el país sin un objetivo claro, en especial la Delegada para la Seguridad Territorial, LUISA FERNANDA OBANDO GUERRERO; el Director Nacional de Atención al Usuario, GUILLEMO FORERO PEREA y su sucesor, JUAN SEBASTIÁN SALCEDO CUELLO. 
8. Tráfico de influencias para priorizar o alterar el turno en el pago de sentencias judiciales en contra de la entidad. Estos actos delictivos son dirigidos y organizados por la señora ASTRID TORCORMA ROJAS SARMIENTO y el señor CARLOS ALBERTO SABOYÁ GONZÁLEZ. 
9. El mal manejo del expediente llamado PERLA NEGRA, por parte de MARTHA JANETH MANCERA y el fiscal MARIO ANDRÉS BURGOS, entre otros, para favorecer los intereses de LA DELINCUENTE CONVICTA CATALINA NOGUERA y su padre el rector de la Universidad Sergio Arboleda, en especial, la entrega de evidencia reservada a grupos narcotraficantes por parte de fiscales, entre ellos el ya mencionado DANIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
10. Hay fiscales de todos los rangos (municipales, circuito, especializados, tribunal y corte) que se enriquecieron. Cuentan con grandes capitales económicos, como es el caso del ex fiscal ÁLVARO ENRIQUE BETANCUR MARTÍNEZ, quien para el momento de su despido contaba con un capital de más de $18.000.000.000, como muchos otros que aún están vinculados con capitales enormes, en especial algunos de los que están en las unidad de LAVADO DE ACTIVOS y EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO.
11. El reparto. MARTHA JANETH MANCERA impuso en las direcciones nacionales la figura de “reparto provisional”, utilizada para entregar procesos a dedo a algunos fiscales, obviando las mismas disposiciones internas según las cuales esa labor sólo le corresponde al Fiscal General de la Nación. Adicionalmente, hay una sola persona que administra el sistema de información de la entidad, situación que debería estar a cargo de una dependencia y sujeta a múltiples controles. Se tiene así exclusivamente con la finalidad de manipular el reparto de procesos y la asignación a dedo de las investigaciones, desde ahí se vende información a carteles del crimen, abogados corruptos, compañías de vigilancia, empresas privadas, etcétera, sobre información de ciudadanos vinculados a distintos procesos. Todo esto a cambio de cuantiosos sobornos.
12. Fiscales de apoyo. MARTHA JANETH MANCERA ordenó dar mal uso a la figura del fiscal de apoyo con el objeto de llevar investigaciones paralelas y romper la autonomía e independencia de los Fiscales Delegados, es decir, manipular las investigaciones que adelantan los diversos fiscales. Tengo que informar de varias de ellas. Por ejemplo, el sonado caso de “LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE UN CARTEL”, en el que la Comisaria de Familia de Usaquén, esposa del ex vicefiscal y hoy magistrado del Tribunal Superior de Bogotá FERNADO PAREJA REINEMER, conformó una organización criminal para asignar la custodia de hijos de personas de estratos altos a cambio de dinero. La comisaria mencionada fue detenida por el actuar delictivo del fiscal de apoyo DEIBY ALFREDO CACERES NARANJO y este fue premiado con un ascenso al cargo de FISCAL DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA de la Dirección Nacional ante la Corrupción.
13. Oficina de sicarios judiciales, a cargo de la Dirección Nacional de Cuerpo Técnico de Investigaciones, en la que se encuentra asignados Fiscales como DANIEL RICARDO HERNANDEZ MARTINEZ y DIANA ALEJANDRA CUCUNUBÁ, entre otros. Tal oficina está destinada a perseguir a personas seleccionadas por el fiscal y la vicefiscal (yo, entre ellos) o para favorecer ciertos sectores criminales. Si bien es cierto que MARTHA MANCERA ordenó a última hora hacer una modificación cosmética a esta oficina, en la práctica se mantiene intacta, solo que pasó a hacer parte de una Dirección Nacional.  
14. Persecución a fiscales e investigadores honorables. Son castigados quienes hacen bien su trabajo. Sobre ellos recae el acoso judicial, así como traslados de castigo, reubicaciones peligrosas, etcétera. Contra ellos son comprados testimonios falsos de criminales confesos para abrir procesos en contra de servidores que cumplen correctamente con su deber. Quizá la víctima más conocida de estos procederes es la Fiscal ANGÉLICA MONSALVE, entre cientos.
15. Tráfico de drogas. Es encubierta la participación de miembros de la Fiscalía en tráfico de drogas principalmente hacia los Estados Unidos, México, Ecuador, España, Francia y Gran Bretaña, con la protección de altos directivos de la entidad. La Fiscalía jamás hace públicas las diligencias de destrucción de drogas que incautan otras autoridades y existen testimonios según los cuales esas mercancías suelen ser devueltas al crimen organizado o revendidas en el mercado negro por funcionarios de la Fiscalía.
16. Multiplicidad de montajes judiciales de los que he sido víctima para tratar de acallarme. Estas acciones criminales están a cargo de varios de los fiscales delegados y dirigidos por FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO y MARTHA JANETH MANCERA, en conjunto con criminales como el confeso delincuente CARLOS JOSE MATTOS BARRERO y EMILIO TAPIAS, el primero de ellos fue grabado diciendo que parte de $1.600.000.000 que le fueron robados en la cárcel del Barne tenía como destino a los fiscales DANIEL RICARDO HERNANDEZ MARTÍNEZ, ALVARO ENRIQUE BENTANCUR MARTÍNEZ, unos jueces, y el fiscal mayor, haciendo referencia al señor BARBOSA DELGADO. Estos hechos, debidamente probados, nunca han sido objeto de investigación.
17. Narcotráfico en el puerto de Buenaventura. La Fiscalía General de la Nación y el CTI, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la DIAN y la Procuraduría General de la nación hacen parte de los embarques de cocaína a través del puerto marítimo de esa ciudad, el que más droga de esa clase exporta en el mundo. Estoy listo a entregarle a usted un completo expediente con nombres, embarques, destinos, operarios, cómplices, empresarios, políticos y otros que pertenecen a esta siniestra actividad, a la cabeza de la cual figura tristemente MARTHA MANCERA. No he hecho público todo ese cúmulo de evidencias y testimonios debido a que las fuentes me han pedido mantener reserva hasta cuando autoridades de Colombia u otros países inicien investigaciones formales. Todo ese acervo probatorio vine a ponerlo en uso de buen recaudo en Estados Unidos y será publicado en caso que se hagan efectivas las amenazas de muerte que he recibido en estos días y denunciado ante las autoridades.
18. La masacre de 11 personas en Codazzi, Cesar. En septiembre de 1996 fueron asesinadas al menos once personas y desaparecido otras. En este caso fue vinculado el delincuente confeso y convicto CARLOS MATTOS BARRERO. No obstante, en acciones corruptas ya hubo una preclusión asombrosa en Valledupar y el fiscal 86 especializado, VICTOR FABIO GARCÍA DUEÑAS, que lleva el caso en Bogotá, recibió una oferta de soborno de parte de abogados de MATTOS BARRERO a cambio de unas decisiones que el fiscal adoptó a la postre. Las denuncias y las pruebas (incluidas las grabaciones correspondientes) las he entregado de manera oficial a distintas autoridades, incluida la Fiscalía General de la Nación. Para el caso de que ya hayan sido desaparecidas, se las puedo entregar a usted.

En posteriores escritos le presentaré una segunda relación de casos gravísimos de corrupción en la entidad que usted entró a dirigir y que debe limpiar, en cumplimiento de su función constitucional (artículo 250) y legal, de acuerdo con el Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el Decreto Ley 898 de 2017 y la Ley 2.197 de 2022.

Desde ya le informo que estoy dispuesto a reunirme con el equipo de trabajo que usted designe para la investigación de estos hechos. Iré acompañado de mis asesores y de fuentes de la más alta credibilidad.

Cordialmente,

Gonzalo Guillen.

Periodista

Entrevista con Salvatore Mancuso: ¿Cuáles fueron los datos más reveladores?

De la Guerra a la Paz: ¿Qué tiene Salvatore Mancuso para contarle al país?

En un giro histórico para Colombia, este 19 de marzo de 2024, Salvatore Mancuso, excomandante del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reapareció desde la Cárcel “La Picota” en Bogotá para dar una entrevista a RTVC Noticias, noticiero del Sistema de Medios Públicos. En el pabellón de alta seguridad, Mancuso habló con Hollman Morris y Señal Colombia para, según él, expresar su compromiso con la reconciliación y la construcción de un futuro pacífico para Colombia.

La conversación inició sobre la invitación del presidente Gustavo Petro para reunirse con Mancuso y dialogar, lo que representa un paso significativo hacia la paz y la reconciliación en un momento en que antiguos actores del conflicto buscan dejar atrás la violencia y trabajar por un país en tranquilidad.

Mancuso, quien pasó 18 años en una prisión de Estados Unidos, describió su transformación personal y su dedicación a la paz como una oportunidad para redimirse. Reconoció los estragos causados por la guerra en Colombia y en las almas de los colombianos, y se presentó como un actor comprometido con la reconstrucción y la reconciliación. 

📺 “Yo agradezco esta entrevista y la invitación que me hace el señor presidente de la República para reunirnos. Vamos a darnos la mano para construir caminos de paz”, afirmó Salvatore Mancuso.#MancusoEnRTVC con @HOLLMANMORRIS.

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— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) March 20, 2024

¿Qué dijo Mancuso en la entrevista con RTVC Noticias?

La entrevista abordó la propuesta del presidente Petro de involucrar a Mancuso como “gestor de paz” y su posible papel en el diálogo con grupos armados como el Ejército Gaitanista. Mancuso manifestó su disposición a contribuir con su experiencia para desmantelar los ciclos de violencia y generar confianza en el proceso de paz.

Durante la conversación Mancuso reveló que se le pidió asesinar al presidente Hugo Chávez y participar en un golpe de estado en su contra. Según sus palabras, esta propuesta fue presentada años atrás a las Autodefensas Unidas de Colombia.

🗣️"Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del Presidente Chávez, para ese época, eso fue cierto" dice Salvatore Mancuso, en entrevista con @HOLLMANMORRIS, a través de @SenalColombia #MancusoEnRTVC

🔴En vivo: https://t.co/bqzyg4icMp pic.twitter.com/ZEQj0thMG9

— Señal Colombia (@SenalColombia) March 20, 2024

En cuanto al cierre del proceso de Ralito, Mancuso destacó la importancia simbólica y práctica de este paso, señalando los acuerdos incumplidos por el Estado como uno de los factores que llevaron al rearme de grupos armados, tras la desmovilización de las AUC durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Mancuso también criticó la política de seguridad democrática y aseguró que utilizó la violencia como plataforma política para perpetuar el ciclo de conflicto en el país, por lo que, según él, la búsqueda de la paz implica un compromiso real con la justicia y la reconciliación, así como el cumplimiento de los acuerdos firmados.

Además de esto y en una explosiva declaración, el exjefe paramilitar aseguró que la muerte de Vicente Castaño, exjefe de las AUC, fue “instigada” por el exalto comisionado para la paz del gobierno de Uribe, el prófugo Luis Carlos Restrepo.

¿Qué reveló Mancuso sobre el asesinato de Jaime Garzón?

Salvatore Mancuso reveló además nuevos detalles sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Admitió que el único determinador intelectual del crimen no fue el exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, como se había señalado previamente, sino que fue un «crimen de Estado».

Las revelaciones de Mancuso arrojan luz sobre la impunidad que rodea este caso emblemático en Colombia pues se creía que Garzón había sido asesinado por orden del jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, debido a una burla que el humorista había hecho sobre este en televisión. Sin embargo, Mancuso ahora sugiere que la responsabilidad recae en estructuras más amplias del Estado colombiano.

El ex comandante paramilitar también mencionó la implicación de otros actores en el asesinato de Garzón. Aunque inicialmente se había acusado a Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias «El Bochas» y a Alberto Sierra como los supuestos autores materiales del crimen, investigaciones posteriores desmintieron estas acusaciones y llevaron a la absolución de los acusados.

La entrevista de Mancuso con Morris también reveló que José Miguel Narváez no fue el único determinador intelectual del asesinato, como se creía anteriormente y expresó su supuesto pesar por la participación de las AUC en estos hechos, aunque afirmó no haber sido directamente responsable.

🚨ATENCIÓN: Habla a esta hora Salvatore Mancuso, en entrevista exclusiva con @HOLLMANMORRIS, a través de @SenalColombia y @RTVCnoticias.#MancusoEnRTVC

🔴En vivo: https://t.co/bqzyg4icMp pic.twitter.com/c84umaa3x5

— Señal Colombia (@SenalColombia) March 20, 2024

La confesión de Mancuso plantea interrogantes sobre la responsabilidad de otros actores en el crimen y refuerza la necesidad de esclarecer la verdad para garantizar justicia. Los colombianos esperan que Mancuso continúe cooperando con las autoridades y revele más detalles sobre este trágico episodio en la historia del país.

¿Por qué es importante escuchar a Salvatore Mancuso?

La entrevista con Salvatore Mancuso podría representar un paso significativo hacia la reconciliación en Colombia. Su disposición para dialogar y contribuir al proceso de paz ofrece una esperanza tangible para un país que busca dejar atrás décadas de conflicto armado y construir un futuro más pacífico y próspero para todos sus ciudadanos.

TOMADO DE: https://www.canalinstitucional.tv/noticias/entrevista-mancuso-datos-reveladores

Las denuncias ocultas por compra de votos contra Iván Name

Ver más de: Investigación  Publicado: 30 Julio 2023

Llamadas interceptadas a contratistas y funcionarios públicos evidencian una operación de compra de votos en el Chocó en favor de la elección de Iván Name Vásquez como senador en 2022. Otra denuncia en Fiscalía detalla que para las elecciones de 2018 también obtuvo votos en ese departamento a través de corrupción electoral. En el corazón del Pacífico, lejos de su natal Barranquilla, en las dos últimas elecciones sumó 3862 votos. ¿Qué hay detrás?

Por: Edinson Arley Bolaños
Director de la Revista RAYA

El pasado 20 de julio, el senador Iván Name Vásquez, quien completó tres periodos consecutivos en el legislativo, fue elegido presidente del Congreso de la República en representación del Partido Alianza Verde. A su turno, diversos medios de comunicación denunciaron que detrás de la operación de conseguir los votos en el Senado para esa conquista estuvo la actual procuradora general Margarita Cabello, quien habría sostenido reuniones con congresistas de los partidos tradicionales en días previos, con el fin de concertar una alianza y así darle un golpe al Gobierno. Un objetivo hasta ahora cumplido. Sin embargo, ocultas permanecen las denuncias contra el senador Name por compra de votos en las elecciones de 2018 y 2022 principalmente en el departamento del Chocó.

El primer caso quedó al descubierto mientras la Fiscalía escuchaba las conversaciones de los alcaldes de Unión Panamericana, Lloró y Cantón de San Pablo (Chocó), cuyos teléfonos fueron interceptados por presuntos actos de corrupción a nivel nacional. En medio de esas llamadas, apareció el nombre de Dairon Alexander Moreno Sánchez, un jóven chocoano que trabaja como mecanógrafo en el Congreso de la República. Tras el hecho, la línea de Moreno fue interceptada antes y después de las elecciones parlamentarias del año pasado obteniendo como resultado que hablaba de ayudar a conseguir proyectos y recursos para varios municipios de Chocó a cambio de votos para Name, incluso, habla de la compra de votos en varias poblaciones de ese departamento.

En el siguiente documento de interceptaciones que revela la revista RAYA, la Fiscalía también encontró que Moreno hablaba de planillas, dinero en efectivo, verificación de votantes para “el senador amigo”, es decir Name, y favores en las instituciones estatales en Bogotá. Así lo resume la Fiscalía en un informe del 18 de mayo del año pasado: “se nota una participación activa en política ya que se evidencia que para las anteriores elecciones del 13-03-2022 esta persona, según las sinopsis, se encontraba ubicando votos y se desplazó hasta el Chocó en colaboración a la campaña al parecer al senador Iván Name Vásquez, así mismo tiene comunicación directa con el alcalde de Rio Iro, quien según conversaciones le solicita al señor Moreno que le radique un proyecto y que le ubique información del Ministerio de Minas para saber qué recursos tiene el municipio por concepto de regalías”.

En una llamada interceptada a Moreno el 17 de febrero de 2022, este habla con Wilson Francisco Arias, quien sería el contratista enlace para conseguir proyectos para alcaldes amigos a cambio de apoyo electoral, incluso, de coimas. Así lo describió la Fiscalía en el mismo informe: “Francisco le pregunta a Moreno que del Chocó qué pueblo tiene un proyecto en el Ministerio de Vivienda o de Acueducto, que esté listo, radicado y ojala viabilizado. Moreno le responde que tiene uno de Río Quito, de acueducto, que no se encuentra viabilizado, pero técnicamente el alcalde dice que lo tiene. Luego, Francisco le pregunta, ¿qué dice el hombre, qué dice? Y Moreno le aclara que es muy serio el señor. Francisco le pregunta por el de vivienda. Moreno le dice que le tocaría consultar porque no lo tiene presente”.

^{Dairon Alexander Moreno Sánchez, funcionario del Congreso de la República y presunto comprador de votos en favor de Name en el Chocó.}

Luego de esta conversación vienen los diálogos en donde explican cuál sería el papel que estaba jugando del senador Name. Así lo describe la Fiscalía:

“Francisco le pregunta, ¿ese de acueducto por cuanto está? Moreno le indica que es un paquete que está por 10 mil. Francisco le expresa que hay alguien que tiene el cupo ya. Moreno le dice, que si le dice que le sirve, de una vez se lo envía. Francisco le comenta que va a entrar al Ministerio más tarde con el senador, pero no podemos decirle esto mientras se hable cómo se hace. Moreno le dice que le diga de una vez y él llama al señor. Francisco le explica que el “senador amigo mío”, que los dos conocemos, tenía uno pero resultó mala la escritura de donde va a quedar la vivienda y eso no se logra subsanar rápido y para no perder eso ahí tiene ese cupito y toca rápido, ese Ministro se va en unos 10 días”.

La conversación entre el funcionario del Congreso, Dairon Alexander Moreno, y el contratista Francisco Arias, continúa. Insisten en que el señor Arias necesita el proyecto porque a las 3:30 p.m. entra al Ministerio:

“Moreno insiste en que le diga que hay que hacer, que si se lo envía y que, qué necesita que le diga. Francisco le dice que hable con él y me da una indicación antes de que él vaya allá, que tenga seriedad y que, qué ofrece, y yo transmito eso. Porque nosotros vamos a entrar entre 3, 3 y media allá. Moreno le comenta que él eso lo había negociado con él y con otras personas que no salieron con nada y habíamos hecho una reunión y estaba estipulada en un valor del siete y él dijo que no había ningún inconveniente, pero las personas jamás contestaron”.

“Francisco le pregunta: ¿qué tal es el man, que después de que hagamos eso, diga que él no dijo nada. Moreno le dice que si quiere se reúnan con el señor, no hay ningún problema. Francisco le indica que él está en el centro y que en media hora llega el senador, ya le tocaría que usted se acerque donde estemos, aquí en el centro. Tenga listo el radicado”.

Votos para el senador

El 3 de marzo de 2022 los investigadores de la Fiscalía volvieron a clasificar varias llamadas sospechosas que entraron y salieron del celular de Moreno. En una de ellas habló con una mujer chocoana llamada Heliani Castillo, a quien Moreno le comentó que estaban pasando una lista para el tema de los votos del senador. Enseguida le lanzó una pregunta: “¿más o menos usted cuántos?” Y agregó: “hasta cinco sirve”. En el relato de la Fiscalía así quedó registrada esta llamada: “Heliani le dice que pregunta si tocaría con la cédula. Y Moreno le explica: a las personas que usted le pidió el favor, usted le pide el número de cédula y el nombre y uno ya entra a la página de la Registraduría y uno ya ve donde vota y ahí lo anota en la planilla y va haciendo la relación para ver el día de las elecciones lo que uno logre sacarle al «men», al que dijo la jefa”, le relata Moreno y ella concluye la llamada diciéndole que en un rato le enviaría los números de las cédulas.

Dos días antes de los comicios, el 11 de marzo de 2022, Moreno recibió una llamada de una mujer identificada por la Fiscalía como Liliana Sinisterra Rey, quien es seguidora y cercana de la hija del senador Name, María Clara Name, concejal del Partido Verde en Bogotá. En dicha llamada interceptada Sinisterra le dijo a Moreno que lo llamaban desde la campaña del senador Iván Name Vásquez y que quería preguntarle si le habían entregado planillas. Frente a lo que Moreno respondió que él estaba en el Chocó trabajando en ello, “incluso”, dijo, “en este momento hay una reunión del senador y estamos escuchándolo. Sinisterra le insistió en su pregunta que si no había entregado planillas. Moreno le respondió que todavía no, pero que “acá se está organizado todo”.

El 12 de marzo, un día antes de las elecciones, Moreno habló con un joven chocoano quien fue identificado por la Fiscalía como su ahijado. Hablaron de nuevo de votos, que cuantos tienen fijos, de refrigerios, de pasajes y de $40.000 por voto en Quibdó en favor del senador. Así resumió la Fiscalía el contenido de esa llamada: “Moreno le pregunta que cuántos son los de allá. Su ahijado le responde que serían unos 30. Moreno le dice que es con el consolidado de las listas que le está enviando, “¿cierto?”. Su ahijado le afirma que sí, pero a los de Achi sería como para darle (inaudible). Moreno le dice que ese día. El ahijado responde que los que voten aquí en Quibdó sería para darles como 40. Moreno le dice que deje y él cuadra. El ahijado le responde que lo haga, que él está consiguiendo unos votos buenos”.

Dos días después, cuando se desarrollaba el escrutinio y los candidatos se disputaban voto a voto un escaño en el Congreso, Moreno habló con otro chocoano de nombre Jorge Murillo, identificado por la Fiscalía como un cura del Consejo Comunitario Villa Conto, municipio de Río Quito (Chocó). En esa conversación queda claro que los votos en Quibdó se pagaron a $70.000. Así resumió la Fiscalía esta llamada:

“Moreno le comenta a Jorge que hasta ahora llevan 300. Jorge le expresa que bien, esa cifra es alentadora. Moreno le dice que ese es el efectivo, porque la jefa con lo que mandó no daba para más de ahí. Jorge le dice que antes, por el contrario, eso es mucho con lo que mandó. Moreno le comenta que un amigo estaba trabajando con otro en Quibdó y le contaba que le habían dado un presupuesto de 70 lucas, «500 votos» en la universidad, pero que la gente le cogió la plata y no le votó. Jorge le pregunta qué candidato era. Moreno le responde que era el man del colega mío, él salió. Jorge le dice que si MANE (Name) y Moreno le afirma que sí, que el (amigo) tenía muy organizado eso y se gastaron el presupuesto, el trabajo quedó mal hecho, porque no pudieron filtrar a la gente que sí iba a votar, eso en Quibdó cogen mucha plata por coger”, concluyó Moreno.

En las llamadas telefónicas en esos días y meses antes, Moreno fue dejando el rastro de su accionar para lograr encontrar votos en favor del senador Name. Uno de los hechos más contundentes sucedió con el alcalde del municipio Río Iró (Chocó), Edson de Jesús Perea, con quien habló en diferentes oportunidades, previo a las elecciones, para buscar citas y proyectos en diferentes ministerios a cambio de que le ayudara con votos para “su amigo senador”, el actual presidente del Congreso. En una de esas llamadas, previo a las elecciones, Moreno le ratificó que recibiría la información solicitada en el Ministerio de Minas con el fin de “bajar” recursos de regalías para el municipio Río Iró. No obstante, Moreno le cambió la conversación al alcalde Perea y le preguntó que si estaba en Quibdó, que él viajaba para allá, pero que lo llama para ver si le puede ayudar al menos “con unos 20, 30 cositos para el amigo mio». “¿Es posible?”, le pregunta. Perea responde que después hablan esa parte, pero que le va a enviar el proyecto del que le había hablado “para radicarlo mañana, pero hay unas explicaciones que necesito que lea bien para poderlo organizar”, le dijo el alcalde. Moreno le señaló que él lo imprime y lo radica mañana a primera hora.

En Río Iró, tanto en las elecciones de 2018 como en las de 2022, el senador Name obtuvo una votación inusitada. En la contienda de hace cinco años fue el congresista con mayor votación en ese municipio con 351 votos. En la del año pasado fue segundo, pero su votación se incrementó al obtener allí 431 votos de los 2500 que obtuvo en el departamento del Chocó. De hecho, en las redes sociales de Moreno aparece una fotografía que demuestra cómo desde finales de 2021 se venía traduciendo una alianza entre el alcalde de Río Iró y el senador Name, quienes sostuvieron una reunión privada con la directora de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en su oficina en Bogotá. Moreno celebra lo que denomina las gestiones del senador Name.

^{Foto de Name en reunión de lobby con el alcalde de Iró.}

En las elecciones parlamentarias del año pasado el senador Iván Name Vásquez, efectivamente, fue el candidato del Partido Verde más votado en el Chocó con 2500 votos, muy lejos de sus otros colegas que alcanzaron un promedio de 100 votos. Un fenómeno atípico pues su tierra de origen y fortín electoral están en el Atlántico y Bogotá. Un hecho muy relevante durante el voto finish en la elección de marzo de 2022 que le dio el último escaño de esa colectividad en el Senado. Los votos que lo separaron del primer eliminado de la fila, León Fredy Muñoz, apenas fueron 865 votos. Name en total obtuvo 39.759 votos.

La denuncia por constreñimiento al elector

El 20 de febrero de 2022, el subjefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA reportó un hecho de constreñimiento al elector que sucedió un día antes, el 19 de febrero, en el barrio Las Ferias de Bogotá. Según la llamada telefónica de la hija del afectado, ella recibió una llamada de otra mujer que se identificó como funcionaria de Integración Social del Programa Adulto Mayor “buscando a mi padre (no doy el nombre porque el asunto es muy delicado) informando que para ese día domingo era citado en la dirección calle 69 N° 70C-15, el salón comunal de dicha localidad, a las 8 am para tratar temas del adulto mayor. Al llegar al sitio nos damos cuenta que la reunión es para apoyar a un candidato al senado señor Iván Name, por el Partido Verde, número 7, y a una candidata a la Cámara por el mismo partido”. A pesar de esto, la Fiscalía no profundizó en este hecho.  

La denuncia por compra de votos en 2018

Otra denuncia que ratifica el modus operandi de conquistar votos para sostener una curul en el parlamento y que encierra un pasado insospechado del hoy presidente del Congreso, Iván Name Vásquez, tiene que ver con una denuncia de un ciudadano del municipio Río Iró (Chocó) sobre la compra de votos en favor de Name en las elecciones de 2018. Según le relató el ciudadano a la Fiscalía, en una carta que conoció esta revista, los involucrados eran los principales secretarios y el entonces alcalde de ese municipio Rigoberto Mosquera.A parte de los detalles que narró sobre la compra de votos en ese municipio enclavado en el mar Pacífico, el ciudadano dijo que lo sorprendía la votación de Name, pues en el pasado ningún otro candidato había obtenido una votación tan alta en Río Iró: “el secretario de gobierno Janier Perea era quien allá en los puestos de votación marcaba muchos tarjetones y daba las órdenes para que algunos jurados marcaran también por el candidato al senado Iván Name, incluso, este señor secretario de gobierno le pagó esos votos a algunos jurados les pagó $1.000.000 por el favor realizado ese día en esa jornada electoral, nunca una persona aspirante al senado había sacado tantos votos en un municipio tan pequeño”, puntualizó.

El senador Name le dijo a la Revista RAYA que “jamás” ha comprado votos y que esperará la comunicación de las autoridades, “con la absoluta tranquilidad de que ello no sucedió con mi anuencia o conocimiento. Así mis modestos resultados electorales a diferencia de quienes los compran”, expresó. Sin embargo, lo cierto es que la autoridad competente para investigarlo por su fuero parlamentario sería la Corte Suprema de Justicia, donde también averiguamos y encontramos que no tiene procesos de este tipo, lo que quiere decir que la Fiscalía no ha hecho su tarea: compulsar copias para que esta práctica empiece a ser castigada en Colombia y no premiada y perpetuada.

TOMADO DE: https://revistaraya.com/las-denuncias-ocultas-por-compra-de-votos-contra-ivan-name-el-nuevo-presidente-del-congreso.html

El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la constitución del 91 , ni para perpetuarme en el poder.

En las más de tres décadas que han pasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91, no han podido resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana y por eso debe el constituyente, es decir el pueblo entrar a resolverlos:.

Mientras no se aplicaba la constitución del 91 en estas tres décadas, los poderes constiuidos fueron penetrados por un régimen de corrupción impune y de facto y por una gobernanza paramilitar que reemplazó el estado social de derecho y asesinó a más de 100.000 colombianos.

En vez de aplicar la constitución de 1991, el régimen de corrupción asesinó a más de 100.000 colombianos para concentrar sanguinariamente la riqueza.

Por eso proponemos que se discuta en este proceso constituyente:

1. El cumplimiento del acuerdo de paz que supone: a) una reforma agraria, b)La inclusión del terrritorio y la población abiertamente excluida, y c) La verdad como eje de la justicia.

El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir.

2. Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana: Agua potable, salud, y renta para la población más vieja. En los ultimos 30 años la inversión pública se concentró en los sectores y los sitios más pudientes contrario a lo ordenado por la constitución y el acuerdo de paz. Las sentencias de la corte constitucional en este materia fueron desacatadas inpunemente. Hoy el que debía ser el estado social de derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad.
3. Recuperar los objetivos de la constitución del 91, contrarreformados, en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria.
4. Constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía
5. Garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción.
6. Cumpliir la orden de la constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos, léase el Congreso, no cumplieron porque su base electoral depende es del actual ordenamiento territorial que es el de la constitución de 1886.

El ordenamiento territorial es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante, proponemos garantizar la región autonòmica pero con un fuerte proceso de inclusión con los territorios olvidados que compense lla actual y aberrante desigualdad territorial.

7. Separar la política de la financiación privada.
8. Durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema de justicia basado en la venganza punitivista y politizada que terminó encubriendo los grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Proponemos llevar el sistema judicial hacia obtener la verdad para bucar la reparación de las victimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia. La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón.

El pueblo esta convocado por la presidencia de la republica a expresarse, a decidir.

Para ello proponemos la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía

¿Qué pasará con las actuales reformas en el congreso? Si una mayoría formada en la comisión séptima del senado anula los proyectos de ley discutidos arduamente en el Congreso, anulará el proceso de una transición tranquila y ordenada. El sistema de salud ya colapsó por su propia corrupción y el pensional privado se acerca a lo mismo por otras razones. Así que hundidas las transiciones ordenadas entramos a actuar de inmediato para garantizar los derechos de la población.

11 marzo, 2024 By Carolina Corcho

El pasado 12 de marzo, 8 Senadores de 14 que conforman la Comisión Séptima del Senado radicaron ponencia de archivo de la reforma a la salud. Es un documento paradójico porque reconocen que sí se requiere una reforma que resuelva los problemas de inequidad del sistema, brindar sostenibilidad financiera, eliminar barreras de acceso y brindar mejores condiciones al personal de la salud, pero al unísono proponen el archivo de una reforma que considera todos estos puntos. Todos estos puntos están considerados en la reforma que se proponen hundir.  Los senadores expresan que la reforma que presenta el gobierno pondrá en riesgo la vida de millones de colombianos, a lo largo del documento no logran explicar el porqué de esta afirmación. Y tampoco presentan una alternativa a la propuesta gubernamental. Continúan en la repetición de un conjunto de afirmaciones sin sustento en donde dicen que el país requiere una reforma, pero esta no debería acabar con la Unidad de pago por capitación UPC. Un tanto extraña esta afirmación porque varios artículos de la ponencia gubernamental contemplan la UPC, ¿leyeron otra ponencia? Dicen que no se debe sacrificar la cobertura universal que permite prestar servicios en todo el territorio nacional. Esto no es cierto, la prestación de servicios de salud actual no cubre la totalidad del territorio nacional ¿no les dice nada a los senadores que 633 municipios en Colombia, carezcan de puestos de salud en zona rural?, ¿Que sólo en la ciudad de Bogotá el 75% de la prestación de servicios está concentrada en el oriente y norte de la ciudad?

Hablan que el sistema debe mantener un asegurador que responda por la gestión del riesgo financiero y de salud. De qué aseguradores hablan los Senadores, ¿de las EPS?. Por cierto, en cuanto al riesgo financiero, en ninguna parte del documento se reseña que estos aseguradores adeudan mas de 25 billones de pesos a clínicas y hospitales y esto ocurrió antes de que llegara el gobierno del Presidente Petro, tampoco aparece que no tienen 12,4 billones de pesos es reservas técnicas que deberían estar invertidas para respaldar financieramente el sistema, la ponencia omite en el diagnóstico del actual sistema nada más y nada menos que la pérdida de 37, 4 billones de pesos que están embolatados en un manejo privado de recursos públicos a cargo de las EPS, ¿es esa la excelente gestión del riesgo financiero que defienden?. Y con ese déficit financiero que ha arrasado y arrasa la prestación de servicios, ¿cuál es la supuesta gestión del riesgo en salud?

A renglón seguido dicen que la libre elección de los pacientes del actual sistema de salud no se puede poner en riesgo, ¿de cuál libre elección hablan?, la de los pacientes que solo pueden ser remitidos en donde la EPS hagan su contratación de prestación, o donde le favorezca a su integración vertical. De la libre elección de los ciudadanos que están afiliados a una EPS en vigilancia especial por incumplimiento de requisitos de habilitación, cuya liquidación significaría el traslado de los mismos a otra EPS, que se niega a recibirlos porque también entraría en crisis financiera, todo ello porque no cumplieron con la norma de invertir las reservas técnicas. Hablan de la libre elección del campesino que no tiene pesto de salud en su vereda, de las mujeres que no alcanzaron a llegar al hospital porque vivían a seis horas y que terminaron engrosando las lamentables cifras de mortalidad materna en Colombia, ¿será que eso les ocurrió por libre elección? Pues la libre elección que no tiene el actual sistema sí lo posibilita el nuevo modelo que propone el gobierno nacional.

Pero la ponencia alternativa tiene otro error de fondo, de desconocimiento de la situación actual del sistema, es creer que la crisis del actual sistema se reduce a la ruralidad, por supuesto que los ciudadanos del campo sufren más, pero, ésta también se presenta en las grandes ciudades. La Superintendencia de Salud ha demostrado que en los últimos dos años se han presentado dos millones trecientos mil quejas por inatención, 590 mil de estas donde el paciente suplicaba por su vida. Estas quejas se ubican mayoritariamente en las grandes ciudades. Desconocer la realidad de la crisis del sector de las urbes de Colombia, da cuenta de que quienes elaboran el documento tienen puesta la mirada sólo en los sectores más privilegiados de las ciudades, lo que se propone la reforma es que todo el país acceda a las mismas condiciones de los más privilegiados, en eso consiste la garantía de un derecho fundamental. Incurren además en el error garrafal de considerar que la atención primaria en salud- APS- es un asunto sólo requerido para las zonas rurales y para los ciudadanos empobrecidos, desconociendo discusiones de décadas ya superadas a partir de Alma Ata en 1978 y la Organización Mundial de la Salud, en donde la APS propende por la equidad, la universalidad y la solidaridad, no es sólo para un sector poblacional, la APS es la esencia misma de los sistemas de salud en el mundo. Se desconoce además los avances jurisprudenciales y legales de la Corte Constitucional y del propio Congreso de la República en donde se reconoce el Derecho fundamental a la salud, con enfoque diferencial eso sí, pero sin discriminación, fragmentación y segmentación de la población.

Luego citan la ley 1438 de 2011 como un marco legal que permitiría resolver barreras de acceso, superar déficit de especialistas que no cuantifican, la interoperabilidad del sistema de información, la mejoría de la prestación de servicios. La pregunta que le queda a uno es, si la ley 1438 expedida hace 13 años tiene las herramientas suficientes para resolver esos problemas, ¿por qué durante los 11 años que los partidos de los senadores fueron gobierno no la implementaron? Si era tan útil, por qué permitieron en sus sucesivos gobiernos que el sistema se deteriorara a tal punto que cualquiera que ganara las elecciones del 2022 tuviera que enfrentar una crisis profunda por los acumulados no resueltos, lo que significa que llevaron el modelo de la ley 100 hasta sus últimos estertores, que es lo que se vive hoy.

En otro apartado plantean que se debería es sancionar a las EPS para que funcionen. Al respecto no sé si sabían los senadores, qué si hoy se le aplica las normas sancionatorias a las EPS, de entrada, habría que liquidar por lo menos 10 de ellas y que las demás entrarían inmediatamente en crisis con el traslado de pacientes y la ausencia de reservas técnicas, que sólo 5 de las 27 tienen en orden. Lo que proponen es lo mismo que se ha dicho por tres décadas y no ha sucedido durante sus gobiernos. ¿Esa circunstancia no les daría para entender que el problema es entonces estructural, y que si volvemos a hacer lo mismo obtendremos los mismos resultados y no superaremos la crisis? Crisis que ha sido reconocida por la Corte Constitucional desde el año 2008 con la sentencia T-760 y por la Contraloría General de la República con la función de advertencia sobre la situación financiera de las EPS en el año 2014.

En el conjunto de la ponencia se recaba sobre un conjunto de falacias que se han repetido desde la prensa corporativa por el gremio de las EPS sin que hayan logrado sustentar con cifras ni estudios serios, sus afirmaciones. Miremos algunos de estos, vuelve y se repite que la UPC es insuficiente, aún cuando en noviembre del 2023 ante esa misma afirmación, el Ministerio de Salud y Protección Social después de varias mesas técnicas de 18 EPS mas sus dos gremios, en donde confrontaron cada una de las cifras, no pudieron concluir que hubiera insuficiencia de la UPC. Además, se demostró que sólo 4 de 27 EPS habían hecho reporte de información válida para el cálculo de la UPC del año 2024, y con lo que presentaron no pudieron soportar si quiera un aumento del 7%, el gobierno tuvo que apelar a otras variables para aumentar al 12,01%. No existe ninguna evidencia hoy de que la UPC sea insuficiente.

Vuelven y recaban sobre la falacia de que la crisis del sistema es inducida por el gobierno de Gustavo Petro, lo que denominan “crisis explícita”, frase que la oposición sacó de un video editado de manera mal intencionada de una conferencia mía, en una ramplona degradación del debate público llevado al meme y al fake news vía redes sociales. No puede demostrarse por los hechos históricos que haya sido durante el gobierno del presidente Petro que inició la crisis de la salud, el mismo gobierno de algunos de los senadores firmantes, en el año 2009 declaró una emergencia social en salud, sino había crisis desde ese entonces, ¿por qué la declaratoria de la emergencia del Gobierno de Uribe Vélez?

Tampoco es cierto que esa crisis emerja por el pago atrasado de los presupuestos máximos, estos que antes correspondían a los recobros del No Pos, estos recursos siempre se han pagado a posteriori, y este es el gobierno que con más cumplimiento ha asumido esos pagos. Pero además estos recursos sólo constituyen el 2% de la financiación total del sistema de salud, el 98% se gira de manera anticipada a las EPS, casi 82 billones de pesos se les entregó religiosamente el año pasado. El problema financiero viene del hecho de que tengan un déficit de 12,4 billones de reservas técnicas, de que se les haya mentido al país consignando en sus propios estados financieros que estos recursos serían invertidos y estarían disponibles para respaldar financieramente el sistema, también viene de la ausencia de un sistema de información que nos permita conocer la real estructura del costos del sistema, la cual es opaca por la cantidad de negocios e intermediaciones que no prestan valor agregado que se han instalado en el sistema de salud durante estas tres décadas.

Por último, se arguye que el proyecto de ley no contó con participación social y no se escuchó a la ciudadanía. Lo primero que habría que aclararle a los parlamentarios es que esta reforma, de hecho, es una iniciativa ciudadana, de organizaciones médicas, de pacientes, científicas y de trabajadores de la salud. El gobierno la acogió y desde entonces se han adelantado más de 10 audiencias en Cámara y otras tantas en el Senado, mesas técnicas de todos los niveles con las EPS, clínicas, hospitales, desayunos con todas las bancadas de las comisiones séptimas de la cámara y del senado que yo misma organicé desde septiembre del 2022 para comenzar a discutir la reforma previo a su radicación, múltiples mesas técnicas con los partidos políticos de algunos de los senadores firmantes ( Liberal, Conservador y U), en cabeza de sus presidentes, en cuyos consensos aprobados por mayoría en la Cámara de Representantes participaron algunos de los senadores firmantes. Se han realizado cumbres regionales, seminarios, talleres, foros, se podría decir que no ha habido en las tres últimas décadas un proyecto de reforma a la salud con más discusión y participación que el actual.

Lo que preocupa es que la ponencia de archivo, no trae ningún tema nuevo, son las mismas discusiones que se habían resuelto en Cámara con los propios partidos políticos, preocupa además que una corporación tan importante como el Congreso de la República reproduzca fake news de las EPS y sus aliados, sin constatar los contraargumentos esgrimidos por diversos sectores políticos y de la sociedad civil frente a estos planteamientos. Preocupa además que la ponencia ni si quiera reconozca el desplome financiero de 37, 4 billones que arrastra el sistema, que se traducen en cierres de prestadores de servicios de salud, precarización laboral y más de dos millones de quejas por inatención a la ciudadanía urbana y rural. Todas estas cifras corroboradas por organismos de control como la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Salud, sin que hayan sido refutadas.

No presentan los Senadores ninguna alternativa al país frente a la angustiante situación del sector salud. Pareciera que la alternativa es que continúe todo igual, es decir, que continúe la debacle hasta sus últimas consecuencias en vidas humanas; cuando la realidad es que sólo el Congreso de la República puede detener la caída en picada en la que viene el sistema y de manera honorable reivindicar a esos Congresos previos que no enfrentaron la crisis, que sólo ponían paños de agua tibia, leyes cosméticas para que todo siga igual. Como médica y ciudadana expreso que estamos en manos del Congreso de la República, de ellos dependerá que millones de ciudadanos hoy excluidos del derecho a la salud, puedan tener una segunda oportunidad en esta tierra y que el sistema de salud pueda reorganizarse para que cumpla su función de garantizar el goce efectivo al derecho a la salud de toda la ciudadanía colombiana.

Carolina Corcho Mejía Médica psiquiatra, exministra de salud