Resultado de un trabajo sobre documentación de violaciones a los derechos humanos en México y del análisis marxista sobre la formación económico-social-capitalista que impera en el país llegamos a la conclusión de que estamos viviendo el proceso de configuración del Estado en uno terrorista. En este ensayo trataremos de fundamentar por qué se ha arribado a esta conclusión, sin que esto signifique que no hay dudas, lagunas y amplios campos por explorar.
La configuración del Estado mexicano en un Estado terrorista contiene las siguientes características:
1.Profundización del neoliberalismo: la reacción conservadora ante la crisis económica mundial
Estamos viviendo, desde mediados del gobierno panista de Vicente Fox y, de manera acelerada, desde el fraude electoral de 2006, con la llegada a la Presidencia de la República de Felipe Calderón y posterior arribo al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), un proceso en el cual el Estado mexicano se está configurando como uno terrorista. Pero ¿cuál es el motivo principal de este proceso? Reducir la razón de esté a la maldad, ineptitud o error de determinadas políticas gubernamentales o incluso, como sostienen la derecha y algunos “despistados de izquierda”, colocar la explicación de lo que pasa en México dentro de la teoría del llamado “Estado fallido” o “Estado con funciones fallidas” no solo nos aleja de la comprensión de la realidad, sino que nos coloca en el terreno de la justificación de las políticas de seguridad emprendidas por el Estado mexicano.
La razón debemos buscarla en la economía, sobre todo en la continua crisis sistémica capitalista, producto de poco más de tres décadas de neoliberalismo en el mundo y en las salidas que el propio capitalismo implanta para sostener su hegemonía planetaria.
En 2001, algunos pensadores de izquierda [1] anunciaban que el militarismo y las guerras marcarían una de las formas que desarrollaría el imperialismo para salir de la profunda crisis económica. El Estado, en este sentido, lejos de adelgazarse o debilitarse, se fortalece, sobre todo en sus funciones de represión y control social. Se trata, como en todas las crisis capitalistas, de destruir de manera masiva las fuerzas productivas de la competencia para reactivar las economías propias. Destruir para volver a construir sin competencia y garantizar no solo el control de las materias primas y de la mano de obra sino, también, nuevos mercados de consumo.
México desempeña un papel importante para la economía de Estados Unidos (EU). Ya no basta el control de las principales ramas de la economía mexicana ni la dependencia tecnológica o la fuente constante de mano de obra barata. Los países capitalistas necesitan mayor explotación del hombre y de la naturaleza para salir airosos de la crisis mundial. Para ello requieren mayor control y la subordinación de las diferentes poblaciones.
El Estado mexicano, entre otras características, sigue siendo el instrumento principal de una minoría para profundizar las políticas económicas neoliberales en el país en perjuicio del resto de la sociedad. En los periodos de crisis, esta afirmación se muestra con mucha claridad. Para que México pueda cumplir el papel que le toca en esta crisis mundial del capitalismo debe transformarse aceleradamente. Adecuarse a las nuevas exigencias del capital. Sin embargo, el proceso de construcción del Estado terrorista no está exento de contradicciones, avances y retrocesos. No es un proceso lineal, y su configuración es marcada, por un lado, por los intereses geoestratégicos de EU y económicos de la oligarquía mexicana; y por otro lado, por las oposiciones de algunas fuerzas políticas y sociales del país.
La derecha mexicana, supeditada a las exigencias de EU, cumple el papel de ejecutor de los cambios que exige el capital. ¿Qué sector de esta derecha puede llevar a cabo de mejor manera las transformaciones institucionales y sociales que garanticen la profundización del neoliberalismo? Se trata de una de las preguntas resueltas con las elecciones de 2012 y reafirmadas en las de 2015, si no es que la oposición a este proyecto da un viraje a estas políticas neoliberales, algo muy poco probable.
2.El narcotráfico como economía criminal
El narcotráfico como fenómeno capitalista no es nuevo, como bien lo explica Norberto Emmerich; [2] y tampoco, siguiendo al autor, el comportamiento de la droga, ya sea cocaína u opio, como mercancía capitalista. Un fenómeno relativamente nuevo es la producción masiva de estas mercancías. El informe del Equipo Bourbaki nos muestra cómo la economía ilegal pasa por una etapa violenta de acumulación originaria de capital.
“Tradicionalmente se conoce esta acumulación como el proceso de escisión de los productores de sus medios de producción y la creación de un mercado de esos medios de producción. Esta escisión se da de manera violenta a través del uso de la fuerza. En nuestro caso de estudio, podríamos decir que el uso de la fuerza se da por el control de territorios de producción y distribución de la nueva mercancía, lo que genera un mecanismo violento que garantiza la reproducción ampliada de la acumulación capitalista”. [3]
El problema del narcotráfico es económico; la droga supone una de las mercancías que genera más ganancias que cualquier otra mercancía legal. Esto es posible no por la venta de la mercancía y su gran costo en el mercado, sino porque permite una amplia explotación de mano de obra que trabaja en condiciones casi de esclavitud, sin ningún derecho o prestación social. La burguesía necesita garantizar que esta mano de obra permanezca en este estado de total sometimiento. De ahí el terror como política de control, así como la utilización del Estado para garantizar la producción, circulación, distribución y consumo de esta mercancía. La economía capitalista de por sí es criminal, pues fluye en beneficio de una minoría de la sociedad, pero el narcotráfico rompe incluso con esa “legalidad” capitalista porque el capital no reconoce más leyes que las propias. Los Estados capitalistas, en la lucha tenaz por mantener sus respectivas hegemonías, no solo necesitan controlar esta mercancía, que le reditúa gran capital, también necesitan el control territorial desde donde se produce, así como las redes de distribución, y generar un consumo masivo. El narcotráfico es uno de los pilares de la economía capitalista mundial y, a su vez, uno de los pretextos más a doc para justificar una serie de políticas gubernamentales, no encaminadas a la erradicación de las drogas, sino guiadas a garantizar el control de la población que permita, simultáneamente , intensificar la explotación de la mano de obra.
3.La construcción de un “enemigo interno”, en este caso la delincuencia organizada y el narcotráfico, para justificar la restricción de derechos a la población
El narcotráfico, fenómeno existente y en expansión, ha sido el enemigo interno que el gobierno mexicano, siguiendo los dictámenes de EU, ha construido para justificar el inicio de una “guerra”, hoy llamada “lucha contra el narcotráfico”. sus métodos violentos provocan terror, miedo y zozobra en la población y cuyos resultados saltan a la vista: más de 120 mil ejecuciones al término de 2014; una cifra aproximada de 30 mil desapariciones forzadas y más de medio millón de desplazados forzados. Un ejemplo de esto es el valle de Juárez, Chihuahua, con cerca de 250 mil desplazados forzados a raíz de que en ese lugar comenzara la construcción del mayor puente fronterizo de la historia.
La “guerra” o “lucha” contra el narcotráfico es el pretexto perfecto que facilita al Estado su estrategia de control social y su estrategia represiva y contrainsurgente respecto al movimiento social, sus organizaciones, dirigentes y la sociedad en su conjunto. Como muestra tenemos los cerca de 120 casos de desaparición forzada por motivos políticos y los 60 de ejecución extrajudicial (de 2006 a la fecha) contra integrantes del movimiento social, los más de 120 presos por motivos políticos que existen actualmente, las cerca de 800 detenciones arbitrarias en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Por un lado, el narcotráfico es uno de los pilares de la economía mundial, pues no solo genera capital o que también es fuente de financiamiento para las guerras imperialistas y, por otro lado, el pretexto de los Estados capitalistas para incrementar la industria militar e incluso generar guerras en las cuales se busca el control, no únicamente del narcotráfico sino de los recursos geoestratégicos necesarios para mantener la hegemonía capitalista sobre otros Estados capitalistas.
Por ello, no se sostiene la tesis de que el narcotráfico es un fenómeno ajeno a los Estados capitalistas o de que el narcotráfico ha corrompido o está penetrando en el Estado y adueñándose de él. El narcotráfico es en este momento parte de la política estatal y, como vimos más arriba, parte de la economía mundial. Sin embargo, en el discurso se concibe como el enemigo a vencer e incluso la fuente de todos los males del país.
4. El uso sistemático del terror para combatir al “enemigo interno”
Las ejecuciones extrajudiciales de niños, mujeres, ancianos y hombres en retenes policiacos o de las fuerzas armadas en la “guerra contra el narcotráfico”; la tortura como práctica cotidiana y sistemática de obtención de información o de autoinculpación del detenido; la desaparición forzada; las masacres de jóvenes y migrantes sin relación alguna con el narcotráfico; los feminicidios; los cateos ilegales; el reclutamiento forzoso; las amenazas y los ataques contra los luchadores sociales constituyen actos terroristas, en primer lugar por la crueldad con que son realizados y por los objetivos que persiguen: la destrucción del tejido social y la eliminación física de toda oposición y, segundo, por el grado de terror que provoca en las víctimas, pero también en su entorno familiar, el de su organización y en una parte de la sociedad; [4] y, además, porque violan los pactos, las convenciones y los protocolos que protegen los derechos humanos que el Estado mexicano ha firmado.
El uso sistemático del terror tiene como finalidad identificar y destruir al supuesto enemigo interno, así como a todo actor que lo tolere, además de disuadir a quienes se consideran enemigos potenciales y controlar la vida social a través de él. No es casualidad que la marina mexicana en la mayoría de sus operativos contra el narcotráfico no detenga personas, sino que las ejecute. Incluso, una organización estadounidense, ligada históricamente a las políticas gubernamentales del país del norte, en su informe de 2011 llega a la siguiente conclusión.
“Human Rights Watch pudo observar que existe una política de seguridad pública que fracasa seriamente en dos aspectos. No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigarían adecuadamente. Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país.” [5]
Lo que Human Rights Watch ve como un fracaso es realmente uno de los objetivos del gobierno de Calderón: “exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”. Y parece un objetivo cumplido.
5.La militarización institucional y de la vida social
“México representa el continuismo de la ortodoxia neoliberal en la región dispuesto a dar una vuelta de tuerca más”. [6] Nos dice bien Rodríguez Rejas. Esta vuelta de tuerca pasa por el proceso de militarización de México. Conforme a cifras oficiales, más de 60,000 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Marina cumplen tareas que corresponden, en teoría, exclusivamente a las autoridades civiles.
Las fuerzas armadas (ejército, marina, policía federal y de los estados) se han convertido en el principal instrumento para combatir al “enemigo interno” y garantizar la imposición de la profundización del neoliberalismo: “la militarización es pieza esencial de la reproducción del patrón de acumulación neoliberal y su estructura de poder; es la ‘tercera pata’ en que se apoyan las nuevas oligarquías, el ‘tercer vínculo’ de la dominación”. [7] Ya no es raro observar retenes, vuelos rasantes de helicópteros, operativos en ciudades y poblaciones rurales, patrullajes, militares con licencia o retirados al mando de las Secretarías de Seguridad Pública de los estados (en 17 de 32 entidades federativas hay militares al mando de las Secretarias de Seguridad Pública y en 25 estados dirigen policías municipales).
La presencia de las fuerzas armadas y de la marina aumenta en todos los ámbitos de la vida social, sobre todo donde los pueblos se organizan o hay proyectos económicos trasnacionales en curso o proyectados. Aunado a esto, se crea una nueva casta privilegiada y fiel al sistema: los militares. Mientras al trabajador común se aumentó en 2010 el 4.85% a su salario, a los soldados y marinos se les incrementó el 40%. Ser un miembro activo de las fuerzas armadas se convierte en la única opción legal de mejorar las condiciones de vida para amplios sectores de la población. Si a eso sumamos la impunidad que los ampara, el resultado es catastrófico para la población civil.
Como ejemplo tenemos las más de 6 mil quejas por violaciones de los derechos humanos formuladas contra de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2006 a 2011, y las presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones de derechos humanos por militares se han incrementado más de 1,000% entre 2006 y 2011.
La militarización como elemento garante del “orden neoliberal”, subordinado a las exigencias de seguridad y de la crisis económica de EU, coloca a México,cada vez más en un papel de subordinación y de policía de los intereses de Washington. Los militares como nuevo actor político que ve incrementado su poderío y como casta privilegiada se convierten en uno de los mayores obstáculos para frenar la dinámica de guerra y sometimiento de la población.
6.El paramilitarismo como la mano siniestra del Estado
Como el Estado mexicano necesita, por la presión nacional e internacional, cierto grado de legitimidad para seguir aplicando su política económica neoliberal y su proyecto de control social, no puede violar descaradamente todas las leyes a que se debe ni contravenir abiertamente derechos humanos sin tener cierto costo político ante la misma sociedad que desea lo apoye. Incluso, por este motivo, el gobierno federal ha abandonado el discurso de guerra contra el narcotráfico y retomado más el de seguridad democrática, al estilo de Colombia.
El ejército no puede mantener el orden neoliberal por sí solo, sin que sus miembros sean señalados o acusados de graves violaciones de los derechos humanos. Para quitarse cierto costo político, el Estado recurre al paramilitarismo como una política que le permite aplicar el uso sistemático del terror evadiendo ante la opinión pública su responsabilidad directa. Incluso, la existencia de paramilitares se convertirá en otro motivo del aumento de la militarización del país.
La existencia de grupos paramilitares permite al Estado tratar de evitar cuestionamientos sobre su estrategia de seguridad y erigirse como víctima de entidades armadas ajenas a su control, y con esto volver a adoptar una posición de “defensor” de la sociedad o de “garante” de sus derechos. Ahora bien, probar que el paramilitarismo es la mano siniestra del Estado no solamente es difícil en términos de documentación, sino que implica un riesgo muy elevado para las organizaciones o personas que lo hagan. Sin embargo, la experiencia de otros pueblos nos dice que los grupos paramilitares no pueden surgir ni desarrollarse al margen de la protección del Estado que casi siempre dice combatirlos.
En México se cruzan tres formas de paramilitarismo. La primera, cuando el ejército o la marina se quitan los uniformes oficiales y con el narcotráfico actúa contra la población civil. La segunda, cuando los paramilitares están constituidos por desertores del ejército o la marina, mercenarios, y su fuente de financiamiento es directamente el narcotráfico. La tercera, cuando militares o mercenarios entrenan a población civil para que ésta cometa los crímenes en agravio del resto de la población.
Reconocer los fines del paramilitarismo nos ayudará a comprender el porqué de la violencia y crueldad extrema en que nos han sumergido y el grado de impunidad que se tiene contra los responsables de esta situación.
7.La criminalización de los defensores de los derechos humanos y de la sociedad en general
La criminalización de los defensores de los derechos humanos tampoco es un fenómeno nuevo en México, pero en este marco de “guerra contra el narcotráfico” adquiere características distintas de las décadas anteriores. La criminalización es una estrategia del Estado: consiste en estigmatizar a la persona utilizando los medios de comunicación masiva con el objetivo de acusarla de ser violenta, actuar al margen de la ley, transgredir la ley y estar involucrada con la delincuencia organizada, el narcotráfico o el terrorismo de judicializarla (encarcelarla) o crear condiciones sociales y mediáticas para que los militares o los paramilitares la ejecuten por pertenecer a este “enemigo interno”.
Otra característica de la criminalización es que va dirigida no solo contra luchadores sociales o movimientos de oposición: se amplía a toda la sociedad. Ser joven, mujer, drogadicto, estudiante te convierte, con el pretexto de estar ligado al narcotráfico, en blanco de la violencia de Estado.
En ciertos casos, al defensor de los derechos humanos y al luchador social se fabrican delitos del fuero común o del federal para encarcelarlos y coartarles los derechos de manifestación y organización. Sin embargo, la estadística nos dice que la estrategia del Estado va más allá y se encamina a ejecutar o desaparecer a quienes cuestionan sus políticas de seguridad. Y aun así, en México hay cerca de 130 personas encerradas por su participación política. [8]
8.La creación de un marco jurídico de excepción que legaliza las prácticas violatorias de los derechos humanos y garantiza la impunidad
El gobierno federal ha impulsado propuestas de reformas constitucionales para legalizar prácticas violatorias de derechos humanos y vivir en estados de excepción no declarados, donde se suspenden las garantías de las personas detenidas o investigadas —como se hace de facto— o por medio de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que no responde a los criterios establecidos en la Convención de Palermo sobre la materia y constituye, en sí misma, una grave violación de los derechos humanos.
La reforma de seguridad nacional que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto es un ejemplo de legalizar lo ilegal; legalizar el proceso de configuración del Estado mexicano como uno terrorista y dotarlo de una herramienta jurídica que le permita en el futuro inmediato nuevas reformas que restrinjan aún más los derechos de los ciudadanos.
Una objeción ante este proceso de configuración del Estado mexicano en un Estado terrorista es la aprobación de la reforma de derechos humanos en materia constitucional. ¿Cómo explicar ese aval en el contexto de la guerra contra el narcotráfico?
En los hechos, y a más de dos años de la aprobación, la reforma no ha servido para frenar las graves violaciones de los derechos humanos. Más bien ha servido para lavarle la cara al gobierno y hacerlo ver como un gobierno preocupado por los derechos humanos. Esto no quiere decir que la reforma no sirva para nada pues no solo fue una concesión del Estado, sino que la reforma refleja que, dentro del Estado y la sociedad, hay fuerza opuestas a las políticas de seguridad y que tratan de acotarlas mediante recursos legales. En este sentido, decíamos que este proceso no es lineal ni está a salvo de contradicciones, avances y retrocesos.
9.Los medios de comunicación como partes de guerra
Los medios de comunicación masiva desempeñan un papel importante en este proceso de configuración del Estado mexicano en uno terrorista. Veamos a continuación algunos de los argumentos exhibidos por el gobierno federal a través de los medios afines a sus políticas de seguridad:
1. Que el país se encontraba en una situación muy grave, ya que estaba “secuestrado por el narcotráfico y el crimen organizado”.
2. Que los gobiernos anteriores habían sido muy tolerantes con el crimen organizado, lo que les había permitido crecer a la “luz de la ilegalidad”.
3. Que su gobierno emprendería una guerra contra la delincuencia y el narcotráfico.
4. Que la población estaba gravemente amenazada.
5. Que la guerra implicaría costo de vidas humanas. [9]
Justificar la “guerra contra el narcotráfico”, exacerbar la violencia a través de la televisión, la radio y la prensa, contabilizar las ejecuciones, los descuartizamientos, las torturas, el linchamiento mediático en contra de todo quien el gobierno señale como parte del narcotráfico. La estigmatización de amplios sectores de la población como partes de este “enemigo interno” y sobre todo la justificación de la mano dura, es decir, de las graves violaciones de los derechos humanos en este contexto de “guerra contra el narcotráfico”, son algunas de las funciones de los medios de comunicación masiva. Por un lado, hacer visible la violencia y la muerte y, por otro lado, ocultar la responsabilidad Estatal.
La televisión se ha convertido, incluso, en vocero no oficial de grupos paramilitares, como los llamados “matazetas”, quienes en formato de conferencia de prensa justifican el terror al mismo tiempo que defienden las instituciones del gobierno.
Ahora bien, este discurso cambió con la llegada del PRI al poder. El actual gobierno federal administra la “visibilización” —o no— de la violencia sin que ello signifique una disminución real de ésta.
10.La polarización social mediante la ruptura acelerada del tejido social
En México, como en todo país capitalista, la polarización social no es un fenómeno nuevo. Hay una división clasista de la sociedad que se agudiza por la crisis económica mundial y se manifesta políticamente a través de diversas fuerzas o agrupamientos políticos. La burguesía trata de mantener la hegemonía mundial mediante mayor control de la población que, a su vez, le permita la mayor explotación posible. Para ello le apuesta a la ruptura del tejido social del resto de la sociedad, a fin de que esta parte explotada y oprimida no tenga capacidad de organizarse, luchar y poner en tela de juicio la dominación capitalista. Las guerras son el mejor ejemplo de lo anterior. No se trata solo de destruir las fuerzas productivas del oponente, sino de colapsar las bases organizativas de la sociedad misma.
La ruptura del tejido social en México ha entrado en una nueva fase. La violencia estructural y la dirigida contra amplios sectores de la población buscan polarizar aún más a las diferentes clases sociales. La “guerra contra el narcotráfico”, en nuestra opinión, es contra el pueblo, la sociedad, pero no toda, sino los que se oponen o no se subordinan a la profundización del neoliberalismo. Una guerra clasista en este sentido.
Con la ruptura del tejido social, el Estado pretende “orillar” a la sociedad a permanecer en extremos opuestos. En uno la parte de la población que no solo apoya incondicionalmente la estrategia de seguridad del Estado, sino que también es parte activa ahí, convirtiéndose en la base social que la legitima y reproduce. Por otro lado está el segmento en desacuerdo con la estrategia de seguridad del Estado —o con una parte de ella—, incluso que solo cuestiona su validez, mostrada así como un “enemigo interno” y, por tanto, como un objetivo por neutralizar o eliminar desde la lógica estatal.
Con este tipo de estrategia de terror se profundiza la división social que lleva a una diferenciación radical entre “ellos y nosotros”. La polarización social revela así su contenido de clase.
Bibliografía
Martens, Ludo: Globalización imperialista y revolución. PTB. Bélgica. 2011.
Emmerich, Norberto: Globalización, Estado y narcotráfico. El caso Southern Winds /1° ed. / Buenos Aires. 2009.
Equipo Bourbaki: El costo humano de la guerra por la construcción del monopolio del narcotráfico en México (2008-2009). Febrero de 2011.
Equipo Nizkor: ¿Terrorismo o rebelión? Human Rights. 2002.
Rodríguez Rejas, María José. (2010) “El proceso de militarización en México: un caso ejemplar.” América Latina: Estado y sociedad en cuestión. Ed. Edimpo.
Human Rights Watch: Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México. Noviembre de 2011.
Informe. Saldos de la represión en México 2009-2010: una guerra contra el pueblo. Comité Cerezo México. 2011.
