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Falsos positivos en Colombia: los miles de civiles que fueron asesinados por el ejército durante la guerra

• Redacción
• BBC News Mundo

18 febrero 2021

Las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentaron como «bajas en combate», informó este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La cifra de «falsos positivos», como se conocen en Colombia, es mayor de lo que se había reconocido en el pasado y muestra que ese periodo, en el que gobernó Álvaro Uribe, quien rechaza las acusaciones, «se registró el 78% del total de la victimización histórica».

«El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo», dijo la JEP.

La corte calificó lo ocurrido como un «fenómeno macrocriminal«.

Cerca de 1.500 militares presuntamente estuvieron involucrados en la práctica de los «falsos positivos», con la que las fuerzas armadas buscaron presentar buenos resultados a sus superiores en el combate a las guerrillas y bandas criminales.

Además, obtenían premios, permisos y beneficios.

• Cómo regresó a Colombia el fantasma de los «falsos positivos»

La investigación de la JEP es el llamado Caso 3, abierto luego de que surgieron denuncias ante la Fiscalía General, la cual estableció que la etapa más crítica ocurrió entre 2006 y 2008.

La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados algunos soldados o suboficiales. Investiga qué tanta influencia y decisión tuvieron los altos mandos.

«Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009″, dice la JEP a través de la a Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

Tanto los mandos militares, como el expresidente Uribe, han rechazado las acusaciones.

El expresidente calificó de «sesgado» el informe de la JEP publicado este jueves, pues, dijo, tiene como objetivo «desacreditar a mi persona».

«No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas», dijo Uribe al enlistar una serie de acciones que tomó en el pasado sobre este tema.

La herida abierta

Una de las heridas más profundas que arrastra Colombia los últimos años son los llamados «falsos positivos».

En 2008 estalló el escándalo que ocasionó que varios laureados militares fueran enviados a los tribunales.

• El hallazgo de una fosa común que revive el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Por ese entonces Colombia llevaba cinco décadas enfrascada en una guerra contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con la que sólo firmó la paz en septiembre de 2016, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos.

El escándalo estalló por las denuncias de familiares de las víctimas, quienes revelaron que militares habían matado a civiles para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.

Una investigación del Congreso había calculado que más de 2.000 personas resultaron víctimas del caso.

En aquel entonces, se promovió un modelo de estímulos a los soldados por bajas obtenidas de sublevados, lo que fue considerado el germen de las ejecuciones de civiles.

La JEP fue creada por el acuerdo de paz para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado con las FARC. Tiene como objetivo juzgar a exguerrilleros, militares, agentes del Estado y civiles involucrados.

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

Los falsos positivos fueron una de las manifestaciones más crueles de la guerra en Colombia.

Y aunque muchos colombianos ya eran conscientes de ello, el informe de la JEP ha generado sorpresa porque revela dos cosas inéditas.

Primero, la magnitud del esquema de cuotas en el ejército: los números de investigaciones preliminares hablaban de un máximo de 3.000 víctimas de los falsos positivos.

Que la cifra aumente a 6.402 sugiere que los falsos positivos fueron una práctica menos aislada de lo que dijeron las instituciones señaladas.

Pero, además, el informe apunta a que el trabajo previo de la Fiscalía fue deficiente, lo que algunos han interpretado como un intento de encubrimiento.

La JEP no es precisamente una entidad exenta de polémica. El expresidente Álvaro Uribe ha abogado por su disolución con el argumento de que no garantiza la sanción de los victimarios del conflicto.

Sin embargo, la JEP es un ente del Estado: una alta corte con fundamento constitucional que es difícil desbaratar.

Los críticos del expresidente aseguran que su oposición a la JEP tiene que ver con una supuesta intención de enterrar crímenes que lo incriminan.

Según el informe, el 78% de las víctimas de los falsos positivos murieron durante su gobierno.

Uribe reaccionó pronto a las revelaciones, reiterando su crítica a la JEP por «sesgada». Aunque es poco probable que el informe de la JEP modifique el balance de poder y el apoyo del expresidente, sí se espera un nuevo debate sobre la existencia y futuro de la JEP.

Tomado de:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56119174

POR:

GONZALO ÁLVAREZ HENAO

Los corruptos y en genral todos los delincuentes procuran no dejar nada al azar, o como dice el refrán, cabos sueltos, porque  miden bien todos los pasos que van a dar para no fracasar en los planes  que han emprendido. El mejor ejemplo, de ello, lo podemos encontrar en la operación encubierta que desde el año 2017 montara, desde Brasil, la corrupta Camargo Correa, entidad que tenía pleno conocimiento que en Hidroituango más temprano que tarde se iba a presentar  una emergencia o una  tragedia. Todo ello sin ser adivinos, dado que en su poder se halla el mapa de riesgo que elaborara la empresa Marsh Risk Consulting en el año 2014.

En el mapa aludido, que advertía de las fallas geológicas que se estaban presentando en la zona del embalse, y que da cuenta de las amenazas al proyecto Hidroeléctrico Ituango, y que fuera actualizado en el año 2016, se encontraron con más de 90 episodios de alarmas, que fueron clasificados, según la metodología utilizada en su nivel de riesgo así: extremo, alto, tolerable y aceptable.

De los más de 90 riegos, 16 señalaban condiciones geológicas desfavorables que afectaban sustancialmente la ejecución del proyecto. En el 2016, tanto Empresas Públicas de Medellín, como la corrupta Camargo Correa, tenían pleno conocimiento  que la ejecución y el desarrollo del proyecto estaban en terrible amenaza. Ante tan revelador hallazgo, Federico Gutiérrez Zuluaga, Alcalde de Medellin, y Presidente de la Junta de EPM, y Jorge Londoño de la Cuesta, se quedaron callados y sin hacer nada para prevenir una tragedia.  

Camargo Correa, por el contrario, no se quedó quieta, al parecer por instruciónes desde una cárcel en Brasil, proveniente de los personajes de la imagen.

En el año 2017 y en cumpliendo las directrices trazadas, CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A., responsable conjuntamente con, Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H. S.A., de construir la presa de Hidroituango, creó a CAMARGO CORREA INFRA PROJETOS S.A., y para salirse del contrato, consiguió que le aceptaran a su hijita sietemesina, para que continuara con las responsabilidades de su progenitor.

EPM tuvo conocimiento de este “CAMBIAZO” en febrero de 2018, como quiera que el Consorcio CCC Ituango le informó. ¿Sabía Camargo Correa que el proyecto iba a colapsar? ¿Cómo se explica que a los dos meses del “cambiazo” se hubiera presentado la emergencia? Esto es, el día 28 de abril del mismo año. Utilizando el lenguaje del mundo carcelario, podemos decir que este canje de responsabilidades se pudo dar, precedido de un acuerdo entre las directivas del penal, léase, EPM y los presos, en este caso los directivos de Camargo Correa.

En nuestro país el cambio de un preso por otro no es una rareza. En Hidroituango, este es el segundo cambiazo.

Para seguir utilizando el lenguaje del mundo carcelario, diremos que el nuevo director del penal, Álvaro Guillermo Rendón, cuando fue puesto en evidencia y al descubierto, como infractor de la ley, de inmediato salió a buscar refugio en la Junta Directiva, para que lo protegiera e incitó a los medios de comunicación para que pregonaran a los cuatro vientos la toma hostil de la empresa. La reacción de los áulicos del Grupo Económico Antioqueño GEA, no se hizo esperar y de inmediato salieron a promover una asonada o linchamiento contra el Alcalde Daniel Quintero Calle.

Absteniéndome de cualquier halago innecesario, debo reconocer la valiente y acuciosa labor de la secretaría privada de la Alcaldía de Medellín, María Camila Villamizar Assaf, que por órdenes del Alcalde, Daniel Quintero Calle, investigó y denunció, no el conejo que le habían puesto a EPM, sino un gigantesco  fraude a nuestra ciudad, pues la nueva empresa no tiene el musculo financiero para terminar el proyecto ni para responder por las demandas, y para este enorme peculado se estaba prestando el insubsistente Álvaro Guillermo Rendón López. ¡Qué barbaridad!

Medellín, 14 de febrero de 2021

BEN NORTON·FEBRUARY 8, 2021

El candidato presidencial ecuatoriano Yaku Pérez ha apoyado golpes en Bolivia, Brasil, Venezuela y Nicaragua. La campaña de su partido Pachakutik, respaldado por Estados Unidos y supuestamente de “izquierda” ambientalista, es promovida por lobistas corporativos de la derecha.

Por Benjamín Norton

Traducido por Diego Sequera

(You can read this article in English here.)

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QUITO, ECUADOR – La elección presidencial del Ecuador del 7 de febrero concluyó con una sorpresa: el conteo rápido publicado por el Consejo Nacional Electoral del país pareció enseñar a un candidato poco conocido, llamado Yaku Pérez Guartambel, en segundo lugar, asegurando una victoria estrecha sobre el candidato de derecha Guillermo Lasso, un banquero con una influencia importante en el país.

La mayoría de las encuestas habían predicho una carrera presidencial que se reduciría a dos candidatos, que difícilmente podían ser más diferentes: por un lado el banquero conservador Lasso, quien tenía el apoyo de las élites ecuatorianas y los Estados Unidos, que ya se había lanzado, sin éxito, a la presidencia dos veces previas a esta; mientras que en el otro estaba un joven economista de izquierda, Andrés Arauz, quien sigue los pasos del ex presidente socialista Rafael Correa y quiere traer de vuelta a su Revolución Ciudadana.

Pero mientras las encuestas consistentemente lo tenían llegando en tercer lugar, Yaku Pérez se mantuvo en la carrera hasta el final. Y, a diferencia de Lasso, Pérez nunca le demostró lealtad a la derecha; se lanzaba como candidato con lo que había sido mercadeado como una campaña progresista y ambientalista.

Pérez, un líder indígena del partido Pachakutik, pretendiendo ser la verdadera opción de la izquierda en las elecciones, critica a Arrauz y al movimiento correista que representa de no ser lo suficientemente puros. Pero la trayectoria política de Pérez sugiere que es un Caballo de Troya de los enemigos más implacables de la izquierda.

El apoyo que Pérez aparentemente tiene de la embajada de EEUU refleja su papel sospechoso. Inmediatamente después de la elección, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aún no había publicado los resultados determinando quien participaría en la segunda vuelta en abril, Pérez dijo que la embajada estadounidense lo llamó y le aseguró que sería el candidato en segundo lugar.

🚨La Embajada de #EEUU llamó a ⁦@yakuperezg⁩ a darle los resultados y confirmar que pasaba a segunda vuelta! ⁦@CarlosVerareal⁩ lo confirma! ¿Ese es el rol de ⁦@JoeBiden⁩ en #DecideEcuador y asumió como información oficial el candidato de ⁦@PKnacional18⁩ ? pic.twitter.com/wvSWGmqeCH

— Ruta Krítica (@RutaKritica) February 9, 2021

Pérez atacó de forma virulenta a otros movimientos en América Latina, apoyando los golpes patrocinados por Estados Unidos contra Bolivia, Brasil, Venezuela y Nicaragua, mientras acusaba a esos gobiernos de “racistas”.

Su visión política fusiona críticas de ultraizquierda, anarquistas, a los gobiernos de izquierda realmente existentes con una agenda política objetivamente de derecha. Y su oposición al poder del estado es profundamente oportunista. Mientras Pérez critica severamente a China, simultáneamente ha dicho que “no pensaré dos veces” en firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos.

La ideología aparentemente progresista de Pérez está llena de contradicciones. Mientras que Arauz, el candidato correista, ha propuesto dar cheques de mil dólares a un millón de familias de clase obrera, Pérez ha atacado este plan alegando que los ciudadanos pobres gastarían todo el dinero en cerveza el mismo día.

Y mientras Pérez ha criticado al actual gobierno y ha protestado en contra de su presidente Lenín Moreno -quien tiene un índice de aprobación de apenas 8 por ciento, y es por lo tanto políticamente venenoso para todos los candidatos electorales- Pérez previamente había calificado al líder corrupto y autoritario de ser “un buen hombre”.

Otro líder indígena en Ecuador, Leonidas Iza, alertó públicamente que activistas de derecha y miembros del partido CREO del banquero conservador Guillermo Lasso forman parte del círculo cerrado de Pérez y lo están asesorando.

#ATENCIÓN | @LeonidasIzaSal1 advierte que hay gente cercana a CREO y a la derecha, que están dentro del círculo de Yaku Pérez: “Ya he sido claro con qué propuestas no estamos de acuerdo y que apuntalan a ciertos sectores alrededor del Dr. Yaku Pérez”.
Vía: @UnCafeConJJ pic.twitter.com/GARs7WmV3i

— Radio Pichincha (@radio_pichincha) February 8, 2021

Pachaktik, el partido de Pérez, se identifica como “ecosocialista” y alega representar a las comunidades indígenas del Ecuador. Pero como el candidato que lo lidera, emplea retórica de izquierda tapizada de metas regresivas.

Pachakutik está estrechamente vinculado a ONGs financiadas por Washington y estados miembros de la Unión Europea (UE). Los líderes del partido han sido adiestrados por el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), una subsidiaria de la CIA que opera bajo los auspicios de la NED.

La NED públicamente cuenta más de 5 millones de dólares en subvenciones para ONGs en Ecuador justo entre los años 2016 a 2019. Mucho de este dinero ha financiado los grupos de oposición anti-Correa como Pachakutik y sus aliados.

Pachakutik es el brazo político del grupo indígena CONAIE, que colaboró al frente de las protestas contra el ex presidente Correa, formando una alianza no declarada con la derecha oligárquica del país en un intento por desestabilizar y derrocar al presidente socialista.

De hecho, Pachakutik y la CONAIE desempeñaron un papel importante en el intento de golpe de 2010 (con apoyo estadounidense), que estuvo cerca de remover a Correa del poder de forma violenta y antidemocrática.

En 2012, el ex-dirigente de la CONAIE y co-fundador de Pachakutik, Auki Tituaña, llegó a formar una alianza abierta con el candidato presidencial de la derecha Guillermo Lasso, anunciando que se lanzaría como videpresidente del banquero. En respuesta a eso, la CONAIE lo expulsó.

La CONAIE tiene divisiones internas, algunas más conservadoras y algunas más progresistas. Los dirigentes de la CONAIE Leonidas Iza and Jaime Vargas fueron líderes de las protestas en octubre del 2019 contra las reformas neoliberales impuestas por el presidente actual Lenín Moreno. Pérez notablemente no fue líder de estas manifestaciones anti-neoliberales. Pero en general la CONAIE ha sido una voz de oposición significativa en contra del correismo.

El principal candidato de la derecha en la elección de 2021, el adinerado banquero Lasso, no se sentía amenazado por la retórica “ecosocialista” de Peŕez y Pachakutik. Parece estar muy conciente de que la etiqueta es sólo una estrategia de marketing. Lasso declaró públicamente que si Pérez de alguna manera llegaba a la segunda roda, con todo gusto lo apoyaría para derrotar a los correistas.

El apoyo del banquero no sorprendió a nadie cuando se considera que, en 2017, antes de cambiar su nombre de Carlos a Yaku, el propio Pérez apoyó la candidatura de Lasso.

Son profusos los vínculos de Pachakutik con Washington. Uno de sus ex integrantes más prominentes es Fernando Villavicencio, un periodista que apuntaló una campaña de desinformación contra el periodista Julian Assange, diseminando acusaciones desacreditadas pero profundamente dañinas sobre el editor de Wikileaks a través del diario británico The Guardian.

El activismo anti-Correa de Villavicencio también parece haber sido financiado por la NED.

Villavicencio se desempeñó como asesor de Cléver Jiménez, diputado por Pachakutik a la Asamblea Nacional, quien ayudó a dirigir el intento de golpe de 2010.

Yakú Pérez realizó manifestaciones en apoyo de Villavicencio y Jiménez cuando Correa los acusó por difamanción al haber difundido noticias falsas sobre él.

Pachakutik tiene vínculos también con el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, que maneja las elecciones, y que fue politizado por el gobierno de Moreno, respaldado por EEUU. Después de purgar a funcionarios pro-correista del CNE, Moreno designó a un ex miembro de la Asamblea Nacional de Pachakutik, Diana Atamaint, como presidenta del consejo electoral.

Bajo el liderazgo de Atamaint, el CNE levantó muchos obstáculos para prevenir que el movimiento correista pudiera participar libremente en la elección, bloqueando la candidatura a la vice-presidencia de Correa e incluso prohibiendo el partido político del candidato de la izquierda, Andrés Arauz.

Antes de unirse a Pachakutik y ser nombrada como jefa del órgano electoral de Ecuador, Atamaint trabajó con el Banco Mundial, una institución infame, respaldada por el gobierno estadounidense, que ha impuesto terapia de choque neoliberal y devastadora a través de América Latina. Atamaint fue coordinadora de los iniciativos del Banco Mundial en su país, incluyendo su llamado “Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador”.

Las tácticas de Pachakutik se hacen eco de aquellas del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) en Nicaragua, otro partido periférico apoyado por Estados Unidos que jugó un rol importante en el intento de golpe violento de 2018 contra el gobierno sandinista democráticamente electo. Como Pachakutik, recibe apoyo de Washington, que también trabaja de forma estrecha con las ONGs. Ambos grupos actúan como si fueran movimientos principistas de la izquierda críticos de los movimientos populares, cuando en realidad forman alianzas políticas de facto con oligarcas de la derecha.

Luego está Manuela Picq, la esposa de Pérez, una académica franco-brasileña, ella misma prominente activista anti-Correa y opositora de los gobiernos de izquierda en América Latina que fue deportada por el gobierno de Correa en 2015. Su trabajo de oposición en el país había sido auspiciado por ONGs pagadas por gobiernos occidentales.

Aunque hoy en día es una especialista liberal en sexualidad y estudios de género, Picq había trabajado previamente con el gobierno republicano del estado de la Florida, y estuvo involucrada en negociaciones sin éxito por un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y América Latina, que los líderes de izquierda para ese entonces condenaron de “colonial”.

Las tácticas de Pérez, su pareja Picq, y su partido Pachakutik reflejan otras campañas en América del Sur que han explotado fuerzas aparentemente de izquierda a nombre de metas de la derecha.

Durante el proceso que condujo al golpe contra el gobierno democráticamente electo de Bolivia en 2019, las ONGs que decían apoyar causas ambientalistas participaron en una operación de desinformación para satanizar al para entonces presidente Evo Morales, el primer presidente indígena de la historia de Bolivia, él mismo un poderoso promotor de protecciones ambientales.

Activistas del cambio de régimen pertenecientes a organizaciones financiadas por Estados Unidos y gobiernos europeos culparon a la administración de Morales de estimular los incendios en la selva amazónica, que principalmente estaban concentrados en Brasil, donde Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha, orgullosamente se autodenominó el “capitán motosierra”.

Yakú Pérez y Pachakutik juegan un papel similar en el Ecuador, atacando a las fuerzas populares izquierdistas desde la propia izquierda, de este modo abriendo un espacio para que la derecha avance. Simpatizantes del movimiento socialista de Correa acusaron a Pérez y a Pachakutik de dividir el voto para evitar una victoria de ese campo el 7 de febrero.

Como en Bolivia, donde los grupos ecologistas como Extincion Rebellion colaboraron apoyando el golpe de 2019 sobre la base de preocupaciones verdes, autodeclarados anarquistas de la aparente organización progresista están apilando halagos a favor de Pérez.

A Extinction Rebellion se le ha unido en la alabanza por la figura marginal de seudo izquierda grupos de cabildeo corporativo como el Consejo para las Américas (American Society and Council of the Americas, AS/COA por sus siglas en inglés), financiado por corporaciones de combustible fósil, fabricantes de armas y bancos, destructoras del planeta, con intereses particulares en el intento por detener el retorno al poder de los correistas.

El apoyo “de izquierda” a los golpes de la derecha en América Latina

Yaku Pérez Guartambel dice que quiere que ecuatorianas y ecuatorianos usen menos automóviles y planten más árboles. Ha propuesto ponerle fin a la minería en el país y una restricción a la extracción petrolera. Pérez critica al movimiento correista por su dependencia a la extracción. Con fotografías de campaña por lo general exhibiéndolo llegándose a los mítines en bicicleta, la imagen de Pérez parece diseñada a la medida para apelar a la sensibilidad de los activistas verdes occidentales.

Ecuador es un país antiguamente colonizado y en desarrollo, y por lo tanto relativamente pobre comparado con las naciones imperialistas del Norte Global. Pero tiene una ventaja: grandes reservas petrolíferas y minerales. Estos recursos han sido clave para los programas político y económico de Correa y sus seguidores, quienes los han empleado para ponerle el turbo al desarrollo del país, financiar programas sociales, e invertir miles de millones de dólares en acceso universal a la salud, educación de alta calidad e infraestructura avanzada.

Con todo y eso, la supuesta apariencia progresista del programa político de Pérez termina con sus políticas ambientales. Cuando se trata de política internacional, ha demostrado ser profundamente de derecha.

Y mientras Pérez usa su herencia Kañari para asumir que representa a las comunidades nativas de Ecuador, muchos en efecto están en contra de él y de su partido.

La indignación indígena contra Pérez en especial creció cuando apoyó el golpe en Bolivia en noviembre de 2019.

En octubre del 2020, la mayoría indígena del partido Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales barrió en las elecciones. Varios líderes indígenas ecuatorianos fueron invitados a la inauguración del presidente Luis Arce, pero Pérez no era uno de ellos. Cuando le preguntaron por qué, se dejó claro que Pérez no fue invitado porque había apoyado el golpe.

Incluso antes de la operación violenta de cambio de régimen, Pérez fue un crítico severo de Morales, acusándolo a él y a Correa de “autoritarismo, machismo, extractivismo y populismo”. Pérez rechazó de plano reconocer la legitimidad del gobierno de Evo.

En 2017, Pérez había atacado a Evo una vez más tuiteando: “Enciclopédica su ignorancia Evo (sic) biológicamente es indígena, identitariamente se blanco colonizó no siente ni comprende la cosmovivencia runa”.

Enciclopédica su ignorancia Evo biológicamente es indígena, identitariamente se blancó colonizó no siente ni comprende la cosmovivencia runa https://t.co/19WujAico0

— Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) May 27, 2017

Luego de apoyar el golpe, Pérez se mantuvo en silencio respecto a Bolivia, sin decir una palabra sobre la junta, dirigida por extremistas cristianos racistas que masacraron a manifestantes indígenas.

Pero el golpe en Bolivia no es la única campaña de cambio de régimen en América Latina, asistida por Estados Unidos, que Yaku apoyó.

En noviembre de 2016, Pérez elogió el golpe suave que sacó del poder al gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil, mientras se ponía del lado de una campaña de lawfare de la derecha que atacaba a la presidenta progresista de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

Pérez también hizo llamados al derrocamiento de Correa y el presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro.

“La corrupción acabó al gobierno de Dilma Rousseff y Cristina”, tuiteó Pérez con tono aprobatorio. “Ahora sólo falta que caigan Correa y Maduro. Sólo es cuestión de tiempo”.

La #Corrupción acabó al gob d Dilma y Cristina; ahora falta q caigan @MashiRafael y Maduro. Solo es cuestión d tiempo https://t.co/6JPpgBicZM

— Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) November 15, 2016

Un mes después, en diciembre de 2016, Pérez condenó de “colonial, etnocida y racista” a los gobiernos de Correa y Maduro.

'Careculo' ('siki ñawi' en kichwa) llamó Correa a @perezunagua dirigente de @ecuachaskiecuahttps://t.co/dhdgtaK4nxhttps://t.co/4AUVRN283v https://t.co/y4X3JhS5ss

— Rosa María Torres 🧠 OTRAƎDUCACION 🍃 (@rosamariatorres) December 2, 2016

Pérez recurrió al tipo de retórica superficial anti-Venezuela favorecida por la derecha en la región una vez más el día de las elecciones, el 7 de febrero. En una entrevista amistosa con un medio conservador, Pérez denunció al candidato de izquierda, ganador de la primera vuelta, diciendo que “Rafael Correa, tal como hizo Chávez dándole el poder a Maduro, hoy está intentando darle poder a Andrés Arauz. Arauz es el Maduro del Ecuador.”

#EcuadorElige | "Rafael Correa, como hizo Chávez de entregar el poder a Maduro, hoy él pretende entregar el poder a Andrés Arauz. Arauz es el Maduro del Ecuador": @yakuperezg candidato a la Presidencia de Ecuador https://t.co/CRHZkuP4FN pic.twitter.com/TjNCPrMM2I

— NTN24 (@NTN24) February 7, 2021

En 2017, cuando Brasil era gobernada por el neoliberal y golpista Michel Tremer, Pérez expresó públicamente sus esperanzas para que fueran arrestados los ex presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, junto a Correa y el ex vicepresidente Jorge Glas. (El gobierno de Lenín Moreno efectivamente arrestó a Glas y lo lanzó a la cárcel bajo acusaciones falsas, como parte de una embestida contra los políticos correistas).

En #Brasil están peces gordos Lula y Dilma curioso en #Ecuador todavia nada #juicio a @MashiRafael y @JorgeGlas.La justicia tarda pero llega https://t.co/RIUjVx033O

— Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) June 9, 2017

En la misma veta, Pérez apoyó el brutal intento de golpe de estado en Nicaragua en 2008, también apoyado por los Estados Unidos.

Luego de que extremistas de derecha, con apoyo de Washington, pasaran meses asesinando, torturando y aterrorizando a simpatizantes del socialista Frente Sandinista, Pérez respondió culpando al gobierno electo de toda la violencia en Nicaragua.

“Quién pensaría que los sandinistas que antes luchaban contra la dictadura ahora estos disparan a su pueblo”, escribió en octubre de 2018.

Nicaragua es singular desde el 19 abril cerca d 500 muertos, 558 presos políticos, pueblo vigilado por paramilitares a Rosen d OrtegaMurillo. Quien pensaría q los Sandinistas q antes luchaban contra la dictadura ahora estos disparan a su pueblo pic.twitter.com/LHtI7DKqYv

— Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) October 30, 2018

Todo lo que Pérez ha dicho sobre los vecinos del Ecuador demuestran que, de llegar al poder, ayudaría a Washington y los oligarcas de la región a librar una guerra contra los países del cambio de época, la ola de gobiernos de izquierda que ganaron el poder en América Latina a comienzos de los años 2000.

Vínculos amistosos con el gobierno estadounidense

Mientras que Yaku Pérez Guartambel no tiene problema alguno satanizando a gobiernos revolucionarios de izquierda en América Latina como “coloniales, etnocidas y racistas”, permanece curiosamente callado sobre la violación de derechos humanos masiva de los gobiernos de los Estados Unidos.

Esto es porque Pérez ha albergado vínculos amistosos con Washington, mientras avanza su agenda de este último en su país.

Antes de lanzarse a la presidencia, Pérez fue prefecto de la provincia de Azuay, cuya capital, Cuenca, se ha convertido en un centro importante para expatriados estadounidenses.

En Cuenca hay comunidades enteras de norteamericanos, donde sólo hablan inglés y todo lo pagan en dólares (que ha sido la moneda oficial del Ecuador desde la dolarización del 2000, luego de una crisis económica supervisada por el antiguo ministro de economía Guillermo Lasso, ahora el principal candidato de la derecha en la elección del 2021).

En junio de 2019, justo mientras Michael J. Fitzpatrick entregaba sus credenciales como el nuevo representante de la administración Trump en Ecuador, Pérez publicitó su encuentro con el embajador estadounidense en Cuenca.

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Un mes después, Pérez asistió a la celebración para conmemorar el Día de la Independencia de los Estados Unidos, dándole la bienvenida al nuevo embajador. Figuró en una foto sonriendo en frente de una bandera de los Estados Unidos iluminada.

Durante su campaña presidencial, a pesar de reunir poco apoyo del público, Pérez encontró en los embajadores de Francia y Alemania una audiencia entusiasta.

Hoy en #Quito, nos reunimos con Jean Baptiate Chauvin Embajador de #Francia y Philipp Schaver Embajador de #Alemania en #Ecuador, hablamos de como generar trabajo y desarrollo para nuestra gente del #Azuay y el país, disminuyendo afectaciones al medio ambiente. pic.twitter.com/TSs2agJVlB

— Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) September 10, 2020

Los “ecosocialistas” se alían con la derecha en intento de golpe contra Rafael Correa

El despliegue de convencionalismos aparentemente progresistas y “ambientalistas” para desestabilizar a los gobiernos de izquierda en Bolivia, Venezuela, México y más allá, fue desarrollado en poco más de una década atrás, para debilitar al gobierno democráticamente electo de Ecuador, el ex presidente socialista Rafael Correa.

Para socavar a Correa, Estados Unidos y otros gobiernos occidentales financiaron grupos de la sociedad civil que afirmaban apoyar las causas ambientalistas y los derechos indígenas que al final sirven como tentáculos de la oposición de derecha.

A lo largo de sus períodos en el gobierno, Correa y Morales se enfrentaron con una fuerte oposición a sus ambiciosas iniciativas de infraestructura. Grupos indígenas y ecologistas, muchos apoyados por Estados Unidos, iniciaron protestas extendidas en 2011 para intentar frenar la construcción de una gran autopista en Bolivia, con manifestaciones similares para obstruir los proyectos mineros en Ecuador, en 2012.

Cables de la firma de inteligencia Stratfor, conocida como la “CIA privada” que fueron publicados por Wikileaks demuestran que la contratista del gobierno norteamericano estaba monitoreando con cuidado las protestas anticorrea, y específicamente nombran a Pérez Guartambel, para ese momento conocido como Carlos Pérez, en 2011.

En septiembre de 2010, grupos de oposición buscaron derrocar al presidente Correa en un intento de golpe de estado. Con el apoyo de desertores de la policía que ocuparon el parlamento, bloquearon avenidas principales y tomaron instituciones del Estado, la oposición ecuatoriana por poco sacaba al presidente del poder.

Una de las principales organizaciones involucradas en la asonada fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La CONAIE es una organización indígena que dice promover políticas de izquierda pero que mira con sospecha al estado y el desarrollo industrial, incluso si ese gobierno es dirigido por un socialista democráticamente electo.

CONAIE asumió una línea dura contra Correa, atacándolo constantemente y exigiendo su renuncia. Esto socavó el apoyo de izquierdistas fuera del país y condujo a críticas a su movimiento, la Revolución Ciudadana.

Lo que la CONAIE no reconoció en sus constantes ataques a Correa era que su ala política es pesadamente apoyada por el gobierno de los Estados Unidos.

Efectivamente, la CONAIE es el brazo político de facto del partido Pachakutik, cuyo candidato presidencial es Yaku Pérez.

Durante la asonada golpista de septiembre de 2010, Pachakutik realizó un llamado público para derrocar a Correa, expresando su apoyo por los desertores del ejército y la policía. Pachakutik envió una nota de prensa acusando a correa de “actitudes dictatoriales”, y Cléver Jiménez, dirigente de Pachakutik y diputado para la Asamblea Nacional, convocó a los “movimientos indígenas, a los movimientos sociales y a las organizaciones políticas democráticas a formar un solo frente nacional para exigir la salida del presidente Correa”.

El comunicado de Pachakutik en la prensa insistía en que “Jiménez apoya la lucha por los funcionarios públicos, incluyendo a los agentes policiales que se han movilizado contra las políticas autoritarias del régimen”.

La periodista Eva Golinger luego demostró cómo Pachakutik había sido apoyado por el Instituto Nacional Demócrata (NDI), la subsidiaria del paraguas de cambio de régimen de la NED en líneas generales afiliado al Partido Demócrata y que actúa como un intermediario de la CIA.

Un documento del NDI de 2007 reseñaba que Pachakutik había sido directamente entrenado por la entidad del gobierno estadounidense, junto a activistas de partidos de la oposición antichavista venezolana Acción Democrática y Primero Justicia, así como el mexicano Partido de Acción Nacional (PAN).

La CONAIE y Pachakutik no representan a todas las comunidades indígenas del Ecuador. Existen divisiones políticas significativas, y algunas organizaciones comunales y dirigentes apoyan al correismo.

Estados Unidos tiene una larga historia apoyando a organizaciones indígenas en específico, para poder dividir a las comunidades nativas. Esta estrategia dista de ser novedosa. Durante la guerra terrorista de Washington en la Nicaragua de los 80, por ejemplo, la CIA apoyó a los líderes de la comunidad Miskito para socavar al gobierno sandinista.

El New York Times reportó en 1986 que “algunos de los líderes indígenas dicen que temen que su pueblo se pudiera convertir en lo que convirtieron a miembros de los Hmong o los Meo en Asia: un pueblo indígena reclutado por la CIA para la guerra, y después abandonados”.

Hoy en día los Miskitos permanecen políticamente divididos, pero existen organizaciones y líderes que apoyan al sandinismo, así como hay grupos indígenas que apoyan al correismo.

En un reportaje de 2019, el escritor ecuatoriano-canadiense Joe Emersberger expuso el papel de la CONAIE como Caballo de Troya de la derecha.

Virgilio Hernández, dirigente del movimiento correista que se vio forzado a asilarse en la embajada de México tras la brutal embestida del gobierno de Lenín Moreno, le explicó a Emersberger:

Desde alrededor de los finales de los 90 y principios de este siglo ya se podía decir lo que es evidente en la CONAIE, una corriente que se hizo dominante que llamamos ‘indigenismo conservador’. Corriente que ha puesto todo a favor de lo que llaman ‘la causa étnica’ y dejaron de lado las causas de los movimientos sociales y la izquierda en el país. Esto explica … que en la última campaña presidencial hayan apoyado abiertamente a Guillermo Lasso, el candidato de la oligarquía y los bancos. Queda muy claro que por casi dos décadas perdieron la dirección y han sido útiles para los grupos oligárquicos que siempre se han opuesto rabiosamente a Rafael Correa y la Revolución Ciudadana.

El activista anti-Correa no-indígena (integrante de partido indígena) que difunde desinformación en contra de Julian Assange

Fernando Villavicencio, uno de los co-fundadores de Pachakutik, un criollo, jugó un rol importante pero poco reconocido en la conspiración del Russiagate que consumió al Washington oficial durante la era Trump.

Villavicencio es un activista opositor y periodista ecuatoriano que dedicó años de su vida a destruir a Rafael Correa. Aparte de su trabajo con Pachakutik, Villavicencio estableció un medio anti-correista para difundir desinformación contra el presidente.

Villavicencio odiaba a tanto a Correa que públicamente hizo llamados para que Estados Unidos impusiera sanciones al Ecuador para castigar su gobierno, y dijo que haría lobby en el Senado estadounidense para lograrlo. (Esto condujo a que Correa tildara de “vendepatria” a Villavicencio.)

En 2018, Villavicencio pasó a ser coautor de un reportaje altamente dudoso del periódico de alta circulación The Guardian, junto a reporteros promotores del Russiagate como Luke Harding y Dan Collyns, acusando al editor de Wikileaks, Julian Assange, de haber tenido reuniones secretas con el antiguo jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort.

https://twitter.com/VillaFernando_/status/1069079592927928320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1069079592927928320%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthegrayzone.com%2F2021%2F02%2F08%2Feeuu-ecuador-yaku-perez-golpes-pachakutik%2F

Wikileaks negó categóricamente este reportaje, calificándolo de una fabricación absoluta y lanzando un fondo para denunciar a The Guardian por la nota.

The Guardian retiró la firma de Villavicencio del artículo, incluso cuando el activista ecuatoriano se jactó en Twitter de haber sido el co-autor y la fuente aparente de los alegatos dudosos.

https://twitter.com/VillaFernando_/status/1067761750261596160?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1067761750261596160%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthegrayzone.com%2F2021%2F02%2F08%2Feeuu-ecuador-yaku-perez-golpes-pachakutik%2F

Villavicencio también lleva un portal en el que constantemente publica material cuestionable satanizando a Correa y a Wikileaks. Lo llama La Fuente – Periodismo de Investigación.

Esta publicación parece ser financiada por la NED, un frente de la CIA fundado por el gobierno de Ronald Reagan para promover cambios de régimen en países socialistas.

En su base de datos, la NED ha publicado un subsidio anual de 65 mil dólares para un medio en el Ecuador que está “promoviendo el periodismo de investigación”, usando una descripción que es casi idéntica al “quien somos” del portal de Villavicencio, La Fuente.

Ecuadorian opposition activist and Guardian contributor Villavicencio runs an "investigative journalism" site that churns out nonstop propaganda against Correa, the left, and @WikiLeaks.

He does not disclose his funding, but this NED (US gov) grant description looks very similar pic.twitter.com/XDOloHNIP5

— Ben Norton (@BenjaminNorton) December 18, 2018

Villavicencio con frecuencia enfrentó problemas legales cuando Correa era presidente. Tanto él como Cléver Jiménez, el diputado de Pachakutik, para quien el primero trabajaba como asesor, fue acusado de colaborar en el hackeo de los correos electrónicos de Correa y de luego publicarlos para hacerle daño al presidente, cargos que negó.

Correa llevó el caso a tribunales denunciando a Villavicencio y a Jiménez de difundir acusaciones falsas y difamatorias y por acusar al presidente de “genocidio” y de “crímenes de lesa humanidad” por reprimir el intento de golpe de 2010.

Yaku Pérez ayudó a organizar las manifestaciones en apoyo a Villavicencio y Jiménez. A propósito del caso, Pérez acusó a Correa de ser “un caudillo”, y en 2017 protestó en las afueras del tribunal, al que llamó “corte de injusticia”.

Aprestamos a la audiencia d recurso d revisión en corte d injusticia caso cleverjimenez fernando Villavicencio y carlos Figueroa pic.twitter.com/0eUf5K96Tu

— Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) July 6, 2017

Villavicencio terminó abandonando a Pachakutik en 2017. En las elecciones de 2021, fue candidato a diputado por el Partido Socialista del Ecuador, otro grupo anti-Correa al margen que oficialmente se separó del marxismo, definiéndose socialdemócratas, y con frecuencia se ha encontrado en alianza con la derecha.

Esposo de Manuela Picq, académica vinculada a ONGs anti-Correa con apoyo de gobiernos occidentales

La pareja de Yaku Pérez también es una prominente opositora al correismo que previamente ha trabajado con el gobierno de Estados Unidos, y cuyo activismo ha sido financiado por ONGs con dinero de gobiernos occidentales.

En 2013, Pérez se casó con Manuela Picq, una académica franco-brasileña que se especializa en temas indígenas, sexualidad y estudios de género, y quien, como su esposo, es una crítica acérrima a los gobiernos de izquierda en América Latina, apoyando también el golpe en Bolivia en 2019.

Picq también trabaja de forma cercana con ONGs que hacen lobby para el cambio de régimen, y es tristemente famosa por su activismo anti-Correa en Ecuador.

Picq jugó un papel de peso en las protestas contra el presidente Correa en 2015, que con frecuencia se tornaban violentas. Fue arrestada en una manifestación en agosto, su visa fue cancelada y ella deportada del Ecuador.

Con apoyo de la Unión Europea (UE) y de ONGs mil millonarias, Picq convirtió su caso de deportación en un escándalo, retratándose como la víctima y usándolo para atacar a Correa y criminalizar su gobierno como un violador crónico de derechos humanos.

A Picq se le permitió regresar a Ecuador en 2018, en el gobierno de Lenín Moreno.

Y mientras que Yaku Pérez y Picq alegan ser críticos de Moreno, luego de llegar al poder, en una video entrevista se demuestra que Picq llamó a los ecuatorianos a votar por el referendo que le daba a Moreno el poder absoluto.

Antes de emprender la carrera académica, Manuela Picq trabajó con instituciones del gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo a su CV profesional, en 2003 Picq prestó servicios como “especialista en asuntos internacionales” para la Oficina de Relaciones Internacionales del para entonces gobernador del estado de Florida, Jeb Bush.

Ese mismo año, Picq se desempeñó como la “co-coordinadora de participación de organizaciones de la sociedad civil” para la reunión ministerial de comercio para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un acuerdo neoliberal que el gobierno de los Estados Unidos quiso imponer agresivamente. .

Los gobiernos de izquierda en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia se opusieron al ALCA. El presidente venezolano Hugo Chávez lo calificó de “instrumento del imperialismo” que ayudaría a Washington a explotar y dominar aún más la región.

De hecho fue su rechazo al ALCA por el que Venezuela y Cuba fundaron la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) para integrar a las economías de Latinoamérica, excluyendo a Estados Unidos y fortaleciendo sus soberanías.

Ecuador se unió al ALBA en 2009, en el gobierno del presidente Correa. Su afiliación a la organización fue una de las razones del golpe en su contra en 2010. El gobierno de Moreno se retiró del ALBA en 2018.

De acuerdo con su hoja curricular, Picq trabajó desde 2015 con Front Line Defenders (defensores de primera línea), una ONG financiada por la Unión Europea, numerosos gobiernos de Europa Occidental, Taiwán, la Open Society Foundations del multimillonario anticomunista George Soros, y el frente de la CIA, la Fundación Ford.

En 2016, Picq fue premiada por su activismo anticorreista en Ecuador con una beca como “defensora de derechos humanos” de ProtecDefenders.eu, un instrumento de soft-power con presupuesto de la UE que emplea como arma los derechos humanos para forzar el cambio de régimen en naciones extranjeras y promover los intereses económicos de la UE.

En 2018, la publicación Global Americans designó a Manuela Picq como parte de los “20 nuevos intelectuales públicos en las Américas”. Tal como lo ha reportado The Grayzone, Global Americans es auspiciado por la NED, un brazo de cambio de régimen de los Estados Unidos que actúa como otro frente de la CIA, donde su portal web se jacta de su papel en “sentar las bases para la insurrección” durante el cruento intento de golpe de Estado en Nicaragua, en 2018.

Hoy Picq es profesora de estudios latinoamericanos en la Amherst College en Estados Unidos. Es autora de libros con títulos como Queering Narratives of Modernity (“narrativas queerizadoras de la modernidad”), Sexualities in World Politics (“sexualidades en la política mundial”) y Sex and Tongue in International Politics (“sexo y lengua en política internacional”).

Por años, Picq también ha dado clases en la Universidad San Francisco de Quito, una de las más elitistas de Ecuador.

Antes de establecer su carrera profesional académica, Picq comenzó como fellow postdoctoral en el “Estudio de la democracia en América Latina” en el Woodrow Wilson Center, un think tank pagado por el gobierno estadounidense que tiene su puerta giratoria con el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia, y que está físicamente ubicada en el Edificio (del gobierno) Ronald Reagan.

Desde los Estados Unidos, Picq continúa escribiendo artículos anti-correistas para medios liberales y para la ONG de lobby para el cambio de régimen, NACLA.

Y como su pareja Yaku Pérez, ha atacado agresivamente a otros gobiernos de izquierda en América Latina mientras que también ha apoyado los intentos golpistas. (En 2019, también llamó a que los gobiernos occidentales crearan una “zona de exclusión aérea” en el noreste de Siria).

Previo al golpe suave que derrocó al gobierno brasileño en 2016, Picq escribía contra sus proyectos de desarrollo.

Ha manifestado su apoyo a la oposición golpista nicaragüense, satanizando al gobierno sandinista de ser un “estado patriarcal, macho, violador y anti-mujeres”. (En realidad, Nicaragua tiene el nivel más alto de igualdad de género en toda América Latina, y el quinto del mundo).

En septiembre de 2019, en las vísperas del golpe en Bolivia, publicó un artículo estrafalario absurdamente criticando al primer presidente indígena Evo Moralesde estar perpetrando un “ecocidio” y un “genocidio”. Esto alimentó la campaña difamatoria contra Morales, sentando las bases para el putsch violento.

Evo Morales’ ecocide is a genocide

A días del golpe, Picq bromeó en Twitter diciendo que tenía “sueños húmedos” fantaseando sobre el derrocamiento de Morales.

Wet dreams from midia ninja….. falta o Evo na lista pic.twitter.com/49NtMOM4qy

— Manuela Picq (@manuelapicq) October 29, 2019

Luego, cuando el golpe se ejecutó en noviembre, Picq divulgó desinformación absurda escribiendo: “Hermanas de las bases indígenas en Bolivia denuncian violencia masiva por grupos del MAS – no solo casas de oposición quemadas, hay más red e (sic) violaciones en las calles. Se teme que Evo esté armando una guerra civil con sus milicias”.

Hermanas de las bases indígenas en #Bolívia denuncian violencia masiva por grupos del #MAS – no solo casas de oposición quemadas, hay más red e violaciones en las calles. Se teme que Evo esté armando una guerra civil con sus milicias

— Manuela Picq (@manuelapicq) November 11, 2019

El trabajo de Pérez y Picq demuestra cómo los gobiernos occidentales pueden emplear activistas aparentemente de la izquierda liberal y ONGs para presionar por sus intereses imperiales, desestabilizando estados socialistas en América Latina bajo la guisa de presuntamente estar protegiendo al ambiente, las comunidades indígenas y los derechos humanos.

El Consejo para las Américas promueve la candidatura de Yaku Pérez

Los artículos escritos por organizaciones ambientalistas con orientación anarquista en los Estados Unidos como Extinction Rebellion le dejan a los lectores la impresión de que Yaku Pérez Guartambel es la mejor opción para la izquierda en Ecuador.

Pero una mirada a los promotores de alto perfil de Pérez, incluyendo a poderosos grupos de cabildeo corporativo, ilustran una agenda ulterior.

El 1 de febrero, el portal estadounidense Americas Quaterly publicó un artículo promocional ensalzando al candidato en el tercer lugar, titulado “Yaku Pérez: ¿la nueva cara de la izquierda en Ecuador?”.

El artículo promovía desinformación difamando a Correa, alardeando que “Pérez dijo que le ofrece a esos electores una alternativa a la izquierda ‘corrupta y autoritaria de Correa’”.

Americas Quaterly también dijo que condujo un sondeo a una docena de analistas que “ubicaban a Pérez más a la izquierda que Arauz”.

El portal también señaló alegremente que “en política exterior, Pérez ha dicho estar abierto a un acuerdo comercial con Estados Unidos y ha denunciado la política agresiva de China en torno al extractivismo y los derechos humanos”.

Su autor, Brendan O’Boyle, compartió la pieza promocionando a la “’izquierda ecológica anti-Correa que representa”.

NEW: I spoke to @yakuperezg about his unlikely bid to become Ecuador's first indigenous president and the anti-Correa, "ecological left" that he represents.

Hope you'll take a look!https://t.co/6wz2DdeAmh

— Brendan O'Boyle (@BrenOBoyle) February 1, 2021

Pero, ¿qué es, exactamente, Americas Quaterly? ¿Se trata de una publicación de la izquierda liberal que promueve ambientalismo y derechos indígenas?

Al contrario: Americas Quaterly es un brazo de la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA, por sus siglas en inglés), un grupo de cabildeo financiado por muchas de las principales corporaciones estadounidenses.

AS/COA ha jugado un rol importante apoyando tanto los golpes contra los gobiernos progresistas de América Latina como regímenes neoliberales impopulares.

La lista de miembros corporativos de la AS/COA es un quién es quién de las compañías más poderosas del planeta, muchas de las cuales se enriquecen destruyendo el ambiente y librando guerras, como Amazon, Apple, BlackRock, Boeing, Caterpillar, Chevron, Chiquita, Exxon Mobil, Ford, General Electric, Goldman Sachs, Google, JP Morgan, Lockheed Martin, Raytheon y Walmart.

¿Entonces para qué una organización financiada por megacorporaciones, que normalmente apoyaría a políticos de la derecha en toda América Latina, de repente promueven a un candidato de izquierda en Ecuador? ¿Y por qué nos tendría que hacer creer que Yaku Pérez es de hecho aún más de izquierda que Andrés Arauz y el movimiento correista?

La respuesta es que Pérez en realidad no representa a la izquierda; que es un vehículo insidioso de los intereses de Washington en Ecuador. AS/COA buscó falsamente retratarlo como la alternativa de izquierda al correismo, porque reconoce que serviría a sus intereses de alguna manera de llegar a ganar, y que está dividiendo la izquierda con simplemente mantenerse en la elección, haciendo más probable una segunda vuelta.

Es por esta misma razón que el banquero Guillermo Lasso dijo que apoyaría a Pérez.

Estados Unidos está desesperado por evitar que la ola socialista que bañó a América Latina en la primera década del siglo XXI regrese. Y en el intento de Washington por detenerla, figuras “ecosocialistas” como Yaku Pérez son títeres perfectos.

Tomado de: Respaldado por EEUU, el candidato ‘ecosocialista’ de Ecuador, Yaku Pérez, apoya golpes de estado y ayuda a la derecha | The Grayzone

Ben Norton | The Grayzone

»Vamos a construir un diálogo ciudadano mucho más potente»

Relatora especial de DD.HH de la ONU Alena Douhan finaliza su visita a Venezuela , Douhan evaluó impacto de medidas coercitivas de EE.UU. contra Venezuela. teleSUR

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«Un efecto devastador»: las conclusiones de la Relatora especial de la ONU sobre el impacto de las sanciones de EE.UU. contra Venezuela

Publicado:13 feb 2021 01:02 GMT

Douhan pidió a Washington «reconsiderar y levantar» las medidas coercitivas porque «las consideraciones humanitarias deben prevalecer sobre las políticas».

La Relatora Especial de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, afirmó este viernes que las sanciones aplicadas por EE.UU. contra Venezuela han causado «un efecto devastador» y «catastrófico» sobre la vida de los venezolanos, por lo que exhortó a Washington a «reconsiderar y levantar» estas medidas.

«Las consideraciones humanitarias deben prevalecer sobre las políticas y las medidas unilaterales solo deben imponerse tomando en cuenta el Estado de Derecho, la Ley de Derechos humanos, la Ley del Refugiado, y la Ley Humanitaria», precisó

Para la especialista, el Estado de Emergencia Nacional anunciado por EE.UU. el 8 de marzo del 2015, como razón para iniciar las sanciones contra Venezuela, «no se corresponde» con la realidad del país ni con los acuerdos internacionales existentes. 

Además, la relatora recordó que EE.UU. debería realizar evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario generado por sus medidas unilaterales. «No hay buena intención alguna que justifique la violación de DD.HH. como daño colateral», sostuvo.

Efectos de las sanciones

Para Douhan, el endurecimiento de las medidas coercitivas socava la capacidad del Estado para implementar proyectos sociales y disminuye el potencial impacto de cualquier reforma económica que el gobierno desee emprender.

En un recuento del historial de sanciones, la funcionaria destacó que desde 2019, tras el reconocimiento de EE.UU. al exdiputado opositor Juan Guaidó como «presidente interino» del país suramericano, Washington emprendió una arremetida de sanciones que afectó a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco Central, lo que se tradujo en «un embargo económico total».

«Se le dio a Guaidó control sobre los activos y bienes del gobierno venezolano en PDVSA, incluyendo a Citgo. Entre 2018 y 2019, [las sanciones] se dirigieron al oro, al aspecto minero, el sector alimentario, criptomonedas, y bancario», relató Douhan.

Esta situación, continuó la especialista, «exacerbo las calamidades económicas y humanitarias existentes, al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructura y programas sociales». Asimismo, explicó que lastransferencias bancarias de Venezuela son «cada vez más» rechazadas, dilatadas o realizadas bajo costos muy superiores. 

Por ese motivo, Douhan ve con «preocupación» que las reticencias de bancos, empresas y firmas de suministros imposibilite la compra de insumos médicos, alimentos o bienes de primera necesidad, lo que está «socavando el disfrute de los DD.HH.», incluyendo «el derecho a una vida decente».

Principales perjudicados

De acuerdo con Douhan, las sanciones han tenido «un efecto devastador» sobre toda la población venezolana, especialmente «los sectores de extrema pobreza, mujeres, niños, trabajadores de la salud, discapacitados, pacientes con enfermedades crónicas y la población indígena».

De igual forma, observó el crecimiento de la mortalidad materna y neonatal, así como los embarazos adolescentes, «en medio de la falta de acceso a la información y sin uso de anticonceptivos, lo que llevó también al aumento del VIH-SIDA».

La relatora también reconoció que el gobierno venezolano, ante la falta de recursos, se ha visto obligado a disminuir el apoyo que se le brindaba a la educación escolar y universitaria, a través de uniformes, útiles, y comidas. 

En esa misma línea, lamentó que «un incidente técnico» dejara fuera de servicio el satélite nacional, «disminuyendo de manera significativa la cobertura de internet en el país y haciendo casi imposible el aprendizaje a distancia durante esta pandemia».

Sobre el caso específico de los servicios, detalló que la imposibilidad del Estado para adquirir repuestos y equipos nuevos, ha provocado que el venezolano tenga menos acceso a la electricidad, lo que impide el funcionamiento de bombas de agua. «Es la violación del derecho al agua, lo que a su vez lleva a enfermedades», indicó.

En vista de este panorama, relató la experta, el gobierno venezolano estableció una fuerte colaboración con el PNUD, UNICEF, ONU-SIDA, OPS, ONG, la iglesia y el sector privado, «facilitando la ligera reconstrucción» del sistema de agua, medicinas, escolares y alimentos.

Sin embargo, Douhan precisó que los intentos por liberar los recursos venezolanos retenidos en el exterior para comprar equipos, medicinas y vacunas, a través de PNUD y la OPS, han sido infructuosos. «Se han reportados casos de vigilancia y persecucióndel personal de las ONG y humanitarias que intentan ayudar», lamentó.

Asimismo, la relatadora puntualizó que «a pesar de las revisiones y aumentos periódicos del salario», el pago promedio del sector público es de 2 a 3 dólares, un monto que «alcanza para menos del 1% de la canasta alimentaria, lo que incrementa el índice de migración, facilita la economía gris y afecta a los más preparados profesionales».

Recomendaciones

La relatora le pidió al gobierno venezolano «fortalecer la presencia del Sistema de Naciones Unidas en el terreno» y «negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente, justa, y no discriminatoria de la ayuda internacional».

Asimismo, clamó por «una ley clara y no discriminatoria que permita y facilite el trabajo humanitario de las ONG’s nacionales e internacionales en Venezuela y garantizar la integridad de su personal», al tiempo que recordó que las ONG que están obligadas a «hacer actividades únicamente humanitarias». 

Douhan, quien estuvo en Venezuela desde el pasado 30 de enero, aclaró que el informe final de su visita se presentará en septiembre del 2021 ante el Consejo de los DD.HH. de la ONU.

«Un efecto devastador»: las conclusiones de la Relatora especial de la ONU sobre el impacto de las sanciones de EE.UU. contra Venezuela – RT

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INFORME COMPLETO DE LA ONU

SOBRE EL DAÑO DE LAS SANCIONES AL PUEBLO VENEZOLANO.*

12/02/2021

La degradación de las condiciones de trabajo y la pérdida del salario producto de las medidas coercitivas unilaterales, fueron parte de las denuncias.La reducción de un 99% de los ingresos del Gobierno nacional, la degradación de las condiciones de trabajo y la pérdida del salario producto de las medidas coercitivas unilaterales que mantiene el régimen de Estados Unidos, EEUU, y la Unión Europea, UE, contra Venezuela son parte de las realidades que quedaron plasmada en la evaluación preliminar de la Relatora de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Alena Douhan.Para hacer el estudio de los daños que ha causado el bloqueo contra el país, la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, recorrió el país desde el pasado 1 de febrero hasta este viernes 12 de febrero, y se reunió tanto con voceros del Gobierno nacional, como con sectores de la oposición, la iglesia católica, Organizaciones No Gubernamentales, ONG, y víctimas del bloqueo.En rueda de prensa desde un hotel del este capitalino dió a conocer que el informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.De manera clara y contundente la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, instó a EEUU, la Unión Europea y otros Estados a retirar las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela.De igual forma exhortó a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes «a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos». _A continuación el texto íntegro._ Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales:La Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, concluye su visita a la República Bolivariana de VenezuelaResultados preliminares de la visita a la República Bolivariana de VenezuelaCaracas (12 de febrero de 2021), La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021.La Relatora agradece al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al país. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada.Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.El Relator Especial se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación, de Planificación, de Economía, de Finanzas, de Petróleo, de Minería, de Alimentación, de Mujer e Igualdad de Género, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnología, de Transporte, de Cultura y de Pueblos Indígenas; el Coordinador de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP); el Secretario General del Comité de Derechos Humanos; el Presidente de PDVSA; el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Procurador General; el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de todo el espectro de partidos políticos, de la oposición y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia católica; así como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en los ámbitos de la salud, los derechos humanos, la protección de la infancia, las mujeres y los ancianos; personal médico; profesores universitarios; maestros de escuela; investigadores independientes y, lo que es más importante, víctimas de violaciones de los derechos humanos. La Relatora Especial también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Infantil del Corazón; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilitó una reunión con los directores de las empresas públicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, información, análisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.La Relatora Especial elogia la cálida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilitó su visita, lo que permitió un diálogo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboración con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita. _Contexto de la visita al país:_ Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas.Una ley estadounidense de 2014 dió lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, recortar las libertades de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.En 2017, Estados Unidos calificó de ilegítimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.En enero de 2019, tras reconocer al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirigían partidos que cooperaban con el Gobierno. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.El Relator Especial toma nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos.En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represión, graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permitía imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de derechos humanos. El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales. _Situación económica y humanitaria en Venezuela:_ Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La economía monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios.Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación _inducida_ han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantó el control de precios y se permitió que el sector privado volviera a entrar en la economía.Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la _Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020._ Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se reducirá a unos 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad.Se calcula que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.En particular, el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial también observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario. _Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones:_ El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021. *El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional,* y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. *El propósito anunciado de la campaña de «máxima presión» -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.* Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio -garantías procesales y presunción de inocencia con vistas a que los motivos de su introducción no constituyan en su mayor parte crímenes internacionales ni cumplan con los fundamentos de la jurisdicción penal universal, al tiempo que toma nota del hecho de la presentación ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países, así como la introducción de cláusulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes. _Impacto en el disfrute de los derechos humanos:_ *El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena.* El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos.Al Relator Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos. UE., y también dan lugar a un número creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 días), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, así como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados).El Relator Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector público es de 2 a 3 dólares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través de la «Carta de la Patria», de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera.El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de personas en la economía gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector público, incluyendo médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. El número de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos habría alcanzado entre 1/3 y 1/2. La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia médica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los niños nacidos en el extranjero, la separación de las familias y la ausencia de la debida atención a los niños que se quedan con los abuelos en Venezuela.Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulación, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos, agrave los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos -especialmente en las zonas remotas del país, lo que afecta, entre otras cosas, a la población indígena- y provoque retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de gasoil, mayormente utilizado para fines agrícolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y una mayor desnutrición, aumentando por lo tanto los riesgos de salud y las amenazas a la vida.El Relator Especial observa con preocupación que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que solía proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación. Las razones anteriores, así como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, así como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria.Al Relator Especial también le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de leña, pueda violar el derecho a un entorno favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agrícolas y sanitarios, la protección del medio ambiente, la mejora de la alfabetización y la informática, la reconstrucción y otros. *La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por exceso de cumplimiento, resulta en la violación del derecho a la propiedad.* También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), está afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación. Las sanciones contra representantes de grupos de la oposición por su participación en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garantías procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial señala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones. *El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas;* a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.El Relator Especial acoge con satisfacción los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesiásticas, del sector privado y humanitarias, en la prestación de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando así a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gestión en la distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecución del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de un reglamento provisional para el trabajo de las ONG internacionales.Recomendaciones del Relator Especial:La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, *no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales.* La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.La Relatora Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las políticas y que las medidas unilaterales sólo pueden adoptarse teniendo en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados y sólo pueden aplicarse en el marco de contramedidas internacionalmente lícitas. El Relator Especial recuerda que las evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario deben realizarse en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como «daño colateral». *El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional en relación con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público de Venezuela,* revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la manera más estricta posible en el período intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020. *El Relator Especial pide a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.* *El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela* y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.Aunque reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, el Relator Especial pide al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que apliquen plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el género, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboración con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con las normas de la actividad puramente humanitaria.

[Fin]

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VENEZUELA:

Seguimiento adicional podría ayudar a los esfuerzos del Tesoro para mitigar cualquier impacto adverso que las sanciones de EE.UU. podrían tener en la asistencia humanitaria

GAO-21-239: Publicado: Feb 4, 2021. Publicado en público: 8 de febrero de 2021.

Lo que GAO encontró

El desempeño de la economía venezolana ha disminuido constantemente durante casi una década y ha disminuido considerablemente desde la imposición de una serie de sanciones estadounidenses a partir de 2015. Por ejemplo, la economía disminuyó de un crecimiento negativo del 6,2 por ciento del producto interno bruto en 2015 al 35 por ciento negativo en 2019 y al 25 por ciento negativo en 2020. Las sanciones, particularmente a la petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción petrolera. Sin embargo, la mala gestión de la petrolera estatal venezolana y la disminución de los precios del petróleo son otros factores que también han afectado el desempeño de la economía durante este período.

Las agencias estadounidenses han buscado aportes de organizaciones humanitarias para identificar las posibles consecuencias humanitarias negativas de las sanciones relacionadas con Venezuela y han tomado medidas para mitigar estas cuestiones. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado (Estado) han solicitado aportes de organizaciones humanitarias financiadas por los Estados Unidos sobre los desafíos que enfrentan, incluido el impacto de las sanciones. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Tesorería) y el Estado también han tomado medidas para mitigar las consecuencias negativas. Por ejemplo, el Tesoro emitió licencias que permitían diversos tipos de transacciones de asistencia humanitaria en Venezuela (véase la figura). Tesorería también mantiene un centro de llamadas y una cuenta de correo electrónico a través de la cual las organizaciones pueden recibir asistencia con problemas de cumplimiento u otros desafíos relacionados con las sanciones. Mientras que los funcionarios del Tesoro dijeron a la GAO que responden a las investigaciones individuales, el Tesoro no rastrea y analiza sistemáticamente la información de estas investigaciones para identificar tendencias o problemas recurrentes. Sin la recopilación y el análisis de esta información, el Tesoro y sus socios interinstitucionales pueden verse limitados en su capacidad de desarrollar nuevas acciones para garantizar que las sanciones estadounidenses no interrumpan la asistencia humanitaria.

Suministros de Asistencia Humanitaria de EE. UU. para venezolanos

Las sanciones estadounidenses relacionadas con Venezuela probablemente han tenido un impacto limitado, si existe, en la industria petrolera estadounidense. A pesar de la menor oferta general de petróleo en el mercado estadounidense por la pérdida de crudo venezolano debido a sanciones, los precios del crudo y la gasolina al por menor en los Estados Unidos no han aumentado sustancialmente. Muchos otros factores, además de las sanciones, afectaron simultáneamente al mercado del petróleo y al precio de los precios del petróleo crudo y de la gasolina al por menor, incluidos los recortes de producción en enero de 2019 por parte de la Organización de países exportadores de petróleo y la disminución de la demanda de energía durante la pandemia COVID-19. Según funcionarios de la industria a quienes habló la GAO, las refinerías estadounidenses se han adaptado a estos cambios al cambiar a fuentes y tipos alternativos de crudo.

Por qué GAO hizo este estudio

Venezuela ha estado experimentando una crisis económica, política y humanitaria. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a la petrolera estatal venezolana, al gobierno y al banco central, entre otros, en respuesta a las actividades del gobierno venezolano y de ciertas personas. El Tesoro y el Departamento de Estado lideran la implementación del programa de sanciones, y USAID es el principal responsable de implementar la asistencia humanitaria para los venezolanos.

Se pidió a la GAO que revisara las sanciones estadounidenses relacionadas con Venezuela. Este informe examina: 1) el desempeño de la economía venezolana antes y desde la imposición de sanciones en 2015; 2) las medidas que los organismos estadounidenses han tomado para identificar y mitigar las posibles consecuencias humanitarias negativas de las sanciones relacionadas con Venezuela; y (3) lo que se sabe sobre el impacto de las sanciones estadounidenses relacionadas con Venezuela en la industria petrolera estadounidense.

La GAO analizó indicadores económicos, revisó documentos, entrevistó a funcionarios de agencias y habló con representantes de organizaciones humanitarias seleccionadas y de la industria petrolera estadounidense.

Lo que GAO recomienda

GAO recomienda que el Tesoro realice un seguimiento sistemática de las consultas realizadas a su centro de llamadas y cuenta de correo electrónico, incluido el programa de sanciones específicas y el tema de la investigación para identificar tendencias y cuestiones recurrentes. El Tesoro estuvo de acuerdo con la recomendación de la GAO.

Para obtener más información, póngase en contacto con Kimberly Gianopoulos al (202) 512-8612 o GianopoulosK@gao.gov.

Tomado de: U.S. GAO – Venezuela: Additional Tracking Could Aid Treasury’s Efforts to Mitigate Any Adverse Impacts U.S. Sanctions Might Have on Humanitarian Assistance

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EE.UU. reconoce que las sanciones han tenido un «impacto negativo» en la economía de Venezuela

Publicado: 9 feb 2021 16:49 GMT

En el texto se revela que incluso las organizaciones de asistencia humanitaria han tenido problemas con la entrega de ayuda al país suramericano.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno estadounidense (GAO, por sus siglas en inglés) afirma en un extenso informe que las sanciones de EE.UU. contra Venezuela «han tenido un impacto negativo en la ya de por sí deteriorada economía venezolana».

La GAO recoge en su trabajo que la «actual crisis política y económica en Venezuela ha contribuido al deterioro de la situación humanitaria», como también ha sido expresado por Caracas en repetidas oportunidades.

Aunque no se establece una relación directa entre las sanciones y su impacto sobre las condiciones de vida de los venezolanos, en el análisis se asevera que incluso las organizaciones humanitarias estadounidenses tienen problemas con la entrega de ayuda a Venezuela a causa de los retrasos de las transacciones y transferencias ante el bloqueo de las operaciones financieras con ese país.

PDVSA y BCV, el objetivo

Como se reconoce en el documento, las sanciones están dirigidas principalmente a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y al Banco Central de Venezuela (BCV). Las autoridades venezolanas, que catalogan estas medidas como de «presión política» para deponer a Maduro, afirman que han generado una caída de 99 % de los ingresos petroleros entre 2014 y 2019.

Según el escrito solicitado por el Gobierno de EE.UU., las sanciones, en particular las impuestas contra PDVSA en 2019 «probablemente contribuyeron al mayor declive de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo». Sin embargo, también se atribuye a esta situación «la mala gestión y la disminución de los precios del petróleo».

En su informe anual, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, explicó que en 2015 la producción de petróleo era de 2.817.000 barriles diarios, pero que después de las sanciones, esa cifra se redujo hasta los 664.000 por día.

Del mismo modo, aseguró que en 2020 ingresaron al país solamente 743 millones de dólares, a diferencia de los 65.607 millones de dólares de 2008. «Es el resultado de una agresión económica que inició en 2013«, afirmó.

¿Qué dice Venezuela sobre el informe?

Al conocer el informe del organismo estadounidense, Venezuela tildó las medidas punitivas en su contra de criminales y de dañinas.

«Las instituciones de EE.UU. demuestran el carácter criminal de sus sanciones», escribió el canciller de ese país, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1359125052172750854&lang=es&origin=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F382965-eeuu-reconocer-sanciones-impacto-negativo-venezuela&siteScreenName=ActualidadRT&theme=light&widgetsVersion=889aa01%3A1612811843556&width=550px

Por su parte, el viceministro para América del Norte, Carlos Ron, dijo en un tuit que con este informe EE.UU. «reconoce el impacto dañino de sus sanciones», cuyo propósito principal es «causar angustia a la población venezolana para forzar un cambio de Gobierno».https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-1&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1358902585688809475&lang=es&origin=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F382965-eeuu-reconocer-sanciones-impacto-negativo-venezuela&siteScreenName=ActualidadRT&theme=light&widgetsVersion=889aa01%3A1612811843556&width=550px

¿Para quiénes son las sanciones?

La oficina gubernamental estadounidense recuerda en el texto que Washington sostiene que las medidas punitivas son «para atacar al Gobierno venezolano y otras entidades que están contribuyendo a la crisis» y que «no pretenden restringir el flujo de bienes y servicios humanitarios al pueblo venezolano». 

Si bien las sanciones del Departamento del Tesoro han sido impuestas sobre más de 100 funcionarios de la administración de Maduro, autoridades locales, altos mandos militares y representantes de los poderes públicos, Venezuela ha dicho que atentan contra los derechos humanos, el Derecho Internacional y que son «crímenes de lesa humanidad».

Caracas afirma que las medidas coercitivas causaron al país  pérdidas por el orden de los 102.000 millones de dólares; el cierre de todos los flujos de financiamiento externo y la retención en el exterior de 5.000 millones de dólares para la compra de medicinas y alimentos.

Motivación y divergencias

La motivación de este análisis, firmado por la directora de la GAO, Kimberly M. Gianopoulos, era la de examinar el comportamiento de la economía venezolana antes y después de la imposición de las medidas coercitivas, en 2015; las acciones que las agencias estadounidenses han tomado para «identificar y mitigar» las posibles consecuencias humanitarias negativas de las sanciones y el posible impacto de estas medidas en la industria petrolera estadounidense.

La GAO afirma que para su análisis ha tenido en cuenta indicadores económicos e información del Departamento de Energía de EE.UU. y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, revisó documentos, entrevistó a funcionarios estadounidenses y habló con representantes de organizaciones humanitarias y de la industria petrolera estadounidense.

De acuerdo con los expertos entrevistados y los documentos revisados ​​para este estudio, de 56 páginas, si bien las sanciones de EE.UU. han tenido un «impacto negativo», se considera que «es difícil aislar» su efecto de «otros factores relevantes», como «la bajada de los precios mundiales del petróleo y la mala gestión del Gobierno venezolano».

Diputados opositores en Venezuela piden a EE.UU. levantar las sanciones económicas impuestas contra el país

Tanto el Departamento del Tesoro como la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) recibieron una copia de este informe y han solicitado otros estudios de organismos humanitarios para conocer el impacto de las sanciones, se explica en el documento.

Sobre el alcance de esta investigación, se manifiesta que ante la pregunta de la USAID de la razón para no reconocer que «existe una conexión directa entre las sanciones estadounidenses y la crisis humanitaria en Venezuela», la GAO respondió que esa conclusión «estaba fuera del alcance» de la revisión. 

Finalmente, en las recomendaciones se exhorta a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) que haga «un seguimiento sistemático» de las consultas hechas sobre las sanciones para identificar tendencias y problemas recurrentes.

Nathali Gómez

EE.UU. reconoce que las sanciones han tenido un «impacto negativo» en la economía de Venezuela – RT

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”Es injusto y desproporcionado que Pablo Hasél entre en la cárcel”

AMNISTÍA INTERNACIONAL

10 de febrero de 2021

Madrid.- Este viernes se cumple el plazo para que el rapero, Pablo Hasél, entre en prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo. El músico  también ha sido condenado por injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado. Amnistía Internacional considera que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es injusto y ha lanzado una nueva campaña para exigir, una vez más, la reforma del Código Penal, puesto que considera que algunos de sus artículos vulneran el derecho a la libertad de expresión. El artista C. Tangana ha participado en la campaña, con un vídeo en el que anima a la gente a actuar para cambiar la ley, para que «los artistas podamos expresarnos sin miedo a ir a la cárcel».

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

«La entrada en prisión de Hasél es una restricción excesiva y desproporcionada de su libertad de expresión, pero no es el único que sufre las consecuencias de leyes injustas: muchos otros artistas, periodistas o activistas han recibido cuantiosas multas o largos periodos de exclusión del sector público. Y una consecuencia intangible pero triste para nuestra sociedad: la autocensura por miedo a sufrir la represión», lamenta el director de AI.

Más información
Pablo Hasél ha sido condenado a nueve meses de prisión y seis años de inhabilitación por un delito de enaltecimiento del terrorismo. También ha sido condenado por los delitos de injurias a la Corona y contra las instituciones del Estado. En total, tendrá que afrontar una multa de casi 30.000 euros. Su caso, así como el de otras personas usuarias de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales, como Cesar Strawberry (Def con Dos) o la estudiante Cassandra forma parte del informe publicado por Amnistía Internacional en 2018, “Tuitea… si te atreves. Cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España”. Este informe  denuncia cómo estas personas han sido procesadas en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”, reprimiendo así expresiones de índole política o provocativa, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad artística del país.  

En los últimos años se ha reducido el número de personas condenadas por enaltecimiento al terrorismo a través de redes sociales, pasando de 35 en 2016 a solo una en 2020. Sin embargo, en 2019 todavía se celebraron nueve juicios en España por este tipo de delito. Entre 2017 (31 personas condenadas) y 2018 (6 personas condenadas) se ha producido la reducción más importante.

España es Estado Parte en varios tratados internacionales vinculantes que garantizan el derecho a la libertad de expresión, es decir, el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información e ideas. Y aunque, según el derecho internacional, se pueden imponer ciertas limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión, se exigen una serie de condiciones para ello. Entre otras, estas limitaciones deben estar establecidas en la ley de un modo claro y accesible; sólo pueden imponerse para ciertos fines legítimos específicos (como preservar la seguridad nacional, el orden público o, como en el caso de la apología del odio, proteger los derechos de otras personas); deben ser manifiestamente necesarias (es decir, la medida menos intrusiva que alcance el fin perseguido) y proporcionales; y no deben menoscabar el propio derecho a la libertad de expresión. Por eso, Amnistía Internacional considera que usar el Código Penal con el propósito o efecto de inhibir la crítica legítima viola la libertad de expresión.

La organización se opone también a cualquier ley que prohíba insultar o faltar el respeto a los jefes de Estado, la Corona, o figuras públicas. Para AI, los jefes de Estado, por el hecho de ser figuras públicas, deben tolerar más críticas que la ciudadanía. El uso de leyes sobre difamación con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión. Lo mismo sucede con el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos: la protección de conceptos abstractos o creencias religiosas o de otra índole, o de las sensibilidades religiosas de sus adeptos, no es un motivo para restringir la libertad de expresión.

España fue condenada hasta en tres ocasiones (2011, 2016 y 2018) por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por aplicación del artículo de injurias a la Corona, en vulneración del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En cuanto al delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, Amnistía Internacional alerta del posible efecto disuasorio que podría tener sentencias como la del pasado 10 de noviembre de 2020, en la que un juzgado de lo Penal de Málaga condenó a una mujer por un delito contra los sentimientos religiosos por expresiones utilizadas durante una movilización ciudadana, a una de pena de multa de 2.700€.

Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción en la que exige al Ministerio de Justicia que, en la futura reforma del Código Penal, estos delitos sean eliminados, y se garantice que ninguna de sus disposiciones criminaliza de manera indebida expresiones ni creaciones artísticas amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Aunque el gobierno ha anunciado una posible reforma del Código Penal, y a falta de conocer más detalles sobre la misma, Amnistía Internacional recuerda que esa reforma tiene que ir encaminada a alinearse con estándares internacionales de derechos humanos, para que solo se penalice la incitación directa a la violencia.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/amnistia-internacional-es-injusto-y-desproporcionado-que-pablo-hasel-entre-en-la-carcel/#:~:text=Pablo%20Hasél%20ha%20sido%20condenado,multa%20de%20casi%2030.000%20euros.