Ecuador: «Guillermo Lasso: El carroñero del Ecuador»

Feriado bancario

Prezzensa.com

04.02.2021 – Santiago de Chile – Redacción Chile

Guillermo Lasso: El carroñero del Ecuador
(Imagen de es-us.noticias.yahoo.com)

Por Jorge Molina Araneda y Patricio Mery Bell

Ad portas ya de las elecciones presidenciales del Ecuador el próximo 7 de febrero, donde el denominado binomio de la esperanza, constituido por Andrés Arauz y Carlos Rabascall,  tiene la firme convicción de retomar el legado social, político y económico del ex Presidente Rafael Correa y liquidar, además, las paupérrimas secuelas del gobierno traidor encabezado por Lenín Moreno, es menester que sepamos de qué trata el período más oscuro de la historia moderna de este país y quién fue uno de sus principales responsables (el banquero Guillermo Lasso), y refrescarle la memoria a los ciudadanos ecuatorianos para que nunca olviden estos luctuosos hechos y acudan a las urnas a votar por la esperanza correísta, mas no a favor de uno de los autores intelectuales y materiales de un dantesco atraco bancario y financiero, que tanto daño provocó a millones de familias.

El feriado bancario fue la mayor crisis económica, financiera y social del Ecuador de las últimas décadas. Se inició un 8 de marzo de 1999 cuando el gobierno del entonces presidente Jamil Mahuad (1998-2000) decretó el congelamiento de los depósitos de miles de clientes de entidades financieras que más tarde desaparecieron.

El gobierno anunció que el feriado bancario debía durar 24 horas, pero se extendió al punto de que los ecuatorianos tuvieron congelados sus ahorros con consecuencias que permanecen hasta la actualidad.

Los efectos de aquel feriado se vieron reflejados en la reducción del poder adquisitivo de las familias con el sucre, la moneda nacional que desapareció poco después para ser reemplazada por el dólar.

Además, aproximadamente 17 bancos fueron cerrados por malos manejos, créditos vinculados y otras irregularidades varias. El Estado salió a su rescate con un «salvataje» que se hizo con bonos AGD por unos 1.400 millones de sucres que luego los bancos no pagaron.

Los clientes de las entidades bancarias perdieron su dinero, otros vieron sus deudas crecer al punto de ser impagables y muy pocos de los responsables de esa crisis pagaron sus acciones. Por ejemplo, 16 años después, los dueños del Filanbanco, William y Roberto Isaías, prófugos de la justicia, radicados Estados Unidos, no han podido ser extraditados a pesar de que fueron condenados a ocho años de prisión por peculado.

El feriado bancario también marcó lo que vendría después: una migración nunca antes vista. Más de dos millones de ecuatorianos se vieron obligados a forzosamente abandonar su tierra natal y a sus familias principalmente con rumbo hacia Estados Unidos y España.

Tras el congelamiento de depósitos, en enero de 2000, se decretaría la dolarización de la economía.

Es aquí donde debemos recordar la figura de un personaje que aspira a obtener la primera magistratura este 7 de febrero, Guillermo Lasso, dueño del Banco Guayaquil. Él fue superministro de Economía en el gobierno de Mahuad y ha negado su vinculación al feriado bancario argumentando que en ese gobierno solo firmó su nombramiento y su renuncia.

Sin embrago, hay varios factores que confirman su responsabilidad y vinculación en este suceso que marcó negativamente la historia del país. En 1993 asumió como presidente del Banco de Guayaquil y fue nombrado presidente de la Asociación de Bancos. Como tal en 1994 fue vocal de la Junta Bancaria e hizo aprobar que el Banco Central entregue un crédito de salvataje al Banco Continental que quebró en 1996. En 1994 lideró (junto con Alberto Dahik) la aprobación de la Ley General de Instituciones Financieras que permitió la liberalización de los mercados financieros. El 10 de agosto de 1998 asumió como Gobernador del Guayas del Gobierno de Jamil Mahuad, cargo que ejerció hasta el 17 de agosto de 1999. Durante ese año ocurrió el feriado bancario y la quiebra del Banco del Progreso, siendo el banquero Lasso gobernador del Guayas y, coetáneamente, vicepresidente de la Asociación de Bancos.

Luego del feriado bancario, en agosto de 1999, asumió como superministro de Economía. Lasso deja aquella investidura en septiembre de ese año (37 días después de asumir el cargo) porque fracasó en hacer que el Congreso Nacional aprobara (sin déficit) el Presupuesto del Estado para el año 2000, condición que había puesto el Fondo Monetario Internacional (FMI), para concederle al gobierno de Mahuad un crédito externo.

Es aquí donde debemos recalcar que, con el congelamiento de depósitos, los cuenta ahorristas recibían Certificados de Depósito Reprogramados (CDR) a cambio de su dinero que estaba congelado. Pero la gente que necesitaba su dinero y no podía esperar durante un año, tenía la opción de canjear sus CDR en los bancos, con una penalización de entre el 40% y 50% del valor real, es decir, que por cada 100 dólares un ciudadano recibía apenas 50 o 60 dólares. Sin embargo, los bancos que hacían esta transacción podían canjear los CDR posteriormente en la Corporación Financiera Nacional (CFN) al valor real, vale decir, que el banco se quedaba con los 40 o 50 dólares que le pertenecían al cuenta ahorrista.

El Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, fue uno de los bancos que mayor cantidad de CDR canjeó, esto quiere decir que el actual candidato derechista se aprovechó de las necesidades de la gente para incrementar su fortuna personal. Lo anterior convierte a Lasso en cómplice de la peor crisis económica del país, pues se benefició del salvataje bancario.

Las cifras que dejó el feriado bancario fueron las siguientes: la inflación alcanzó hasta el 60 por ciento, el desempleo se ubicó en 14,7 por ciento, la depreciación del sucre aumentó un 190 por ciento y la fuga neta de capitales fue de 422 millones de dólares en 1998 y de 891 millones en 1999.

Amén, otras externalidades negativas causadas por Lasso y su miserable y delictiva obra (feriado bancario) fueron: reducción del poder adquisitivo de las familias con el sucre, la moneda nacional que desapareció tras reemplazarse por el dólar (un dólar por 25.000 sucres al cambio); unas 17 entidades bancarias fueron cerradas debido a malos manejos crediticios; el Estado realizó bonos AGD por 1.400 millones de sucres que los bancos no pagaron después. Luego del congelamiento de los depósitos, se decretó la dolarización de la economía en el año 2000 y dos millones de personas obligatoriamente fueron condenadas al ostracismo en el extranjero para volver a empezar desde cero sus vidas, cortesía del banquero inescrupuloso.

De acuerdo al investigador Pablo Jofré (2021):

La protección dada a Moreno (cabecilla de la felonía contra la Revolución Ciudadana correísta), por Washington es la misma dada al candidato de la derecha Guillermo Lasso, empresario y dueños de holding financieros, entre ellos el Banco Guayaquil cuyos principales ingresos se invierten en empresas inmobiliarias, fiduciarias y empresas off shore, lo que le permite eludir obligaciones tributarias y posibilita la libre extracción de capital. Es la paradoja de los candidatos como este banquero, plagado de discursos altisonantes de defensa de la patria y dotados de un verbo nacionalista, que en cambio buscan su resguardo financiero allende sus fronteras nacionales. Esta situación de depósitos en paraísos fiscales hubiese servido, por sí sólo, para impedir la candidatura de Lasso pero, como candidato de Washington, cuenta con todo el blindaje que dicho país otorga a sus incondicionales y servidores sin remilgos.

Resulta obsceno que la presidencia del Ecuador se esté discutiendo con un Guillermo Lasso que además es fundador de 49 empresas off shore ubicadas, principalmente, en las Islas Cayman donde destaca el grupo de empresas de Andean Investment cuyo capital pasó de un millón de dólares el año 1999 a 31 millones de dólares en el 2001. En Panamá, a su vez, posee fondos depositados bajo el nombre de empresas como Corporation Multibg, Banish Holding SA, Brotgers Investment Ltda. Si nos trasladamos a Estados Unidos y en específico el Estado de Florida, donde suelen campear los políticos de derechas que escapan de gobiernos progresistas y aprovechan las ventajas financieras que da Estados Unidos, Guillermo Lasso, su hermana, sus hijos, otros familiares y testaferros, sólo en este estado tienen registradas 29 empresas bajo el logo de “Nora” y “Malena” de los cuales quince empresas del grupo Nora: Investment LLC, Investment Dos LLC, Investment Doce LLC y algunas del grupo Malena: Uno LLC, US LLC, cuentan con un patrimonio inmobiliario que supera los 23 millones de dólares.

Por otra parte, las operaciones en el sector inmobiliario en el Estado de Florida, en Estados Unidos, por parte de las empresas de Lasso se habrían producido los dos años en que más personas fueron desahuciadas en aquel país durante la crisis provocada por la explosión de la burbuja inmobiliaria. Un total de 14,2 millones de personas perdieron su vivienda entre los años 2005 y 2012, en el año 2009 fueron 2,82 millones y 2,87 millones en el año 2010. Las empresas de Lasso obtuvieron grandes beneficios a costa de comprar lotes de viviendas de las personas que no podían pagar sus hipotecas y que tras su ejecución acabaron en la calle. Además, por haberse producido estas operaciones en el Estado de Florida, presumimos que muchas de las personas a las que Lasso compró su vivienda hasta a un tercio de su valor, aprovechándose de su situación de extrema necesidad, eran latinas.

Los hechos que pesan sobre Guillermo Lasso son moral y jurídicamente negativos e ingentes, por lo tanto, esperamos que las ecuatorianas y los ecuatorianos sopesen y ponderen los acontecimientos, anteriormente descritos, y tengan plena conciencia de la era oscura que vivió el país a raíz de la codicia e impudicia de un Guillermo Lasso y una banda rateril de cuello y corbata que se aprovecharon de una nación completa para satisfacer su sed de codicia y lucro. Es la hora de plantar cara en las urnas y decirle al banquero, que nuevamente va a la carga para tratar de expoliar las riquezas y derechos de la gente, que la ciudadanía ecuatoriana jamás le entregará su amada patria a un especulador carroñero que rentabilizó sus arcas personales merced a la desgracia de su propio pueblo. Recuerden ¡Prohibido olvidar!

Artículo tomado de:

pressenza.com

La Mala hora de Uribe

 El #FinDelUribismo​ es el tema del día en #LaHoraTripleA​ de #MesaCapital

Ecuador: Análisis coyuntural del Ecuador con miras a la segunda vuelta

«Rafael Correa no quería para nada a Lenin Moreno»

Javier Lasso

Sapiens – De animales a dioses – Iuval Noah Harari (Capítulos 1 al 8)

Audiolibro completo (Tomado de Helena audiolibros)

CAPÍTULOS 3 Y 4 (All copyright belong to the author Iuval Noah Harari©)

CAPITULOS 5 Y 6 (All copyright belong to the author Iuval Noah Harari©)

CAPITULOS 7 Y 8 (All copyright belong to the author Iuval Noah Harari©)

Uribe debe responder (Editorial periódico «EL PAÍS», de España)

EDITORIAL

Uribe debe responder

Es necesario para cerrar heridas en Colombia que el expresidente aclare su participación en los ‘falsos positivos’

EL PAÍS21 FEB 2021 – 18:30 COT

Sepultureros y expertos forenses buscan los restos de víctimas ejecutadas por miembros del Ejército colombiano durante el conflicto armado, en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, Colombia, el  pasado 10 de noviembre.
Sepultureros y expertos forenses buscan los restos de víctimas ejecutadas por miembros del Ejército colombiano durante el conflicto armado, en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, Colombia, el pasado 10 de noviembre.JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Después de casi tres años de investigación, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia publicó esta semana un estudio sobre el número de civiles asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en medio de combates, lo que se conoce como falsos positivos.Hasta ahora el dato oficial más fiable era el de la Fiscalía —2.248 muertes—, pero el tribunal surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las FARC eleva esa cifra a 6.402 solo entre 2002 y 2008 y advierte que pueden ser muchos más. La revelación vuelve a poner el foco en la política del expresidente Álvaro Uribe, que gobernaba Colombia durante el periodo investigado.

Uribe ha sido el gran opositor al proceso de paz de su sucesor, Juan Manuel Santos, y a la justicia transicional, que se negoció en La Habana. En el Senado impulsó con su partido, el Centro Democrático, reformas para diluir o acabar con el trabajo del tribunal. Los magistrados, a pesar del peso del uribismo en el Legislativo y en el Ejecutivo, han demostrado ser un órgano inquebrantable e independiente, y también han exigido respuestas de los máximos responsables de las guerrillas, motivo de celebración para la democracia colombiana.

Ha sido significativa, en este sentido, la reciente imputación de cargos por crímenes de lesa humanidad a los exdirigentes de la extinta guerrilla por los secuestros que cometieron durante décadas, una cruel práctica que ya reconocieron y por la que pidieron perdón. Se antoja más difícil ver algo similar con los falsos positivos. Aunque varios comandantes y soldados del Ejército se han acogido al proceso de la justicia transicional, en el que se evitan penas de cárcel a cambio de verdad y reparación, el reconocimiento por parte de los altos mandos militares ha sido más precario.

Uribe, como expresidente, no tiene una obligación legal ante la JEP. Aun así, el auto de esta semana hace hincapié en lo importante que sería su versión como comandante en jefe de las fuerzas militares para esclarecer los crímenes cometidos durante su Gobierno. En vez de comprometerse con el esclarecimiento, Uribe volvió a cargar contra sus críticos y acusó a organizaciones de derechos humanos de ser enemigas de su mandato.

La JEP, en su encomiable labor, pionera en cualquier proceso de paz, seguirá escuchando las versiones de militares que participaron en estos crímenes de Estado. Pero al demostrar con cifras que el mayor número de falsos positivos ocurrió entre 2002 y 2008 deja claro que Uribe guarda gran parte de la verdad sobre estos episodios. El conflicto, que se cerró después de más de cinco décadas, seguirá dejando heridas abiertas mientras haya, como en el caso del expresidente, quienes se niegan a afrontar sus responsabilidades.

TOMADO DE: Periódico «EL PAÍS», de España

Colombia: Uribe debe responder | Opinión | EL PAÍS (elpais.com)

Colombia. Ejército ejecutó 6.402 civiles en Colombia (el triple de los falsos positivos reconocidos)

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EN LAS VOCES DE LOS MILITARES «Los Falsos Positivos en Colombia»

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Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2020

Situación de los derechos humanos en Colombia

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos

Resumen
En el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evalúa la situación de los derechos humanos en Colombia en 2020, con énfasis en la seguridad y los derechos humanos, el espacio cívico, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo en el contexto de la pandemia del COVID-19. Asimismo, evalúa la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. En el informe, la Alta Comisionada presenta recomendaciones para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

I. Introducción

  1. El presente informe analiza la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Como lo señala el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP)1, el informe examina la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz relacionados con la justicia transicional, las garantías de seguridad, la reforma rural integral y los derechos de las víctimas.
  2. Durante 2020, hubo un impacto de la pandemia del COVID-19 en las actividades de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). No obstante, se mantuvieron las labores de seguimiento a la situación de derechos humanos a fin de brindar asistencia técnica a una gran variedad de entidades estatales en el ámbito nacional, departamental y municipal. Se realizaron 183 misiones al terreno y 798 actividades de fortalecimiento de capacidades con instituciones del Estado y la sociedad civil. El ACNUDH también colaboró con los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
    II. Contexto
  3. En respuesta a la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Colombia emitió dos decretos, uno en marzo y otro en mayo, declarando el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional2. El aislamiento preventivo decretado para enfrentar la crisis sanitaria tuvo un impacto en los derechos al trabajo, a un nivel de vida adecuado y a la educación. La emergencia sanitaria afectó de manera particular a las poblaciones que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres y la población rural, afrodescendiente e indígena, agudizando las desigualdades sociales.
  4. El ACNUDH valora las medidas adoptadas por el Estado colombiano para incorporar un enfoque basado en derechos humanos en su respuesta a la pandemia, reflejado en varios informes presentados por el Gobierno.3 El ACNUDH también valora los esfuerzos sostenidos del Gobierno para afrontar el ingreso de cerca de 1,8 millones de migrantes venezolanos desde 2015.
  5. Colombia continúa enfrentando violencia endémica, a pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año anterior, al pasar de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2020. En varias partes del país hubo una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no-estatales y grupos criminales. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) respondió al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas del 23 de marzo a un cese al fuego global, pero solo por un mes. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes reportada por la Policía Nacional es particularmente alarmante en los departamentos de Cauca (53,71), Chocó (54,31), Putumayo (42,8) y Valle de Cauca (45,17).
  1. La ausencia de una presencia integral del Estado, en estas regiones del país, limita la capacidad del Estado de cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación. El ACNUDH observó que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos ocurrió principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan la violencia endémica.
  2. La iniciativa del Gobierno de crear cinco “Zonas Estratégicas de Intervención Integral”4 ha buscado iniciar el establecimiento de una presencia integral del Estado en esas zonas. El despliegue de instituciones y autoridades civiles es crucial para la prevención de la violencia y la expansión de las garantías de derechos humanos.
  3. En 2020, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) continuó avanzando significativamente. No obstante, al ACNUDH le preocupan la persistencia de pronunciamientos públicos que cuestionan la idoneidad de las instituciones del Sistema Integral y sus funcionarios, y los proyectos de ley para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
    III. Seguridad y derechos humanos
    A. Situación de seguridad y de derechos humanos
  4. En 2020, el ACNUDH documentó 76 masacres5, que implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes. Otros cinco casos adicionales continúan siendo documentados. En el 66 por ciento de los casos, los presuntos perpetradores eran grupos criminales. Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62 por ciento de estos hechos. El Gobierno informó al ACNUDH que estableció una unidad espacial para coordinar la respuesta estatal a estos casos.
  5. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) verificó también el asesinato de 73 antiguos integrantes de las FARC-EP, para un total de 248 homicidios de este tipo desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 20166. El 17 de agosto, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación emitieron un comunicado conjunto7 expresando su preocupación por las masacres y la persistencia de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP.
  1. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios8, la violencia habría causado 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, el 76 por ciento de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño. Según la misma fuente, 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales.
  2. Preocupa al ACNUDH la falta de avance en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (prevista en el Acuerdo de Paz9). A pesar de haber convocado reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (encargada en virtud del Acuerdo de Paz de desarrollar esta política)10, hasta la fecha el Gobierno y los actores de la sociedad civil representados en esta entidad no han logrado acordar una política. El Gobierno propuso que las políticas públicas existentes eran suficientes, mientras que la sociedad civil elaboró y presentó una nueva propuesta de “Lineamientos de política pública para el desmantelamiento de los grupos criminales objeto del Decreto 154 de 2017” 11 para ser considerada por la Comisión.
  3. La implementación efectiva del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo aportaría sustancialmente a la prevención de la violencia. A pesar de los riesgos identificados por la Defensoría del Pueblo, varias masacres y homicidios fueron cometidos en 2020. El ACNUDH reitera la importancia de la Comisión Interinstitucional establecida por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en 2020, para dar seguimiento a la respuesta a las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas, y reitera su compromiso de continuar asesorando al Estado para la coordinación de una respuesta de mayor impacto.
    B. Violaciones por parte de la fuerza pública y las autoridades penitenciarias
  4. El ACNUDH saluda el diálogo con el Ministerio de Defensa sobre casos de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del ejército y la policía, y reitera su disposición para continuar con esa interlocución y brindar asistencia técnica.
  5. El ACNUDH recibió alegaciones sobre 42 casos12 de privaciones arbitrarias de la vida, en las que habrían estado vinculados miembros de la fuerza pública y autoridades penitenciarias, que resultaron en la muerte de 73 personas, incluyendo dos mujeres, siete niños, tres indígenas, cinco afrodescendientes y dos personas LGBTI. La policía habría estado presuntamente implicada en 30 casos, que involucran 37 víctimas; el ejército presuntamente en 11 casos, con 13 víctimas; y en un caso, las autoridades penitenciarias habrían sido presuntamente responsables de la muerte de 23 personas. En 38 de los 42 casos, las muertes ocurrieron en contextos de operaciones militares y policiales, mientras que cuatro ocurrieron cuando las víctimas estaban bajo la custodia del Estado. Trece de los 42 incidentes ocurrieron en el contexto de protestas. En todos los casos, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones.
  1. En los 38 casos relacionados con operaciones militares y policiales, 11 ocurrieron en el marco de la participación de militares en actividades de prevención y persecución de delitos, el cumplimiento de órdenes de captura y allanamiento, o erradicación de cultivos de uso ilícito y la lucha contra grupos criminales. El ACNUDH reitera que la participación de las fuerzas militares en dichas operaciones debe ser excepcional, justificada, temporal, restringida, y subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles13. Además, los militares que participan en operaciones de cumplimiento de la ley deben considerarse funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sujetos a los estándares y normas del derecho internacional de los derechos humanos sobre el uso de la fuerza14.
  2. Treinta y tres personas perdieron la vida en los cuatro incidentes registrados bajo custodia estatal en prisiones o centros provisionales de detención. En uno de estos casos, el 21 de marzo, 23 presos murieron en la prisión La Modelo en Bogotá, debido al presunto uso desproporcionado de la fuerza por guardianes de la prisión durante un motín. Otros tres casos ocurrieron dentro de tres Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional en Arboletes (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander) y Soacha (Cundinamarca), en donde según la información obtenida murieron 10 personas, incluyendo ocho que murieron quemadas dentro de sus celdas.
  3. El ACNUDH documentó tres casos de torturas y malos tratos presuntamente perpetrados por miembros de la policía y el ejército en Antioquia, Cesar y Guaviare. En uno de estos casos la víctima fue un joven a quien presuntamente se le torturó por ser homosexual.
  4. El ACNUDH valora la existencia de una política institucional del Ministerio de Defensa Nacional de cero-tolerancia frente a los actos de violencia sexual y resalta la necesidad de que sea implementada de manera urgente, en vista de los casos documentados en 2020 que involucran a integrantes del ejército y la policía en Nariño, Risaralda y Valle del Cauca. El ACNUDH observa que, en dos de esos casos, las víctimas eran tres niñas pertenecientes a pueblos indígenas (una en Risaralda y dos en Nariño).

TOMADO DE:
https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9547-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2020

Ecuador. «Andrés Arauz – Pudimoa detener un golpe, ese fue una nueva victoria»

El genocida que toma café a caballo, respondía sobre los jóvenes asesinados por el ejército, ¿no estarían cogiendo café?