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Redacción Mundo

Tomado de «El Espectador»

Aprueban proyecto en EE. UU. que condiciona la asistencia estadounidense a la Policía colombiana.https://buy.tinypass.com/checkout/template/cacheableShow?aid=ZUhps7eupu&templateId=OT2IN7DCZL5K&offerId=fakeOfferId&experienceId=EX3THJOL7SXP&iframeId=offer_fd92ea37412883b64097-0&displayMode=inline&pianoIdUrl=https%3A%2F%2Fid.tinypass.com%2Fid%2F&widget=template

Los legisladores estadounidenses no están conformes con las declaraciones del gobierno colombiano frente a las violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones por parte de la policía.

El gobierno de Joe Biden tampoco está satisfecho. Eso quedó claro durante la llamada que el mandatario le hizo a Iván Duque esta semana, en la que le expresó su apoyo a los derechos de los manifestantes que se movilizan pacíficamente. “Subrayó que la aplicación de la ley debe estar sujeta a los más altos estándares de responsabilidad y condenó los actos de violencia y vandalismo”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.

Y quedó ratificado este jueves cuando el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara aprobó un proyecto para condicionar la ayuda que Estados Unidos le otorga a la policía colombiana a mejoras en el tema de derechos humanos; una medida que solo aplicaba hasta ahora al Ejército. Y aunque el proyecto todavía debe recorrer un largo camino en la Cámara, ser aprobado por la Comisión de Apropiaciones y el pleno de la Cámara y luego por el Senado, es una señal muy fuerte para Colombia.

¿Qué significa esto? De acuerdo con Gimena Sánchez-Garzoli, directora del programa de los Andes de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA), “esta es una señal de que la Cámara Baja de Estados Unidos no está de acuerdo con la narrativa del Gobierno colombiano, está muy preocupado por las violaciones a derechos humanos y quieren más que un pronunciamiento de que habrá una reforma policial y de que se está investigando el asunto”.

En el proyecto del Subcomité de Apropiaciones aprobado hoy se presenta un informe adjunto en el que se hacen asignaciones para el Departamento de Estado, operaciones en el extranjero y operaciones en el extranjero, además de otros programas para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2022.

En dicho documento se incluyen US$461 millones para Colombia, pero se condiciona la entrega del monto que iría a la Policía Nacional; cerca de US$65 millones no serán entregados hasta que cumpla con las condiciones, de los cuales US$52 millones irían para la Policía y US$13 millones para el Ejército. Hace unas semanas, el presidente Biden había solicitado en su proyecto de presupuesto, US$453 millones para Colombia.

¿Qué condiciones imponen los legisladores en este proyecto de ley aprobado este jueves? Que el Departamento de Estado confirme que el país está investigando y castigando a los policías implicados en violaciones de derechos humanos; una precondición que ya se aplicaba al Ejército Nacional.

Los legisladores de la Cámara expresaron una seria preocupación por el respeto de la policía a los derechos humanos. Antes de aprobar este proyecto le solicitaron al gobierno de Biden recortar la ayuda financiera directa que recibe la Policía Nacional.

Al interior del Congreso, algunos políticos estadounidenses hacen lo que está a su alcance para que la Administración de Joe Biden “envíe una señal contundente al Gobierno colombiano”.

El congresista Jim McGovern, uno de los que apoyó la solicitud, habló con la Agencia Anadolu y aseguró que además de sugerir y apoyar el recorte financiero a la ayuda directa que recibe la Policía colombiana, está enfocado en evitar que el dinero de los contribuyentes estadounidenses sea utilizado para “dañar a los colombianos” que ejercen su derecho a protestar.

“Hemos alentado a la Administración de Biden a enviar una señal contundente al Gobierno colombiano de que estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Sugerí que suspendamos la asistencia de seguridad a Colombia, y ahora quiero asegurarme de que nada de nuestro dinero se vaya a la Policía Nacional, ya que se ha utilizado de la manera que hemos visto en los videos cuando la Policía está provocando a manifestantes inocentes y pacíficos”, dijo McGovern.

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Los representantes estadounidenses Albio Sires (D-N.J.) Y Joaquin Castro (D-Texas) también están presionando al gobierno de Biden para que controle la violencia política en Colombia.

“Nos preocupan profundamente los informes de decenas de desapariciones durante la represión de los manifestantes en Colombia. Hacemos un llamado al presidente Duque y al gobierno colombiano a que investiguen a fondo cada caso para localizar a los desaparecidos y reunirlos con sus familias “, dijeron la semana pasada en un comunicado.

Cuatro puntos claves

El proyecto del Subcomité de la Cámara de Apropiaciones, que debe ser aprobado primero por el Comité de Apropiaciones y luego ser ratificado por el Congreso, señala cuatro condiciones para la entrega de la asistencia.

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Una, es que la Jurisdicción Especial de Paz y otras autoridades judiciales avancen en el juzgamiento de responsables de violaciones de derechos humanos. Segundo, que el Gobierno prevenga más ataques contra defensores de DDHH, periodistas y otros actores de la sociedad civil; en tercer lugar piden medidas para proteger a indígenas y afrodescendientes y finalmente que policías y miembros del Ejército que se cree han participado en ejecuciones extrajudiciales, violaciones serias a los derechos humanos, interceptaciones sean investigados y llevados ante la justicia, además de retirarlos de sus cargos.

Esa condición ya existía en el caso de los recursos para el Ejército, pero ahora se extiende para que cobije también a la Policía Nacional. “Quieren garantías más concretas de que se va a reformar la policía y que va a haber mecanismos que aseguran que no se van a repetir este tipo de violaciones”, concluyó Sánchez-Garzoli.

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Por Telma Luzzani.

Fecha: 1 julio, 2021Autor/a: REDH Argentina0 Comentarios

¿Por qué Nicaragua y por qué ahora?

Por Telma Luzzani

Abruptamente, los medios de comunicación hegemónicos y la derecha colérica dejaron de criticar a Venezuela y enfocaron sus cañones contra Nicaragua ¿Por qué?

“Nicaragua el ‘gulag’ centroamericano”, tituló El País de España el domingo 27 de junio.   “Los métodos de represión, el odio, la sed de venganza que demuestra el gobierno de Ortega en Nicaragua superan las acciones represivas de la dictadura somocista”, advertía la BBC del Reino Unido, el día anterior.“La policía de Nicaragua siembra el miedo con arrestos y redadas”, aseguró The Washington Post, el 28.

Y así, todos los días. También el conglomerado mediático latinoamericano, socio del gran capital y alineado sumisamente a la política de Estados Unidos, repite y repite esos titulares casi sin cambiar las palabras. En el caso de países, como Argentina y México -con gobiernos que hacen equilibrio entre el bienestar general y las exigencias de los poderosos-, los medios aprovechan, además, para dar rienda suelta a sus pulsiones destituyentes. La línea argumentativa es más o menos así: “si no se condena a Nicaragua o a Venezuela como lo exige la Casa Blanca, Fernández y López Obrador –por contigüidad- son tan autócratas como Ortega o Maduro”.

La pregunta sigue siendo ¿por qué Nicaragua abruptamente ahora?

Hay dos aspectos. 1) La denuncia mediática sobre la detención de diecisiete personas entre ellos cinco que aspirarían a ser candidatos en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. 2) Los intereses que mueven a Washington y a sus “followers” para emprender esta embestida.

Para llegar al primero es necesario analizar el segundo. La codicia estadounidense por Nicaragua es de vieja data. En 1855, en pleno vértigo expansionista de EEUU, el filibustero norteamericano William Walker, al mando de un grupo de mercenarios llamados “Los inmortales”, invadió Nicaragua y se autoproclamó presidente. La Casa Blanca lo reconoció inmediatamente como jefe de Estado legítimo. Finalmente fue depuesto por los nicaragüenses.

El asedio en el siglo XX no disminuyó. Pero no sólo en Nicaragua. Desde la perspectiva de la seguridad geoestratégica, tanto en los documentos del siglo XVIII como en los más recientes de las academias militares o el Departamento de Defensa se señala al Mar Caribe como uno de los flancos más vulnerables para el imperio y donde es, por lo tanto, fundamental mantener el más férreo control.

Eso explica la brutal intervención del Pentágono en Centroamérica y el Caribe, (“las guerras bananeras”), en las primeras décadas del siglo XX. En su libro de 2007, “El taller del imperio: América latina, Estados Unidos y el surgimiento de un nuevo imperialismo”, el historiador norteamericano Greg Grandin de la Universidad de Nueva York, detalla cómo en los primeros 34 años del siglo pasado, EEUU realizó 34 invasiones militares a la región. “Ocupó Honduras, México, Guatemala y Costa Rica por períodos cortos y se quedó en Haití, Cuba, Nicaragua, Panamá y República Dominicana por largos períodos”. Tal es el valor que tiene la zona para EEUU, importancia que se mantiene aún hoy.

En el caso de Nicaragua, la ocupación armada estadounidense fue resistida y derrotada por el general Augusto Sandino, luego asesinado en 1934. Desde entonces y hasta el triunfo de la Revolución Sandinista de 1979, el clan Somoza garantizó total sumisión al mandato norteamericano. A partir de 1979, ante las dificultades del imperio para sojuzgar a Nicaragua, fueron usadas todo tipo de estrategias legales e ilegales para mantener el control de ese país.

Es por eso que las actuales denuncias contra el gobierno de Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos (aunque no hay denuncias de manifestantes ciegos como sucede en Chile ni líderes defensores de derechos humanos asesinados como en Colombia) pueden tener más de una lectura.

La primera es que, en efecto, el gobierno esté persiguiendo opositores. Según el presidente Daniel Ortega se trata de gente que ha cometido delitos. En cualquier caso, deberá investigar y probarlo la justicia.

La segunda es que Estados Unidos –no por las buenas razones- haya puesto en marcha su maquinaria mediática para frustrar un hipotético triunfo sandinista en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Si es así, en los próximos meses podría haber festivales de apoyo a los nicaragüenses, misiones de ayuda humanitaria e incluso, aparecer un Juan Guaidó nicaragüense (tal vez alguien vinculada a la ex presidenta Violeta Chamorro).

Una tercera lectura la tomo prestada de Carlos Fonseca Terán, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Según él, Nicaragua es, desde 2007, “uno de los países con la mayor reducción de la pobreza y la desigualdad social a nivel mundial”. En una palabra, desde la perspectiva de EEUU, un mal ejemplo.

Fonseca Terán da cifras sorprendentes: “Es el país con el mayor nivel de acceso al ejercicio directo de la propiedad sobre los medios de producción para la clase trabajadora en el hemisferio occidental (más del 50% del PIB y cerca del 80% de las unidades económicas)”.

En cuanto a la seguridad, Nicaragua es “el más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de América Latina, con un índice de 3.5 homicidios al año por cada 100,000 habitantes, siendo Costa Rica el más cercano con 11.2”. Otros logros sociales son la reducción del analfabetismo del 35% a sólo 3% y la mortalidad infantil, de 29 a 11.4 por cada mil nacidos vivos.

Vale la pena leer la nota de Fonseca Terán porque, además de información desconocida sobre el país, da precisiones sobre la ley electoral; sobre la supuesta alianza del FSLN con la jerarquía católica y sobre las detenciones y los detenidos entre quienes hay ex sandinistas.

En un momento de enorme vulnerabilidad para sus ambiciones imperiales, Washington debe evitar a como dé lugar cualquier desorden en las Américas. Ahora parece que le ha llegado el turno a Nicaragua.