Autoritarismo, violencia y descalificaciones contra la protesta social en Bogotá y Medellín.
Tomado de: Tercer canal, Hollman Morris
Una docena de heridos y casi 100 detenidos dejó la represión contra movilizaciones en Colombia

Tomado de: Tercer canal, Hollman Morris

Junio 15 de 2020
Tomado de https://www.vtv.gob.ve/venezuela-celebra-56-anos-fundacion-g77/
Habla Miguel Ángel Del Río Malo, abogado que descubrió, enredadas en un expediente por asesinato en que él es apoderado de la víctima, los audios de conversaciones del colaborador vallenato de la campaña electoral del Presidente, José Guillermo “Ñeñe” Hernández, con la exasesora del senador Álvaro Uribe, Claudia Daza, que origina el denominado escándalo de la “ñeñepolítica”. Denuncia que la Fiscalía intentó desaparecer estas pruebas y asegura que hay más grabaciones que no le quieren entregar.

El proceso penal del tristemente famoso “Ñeñe” Hernández se ha enredado tanto que es difícil de entender ¿Cómo, en qué año y por cuáles hechos se origina este caso que interesa al país por unos audios de ese individuo en que hablaba sobre apoyo espurio a la campaña presidencial del actual jefe de Estado?
Los hechos tienen su origen en el asesinato, por error, del joven de 27 años Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, en Barranquilla, en agosto de 2011, cuando los sicarios pretendían asesinar a su padre Carlos Rodríguez Gómez por una deuda que José Guillermo Hernández, alias “el Ñeñe” Hernández, tenía con este. Por ese homicidio se abrió un proceso penal y dentro de sus labores investigativas, la Fiscalía determinó interceptar, entre los años 2018 y 2019, al Ñeñe como presunto determinador del crimen. Algunos de los audios grabados a Hernández fueron los que dieron inicio a la llamada “ñeñepolítica”.
Ese proceso penal podría ser uno más de los miles que hay en Colombia. Salta al interés nacional cuando, este año, se conocen los audios que usted menciona en que “Ñeñe” Hernández habla con una asesora cercana al expresidente Uribe (Claudia “Caya” Daza), sobre una supuesta compra de votos para la campaña electoral del hoy presidente Duque, en Cesar y Guajira ¿Usted descubrió esos audios y cómo los obtuvo?
Así es: descubrí la existencia de esos audios. Se le estaban haciendo interceptaciones al Ñeñe para establecer su posible participación en el homicidio de Óscar Eduardo. Cuando la Fiscalía 21 de Crimen Organizado que adelanta este caso, me dejó ver el material probatorio, como abogado de la víctima que soy, me di cuenta de que había un informe de Policía judicial, del 26 de mayo de 2018, que advertía que, en algunas de las grabaciones, se podría detectar la materialización de un fraude electoral. Sin embargo, el informe escrito no contenía el disco con los audios. El propósito de la Fiscalía era ocultarlos…
Porque en los informes judiciales se les advertía a los dos fiscales que han pasado por este caso, sobre la existencia de los presuntos fraudes electorales y ninguno compulsó copias para que se abriera otra investigación por esos hechos nuevos. La Fiscalía 21solo me entregó parte de las grabaciones al Ñeñe. No tuvo más alternativa que dármelas cuando las pedí insistentemente y después de muchas dilaciones.
¿Por qué decidió darlas a conocer a través de unos periodistas?
Decidí ponerlas en conocimiento de la opinión pública por dos razones: primera, para probar que el proceso penal por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez se había estancado por motivos diferentes al mismo; y segunda, para denunciar ante las autoridades, como me corresponde hacerlo, las presuntas irregularidades relacionadas con la campaña del presidente Duque.
Quisiera que fuera preciso: ¿usted cree que los dos fiscales que han pasado por este caso, conocieron las grabaciones del Ñeñe con la exasesora del senador Uribe y las ocultaron dolosamente?
Porque en ese despacho había un gran desorden administrativo y esos informes estaban ahí, sin que aparentemente nadie se hubiera dado cuenta de su existencia. Yo pude encontrarlos después de la audiencia de acusación contra alias Marquitos Figueroa por el asesinato de Óscar Eduardo, cuando revisé el expediente. Ahí los descubro en medio de un cúmulo de papeles pero, repito, sin las grabaciones. Le exijo, entonces, al fiscal Olaya la entrega de ese material probatorio pero él me dice que no existe. Me molesté y le advertí que yo tenía el informe dirigido a su despacho que relacionaba las grabaciones. En ese momento empezó una cacería de brujas en contra de los investigadores policías para establecer si alguno de ellos me había entregado esos informes. Todo esto me lleva a interpretar que la Fiscalía quería ocultar tanto los informes como los audios…
¿Es por eso que cuando se publica la transcripción de una de las grabaciones, se difunde, en varios medios, la versión de que los audios no existían?
¿Cree que la Fiscalía y la Dijin se enfrentaron, entonces, por estas versiones?
Es posible debido a la sospecha que tenía, ya no solo el fiscal del caso sino el mismo Fiscal General sobre la presunta filtración de los informes de los investigadores, a mí. Esos investigadores son los policías de la Dijín que hoy están capturados como sospechosos de haber contaminado las pruebas de la ñeñepolítica ¿Entiende usted el contexto que explicaría su actual detención y la acusación en su contra?
Sí. De manera inmediata hemos exigido la entrega total de los audios faltantes y hemos puesto en conocimiento de las autoridades, particularmente de la Procuraduría y de la propia Fiscalía, lo que ha sucedido para que investiguen las intervenciones de los funcionarios cuyo propósito era ocultar información relevante para el proceso, para la ciudadanía y para el Estado de derecho. La cacería de brujas también se desató contra mí: cuando fui a exigir al despacho la entrega de las grabaciones restantes, fui fotografiado dentro de la edificación de la Fiscalía conocida como el bunker y las fotos fueron subidas a las redes no solo como una forma de amenaza contra mí advirtiendo que me tenían vigilado sino, también, dejando la sensación de que yo estaba realizando actividades ilícitas.
¿Cuántos audios del “Ñeñe” hablando sobre la campaña electoral conoce usted, con cuál o cuáles miembros de la campaña Duque conversaba y en cuáles fechas?
Los audios que conoce la opinión pública, ¿son todos o hay más que no se le hayan entregado a usted como lo ha sugerido a lo largo de esta entrevista?
Los audios que tengo en mi poder, no son todos. Faltan muchísimos más. De un total de 25 mil registros adicionales, la Fiscalía no me ha hecho entrega de ellos. Resalto que el ente investigador no tiene la opción sino la obligación de darme la totalidad de los audios so pena de incurrir entre otras faltas graves, en violación al debido proceso y a la necesidad de establecer la verdad material sobre el asesinato del joven Óscar Eduardo Rodríguez. A mi juicio, queda en evidencia el temor del Fiscal General, Francisco Barbosa, de que se me haga entrega de dicho material por las implicaciones que tendría ese material.
Consta que hay dos discos compactos (CDs) con 25 mil interceptaciones cada uno. La Fiscalía me hizo entrega de uno de ellos. He enviado tres solicitudes y una petición directa al juez de conocimiento del proceso por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez, para que ordene que se me entregue el resto.
¿Sabe o supone cuáles grabaciones hay en el disco que no le han entregado?
Ahí se encuentran las interceptaciones del 26 mayo – un mes antes de las elecciones presidenciales -, al 19 de noviembre de 2018. Entiende usted la importancia de este material que contiene las grabaciones de conversaciones del Ñeñe previas a la segunda vuelta presidencial.
En cuanto a los investigadores policías del proceso, ¿cuáles son los delitos que se les imputan y por qué un tercer fiscal les abre una causa y pide su detención?
La Fiscalía argumenta de manera equivocada, que dentro de las interceptaciones del Ñeñe, en el grupo de grabaciones de mayo de 2018, estos investigadores incluyeron cinco líneas adicionales pertenecientes a policías activos, sospechosos de cometer unos delitos en Cali. Sin embargo, el hecho es que esas líneas habían sido aportadas por alias la Penca diciendo que esas personas hacían parte de la organización de Marquitos. Es importante anotar que pudimos determinar que, desde 2019, la organización de Figueroa estaba preparando un montaje en contra de estos funcionarios de la Dijin. Hay una denuncia escrita y formalizada al respecto en que consta este hecho.
No dudo que el proceso contra estos dos policías tiene un carácter político. Conozco al mayor Tocarruncho y el sargento Velásquez de tiempo atrás porque eran quienes investigaban el asesinato de Óscar Eduardo. Mi relación con ellos era de cooperación, con el propósito de esclarecer el homicidio en el entendido de que la Fiscalía trabaja de la mano con la representación de las víctimas. Debido a esto, no permitiré que se cometa una injusticia contra ellos pues, según creo, el único propósito que tiene la Fiscalía es el de desprestigiar el trabajo riguroso que se hizo y contaminar la prueba original del Ñeñe en cuanto a su participación en la campaña electoral del Presidente.
Cabe la posibilidad de que estos investigadores sí hubieran introducido al proceso legal en que se ordenó interceptar al Ñeñe, líneas telefónicas que no tenían nada que ver con el caso, que es de lo que se los acusa ¿Contempla esta hipótesis?
La realidad probatoria establece que sí ingresaron unas líneas pertenecientes a unos policías activos de la Dijin. Eso no está en duda. Lo que nosotros, como defensa de los investigadores, advertimos, es que esas líneas ingresan por los señalamientos formales de una de las fuentes del proceso, alias la Penca. El fiscal que los investiga sostiene que ingresaron porque los investigadores capturados querían chuzar a sus compañeros voluntariamente y por otras razones.
Una semana antes de las capturas de los dos policías, el fiscal Daniel Hernández decidió escuchar en declaración a la primera fiscal que tuvo el proceso por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez, Jenny Andrea Ortiz. Esta funcionaria aseguró que yo había participado en un soborno a un testigo. Basado en esa declaración, el fiscal Hernández compulsó copias contra mí y, al iniciar la audiencia preliminar contra los policías, argumentó conflicto de interés en mi contra. Yo interpreto que había un plan preconcebido entre la fiscal Ortiz y el fiscal Hernández para apartarme del proceso con el propósito de presionar a los investigadores policías a aceptar cargos. Lo curioso es que la fiscal Ortiz habría conocido mi actuación dolosa hace años y solo ahora la denuncia. Raro. El juez de garantías, luego de escucharme, no avaló esa solicitud y continúo representando a los dos policías.
Desde el momento en que mi representado Carlos Rodríguez encuentra a su hijo asesinado, sus declaraciones apuntaban a la presunta responsabilidad del Ñeñe. Sin embargo, fue mucho después, a través de informes de Policía Judicial, que alias “la Penca”, exmiembro de la organización de Figueroa, precisa la relación entre el Ñeñe y Marquitos. Aseguró que el Ñeñe hacía parte del brazo político de esa organización criminal y que los sicarios que participaron en el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez habían sido los autores de otros crímenes endilgados a esa banda.
¿Por qué ese personaje alias la Penca, sabía sobre el crimen y sobre la banda de Figueroa?
Porque él era miembro de la organización de Figueroa y manejaba el contrabando de gasolina, además de que era familiar del propio Marquitos. En cuanto al homicidio de Óscar Eduardo, según su versión, él presenció una conversación entre el Ñeñe y la plana mayor de esa banda, en una fiesta en donde se concertaron para cometer el asesinato del señor Rodríguez que terminó en el homicidio de su hijo.
Usted ha dicho que lo que pretende la Fiscalía con la detención de los policías investigadores y con las sospechas sobre su propia conducta, es enredar la investigación sobre supuesta compra de votos y sobre la influencia de un presunto lavador de dólares y aliado de narcos (“Ñeñe” Hernández), en la campaña del presidente Duque. En su criterio de abogado, ¿se podrían invalidar las pruebas que implican a miembros del círculo gobernante y con esto se caería todo el caso?
Desde un principio he argumentado que judicializar a los policías investigadores que participaron en las interceptaciones del Ñeñe responde a una estrategia del fiscal Barbosa para sepultar la ñeñepolítica. Si logra que la etapa de interceptaciones a Hernández que comienza el 26 de mayo de 2018 sea decretada nula por un juez de conocimiento, se contaminaría necesariamente la grabación en que conversan el Ñeñe y Claudia Daza y otras más que corresponden a ese periodo. Y quedarían sin piso las investigaciones por presunto fraude electoral en la campaña presidencial tanto en Fiscalía, como en la Comisión de Acusación y en la Corte Suprema. Este propósito es el que, al mi juicio, hace que el Fiscal General no se declare impedido.
Usted es el apoderado del padre de quien fuera asesinado por error, crimen por el cual se abre investigación contra el Ñeñe ¿A cuáles actividades se dedicaba su cliente para tener tanto dinero como el que se dice que le debía el “Ñeñe” y cuya deuda habría motivado ese homicidio?
Llegué al proceso por ese homicidio en 2018, 7 años después de iniciado, en un momento muy crítico para la investigación porque, debido a la falta de diligencia de la Fiscalía, los autores materiales del asesinato del joven Óscar Eduardo Rodríguez habían sido dejados en libertad por vencimiento de términos y no se había hecho nada para establecer quiénes habían ordenado el homicidio. Hoy, el autor material aceptó cargos y fue condenado a 20 años de prisión. Alias “Marquitos” Figueroa (jefe de una estructura de narcotráfico en Guajira y Cesar), presunto determinador del crimen junto al Ñeñe, tiene medida de aseguramiento y el juicio contra él está próximo a iniciarse. Sobre el dinero de mi cliente, es importante aclarar que, contrario a lo que se ha dicho, el monto real de la deuda del Ñeñe con él no sobrepasaba los $400 millones de pesos. El señor Rodríguez, padre de la víctima, era propietario de la famosa sastrería GQ, en Barranquilla, que vestía a los artistas vallenatos y tropicales más populares de la época.
TOMADO DE: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-fiscalia-quiso-ocultar-los-audios-de-el-nene/
MARÍA JIMENA DUZÁN, Junio 13 de 2020
11 Junio, 2020
Izquierda, Bernardo Ramírez Blanco, narcotraficante convicto. Derecha, Álvaro Rincón y Marta Lucía Ramírez Blanco, vicepresidente de Colombia.Por GONZALO GUILLÉN Y JULIÁN F. MARTÍNEZ
Bernardo Ramírez Blanco, de 58 años de edad, hermano de la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez Blanco, en 1997 fue arrestado y condenado en Estados Unidos a cuatro años y nueve meses de prisión por tráfico de heroína. Cuando tuvo oportunidad de salir libre, la fianza, de US$ 150 mil, la pagó ella junto con su esposo, Álvaro Rincón, ambos enredados hoy por sus nexos comerciales con el narcotraficante Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma.”

Constancia judicial de que la hoy vicepresidente de Colombia pagó la fianza de su hermano el narcotraficante Bernardo Ramírez Blanco.
Al pago de la fianza también contribuyó alguien identificada como Luz Mireya Rodríguez.
El hermano de la vicepresidente fue detenido en Miami en julio de 1997, cuando recibía un cargamento de heroína que dos “mulas”, reclutadas por él, transportaron por vía aérea desde Aruba. A su regreso, llevaron la droga en cápsulas que se tragaron, fabricadas con condones, dicen la acusación y la sentencia judicial condenatoria.
La acusación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de la Florida y el juicio se llevó ante la Corte Federal del mismo distrito.
El investigador del caso fue el agente de la DEA Shaun Perry, quien tuvo información según la cual los colombianos residentes en Miami Alejandra Osorio Vargas y Miguel José Aguilera Asencio viajarían a Aruba y regresarían con un alijo de heroína entre sus estómagos.
En efecto, de acuerdo con el agente Perry, ambos llegaron en el vuelo número 760 de Air Aruba, el 12 de julio y fueron arrestados cuando se disponían a entregarle la droga ilícita a Ramírez Blanco.
Durante la campaña electoral que la llevó a la vicepresidencia de Colombia, Marta Lucía Ramírez nunca les informó a sus electores que tenía un hermano narcotraficante al que había liberado con una fianza.

Aspecto de la resolución de acusación o “indictment” por narcotráfico contra el hermano de la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien fue condenado.
El hermano de la hoy vicepresidenta, de acuerdo con la acusación, reclutó a Osorio Vargas y Aguilera Asencio en Miami y los envió a recoger la droga en Aruba, donde se la tragaron y regresaron dos días después.
El agente Perry reveló que los datos obtenidos por sus fuentes coincidieron con las listas de pasajeros que solicitó a Air Aruba en las que, evidentemente, figuraban Osorio Vargas y Aguilera Asencio.
El 16 de julio, dice Perry, supo que ambos colombianos ya habían regresado a Miami y se dirigió a la residencia de Vargas en Miami Beach. A las
5:30 de ese día Perry y otros dos oficiales de la DEA montaron sendos puestos de vigilancia a los edificios donde vivían Osorio Vargas y Aguilera Asencio.
Posteriormente, el agente Perry se percató de que Aguilera Asencio salió con una cartera de viaje y un estuche porta-CDs. Lo alcanzó, lo interceptó y le pidió identificarse.
Aguilera Asencio explicó que recientemente había llegado de Aruba junto con Osorio Vargas.
A continuación, los agentes visitaron a Osorio Vargas y ella dio la misma explicación. También fue arrestada y llevada al hospital Mount Sinai, donde fue sometida a Rayos X. Entre 16 y 18 de julio Osorio Vargas expulsó 65 capsulas de heroína y Aguilera Asencio 35.
El 17 de julio los agentes encontraron 35 capsulas más en la bolsa de viaje de Aguilera Asencio.
Vargas y Aguilera Asencio decidieron cooperar con los agentes y les contaron que le iban a entregarle la droga al hermano de la actual vicepresidente de Colombia, Bernardo Ramírez Blanco. Explicaron que él fue la persona que “los dirigió para que fueran a Aruba a obtener la heroína y quien recibiría la droga a la llegada a Miami”, sostiene el agente Perry.
El 18 de julio de 1997, alrededor de las 4:45 de la tarde, Vargas habló por teléfono con Ramírez. La conversación fue grabada por la DEA y el agente Perry la reveló en juicio.
Las dos “mulas” quedaron en encontrarse con Ramírez en Aventura Mall para entregarle la droga.
El encuentro se produjo a las 7:52 pm. Osorio Vargas le dijo al hermano de la vicepresidente Ramírez Blanco que tenía la droga afuera, en su vehículo, fue a retirarla y regresó.
Ramírez Blanco y Osorio Vargas tuvieron una discusión y posteriormente se produjo el arresto de él. El narcotraficante pidió que se le permitiera ir hasta Nueva York con el objeto de encontrarse con su hermana Marta Lucía Ramírez Blanco, quien, aseguró, era una persona muy importante que podría solucionar esta situación penal por tráfico de heroína.

Tras ser capturado en Miami por narcotráfico, Bernardo Ramírez Blanco pidió que se le permitiera ir a Nueva York a buscar el amparo de su hermana Marta Lucía Ramírez Blanco, hoy vicepresidente de Colombia. No se le concedió esa solicitud.
El pasado 7 de abril, la organización Insight Crime reveló la identidad del narcotraficante colombiano Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido con los alias de ‘Sebastián Colmenares’ o ‘Memo Fantasma’ quien tiene negocios inmobiliarios con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Blanco y su esposo, Álvaro Rincón.
NOTA: La vicepresidenta Marta Ramírez Blanco fue contactada por La Nueva Prensa para que tuviera la oportunidad de dar su punto de vista pero no contestó. Ver carta:

Bernardo Ramírez Blanco, hermano de Marta Lucía Ramírez, fue condenado a 57 meses de cárcel en los noventa por conspirar para ingresar heroína a Estados Unidos con mulas. “De estos hechos he dado cabal información a las personas que (…) debían conocerlos”, dice la vicepresidenta. Esta es la historia.

Bernardo Ramírez Blanco, hermano de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Esta información, que permaneció oculta por más de 20 años, la acaba de revelar el portal La Nueva Prensa y consta en documentos públicos del sistema judicial de EE.UU., que dan cuenta de su captura en julio de 1997 y de las pruebas en su contra. El 27 de enero de 1998, el hermano de la alta funcionaria colombiana aceptó el cargo de haber conspirado para introducir heroína a EE.UU. desde la isla de Aruba. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida lo condenó a 57 meses de prisión.
La DEA (Drug Enforcement Agency), una agencia que la vicepresidenta hoy conoce bien por su cercano trabajo con Colombia, dio con las acciones ilegales de Bernardo Ramírez a través de otros dos colombianos que hicieron de correos humanos para meter heroína a Estados Unidos por el aeropuerto de Miami en julio de 1997. Así lo contó el agente Shaun Perry, quien para entonces llevaba apenas un año trabajando en la unidad de High Intensity Drug Trafficking Area de Florida, cuando una fuente humana con la que ya había trabajado le contó que Alejandra Vargas Osorio y Miguel José Aguilera llegarían en los próximos días desde Aruba con una carga de heroína en sus estómagos.
Los agentes de la DEA estuvieron pendientes de las listas de pasajeros que llegaban de Aruba por dos días seguidos sin mayor éxito, hasta que, el 16 de julio, su fuente lo contactó de nuevo y le dijo que Vargas y Aguilera ya habían llegado a Miami. Las autoridades llegaron hasta la casa de Vargas, donde Aguilera admitió al cabo de un rato haber ingerido grandes píldoras de heroína para ingresarlas a territorio estadounidense. Fueron arrestados. A ambos les hicieron rayos equis, que revelaron la presencia en su cuerpo de la sustancia psicoactiva y que luego expulsaron mientras estaban hospitalizados. En total, habían ingerido 65 píldoras entre los dos y llevaban otras 30 en la maleta de Aguilera. Dos días después, ambos aceptaron cooperar con la justicia.
El rol de Bernardo Ramírez
Allí surgió el nombre de Bernardo Ramírez, el hermano de la vicepresidenta. Según los dos capturados, fue él quien los condujo a Aruba por la heroína y a quien deberían contactar en Miami para que les recibiera la droga, una vez llegaran a Estados Unidos, según reza en la acusación en contra de los tres. Fue entonces que la DEA planeó una entrega controlada de heroína y le pidió a Alejandra Vargas llamar a Ramírez Blanco para cuadrar un encuentro, como si todo anduviera según lo planeado con la organización criminal para la que trabajaban. No obstante, Ramírez Blanco no contaba con que todo lo que dijo e hizo estaba siendo monitoreado.
Ese 18 de julio, Vargas llamó varias veces a Bernardo Ramírez. “Durante estas conversaciones, Vargas y Ramírez hablaron de establecer un lugar de reunión para que Vargas entregara la heroína a Ramírez y cuánto se le pagaría a Vargas por sus esfuerzos”, reza el indictment (acusación) contra Ramírez. Acordaron, entonces, que el encuentro sería en el exclusivo centro comercial Aventura, al norte de Miami, a donde ambos llegaron sobre las 7:52 de la noche. Mientras Ramírez Blanco pensaba que iba a terminar con normalidad su transacción de drogas, al lugar llegaron también agentes federales que, de nuevo, escucharon todo lo que dijo.
Vargas le dijo a Ramírez Blanco que la acompañara a su auto porque tenía la heroína allí. Caminaron con tranquilidad hasta el parqueadero y, una vez la maleta con la droga estuvo en manos de Ramírez, los agentes de la DEA hicieron presencia en el lugar, lo capturaron y tres días más tarde lo llamaron a juicio por tres delitos de narcotráfico. El nombre de la alta funcionaria colombiana quedó registrado unos días después, el 24 de julio, cuando Marta Lucía Ramírez, quien para entonces era presidenta de Invercolsa, se presentó en la Corte del Sur de la Florida junto a su esposo el empresario inmobiliario Álvaro Rincón para interceder por su hermano.
La vicepresidenta Ramírez y su esposo llegaron hasta Florida para actuar como codeudores de la fianza de Bernardo Ramírez Blanco. Al hermano de la alta funcionaria le habían impuesto una sanción de $150.000 dólares como requisito para quedar en libertad mientras el proceso en su contra avanzaba. Ramírez Blanco aceptó pagarlos el 25 de julio de 1997, reportó tener una cuenta bancaria que lo sustentaba y, además, la vicepresidenta y Rincón le sirvieron de personal surety. Es decir, intervinieron en su favor como deudores solidarios para que pudiera quedar libre.
El proceso siguió su curso y, durante todo el caso, Ramírez Blanco tuvo un defensor público. El hermano de la alta mandataria aceptó colaborar también con la justicia y firmó un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar uno de los delitos de los que le acusaban a cambio de que le redujeran la sentencia. Esa negociación recibió luz verde de un juez el 27 de enero de 1998 y, así, Bernardo Ramírez, quien para entonces tenía 36 años, fue sentenciado a casi cinco años de prisión. El castigo en su contra incluyó la orden de que, en el futuro, Ramírez Blanco no pudiera volver a obtener permisos para portar armas de fuego.
La vicepresidenta se defiende
El Espectador reproduce en su integridad el comunicado que publicó la vicepresidenta Ramírez sobre la condena de su hermano:
«Bogotá, 11 de junio de 2020
Mi familia, como desafortunadamente tantas otras en Colombia, sin distingo de clase social, vivió hace 23 años -en 1997- una tragedia, derivada de que uno de mis hermanos siendo muy joven, se involucró en un negocio fácil y, en consecuencia, fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes.
Su error ha costado muchos años de sufrimiento a nuestra familia y a él.
Vivimos con mucho dolor su circunstancia, pero también lo acompañamos con el amor de hermanos, como lo hicieron mis padres, porque los lazos de la familia no desaparecen frente a la adversidad y la vergüenza.
Como la mayoría de los colombianos, he luchado con ahínco contra el narcotráfico, con la experiencia de saber que es una actividad que ha dañado la vida de millones de familias en Colombia y en el mundo.
Tuvimos que ayudarlo firmando una garantía, no una fianza, para asegurar que se presentaría a la justicia, como en efecto lo hizo, acompañado de mi esposo y de mí, quienes lo llevamos a una corte de la Florida para que reconociera su falta y respondiera por ella.
Pagó pena de cárcel por 4 años y medio, y hace 23 años quedó en libertad por cumplimiento de la pena. Desde entonces, ha estado dedicado a trabajar honestamente, hoy es un hombre de bien y junto a su familia, lleva una vida decente y honrada.
Esta experiencia familiar, que lamentablemente hemos vivido, me ha llevado a luchar sin descanso por lograr que los jóvenes de nuestro país tengan oportunidades y trabajen honestamente por salir adelante, sin dejarse atraer por la tentación del dinero fácil.
De estos hechos he dado cabal información a las personas que, en los diferentes momentos de mi vida laboral, consideré que debían conocerlos. Son hechos obviamente ajenos a mi.
Lamento que mis enemigos políticos decidan acudir a la bajeza de estos ataques contra una mujer como yo que lo único que ha hecho es trabajar honestamente y sin descanso por Colombia. Los ataques contra mi familia hacen parte de una estrategia sistemática para desacreditarme.
Esa es la política que todos los colombianos rechazamos.
Seguiré, sirviendo al país con todas mis fuerzas y dedicación hasta el último de mis días».
Mientras tanto, el presidente Iván Duque se pronunció al respecto desde su cuenta de Twitter defendiendo y respaldando a quien escogió como su fórmula presidencial:
Hace 23 años @mluciaramirez y su familia vivieron una tragedia por el delito cometido por un ser querido. Sobreponiéndose a esa lamentable situación, le ha servido al país con honorabilidad y entrega patriótica. #ApoyoALaVice
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Etiquetado Bernardo Ramirez Blanco, colombia, Marta Lucía Ramirez narcotrafico
Tomado de «Somos Colombia», en su publicación virtual de Youtube, con un copy de la dirección del video.
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