Introducción
Diversos Estados que han transitado recientemente hacia regímenes formalmente democráticos se encuentran en condiciones de crisis, que se aprecia al menos en tres aspectos: el Estado, entendido como conjunto de burocracias capaces de cumplir su tarea con eficacia; la efectividad en el apego al orden legal a lo largo del territorio; y el carácter público de las acciones de los organismos estatales. Tal es el caso de varios Estados considerados en vías de desarrollo. Comparten, de manera variable, el hecho de ser Estados notablemente débiles, que cuentan con un alto grado de heterogeneidad, tanto en su presencia territorial como en su control efectivo sobre las diversas dimensiones del ámbito público y los diferentes actores sociales. En ellos, la vida pública doméstica se caracteriza por un notable hiato entre la institucionalidad formalmente establecida y las prácticas realmente adoptadas.
Uno de los supuestos fundamentales de las teorías del Estado aceptadas hoy en día es que existe una alta homogeneidad en los alcances territoriales y funcionales del Estado; sin embargo esta condición no se cumple en los casos a los que aquí se alude. En ellos, el poder público, se constituye como un sistema de poder privatizado. La ley se aplica discrecionalmente, con base en la asimetría de poder existente. Cuando dichos Estados han pretendido desarrollar el entramado institucional de la democracia representativa, sólo lo han hecho de manera parcial. En ellos, la democracia sólo se cumple en su aspecto electoral, mientras que los componentes esencialmente liberales de la misma –poder acotado por leyes, igualdad ante el Estado, libertades individuales y derechos humanos– se encuentran notablemente disminuidos y la distinción entre los ámbitos público y privado es incierta. La democracia que se ha generado en ellos puede ser definida como un régimen que adolece, de manera crónica, de la falta de institucionalización de muchas de las garantías liberales, generalmente consideradas pilares de la democracia contemporánea. La debilidad presencial y funcional del Estado en que este régimen se asienta y los escasos márgenes para la institucionalización del conflicto que genera, hacen más vulnerables a sus instituciones y su sociedad, ante actores sociales violentos, entre los que se encuentra el crimen organizado.
El crimen organizado ha puesto en entredicho la capacidad de gobierno de diversos Estados debido a que: a) amenaza con sustraer porciones considerables de sus respectivos territorios del control efectivo del Estado; b) vulnera la capacidad estatal de asignar valores públicos y garantizar su vigencia a través de la ley y la coerción legítima; c) ha debilitado a distintas instituciones gubernamentales, donde la mixtura entre intereses políticos e ilícitos ha dado pauta a múltiples acciones de corrupción y deslealtad, por parte de los funcionarios públicos que en ellas se desempeñan; d) ha favorecido el descrédito de tales países ante la opinión internacional y en diversos momentos ha tensado sus relaciones con otros países del mundo, particularmente con Estados Unidos, y finalmente; e) ha permitido el escalamiento de los índices de violencia e impunidad delictiva de manera que el Estado incumple su función básica de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Todas estas condiciones suponen por sí mismas importantes riesgos para la viabilidad del régimen político que estos Estados han adoptado, que formalmente es la democracia representativa.
En estos casos, la escasa distinción entre intereses públicos y privados, aunada a la notable falta de apego a los marcos legales formalmente establecidos, se ha traducido frecuentemente en el hecho de que diversos funcionarios públicos –oficialmente encargados de proteger los intereses estatales– sostengan intereses comunes con grupos delincuenciales. Este tipo de prácticas corruptas no son desde luego exclusivas de este tipo de Estados, pero en ellos alcanzan dimensiones notablemente mayores. Todas estas condiciones hacen que el crimen organizado genere efectos desestabilizadores más amplios y profundos en estos Estados que en sus contrapartes del mundo occidental desarrollado. Los primeros están sufriendo un proceso de paulatina ruptura (pérdida de legitimidad, tanto del Estado en general como de diversas estructuras de gobierno; de gobernabilidad; de soberanía territorial y de monopolio legítimo de la violencia).
El primer capítulo del trabajo aborda específicamente la reflexión sobre las premisas de las teorías contemporáneas del Estado –weberiana y marxista– y la insuficiencia en el cumplimiento de las mismas, que se presenta como condición crónica en el tipo de Estado al que se hace referencia. Se analiza así la concepción esencial del Estado como monopolio de la violencia legítima, así como otra de tipo instrumental, que lo entiende como mecanismo garante de la reproducción de relaciones de producción. Se hace énfasis en destacar que en los Estados de referencia, la violencia no suele ser monopólica, ni cabalmente legítima, en tanto el control del aparato estatal es deficiente, lo mismo que la reciprocidad entre gobernantes y gobernados, indispensable para legitimar las relaciones de dominación. Se destaca cómo los Estados así caracterizados cuentan con condiciones estructurales especialmente favorables para el desarrollo incremental de la criminalidad organizada y para el surgimiento de vínculos de contubernio con los funcionarios públicos formalmente responsables de perseguirla. En el mismo capítulo se aborda la discusión politológica sobre la transición y consolidación democrática, y la caracterización de la democracia que se ha adoptado en varios países, que constituye un marco especialmente favorable para la potenciación de la violencia y la erosión de las instituciones públicas, generadas por el crimen organizado.
En el subcontinente latinoamericano, al menos cuatro Estados nacionales pueden considerarse particularmente en riesgo por las actividades del crimen organizado: Bolivia, Perú, Colombia y México. Resulta digno de llamar la atención el hecho de que la violencia asociada al crimen organizado se ha recrudecido en tres de estos países justamente a partir de los años ochenta, cuando en términos generales, estos Estados iniciaban un periodo de reflujo de los diversos regímenes autoritarios que se habían asentado en el área durante décadas anteriores (Perú, en 1979; Bolivia, en 1982 y México, con su gradual proceso de liberalización política que se aceleró a partir del mismo año). El caso de Colombia muestra una situación donde los procesos políticos internos se han visto continuamente inmersos en condiciones de violencia, independientemente de que en lo formal, la democracia ha sido el régimen político de ese Estado desde hace ya varias décadas. Es decir, el fenómeno del crimen organizado se incrementó paralelamente a la instauración de procesos de liberalización política, que condujeron finalmente a la transición democrática, o en condiciones donde ya operaba, si bien tangencialmente, un régimen democrático.
Otro tanto ocurre en latitudes distintas, como en la Europa del Este, donde por ejemplo, Rusia se ha visto inmersa crecientemente en una situación potencialmente caótica, donde intereses de diversos grupos insertos en la burocracia gubernamental, particularmente en las áreas de seguridad, se han imbricado con los propios de grupos delincuenciales, y han formado importantes redes con influencia transnacional. Todo ello a partir de la desarticulación del aparato institucional soviético y la adopción formal de la democracia como régimen político.
Resulta inverosímil considerar el fenómeno del crimen organizado como fenómeno surgido de la transición democrática, e inexistente en los regímenes autoritarios precedentes. Sin embargo, el hecho de que la violencia del crimen organizado y su capacidad de socavar los fundamentos del Estado se haya incrementado notablemente a partir de la democratización de varios de los países señalados, invita a indagar si existe algún condicionamiento entre el tipo de régimen político de un Estado, la fortaleza intrínseca del mismo y el desarrollo de la delincuencia. Y esto conduce necesariamente a analizar cuáles son las interacciones entre el poder y el crimen organizado, en distinto tipo de régimen político.
La literatura existente respecto a la criminalidad, en particular la que se refiere al crimen organizado, es basta. En general, son dos las perspectivas que se ocupan del tema: la primera parte de un enfoque jurídico-criminológico, que estudia los ordenamientos legales o las políticas estatales destinadas a contrarrestar sus efectos, así como la naturaleza misma de la acción criminal; la segunda sería un enfoque sociológico que se encarga de indagar por las causas y condiciones sociales que conducen a la desviación de la conducta de los sujetos sociales hacia comportamientos delictivos. Aunque ambas perspectivas son de interés tangencial para esta investigación, es preciso señalar que la preocupación de la misma es cómo interactúa el fenómeno del crimen organizado con el poder político en general, y con distintos tipos de Estado y régimen, en lo particular.
La investigación parte de la hipótesis fundamental de que distintos tipos de Estado y régimen favorecen un esquema diferente de relación entre el poder y el crimen organizado. Un Estado fuerte genera esquemas de vinculación que pueden ser caracterizados a partir de los modelos Monopólico descendente limitado y Fragmentado multidireccionado limitado, según cuente con un régimen autoritario o democrático. Por el contrario, un Estado débil genera nexos de tipo Centralizado descendente Incremental o Atomizado ultidireccionado incremental, nuevamente, según se trate de un régimen autoritario o democrático.
De la anterior se deriva una segunda hipótesis, que sostiene que un Estado débil, funcional y presencialmente heterogéneo, que opera con un régimen democrático con contenidos liberales escasamente institucionalizados, es más susceptible de ser desestabilizado por las relaciones de contubernio que se establecen entre las autoridades políticas y el crimen organizado. De lo anterior se deduce que la persistencia y combinación de estas condiciones obstaculizan de manera importante la consolidación de un régimen democrático, más allá de aspectos electorales.
En el segundo capítulo se presentan algunas reflexiones sobre la génesis histórica del concepto de crimen organizado, se exponen algunas de las principales corrientes que la criminología contemporánea y disciplinas afines emplean en su estudio. El enfoque de la interrelación del crimen organizado y la política suele ser poco abordado. En este capítulo se explican y describen los modelos que forma parte de la tipología que es propuesta en este trabajo, previo análisis de los que actualmente existen y que han sido generados por algunos autores que han trabajado el tema, como son John Bailey, Roy Godson, Phil Williams y Peter Lupsha. Como se verá, las insuficiencias que, a juicio del autor, se derivan de los modelos aportados por ellos, dan lugar a la propuesta de una tipología propia.
El trabajo se inscribe dentro del marco general de la política comparada. Como casos concretos a analizar se eligió a México y Colombia por considerarse ejemplos arquetípicos de países cuyo Estado es funcional y presencialmente heterogéneo, donde el crimen organizado ha alcanzado una notable capacidad de influir en cuestiones de orden político, o bien, donde el fenómeno ha generado condiciones de inseguridad que de algún modo han puesto gravemente en entredicho la hegemonía estatal. En ambos casos, el crimen organizado –específicamente en su modalidad de narcotráfico– ha cobrado dimensiones nunca antes vistas, y ha potenciado de manera importante la corrupción que, por distintos motivos, ya afectaba en buena medida a estos países.
El periodo que abarca la investigación inicia esencialmente a principios de la década de los ochenta, periodo en el que el fenómeno del crimen organizado se acrecienta sensiblemente en México y Colombia, hasta inicios de 2005. Desde luego, fue preciso hacer referencia a acontecimientos previos, si bien la investigación se centra en el periodo mencionado. En ambos casos, la metodología empleada fue la exposición panorámica de las principales características del régimen político y de la historia reciente de estos países; de las instituciones que integran su sistema de seguridad; de los factores que permiten sostener la noción de existencia de una crisis en este ámbito; y la recopilación de testimonios sobre las relaciones de contubernio entre funcionarios y delincuentes, a lo largo de esos años. Se trata del testimonio confidencial de fuentes personales que, por la naturaleza de su trayectoria profesional en el servicio público, o por condiciones especiales de vida, han estado en circunstancias especialmente favorables para apreciar la mecánica general como operan estos nexos clandestinos. Dentro del marco general del crimen organizado se eligió, para los dos casos, el análisis de los grupos dedicados al narcotráfico, debido a que han sido éstos los que han logrado una mayor relación con el poder y han generado condiciones de violencia y corrupción más graves para el funcionamiento de las instituciones estatales. El tercer capítulo se ocupa del caso de México. En él se podrá apreciar cómo una estructura centralizada del poder, con una capacidad importante para ejercer el control de los actores sociales, dio lugar a un esquema de extorsión de los funcionarios sobre los delincuentes, en condiciones donde éstos precisaban de la protección estatal para el desarrollo de sus actividades ilícitas, y donde las autoridades tenían el poder para dictar clandestinamente las directrices principales a las que debía apegarse la delincuencia, bajo pena de ser fuertemente reprimida en caso de incumplimiento.
El caso mexicano permitirá específicamente ilustrar el modelo Centralizado- descendente-incremental. Se podrá apreciar también cómo la transición democrática, que este país ha llevado a cabo en los últimos años, ha favorecido la evolución hacia el modelo Atomizado-multidireccionado-incremental, donde la preeminencia de los funcionarios públicos en el control de la relación ha sido cuestionado por los delincuentes, que parecen cada vez menos dispuestos a aceptar la hegemonía del poder, teniendo por resultado umbrales cada vez más amplios de violencia.
El cuarto capítulo desarrolla el caso de Colombia. Ahí se describe cómo un Estado notablemente débil, con una añeja incapacidad para garantizar su monopolio de la violencia, ejercer su hegemonía territorial y controlar a los distintos actores sociales, ha dado lugar a una estructura de poder atomizada, donde las relaciones corruptas entre funcionarios y delincuentes han socavado notablemente a las instituciones, al grado en que estos últimos han tenido, en no pocas ocasiones, la capacidad para imponer sus designios al poder político.
El caso colombiano permitirá ilustrar el modelo Atomizado-multidireccionado- incremental, y mostrar cómo la atomización de los actores involucrados en el negocio ilícito del narcotráfico, la disputa por la hegemonía entre los mismos, y la perduración de condiciones favorables a la prevaricación en las responsabilidades públicas, generan circunstancias altamente favorables para el incremento de la violencia ocasionada por las actividades ilegales y la extensión –o al menos continuidad– de la corrupción.
En general, se aconseja la lectura integral y ordenada del trabajo, a fin de lograr la mejor comprensión de los planteamientos que la tipología propuesta sostiene. Ello resulta de particular importancia debido a que ésta constituye la columna vertebral de esta investigación. Las siguientes páginas suponen un aporte humilde a un tema de amplio interés para la ciencia política, como lo es sin duda el factor que desempeñan para obstruir el logro de objetivos estatales o el desempeño de instituciones, actores que, sin perseguir un propósito esencialmente político, pueden influir de manera notable en la toma de decisiones públicas y su puesta en marcha, como lo es el crimen organizado. La relación con el mundo del poder es una realidad innegable.
La propia naturaleza del objeto de estudio y la percepción general de riesgo que comúnmente se asocia a este tipo de temas, han favorecido que su tratamiento sea notablemente limitado, y en ocasiones nulo. Pero el fenómeno se encuentra presente, y la influencia que ejerce en el aparato político –directa o indirectamente– es un factor real de poder que, se quiera o no, afecta necesariamente a la cosa pública. Por todo esto, se considera que el tema de la investigación reviste también un interés particularmente relevante para los estudios estratégicos y del desarrollo.
Las limitaciones del trabajo se derivan, naturalmente, de las propias para acceder a fuentes dispuestas a brindar su testimonio, y al hecho en sí de que la visión más completa del fenómeno exigiría el acceso a documentos gubernamentales confidenciales y la recopilación de las versiones de personajes que no tienen entre sus prioridades darlas a conocer al público. De cualquier manera, la ventana que aquí se abrió constituye un punto de partida que ofrece vetas de investigación atractivas para quien se interese por el tema. Acaso, el pequeño aporte que aquí se realiza contribuya a la mejor comprensión del fenómeno, y además, a generar nuevas indagaciones que sumen testimonios y estudios sobre otras realidades, que ayuden en su momento a fortalecer las capacidades estatales y las expectativas democráticas de Estados que comparten la misma problemática que México y Colombia.
LEER MAS:
TOMADO DE: 2013 [2009] El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática. Carlos Antonio Flores Pérez.
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