Por Gonzalo Salazar

El capitalismo, desde la ilustración, con los enciclopedistas y el humanismo burgués, que prometía a través de la modernidad y del saqueo a América, “redimir” a la humanidad con el avance de la ciencia, de la tecnología, el desarrollo de la industria, la libertad de comercio y el impulso a las profesiones liberales, hipócritamente enarbolaba la bandera de la libertad y el progreso para toda la humanidad; un supuesto amanecer después de la larga noche medieval europea.

De esta manera se emprendió violentamente la conquista de otros continentes, nuevos mercados, nuevas fuentes de materias primas y una revolución industrial que liberaría la mano de obra sierva para esclavizarla en los talleres y en las fábricas; impulsó en todas partes cambios económicos y políticos que incluyeron procesos de emancipación y liberación del colonialismo en los siglos XVIII y XIX, siendo la cúspide de este proceso la Revolución Francesa; cuando es vencida definitivamente la vieja sociedad feudal europea, donde es complementado el concepto de Libertad con los de  Igualdad yFraternidad; lema que se traduce en la asignación de derechos a “todos” los hombres -no mujeres-, haciéndolos sujetos “dueños de su propio destino”, en lo que se ha llamado la democracia burguesa. Los Derechos del Hombre burgués, que tradujo don Antonio Nariño como plataforma de su proyecto emancipatorio; derechos que el capitalismo utiliza para movilizar a la sociedad –de las metrópolis centrales- por el “progreso” y la “libertad”, pero también para invadir, despojar y masacrar a los pueblos que poseen recursos naturales y energéticos en sus territorios y no los entregan por las “buenas”.

Libertad, Fraternidad, Igualdad, objetivos solo alcanzables a través del reconocimiento y ejercicio de los derechos definidos por la burguesía europea para quienes sabían leer y escribir, poseían bienes (capital), ejercían profesiones liberales y poder político;derechos que en adelante harían parte de las plataformas políticas e ideológicas de los movimientos sociales, políticos liberales, democráticos y revolucionarios en las luchas por su emancipación y liberación en los siglos XIX y XX. Estos derechos individuales requirieron ser adecuados a las necesidades  del capitalismo imperialista para contener la ola independentista de las colonias, a los movimientos revolucionarios anticapitalistas, que trascienden los límites del liberalismo europeo, transformándolos yobteniendo el reconocimiento “universal”como Derechos Humanos, promulgados por la Organizaciónde Naciones Unidas; instrumento imperialista de control e intervención política y militar creado por los vencedores en las dos guerras “mundiales” de Occidente en el siglo XX, financiado por imperialistas financieros como las familias Rockefeller y Rotschild para consolidar su Nuevo Orden Internacional;al tiempo que creaban el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para controlar económica y financieramente a los países de la periferia, organismos que son parte de los acuerdos de Bretton Woods (1944) como la declaración de los Derechos Humanos, difundidos y defendidos por organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional y Human RigthWatch; estos además se incluyeron obligatoriamente en las Constituciones Políticas de los países miembros de  la recién creada ONU, ratificándose en convenios como los protocolos de Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo, y la Corte penal Internacional como soportesdel Derecho Internacional y Humanitario.

Esos Derechos Humanos han perdido vigencia para la mayoría de los habitantes de la Zona del NoSer, o mejor, nunca han tenido vigencia en los países neocoloniales y dependientes o de las periferias, por lo que es posible para una Internacional de los Pueblos ampliar, profundizar y adecuar  esa vieja Declaración de posguerra a las necesidades de las personas y sectores sociales que fueron ignorados en dicho documento, como los niños, las mujeres, las comunidades y los pueblos indígenas, pues estos sectores y actores sociales necesitan ser visibilizados; hacen falta muchos derechos, porque existen nuevas opresiones y discriminaciones, nuevas y antiguas cosmovisiones que luchan por otro mundo posible que rescatan la dignidad, la libertad y la felicidad que el capitalismo les ha quitado a los ciudadanos y a los pueblos, algunos derechos como del derecho al ocio, a soñar o a la utopía, a la autonomía individual y colectiva que no figuran en dicha declaración.

Además de los derechos Humanos Individuales, los movimientos de liberación nacional, los nuevos movimientos antisistémicos y los pueblos en emancipación que reclaman respeto y autonomía, avanzan en el reconocimiento, respetoy defensa de sus derechos colectivos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que toman forma en la conferencia de Argel (1973) con la declaración de los derechos de los pueblos a la autodeterminación en la constitución de los Países No Alineados, en el Foro Social Mundial en foros alternativos, de la mujer, de los pueblos indígenas, de soberanía alimentaria, sobre el medio ambiente, en los foros, declaraciones y escuelas de los zapatistas.

Los derechos en el capitalismo son posibilidades de acceder a beneficios o a bienes materiales, sociales y culturales producidos por la naturaleza y por la sociedad y se traducen en hechos factibles de expropiación o privatización. En la sociedad burguesa el bienestar y la felicidad están supeditados a la obtención de derechos, lo que no implica el ejercicio real y efectivo de estos por todos y cada uno de los ciudadanos, pues entre la enunciación y la realización de los derechos media una serie de condiciones y requisitos de tipo étnico, de género, económico, social, cultural y jurídico para los pueblos de la periferia, que hacen en muchos casos imposible acceder a ellos a quienes por ignorancia de esos mismos derechos, por deficiencias económicas para gestionar o tramitar, o por no formar parte del grupo social o político que administra o posee el poder de ordenar su cumplimiento y respeto. Todas las actividades económicas, políticas, sociales, culturales, individuales y colectivas inherentes al crecimiento personal, al bienestar social, al progreso material, intelectual y espiritual, están mediadas en su realización por los derechos, “garantizados” por el estado capitalista en lo que se ha llamado el Estado Social de Derecho. Por esto los derechos han sido clasificados en primera, segunda, tercera y más categorías, como si estos no estuvieran directamente interrelacionados y supeditados unos a otros con la misma importancia.

Hay un derecho que es la suma de muchos otros derechos: la vida; este encierra derechos tan elementales como el derecho a respirar, el derecho a alimentarse, al placer, el derecho a dormir, etc. sin embargo cuando hablamos de vida digna, entonces tendremos que hablar de otros derechos que hacen posible esa dignidad de la persona humana, y allí tendremos otros como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda igualmente digna, el derecho a expresarse personal, social, cultural, política y hasta sexualmente, a la información, al empleo, a divertirse, a soñar, por no mencionar otros como el delibre desarrollo de la personalidad o el derecho a la intimidad. Lo mismo sucede si definimos el derecho a la paz, a la libertad o a la igualdad; en fin, el llamado Estado Social de Derecho tendría la obligación de garantizar el libre ejercicio de estos derechos a todos y cada uno de las y los ciudadanos con todos los medios políticos, técnicos, logísticos, la infraestructura adecuada y un régimen de plena democracia y justicia social, que también son derechos.

Ahora tendríamos que observar si existió realmente ese Estado Social de Derecho, en qué países o en qué partes del mundo las personas y los pueblos, sin ningún distingo ejercen libre y realmente esos derechos propugnados por la modernidad. En los países del desarrollo clásico del capitalismo, no había preocupación de esos estados por proteger a sectores vulnerables de la población como los trabajadores, -que en el siglo XIX eran niños-as, mujeres y hombres adultos- ante la agresión del clima y las enfermedades provocadas por el hambre, el trabajo forzoso y la explotación, que minaban la capacidad de la mano de obra y aumentaban los costos en la producción, pero fue la lucha directa de los trabajadores por mejores condiciones laborales la que obligó a las burguesías a reducir un poco las condiciones extremas de explotación –beneficios que los trabajadores continuaron reivindicando como derechos económicos, políticos, sociales y culturales-; fue la lucha de los trabajadores y los pueblos lo que elevó la calidad de sus vidas, y la burguesía tuvo que ceder poder político y económico para garantizar mínimamente estos derechos, a la vez que trataba de negarlos y violarlos; hasta el siglo XX, cuando el neoliberalismo los privatizó y los convirtió en mercancía.

La negación total de los derechos humanos, realizada por los regímenes fascistas y totalitaristas, propiciada por el capital monopolista e imperialista mundial en las dos guerras de occidente-llamadas mundiales- del siglo XX y las consiguientes dictaduras civiles y militares durante la Guerra Fría, -esta sí mundial- en todas las periferias, hicieron que las y los trabajadores y los pueblos del mundo levantaran con más fuerza la bandera por la defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales reunidos en las luchas por la liberación nacional; pero también los pueblos europeos victimizados, lograron al final de la Segunda Guerra “Mundial”, que la burguesía financiera mundial, con los Estados europeos  implementaron un plan diseñado y dirigido por USA para la recuperación económica y social en los países capitalistas afectados, llamado Plan Marshal(Paris 1947), que como parte de Bretton Woods constituyó un modelo de Estado de Bienestar pero éste modelo no duró más de 30 años, siendo desmontado  en los últimos 25 años. El “Estado de Bienestar” como reconocimiento o garantía de derechos no se replicó en África, Asia ni en América Latina, fue un proyecto anticomunista para frenar el avance del socialismo en Europa.

El “Estado Social de Derecho” es un concepto vacío, que no tiene ninguna relación con los estados de hecho que ha impuesto el capital financiero imperialista en los últimos cien años a los países empobrecidos. Pues como vivimos en un país neocolonial, agrario, ese Estado Social podemos llamarlo como un eufemismo de quienes tienen el poder de definir quiénes son sujetos de derechos y quienes no reúnen la condición de humanos para ser dignos, libres y soberanos.

Cuando un ciudadano o ciudadana siente un malestar físico o sicológico que requiere atención especializada, lo lógico en ese supuesto Estado Social de Derecho,sería que ella pudiera acudir a un centro médico para ser atendida con todos los medios científicos, tecnológicos de que dispone ese Estado. Es en el acceso oportuno, eficiente y libre a los medios necesarios e idóneos, cuando se puede confirmar con certeza que esa persona ejerce un derecho complementario al de la salud; porque la salud no es solo la atención médica y farmacológica, sino, todos los medios que la hacen posible, que se traducen en otros derechos como la nutrición, la tranquilidad, el bienestar económico, mental, social y cultural.

En una sociedad realmente democrática, equitativa y justa, sería contradictorio hablar de luchar por los derechos, donde se trata precisamente es del ejercicio pleno de la libertad, la autonomía y la dignidad del ser humano, pues la fundamental función del Estado desde el liberalismo, supuestamente es proveer y garantizar estos derechos a todos las y los ciudadanos. Entonces no nos referiríamos al derecho a la salud sino a la salud, y los ciudadanos no dirían tengo derecho a la salud sino, tengo salud, igualmente diríamos yo estudio, yo trabajo, tengo vivienda digna, me recreo, opino y decido políticamente con autonomía, etc. y por supuesto, las personas no lucharían por el derecho a sobrevivir sino por ser felices. Pero como en Colombia no existe tal sociedad y la carencia de derechos no afecta solo a individuos sino a grupos humanos; este ejemplo como derecho humano individual es igualmente aplicable a grupos, comunidades y pueblos. El derecho a la salud es parte del derecho a la seguridad social, a la soberanía alimentaria, a la recreación y a la cultura y debe ser defendido no como un derecho único o independiente, sino como la suma de una gran cantidad de derechos y como parte de otros más integrales como la dignidad, la autonomía y la libertad de los individuos, las comunidades y los pueblos.

La negación y violación de derechos va unida a la eliminación o desviación de objetivos de las instituciones y de los medios que los proveen o los garantizan, a la no aplicación de políticas de bienestar social como en los casos de la salud, la educación, la vivienda y la recreación, esto ha venido ocurriendo en nuestro país desde que la oligarquía tomó el poder político y económico. El Instituto Colombiano del Seguro Social fue producto de las luchas que libraron los trabajadores en los primeros 50 años del siglo pasado por mejores condiciones de vida; recordemos los pliegos de peticiones de los trabajadores bananeros en 1928, de los petroleros, de los ferroviarios, de los corteros de caña etc. en los años 30 y 40, muchos de los cuales fueron masacrados por el mismo Estado, mandado por el capital multinacional. El ICSS fue la concreción del derecho a la salud y a la seguridad social de los trabajadores hasta la implantación de la ley 100 y la política neoliberal de las EPS, las IPS, las ARS y los supuestos regímenes subsidiados, el desmonte del Sistema Nacional de Salud, el cierre y venta de hospitales y la entrega de pensiones y cesantías al capital privado nacional e internacional, la dictadura de las farmacéuticas,  con lo cual los derechos se compran o se venden como cualquier mercancía, proceso en el que dejaron de existir los usuarios y los pacientes, pasando todos a ser simples consumidores o clientes, con el derecho a morirse en las puertas de las nuevas y lujosas instituciones de “salud” (el famoso paseo de la  muerte), vivir en la ignorancia, perder la dignidad, perder la utilidad de sus vidas (los pensionados y desempleados) y morirse de hambre en la total exclusión e indiferencia del Estado.

El ejemplo de la salud es la muestra de la suerte de todos los demás derechos que se convertirán en mercancías o simplemente ya dejaron de existir para la mayoría empobrecida de nuestro país y del mundo. La vivienda –a pesar de las supuestas 100.000 gratis- la salud, la educación, la generación de ingresos, los bienes naturales y el medio ambiente –con la locomotora agrominera y el fracking- igual que los derechos políticos, son excluidos para los más pobres. El estado oligárquico colombiano sí protege y garantiza todos los derechos a la oligarquía, a los terratenientes, a las mafias financieras y del narcotráfico y a los imperialistas (transnacionales, FMI, BM, OMC), por esto el derecho a la propiedad privada es el más importante derecho, que no existe para quienes no poseen mansiones, empresas, fabricas ni bancos, además de los de contaminar, explotar, oprimir, despojar y masacrar, porque es el estado social de derechoel que representa y defiende sus intereses de clase y raciales.

La empresa privada, las corporaciones, se fundan como personas “jurídicas” con tantos derechos como los humanos, que los Estados los garantizan y defienden con vehemencia, incluso sobre los derechos de las personas naturales; no es hoy cuando se imponen, desde que nace el capitalismo, el capital privado, la propiedad privada, se han mantenido y crecido porque han exigido e impuesto sus derechos sobre toda la sociedad, siendo su principal derecho el ejercicio del poder político y económico a través de su Estado capitalista, quien controla y reprime al resto de la sociedad, así se piense que en el “pos-neoliberalismo” se esté privatizando –siempre ha sido privado- pues los obsoletos Estados nacionales están siendo anulados o supeditados a un “Nuevo Orden Internacional” como un Estado y gobierno global con sus instituciones jurídicas, económicas, políticas, militares y culturales dirigidas directamente por las grandes corporaciones transnacionales y el aparato bancario-financiero global

Recuperar o conquistar los Derechos de los Pueblos es una tarea que nos pone en la disyuntiva de si es o no necesario, cambiar la estructura de la sociedad y el modo de producción y de convivencia en que vivimos, pues después de 500 años de capitalismo y más de 100 de modo imperialista, si continuamos pidiéndole a nuestros verdugos que nos permitan sobrevivir, que nos dejen respirar, que nos aumenten las migajas de lo que con todo el esfuerzo de nuestras vidas les hemos producido. Es como agradecerle al atracador por no herirnos y dejarnos para el bus.

Durante mucho tiempo nuestro pueblo ha luchado por sus derechos mediante la movilización y la lucha directa, por los medios permitidos e instituidos por la oligarquía, quien ha venido recortando, ilegalizando y penalizando todos los medios legítimos de lucha (con su sistema jurídico represivo); derechos que supuestamente fueron reconocidos en la Constitución Política de 1991, con mecanismos como las tutelas, las acciones de cumplimiento, las peticiones, las iniciativas populares, el reconocimiento de multiétnico y diverso culturalmente a nuestro país, (los incluyeron para violar los derechos fundamentales); pero que no han sido eficaces ni garantizan realmente el cumplimiento ni el respeto de esos derechos individuales y colectivos; tampoco el derecho a participar en las elecciones es garantía de una real democracia participativa y decisoria para los de abajo (proceso generalmente aislado de los verdaderos intereses y luchas populares); por el contrario, es en los últimos 30 años cuando se han violado sistemáticamente los derechos humanos y de los pueblos con crímenes de lesa humanidad (guerra narco-paramilitar, represión a la protesta popular, criminalización de los movimientos indígena, campesino y estudiantil y exterminio de los defensores de derechos humanos saqueo a los recursos de la salud, la educación, a la infraestructura) por parte del estado colombiano en contubernio con el capital transnacional, entre este, el narcotráfico.

Cuando el movimiento estudiantil se moviliza por una educación más integral, científica y democrática, no está luchando solo por sus derechos particulares, si los estudiantes logran estas reivindicaciones, están restituyendo un derecho a toda la sociedad. Cuando los indígenas caminan la palabra reclamando respeto y autonomía por calles, plazas y universidades, están reivindicando el derecho a la autodeterminación, a la diversidad cultural, al respeto por la madre tierra para todos los pueblos amantes de la paz y la justicia social. Si los trabajadores se unen y luchan no solo por el salario sino también por abolir la explotación, están luchando por la libertad y la justicia social; si los campesinos se movilizan por recuperar la tierra para producir alimentos, por reforma agraria y soberanía alimentaria, lo están haciendo por el bienestar, la salud y la soberanía del pueblo; si las y los feministas luchan contra el machismo y el patriarcado, por igualdad de género y respeto al cuerpo, están restituyendo la dignidad humana, devolviéndole sensibilidad, sensualidad y dignidad a hombres y mujeres; si juntamos y articulamos estas luchas por todos los derechos de todos, estaríamos luchando por la justicia, la dignidad y la felicidad de nuestro pueblo y del mundo, estaríamos luchando por el socialismo,  por nuestro bien vivir.

Sin embargo, hemos olvidado que además de enfrentar al Estado por nuestros derechos individuales, también como pueblo podemos construir con autonomía, alternativas para garantizar y defender nuestros derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, individuales y colectivos, podemos luchar por la democracia popular, empezando por hacer uso de la democracia radical entre nosotros los-las iguales de abajo, desde la familia, el sector social al que pertenecemos, la localidad, la región y nacionalmente; escogiendo modos equitativos y solidarios de producir, compartir e intercambiar nuestros productos y saberes, respetando las identidades étnicas, sexuales y culturales de pueblos, comunidades y personas; cultivando la soberanía alimentaria –que incluye la conservación, y defensa de la biodiversidad, de las medicinas que sanan de los alimentos naturales que nutren- diseñando modelos educativos que forman científica y éticamente, y de justicia que reivindica la dignidad y la equidad, de acuerdo a nuestras necesidades, principios y valores; creando formas organizativas y de autogobierno no autoritarias ni elitistas. Para lograr estos cambios, cuando los medios legales no lo permiten, en cualquier parte del mundo los pueblos han hecho uso legítimo del derecho a la rebelión, derecho que los terroristas de Estado en los últimos 18 años han criminalizado y denominado terrorismo.

En el capitalismo el poder judicial utiliza el Derecho burgués como instrumento legal legitimante del poder político y económico del capital (creado desde Roma  y Londres por las clases dominantes de esos  imperios para mantener su estatus quo, legitimando el despojo y la opresión) para asignar y suprimir derechos; el poder legislativodiseña y concentra toda la normatividad para proteger la propiedad privada y la estructura social, para que la “justicia” actúe, garantizando así la impunidad en el genocidio y el despojo; nunca los jueces aunque lo quisieran, (cada uno lleva miles de casos y viven aislados de las realidades del país y de las comunidades) tiene todo el conocimiento de las causas originarias históricas, sociales, y psicológicas de la víctima ni del victimario ni del contexto económico y cultural del crimen, no tienen en cuenta las consecuencias de sus decisiones ni del futuro del condenado y sus familias, terminan actuando como notarios con licencia para condenar; mientras los defensores, (más del 90%) se limitan a salvar a sus clientes de la condena, de acuerdo al monto de sus honorarios, así sean culpables; por esto en el capitalismo no existe la justicia como ejercicio ni la ética como principio, ni la verdad como valor; pues este sistema no permite que nadie se represente a sí mismo.

La institución justicia no garantiza el pleno derecho a ejercer todos los derechos en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos de la actual sociedad, por el contrario, termina convirtiendo a las víctimas en victimarios, condenando a los inocentes y protegiendo a los culpables; hoy es la institución más corrupta del Estado en el mundo, desde jueces promiscuos de pueblos olvidados hasta magistrados de las más altas cortes y organismos de control (algunos, aliados con el narcotráfico, el paramilitarismo, el capital extractivista y financiero transnacionales; ayudan al despojo de pobres, indígenas, negros y campesinos) negocian absoluciones y condenas como vender cualquier producto de consumo suntuario al mejor postor, como en los casos del magistrado Pretelt y ahora lo de Odebrech y el “cartel de la toga”, en los que están implicados desde simples jueces, ministros, pasando por el exfiscal anticorrupción Moreno y el actual fiscal general de la nación, el  ex procurador-inquisidor, funcionarios y magistrados de las cortes, sin tener en cuenta las absoluciones de militares criminales de lesa humanidad durante el conflicto y en el actual “posconflicto” que promueven desde el congreso la ultraderecha y los corruptos con la anulación de los acuerdos de La Habana y la inhabilidad de la JEP.

Todo este cuadro de derechos exclusivos e injusticias no está determinado por la institución justicia, sino, que es generado por todo el sistema mundo, donde en la práctica no existe la cacareada división de poderes, si se mira bien, la “justicia” obedece las órdenes de las ramas –igualmente corruptas- legislativa y ejecutiva, quienes escogen a los funcionarios judiciales y de los entes de control de entre los grupos políticos dominantes en estos poderes.

Solo las comunidades en ejercicio de su autonomía -como lo hacen comunidades indígenas y algunas comunidades afro- en sus territorios, en sus localidades,-con el conocimiento de las historias de sus compañeros y vecinos, de sus condiciones de existencia, de sus intereses- pueden ejercer directa ycolectivamente justicia con ética, principios y valores más cercanos a sus cosmovisiones y necesidades, creando, legitimando y manteniendo sus propias instituciones, prescindiendo de la justicia oficial como derecho privatizado y perverso.

Es en la movilización popular, haciendo efectivos la desobediencia civil, la autodeterminación y el derecho a la rebelión frente al estado y al sistema mundo capitalista, como definimos si nos tomamos el poder como gaseosa o si lo construimos noche tras día, desde abajo, para hacer realidad todos los derechos para todas las personas, para las comunidades y pueblos que habitan el territorio colombiano, reconociendo y respetando los derechos de la naturaleza; entrelazando los movimientos sociales populares en torno a un programa mínimo, en la lucha unificada y articulada en un gran movimiento popular cultural y político transformador para derrotar a los opresores violadores de nuestros derechos, y construir con dignidad un mejor país.

Abril 10 de 2019