El verdadero talón de Aquiles de Marta Lucía no es tener un hermano narco que quiso esconder durante 23 años.
Es cierto: tener un hermano narcotraficante no es delito y tampoco es un impedimento para llegar al curubito, menos en Colombia, donde los políticos que no tienen a algún pariente metido en el narcotráfico son una especie en vías de extinción.
El hecho de que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hubiera decidido recurrir a toda suerte de eufemismos para confirmar que lo revelado por La Nueva Prensa era cierto, tampoco es un pecado mortal, así la deje muy mal ranqueada en materia de ética pública y de transparencia, dos cosas en las que ella se considera una experta. Está en todo su derecho de hacer el ridículo y de salir a maquillar las palabras para favorecer a su hermano, como de hecho lo hizo cuando en su comunicado calificó de “error” el delito de haber liderado una organización criminal que reclutaba mulas colombianas para introducir heroína en los Estados Unidos.
Es cierto que para ninguna familia estos episodios son fáciles, pero como lo demostró el caso del hermano del general Naranjo hay maneras de salir con la frente en alto sin tener que hacer el ridículo. El general, a diferencia de la vicepresidenta, tomó el toro por los cuernos. Hizo una rueda de prensa inmediatamente supo que su hermano había sido capturado por traficar cocaína y en lugar de mostrarse como una víctima de una tragedia familiar dijo que se avergonzaba de lo que había hecho su hermano y le pidió perdón al país.
Marta Lucía Ramírez, en cambio, se ha lavado las manos, como parece ser una costumbre de este Gobierno cada vez que le salta un nuevo escándalo. Ella no se avergüenza de nada, ni siquiera del “error” de su hermano, y en cambio nos ha tratado de convencer de que semejante delito fue solo un traspié. Hizo todo lo posible por enterrar la historia y cuando 23 años después se conoce, en lugar de frentear al toro, sale con la perorata de que se trata de una estrategia sistemática para desacreditarla a ella y a su familia.
Pero el verdadero talón de Aquiles de Marta Lucía no es el de tener un hermano narco que quiso esconder durante 23 años. Eso demuestra su doble rasero en materia de lucha contra el narcotráfico, pero repito, tener un hermano narco no es delito. En cambio ser socio de uno –como lo ha denunciado un informe muy detallado de InSight Crime– sí es un tema de otro tenor que tiene a la vicepresidenta muy enredada.
Según esa investigación periodística que está muy bien sustentada, realizada por Jeremy McDermott, Marta Lucía y su esposo, Álvaro Rincón, habrían sido los socios en 2007 de un proyecto urbanístico con el Memo Fantasma, un antiguo capo de la droga y comandante paramilitar que, según InSight Crime, se ha ido reciclando con los años hasta convertirse en un exitoso empresario inmobiliario. Según esta publicación, el Memo Fantasma habría utilizado el mercado inmobiliario para lavar su dinero.
Hasta ahora las explicaciones dadas por la vicepresidenta han sido insuficientes y escasas, y se han dado más en los estrados judiciales que frente a la opinión. Se le olvida a la vicepresidenta que ella es una funcionaria pública, que está sujeta al escrutinio y que debe responder las preguntas que la implican, sobre todo cuando estas surgen de una investigación tan completa y seria como la que ha hecho McDermott.
Ella insiste en que Memo Fantasma nunca fue su socio, pero no niega que él fue el que ofreció el terreno para construir el edificio, y aunque dice que el tal Memo era un empresario inmobiliario del cual no tenía ninguna queja, también ha dicho que hizo todas las averiguaciones posibles para indagar sobre su pasado, pero que nunca encontró nada. O sea, que sí, pero no.
Esa delicada línea entre la empresa privada y la función pública la ha transitado Marta Lucía con una arrogancia que solo tienen los que practican el deporte de la puerta giratoria. Siendo vicepresidenta llegó a tener en un momento el control de la infraestructura, pese a que su esposo tiene grandes intereses en el sector de la construcción. Y ella, que transita por tan sinuosa línea, nos mira a todos desde un pedestal de la moral que no tiene.
Ahora el tema se le ha ido mucho más hondo porque ya no se trata de sus conflictos de interés, que los tiene y grandes, sino de sus presuntas relaciones con inversionistas que estarían –según InSight Crime– relacionados con el bajo mundo del narcotráfico.
La vicepresidenta ha convertido esta denuncia en un pugilato judicial contra el periodista McDermott. Ella le pidió una rectificación, pero él ha dicho que no se va a retractar, mientras que por el otro lado el Memo Fantasma lo está amenazando con una demanda de injuria y calumnia que todavía no le ha llegado.
Cuando no hay cómo responder, lo mejor es achacarles todo a los medios o a los periodistas que hacen bien su labor.
Siempre pensé que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez había llegado al poder para demostrar que las mujeres somos capaces de hacer una diferencia, pero lo que ha sucedido es lo contrario. Ahora veo que Marta Lucía Ramírez es una más de ese montón, de esa horda de politiqueros que se han apoderado del poder para usufructuarlo según su conveniencia y que consideran que sus actos no están bajo el escrutinio público.
La vicepresidente de Colombia pagó en Miami fianza de US$ 150 mil para liberar a su hermano condenado por tráfico de heroína
11 Junio, 2020
Izquierda, Bernardo Ramírez Blanco, narcotraficante convicto. Derecha, Álvaro Rincón y Marta Lucía Ramírez Blanco, vicepresidente de Colombia.
Por GONZALO GUILLÉN Y JULIÁN F. MARTÍNEZ
Bernardo Ramírez Blanco, de 58 años de edad, hermano de la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez Blanco, en 1997 fue arrestado y condenado en Estados Unidos a cuatro años y nueve meses de prisión por tráfico de heroína. Cuando tuvo oportunidad de salir libre, la fianza, de US$ 150 mil, la pagó ella junto con su esposo, Álvaro Rincón, ambos enredados hoy por sus nexos comerciales con el narcotraficante Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma.”
Constancia judicial de que la hoy vicepresidente de Colombia pagó la fianza de su hermano el narcotraficante Bernardo Ramírez Blanco.
Al pago de la fianza también contribuyó alguien identificada como Luz Mireya Rodríguez.
El hermano de la vicepresidente fue detenido en Miami en julio de 1997, cuando recibía un cargamento de heroína que dos “mulas”, reclutadas por él, transportaron por vía aérea desde Aruba. A su regreso, llevaron la droga en cápsulas que se tragaron, fabricadas con condones, dicen la acusación y la sentencia judicial condenatoria.
La acusación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de la Florida y el juicio se llevó ante la Corte Federal del mismo distrito.
El investigador del caso fue el agente de la DEA Shaun Perry, quien tuvo información según la cual los colombianos residentes en Miami Alejandra Osorio Vargas y Miguel José Aguilera Asencio viajarían a Aruba y regresarían con un alijo de heroína entre sus estómagos.
En efecto, de acuerdo con el agente Perry, ambos llegaron en el vuelo número 760 de Air Aruba, el 12 de julio y fueron arrestados cuando se disponían a entregarle la droga ilícita a Ramírez Blanco.
Durante la campaña electoral que la llevó a la vicepresidencia de Colombia, Marta Lucía Ramírez nunca les informó a sus electores que tenía un hermano narcotraficante al que había liberado con una fianza.
Aspecto de la resolución de acusación o “indictment” por narcotráfico contra el hermano de la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien fue condenado.
El hermano de la hoy vicepresidenta, de acuerdo con la acusación, reclutó a Osorio Vargas y Aguilera Asencio en Miami y los envió a recoger la droga en Aruba, donde se la tragaron y regresaron dos días después.
El agente Perry reveló que los datos obtenidos por sus fuentes coincidieron con las listas de pasajeros que solicitó a Air Aruba en las que, evidentemente, figuraban Osorio Vargas y Aguilera Asencio.
El 16 de julio, dice Perry, supo que ambos colombianos ya habían regresado a Miami y se dirigió a la residencia de Vargas en Miami Beach. A las
5:30 de ese día Perry y otros dos oficiales de la DEA montaron sendos puestos de vigilancia a los edificios donde vivían Osorio Vargas y Aguilera Asencio.
Posteriormente, el agente Perry se percató de que Aguilera Asencio salió con una cartera de viaje y un estuche porta-CDs. Lo alcanzó, lo interceptó y le pidió identificarse.
Aguilera Asencio explicó que recientemente había llegado de Aruba junto con Osorio Vargas.
A continuación, los agentes visitaron a Osorio Vargas y ella dio la misma explicación. También fue arrestada y llevada al hospital Mount Sinai, donde fue sometida a Rayos X. Entre 16 y 18 de julio Osorio Vargas expulsó 65 capsulas de heroína y Aguilera Asencio 35.
El 17 de julio los agentes encontraron 35 capsulas más en la bolsa de viaje de Aguilera Asencio.
Vargas y Aguilera Asencio decidieron cooperar con los agentes y les contaron que le iban a entregarle la droga al hermano de la actual vicepresidente de Colombia, Bernardo Ramírez Blanco. Explicaron que él fue la persona que “los dirigió para que fueran a Aruba a obtener la heroína y quien recibiría la droga a la llegada a Miami”, sostiene el agente Perry.
El 18 de julio de 1997, alrededor de las 4:45 de la tarde, Vargas habló por teléfono con Ramírez. La conversación fue grabada por la DEA y el agente Perry la reveló en juicio.
Las dos “mulas” quedaron en encontrarse con Ramírez en Aventura Mall para entregarle la droga.
El encuentro se produjo a las 7:52 pm. Osorio Vargas le dijo al hermano de la vicepresidente Ramírez Blanco que tenía la droga afuera, en su vehículo, fue a retirarla y regresó.
Ramírez Blanco y Osorio Vargas tuvieron una discusión y posteriormente se produjo el arresto de él. El narcotraficante pidió que se le permitiera ir hasta Nueva York con el objeto de encontrarse con su hermana Marta Lucía Ramírez Blanco, quien, aseguró, era una persona muy importante que podría solucionar esta situación penal por tráfico de heroína.
Tras ser capturado en Miami por narcotráfico, Bernardo Ramírez Blanco pidió que se le permitiera ir a Nueva York a buscar el amparo de su hermana Marta Lucía Ramírez Blanco, hoy vicepresidente de Colombia. No se le concedió esa solicitud.
El pasado 7 de abril, la organización Insight Crime reveló la identidad del narcotraficante colombiano Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido con los alias de ‘Sebastián Colmenares’ o ‘Memo Fantasma’ quien tiene negocios inmobiliarios con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Blanco y su esposo, Álvaro Rincón.
NOTA: La vicepresidenta Marta Ramírez Blanco fue contactada por La Nueva Prensa para que tuviera la oportunidad de dar su punto de vista pero no contestó. Ver carta:
Bernardo Ramírez Blanco, hermano de Marta Lucía Ramírez, fue condenado a 57 meses de cárcel en los noventa por conspirar para ingresar heroína a Estados Unidos con mulas. “De estos hechos he dado cabal información a las personas que (…) debían conocerlos”, dice la vicepresidenta. Esta es la historia.
Marta Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón, actuaron como deudores solidarios para pagar la fianza del hermano de la vicepresidenta, Bernardo Ramírez, quien estaba siendo procesado por narcotráfico y fue finalmente condenado en 1998.
Bernardo Ramírez Blanco, hermano de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Esta información, que permaneció oculta por más de 20 años, la acaba de revelar el portal La Nueva Prensa y consta en documentos públicos del sistema judicial de EE.UU., que dan cuenta de su captura en julio de 1997 y de las pruebas en su contra. El 27 de enero de 1998, el hermano de la alta funcionaria colombiana aceptó el cargo de haber conspirado para introducir heroína a EE.UU. desde la isla de Aruba. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida lo condenó a 57 meses de prisión.
La DEA (Drug Enforcement Agency), una agencia que la vicepresidenta hoy conoce bien por su cercano trabajo con Colombia, dio con las acciones ilegales de Bernardo Ramírez a través de otros dos colombianos que hicieron de correos humanos para meter heroína a Estados Unidos por el aeropuerto de Miami en julio de 1997. Así lo contó el agente Shaun Perry, quien para entonces llevaba apenas un año trabajando en la unidad de High Intensity Drug Trafficking Area de Florida, cuando una fuente humana con la que ya había trabajado le contó que Alejandra Vargas Osorio y Miguel José Aguilera llegarían en los próximos días desde Aruba con una carga de heroína en sus estómagos.
Los agentes de la DEA estuvieron pendientes de las listas de pasajeros que llegaban de Aruba por dos días seguidos sin mayor éxito, hasta que, el 16 de julio, su fuente lo contactó de nuevo y le dijo que Vargas y Aguilera ya habían llegado a Miami. Las autoridades llegaron hasta la casa de Vargas, donde Aguilera admitió al cabo de un rato haber ingerido grandes píldoras de heroína para ingresarlas a territorio estadounidense. Fueron arrestados. A ambos les hicieron rayos equis, que revelaron la presencia en su cuerpo de la sustancia psicoactiva y que luego expulsaron mientras estaban hospitalizados. En total, habían ingerido 65 píldoras entre los dos y llevaban otras 30 en la maleta de Aguilera. Dos días después, ambos aceptaron cooperar con la justicia.
Esta es la sentencia contra el hermano de la vicepresidenta, Bernardo Ramírez. Allíse observa que aceptó uno de los cargos imputados.
El rol de Bernardo Ramírez
Allí surgió el nombre de Bernardo Ramírez, el hermano de la vicepresidenta. Según los dos capturados, fue él quien los condujo a Aruba por la heroína y a quien deberían contactar en Miami para que les recibiera la droga, una vez llegaran a Estados Unidos, según reza en la acusación en contra de los tres. Fue entonces que la DEA planeó una entrega controlada de heroína y le pidió a Alejandra Vargas llamar a Ramírez Blanco para cuadrar un encuentro, como si todo anduviera según lo planeado con la organización criminal para la que trabajaban. No obstante, Ramírez Blanco no contaba con que todo lo que dijo e hizo estaba siendo monitoreado.
Ese 18 de julio, Vargas llamó varias veces a Bernardo Ramírez. “Durante estas conversaciones, Vargas y Ramírez hablaron de establecer un lugar de reunión para que Vargas entregara la heroína a Ramírez y cuánto se le pagaría a Vargas por sus esfuerzos”, reza el indictment (acusación) contra Ramírez. Acordaron, entonces, que el encuentro sería en el exclusivo centro comercial Aventura, al norte de Miami, a donde ambos llegaron sobre las 7:52 de la noche. Mientras Ramírez Blanco pensaba que iba a terminar con normalidad su transacción de drogas, al lugar llegaron también agentes federales que, de nuevo, escucharon todo lo que dijo.
Vargas le dijo a Ramírez Blanco que la acompañara a su auto porque tenía la heroína allí. Caminaron con tranquilidad hasta el parqueadero y, una vez la maleta con la droga estuvo en manos de Ramírez, los agentes de la DEA hicieron presencia en el lugar, lo capturaron y tres días más tarde lo llamaron a juicio por tres delitos de narcotráfico. El nombre de la alta funcionaria colombiana quedó registrado unos días después, el 24 de julio, cuando Marta Lucía Ramírez, quien para entonces era presidenta de Invercolsa, se presentó en la Corte del Sur de la Florida junto a su esposo el empresario inmobiliario Álvaro Rincón para interceder por su hermano.
Este es el certificado de que a Bernardo Ramírez le otorgaron una fianza en la que actuaron como «sureties» su hermana, Marta Lucía Ramírez y el esposo de esta, Álvaro Rincón.
La vicepresidenta Ramírez y su esposo llegaron hasta Florida para actuar como codeudores de la fianza de Bernardo Ramírez Blanco. Al hermano de la alta funcionaria le habían impuesto una sanción de $150.000 dólares como requisito para quedar en libertad mientras el proceso en su contra avanzaba. Ramírez Blanco aceptó pagarlos el 25 de julio de 1997, reportó tener una cuenta bancaria que lo sustentaba y, además, la vicepresidenta y Rincón le sirvieron de personal surety. Es decir, intervinieron en su favor como deudores solidarios para que pudiera quedar libre.
El proceso siguió su curso y, durante todo el caso, Ramírez Blanco tuvo un defensor público. El hermano de la alta mandataria aceptó colaborar también con la justicia y firmó un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar uno de los delitos de los que le acusaban a cambio de que le redujeran la sentencia. Esa negociación recibió luz verde de un juez el 27 de enero de 1998 y, así, Bernardo Ramírez, quien para entonces tenía 36 años, fue sentenciado a casi cinco años de prisión. El castigo en su contra incluyó la orden de que, en el futuro, Ramírez Blanco no pudiera volver a obtener permisos para portar armas de fuego.
La vicepresidenta se defiende
El Espectador reproduce en su integridad el comunicado que publicó la vicepresidenta Ramírez sobre la condena de su hermano:
«Bogotá, 11 de junio de 2020
Mi familia, como desafortunadamente tantas otras en Colombia, sin distingo de clase social, vivió hace 23 años -en 1997- una tragedia, derivada de que uno de mis hermanos siendo muy joven, se involucró en un negocio fácil y, en consecuencia, fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes.
Su error ha costado muchos años de sufrimiento a nuestra familia y a él.
Vivimos con mucho dolor su circunstancia, pero también lo acompañamos con el amor de hermanos, como lo hicieron mis padres, porque los lazos de la familia no desaparecen frente a la adversidad y la vergüenza.
Como la mayoría de los colombianos, he luchado con ahínco contra el narcotráfico, con la experiencia de saber que es una actividad que ha dañado la vida de millones de familias en Colombia y en el mundo.
Tuvimos que ayudarlo firmando una garantía, no una fianza, para asegurar que se presentaría a la justicia, como en efecto lo hizo, acompañado de mi esposo y de mí, quienes lo llevamos a una corte de la Florida para que reconociera su falta y respondiera por ella.
Pagó pena de cárcel por 4 años y medio, y hace 23 años quedó en libertad por cumplimiento de la pena. Desde entonces, ha estado dedicado a trabajar honestamente, hoy es un hombre de bien y junto a su familia, lleva una vida decente y honrada.
Esta experiencia familiar, que lamentablemente hemos vivido, me ha llevado a luchar sin descanso por lograr que los jóvenes de nuestro país tengan oportunidades y trabajen honestamente por salir adelante, sin dejarse atraer por la tentación del dinero fácil.
De estos hechos he dado cabal información a las personas que, en los diferentes momentos de mi vida laboral, consideré que debían conocerlos. Son hechos obviamente ajenos a mi.
Lamento que mis enemigos políticos decidan acudir a la bajeza de estos ataques contra una mujer como yo que lo único que ha hecho es trabajar honestamente y sin descanso por Colombia. Los ataques contra mi familia hacen parte de una estrategia sistemática para desacreditarme.
Esa es la política que todos los colombianos rechazamos.
Seguiré, sirviendo al país con todas mis fuerzas y dedicación hasta el último de mis días».
Mientras tanto, el presidente Iván Duque se pronunció al respecto desde su cuenta de Twitter defendiendo y respaldando a quien escogió como su fórmula presidencial:
Iván Duque
✔@IvanDuque
Hace 23 años @mluciaramirez y su familia vivieron una tragedia por el delito cometido por un ser querido. Sobreponiéndose a esa lamentable situación, le ha servido al país con honorabilidad y entrega patriótica. #ApoyoALaVice
Los círculos que rodean a las personas que ejercen el poder en el país, son círculos viciosos. Pero entendido el vicio como lo bajo que encadena a los seres humanos.
Dada la cercanía de la actual fiscalía con el presidente y el partido de gobierno, todas sus actuaciones son oscuras. El proceso iniciado contra el gobernador de Antioquia, deja muchas sospechas. Es cierto que su proceder ha sido delictivo en las contrataciones investigadas, además de sus intentos de privatizar la fábrica de licores, la construcción de hidroituango, el billonario proceso de Une millicom; todos ampliamente sustentados con documentos que residen en la fiscalía desde años atrás.
Al gobernador se le investiga por un contrato del 2005, para la Pavimentación de un tramo de la Troncal de la Paz, por 41.663 millones de pesos. Ahora sorprende el que se proceda sobre un caso, después de 15 años y por una cuantía que parece de poco monto, comparada con los hondos e innumerables actos de corrupción que llenan los titulares de las noticias en el país y que afectan su vida económica y política.
No se puede pasar por alto la poca actividad de la fiscalía, ante las denuncias sobre Reficar, Odebrecht, caso Merlano, la ñeñepolítica. Actos delictivos de gran calado que involucran a poderosos políticos de la sociedad colombiana y que apenas se tocan por las ramas y se diluyen en la indolencia.
Si en las elecciones se produce un delito comprobado contra la democracia, como la compra de votos, es de esperar que el concejo nacional electoral actúe anulando los resultados que favorecen un supuesto ganador de tales votaciones; si no lo hace, debería corresponderle a la fiscalía el enjuiciamiento de los funcionarios que, con su silencio, benefician las conductas ilegales. Si los encargados de investigar tampoco cumplen con lo establecido por la ley, existen otros entes de control que tiene la potestad para sancionar a todos que se hacen cómplices de las infracciones a la Constitucionalidad.
Son inadecuados, prepotentes, abusivos y burlones, los nombramientos que hace el partido de gobierno, en las instituciones encargadas de atender a las víctimas del conflicto, incluida en ellas a la misma sociedad. Con estos cínicos propósitos, se busca borrar la memoria y reescribir la historia de las últimas décadas del país.
Pero resulta que, a los integrantes del partido de gobierno, ahora se les ha despertado la moralidad y pretenden sanear al departamento antioqueño y para eso inician un pequeño enjuiciamiento que desvíe la atención del país, para poder cubrir la corrupción de mayor peso y consecuencias.
Parece que van por la gobernación de Antioquia, puesto que existe la posibilidad de llamar a nuevas elecciones y toman la delantera; igualmente, dado que la alcaldía de Medellín, carece de un respaldo partidista fuerte y abierto y que tenía al gobernador como su soporte, también se coloca en la mira de la dolida ultraderecha local; se quitan a un inexperto y advenedizo personaje, para sí matar dos pájaros de un tiro.
Se abren nuevas expectativas en la política regional paisa, en las que la población y la sociedad saldrán mayormente perjudicadas. La cuestionada ultraderecha regional se atrinchera de nuevo. “Agúzate paisa que te están velando. Agáchate que te están tirando. Que uno tiene que estar mosca por donde quiera”.
God them bless today, tomorrow and always ... My name is Alexis Romero Orduñez, i am writer, sicólogo and shepherd of the Church Reborn. Each day work very hard walking under the intensive sun, for win twenty dollars to the month and can dedicate more of the half in access to internet for let them arrive the productions of our church to all you and help them throughout the that i can.My dream is have a computer although be of use and of type portable for produce more works, answer the letters that me write, reproduce more materials and help to all the that the need for that its works is know in all sides for blessing of all and glory of God.My whatsaap and telephone is: +53 56167555
Novelas, relatos, poesía, ensayos y microficciones que exploran el terror psicológico, el horror tecnológico y fantástico, la ciencia ficción emocional y los laberintos humanos. Por Adrián Fares, escritor y cineasta argentino.
MARÍA JIMENA DUZÁN, Junio 13 de 2020
