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Por MAURICIO ALBARRACÍN

La principal crisis de la justicia no es económica ni de congestión. Es ante todo una crisis moral. Los magistrados de las altas cortes no son intelectuales públicos, ni profesores reconocidos, ni siquiera litigantes relevantes. Estos magistrados se conocen más por una pelea con la policía, un crucero por el caribe, por el “yo te nombro, tu me nombras”, por un carrusel de pensiones o por los puestos de sus familiares en la Procuraduría. Qué lejos están los tiempos de las magistraturas de Eduardo Zuleta Ángel, Ricardo Hinestrosa Daza, Alfonso Reyes Echandía, Manuel Gaona Cruz, Ciro Angarita Barón o Carlos Gaviria. Ya no tenemos una “Corte de Oro”. Ni si quiera alcanzamos a una de bronce.*

Los magistrados ya no son memorables ni respetables. Los profesores y estudiantes de derecho con dificultad los recordamos, y cuando lo hacemos es para indignarnos por el escándalo de cada día. Sin duda tenemos magistrados probos, diligentes, estudiosos y dedicados, pero son una minoría que es opacada por magistrados sin grandeza.

La mediocridad, la vanidad y la ambición se tomaron nuestras cortes. Los magistrados no escriben sus sentencias. Sus plumas son débiles y sus voces inseguras. No tienen interés por la escritura como acto de pensamiento y como expresión de juzgamiento. Tampoco escriben libros ni dan conferencias que cambien el rumbo del derecho. Dudo que lean los expedientes completos y que estudien nuevas teorías para resolver los casos. Invito a los lectores a que tomen cualquier sentencia y examinen el número de páginas, la sintaxis, el uso del “copiar/pegar”, el lenguaje y el texto en su integralidad y se darán cuenta de la mala factura de esa escritura. Los magistrados no escriben, sólo cobran. Son una especie de burócratas bien pagados siempre listos a pelear por sus privilegios, inmunidades y pensiones.

Los magistrados acumulan millas. Son viajeros oportunistas que salen corriendo ante cualquier invitación de un organismo internacional, gobierno extranjero o universidad. El tiempo de juzgar no se puede interrumpir porque honorables viajeros deciden hacer turismo judicial. Nuestros magistrados deberían ser personas viajadas, es decir, aquellos que antes de asumir la noble tarea de juzgar tuvieron vidas interesantes, viajes académicos impredecibles, locuras juveniles en tierras lejanas.

El comportamiento cotidiano en las altas cortes nos deja la impresión de que los magistrados desprecian el intelecto y los hechos. No son buenos haciendo teoría ni analizando casos. Un gran magistrado es aquel que es hábil en la biblioteca y observador como Sherlock Holmes.

Nuestra justicia tiene una quiebra moral que reside en sus magistrados. Ésos que hacen lobby para llegar al puesto, que luego ostentan un cargo para ganar poder político y terminan saliendo de las cortes a hacerse litigantes ricos. Con su comportamiento indigno le han quitado la majestad a la justicia y son fuente de mal ejemplo para los jóvenes.

Nuestras cortes requieren con urgencia más escrutinio político, académico y ciudadano. Ninguna reforma a la justicia podrá derogar la mediocridad de las altas cortes. Los magistrados tienen en sus manos seguir destruyendo la justicia o corregir el camino y asumir con humildad y trabajo duro la tarea de juzgar. Por nuestra parte, los ciudadanos tenemos que ser los perros guardianes de las Cortes porque en ese Palacio de la Calle 12 con carrera séptima se deciden nuestras vidas, nuestros derechos y nuestro futuro.

ROTALO para que todos y todas conozcan donde esta el peligro de nuestro país.

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Como lo prometido es deuda, les comparto un fragmento de la nota del autor, y un fragmento del boceto del libro “LOS MERCADERES DE LA JUSTICIA”

NOTA DE LA AUTORA: En el año 2021, el sistema de repartos de la Fiscalía General de la Nación, que es aleatorio, me asignó dos procesos judiciales, uno contra poderosos empresarios con vínculos en la política y en los medios de comunicación; el otro, de un cartel dentro de la Unidad Nacional de Protección, que vinculaba a miembros de la antigua agencia de inteligencia del Estado a contratos para camionetas, falsos esquemas de seguridad, y el uso de camionetas del Estado para transportar drogas y presos fugados. Cuando recibí las asignaciones, era una fiscal que sólo quería hacer su trabajo. Tenía tres hijas, un esposo, esperaba un nieto y creía en la Justicia. Pero a días de llamar a imputación de cargos a tres miembros de la familia Ríos Velilla, el rector de la Universidad Sergio Arboleda, mientras intentaba convencerme de no imputarlos, me explicó “tú no sabes cómo funcionan las cosas”.
Luego, mientras enfrentaba las consecuencias de imputar a los Ríos Velilla, pasé de ser una fiscal anónima de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, a una funcionaria con medidas especiales de protección, una amenaza de muerte e investigaciones, quejas, y denuncias promovidas desde los más altos niveles de la Fiscalía General de la Nación; pensaba si ese “cómo funcionan las cosas” no era acaso el mismo régimen del que hablaba el dirigente conservador Álvaro Gómez, para referirse a un poder opaco, por fuera del control ciudadano, previamente acordado, que sólo dejaba ver en los partidos políticos y en las instituciones, una pantomima. De este régimen, de este cómo funcionan las cosas, el ciudadano apenas conoce de sus peores consecuencias: impunidad, aplicación selectiva de la ley y, cada cierto tiempo, cuando ya es insostenible, uno que otro escándalo de corrupción.
Escribo este libro para que los ciudadanos y ciudadanas puedan conocer algo más sobre cómo funciona este régimen, sus administradores y beneficiarios -los mercaderes de la justicia- sus mecanismos para garantizarse impunidad, así como las víctimas que deja, que no son otros que los ciudadanos que reclaman justicia, y los funcionarios honestos.

FRAGMENTO: Los “30 años de experiencia” en las seccionales más oscuras del poder judicial le sirvieron también para ascender a los niveles centrales del aparato investigativo a personajes grises, si somos generosos, cuando no evidentemente mediocres, y sospechosamente corruptos. Acostumbrados a las transacciones de pequeña escala, no supieron qué hacer cuando tuvieron a su disposición todos los recursos de la Fiscalia General de la Nación, y sucumbieron a su propia mediocridad. Incapaces y desesperados, por todos lados dejaron huellas de su modelo de corrupción.
¿Exagero? No. Desde febrero, hay pruebas de que en la administración de Francisco Barbosa y Martha Mancera se usaron un gran número de funcionarios, entre investigadores y fiscales, para secuestrar en España a una fuente humana (desprotegida dentro del proceso) y obligarla a declarar en un hotel en Bogotá.
La fuente humana y algunos miembros de la ilegal comisión judicial aterrizaron en Bogotá, luego de las 9:15 horas de viaje (dice el reporte del vuelo) desde Madrid, en el vuelo de Avianca AVA047 del día 21 de febrero.
Se atrevieron a tanto, con el uso ilegal del aparato judicial colombiano para traer a Bogotá bajo amenaza a un testigo clave, apodado con el nombre de una famosa bebida gaseosa; ese era el alias con el que se había registrado la fuente en el proceso penal que vincula a un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones en Buenaventura; el objetivo de tan atrevida acción, fue el de traerlo a Colombia para obtener una forzada y falsa declaración en la que absolviera a una funcionaria que el mismo investigador, con cariño y admiración, llamaba “la mamá”

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María Fernanda Barreto

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