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Colombia 8 de marzo oscuro para las futbolistas colombianas: violencia contra las jugadoras

Jugadoras de selección Colombia femenina hablaron de los atropellos que han sufrido

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FIFA rechaza violencia contra el fútbol femenino en Colombia

La FIFA, junto a la Conmebol, publicó un comunicado en el que rechaza los actos de violencia contra la mujer en el fútbol femenino sucedidos en Colombia. De igual manera, el principal ente del fútbol regulador en el mundo ha puesto en disposición de la Federación Colombia de Fútbol su órganos competentes, ya sea para prevenir o sancionar, según fuera el caso.

El comunicado de la FIFA dice:

En relación al comunicado emitido el 27 de febrero de 2019 por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la FIFA y la CONMEBOL condenan enérgicamente cualquier tipo de acoso sexual o laboral, violencia de género y/o violación de los derechos de la mujer o la niñez, y, en respuesta a la solicitud de la FCF, ofrecen todo su apoyo y la experiencia de sus órganos competentes a la Federación Colombiana de Fútbol en materia de capacidad preventiva y, si fuera necesario, sancionadora.

En los últimos meses, la FIFA ha estado trabajando en estrecha colaboración con un grupo consultivo de expertos que incluye a expertos en protección de menores de la UNICEF, el Consejo de Europa y sus federaciones miembro para ayudar a desarrollar el programa de protección de la infancia de la FIFA. En enero, la FIFA nombró a un experimentado director de salvaguardia y protección infantil, y pretende lanzar pronto una carpeta informativa y un programa de formación para ayudar a sus federaciones miembro a adoptar medidas y procedimientos firmes de salvaguardia y protección de la infancia.

Como parte de este programa, la FIFA, la CONMEBOL y la FCF revisarán las medidas de protección de la federación, a petición propia y como prioridad clave. La FIFA, la CONMEBOL y sus federaciones miembro tienen el compromiso de proteger y garantizar la seguridad de los niños en el fútbol.

Asimismo, tal y como dispone el art. 3 de los Estatutos de la FIFA, “la FIFA tiene el firme compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional y se esforzará por garantizar el respeto de estos derechos”. Así pues, la FIFA tiene el firme compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de todas las personas implicadas en actividades futbolísticas; y especialmente de las personas potencialmente vulnerables que requieran de una atención y protección específicas. La FIFA mantiene una política de tolerancia cero con las violaciones de los derechos humanos, y condena todas las formas de violencia de género.

Los jugadores de la Selección Colombia masculina ya manifestaron su apoyo y solidaridad, rechazando todo tipo de violencia contra la mujer, pidiendo claridad en las investigaciones tras los hechos presentados al interior de la Selección Femenina Sub-17 y pidiendo por un fútbol femenino más sólido.

https://noticias.caracoltv.com/deportes/futbol/condenamos-cualquier-tipo-de-acoso-sexual-fifa-sobre-escandalo-en-seleccion-colombia-femenina

8 de Marzo: Día Internacional de la mujer

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190307/dia-internacional-de-la-mujer-6672998

Curso Urgente de Politica para gente decente – Juan Carlos Monedero

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El neoliberalismo ha generado guerra social generalizada, migración y desigualdad

DISPUTA POR EL ORO

2019 – Día Internacional de la Mujer en Palestina

Dos veces cercadas

El recuento de víctimas de la última ofensiva del Estado de Israel sobre Gaza, aun cuando dan una idea de la magnitud del sufrimiento de esta población sitiada, apenas son un atisbo de lo que significa la vida cotidiana en esa franja de territorio cercado por un muro de más de 700 kilómetros detrás del que vivir y sobrevivir apenas se diferencian y donde las mujeres y las niñas están doblemente encerradas. Porque además de la agresión de las armas padecen el fundamentalismo religioso que ahora encarna la resistencia y que recorta todavía más sus derechos a una vida libre de violencia, a participar en la vida pública, a decidir sobre sus cuerpos, hasta a viajar en moto en el asiento de atrás. La activista Claudia Korol acaba de volver de Palestina y transmite sus intentos por interpretar los relatos de dolor y resistencia, de la esperanza como única opción, porque, dice, entender cabalmente es imposible.

“En todas las guerras del mundo la gente sufre, pero las mujeres por lo general sufren doblemente, porque asumen la responsabilidad por los niños, por alimentar a sus familias… Las mujeres generalmente son las más pobres de los pobres. Si cuando sos pobre no tenés nada, las mujeres tienen menos que nada.”

Quien habla es Salam Hamdan, activista feminista palestina con quien compartí un taller sobre Educación emancipatoria –organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo–, que se inició antes de la tregua y continuó después. “Después de tres devastadoras guerras en Gaza, no puedo ni empezar a describir la cantidad de sufrimiento de las mujeres y del pueblo palestino.”

Salam Hamdan trata de explicar lo inexplicable. La escucho conmovida, tratando de encontrar algunas claves que me ayuden a interpretar lo que estoy viviendo. Interpretar, porque no es posible “entender”. La rabia y la indignación son la respuesta inmediata ante la constatación cotidiana de la violencia como lenguaje central del poder colonialista.

El apartheid

Salam describe esta realidad lacerante: “En Gaza no hay modo de escapar. Es una prisión cerrada. Las mujeres no pueden salir con sus niños y niñas. Grandes partes de Gaza han sido devastadas en el 2008, en el 2012, y ahora en el 2014. Muchas familias han perdido sus casas y se han convertido en refugiadas. Muchas viven en escuelas. Eso hace que la situación –especialmente para las mujeres– sea muy, muy dura en términos de higiene, de hacerse cargo de la familia, de la exposición personal… La vida privada compartida con los demás es difícil. No pueden moverse, no pueden vestirse libremente… Miles de personas viven hace años en escuelas, porque no tienen ningún otro lugar. Todos los días, de mañana, mujeres, niñas, niños, hombres hacen largas filas para usar las pocas instalaciones sanitarias que tienen esas escuelas. Estas mujeres están realmente angustiadas, porque muchas están embarazadas, o amamantando, o menstruando, y necesitan otras condiciones higiénicas. Ahí, las mujeres también están expuestas al acoso sexual y a veces sufren violaciones”.

Señalan las organizaciones de mujeres palestinas que no hay mujer en Gaza o Cisjordania que no tenga en su familia hijos o maridos que no estén en prisión o hayan fallecido. La alta tasa de natalidad, unida a la escasez de trabajo, al hecho de que sus viviendas han sido destruidas o han sido ocupadas por el ejército israelí, sumada a la sanidad deficiente, a la escasez de agua potable (las principales fuentes de agua las ha ocupado Israel para sí), y la falta de movilidad de una región a otra por la fragmentación territorial, las intimidaciones en los puestos de control, hacen la vida de una dureza impresionante provocando también un enorme estrés y angustia. Un problema fundamental es el de la falta de trabajo. Denuncian las organizaciones de mujeres de Palestina, que el crecimiento dramático del desempleo y la pobreza, afectan la alimentación y la salud de las mujeres. El estudio “Gaza en 2020: ¿un lugar habitable?”1, publicado en agosto de 2012 por la Organización de las Naciones Unidas, menciona que el 47 por ciento de las mujeres no tenía trabajo a principios de ese año. El 80 por ciento de las 1,7 millones de gazatíes dependen de la asistencia alimentaria, y una gran proporción sufre desnutrición y anemia. La anemia afecta al 36,8 por ciento de las mujeres embarazadas de Gaza, contribuyendo al 20 por ciento de las muertes maternas.

Según cifras de la Oficina Estadística Palestina, las mujeres están sufriendo también el aumento de la prostitución y del sida. Muchas son mujeres casadas, desde muy jóvenes, que fueron empujadas por sus propios maridos a estas actividades para salvar la economía familiar. De acuerdo con estas estadísticas, “suelen ser esclavas de sus parejas, y la mayoría de ellas, un 62 por ciento, han sufrido maltratos. La legislación no las protege. En casos de violación, se distingue a las que son vírgenes de las que no lo son. La pena por forzar a una mujer no virgen es mínima, irrisoria. Están desprotegidas, tanto frente al abuso físico, como si contraen enfermedades de transmisión sexual como el sida”. Se señala en este informe: “Las palestinas perciben la guerra como un genocidio, por eso quieren seguir pariendo hijos, a pesar de las dificultades”. Parir, como resistencia…

Los números de la barbarie

La devastación es el denominador común no sólo en Gaza, sino también en otras regiones de Palestina. En esta última de las guerras israelíes contra Gaza, hay en menos de dos meses más de 2200 muertos. De ellos 550 aproximadamente son mujeres. Alrededor de 500 son niños y niñas. Hay más de 11 mil heridos y heridas, 13 mil personas con sus casas totalmente destruidas, que se agregan a las 250 mil personas sin techo, viviendo en refugios como consecuencia de las tres guerras anteriores. Mientras esto sucede en Gaza, en Cisjordania, en el mismo período, fueron asesinados por las fuerzas militares israelíes 32 palestinos y palestinas. Hay 1397 palestinos heridos. 1753 fueron detenidos.

Esta geografía de destrucción está atravesada por un muro levantado por Israel, que tiene ya construidos 728 km, de 6 a 8 metros de alto. El muro desgarra el paisaje y las vidas en zonas urbanas y rurales. Es una mole de cemento que muestra la soberbia de la política de ocupación. En todos lados el muro dice: “Aquí estamos”.

Una vuelta al fundamentalismo

Además de la ocupación, las mujeres palestinas sufren también el resultado del crecimiento del fundamentalismo religioso, que es consecuencia en gran medida de las heridas provocadas por la guerra.

Explica Salam: “Ahora tenemos un gran problema social, especialmente para las mujeres. Hamas es un movimiento muy religioso. Contribuyó al desplazamiento de las mujeres de las esferas públicas. La aumentada popularidad de Hamas significa un futuro difícil para las mujeres y para los grupos progresistas”.

En enero de 2006, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) fue presionado por la Autoridad Palestina y el gobierno estadounidense a participar en las elecciones. Hamas ganó las elecciones en Gaza, con más del 70 por ciento de los escaños parlamentarios. Pero quienes le exigían democracia y elecciones no respetaron el resultado. Desde entonces, los israelíes han sitiado todos los territorios palestinos en Cisjordania y Gaza. La Autoridad Palestina en Cisjordania, acusada de una gran burocratización, corrupción, y que cuenta con el apoyo del gobierno estadounidense y de algunos regímenes árabes como Egipto, comenzó a perseguir a Hamas y a sus simpatizantes.

En junio de 2007, Hamas asumió el gobierno en Gaza. Israel y Egipto reaccionaron imponiendo el estado de sitio y un absoluto aislamiento. Sin embargo, al lograr liderar la resistencia a la ocupación, la popularidad de Hamas aumentó, ya que quedó como la fuerza capaz de garantizar la resistencia.

Esto trae dificultades adicionales para las mujeres. El gobierno de Hamas ha significado la imposición a las mujeres de nuevas medidas de control de su vida, de su sexualidad, de disciplinamiento de sus cuerpos. Se volvió a imponer el uso del pañuelo en la cabeza, cubrir su piel, la prohibición de fumar pipa de agua en espacios públicos y de viajar en el asiento trasero de motocicletas (entre otras medidas conservadoras). El fundamentalismo religioso pretende recluir a las mujeres en la vida privada donde, además, ha aumentado la violencia contra las mujeres.

“Nuestra esperanza no es sólo terminar con la ocupación israelí, en lo que la mayoría de las palestinas y palestinos coincidimos. Es necesario también pensar en una vida sin violencia, con libertad, con justicia para las mujeres y para todas las formas diferentes de pensamiento”, concluye Salam.

Niños, niñas, presente, futuro

La psicoanalista y psicodramatista internacionalista Ursula Hauser, que viene realizando talleres de psicodrama en Palestina, escribe en un artículo: “La desesperación que vemos en los ojos de niños y niñas, mujeres y hombres, son una acusación contra el silencio instalado, el estupor callado que es síntoma de indiferencia o resignación. Los pequeños palestinos quieren ser mártires, porque así piensan reivindicar la dignidad de su pueblo, de sus padres asesinados, de sus madres insultadas. Sin duda alguna, esta actitud de desesperación es contraria a su deseo de vivir: están llenos de risas, de ganas de jugar, y no solamente con pistolas. Pero vivir sin terror, vivir una vida humana y no de perros golpeados. El miedo, el odio y la desesperación crecen con la represión y el maltrato, en una espiral de violencia incontrolable. No es de asombrarse que en esta situación se desarrollen los fundamentalismos en ambas partes, y que falte el espacio para la discusión y la reflexión racional. ¿Y si las palabras no valen, si los gritos no son escuchados?2” Los niños palestinos hacen sus propias lecturas de la realidad. Aprenden a sobrevivir muchas veces en soledad, o en el desamparo de los campos de refugiados. En un recorrido por Ramalá, nos detenemos frente al muro levantado por Israel, “intervenido artísticamente” por colectivos de muralistas internacionalistas. Se suceden en esas pinturas escenas de la resistencia. Frente al mismo, un grupo de niños tira piedras contra el cemento. Todavía la Intifada sigue haciendo puntería, y dibujando la dignidad en la memoria colectiva.

La educación popular, en la experiencia cotidiana de vencer a la barbarie

Ruba Totah, educadora palestina que trabaja con niños, niñas y jóvenes en talleres de estímulo a la lectura y escritura nos dice: “La ocupación israelí nos niega el derecho a la educación. Lo hace desde sus intenciones de colonizarnos. A nuestras familias las pueden asesinar, pueden destruir nuestras vidas varias veces, y hay que volver a empezar. Por eso es tan necesaria la educación emancipatoria. Para resistir desde nuestras propias posiciones, ideas, cultura, el racismo y la dominación”.

Ruba nos muestra imágenes de una Gaza devastada. Realizamos a partir de ellas un ejercicio de escritura. Salam escribe un relato que nace de su experiencia personal: “Mis pies me guiaban. Mi cabeza estaba en las nubes. Escombros. Sólo escombros y más escombros alrededor, arriba y abajo mío. Llegué al salón de bodas, donde mi hermano se suponía que se casaría hoy. Lo vi sentado en un escalón bajo las luces brillantes, sonriéndome. Fui la única invitada que participó de esta fiesta. Caminé por entre los escombros del salón, tratando de llegar hasta donde él estaba, pero se desvaneció… Salí a la calle con el corazón pesado. No podía llorar. Mi garganta estaba seca. Miré hacia arriba buscándolo. Allí había un gran arco iris abrazando con sus rayos de luz las casas destruidas a su alrededor… Lloré”.

La educación emancipatoria, en este contexto, tiende a rescatar las historias y las vidas, la identidad y la cultura que quieren ser borradas por la colonización sionista. La pintura, el canto, la danza, el teatro de los oprimidos y oprimidas, la poesía, son parte de esa búsqueda que intenta evitar que la desesperación empuje a las y los jóvenes a otras respuestas autodestructivas, como la droga, el suicidio, o el fanatismo religioso.

Ser feminista en Palestina

“¿Por qué sos feminista?”, le pregunto a Salam, intentando imaginarme cómo es ser feminista en un país en guerra, donde en la propia resistencia la dominan sectores fundamentalistas en sus visiones sobre las mujeres. Ella nos vuelve al relato personal: “¡Buena pregunta! En primer lugar, tuve la suerte de nacer en una familia comunista. Tuve por ello muchas oportunidades que otras niñas, y luego, muchachas a mi edad no tenían. Me enseñaron qué significa la igualdad y la equidad, y por ese conocimiento a temprana edad fui capaz de darme cuenta del nivel de opresión que existe en mi sociedad contra las mujeres. Supe identificar las opresiones cuando las veía, mientras otras mujeres que no tenían estos conocimientos creían que eran condiciones dadas por Dios, que para eso nacimos, y que está en la naturaleza de las cosas. Hay otro aspecto personal que agregar. De niña, por algún período de mi vida, tuve que depender de mí misma. Porque mi padre estuvo preso muchos años por luchar contra la ocupación israelí, y mi mamá tenía que atender a mi hermana que sufría de cáncer. Yo solía viajar y vivir con mis parientes en distintos lugares, y me hice fuerte así. Aprendí a hacerme cargo de mí misma, a defenderme a mí misma y a luchar por mis derechos”.

Comparte Salam algo de sus experiencias con grupos de mujeres: “Doy talleres de género, participo de sesiones de reflexión organizadas por distintos grupos de mujeres. Yo les digo que respeto su opción y orientación religiosa –realmente la respeto–, pero que hay una clara distinción entre la religión, en tanto sentimientos de espiritualidad, en esta relación íntima y privada que establece cada cual, y la religión como asunto político público. Es muy importante construir respeto y confianza. Luego iniciamos una discusión abierta, donde acordamos poner todos los tabúes sobre la mesa y los discutimos juntas, escuchando los puntos de vista de las demás. Después de haber acordado que tenemos que estar abiertas, esta técnica –es como magia– siempre funciona, porque las mujeres siempre acuerdan discutir los tabúes. Religión, sexo, política. Luego empezamos a dialogar tratando de conocer y analizar todos los aspectos. No quiero convertirlas a mi ideología, ése no es mi propósito. Sólo quiero lograr que se hagan preguntas y que se cuestionen algunas cosas por sí mismas. Por supuesto, este trabajo está lleno de desafíos, porque crear conciencia en las mujeres en cuanto a sus derechos no es suficiente cuando no pueden cambiar su realidad política y económica. Una vez estuve en uno de los pueblos del sur de Palestina. Yo hablaba y las mujeres aprobaban lo que decía. Hasta que una mujer de unos cincuenta años me dijo: “¿Y ahora qué? Ahora cambié, conozco mis derechos, sé que está mal que mi marido me golpee y me oprima. Pero yo no tengo trabajo, vivo en un país ocupado. No puedo cambiar esta realidad. Estoy más triste y más enojada ahora, porque ahora sé que no está bien lo que me está pasando, pero no puedo cambiarlo”.

Después de la tregua

¿Qué significa esta paz precaria que se ha logrado? Una vez logrado el cese del fuego, que trae alivio a las familias palestinas, se abren en la resistencia numerosos debates. ¿Cómo reconstruir parte de lo devastado? ¿Quiénes ganaron con la guerra y quiénes perdieron? ¿Qué viene ahora?

Dentro de Israel, las tendencias que surgen después de la firma de la tregua, fortalecen a los sectores más derechistas que aspiraban a la destrucción total de Palestina y a la rendición de las fuerzas de la resistencia. A pesar de todo el poder de fuego de Israel, esto no ha sucedido. La resistencia ha logrado niveles de unidad durante la guerra y se ha fortalecido su popularidad.

Pero ¿qué implica en este contexto, el fortalecimiento de una corriente que apoya su “moral” en el fundamentalismo religioso? Algunas feministas que participan de partidos de izquierda, piensan que la misma experiencia realizada en la guerra, obligará a Hamas a adecuar sus posiciones y a ser más respetuoso de otras corrientes de izquierda y progresistas, y de las mujeres. Salam sostiene que esto no será beneficioso para las mujeres ni para los sectores de izquierda.

“En este momento tenemos muchos desafíos. Estamos ante el problema de la división de las fracciones políticas que forman la resistencia. Tenemos una división geográfica que acentúa la fragmentación del país: Cisjordania está separada de la Franja de Gaza, lejos de Jerusalén. Eso implica también una fragmentación socio-económica. Otro de los desafíos es la creciente confiscación de tierras por parte del Estado de Israel en Cisjordania, y el crecimiento de los asentamientos israelíes. La fragmentación territorial, impuesta como resultado de los Acuerdos de Oslo –realizados en 1993 entre la Organización para la Liberación Palestina y el Estado de Israel– divide al territorio reconocido por esos acuerdos como “palestino” en tres zonas (A, B y C), con diferentes modelos de administración y de control militar. Pasar de una zona a la otra suele ser imposible para ellos, pero también esta fragmentación avanza al interior de cada zona, porque Israel, violando abiertamente esos acuerdos, sigue asentando poblaciones en cada uno de los territorios, e imponiendo una lógica basada en el miedo, el aislamiento, la privación del acceso a derechos básicos como el derecho al agua, a la vivienda, y fundamentalmente, la amenaza a la vida.” Después de la tregua, Israel autorizó la construcción de 1472 nuevos asentamientos judíos en tierras confiscadas a los palestinos, en la región de Cisjordania. Serían asentamientos para 6000 colonos.

Analiza también Salam: “Otro gran desafío es la situación regional, los acontecimientos en el mundo árabe. Hay muchos problemas, guerras civiles. Se empezó con revoluciones y derivó en grandes guerras civiles como en Siria o en Irak, hay muchos problemas en Egipto… Eso hace que estos países estén ocupados con sus propios asuntos y no le estén prestando atención a Palestina. Por supuesto que esta situación produce frustración, y tal vez refuerce a los movimientos religiosos extremistas”.

Nos pide finalmente que no olvidemos a Palestina. Que incrementemos las acciones solidarias. Que reforcemos las iniciativas del boicot a Israel, impulsadas entre otros por grupos de mujeres de la resistencia. Que demandemos a los gobiernos que rompan relaciones con Israel, con el apartheid que ahí se impone al pueblo palestino. Decir no al apartheid organizado por el sionismo. Declarar en nuestras ciudades, barrios, países, “territorios libres de apartheid”.

De Palestina no se regresa, pienso. Una parte mía queda aferrada a esa tierra. A ese pueblo, a esas mujeres que día a día vuelven a levantarse, a sembrar la vida, a cuidar el presente y el futuro. Una parte mía, sigue pensando en qué tipo de humanidad construimos, si no somos capaces de mirar lo que ahí está sucediendo. Mirar, oír, sentir, pensar, y actuar. Para los pueblos que sabemos qué es un genocidio, no caben vacilaciones frente a semejante impunidad.

¿Cómo hacés –le pregunto a Salam– para sostener la fuerza y la esperanza en la lucha? Me responde: “No tengo otra opción más que tener esperanza”.

Se trata, pienso, de que la esperanza siga teniendo lugar en nuestras resistencias, en nuestras solidaridades. Se trata de hacer nuestra propia Intifada contra la indiferencia. Se trata de seguir sembrando libertad.

Notas

http://www.unrwace.org/gaza.-proyecciones2020.html

2 Publicado en el libro Entre la violencia y la esperanza. Escritos de una internacionalista. Editorial Acuario. La Habana. Cuba.

Fuente: Claudia Korol, Página 12 – Argentina

Atilio Borón: ataque a Venezuela, sanciones, la supuesta ayuda humanitaria, las agresiones desde Estados Unidos, las redes sociales…

Batalla por África

Un artículo del PND dejaría sin dinero a quienes cotizan pero no alcanzan a pensionarse.

https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/03/04/articulo-del-pnd-dejaria-sin-dinero-a-quienes-cotizan-pero-no-alcanzan-a-pensionarse.html

Un nuevo mico en el Plan Nacional de Desarrollo está generando pánico entre los colombianos. Al parecer, un artículo dejaría sin dinero a quienes cotizan pero no alcanzan a pensionarse.

La advertencia la hizo la senadora Angélica Lozano. Ella a través de su Twitter explicó de qué se trata.

Al parecer, el artículo 117 del PND plantea la «expropiación del ahorro pensional». Es decir, si en la actualidad usted trabaja y cotiza, y no alcanza a pensión, le devuelven lo ahorrado. Pero después de esto, no le devolverían el dinero ahorrado.

Dice la senadora que solo le darían 40 mil pesos mensuales. Pero es aún más preocupante en caso de fallecimiento, ya que la persona perdería todo y sus familiares no podrían acceder a ese dinero.

Angélica Lozano Correa

@AngelicaLozanoC

OJO el art 117 del Plan Nal Dllo es la EXPROPIACIÓN del ahorro pensional de los que no se pensionan.
HOY, si ud trabaja y cotiza, y no alcanza a pensión, le devuelven lo ahorrado.
Con este art. no le devuelven su plata.
Le darían $40 mil mensuales y si muere, pierde todo.

Camidur@Camidur1

@IvanDuque artículo 117 de plan de desarrollo es para robar al pueblo de frente ?? Hacerlo cotizar para quitárselo todo si no se pensiona ? @MinHacienda @PGN_COL @mluciaramirez eso es corrupción con conocimiento de causa !!! @infopresidencia @AlvaroUribeVel @SenadoGovCo

Ver los otros Tweets de Camidur

 

Colombia: Nuevos comandantes del Ejército estarían vinculados con “falsos positivos” («Human Rights Watch»)

Febrero 27, 2019 12:00AM EST

Mensaje nocivo para soldados y oficiales, y duro revés para las víctimas

El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.

(Washington D.C.) – El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos, señaló hoy Human Rights Watch. Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.

El 10 de diciembre de 2018, el gobierno nombró al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército colombiano. El 21 de diciembre, el ministro de Defensa Guillermo Botero y el general Martínez Espinel nombraron a otros nuevos comandantes en puestos claves del Ejército. Human Rights Watch ha encontrado pruebas que vincularían a ocho de estos militares, así como al general Martínez Espinel, con “falsos positivos” y otros abusos. Entre 2002 y 2008, en casos que se conocieron como “falsos positivos”, miembros del Ejército cometieron ejecuciones sistemáticas de civiles inocentes para incrementar el número de bajas en el marco del conflicto armado.

“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que patrones en los casos de falsos positivos —incluida su naturaleza sistemática y las circunstancias implausibles de muchas muertes que supuestamente ocurrieron en combate— sugieren que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de ejecuciones sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios. Conforme al derecho internacional, los comandantes no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ordenen o cometan en forma directa. También deben ser penalmente responsables si sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos.

Los militares nombrados recientemente contra los cuales existen evidencias que los vinculan con graves abusos son Martínez Espinel, comandante del Ejército; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Todos ellos son generales.

El general Martínez Espinel fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.

Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) a un informante que habría proporcionado información que supuestamente permitió lograr “excelentes resultados” en dos operaciones militares. En una de estas, los soldados reportaron que “d[ieron] de baja a un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59” de las FARC. Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años.

En 2011, un tribunal condenó a dos soldados y un exparamilitar por estos homicidios. El tribunal concluyó que las víctimas fueron llevadas por la fuerza de su vivienda en horas de la madrugada. Los soldados las asesinaron, colocaron armas en sus cuerpos e informaron que se trataba de miembros de las FARC muertos en combate. En 2013, un tribunal superior pidió a la Fiscalía que investigara “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”.

El general Navarrete Jadeth, nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, fue segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008.

Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el general Navarrete Jadeth en marzo de 2008, en el cual certifica un pago de 2.000.000 pesos colombianos (USD 1.000) a un informante a cambio de datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Pero los tribunales han concluido que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados de una ciudad cercana y ejecutados extrajudicialmente.

Los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército, en su mayoría soldados rasos, por su rol en ejecuciones extrajudiciales. No obstante, las autoridades en general no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes. En cambio, han ascendido a muchos de estos militares, y han permitido que varios alcancen los más altos cargos en las Fuerzas Militares.

El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos también nombró en puestos clave del Ejército a militares sobre quienes pesan evidencias creíbles que los vinculan con falsos positivos. El general Juan Pablo Rodríguez Barragán, que está siendo investigado penalmente por casos de falsos positivos, fue el Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia entre 2014 y 2017.

Una parte de la asistencia militar estadounidense destinada a Colombia está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos. En 2018, estos requisitos incluían que el “personal militar responsable de ordenar, perpetrar o encubrir falsos positivos esté siendo procesado y sancionado adecuadamente, incluyendo con la destitución de cargos de mando”.

A continuación, se presenta un análisis de las pruebas contra los oficiales superiores del Ejército.

Las pruebas contra los nuevos comandantes

Human Rights Watch analizó decenas de decisiones judiciales, testimonios, informes de la Fiscalía General de la Nación y otros documentos vinculados con los oficiales del Ejército que fueron nombrados en diciembre. Al menos tres de los nueve generales ascendidos están siendo investigados por la Fiscalía. Los fiscales están investigando numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los demás. A continuación, se expone un resumen de las pruebas que implican a los nueve militares (la información se presenta según su rango en el Ejército).

Nicacio de Jesús Martínez Espinel (comandante del Ejército)

Entre octubre de 2004 y enero de 2006, el general Martínez Espinel fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de La Guajira y Cesar. Un informe de 2016 de la Fiscalía indicaque los fiscales han abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.

Por ejemplo, en una sentencia de junio de 2011, un tribunal determinó que en febrero de 2005 soldados del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada se llevaron de su vivienda a Carrillo Arias, miembro de una comunidad indígena, y a Pacheco Zabata, de 13 años, en horas de la madrugada, para luego asesinarlos, colocar armas sobre sus cuerpos e informar que eran miembros de las FARC muertos en combate. El tribunal que condenó a los responsables determinó que les habían disparado a las víctimas por la espalda y que las armas que supuestamente pertenecían a las víctimas no habían sido detonadas. También concluyó que el batallón carecía de los documentos sobre la operación, incluidos aquellos que deberían haber dejado constancia de la cantidad de municiones utilizadas durante el supuesto enfrentamiento armado.

Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) a un informante que proporcionó datos que posibilitaron los “excelentes resultados” en esa y otra operación.

Human Rights Watch identificó otras graves inconsistencias en varios documentos firmados por Martínez Espinel que supuestamente certifican pagos realizados a informantes que habrían permitido que soldados de la Décima Brigada Blindada dieran de baja a tropas enemigas. Por ejemplo:

  • En cuatro documentos distintos, según documentos incluidos en un expediente judicial al que tuvo acceso Human Rights Watch, los fiscales determinaron que los nombres y los números de cédula de los presuntos informantes no coincidían.

  • En dos documentos donde se certifican pagos a informantes, las fechas de las presuntas operaciones no tienen sentido. En un caso, el 17 de mayo de 2005, Martínez Espinel autorizó el pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) como recompensa por información que, según el mismo documento, facilitó una operación militar que se llevó a cabo el 20 de mayo–es decir, tres días después. En esta supuesta operación, habría muerto un “sujeto NN… al parecer integrante del Frente 41” de las FARC.

Human Rights Watch ha demostrado que entre 2002 y 2008, muchos militares fabricaron documentos ficticios para obtener beneficios económicos por bajas reportadas, incluidos casos de falsos positivos. Human Rights Watch no pudo confirmar si algunas de las bajas respecto de las cuales el general Martínez Espinel autorizó pagos, además del homicidio de Carrillo Arias y Pacheco Zabata, fueron falsos positivos, ya que, en los documentos militares relevantes, no se identifica los nombres de las personas que murieron. La mayoría de los muertos fueron reportados como “NN”.

Jorge Enrique Navarrete Jadeth (jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza)

Como nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, el general Navarrete Jadeth supervisa varios comandos del Ejército, incluyendo los de personal, reclutamiento y logística.

El general Navarrete Jadeth fue el segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre al menos 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, según documentos a los que tuvo acceso Human Rights Watch.

Un documento firmado por el general Navarrete Jadeth en marzo de 2008 certifica que se realizó un pago de 2.000.000 pesos colombianos (USD 1.000) a un informante que proporcionó datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Posteriormente, los tribunales concluyeron que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados de una ciudad cercana y ejecutados extrajudicialmente.

Un documento de 2015 indica que los fiscales estaban investigando al general Navarrate Jadeth por presunta cooperación con grupos paramilitares. El expediente indica que la investigación fue propiciada por declaraciones de un exparamilitar, Adolfo Enrique Guevara Cantillo, quien manifestó que el general Navarrete Jadeth cooperaba con paramilitares. La Fiscalía no ha indicado públicamente si ha archivado la investigación ni si tiene previsto imputar al general.

Raúl Antonio Rodríguez Arévalo (jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas)

Como nuevo jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas, el general Rodríguez Arévalo supervisa diversos departamentos del Ejército, incluidos aquellos a cargo de inteligencia y contrainteligencia y de educación militar.

El general Rodríguez Arévalo fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante parte de los años 2005 y 2006. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre 21 ejecuciones cometidas en 2005 y 13 en 2006 por soldados del batallón la Popa, según un informe de la Fiscalía. Entre estos, hay por lo menos cuatro casos en los cuales la justicia colombiana ha condenado a nueve soldados por su participación en 10 ejecuciones.

En un caso, el 20 de noviembre de 2005, soldados del batallón la Popa asesinaron a tres civiles en San Diego, Cesar, e informaron que se trataba de enemigos muertos en combate. La noche previa, tras recibir falsos ofrecimientos de empleo de dos hombres, las víctimas habían viajado más de 300 kilómetros hasta San Diego desde el municipio de Soledad, Atlántico. En 2014, un tribunal condenó a un teniente y un sargento por los homicidios. Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Rodríguez Arévalo que describe el presunto operativo indica que fueron “dados de baja” “cuatro bandidos sexo masculino NN” que “pretendían cobrar una extorsión a un caficultor de la región”.

En febrero de 2017, un soldado, cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad, indicó a la Fiscalía que el general Rodríguez Arévalo estaba directamente implicado en falsos positivos. El siguiente fragmento describe uno de los muchos casos que describió el soldado (bastardillas agregadas):

[S]acamos dos personas de diferentes casas. La primera un señor donde había como una tienda, un señor moreno. Al otro lo sacamos diagonal, como a la izquierda… ahí el guía nos llevó a una parte… y [un] teniente… me dio la orden de asesinar a uno de los señores, al de la tienda. Yo lo ejecuté.

A [otro] soldado le dio la orden de que matara al otro. Nosotros le dijimos a mi teniente cómo vamos a hacer [para informar las bajas] si no hay armas. Él nos dice ‘no se preocupen que mi tío [va a ayudar]’ refiriéndose al coronel Rodríguez Arévalo.

Cuando llegamos al batallón… esperamos [hasta que] llegó un helicóptero. Ahí iba el coronel Rodríguez Arévalo y [otro oficial]. Bajaron unas bolsas negras que no sé qué tenían. Después estaban organizando unas minas de guerra con cordones detonantes, un fusil, una pistola y explosivos. Se las colocaron a las personas [muertas] y tomaron fotos para decir que había sido un combate… en esas bajas mandó el coronel [Rodríguez Arévalo] al sobrino a hacer curso de piloto[presuntamente como premio].

Adolfo León Hernández Martínez (comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro)

El general Hernández Martínez fue nombrado comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, una unidad que asesora al comandante del Ejército sobre políticas para modernizar la fuerza.

Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el general Hernández Martínez estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008, según un informe de la Fiscalía.

Por ejemplo, el 23 de enero de 2008, soldados del batallón la Popa asesinaron al civil Aldemar García Coronado, de 16 años, e informaron que se trataba de un enemigo muerto en combate. En 2013, un soldado y un sargento fueron condenados por el delito. Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Hernández Martínez indica que soldados que participaron en la operación “entra[ron] en combate” con “5 terroristas”, y que en ese hecho murió un “NN”.

Diego Luis Villegas Muñoz (comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano)

El general Villegas Muñoz fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, una unidad especial que opera en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

El general Villegas Muñoz actualmente está siendo investigado por la ejecución de Omer Alcides Villada, un agricultor que tenía una discapacidad mental. Soldados del Batallón Pedro Nel Ospina habrían asesinado al agricultor en marzo de 2008 y luego reportado que se trataba de un combatiente de las FARC muerto en combate. En ese momento, Villegas Muñoz comandaba el batallón.

Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Villegas Muñoz certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 800) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó a la operación en la cual fue asesinado Villada. No obstante, en la declaración del supuesto informante ante la Fiscalía, este indicó que nunca había proporcionado información al Ejército ni recibido pago alguno.

Villegas Muñoz también firmó dos informes sobre la operación. Un fiscal señaló en una audiencia sobre el caso que los informes revelan varias irregularidades; por ejemplo, que la operación se realizó en un municipio distinto del que consta en la orden militar.

En diciembre de 2016, un juez dictó una orden de captura contra el general Villegas Muñoz. No obstante, un decreto de 2017 vinculado con el componente de justicia del acuerdo de paz con las FARC impidió que se ejecutara la captura, según una carta de la Fiscalía. El decreto permite que las autoridades suspendan las órdenes de detención en casos que tengan relación con el conflicto armado.

Edgar Alberto Rodríguez Sánchez (comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles)

El general Rodríguez Sánchez fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles, una unidad especial que opera en el Bajo Cauca.

Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, comandó el batallón Magdalena de la Novena Brigada. Los fiscales han abierto investigaciones sobre al menos 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando, según documentos de la Fiscalía.

Raúl Hernando Flórez Cuervo (comandante del Centro Nacional de Entrenamiento)

El general Flórez Cuervo fue nombrado comandante del Centro Nacional de Entrenamiento en Bogotá, donde se dictan cursos especializados a soldados.

Flórez Cuervo fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante, por lo menos, parte de 2008. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.

En mayo de 2014, un tribunal de Bogotá condenó a cinco soldados del batallón de Flórez Cuervo por el asesinato, en enero de 2008, del sindicalista Israel González, que fue reportado como guerrillero muerto en combate. El tribunal determinó que tal enfrentamiento nunca se produjo. En cambio, González fue sido asesinado por soldados que colocaron sobre su cuerpo armas sin usar y una radio averiada que tenía baterías del Ejército. Flórez Cuervo firmó la “orden de operaciones”.

El tribunal pidió a la Fiscalía que “adelante investigaciones en relación con otros posibles autores o intervinientes de los delitos… que pudieron tener relación con la expedición de órdenes en cuya ejecución se produjo el deceso violento del señor Israel González”. Human Rights Watch no pudo confirmar si se impulsaron investigaciones como resultado de este pedido. En julio de 2017, un fiscal dijo a Human Rights Watch que no había registro de investigaciones sobre el posible rol de Flórez Cuervo en asesinatos cometidos por el batallón Domingo Caicedo.

Miguel Eduardo David Bastidas (comandante de la Décima Brigada Blindada)

El general David Bastidas fue nombrado comandante de la Décima Brigada Blindada.

Actualmente, David Bastidas está siendo investigado por su rol en abusos ocurridos durante parte de los años 2004 y 2005, mientras era el segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada. En noviembre de 2017, un fiscal imputó a Bastidas en relación con su presunto rol en 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura. El fiscal sostuvo que el general David Bastidas no tomó medidas ante estos delitos, pese a las circunstancias poco plausibles de las bajas reportadas.

Marcos Evangelista Pinto Lizarazo (comandante de la Décimo Tercera Brigada)

El general Pinto Lizarazo fue nombrado comandante de la Décimo Tercera Brigada, que opera en Bogotá.

Entre octubre de 2006 y abril de 2007, el general Pinto Lizarazo fue comandante del batallón Anastasio Girardot, de la Cuarta Brigada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007, según documentos de la Fiscalía. Por ejemplo, en 2011, un tribunal condenó a cuatro soldados del batallón Anastasio Girardot por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las FARC.

El general Pinto Lizarazo también estuvo al mando del batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009. Los fiscales han abierto investigaciones sobre 18 ejecuciones supuestamente cometidas por soldados del batallón en 2008, según documentos de la Fiscalía.

El 18 de enero de 2008, soldados del batallón Magdalena mataron al campesino Ever Urquina Rojas, en el municipio de San Agustín, e informaron que se trataba de un enemigo “NN” muerto en combate. El sargento William Andrés Vargas Capera confesó y se declaró culpable por este hecho. En el preacuerdo con la Fiscalía, manifestó haber escondido deliberadamente el documento de identidad y la ropa de la víctima. Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Pinto Lizarazo certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 770) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó la operación en la cual fue asesinado Urquina Rojas. No obstante, los fiscales concluyeron que el presunto informante no “ofreci[ó]” ninguna información “con relación al occiso Ever Urquina Rojas”.

El 11 de diciembre de 2015, la Fiscalía interrogó al general Pinto Lizarazo sobre su presunta participación en falsos positivos mientras fue comandante del batallón Magdalena. En el derecho procesal penal colombiano, estos interrogatorios son uno de los primeros pasos del proceso penal. Aunque el caso contra el general Pinto Lizarazo sigue abierto, no hubo avances desde diciembre de 2015, según dijo a Human Rights Watch un abogado que representa a víctimas del caso.

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