Por Gonzalo Salazar

O continuidad y nuevo comienzo

Son las preguntas que los dirigentes revolucionarios y los movimientos populares se hacen en momentos de crisis, cuando el camino se acaba a nuestros pies, y es necesario mirar hacia atrás y al entorno para crear lo nuevo, como canta Serrat: “se hace camino al andar, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”. Esto es lo que no ocurre hoy no solo en nuestro país, sino en el mundo ante las tragedias humanitarias, económicas, culturales y ecológicas provocadas por el sistema mundo capitalista y la civilización occidental que lo parió.

En las ciencias sociales y humanidades no existen fórmulas o modelos prefabricados para desarrollar procesos de transformación social.Ningún iluminado, sabio o docto en sociología, antropología, filosofía o en economía política –ni siquiera un partido- puede determinar por sí mismo el qué y el cómo hacer de un pueblo en emancipación o en momentos de crisis del poder establecido; existen teorías elaboradas por intelectuales, científicos y dirigentes sociales, por grupos  políticos y filosóficos, que tomaron como fundamento  las experiencias de sus pueblos, hoy también lo hacen algunos intelectuales y cientistas sociales con los movimientos actuales; otros y otras indagan desde la academia crítica estudiosa de sus comunidades y países, por los grandes problemas de la sociedad; además está la historia y la literatura escrita y plasmada por intelectuales y artistas críticos, junto a  la grabada en la memoria de los viejos  que ha sido transmitida a los hijos y a los nietos en la oralidad, están los modos de ver, de pensar y de resistir en las comunidades, sectores y clases populares que han vivido el dominio de los opresores, están los acumulados políticos, culturales, científicos y tecnológicos disponibles y por apropiar, para ir construyendo nuestra propia agenda en la cotidianidad, en la resistencia, en la creatividad de la emancipación y de la transformación.

Las crisis son momentos para la reflexión, pero más para la creación, para renovar el pensamiento y la forma en que actuamos, para tomar decisiones; porque la actual crisis no solo es sistémica, sino sobre todo, de civilización y eso incluye lo que hablamos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo cual nos indica un alto grado de incertidumbre y de esfuerzo para asumir los cambios necesarios en este nuevo escenario, cuando es necesario consultar, consensuar y concertar en los contextos sectoriales, comunitarios de la localidad, la región y del país; deponer posiciones vanguardistas, falsos principios políticos e ideológicos sin ceñirse a esquemas.

Hoy, cuando los paradigmas construidos por occidente se han derrumbado, cuando las utopías se han vuelto invisibles para quienes aún creen en las promesas del capitalismo, es necesario la reflexión y la apertura del pensamiento. Se terminó el tiempo de los planos diseñados a distancia por ingenieros de lo imposible; lo infalible, lo preciso, lo prefabricado desde otras latitudes ya no encaja en la acción emancipadora de los pueblos.

Generalmente los intelectuales orgánicos de los partidos políticos de izquierda diseñan planes estratégicos, programas y plataformas en torno a sus objetivos predeterminados para la toma del poder y administración del Estado, con una lista de reformas e ingredientes políticos que seleccionan sus élites dirigentes, a desarrollar por etapas, en tiempos establecidos para las demás organizaciones y sectores populares aliados y para toda la sociedad. Si bien es cierto que se requiere de un programa mínimo y una plataforma, estas herramientas en un proyecto de democracia popular se deben construir y ejecutar por los propios sectores populares y las comunidades en sus territorios en los momentos que se necesiten, en un proceso de acercamiento, de discusión (con disensos y consensos) de identificación, integración, compromiso y acción colectivos.

Podríamos preguntarnos ¿qué tipo de país y de sociedad construir o reconstruir? -o deconstruir en el lenguaje académico actual- para acercarnos a la utopía, aterrizando nuestros proyectos y planes de justicia, igualdad y dignidad para convivir en solidaridad, con integración e intercambios económicos y culturales entre los pueblos de la región y del mundo; ¿qué instituciones eliminar, transformar y o crear para solucionar los grandes problemas y necesidades de nuestro pueblo y procurar el buen vivir? Interrogantes que empezamos a resolver cuando asumimos la legitimidad de nuestro proceso transformador, aceptando y ejecutando los mandatos populares con carácter de nueva legalidad, con instrumentos de nuestra propia institucionalidad, aplicando una democracia radical, con formas de autogobierno locales y/o regionales, con la posibilidad de concertar o articular un gobierno nacional Democrático Popular de Transición, que no necesariamente debe ser una condición ni el inicio en la construcción de la nueva sociedad (el proceso puede ser inverso y/o simultáneo), pues nos acostumbramos a mirar los procesos en forma lineal y progresiva, a medir el avance en el tamaño de los aparatos, en la ganancia económica y política, en el volumen de las “masas” movilizadas o cooptadas, en la cantidad de votos depositados, no en las capacidades reales de los pueblos como Sujetos, ni en la calidad de las transformaciones; por esto insistimos en lo comunitario, lo sectorial, lo local y lo regional, siempre con un ojo y un oído en el acontecer mundial.

Aunque el pensamiento occidental nos indica una construcción ascendente e integral planificada a corto y largoplazo, en este proceso pueden surgir otras alternativas y posibilidades desligadas de las lógicas e instituciones del capitalismo y del Estado, que se pueden realizar en tiempos, espacios, territorios definidos mediante el análisis colectivo de las comunidades, que generen o propicien prácticas de poder, de gobierno y de convivencia, del modelo de sociedad y de nación o país que soñamos (no para aplicar exclusivamente dentro del Estado-nación heredado de la seudo-independencia liberal del s. XIX); no con los esquemas clásicos de la izquierda tradicional eurocéntrica ni idénticas a la de nuestros hermanos zapatistas, pero si con mejores perspectivas de democracia, autonomía y solidaridad; que puedan tener alto grado de articulación y comunicación con las luchas de los demás sectores populares del campo y la ciudad, pero también con los demás pueblos del continente y del mundo.

La legalidad internacional, representada en organismos políticos, jurídicos y militares que dictan las normas de comportamiento a los países dependientes de la periferia como la ONU, la OEA, la OTAN, la OCDE o la CPI, donde supuestamente participan representantes de muchos países, no representan legítimamente a la gran mayoría de los pueblos que dicen representar, no solucionan ningún conflicto, no erradican ninguna enfermedad, no disminuyen los índices de violencia, de analfabetismo, de pobreza, de hambre, de desigualdad, ni de contaminación, son instrumentos de dominación para legitimar el despojo y la agresión de los estados terroristas capitalistas y sus corporaciones saqueadoras; lo mismo pasa con las instituciones financieras y de comercio privadas, también llamadas multilaterales, creadas a partir de la segunda guerra “mundial” -para consolidar el imperio norteamericano- como el FMI, el BM, el BCE, el BID, la OMC. Convertidas estas instituciones por los capitalistas neoliberales en entes financieros legislativos, judiciales, represivos internacionales, que vienen ordenando el mundo a su manera con una autoridad superior a todos los Estados otrora nacionales, que reclaman “legitimidad” y soberanía como gobierno mundial.

Todas las políticas supuestamente humanitarias de esos organismos internacionales “multilaterales” van en contravía de la integridad, de las necesidades y de las culturas de los pueblos. Ante estas instituciones, por muy imparciales que parezcan, no pueden acudir los pueblos en conflicto con el capital, no son los medios idóneos para denunciar y hacer justicia, mucho menos para garantizar la paz, la democracia, el progreso humano o el bienestar a los pueblos. Los movimientos de liberación y de transformación deberán crear sus propios instrumentos internacionales de denuncia, de justicia, de comunicación, de solidaridad y de diálogo para desarrollar sus luchas, para consolidar y defender sus proyectos, -una Comunidad Interpopular de las Periferias- nuevas instituciones humanistas humanitarias no estatales, algo mejor a lo que intentaron los progresistas con Unasur, la Celac, la Alba, el Banco del Sur, Telesur, Petrocaribe y el cambio que se pretendió con Mercosur, o los intentos de orientación política de los NOAL en el siglo pasado. En la medida que con autonomía se construyan bases y estructuras económicas, sociales y culturales democráticas de poder popular, los movimientos sociales populares y las comunidades, empezarán a prescindir del Estado y sus instituciones para consolidar su propio modelo de sociedad con sus instituciones y autoridadeslegítimas en sus territorios.

Es necesario para los nuevos movimientos revolucionarios definir los espacios políticos y sociales en que han de actuar, las formas de desarrollar y aplicar colectivamente sus programas e idearios, buscando consensuar las coincidencias y las afinidades, identificando las diferencias y particularidades, asumiendo lo que nos dice Camilo “haciendo énfasis en lo que nos une” y concretando la propuesta de J. A Galán, tan vigente como en 1781, “unión de los oprimidos contra los opresores”.

Generalmente se parte de tomar como base la legalidad burguesa, la supuesta legitimidad de las Constituciones, por el simple hecho de haber sido aprobadas con la pseudo-democracia burguesa por una minoría popular ignorante, chantajeada y aterrorizada como la colombiana. Basta mirar la serie de nuevas Constituciones “progresistas” en los últimos 25 años, que sostienen y legitiman el Neoliberalismo en América Latina, empezando por la nuestra; porque en realidad no son los fines de quienes las promueven, cambiar o destruir las estructuras capitalistas de sus estados y países, además de que quienes gobiernan no las respetan ni las aplican a cabalidad; pues las Constituciones se diseñan en base a las necesidades de quienes tienen el poder político y económico, o de quienes adquieren la hegemonía suficiente para imponer los cambios y los conceptos políticos  que requiere un nuevo modelo de sociedad, por lo general inducidos por una revolución o por una gran movilización social; de otra forma, es simplemente rencauchar el viejo régimen.

La Constitución Política de Colombia de 1991 con gran contenido neoliberal (diseñada con participación de la izquierda), en poco tiempo termina por ser desmontada en sus artículos más progresistas, con leyes reglamentarias adversas a su aplicación, para garantizar la inversión transnacional y el libre mercado de los poderosos, privatizando los derechos y los bienes comunes, que además es violada todos los días por los capitalistas nacionales y transnacionales y por los administradores del Estado para mantener los modelos económico y social, tanto así, que desde la promulgación de la CPC de 1991, continuó la guerra narcoparamilitar con toda intensidad, unida al despojo, a la violación de los derechos individuales y colectivos de los sectores populares, la corrupción creciente y la privatización del Estado. Basta mirar tan solo un ejemplo de la utilidad de la CPC para comprobar su efectividad: después de definir al país como multiétnico y pluricultural reconociendo a las comunidades negras y a los pueblos indígenas, en diciembre de 1991 fueron masacrados 20 indígenas Nasa en Caloto Cauca, con participación de terratenientes, narcotraficantes y fuerza pública, crimen que 28 años después continúa en la impunidad. Hoy, luego de firmado un acuerdo de “paz” entre el gobierno nacional y las Farc, con dialogo avanzado con el ELN por el mismo objetivo, la violencia paramilitar y estatal se intensifica sistemática y selectivamente, con hechos como la masacre de 8 campesinos cocaleros en Tumaco cuando reclamaban al Estado el cumplimiento de los acuerdos de la Habana (a dos años de firmados los acuerdos sumaban más de 400 losasesinatos de dirigentes comunitarios, ecologistas y defensores de derechos humanos) que recuerda al extermino de la UP.

Ni los TLC, ni la privatización del Estado, ni la normatividad de la inversión extranjera, ni la extranjerización de la tierra, ni las políticas financiera, fiscal y monetaria, ni la megaminería, que afectan la soberanía nacional, están reglamentadas constitucionalmente; el manejo del medio ambiente, la propiedad y uso de la tierra, la privatización de la salud y la educación de los sectores populares, el valor del salariomínimo; el uso de nuestro territorio nacional (instalación de bases militares de gobiernos extranjeros) como plataforma militar de agresión a otros pueblos por USA, el uso de nuestra franja geoestacionariay  nuestro espacio radioeléctricopor agencias foráneas, no son consultados constitucionalmente con los directos afectados: el constituyente primario, porque las clases dominantes son las que definen el contenido de la Constitución y las leyes que se aplican contra el pueblo. En el capitalismo nadie que tenga poder económico y político va a ser tan estúpido para legislar contra sí mismo, pues los participantes de la izquierda en la CPC no representaban a los sectores populares, escasamente representaban a sus organizaciones; hasta hoy la participación política de la izquierda en la institucionalidad solo ha servido para legitimar al régimen; en el congreso pasa lo mismo,sumados los parlamentarios de izquierda son una minoría a la hora de votar los proyectos que los representantes de la oligarquía permiten.

Para comprobar la vigencia de las constituciones burguesas en América Latina miramos los ejemplos de Honduras y Paraguay, donde legisladores corruptos, mafiosos nacionales y transnacionales, y militares fascistas, se confabulan pasando sobre las constituciones para imponer sus intereses sobre los del pueblo, (tal como pasó en Egipto donde políticos y militares dieron el golpe) ejecutaron sendos golpes de Estado a nombre de la democracia en supuesta defensa de la constitución, en todos los casos los golpistas fueron financiados y apoyados políticamente por las potencias de occidente y sus grandes corporaciones.

Hoy tenemos nuevos ejemplos de utilización de la institucionalidad judicial del Estado para golpear a los gobiernos y dirigentes progresistas de Argentina y Brasil, todo dentro de la constitución y las leyes burguesas, mientras la oposición fascista de Venezuela intenta lo mismo utilizando el terrorismo y acudiendo falazmente a la Constitución bolivariana para legitimar el golpe de Estado mediático-jurídico, constituyendo esa derecha un “gobierno” con un presidente “interino” autonombrado en la ilegalidad y la ilegitimidad, dirigido y financiado por el Departamento de Estado y el Pentágono norteamericano. No es necesario mirar a los vecinos para comprobar la utilidad de estas constituciones, aquí ya pasó lo que se esperaba, el 9 de diciembre de 2013 el Procurador General de la Nación, defensor del narcofascismo, miembro del Opus Dey y representante del poder fáctico, defendiendo supuestamente la constitución, destituye arbitrariamente al Alcalde mayor de Bogotá -elegido mediante el voto popular- por ejercer el elemental derecho a gobernar respetando la constitución, por intentar desprivatizar un servicio público favoreciendo a sectores de extrema pobreza; esta política la vienen ejerciendo funcionarios e instituciones del Estado como la Procuraduría (la misma que convierte los victimarios en víctimas)  que ha venido destituyendo alcaldes, gobernadores y congresistas como la senadora Piedad Córdoba, no por delitos comunes, sino, por opinión y tendencias políticas contrarias a las del gobierno y del neoliberalismo que ese procurador representaba.

Las nuevas constituciones de Venezuela Ecuador y Bolivia, que consagran derechos de la madre tierra, derechos de los pueblos indígenas y respeto a la diversidad y pluralidad política, no han impedido que se continúe e intensifique el plan extractivista, (combustibles fósiles, minería y monocultivos) que se violenten los territorios ancestrales, que se destruya la selva amazónica por la empresa privada y por el Estado, agrediendo a las comunidades indígenas; tampoco han impedido que se continúe con la reforma estructural neoliberal, volviendo a la dependencia de los organismos “multilaterales” en política económica, monetaria y financiera.

Antes el depositante de la soberanía nacional eran dios, el rey o el pueblo, ahora la soberanía la reclaman y la ejercen las corporaciones transnacionales y las instituciones multilaterales (BM, FMI, OMC) por encima de las constituciones y los Estados. A veces nos olvidamos que existimos en una sociedad dividida en clases, -además de colonial- y que cada cual defiende sus intereses económicos y políticos por todos los medios, legales e ilegales. La oligarquía y el imperialismo utilizan permanentemente la combinación de todas las formas de lucha -incluyendo el terrorismo de Estado, el despojo, el chantaje y la mentira- tema vedado en el debate público y en el discurso de la izquierda institucionalizada, por considerar que las únicas formas posibles son la lucha armada y la lucha electoral, las que siempre han promovido y de las que se han beneficiado la oligarquía y el imperialismo. No significa que se deba abandonar de ipso facto la lucha legal dentro de la democracia burguesa por una democracia participativa para el pueblo, por mejores condiciones sociales, por reivindicaciones sectoriales, como una expresión de lucha y poder popular frente al Estado, pues los derechos y reivindicaciones de los trabajadores y de los ciudadanos se han conquistado también haciendo uso, dentro de la institucionalidad, del derecho a la protesta y la movilización, consagrado en la CPC –pero negado por el Estado-, no buscando infructuosamente mediante el voto, frenar o cambiar las leyes que desde el parlamento y desde el ejecutivo se imponen en beneficio de los grupos de poder capitalista y en contra de los sectores populares.

Es responsabilidad de cada uno de los sectores y movimientos populares, definir a través del consenso, la conveniencia en participar, o no, en la democracia burguesa, si utilizan el derecho al voto, como del derecho a no votar por los órganos administrativo y legislativo del Estado; decisión que debe surgir de los sectores populares mediante mecanismos alternativos propios de participación y autonomía (consultas, asambleas, foros, cabildos abiertos, mingas de debate, marchas, palenques) en la formación de autogobierno, en la aprobación y ejecución de programas y objetivos comunes construidos desde abajo, desde la localidad y la región, no en torno a una persona, a un grupo o a un partido. La izquierda institucionalizada ha persistido, sin preocuparse por la movilización y la formación política de su militancia y de la comunidad donde tienen influencia, en obligar a todos los sectores populares a votar, estigmatizando de brutos, apolíticos e ignorantes a quienes se niegan a hacerlo, cuando estos son la mayoría que no se siente representada ni incluida, así los programas de la izquierda institucionalizada pretenda incluirlos; hasta se ha dado el caso que algunos dirigentes de izquierda apoyen la iniciativa de la derecha de hacer obligatorio el voto a todos los ciudadanos, siendo tan antidemocráticos como la ultraderecha. Si bien es cierto que no votar no significa conciencia política, votar tampoco lo es; lo que se ha pretendido a toda costa es sostener y legitimar el orden burgués, tratando de llevar ciegamente a los inconformes al matadero de esa pseudo-democracia, para que sobreviva una oposición de izquierda obediente, sin atreverse a construir un poder propio con el pueblo, diferente al capitalista racial patriarcal.

Algunas organizaciones populares y movimientos de izquierdahablan de Estado Social de Derecho, de soberanía popular, aceptan y defienden la legitimidad de la estructura jurídica del Estado capitalista, el mismo que los agrede y excluye -le piden protección- enmarcando sus luchas dentro de cauces exclusivamente legales, jurídicos e institucionales, limitándose a lo económico corporativo, gremial, sectorial, local e inmediato, aislados, sin coordinación y/o articulación de las movilizaciones que posibiliten la reconstrucción del tejido popular, con los demás sectores en conflicto, no  plantean objetivos comunes a mediano plazo, que permita trascender a objetivos estratégicos. Es necesario dar la pelea utilizando los medios de la legalidad burguesa –que favorezcan al pueblo- además de la movilización, la desobediencia civil y la protesta, para exigir respeto, democracia y cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales al Estado, pero simultáneamente construyendo alternativas de poder popular, buscando la legitimidad de nuestros proyectos, deslegitimando el poder del capital; pero no podemos limitar la lucha por la libertad y la justicia, a la democracia representativa o delegataria, cuando en el congreso domina la derecha oligárquica, (quien aprueba por “mayoría” las leyes que le favorecen) omitiendo la construcción real del poder y del gobierno popular, que se da en diversos ámbitos como el económico, el cultural, social, ambiental y territorial.

Si en algún momento, mediante procesos electorales los sectores demócratas, progresistas y/o de izquierda  llegaran a administrar el Estado burgués y decidieran  romper la dependencia de nuestra economía al capital transnacional y a los organismos “multilaterales” financieros y de comercio (BM, FMI, BID, OMC) y al imperialismo, renunciando al modelo neoliberal, si iniciaran la realización de verdaderas reformas democráticas urbana y agraria, si consultaran y respetaran la autonomía política de las comunidades y sectores populares convocando a la formación de un gobierno de transición, el Movimiento Popular Transformador, solo sobre esas condiciones, reconocería y apoyaría críticamente las políticas y programas de justicia social de mejoramiento de la calidad de vida del pueblo y en la defensa de la soberanía nacional (nacionalizaciones, desprivatizaciones, mejor distribución del ingreso, defensa del territorio), que coinciden con las necesidades y exigencias inmediatas de los sectores populares, pero al mismo tiempo este movimiento exigiría mediante la organización y la movilización popular como Sujeto Autónomo Transformador, a estos gobernantes, iniciar el cambio de las estructuras políticas, jurídicas, económicas y sociales, empezando por reconocer la total legitimidad de sus mandatos.

Si no son posibles estos cambios estructurales por este tipo de gobierno, los Movimientos Sociales Populares continuarán, con la construcción y consolidación de bases del poder popular, con la organización, la movilización y la desobediencia civil, con el desarrollo de una dualidad de poderes por los sectores y movimientos populares integrados en un gran movimiento Popular Transformador o el mecanismo articulador-coordinador que hayan logrado construir los sujetos del poder popular. Desarrollando la dualidad, es posible exigir a los gobiernos elegidos mediante el voto, consultar al pueblo la viabilidad y necesidad de los programas de gobierno a realizar, emplazándolos a cumplir con las exigencias populares, a formar un gobierno de transición, o a renunciar a sus cargos, entregando los bienes locales, regionales y nacionales administrados por el Estado, al nuevo poder popular; proceso que no puede ser desde las cúpulas ni entre partidos, sino con las comunidades, y los sectores populares organizados desde la localidad y la región.

En el proceso de acercamiento, unidad de acción, alianzas y articulación de luchas sectoriales, también acercamos visiones, programas y conceptos políticos e ideológicos entre las organizaciones políticas y sociales populares; que nos aportan elementos para ir configurando una plataforma de lucha común y un programa de objetivos políticos comunes (consensuados), que puede incluir un pliego de emplazamiento al Estado y a la sociedad misma, sobre las grandes problemáticas del país y las reivindicaciones de todos y cada uno de los sectores populares. Por ejemplo: que el Estado responda sobre los componentes políticos, sociales y económicos y los objetivos reales de los acuerdos de paz, ¿cuáles, cómo, dónde, cuándo se realizan?, ¿quiénes se benefician y quiénes los ejecutan?, ¿cuáles serán las responsabilidades del sector privado nacional y transnacional, de las fuerzas armadas del Estado comprometidos en el despojo y el genocidio, y de la administración de justicia en este proceso de reparación?, ¿cuáles son los presupuestos políticos y económicos de estos acuerdos para restaurar el bienestar social, económico sicológico, moral y cultural de las víctimas de este conflicto? No con estadísticas o promesas, sino, con programas consultados y consensuados, con políticas de participación decisoria de los beneficiarios víctimas de la guerra, con aplicación inmediata en sectores sociales y áreas específicas, financiado con recursos del Estado administrados por las propias comunidades, quienes también tendrían derecho a integrar tribunales para juzgar a sus victimarios y expoliadores. Este sería  un acto de unidad y de acción política de las Organizaciones Políticas del Pueblo en un gran Movimiento Social-cultural Transformador por un objetivo concreto, pero no se puede esperar  a que el Estado responda cuando o como quiera, sobre algo que se puede quedar sobre el papel, pues este no sería un simple acto  o movilización por un día de todas las fuerzas antioligárquicas, sino, un período de agitación ascendente y generalizado en todo el país, con consultas, asambleas y mandatos populares, con denuncia y legitimación internacional, con presión política sobre las instituciones involucradas. Un acto de unidad de los movimientos populares y de la izquierda que no se limite a la intervención parlamentaria ni a la participación corporativa en el establecimientosin definir las políticas, leyes y planes necesarios; para que no pase lo del paro agrario de 2014, que el gobierno logró dividir y limitar a una mesa de negociación que no dio ningún resultado para los campesinos, pues en 2015 y 2016 nuevamente se repiten las movilizaciones de los mismos sectores por los mismos motivos y objetivos; o como pasa con los indígenas que cada dos años se movilizan heroicamente para reclamar lo mismo que históricamente el Estado les ha firmado y prometido; en este caso no se trata de negociar sino, de exigir resultados tangibles y duraderos en el tiempo y en los territorios, que necesariamente tocan las estructuras económicas y sociales del país; o lo que pasa con la JEP y el mal llamado posconflicto.

Como éste, pueden surgir otros motivos de emplazamiento al régimen como la reforma agraria con soberanía alimentaria, las políticas de inversión extranjera y la minería, el desmonte del andamiaje neoliberal jurídico y financiero de los últimos 30 años, la gratuidad y óptima calidad de la educación y la salud con investigación, con calidad científica y humanista Etc. Pero los emplazamientos por si solos con pasividad popular, no tumban al régimen, ni cambian la correlación de fuerzas, mucho menos cambian la sociedad; son un medio para desenmascarar las atrocidades y la injusticia, la incapacidad de la oligarquía para solucionar las necesidades del pueblo. En el proceso emancipatorio nos pueden servir para cohesionar la unidad en torno a las organizaciones políticas del pueblo, para fortalecer y construir embriones de poder popular, y si éstos se desarrollan, implantar la democracia popular con autonomía territorial, exigiendo la entrega de los bienes del Estado y la soberanía al nuevo gobierno popular de transición. Los emplazamientos son parte de una dualidad de poderes, en que una organización política del pueblo o una asamblea Popular, legisle y mandate local, regional y nacionalmente como autoridad legítima, creando los mecanismos necesarios para la ejecución del bien vivir.

La transformación que nuestro país necesita se sustentará en un gran movimiento social cultural, con un posible gobierno democrático popular de transición que surja de la creación y desarrollo de bases reales de poder popular desde la localidad y la región, (con o sin emplazamientos) que definan autogestión en economía, salud, educación, justicia y defensa propias, en base a sus particularidades culturales y territoriales que desarrollen formas de unidad, coordinación y/o articulación política  y económica con las demás regiones a nivel nacional e internacional, que pueden configurar confederaciones de territorios y comunidades, regiones y/o provincias;  movimiento que integre las historias, las cosmovisiones, las subjetividades de todos y cada uno de los sectores populares en una filosofía o pensamiento diverso  propio, en un programa mínimo pero amplio, que recoja inicialmente las más sentidas necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo; partirá del ejercicio de una democracia popular que ejecute las políticas que hagan realidad la justicia social para los sectores populares excluidos, empobrecidos, oprimidos y explotados, empezando por eliminar las causas históricas, económicas, sociales y políticas que llevaron a nuestro país a la situación de desigualdad, violencia e incertidumbre que hoy vive; que devuelva plenamente los derechos individuales y colectivos a todos y cada uno de los ciudadanos (mujeres y hombres, niños y adultos) y sectores populares, además de las propuestas de cambios estructurales que surjan del análisis de las problemáticas; podemos mencionar algunas políticas y acciones posibles de una democracia popular en transición hacia el buen vivir; que algunas organizaciones y movimientos populares ha visualizado en los últimos 70 años:

• Construcción de una democracia directa, participativa decisoria desde cada hogar, cada comunidad, cada sector social, cada localidad, cada región; en la quela inclusión y el respeto a la diferencia y la diversidad sean las bases de cada una de las decisiones.
• Convocatoria a una Asamblea Popular, minga o palenque nacional itinerante que se reúna periódicamente, (que recoja y asuma los consensos locales y regionales en forma de mandatos), que se inicie en las localidades, integrada por delegados de las regiones con representación de las comunidades, de todos y de cada uno de los sectores populares, en lo posible por pareja mujer-hombre, jóvenes y viejos, portadores de las definiciones y mandatos; que oriente la ejecución del programa mínimo definido y aprobado en el proceso de construcción de un gobierno popular en el territorio nacional. Los mandatos populares contendrán las normas, las metodologías y los presupuestos para la ejecución de planes, proyectos y campañas, por lo que no será necesario ningún aparato legislativo, ejecutivo, económico y judicial separado de la comunidad. Volverán a tener valor la responsabilidad, el compromiso, la ética y la palabra. En este evento y en todo el proceso emancipatorio transformador no tendrían participación representantes de instituciones del actual Estado, de empresas privadas, de ONG, de partidos políticos ni de organizaciones religiosas, sin embargo es necesario la participación y el compromiso de las organizaciones políticas de izquierda y revolucionarias y de comunidades religiosas independientes del Estado oligárquico y sus instituciones, pero no lo harían como representación o delegación oficial sino, integradas a sectores sociales o comunidades.
• Aplicación de políticas sociales que permitan respeto, participación equitativa y decisoria de todas las personas, especialmente de las mujeres junto a los hombres, que garantice todos los derechos inherentes a ellas en las comunidades, en todos los escenarios y actividades donde participen, en todos los territorios comprometidos en este proceso, igualmente a cada uno de los sectores populares, en todas las áreas (productivas, económicas, culturales, políticas, ambientales) además de todos los derechos humanos establecidos, el respeto a las diferencias étnicas, culturales, e identidad sexual, junto al reconocimiento y respeto de los niños-as como prioritarios en todos los planes, programas y actividades de formación, protección, recreación, afecto, y a los adultos-as mayores como los más grandes valores de nuestra sociedad, respetándolos y garantizándoles participación política y bienestar físico y mental.
• Diseño y aplicación de una política democráticanacional para la educación científica, la formación profesional, posgrados, doctorados y altos estudios, con programas de investigación –en ciencias naturales, sociales y humanidades-, fundamentada en las características económicas y culturales, en las necesidades del país y de las comunidades sujeto; concertada con beneficiarios locales, regional y nacional. Brindando todas las garantías a los científicos, artistas e intelectuales humanistas para que vivan y trabajen en beneficio de su pueblo y país. Se hará énfasis en generación de tecnologías de punta para todas las actividades productivas, culturales ambientales (de mínimo impacto ambiental y social) en las áreas prioritarias para superar las dificultades y necesidades en la realización del buen vivir y en la recuperación de los ecosistemas de nuestros territorios.
• Aplicación de mandatospopulares sobre las formas de propiedad privada, social, estatal, solidaria y comunitaria de la tierra e infraestructura en las áreas rurales y urbanas; de los grandes medios de producción, (industrial, agroindustria, agropecuaria, pesquera, minera) y la infraestructura de servicios (públicos domiciliarios y telecomunicaciones), tendientes a lograr la equidad social y económica, definidos nacionalmente mediante consensos en asambleas y consultas populares, con participación decisoria de los trabajadores, usuarios y consumidores en cada una de las áreas de la economía.
• Se hará una nuevaConfiguración Territorial que defina la extensión y conservación de los espacios y bienes naturales comunes, los usos del suelo y el subsuelo, los espacios productivos, culturales-recreativos, la infraestructura y los servicios necesarios para la producción, las culturas, las comunicaciones y el bienestar de las comunidades,las áreas de protección biogenética, pasando por un nuevo ordenamiento en todo el territorio nacional, que identifique particularidades económicas, sociales y culturales por regiones, provincias, comunas autónomas y ciudades región, que pueda integrar otras entidades como las Ligas Campesinas, ZRC, ETIS, Zonas de producción Agroalimentaria Populares, territorios de Consejos Comunitarios Afro, palenques, mandatado y realizado por las propias comunidades de cada territorio en el campo y la ciudad
• Una legislación que exija la consulta y las decisiones de las comunidades y del pueblo en sus planes de vida, proyectos y o políticas macroeconómicas y financieras que no comprometan la soberanía, la independencia, la integridad ecológica, económica y social del país.
• Una Política Internacional basada en la unidad, la fraternidad y la solidaridad de los pueblos, de cooperación e intercambio comercial y cultural con equidad y respeto con los gobiernos y Estados que acepten nuestra autodeterminación y soberanía y las de los demás pueblos del mundo; promotora y defensora de la paz, la justicia, la libertad, la autodeterminación y la soberanía de todos los pueblos del mundo; compromiso de no intervención ni confabulación para desestabilizar países o para agredir a otros pueblos
• Diseño y aplicación de una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional en el marco de la Soberanía Agroalimentaria, partiendo de la ejecución de una verdadera y democrática Reforma Agraria Integral. Expuesta en el capítulo “Propuesta de Red Agroalimentaria Popular”.
• Definición de políticas de desarrollo industrial, y agroindustrial no agresivas a los ecosistemas rurales ni al medio ambiente urbano, acompañada de planes de investigación en cada una de las ciencias, de innovación tecnológica de acuerdo a las necesidades y capacidades reales del país y a las características ambientales y económicas de cada región. Aplicación de ciencia y tecnología avanzada, (en lo posible diseñada y elaborada en nuestro país por nuestros científicos) de mínimo impacto negativo a la naturaleza y a la humanidad, en todas las áreas de la economía (producción, comunicaciones y servicios), sin negar los aportes al bien vivir de la actual revolución tecnológica y científica.
• Construcción de infraestructuras en educación, salud, recreación, investigación científica, producción (industrial, agrícola y agroindustrial), transportes, telecomunicaciones), adecuadas a las necesidades de cada región, localidad y del país, siempre contando con los conceptos, aprobación, supervisión (disposición)por los propios sectores sociales y comunidades locales afectadas, beneficiariasy/o involucradas.
• Un sistema de transporte público de pasajeros seguro, estatal múltiple, no contaminante y eficiente, que garantice la dignidad, la comodidad y la movilidad de las personas en las grandes ciudades. Un sistema nacional de transporte intermunicipal e internacional (terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, ferroviario) de carga y de pasajeros con la infraestructura adecuada a las necesidades del país, que integre las áreas urbanas con las industriales, rurales y agrícolas causando el mínimo impacto ambiental y social negativo.
• Eliminación paulatina del uso de combustibles fósiles y agrocombustibles a través de la investigación y aplicación tecnológica en la utilización de generadores alternativos de energía limpia y libre no contaminante del medio ambiente ni lesivos a la salud humana, para el transporte, la industria, el comercio y los hogares (eólico, solar, hidrogeno, geotérmico biomasa, etc.) de acuerdo a las condiciones en cada localidad y región. Desestimulando y reduciendo el uso del automóvil individual.
• Diseño y reestructuración de las ciudades, que acerque e integre a las comunidades, que respete los espacios comunes, los territorios y los ecosistemas integrados, redistribuyendo las redes de servicios, las zonas de producción industrial, la infraestructura vial y áreas residenciales de recreación y de recuperación ambiental, en condiciones dignas y de calidad estructural, unido a la realización de un plan concertado con las comunidades, de autoconstrucción y mejoramiento de las viviendas para los sectores populares, subsidiado o cofinanciado y dirigido por los gobiernos locales y regionales en coordinación con el posible gobierno nacional de transición. Que cada hogar o grupo familiar posea su propio techo y suelo con todos los servicios básicos en excelentes condiciones de comodidad y dignidad
• Un plan nacional para la recuperación de los ecosistemas y especies, destruidos por la agricultura (monocultivos agroindustriales), la ganadería extensiva erosiva y tóxica, la minería y el parque automotor; lo mismo que para los ríos contaminados por la industria y las alcantarillas de las grandes ciudades, con PTAR ecológica y tratamiento de residuos (reciclaje y recuperación de materias primas) para cada población. Plan consultado y aprobado por los afectados y habitantes de los parques nacionales, áreas de reserva forestal y de biodiversidad, con participación decisoria del movimiento ecologista alternativo popular y las comunidades locales.
• Las fuerzas armadas deberán reducirse inicialmente al 40% -no estando en guerra interna ni con ningún otro país- cumpliendo tareas de vigilancia de fronteras. El ejército, la fuerza aérea y la marina, además de vigilar las fronteras, costas y el espacio territorial, participarían en la construcción y mantenimiento de infraestructura pública rural y urbana, facilitando sus medios de transporte para llevar a zonas apartadas, en emergencia, insumos para salud y educación, trabajar con los campesinos e indígenas aprendiendo a recuperar y conservar los ecosistemas y contribuyendo a erradicar el analfabetismo, aprendiendo las historias y las lenguas nativas de las comunidades donde actúen. La composición social debería ser en proporción a la población, por ejemplo, 70% de las áreas urbanas 30% de las rurales. Los integrantes de estas fuerzas ingresarán por decisión voluntaria a los 20 años y podrán participar en eventos de definiciones políticas, con pleno derecho a la objeción de conciencia, sin obediencia ciega, además serán miembros hombres y mujeres mayores de edad, (activos y reservistas) con la condición obligatoria de que sea bachiller graduado, que demuestre amor por el pueblo y el territorio nacional, junto al conocimiento de la CPC de la nueva nación, de la declaración de los derechos humanos, los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, la Declaración de los Derechos de los Pueblos y los derechos de la madre tierra -curso previo o de inducción obligatorio con evaluación académica y Psicológica-; las fuerzas armadas serían integradas por profesionales de todas las áreas del conocimiento, no por analfabetas ni sicópatas. Se reestructurarían las líneas de mando de cada una de las armas, y la policía, bajo los lineamiento de un nuevo código de ética humanista diseñado, aprobado (y controlada su aplicación) por una asamblea popular; la policía transformada en Guardia Popular, (no podrá portar armas de guerra), estará integrada por habitantes de cada localidad, actuará contra la delincuencia y en apoyo de la justicia popular, cumpliendo la función de auxiliar en emergencias, junto a las fuerzas armadas y organismos de socorro, su primer mando estará en el Consejo o Asamblea Popular local. Se reducirá el armamento paulatinamente, de acuerdo al ambiente de respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestro pueblo por parte de otros Estados y entidades internacionales. Se anulará todos los convenios y tratados militares con potencias hegemónicas y con estados que violen los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y que repriman a sus pueblos Será delito de lesa humanidad por parte de la fuerza pública, la agresión a la movilización pacífica de la comunidad, incluidas las protestas contra los gobernantes. Esto en el marco de un gobierno de transición que deberá tender hacia el desmonte gradual del aparato militar y de seguridad interno. La garantía de seguridad interna la determinan la aplicación de políticas de justicia social y el respeto a los derechos de todos y cada uno de las y los ciudadanos. Mientras tanto, todo ciudadano, sin distingo de sexo, etnia o edad, tendrá derecho a recibir instrucción en defensa personal y militar.
• Todos y cada uno de los y las colombianas tendrán derechoa conocer cultural y geográficamente todo el territorio nacional durante toda su vida, el Estado de transición brindará los medios y las oportunidades.
• En lo económico, lo planteado en el capítulo “economía para el bien vivir”

El más completo desarrollo tecnológico alcanzado por nuestra oligarquía ha sido en el aparato militar y represivo, formando el ejército más grande -proporcionalmente al número de habitantes y al tamaño del territorio- y mejor armado deAmérica latina y el Caribe, el más violento y corrupto; esta oligarquía convirtió a las fuerzas armadas del Estado en fuerzas de ocupación contra su propio pueblo, con la doctrina de la seguridad nacional y el concepto del “enemigo interno” para acallar la protesta, exterminar la rebelión y proteger las inmensas propiedades de los grandes capitalistas locales y extranjeros y a la inversión extractivista. En marzo de 2012 los norteamericanos confirmaban que estaban trasladando a Colombia asesores militares, combatientes y armas de Irak y Afganistán, armamento utilizado contra la insurgencia, como la han hecho con la disposición de siete bases para los militares norteamericanos en nuestro territorio desde el gobierno de Uribe Vélez; arsenal utilizado también contra la más mínima expresión de inconformismo o de disidencia  de los sectores populares a su modelo dictatorial genocida, que ha impedido el progreso humanitario, la soberanía y la independencia de nuestro pueblo; lo comprobamos en los asesinatos realizados durante los paros agrarios de 2013, después de firmada la paz con las FARC con más de 400 asesinatos de líderes comunitarios, ecologistas y defensores de derechos humanos, hasta diciembres de 2018, incluida la masacre de 8 campesinos en Tumaco en octubre de 2017 perpetrada por la policía y el ejército oficial.

Como país supuestamente “desarrollado” miembro de la OCDE y la OTAN, Colombia no ha ampliado ni mejorado su aparato productivo, al contrario, se ha desindustrializado y la agricultura cedió los espacios y territorios para la extracción mineroenergética y el monocultivo agroindustrial exportador, regresando al sector primario, mientras la modernización de la infraestructura de transporte y de las telecomunicaciones está enfocada a brindar logística y comodidad a esos sectores, nuestro país continúa siendo el más desigual socialmente, con bajo nivel de escolaridad y deficiente formación profesional, junto a la casi nula capacidad de investigación científica y de desarrollo tecnológico propio.

Ni la producción industrial con justicia laboral y ecológica, para las necesidades internas; ni la recuperación de la producción agropecuaria con Soberanía Alimentaria, tampoco la educación ni la salud para todos los colombianos en igualdad de condiciones, están en la agenda de la oligarquía colombiana después de los Acuerdos de La Habana, al contrario, la corrupción devora los recursos para estos rubros. Las promesas de desarrollo que permanentemente hace la oligarquía colombiana no van más allá de la aplicación de los planes de desarrollo ordenados por el poder financiero y comercial transnacional que se sintetizan en el neocolonialismo extractivista-financiero, en la construcción de infraestructura para que se realicen sus planes como (IIRSA, Plan Mesoamérica, Alianza Pacífico). En enero de 2015 la OCDE ordena una nueva reforma fiscal y económica que amplía la base  de contribuyentes, aumentando los impuestos para los más pobres (trabajadores y pensionados), reduciendo los impuestos a las grandes empresas, especialmente a las extranjeras para supuestamente garantizar la inversión, ordenando multiplicar la producción de materias primas para sus transnacionales, como forma de combatir la pobreza y el atraso económico e incluir el país en esas organizaciones; un Robin Hood al revés.

Los deseos de progreso de la oligarquía colombiana ya los ha cumplido, solo le queda por lograr la entrega total del territorio, los bienes y recursos naturales al capital transnacional; que ya está realizando a través de las “locomotoras” neoliberal-colonialistas agrominera, energética y de infraestructura, que marchan sobre los rieles del capital financiero transnacional, con la entrega de licencias ambientales a esas locomotoras y la extranjerización de la tierra.

La oligarquía tenía su proyecto de país para 2019 (200 años de la supuesta independencia), en el que cuentan los bienes naturales y culturales a entregar al capital privado, las empresas e instituciones del Estado a vender, la total dependencia del país a las transnacionales y los organismos financieros internacionales, un ejército de esclavos obedientes, calificados mental y técnicamente  a las órdenes del capital transnacional, donde lo significativo de progreso serán los altos índices de crecimiento de la empresa privada y financiera; la infraestructura vial, de servicios y telecomunicaciones para que esas empresas puedan extraer nuestras riquezas e importar sus mercancías; y  la infraestructura urbanística y turística, para que los amos del gran capital se solacen con toda comodidad cuando vengan a visitar su colonia, que entonces vivirá en paz, según ella.

Científicos al servicio de las transnacionales de la contaminación y la destrucción dicen a través de los medios, que ya se tapó el hueco en la capa de ozono, que una nube volcánica artificial va a impedir el ingreso de rayos ultravioleta, que ya se puede manipular el comportamiento del clima a nivel mundial con el HAARP (máquina capaz además de impactar estructuras internas de la tierra provocando desastres “naturales”) que ha disminuido la producción de CO2, que hay infinidad de medios para producir hidrocarburos para los transportes y las industrias, que el deshielo de los polos es un fenómeno natural que les permitirá extraer más petróleo y minerales y construir ciudades en ambos polos, que en pocos años habrá vacunas para todas las enfermedades degenerativas, que los humanos vivirán más de 150 años sin tener que trabajar porque todo lo harán los robots inteligentes; de la misma manera cualquiera podrá pasar sus vacaciones o irse a vivir a Marte, que solo se necesitan unas cuantas especies (transgénicas) para producir los alimentos que requiere la humanidad.

Ellos tienen todo planeado, no existe ningún problema que su modo de producción no pueda solucionar, lo que no sea eficaz y rentable simplemente se destruirá, como se ha venido haciendo, incluso, dicen que la pobreza prácticamente no existe (acaban con la pobreza matando a los pobres porque supuestamente sobramos más de 2.000 millones de personas de los países de la periferia), que la clase media es la mayoritaria –aunque en la mayoría de países no existe-, que la paz es cuestión de operaciones “quirúrgicas” contra el terrorismo. Las intervenciones en Kosovo, Irak, Afganistán, Libia, Yemen y Siria solo son operaciones “humanitarias” por preservar la democracia, el progreso y la libertad, aunque se continúe “combatiendo” a los monstruos que los mismos imperialismos norteamericano y europeo engendraron y criaron en el Medio Oriente y Asia Central:  Saddam Hussein, Al Qaeda, Osama Bin Laden, el Estado Islámico o ISIS hoy en escena; mientras se reparten entre la oligarquía europea y la norteamericana todo el Medio Oriente, África, y el oriente de Europa, como lo vienen haciendo después de cada guerra “mundial”, lo hacen hoy con Venezuela y lo planean con Nicaragua y Cuba. Con este panorama el capitalismo no necesita más reformas que las que el post-neoliberalismo “desglobalizado” pueda realizar para garantizar la democracia, la felicidad y la ganancia de quienes poseen la riqueza expropiada.

Este es el futuro que los capitalistas creen tener asegurado en sus cuentas bancarias, en sus propiedades, en la más avanzada tecnología (que nunca ha visto ni verá el 99.9% de la humanidad), con sus ejércitos genocidas, con sus complejos militares industriales mediáticos y culturalespara someter al resto de la humanidad, ahora desde el espacio exterior con nanotecnología e inteligencia artificial. Pero nosotros, las víctimas, los despojados, los de la periferia, “los condenados de la tierra” de la “zona del no ser” que alimentamos a los imperios, solo tenemos la posibilidad de construir nuestro propio mundo, como dice Zibechi:

“No nos cabe otro camino que organizar nuestro mundo, en nuestros espacios/territorios, con nuestra salud, nuestra educación y nuestra autonomía alimentaria. Con nuestros poderespara tomar decisiones y hacerlas cumplir. O sea, con nuestras propias instituciones de autodefensa. Sin depender de las instituciones estatales”[1]

En la búsqueda y elección de alternativas, en la reconstrucción social, es ineludible para las organizaciones políticas y sociales, para los movimientos populares comprometidos en la transformación de este país, generar conciencia, pensamiento, organización y poder popular; promover y nutrir el diálogo en el campo popular, buscar y fortalecer el acercamiento, el intercambio de experiencias y saberes, el debate, la crítica fraternal y la unidad de acción y programática. Sin embargo, también es ineludible para asumir un proyecto de transformación radical, tener en cuenta el carácter criminal del capitalismo, que no permite que los pueblos se salgan de su egida, que se alejen de su órbita, que dejen de ser su periferia, sobre todo cuando poseen recursos para explotar y expropiar; asumir este reto es asumir la persecución política y militar, es cargar con el estigma de terroristas, endilgado por el terrorismo de Estado de las potencias imperialistas con sus medios de desinformación y adoctrinamiento y sus lacayos a nivel latinoamericano y colombiano, aunque los movimientos transformadores no prioricen la violencia.

Sin embargo, no estaremos solos/as, con estas crisis sistémicas, civilizatorias, ecológicas, éticas, los pueblos del mundo despiertan e insurgen por la vida, por su dignidad y la esperanza en su felicidad, no son la revoluciones clásicas por la toma del poder para administrarles su Estado a los capitalistas; es una tarea muy grande esta construcción que requiere de herramientas, manos y cerebros nuevos, nuevas y propias visiones, entraña riesgos, lo hemos visto en lo poco que estudiamos en este trabajo, en la historia de todos los países y pueblos de América Latina y el caribe, también del mundo. Todo intento de transformación ha sido atacado con toda la brutalidad de los imperios y de las oligarquías criollas serviles, tal como ocurre hoy en Venezuela, por eso es tan admirable el ejemplo de la resistencia del pueblo cubano, a pesar del bloqueo y los errores de su dirigencia, por eso es un compromiso de los de abajo, de los sentipensantes que caminan sin afán, que quieren cambiar el mundo para que florezca la vida y la felicidad para todos.

En esta crisis civilizatoria la utopía vuelve a ser visible, a ser posible para los amantes de la libertad, de la vida digna y de la madre tierra. Ni el consumismo ni el grandesarrollo de la ciencia, ni las tecnologías con robótica, informática, nanotecnología e inteligencia artificial, ni la colonización de otros planetasaseguran la vida ni la felicidad para lahumanidad, ni en el norte ni en el sur, ni en el tiempo ni en el espacio del capitalismo.

Es urgente una nueva civilización de mujeres y hombres iguales, libres, dignos y solidarios; tan posible como la necesidad que nos toca,como el viento que nos mueve el cabello; donde las personas estén más cerca entre sí, donde cada una sienta el calor y la sonrisa del otro, de la otra, de los otro-as sin que medie la distancia o un interés económico o de dominación, donde se pueda respirar sin miedo; cuando podamos acariciar una hoja, una flor en su propia esencia, cuando se pueda mirar a otro animal como se mira a una niña, a un hermano. Cuando la madre tierra, ilesa, nos dé con generosidad y dulzura lo que ella sabe dar.

Abril 20 de 2019

[1]Cómo piensa la clase dominante –artículo de Raúl Zibechi en La Jornada, reproducido por http://www.rebelión.org el 7 de octubre de 2014