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Por: Ricardo Robledo

Buscando apoyo en Bertolt Brecht, se puede decir: ¿qué tiempos son los que vivimos que hay que defender lo indefendible y sustentar lo obvio?. El caso del abuso sexual de Alisson de 17 años, en Popayán por parte de la policía, debe ser motivo suficiente para solicitar renuncias, llamar a consultas y condenar. Pero si por el contrario, desde las jefaturas militares se les felicita y considera que están haciendo un trabajo muy profesional, entonces, esta práctica se convierte en una política de gobierno, al igual que las detenciones arbitrarias, las torturas, el asesinato y las desapariciones.

Que no es política de estado porque a éste lo conforman las estructuras y organismos definidos por la Constitución, pero el gobierno es el contenido que se les da. Las actuaciones militares en estos casos dan asco; no se quiere compartir con ellos nacionalidad ni especie animal. Todos deben ser judicializados. ¡Arrastrar y abusar de una muchachita entre cuatro! “¿Habrase visto insolencia, barbarie y alevosía?”

Las guerras tienden hacia lo peor. Si ayer se lamentaba la muerte de Dilan Cruz, hoy son más de 71 los muertos; si había escándalo por una joven pateada en la cara por un policía, ahora se contabilizan más de 87 casos de abuso sexual por parte de miembros de la fuerza oficial; si antes se hablaba de 6402 muertes en falsos positivos, 200.000 NN, 87.000 desaparecidos, ya las cifras se desbordan. En Colombia, al horror, lo supera más horror. De seguir así, pronto no se tendrá la lista con los nombres de los muertos ni de los abusos.

En Colombia se lleva treinta años denunciando. Gaitán también denunció desde la masacre de las bananeras en 1928. El partido de la Unión Patriótica fue exterminado. Así como el heroico pueblo palestino lleva recibiendo la solidaridad  mundial, igual ambos continúan siendo masacrados; por encima de resoluciones y condenas internacionales. Nada los detiene. A pesar de que se han presentado judicializaciones con cárcel, los militares que operan en terreno colombiano, siguen actuando irracionalmente y enceguecidos por el odio, contra el enemigo interno, los conciudadanos.

Desde la conquista de Abya Yala, se sabe que un puñado de desalmados pueden sembrar el terror sobre vastos territorios y poblaciones; los caciques fueron quemados, los jefes comuneros descuartizados y sus partes expuestas como advertencia a los habitantes; todas estas macabras acciones continúan siendo ejecutadas por el narco gobierno en Colombia.

La masacre del pueblo colombiano, no se va a detener. Porque eso es lo que quieren hacer los gobernantes de turno. Esto hace recordar las acciones de la falange en contra de la República, un gobierno constitucionalmente elegido y atacado mediante el terrorismo con la ayuda internacional; ataques que cobraron la vida de más de 250.000 personas, entre intelectuales, artistas, poetas, estudiantes, sacerdotes, monjas, obreros, amas de casa, campesinos, niños, jóvenes, viejos, homosexuales; con una lista de desaparecidos que aún pesa sobre las sociedades de la península ibérica.

La justificación: la patria, la defensa de la religión católica, el ejercicio de la autoridad, los ciudadanos de bien, la propiedad privada (que se vuelve sagrada cuando está en manos de los ricos). Hoy marchan los camisas blancas, del color de la coca, torturan detenidos y disparan en contra de los manifestantes, con el apoyo oficial y la arrogancia de los narcos. Mientras algunos hacen una colecta por medios virtuales, para obtener recursos para los manifestantes, a otros, les queda más fácil, aportar en kilos de droga, hacer un embarque, para dar incentivos a las fuerzas policiales. Muy al estilo de la conspiración “Irán contras”, conocida a partir de 1985.

Con todos estos sucesos, la discusión no es si actúan ilegalmente, si faltan a la ética, a la moral, a la Constitución. El punto es, como poner fin al horror que afecta al pueblo colombiano. La Carta Magna siempre ha sido desconocida y el Constituyente primario, pisoteado. 

El ejercicio de la autoridad no puede entenderse como el ser malvado y actuar con represión brutal según el interés de individuos; eso es ser criminal y obedecer a sicopatías; la autoridad es hacer cumplir el proyecto acordado, que en el caso de los gobernantes de una sociedad, es el cumplimiento del Pacto Social, que es mucho más que un escrito bonito, que sólo es muy útil para dar discursos mentirosos.

El accionar criminal de la derecha, también pone en riesgo a la región y hay que considerar a América Latina como territorio de paz.

Los colombianos y los pueblos del mundo tenemos derecho a vivir en paz, protegidos y en condiciones de vida digna.

Junio 03 de 2021