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«Comparten los riesgos de los jóvenes, pero están dispuestos a recibir los primeros disparos de la policía para que sus hijos puedan tener un futuro», escribe Jaime Gómez (Fi) sobre las madres al frente de las protestas sociales en Colombia.

Jaime Gómez

El 28 de mayo había transcurrido un mes desde el inicio de la huelga nacional en Colombia. La huelga es histórica en cuanto a la magnitud de las protestas y las consecuencias que genera en el ámbito sociopolítico. Me atrevo a decir que esta huelga marca un antes y un después en la historia de las protestas colombianas.

El detonante de las protestas fue la propuesta de reforma tributaria que el Gobierno presentó al Congreso colombiano para llenar el erario, pero fue solo un detonante. Las razones completas deben buscarse en eventos pasados, como la Huelga de noviembre de 2019, cuando el gobierno de Iván Duque ignoró las demandas de amplios sectores de la sociedad. Y en las numerosas protestas y huelgas regionales anteriores a 2019 que el régimen neutralizó con promesas de soluciones «inmediatas».

Son las promesas incumplidas del Estado colombiano, incluidas las violaciones de los acuerdos de paz, las que están detrás de las protestas actuales, que se parecen más a una explosión social.

Según Dane, el equivalente a Statistics Sweden, 3,6 millones de personas eran pobres en el último año y 2,78 millones cayeron por debajo de la línea de pobreza extrema en Colombia. En 2020, el 42,5% de la población vivía en la pobreza y otro 30% en situación de vulnerabilidad económica.

Sandra Borda, investigadora y profesora universitaria en Bogotá, señala que dos de los grupos más afectados por la crisis en Colombia son las mujeres y los jóvenes. El 46,7% de las mujeres en Colombia viven hoy en la pobreza, mientras que la proporción correspondiente de hombres es del 40,1%. La situación de los jóvenes también se precarizó y el desempleo juvenil se situó en el 23,9%, lo que supuso un incremento del 3,4% en 2020.

El Gobierno de Iván Duques ha preferido seguir una estrategia que criminaliza las protestas y pone un énfasis desproporcionado en los daños materiales causados por la huelga. Esto explica el papel de liderazgo de la policía y la normalización de la violencia policial en las agencias de información de élite. Las graves violaciones de los derechos humanos, los más de 50 asesinados por la policía, las más de 300 personas que han desaparecido durante las protestas, el Gobierno no quiere hablar.

Por otra parte, los órganos de control para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos han sido asumidos por el Gobierno y han perdido toda su capacidad para controlar al Gobierno, la policía y el ejército. Esto representa una importante pérdida de prestigio para el gobierno y su legitimidad es fuertemente cuestionada por la población.

Lo que esta huelga ha mostrado es un nuevo liderazgo político muy claro de sectores excluidos de la sociedad. Los jóvenes de las zonas pobres crearon la llamada «primera línea» como una forma de responder a la violencia policial descontrolada y de proteger a los que participan en las protestas.

También están muy estrechamente vinculados a la población de estos barrios y esto crea una afinidad social muy fuerte en estas zonas. Al mismo tiempo que se organizaban y reforzaban los grupos de «primera línea», se creaban las «madres de primera línea». El nombre no es casualidad. Están a la vanguardia, en la línea de fuego para la policía y la temida unidad especial Esmad, que crea terror cuando actúan sin consideración y con tal violencia que muchos manifestantes ya han sido asesinados.

Las madres gritan que «si nuestros hijos se manifiestan y entran en batalla, las madres los apoyaremos y lucharemos con ellos». Están a la vanguardia de la protección de sus hijos, pero no solo de sus propios hijos, sino de todos los jóvenes que los protegen y que ejercen el derecho a la protesta.

Su única «arma» es un casco de plástico, gafas para protegerse de los gases lacrimógenos y un escudo que puede ser de cartón duro o estaño. En sus cascos y máscaras de gas lacrimógeno, parecen que van a la guerra en el centro de la ciudad.

Algunas de estas madres dicen a medios alemanes que «somos mujeres de todas las tendencias, desde maestras de tango hasta amas de casa de 18 a 38 años. Pero todas somos madres. Protestamos todos los días porque nuestros hijos y la sociedad simplemente están en el precipicio», dijo una madre, que prefiere no revelar su nombre. Comparten los riesgos con los jóvenes, pero están dispuestos a recibir los primeros disparos de la policía para que sus hijos puedan tener un futuro.

Estas heroínas se han convertido en un símbolo de lucha en varias ciudades de Colombia. «Si atacan a cualquiera de nosotros, nos atacan a todos» es su lema. Han dejado de lado el miedo mientras ignoran las amenazas. Todo el mundo tiene el valor y la confianza para luchar por un futuro mejor.

«No queremos reformas parciales en la educación o en el sistema de salud, que ni siquiera merecen ese nombre. Por fin queremos una vida digna».

Esa es su convicción.

En este contexto, es difícil entender que la embajadora sueca en Colombia, Helena Storm,haya expresado en Twitter el apoyo de Suecia al gobierno de Duque. Fue así cuando felicitó a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, por su designación como nueva ministra de Relaciones Exteriores.

Es la misma persona que en 2002, como ministro de Defensa del entonces presidente Álvaro Uribe, ordenó la llamada Operación Orión. Una operación en la que el ejército colombiano, junto con paramilitares, se apoderó de una zona de la ciudad de Medellín, dejando tras de sí 92 desaparecidos, decenas de heridos y unos 70 muertos.

Uno esperaba que Helena Storm alentara al Gobierno colombiano a aceptar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a expresar una voz de apoyo y esperanza para las «madres de primera línea».

Un gobierno con una política exterior verdaderamente feminista lo habría hecho, en lugar de normalizar el terror del Estado colombiano.

Jaime Gómez es portavoz de política exterior de iniciativa feminista.

Por: Ricardo Robledo

El narco gobierno continúa atacando con barbarie al pueblo colombiano; a tal punto que en Cali se han usado lanzallamas contra la población; de acuerdo con informes de personas en el puente del comercio en la misma ciudad, los militares celebran y bailan cada que matan a alguno de los manifestantes. Esto ocurre aún con la visita de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto para sopesar qué tan respaldada internacionalmente se siente la extrema derecha que actúa en el país.  

A finales de la década de los ochenta del Siglo XX, el capo Escobar adelantó ataques contra el estado, lo que se conoció localmente como la guerra del narcotráfico. Es la misma que se continúa hoy contra el pueblo colombiano, pero ya ejecutada desde el estado, el cual ha sido copado por los narcos en un proceso de cerca de treinta años, período en el que se ha sembrado el terror en todo el país. La sociedad actual se soporta en mil masacres, millones de campesinos despojados y desterrados y demás crímenes conocidos por el mundo entero.  

Es el accionar del llamado sector emergente, que acumula poder económico, político, militar y social y cuya representatividad se ha impuesto como gobierno desde comienzos del Siglo XXI, con el estilo mafioso de hacer política, mundo en donde priman el atropello, la arbitrariedad, la humillación, la deshumanización y el sicariato.  

Para aquellos emprendedores que tienen un negocio con avioneta, que les deja, por decir algo, un millón de dólares al mes, es muy fácil decir que la situación está bien y que no necesitan “nada regalado”, pero, según informes de las personas de la tercera línea, que son encargados de los suministros, los muchachos de la primera línea carecen hasta de ropa y zapatos y que están comiendo mejor en las ollas comunitarias de las asambleas barriales, de lo que comían anteriormente en sus viviendas. En las calles la población empobrecida construye un nuevo país.  

Para el pueblo colombiano ha ido quedando claro, en el sufrimiento y en la lucha, que más allá del uribismo hay un mejor país, el cual es posible. Mas allá están la democracia, la paz ciudadana, la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, la soberanía, el fin de la corrupción y del atropello a la población. Esa sociedad a la que aspiramos aquellos que también somos humanos y ciudadanos y a los que hoy se les desconoce esta condición en las calles.  

El país va entendiendo que, bajo el liderazgo de los narcotraficantes, no es posible construir una sociedad democrática, ni un estado social de derecho ni una república constitucional. Así ganen elecciones o las compren o se las roben, nunca humanizarán al país. Es necesario superar la sociedad en la que el estado se convierte en una empresa familiar y en una asociación para delinquir.  

Los colombianos y los pueblos del mundo tenemos derecho a vivir en paz, protegidos y en condiciones de vida digna.  Junio 08 de 2021