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Desde la #CNTI y #ACIPS presentamos ante la @CIDH un informe sobre el panorama de las afectaciones a Pueblos y Comunidades Indígenas, en el marco del #ParoNacional con la visita de trabajo del 8 al 10 de junio de 2021.

| Informe completo, aquí:

Por: Ricardo Robledo

El artículo 3° de la Constitución Política de Colombia, dice: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo lo ejerce de forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”  

Esto quiere decir que ejercer la violencia contra el pueblo, bajo el supuesto de defender el gobierno, el estado, las instituciones, la propiedad privada o a los “camisas blancas”, es inconstitucional porque el poder reside en el pueblo y no en el gobierno. Las masivas movilizaciones tienen un significado social directo que debe ser considerado y respetado.  

El Capítulo I. De los derechos fundamentales, establece:  

“Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.  

Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”  

Esto significa que quienes dieron la orden y ejecutaron la violencia contra el pueblo -hechos ampliamente difundidos y documentados- deben renunciar y ser judicializados. Los entes de control que no han actuado ante las crueles y criminales acciones en contra de la movilización popular, deben renunciar y ser judicializados. Más cuando la Constitución dice:  

“Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.”  

O sea, que la movilización es un derecho constitucional. El artículo 4, establece que la Constitución es normas de normas, por lo cual debe primar sobre otra orden o legislación emitida por funcionario alguno.  

Un gobierno elegido de manera fraudulenta y que viola la Constitución es ilegítimo, funciona con leyes definidas por una minoría que sigue lineamientos de personajes que no ocupan ningún cargo constitucional. Entonces, no se entiende porqué se infunde temor social a una posible Asamblea Constituyente, nacida del poder ciudadano general.  

 Las actuaciones de represión brutal ejercidas por los militares en Colombia, en contra de las movilizaciones populares, han motivado el repudio nacional y mundial. A pesar de esto, no se sabe qué habilita y anima a un grupo de policías para golpear salvajemente a dos mujeres en una plaza de Santa Marta, Magdalena, durante un simple procedimiento de exigencia del tapabocas. Es interesante investigar qué los lleva a actuar así, cuál es su formación, su mentalidad, las instrucciones que reciben.   

Colombia es un país de muchas particularidades y en donde las acciones más macabras y lesivas en contra de la población, se recubren de un lenguaje atenuador. Se habla de falsos positivos, de Ley de solidaridad sostenible, de asesinatos colectivos. Entonces ahora, se podría hablar del color blanco traumático, que es un procedimiento mediante el cual, paramilitares con camisas blancas y acompañados por la policía, salen a disparar en contra de los manifestantes, luego, ambos explican que sólo usan armas no letales; no se sabe mediante qué extraño fenómeno físico químico, los balines se convierten, en el aire, en proyectiles de plomo que han causado heridas y muertes en la población; la transmutación de la materia, que tanto buscaron los alquimistas.  

Con la población en las calles, se les agotó el lenguaje manipulador; el pueblo, que resiste desarmado, se ha ganado el respeto mundial y la solidaridad.  

Junio 16 de 2021