Por: Manuel Salazar

Diciembre 8 de 2025

El imperialismo yanqui recién ha definido su nueva Estrategia de Seguridad Nacional (la hizo pública el 2 de diciembre del corriente año); con un glosario de deseos, en la que destaca su política agresiva hacía América Latina y el Caribe.

Vuelve a poner a esta parte del continente en el centro de sus pretensiones hegemonistas.

Retoma el corolario principal de la doctrina Monroe: «América para los americanos», y en la creencia de los yanquis, de que ellos son los americanos.

Y eso explica todas las intromisiones que están llevando a cabo en América Latina, y las inusitadas amenazas a Venezuela, y el militarismo en el Caribe.

Es de tener en cuenta que Don Pedro Mir argumentó hace décadas el «origen dominicano de la Doctrina Monroe», ensayo en el que demuestra que fue la importancia geopolítica de Santo Domingo, y su lugar en la historia dentro de las pretensiones de dominio y explotación de las potencias europeas, la que condujo a los yanquis a poner un gran interés en nuestro país, y a definir la citada doctrina.

«El Caribe, frontera imperial», argumentaria el Profesor Juan Bosch, en un enjundioso ensayo titulado»De Cristóbal Colón a Fidel Castro».

Tengamos en cuenta estos aportes históricos y políticos.

Podrá entenderse mejor por qué el gran interés militar reciente de los yanquis a Puerto Rico, y especialmente, el compromiso cipayo del presidente Luis Abinader con los yanquis a través de su ministro de guerra, entregándole a estos la base aérea de San Isidro y partes del aeropuerto Peña Gómez de Las Américas..

Desde ayer, 7 de diciembre, militares norteaméricanos han estado llegando a la Base Aérea de San Isidro.

Es decir, nuestro país está intervenido por contingentes militares norteaméricanos.

Esta afrenta a la soberanía nacional ocurre en un momento en que el conservadurismo, con ribetes neofacistas, crece por diversas partes del mundo, y está haciendo nido en la República Dominicana.

(No es de extrañar que los seguidores del Dr. Vincho Castillo, los antihaitianos por antonomasia en nombre de un falso nacionalismo; han apoyado esta intervención militar norteamericana.

Aquí, las ideas conservadoras, negadoras de derechos democráticos y de justicia social, crecen junto a la xenofobia racista, la persecución a migrantes haitianos; el rechazo a las tres causales, y una labor sistemática de desmonte de símbolos y valores que siempre distinguieron la causa nacional, patriótica y democrática del pueblo dominicano.

La gesta del 14 de junio de 1959; el nombre de Minerva Mirabal, y la trayectoria de las izquierdas, para solo citar tres casos; siempre fueron de unanimidad sagrada; o por lo menos, quienes no los aceptaron nunca se atrevieron a expresar públicamente sus reservas contra los mismos, y mucho menos a proferir improperios como están haciendo ahora gente que debiera enjuagarse la boca, o lavarse las manos con cloro, antes de hablar o escribir sobre los mismos.

Estamos entonces en una situación que nos convoca a unir y Movilizar las reservas revolucionarias, patrióticas y democráticas, para defender la soberanía nacional, conquistar más derechos democráticos y libertades públicas, y cerrarle el paso al neofacismo.

Esta es la tarea política principal de las izquierdas en esta coyuntura de la República Dominicana y de América Latina y el Caribe.

Tomado de: (7) Manuel Salazar – El regreso de la doctrina Monroe, el Neofacismo… | Facebook

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Tomado de EL PAÍS El Congreso hunde la reforma tributaria de Petro y deja desfinanciado el presupuesto de 2026 | EL PAÍS América Colombia

Las comisiones económicas conjuntas del Senado y de la Cámara de Representantes niegan la ley de financiamiento tras varias semanas de demora

Juan Pablo Quintero – Juan Miguel Hernández Bonilla

Bogotá -09 DIC 2025

El Congreso de Colombia ha hundido en la mañana de este martes la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro. El proyecto de ley de financiamiento, que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para completar la financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026, fue negado por las comisiones económicas conjuntas del Senado y de la Cámara de Representantes. Con nueve votos en contra y cuatro a favor, la Comisión Cuarta del Senado negó la ponencia positiva. Con esa votación, la iniciativa queda archivada definitivamente. Las demás comisiones no llegaron a votar porque la ley establece que el proyecto se hunde si una sola de las células legislativas lo niega. Ni los ajustes realizados, ni las promesas de revisar la carga tributaria a la cerveza y a la gasolina que planteó el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, lograron cambiar la votación de una comisión con clara mayoría antipetrista.

El presidente Petro lamentó la caída de la reforma. “El hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional. Nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública”, escribió en su cuenta de X. El primer mandatario cuestionó a los senadores que representan al movimiento afrodescendiente, Paulino Riascos, y al movimiento indígena, Richard Fuelantala, quienes votaron en contra del proyecto. “Sabrán que lo que hoy hicieron para salvar megarricos de sus aportes nacionales se devolverá contra los pueblos negros e indígenas”. Insistió, además, en que no dejará que el déficit fiscal afecte a las clases menos favorecidas. “Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”, concluyó Petro.

La Representante a la Cámara por el partido Alianza Verde y aliada del Gobierno, Olga Lucía Velásquez, criticó lo ocurrido, pues aseguró que la votación estuvo “motivada por intereses políticos y pasó por alto los beneficios que la normativa podía ofrecer a la ciudadanía”. La congresista por Bogotá ha lamentado que el proceso no permitiera una discusión exhaustiva de la propuesta: “Lo ideal hubiese sido discutir artículo por artículo y eliminar lo que consideraran que se debía eliminar”. En contraste, su copartidaria y senadora Angélica Lozano, que votó en contra de la reforma, celebró su hundimiento, “Colombia necesita un pacto fiscal claro”, afirmó, con cambios estructurales que no se enfoquen en el IVA, que no tiene en cuenta el nivel de ingresos de los aportantes. “Se ha hablado que el presidente puede invocar un decreto de emergencia económica. Pero en esta vez no hay ninguna razón para hacerlo. Solo se permite en momentos catastróficos e imprevisibles”, dijo tras el archivo. “Hacerlo sería contravenir la Constitución del país”.

La caída de la reforma estaba anunciada casi desde el momento en que el ministerio de Hacienda la presentó formalmente ante el Congreso de la República. Durante las semanas de discusión, las dos comisiones económicas de la Cámara con mayoría petrista rompieron el cuórum justo antes de la votación con el objetivo de ganar tiempo para que el Gobierno pudiera convencer a los senadores opositores de la urgencia de la reforma. A la estrategia fallida se sumó una presión permanente del presidente, quien usó su cuenta de X en reiteradas ocasiones para insistir en la necesidad de la reforma y en las consecuencias negativas que tendría su hundimiento. “Hay un hecho sobreviniente, si el Congreso rechaza la ley de financiamiento, el único recorte de gasto posible es la inversión en carreteras 4G. Eso desploma la economía”, escribió Petro en su cuenta de X la semana pasada. Días después aseguró que el proyecto solo afectaría a los ultrarricos: “A menos de que usted, Ramiro, sea megamillonario, lo afectaría la ley de financiamiento presentada al congreso de la república”.

En paralelo a la presentación de la reforma, algunos representantes y senadores trabajan en un salvavidas financiero para conseguir el dinero que hace falta para completar el presupuesto de 547 billones de pesos. Esta idea, sin embargo, también perdió fuerza en el Capitolio. La llamada Ley de Reactivación Económica, promovida por representantes como Cristian Garcés y Álvaro Monedero, logró pasar el primer debate, pero ahora se topa con el reloj: el Congreso solo sesiona hasta el 16 de diciembre, salvo que se aprueben sesiones extras. “Falta el aval de ponencia por parte del Gobierno”, admite Olga Velásquez, una de las proponentes, quien reconoce que la discusión quedará para el próximo año. Desde el Ministerio de Hacienda, Cristian Cruz, director de Política Macroeconómica, fue categórico: la propuesta “no resulta compatible” con la ley de financiamiento. Según Cruz, aunque el proyecto incluye medidas como una tarifa especial del impuesto al consumo para bares y restaurantes y beneficios tributarios para alimentación de empleados, estas disposiciones carecen de “respaldo fiscal” en un momento en que el país necesita más ingresos. “Colombia requiere una reforma tributaria estructural y al gasto”, advirtió, alertando que la iniciativa no genera recursos permanentes y podría agravar el déficit.

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Mensaje para los congresistas de la derecha que celebraron el hundimiento de la Ley de Financiamiento (Movimiento Naranja Cali)

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LA MORAL SEGÚN EL GRUPO EMPRESARIAL ANTIOQUEÑO

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Medellín en alerta: corrupción, Tusi y prostitución toman el Parque Lleras

Emitido en directo el 27 de noviembre 2025, por «Tercer Canal» – Periodismo sin Corrección

La rumba que se consigue cada día en el Parque Lleras de Medellín es hoy tan famosa como las orquídeas que Colombia le vende al mundo. Allí en el negocio de la prostitución se mezclan otros factores que devela Periodismo Sin Corrección.

Pero ojo, señores, porque lo que pasa en el Lleras no es solo «fiesta». Mañana en VIVO vamos a meter el dedo en la llaga. Destaparemos cómo la explotación sexual es apenas la fachada de una maquinaria criminal mafiosa que mueve millones y que tiene vasos comunicantes con la clase política de Medellín y Antioquia.

¿Quiénes son los que permiten que esto pase? ¿Qué relación hay entre estas bandas y los votos en la región? Mañana soltamos la lengua. Aquí no hay vetos ni miedo.

Invitado especial: Larry Hoyos. Periodista, Comunicador Alternativo e investigador del carrusel delincuencial del Parque Lleras.

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Tomado de: https://spanishrevolution.net/trump-convierte-el-pentagono-en-un-arma-sin-control-mientras-se-multiplican-las-acusaciones-de-crimenes-de-guerra/

02 diciembre 2025

Una maquinaria diseñada para borrar testigos y responsabilidades

Hacer periodismo en este momento histórico implica mirar de frente a un poder que ya no se molesta en disimular sus impulsos más oscuros. La operación de las narcolanchas en el Caribe, convertida en una campaña militar opaca y letal, es hoy uno de los escenarios más peligrosos para la legalidad internacional. Lo es porque documentos, testimonios y filtraciones coinciden en que la orden central fue simple y brutal: “matar a todo el mundo”, según reveló The Washington Post en un reportaje sobre el “doble tap” ejecutado el 2 de septiembre de 2025, donde un segundo ataque remató a las personas que habían sobrevivido a la primera detonación.

La revelación inicial del Post puede leerse en el informe sobre el operativo y el supuesto mandato de Pete Hegseth de “kill them all” integrado en esta investigación periodística. La secuencia, que incluyó a un comandante de Operaciones Especiales ordenando un segundo impacto tras ver en directo que quedaban supervivientes, fue ejecutada por unidades de SEAL Team 6, según ampliaron fuentes citadas por The Intercept a través de su reconstrucción de los ataques múltiples a una embarcación cerca de Venezuela.

EL GIRO INESPERADO EN EL CONGRESO DE EEUU

Hasta hace apenas días, los comités de las Fuerzas Armadas en ambas cámaras se habían limitado a repetir el relato oficial de la Casa Blanca. Pero la presión por las evidencias ha forzado un viraje. El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, y el demócrata Jack Reed han solicitado información directa al Departamento de Defensa, tal como puede verificarse en su comunicación pública conjunta.

En paralelo, la dirección republicana del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes también ha anunciado su propio examen, según reflejó el comunicado difundido por el grupo en su publicación oficial. El mensaje es inequívoco: el Pentágono tendrá que explicar qué órdenes exactas se dieron y quién decidió rematar a personas ya incapacitadas.

Las acusaciones no proceden solo de voces progresistas. Truthout recogió la advertencia de un congresista que calificó la operación como “crimen de guerra o asesinato”, citado dentro de este análisis jurídico y político. Y el diagnóstico del relator de la ONU, que describió estos ataques como un “crimen contra la humanidad” con un total de 61 personas muertas, está incorporado en este informe independiente.

UN PENTÁGONO DESBOCADO Y LA DOCTRINA DE “NO DEJAR SUPERVIVIENTES”

Pete Hegseth, secretario de Defensa, ha evitado hacer cualquier comentario sobre el fondo del escándalo, algo que recoge ABC News en su cobertura de la negativa a responder.

Trump, por su parte, intenta mantener su ambigüedad habitual. Dice que él no habría querido un segundo ataque, pero defiende a Hegseth. La Casa Blanca asegura que todo es legal mientras sus propios funcionarios reconocen lo contrario. Es la arquitectura del poder absoluto: la palabra presidencial convierte lo ilegal en obediente.

La semana pasada, el presidente fue más lejos: ordenó considerar “cerrado por completo” el espacio aéreo sobre Venezuela, tal como reveló The Washington Post en su informe sobre la escalada aérea y marítima. La militarización del Caribe ya no es táctica, es estratégica. Y busca algo más profundo que perseguir lanchas.

LAS PRUEBAS SE ACUMULAN Y LOS ABOGADOS MILITARES HABLAN DE “ORDENES PATENTEMENTE ILEGALES”

El giro más contundente llegó desde un grupo de antiguas y antiguos abogados militares, expulsados por Trump tras negarse a avalar maniobras ilegales. En un documento de enorme relevancia jurídica, afirmaron que las órdenes dadas en el Caribe equivalen a crímenes de guerra y que cualquier persona que las emitiera o cumpliera podría enfrentarse a procesos penales por homicidio. Su análisis está recogido de forma íntegra en este dictamen legal.

A esta arquitectura de ilegalidad se suma la constatación —descrita en tiempo real por The Guardian— de que la administración mintió en los primeros informes a puerta cerrada, como muestra su cobertura en vivo.

Las y los especialistas en derecho internacional también han descartado la versión militar según la cual la segunda detonación buscaba “evitar riesgos de navegación”. No había riesgo. Había supervivientes. Y había una orden: eliminarlos.

Por eso, cuando The Intercept aportó más detalles sobre los ataques sucesivos —incluyendo la manipulación del “briefing” enviado al Congreso—, quedó claro que no se trataba de un error operativo, sino de una doctrina: no dejar con vida a nadie que pudiera contar lo sucedido.

UN PAÍS QUE OPERA AL MARGEN DEL DERECHO INTERNACIONAL

La operación de las narcolanchas fue clasificada durante meses, pero hoy es uno de los mayores escándalos de la administración Trump. Una campaña militar ejecutada sin supervisión parlamentaria, con mandos que interpretan las palabras del secretario de Defensa como reglas absolutas, y con soldados enviados a disparar contra personas incapacitadas, violando todas las convenciones internacionales y todos los códigos militares de Estados Unidos.

La pregunta no es si habrá consecuencias. La pregunta es si el sistema político estadounidense permite que un presidente y un secretario de Defensa conviertan la guerra en un salvoconducto para la impunidad.

Porque cada vez que se dispara contra quien ya no puede defenderse, se mata algo más que a una persona. Se mata la idea misma de legalidad.

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