Parlamentarios británicos piden suspensión de apoyo a policía colombiana durante duro debate sobre Colombia
Ayer en el Parlamento británico se realizó un debate sobre Colombia donde diputados de varios partidos políticos llamó a la Ministra con responsabilidad de las Américas a rendir cuentas por su relación con el gobierno colombiano.
Los diputados expresaron su rechazo por la actuación de la policía durante las recientes protestas, criticaron las declaraciones del gobierno colombiano, incluyendo la de la vicepresidenta esta semana ante la ONU, y pidieron una suspensión del Tratado de Libre Comercio y los programas de apoyo policial que tiene el gobierno británico con Colombia.
El debate fue convocado por la diputada del Partido Laborista Kate Osborne y contó con la participación de 13 diputados más además de la Ministra de gobierno del Partido Conservador, Wendy Morton, del Departamento de Asuntos Exteriores.
Osborne abrió el debate declarando que la situación de derechos humanos en Colombia estaba “fuera de control”. El Ministro en la Sombra con responsabilidad sobre Colombia para el Partido Laborista, Fabian Hamilton, la respaldó destacando que las protestas “fueron en gran parte pacíficas” pero que hubo “una violenta represión por parte de la policía colombiana”. El vocero para el Partido Nacional Escocés, Alyn Smith, opinó que “la respuesta del gobierno colombiano a las protestas debe ser rechazado.”
Osborne destacó particularmente los incidentes en Cali donde según dijo “civiles armados salieron a las calles para disparar contra los manifestantes.” Criticó la reacción del Presidente Duque, quien según la diputada británica dijo a los manifestantes “que se fuera a casa”, mientras “guardaba silencio sobre los aparentes paramilitares y la policía que operaban uno al lado del otro.”
Respondiendo a la intervención esta semana de la Vicepresidenta colombiana ante el Consejo de Seguridad, el diputado laborista Ian Lavery llamó a los demás parlamentarios de no quedar “callados en nuestra exigencia de justicia mientras el gobierno colombiano trata de desviar nuestra atención.”
Había amplia demanda de una revisión del programa de formación que recibe la Policía colombiana del Reino Unido, con el diputado Lavery concluyendo que se debería suspender “si va a unidades involucrados en la represión de la protesta pacífica”. Había llamados también de suspender el tratado comercial entre los países a través de la activación de la cláusula sobre derechos humanos – el diputado laborista Tony Lloyd, ex-Ministro en el gobierno de Tony Blair, dijo que “ya es hora” de “examinar la cláusula de derechos humanos” y que es el momento “de activarlo”.
Los diputados además reiteraron su compromiso con seguir apoyando el proceso de paz, respaldaron las recientes decisiones de la JEP, y felicitaron a los ex comandantes de las FARC por su compromiso con la justicia transicional.
Por su parte la Ministra del gobierno Wendy Morton enfatizó el continuo apoyo del gobierno británico para el proceso de paz y su expectativa de ver investigaciones en respuesta a las acusaciones de violaciones de la policía colombiana durante las protestas.
Según Hasan Dodwell, Director de la ONG británica-irlandesa Justice for Colombia: “Cada día hay más parlamentarios británicos alarmados por la constante violación de derechos humanos en Colombia”.
Un importante mensaje dio el actor Juan Pablo Urrego en la conferencia de prensa que se desarrolló en Cannes por la película 'Memoria'. #Laorejarojapic.twitter.com/VyPx2d3hwQ
Los súbitos incrementos en el mercado paralelo de divisas con respecto a la moneda local han empezado a espaciarse.
Un joven con billetes de un dólar en Caracas, Venezuela, el 11 de junio de 2021Ariana Cubillos / AP
Venezuela lleva años en un proceso hiperinflacionario que parece no tener fin, agudizado por el bloqueo económico impuesto por EE.UU. y las sanciones de la Unión Europea (UE), en un contexto que pone al límite la calidad de vida de los ciudadanos, deteriora su poder adquisitivo y aumenta la desigualdad.
Sin embargo, los bruscos incrementos en la cotización que se registraban cada cierto tiempo en el mercado paralelo de divisas con respecto al bolívar (la moneda local) ya no son tan frecuentes.
Ante este comportamiento inusual, que también se observa en los informes que divulga el Banco Central de Venezuela (BCV), ha surgido la hipótesis de que el proceso hiperinflacionario ya habría pasado su peor momento y que podría llegar a su fin. ¿Esto es posible?
Un hombre mira verduras en un mercado de Caracas, Venezuela, el 11 de junio de 2021Ariana Cubillos / AP
El economista Ingerzon Freites, miembro del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica dijo —consultado por RT— que aún no hay señales claras que indiquen el fin de la hiperinflación en el país suramericano. El último dato revelado por el BCV sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue el de mayo de 2021, y en este se reportó un incremento de 28,5 % con respecto al mes anterior, cuando se ubicó en 24,6 %. Mientras las cifras del primer trimestre del año fueron: enero 46,6 %; febrero 33,8 %; y marzo 16,1 %.
El experto considera que aunque se ha desacelerado la inflación, «aún no hay garantías que hagan pensar que haya llegado el fin de las fluctuaciones y los ciclos de inestabilidad de los precios». Además, aún falta que el país llegue al último trimestre del año, cuando el INPC se acelera.
Factores en contra
De momento, el Gobierno venezolano adelanta una serie de acciones aplicadas vía Ejecutivo y otras que son acompañadas por el parlamento con la promulgación de nuevas leyes, como la Ley Antibloqueo y la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales (aprobada en primera discusión). Sin embargo, Freites advierte que aún hay una serie de factores que influyen negativamente en la economía, y uno de los más decisivos es la poca producción nacional.
«A pesar que el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo por controlar la inyección de liquidez, hay factores que siguen influyendo, como la poca producción, y esto hace que cualquier aumento de la liquidez genere inflación». En cambio, explica, cuando hay producción y se genera un aumento de la masa monetaria —dinero en el mercado—, la primera absorbe la liquidez y no se disparan los precios.
Otro factor que afecta al país, dice, es la falta de un plan de ajuste macroeconómico que genere confianza en los inversionistas y permita la atracción de capitales.
Vendedores informales con distintos tipos de alimentos en Caracas, Venezuela, el 11 de junio de 2021Ariana Cubillos / AP
Además, el especialista asegura que «la configuración política actual» —caracterizada por el cuestionamiento a la institucionalidad y las intentonas golpistas de la oposición— «influye muchísimo».
«Esto lo evalúan las grandes transnacionales, toman mucho en cuenta que exista institucionalidad. Además, también están las limitantes de las energías y los servicios como electricidad, gasolina, gas, agua, fundamentales para producir y aumentar la producción».
¿Qué se está haciendo?
Lo que sí está haciendo el Gobierno, indica Freites, es «una apertura del mercado que va muy marcada a favor del capital privado«, y que tiene diferencias sustanciales con el modelo de economía social que se impulsó a principios de los 2000.
«Evidentemente hay una apertura del modelo económico», indica Freites, que asegura que la asesoría de empresas chinas tiene que ver con ese cambio de perspectiva. El objetivo de este viraje apuntaría a restablecer la confianza en el aparato productivo para atraer a inversionistas, mediante «incentivos con bajas tasas impositivas, y flexibilización de las leyes laborales», asevera.
Por su parte, el Gobierno ha prometido recuperar el aparato productivo nacional, rescatar la productividad de la industria petrolera y los salarios de los trabajadores públicos, que actualmente reciben distintos tipos de bonificaciones monetarias para tratar de equilibrar sus sueldos.
¿Cómo generar condiciones sin afectar a los trabajadores?
La situación es bastante difícil para el gobierno, argumenta Freites, pues tiene que generar confianza para atraer capital sin vulnerar los derechos de los trabajadores. De hecho, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó al parlamento a intensificar el debate interno sobre los puntos polémicos del proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales.
Sobre esto, Freites señala: «En las condiciones en que estamos, es muy difícil generar condiciones y ofrecerlas. En Venezuela se necesitan inversiones como sea. El gobierno tiene una papa caliente en las manos y no le permite fijar muchas exigencias».
Por eso, considera que la opción de Venezuela es pasar por un «periodo de ciertas condiciones de extremo capitalismo«, que le permitan «aceptar las inversiones como vengan y luego, poco a poco, ir adaptando en la medida que se genere producción, la recaudación impositiva y el aumento de las arcas del Estado».
Una vez llegado a ese punto, asegura Freites, «el Estado en pleno debería pensar en volver a configurar todo el tema de las condiciones laborales».
Puesto improvisado de alimentos en un mercado callejero de Caracas, Venezuela, el 11 de junio de 2021Ariana Cubillos / AP
Por ejemplo, explica, es difícil imponer un salario mínimo de 300 dólares para que lo pague un inversionista que llega con el panorama de riesgo que hay en Venezuela. Justamente por eso, el Gobierno tiene el reto de «equilibrar las dos balanzas: la de los inversionistas y la de las contrataciones sociales».
Sin embargo, resalta, algunos empresarios de los sectores comercio y servicios han comenzado a generar cierto dinamismo en la economía, e «insípidamente» han creado «bonos en divisas que suelen compensar las faltas de condiciones sociales y laborales».
¿Cómo salir del atolladero?
Freites explica que hace tres años, en 2018, el Gobierno venezolano lanzó el «Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica«, un plan que —considera— «tenía premisas ligadas al tema económico que podían permitir cierta estabilización».
«¿Qué pasó en ese momento? No se aplicaron todas las premisas y las que sí, se hicieron a destiempo. Eso profundizó aún más el problema». Ahora, dice, se necesita un plan macroeconómico parecido que sea aplicado con rigurosidad.
Sin embargo, Freites estima que hay dos elementos que podrían ayudar a mejorar la situación económica: las elecciones y la posible flexibilización de las sanciones.
«Uno de los factores que deberían jugar a favor son las elecciones, es una verdadera oportunidad para que los agentes económicos comiencen a tener confianza en la economía venezolana».
Sobre la posible flexibilización de las sanciones, dice que sería favorable «porque los inversionistas internacionales tendrían más seguridad a la hora de disponer de capital para Venezuela».
Freites resalta que las sanciones han ahuyentado a una gran cantidad deinversionistas extranjeros, que han preferido alejarse para no correr el riesgo de ser castigados.
«Hay un sobrecumplimiento de las sanciones. Muchos inversionistas, a pesar de no estar en el marco de los sectores sancionados, no invierten en Venezuela por temor al gobierno de los EE.UU.», detalla.
En ese contexto, el incipiente diálogo entre el Gobierno y la oposición, y la reciente renovación de los Poderes Públicos son pasos que —de tener éxito— podrían reconfigurar el panorama económico del país en los próximos meses. No obstante, el recrudecimiento de las fricciones entre el Ejecutivo y el ala radical antichavista, en medio de acusaciones de conspiración y golpes de Estado, ponen en riesgo la ansiada estabilización a corto plazo.
Los detalles del asesinato del presidente de Haití tienen el aire de una turbia conspiración que involucra a un ex guardaespaldas de Sean Penn, un tiroteo en una embajada extranjera y una empresa de seguridad ubicada en un cavernoso almacén de Miami que reclutó a soldados colombianos (Thread).
Según un reporte de Joshua Goodman para AP, James Solage es uno de los dos estadounidenses haitianos arrestados en relación con el magnicidio. Fuentes dijeron AP que hace una década trabajó como guardaespaldas para una organización sin fines de lucro dirigida por el actor Sean Penn para ayudar a reconstruir Haití después del devastador terremoto de 2010.
El complot supuestamente involucró a más de una docena de «mercenarios» colombianos. La hermana de un hombre que fue asesinado compartió una foto de su hermano con un uniforme perteneciente a CTU Security, con sede en Miami.
El sitio web de CTU promueve la venta de armas, servicios de guardaespaldas para clientes VIP y tiene un editorial que declara «La vida azul importa». «Nuestro objetivo es ofrecer productos y servicios personalizados de primera clase a las fuerzas del orden y las unidades militares».
CTU enumera dos direcciones de Miami en su sitio web. El corresponsal de AP para América Latina señaló: “Los visité el viernes. Uno es un almacén cerrado sin señalización. La otra es una pequeña suite de oficina con un nombre diferente. Una recepcionista me dijo que el propietario de la CTU pasa una vez por semana para recoger el correo”.
CTU está dirigida por Antonio Intriago, nacido en Venezuela, quien registró la empresa en 2019. No respondió a las solicitudes de comentarios. Intriago está afiliado a otras entidades de Florida: la Academia Federal de la Unidad Contra el Terrorismo, el Consejo Nacional Venezolano Americano y Doral Food.
Toda esta intriga deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué los presuntos asesinos publicaron en Facebook fotos de ellos mismos en lugares turísticos de República Dominicana si estaban en una misión tan delicada? ¿Y ni un solo miembro del destacamento de seguridad del presidente resultó herido?
All this intrigue leaves lots of questions unanswered.
Why did the alleged assassins post on Facebook photos of themselves at tourist spots in the Dominican Republic if they were on such a sensitive mission?
James Solage is one of two Haitian Americans arrested in connection to the magnicide.
Sources told @AP that a decade ago he worked as a bodyguard for a non-profit run by actor Sean Penn to help rebuild Haiti after the devastating 2010 earthquake. pic.twitter.com/pQNhQfA0Eg
The plot allegedly involved more than a dozen Colombian "mercenaries." The sister of one man who was killed shared a photo of her brother wearing a uniform belonging to Miami-based CTU Security. pic.twitter.com/pFsABhxf5K
CTU lists two Miami addresses on its website. I visited them Friday.
One is a shuttered warehouse with no signage.
The other is a small office suite under a different name. A receptionist told me the CTU owner stops by once a week to collect the mail pic.twitter.com/hC1CHgIP2s
CTU is run by Venezuelan-born Antonio Intriago, who registered the company in 2019. He did not respond to requests for comment.
Intriago is affiliated with other Florida entities: the Counter Terrorist Unit Federal Academy, the Venezuelan American National Council and Doral Food pic.twitter.com/oO4RPT4hWz
All this intrigue leaves lots of questions unanswered.
Why did the alleged assassins post on Facebook photos of themselves at tourist spots in the Dominican Republic if they were on such a sensitive mission?
God them bless today, tomorrow and always ... My name is Alexis Romero Orduñez, i am writer, sicólogo and shepherd of the Church Reborn. Each day work very hard walking under the intensive sun, for win twenty dollars to the month and can dedicate more of the half in access to internet for let them arrive the productions of our church to all you and help them throughout the that i can.My dream is have a computer although be of use and of type portable for produce more works, answer the letters that me write, reproduce more materials and help to all the that the need for that its works is know in all sides for blessing of all and glory of God.My whatsaap and telephone is: +53 56167555
Novelas, relatos, poesía, ensayos y microficciones que exploran el terror psicológico, el horror tecnológico y fantástico, la ciencia ficción emocional y los laberintos humanos. Por Adrián Fares, escritor y cineasta argentino.
