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Por: Ricardo Robledo

Cuando un ser humano enajenado mentalmente, comete algún disparate, es muy difícil que una persona, considerada como normal, comprenda la acción o le encuentre lógica en su mundo. Esto ocurre porque se han establecido una serie de acuerdos para la convivencia social, que son por demás históricos y culturales y que se toman como referencia para evaluar los comportamientos.

Tales acuerdos se extienden también a las sociedades para que las personas puedan interrelacionarse; igual acontece con los países: se convienen normas para establecer la paz y reglamentar las relaciones. Tal es la función de los múltiples organismos internacionales, como el ALBA, la CELAC, la ONU, la OEA, etc. O sea, que existe una normatividad acordada, para poder definir cuándo se presentan violaciones a las sanas relaciones.

Cuando a pesar de las múltiples declaraciones de la ONU, se agrede a un país, como es el caso de Venezuela, se pisotean las reglamentaciones; similarmente, cuando el propio secretario, fomenta, (y entonces lidera) una turba de guarimberos, brinca sobre la carta de la OEA; o cuando el presidente de un país como Colombia, respalda y enardece a terroristas para que quemen a personas al otro lado de la frontera, salta sobre la carta magna de su sociedad. Dada la existencia de acuerdos mundiales, todas estas injerencias, permiten ser calificadas como descaradas violaciones al derecho internacional.

Más, cuando todos estos abusivos desconocimientos, obedecen a los intereses de grupos minoritarios a quienes no les importa el mayoritario resto de la población mundial, regional o nacional. Pero, al parecer, no comprenden que con estos desafueros, socavan la propia legalidad que los soporta como representantes gubernamentales, puesto que al faltar a la primacía del bien común, se considera roto el orden constitucional de un país. Esto da pie para llamar consecuentemente, a una Asamblea Constituyente.

Cuando el bien común desaparece como un propósito de gobierno, el grupo gobernante impone su psicopatía a la población, la sociedad se vuelve enfermiza y de hecho, los ciudadanos se enferman. No en vano, Colombia es el país latinoamericano con mayor riesgo de crisis humanitaria; uno de cada diez niños sufre de desnutrición crónica; entre 2012 a 2016 murieron 1562 niños por desnutrición; uno de cada tres niños vive en condiciones de pobreza; ocupa el deshonroso tercer puesto con la tasa más alta de homicidio infantil en el mundo; tiene el mayor número de desplazados internos en el mundo con 7.7 millones. Esto según informes de la ONU y el DANE. De acuerdo con datos de SIVIGILA sobre la salud mental en Medellín, en el 2018 se presentaron 2.261 intentos de homicidio, creciendo con respecto a años anteriores; se incrementaron las consultas asociadas a los trastornos mentales, 28% de ellas por problemas afectivos; igualmente la drogadicción afecta a buena parte de la juventud.

Cuando las políticas de un gobierno se apartan de las del estado, los gobernantes se separan del contrato constitucional y se convierten en una camarilla usurpadora, que quiere que toda la sociedad se mueva a favor de la particularidad de sus intereses. Es el caso de lo que sucede con los cuestionamientos a la JEP, por parte del partido que gobierna; tratando de encubrir a un solo personaje, se viola la constitución y se desconocen los acuerdos internacionales.

Entonces, Colombia estuvo en la Habana tomándole el pelo a la comunidad mundial, durante seis años. Y hasta se habló de una mesa de donantes para implementar los proyectos que se derivaran de los acuerdos de paz. El país, en su totalidad, debería tomar con mayor seriedad las implicaciones de estas inconsecuencias. Una burla también a sus ciudadanos y a sus instituciones.

Tal parece que a estos fervorosos y piadosos cristianos, nunca se les ha pasado por la mente, pedirle perdón al pueblo colombiano por los múltiples daños que le han hecho; tampoco se sabe qué significan para ellos, el propósito de le enmienda y la contrición de corazón, conceptos reducidos a simples rituales, muy valiosos en la retórica cuando se trata de buscar votos en las comunidades religiosas.

Con estos tenebrosos grupos de derecha, la Constitución se vuelve ilegal; hacen lo que les da la gana con el país y nunca pasa nada. Con razón expresó el maestro Fernando González que eso que llaman Colombia, no existe sino en los mapas, “no es cosa viva”; nació en 1895 y dijo que escribía para que lo entendieran después de 100 años.

¿Hasta cuándo se va a permitir que, por proteger a un solo criminal, Colombia continúe como una caricatura de país y se burle a todo una ciudadanía?

Marzo 16 de 2019