Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares

PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR
19 DE AGOSTO DE 2013
La Constitución Política de Colombia afirma que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones; Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad. Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y persigue.
Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a políticas públicas que favorezcan nuestra situación social, para que se salde la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del déficit presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativa en materia de producción agropecuaria, minera, energética, vivienda y de servicios públicos que favoreciendo intereses del capital va en contra de los intereses del pueblo.
Según cifras del mismo DANE el INB es más alto en lo rural que lo urbano, pese a ello no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores, como lo señala el informe del PNUD (Colombia Rural, razones para el esperanza del 2011) la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe plantea, según el IR, que el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones. No existe un estudio que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto haciende la deuda social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.
Ante el tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto que enfrenten estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria el 20% de los niños menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición aguda. Según la Defensoría del pueblo el 40,8% de la población total en el país se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria y el Informe Nacional de Desarrollo Humano muestra que el Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria pasó de 1,04% a 0,95%entre 1991 y 2008.
Ante las injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos municipales, departamentales, e incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos se ha sido incumplido de manera sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.
Ante tal situación, se requiere la construcción de una política pública agraria estructurada y coherente con las necesidades del pueblo colombiano, de la que debe hacer parte el Estado, con la participación directa y decisiva del movimiento agropecuario y popular; una política pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana, afro e indígena, que fortalezca y potencie la economía campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional.
La inversión social en seguridad social, educación, salud, infraestructura es fundamental para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la participación del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías y en especial de las carteras de Defensa, Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura, y de instituciones estatales como el INCODER, el Instituto Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que aquejan el campo y lo popular.
Nos asiste las razones justas para protestar y exigir al gobierno que cumpla con su compromiso, ante ello tenemos 6 exigencias centrales, cada uno de estos puntos tiene sub-‐puntos que las sustentan.
1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios
públicos y vías.
Las organizaciones y comunidades del sector agropecuario y popular presentamos ante el Presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos. De parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.
Anunciamos al país que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.
1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.
1.1. Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera independiente al comportamiento de los precios internacionales, los cuales garanticen una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberá implementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos de producción y el precio de venta de los productos, acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y medianos productores agropecuarios.
1.2. Reducción de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con transportadores y productores agropecuarios.
1.3. Reducción de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.
1.4. Exigimos la modificación de la política antidroga y solicitamos acordar una política de sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.
1.5. Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización agropecuaria de pequeños y medianos productores, incluyendo lo relativo al manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala y garantías efectivas para el acceso a los mercados.
1.6. Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspensión y revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China y demás países.
1.7. Condonación total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política de créditos blandos para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.
1.8. Adopción de seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas y/o fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del sistema financiero.
2. EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA.
2.1 Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER: La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y La titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios.
2.2 La compra directa de tierras por el INCODER para ser tituladas de manera colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas.
2.3 Detener la política de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido su extranjerización; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.
2.4 Iniciar, adelantar y culminar en el término máximo de un (1) año, los procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras poseídas por campesinos, para luego adjudicarlas a éstos.
2.5 Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.
3. EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA.
3.1 La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución.
3.2 Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un (1) año a partir de la solicitud.
3.3 La financiación y ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.
4. EXIGIMOS LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS TRADICIONALES Y PEQUEÑOS EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA MINERA.
4.1 Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
4.2 Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.
4.3 Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local de los réditos económicos.
4.4 Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.
4.5 Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos mineros en ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben tener por base los efectos ambientales y sociales que la ejecución de cada proyecto acarrearía, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
4.6 Sujeción del desarrollo de actividades mineras a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.
4.7 Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.
5. EXIGIMOS SE ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTÍAS REALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL.
5.1 Adopción por parte del Estado colombiano, de la convención de los derechos de los campesinos y las campesinas, aprobada en la reunión de la comisión de los Derechos Humanos de las ONU.
5.2 Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del
Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.
5.3 Otorgar el derecho a la consulta previa, a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y en lo cultural.
5.4 Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación del desarrollo rural.
6. EXIGIMOS INVERSIÓN SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SERVICIOS PÚBLICOS Y VÍAS.
6.1 Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica y media, superior y técnica.
6.2 Exigimos el nombramiento de planta docente.
6.3 Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.
6.4 Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.
6.5 Exigimos se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio social.
6.6 Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.
6.7 Devolución de las micro-‐centrales hidroeléctricas a las comunidades.
6.8 Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la especulación.
6.9 Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.
6.10 Exigimos la destinación de recursos para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural.
Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho de arrendamiento mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y quienes están en arrendamiento.
MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
– MIA NACIONAL -
¡Por la vida y contra el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y Popular del 19 de Agosto!
CUT
http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5145&catid=34&Itemid=190
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COMUNICADO DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS Y SECTORES EN CONFLICTO

Por: Organizaciones Sociales y PolíticasViernes, 16 Agosto 2013 04:04
Coordinación Nacional de Organizaciones
El próximo lunes 19 de agosto entran en paro indefinido tres de los sectores más importantes a nivel nacional: agropecuario, transporte y salud, con el apoyo de las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, organizaciones indígenas y de desplazados, de estudiantes, maestros, pensionados, trabajadores de la pequeña minería y artesanal y demás sectores en conflicto, como forma de rechazo a las políticas del gobierno nacional que van en contravía de los derechos e intereses de los colombianos en general.
Los voceros agropecuarios manifestaron sus principales demandas referidas a la implementación de medidas efectivas frente a la profunda crisis del sector, el acceso a la tierra, y la aplicación de una verdadera reforma agraria integral y democrática que respete la producción campesina afectada por la firma de los TLC; el reconocimiento a la territorialidad campesina, la participación de las comunidades y pequeños mineros en las políticas mineroenergéticas, el reconocimiento político y las garantías de los derechos de las comunidades campesinas e inversión social.
El sector salud conformado por trabajadores, comunidades y usuarios piden el pago inmediato de la deuda contraída por parte de las EPS con los hospitales públicos y privados; garantía del vínculo laboral para el sector público y privado con estabilidad; participación de los ciudadanos en las decisiones de la salud; la eliminación de la sostenibilidad fiscal como condicionante de la salud, el establecimiento de topes y controles a los precios de los medicamentos, la suspensión inmediata de copagos, cuotas moderadoras y la tramitología; garantía de cobertura integral a cargo del estado a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas en todo el territorio nacional.
Los transportadores exigen la reducción inmediata del costo de los combustibles y de los peajes que les ofrezca posibilidades de competitividad y sostenibilidad integral.
En las principales ciudades capitales y vías del país, se realizarán cientos de concentraciones, movilizaciones, actos de solidaridad y mítines en el marco de esta Jornada Nacional de Protesta. Los camioneros, el sector salud y agropecuario mantendrán esta jornada de manera indefinida, hasta tanto el gobierno nacional no resuelva sus demandas recogidas en sus respectivos pliegos. Otros sectores sociales debaten en estos días la posibilidad de sumarse a este paro indefinido.
INFORMES:
– Ricardo Herrera 3117256170, vocero del Coordinador Nacional Agrario CNA
– Heberto Díaz, 3103017534, vocero Mesa de Interlocución Agropecuaria Nacional.- Héctor Alvis, 300-8169829 y Román Vega, 310-7682846, voceros sector salud.Bogotá, 14 de agosto de 2013
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LA CUT PARTICIPA DE LAS MOVILIZACIONES NACIONALES DEL 19 Y 20 DE AGOSTO Y APOYA LOS PAROS AGRARIOS, DE LA SALUD, TRANSPORTADORES Y TRABAJADORES EN CONFLICTO
La CUT, al igual que la gran mayoría de colombianos condena la situación en la que el gobierno de Juan M. Santos ha sumido al país como consecuencia de la imposición de sus nefastas, antisindicales y antipopulares políticas que en todos los órdenes no hace más que aplicar el recetario neoliberal imperialista. La reacción de los afectados es recurrir a la unidad y lucha que se expresa en levantamientos de productores agrarios, campesinos, ganaderos; pequeños y medianos empresarios de autopartes, el calzado y los textiles; pequeños y medianos mineros atropellados por el Estado y la gran minería transnacional; de trabajadores despedidos- como los perjudicados en Coca-Cola Femsa, recientemente en Medellín, y desde hace varios años, en la General Motors-, Centrales Obreras y sindicatos atropellados por patronos que desconocen los mínimos derechos laborales y por las multinacionales que actúan como repúblicas independientes con la complicidad del gobierno; de sectores sociales y partidos políticos de la oposición que son víctimas de amenazas, represión y negación de las más elementales libertades ciudadanas y de seguridad. Igual actitud de rechazo contra el gobierno, asumen los estudiantes agrupados en la MANE, opuestos la privatización de la educación, su baja calidad y escasa cobertura que reiniciarán sus movilizaciones el 28 y 29 de agosto; los gremios, la academia y las organizaciones de pacientes y usuarios de la salud aglutinados en ANSA animados en contra de la nefasta Ley 100 que pugnan por un servicio de salud basado en éste como un derecho y no como una mercancía, y el magisterio colombiano ante los reiterados incumplimientos del gobierno a los acuerdos celebrados con FECODE. A lo anterior, se suman las crecientes expresiones de inconformidad y luchas de importantes sectores de la producción unidos en repudio generalizado a los tratados de libre comercio, firmados y por firmar; tratados ruinosos para el país, y causa de cierre de empresas, despidos de trabajadores y quiebra total de nuestra economía. Se agrega a este oscuro panorama la política de combustibles, convertida en uno de los más descarados atracos a la población en general, con gravísimas consecuencias para el sector transportador y para los productores nacionales por los elevados precios. Somos el país productor de petróleo con los precios más altos del mundo. Desde la CUT, estamos llamando a todas nuestras subdirectivas, sindicatos nacionales, y al resto de organizaciones sociales a participar masivamente en las jornadas de 19 y 20 de agosto – convertidas en categórica expresión de unidad y lucha, para exigir del gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos, la solución a los pliego de peticiones presentados y la concesión de garantías democráticas para el ejercicio de la oposición y la movilización social y política.
La CUT, respalda la huelga adelantada por Sintramienergética por la solución de su pliego de peticiones presentado a la multinacional Drummond y declara su apoyo a los asalariados de Claro en conflicto laboral ; se solidariza con la comunidad educativa del Sena en la defensa del carácter público de la institución y cobija las exigencias de los trabajadores del ICBF, hogares infantiles y madres comunitarias , mientras extiende su voz de aliento a todos los colombianos víctimas de la política económica oficial. La Central se sumará a las futuras jornadas de FECODE para hacerle cumplir a la ministra de educación, María Fernanda Campos, lo establecido en la negociación pasada y, sin vacilación alguna, acompañará la nueva épica de la Mane en el logro de una educación superior verdaderamente nacional, financiada por el Estado y científica. En la defensa del mercado interno, estaremos igualmente al lado de los productores nacionales en la recuperación de nuestra autonomía alimentaria e industrial.
Para avanzar en la coordinación de acciones con el fin de centralizar la movilización contra las antinacionales políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, la CUT asistirá a los diferentes eventos que para el efecto se convoquen, entre estos el II Encuentro Nacional de Unidad Popular a realizarse el 31 de agosto y 1 de Septiembre en la ciudad de Bogotá que está convocado por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, que también están ayudando a conducir y desarrollar de manera exitosa las luchas del 19 y 20 de agosto. Bogotá, 13 de agosto de 2013
COMITE EJECUTIVO NACIONAL CUT
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ESTE LUNES INICIA PARO NACIONAL DE LA SALUD
El Paro Nacional de la salud está listo para su hora cero el lunes 19 de agosto. El paro no solo se realizará dentro de los hospitales sino en las calles, por ende, sólo se prestarán los servicios de urgencias y a medida que se vaya agudizando pueden suspenderse los demás servicios.
Anthoc ya ha realizado reuniones en todo el territorio colombiano, en un plenum nacional de presidentes de organizaciones sindicales, con los trabajadores, con las comunidades campesinas, con los usuarios de los servicios, con los gerentes de los hospitales, hasta con los secretarios de salud y gobernadores, discutiendo y explicando las razones de paro.
El argumento es que este no es un conflicto laboral, sino que recoge a todo los sectores sociales del país, porque la salud es un derecho de todos los colombianos. Por tanto, la negociación no solo corresponde al sector salud, sino a otros sectores, como los campesinos, indígenas, negritudes y los comunitarios en los barrios.
Yesid Camacho, Fiscal de Anthoc, expone que la intención del gobierno se dirige a entregar por completo la salud como un negocio manejado por manos privadas. “Salud Mía es un banco que va a manejar un negocio donde los cuentahabientes van a ser los llamados gestores de salud, desde allí se van a garantizar las ganancias de los empresarios mientras se quiebran los hospitales. De esta manera, el gobierno asume una posición subversiva contra el ordenamiento constitucional del país”.
Ese 19 de junio se prevé una protesta de orden nacional, existe una articulación con el movimiento campesino y de transporte, que también arrancan paro ese día, y están pendientes de las decisiones de la MANE y el movimiento estudiantil.
Camacho hace un llamado “a los sectores populares y a los usuarios de los servicios, que van a ser los más afectados por este proyecto de ley, a que participen activamente en las amables, se hagan presentes en los hospitales y en los sitios de concentración que determinará el movimiento campesino para demostrar que este paro no está convocado solo por los trabajadores sino por el conjunto de la población”.
CUT:
http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5179&catid=125&Itemid=273
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FECODE Apoya la Justa Lucha Social en el País
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación confirma su respaldo a las jornadas de movilización de los trasportadores, mineros, de los sectores agrícolas y salud, que inician este lunes 19 de marzo.
Las luchas de estos sectores son más que justas porque son reclamos frente a las nefastas consecuencias que la implementación de las políticas neoliberales han causado en la economía nacional; acentuadas por la arbitraria aplicación de los Tratados de Libre Comercio, que desconocen la realidad económica y social del país.
Políticas que también están dirigidas a la privatización a ultranza de la educación, coartando este derecho fundamental de los colombianos y colombianas. Por ello, el próximo 23 de agosto, FECODE realizará su Junta Nacional, donde tomará la decisión acerca del Paro Nacional del Magisterio, debido al incumplimiento de los acuerdos pactados entre FECODE y el Gobierno Nacional.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación invita al Gobierno Nacional a escuchar las peticiones de trasportadores, mineros, de los sectores agrícolas y salud a lo largo y ancho del territorio nacional. Es un llamado ante la ignominia a la que han estado sometidos por un Estado que privilegia los intereses de las multinacionales sobre las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas. Así mismo, llama al Presidente Juan Manuel Santos a cumplir cabalmente con los acuerdos que ha firmado con los diferentes sectores, en especial, con el magisterio colombiano.
Por: FECODE
http://www.fecode.edu.co/index.php/noticia-informativa-3
Sectores agrarios, sindicatos y movimientos sociales confirman el paro del 19
- Publicado el Jueves, 08 Agosto 2013 13:03Escrito por EditorGRAL
Los llamamientos que en un comienzo estaban centrados en los cafeteros agrupados en el movimiento Dignidad Cafetera, se han ampliado y en los últimos días gremios de cacaoteros, productores de papa y arroz han conformado la Mesa Agropecuaria en torno a un pliego que exige el cumplimiento de los acuerdos de anteriores movilizaciones, el pago de subsidios a los productores y la regulación de los tratados de libre comercio TLC.
Pero la inconformidad no ha quedado ahí. Organizaciones campesinas convocadas por el movimiento social y político Marcha Patriótica han constituido la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA, elaborando a su vez un pliego que reclama acceso a la tierra, reivindica las zonas de reserva campesina y exige participación de comunidades en la formulación de la política minera, entre otros puntos.
De forma simultánea el gremio de transportadores de carga y organizaciones campesinas, afros e indígenas articuladas al Congreso de los Pueblos han hecho llamamientos en el mismo sentido. El 30 de julio el Coordinado Nacional Agrario hizo pública su decisión de participar en el paro del 19 de agosto y puso el acento en exigir la terminación de las fumigaciones contra las zonas campesinas, la condonación de las deudas de los pequeños agricultores y el avanzar en los procesos de paz y solución política que se adelantan en el país.
Así las cosas, se anticipa que la mayoría del territorio nacional sera escenario de diversas formas de protesta, en una jornada que si bien empieza el 19 de agosto puede extenderse durante varios días, ya que el movimiento estudiantil agrupado en la MANE, las centrales obreras, el magisterio agrupado en Fecode y otras organizaciones tienen previstas movilizaciones en este mes.
Intentos de coordinación
Con la intención de unificar estas iniciativas, la Coordinación de Movimientos Sociales y Políticos de Colombia organizó, el día sábado 3 de agosto, un encuentro de sectores en conflicto, reuniendo a 60 delegados de diversos sectores sociales, entere los que se encontraban dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, del movimiento comunal, organizaciones de víctimas y desplazados, la MANE, gremios de transportadores, partidos de izquierda como el Partido Socialista de los Trabajadores, Poder y Unidad Popular, el Partido Comunista y los movimientos Comosoc, Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, entre otros.
Luego de hacer un recordatorio de los objetivos y carácter del espacio, las organizaciones informaron sobre sus apuestas de movilización: Ricardo Virviescas del gremio de los camioneros manifestó que los transportadores saldrán a la movilización contra la política gubernamentales en materia de combustibles, peajes y fletes, la cual «los tiene quebrados y con un parque cesante de automotores de miles de vehículos», igualmente llamó a la unidad y a acordar unos cuantos puntos de pliego unificado.
Mariana Ríos y Boris Duarte de la MANE informaron que no han discutido si participarán o no en el paro del 19 de agosto, pero se comprometieron a convocar reuniones extraordinarias para debatir el tema. Las centrales obreras CUT y CTC, así como los sindicatos de la salud, informaron que están llamando a sus afiliados a salir a la movilización, y en el mismo sentido se pronunciaron el Coordinador Nacional Agrario, la Mesa de Unidad Agraria, la ACIN, y demás organizaciones presentes.
Los presentes adoptaron el compromiso de mantener el espacio de reunión y coordinación y en sendas reuniones realizadas los días lunes y martes, avanzaron hacia el objetivo de conformar un centro unitario de dirección de la jornada de protesta, así como unificar los puntos de demanda y pliego.
FUENTE: Agencia de comunicación de los pueblos
http://colombiainforma.info/index.php/ddhh2/111-trabajo1/908-sectores
Los marginados al paro
Modelo agropecuario hizo metástasis
Hernán Camacho
La cuestión agraria es uno de los orígenes del conflicto social y armado en el país. Cada uno de los nombres que ha ocupado la silla presidencial en las cinco últimas décadas en Colombia, ha hecho hasta lo imposible por profundizar más la crisis campesina.
El abandono estatal, ignorar al campesino como sujeto político, la ausencia de desarrollo integral rural, la firma de los tratados de libre comercio, las políticas públicas agrarias en beneficio de grandes propietarios de tierra y el modelo económico, son apenas una muestra de las razones del campesinado para afirmar que el campo está quebrado.
No hay sector de la producción agrícola que se salve de la crisis y se una al paro del próximo 19 de agosto. La movilización nacional no tiene marcha atrás a pesar de los menudos esfuerzos que hace el gobierno por desarticular la movilización con el mismo criterio de siempre “no hay razones para protestar”.
Los cafeteros, algodoneros, paperos, lecheros, medianos ganaderos y en general el campesinado excluido de las política agraria de desarrollo han dicho que es la oportunidad histórica de reclamar lo que se les ha negado por años. “Ya nos reunimos en cada departamento con la base social para movilizarnos y hacernos presente en el paro nacional que arranca el 19 pero va más allá” le dijo a VOZ, Eberto Díaz, presidente de Fensuagro.
Hoy un litro de leche producido en el país cuesta más que el mismo litro de leche de las vacas norteamericanas o la leche producida en el viejo continente, con el agravante de la entrada en vigencia los TLC, y sin la protección adecuada de la producción nacional “ya ni siquiera vamos a alimentarnos los colombianos de nuestra tierra”, explica Juan Álvarez, lechero del Sumapaz.
Soberanía alimentaria
Pero más allá de las percepciones de los campesinos en su quehacer diario, es importante echar un vistazo a las cifras de la Defensoría del Pueblo, que revelan un hecho significativo para Colombia. El 40% de los colombianos, unos 20 millones de personas, están en condiciones de inseguridad alimentaria. Por ello la importancia de volcar los esfuerzos por la transformación real del campo colombiano con nuevos modelos de producción agropecuaria.
Y es que las peticiones campesinas son a lugar. La ONU en su estudio anual sobre desarrollo social en 2011, titulado: Colombia Rural Razones para la Esperanza, afirmó que la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema aunado a que el 75,5% de los municipios que conforman el país son rurales. Hechos y cifras significativas para atender una necesidad: el desarrollo integral.
Lo que se busca con la movilización es que el gobierno replantee las políticas del campo colombiano, que hoy estás encaminadas a un modelo de desarrollo económico de gran escala con los agronegocios que se encuentran en manos del capital financiero y especulativo. Es una falacia el modelo de asocio, gremio-campesino, que presenta como alternativa de modernidad para el campo el presidente Santos.
El modelo híbrido de desarrollo no va funcionar, aseguran voceros del campesinado. Las intenciones de apropiarse de extensiones de tierra cultivable o de baldíos en Colombia por parte del gran capital juegan en favor de la profundización de la crisis.
Los recientes levantamientos del campesinado en El Catatumbo exigiendo una Zona de Reserva Campesina, es parte de la solución al infarto agrario. Lo que no está bien visto, dicen analistas, es que los dueños de la industria o la banca se apropien ilegalmente de baldíos y se les premie con una ley a su medida. Así no puede ser una política agraria.
¿Pero cuál puede ser el modelo de desarrollo capaz de integrar la soberanía alimentaria y la producción campesina? La respuesta es apenas obvia, una reforma agraria. Pero mientras ésta llega, una alternativa que bien vale la pena aplicar es justamente las Zonas de Reserva Campesina, que según datos de la ANZOR, la asociación que integra los 58 procesos campesinos en todo el país, estos serían capaces de producir un 70% por ciento de la producción de alimentos para los colombianos.
El paro es una movilización amplia de muchos sectores “afectados con la política neoliberal, las privatizaciones, la política de cierre de empresa e industria nacional, por la desatención de la salud pública en el país como efectivamente los trabajadores de la salud han dicho que entran al paro” dijo Eberto Díaz, explicando el carácter nacional de la protesta.“Donde existan campesinos vamos a parar”.
En ese sentido amplio de la protesta los mineros se harán presentes. Los medianos, pequeños y tradicionales mineros han sido desplazados y criminalizados por defender su trabajo ancestral o artesanal contra la explotación de subsuelo por grandes compañías mineras.
Desde Marmato, Caldas, pasando por Antioquia, hasta Chocó han reiterado que al paro nacional agrario se suman porque en esencia sus peticiones no han sido escuchadas por el gobierno.
La Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, presentó ante el Ministerio de Agricultura seis peticiones concretas. El campesinado espera que el gobierno no repita su nefasto actuar: represión, judicialización y persecución a los campesinos “y que tampoco nos eche el cuento que lo que pedimos está negociándose en La Habana”, reiteró, Eberto Díaz, al precisar que los campesinos tienen sus propias reivindicaciones. “Somos los marginados del poder los que estaremos en las calles”, indicó el dirigente de Fensuagro.
FUENTE: Periódico VOZ
http://www.semanariovoz.com/2013/08/14/los-marginados-al-paro/
HIMNO MINERO: QUE NOS DEJEN TRABAJAR http://www.youtube.com/watch?v=YFOd79tedzc&feature=youtu.be
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