Álvarez Cristian (OR)
Gran revuelo en la capital antioqueña tuvo la medida de iniciar un proceso conciliatorio con los contratistas y/o socios estratégicos del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango tomada por la Gerencia de Empresas Públicas de Medellín EPM.
La medida, encabezada por el gerente de EPM Álvaro Rendón, y que fue difundida en redes sociales por el alcalde Daniel Quintero, busca recuperar hasta 9.9 billones de pesos; valor estimado de los sobrecostos de la colosal obra; invertidos en recuperar su viabilidad.
Pero, según lo publicado por Quintero quienes deberán hacer el pago de los billonarios sobrecostos serían los contratistas de la obra.
¿Qué pasó?
El proyecto hidroeléctrico de Hidroituango es una de las obras más ambiciosas de la ingeniería nacional que busca poner al río Cauca (el segundo más caudaloso del país) a generar la cantidad de 2.400 megavatios por hora, equivalentes al 17% de la demanda energética de Colombia, según El Tiempo.
Sin embargo, en 2018, la obra estuvo a punto de quedar fuera de control debido a unos problemas estructurales internos. Mientras se hallaba la causa del suceso, EPM debió gestionar recursos para recuperar la obra y evitar que el colapso de esta causara estragos catastróficos.
La plata se consiguió y se invirtió en la máxima prioridad: salvar las vidas de las comunidades rivereñas y recuperar el control de la obra. Las investigaciones posteriores dieron cuenta de que el fallo y la amenaza de colapso de la presa se dieron por errores de ingeniería que EPM niega.
El proyecto poco a poco se ha ido recuperando y a igual ritmo han aumentado los sobrecostos que ya llegan a 9.9 billones de pesos, según lo expresado por Quintero.
Renuncia la junta
El asunto es que, en vista de que se acababa el tiempo para tomar las medidas que permitieran recuperar el valor de los sobrecostos, el gerente de EPM comenzó el proceso de conciliación, pero la medida tomó inexplicablemente por sorpresa a la Junta Directiva de EPM.
Sintiéndose sobrepasados por el gerente y el alcalde, (pese a que su unidad jurídica ya les debía de haber advertido la cercanía del plazo), los miembros de la Junta Directiva de EPM trataron de atajar la decisión tomada desde la gerencia y propusieron una junta extraordinaria para reclamarle al alcalde y al gerente su desaire en la trascendental decisión (otro hecho así ya había sucedido pocos meses atrás).
Tras esa reunión, los miembros de la Junta Directiva de EPM decidieron renunciar en bloque como forma de protesta frente al manejo de la situación hecho por Quintero y Rendón. Quintero no se arredró en lo decidido por el gerente, por lo que la renuncia se hizo efectiva. Y esto nos trae al escenario actual.
Los implicados y el GEA
Si bien ya conocemos a los actores principales del suceso, vale la pena revisar algunos aspectos de este embrollo en los que no se ha profundizado lo suficiente.
El primer aspecto es que entre las empresas, consorcios, interventores y contratistas que se verían involucrados en la demanda que buscan recuperar los 9.9 billones de pesos —si falla la conciliación— están el Consorcio Generación Ituango (Integral – Solingral); el Consorcio Ingetec y Sedic; Chubb Seguros Colombia; el Consorcio CCC Ituango el cual es el principal constructor de la obra y que está conformado por Construçoes e Comercio Camargo Correa S.A., Conconcreto y Coninsa Ramón H.
Las dos últimas han tenido lazos comerciales con el Grupo Empresarial Antioqueño GEA, conglomerado comercial conformado por las principales compañías antioqueñas con injerencia nacional e internacional; y que también influencia la política de Medellín y de Antioquia.
La demanda anunciada por Quintero también implicaría al núcleo del GEA: Suramericana de Seguros.
¿Puerta giratoria?
Otro aspecto llamativo es la participación de algunos de los miembros de la Junta Directiva de EPM en la política local y en algunas empresas del GEA.
Por ejemplo, Andrés Bernal Correa, quien fue integrante de la Junta Directiva de EPM desde el 6 de febrero de 2012, fue vicepresidente financiero y de desarrollo estratégico de SURA Asset Management entre 2012 y 2017. Su relación con el grupo SURA data de hace más de 20 años.
Jesús Aristizabal Guevara fue secretario de Gobierno Departamental, secretario Obras Públicas de Antioquia, director (e) de Valorización Departamental de Antioquia y concejal de Medellín.
Y Manuel Santiago Mejía Correa, integrante de la Junta Directiva de EPM desde el 30 de abril de 2012, ha sido gerente de Colombiana de Comercio CORBETA y Secretario de Hacienda de Medellín.
Según lo denunció en 2015 el sindicato de Industria de los Trabajadores Profesionales de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliario SINPRO, la Junta Directiva de EPM se ha convertido en una puerta giratoria para alcanzar puestos dentro de las Empresas del GEA. Por eso hoy, causa curiosidad el espaldarazo de apoyo que el mismo sindicato SINPRO les da a los miembros salientes de la Junta Directiva que tanto criticó hace cinco años.
También, en aras a la verdad, hay que tener otro elemento presente: Daniel Quintero tuvo la oportunidad a su llegada a la Alpujarra el pasado mes de enero de cambiar completamente la Junta Directiva de EPM, sin embargo la ratificó. Quintero solamente nombró los reemplazos de dos de los miembros de la Junta que renunciaron a esta, uno de los saliente tenía estrechos lazos con el GEA.
Decisiones erradas
Otro aspecto a relucir es que la Junta Directiva de EPM habría autorizado la construcción de la Galería Auxiliar de Desvío que comenzó a construirse en agosto de 2015 y que fue uno de los “pilares” para el compromiso y casi debacle de la megaobra.
De otro lado EPM —y por ende su Junta Directiva— pactó con el consorcio CCC Ituango, el 28 de diciembre de 2015, un plan de aceleración de la obra para recuperar hasta 18 meses de los 20 que ya llevaba de retraso la culminación de la presa. El acuerdo indicaba que, si se lograba el cometido, se entregaría un incentivo de 70.000 millones de pesos al contratista.
Esa aceleración muchos la señalan —junto al colapso de la Galería Auxiliar de Desvío— de ser uno de los factores determinantes de la crisis de Hidroituango pese a que hasta hoy EPM lo niegue.
Por último, llama poderosamente la atención el por qué la Junta Directiva de EPM en estos dos años no hizo gran cosa para recuperar los sobrecostos de la obra; mientras que sí ha sido evidente entre los usuarios de EPM un incremento en las tarifas de sus servicios públicos.
Estos incrementos han sido justificados por parte de la compañía como errores de facturación o incluso como consecuencia de fenómenos atmosféricos como El Niño, lo que deja más enrarecido el ambiente.
Pero lo más curioso es que una junta que cuenta con un abogado como Luis Fernando Álvarez Jaramillo —quien fue presidente y magistrado del Consejo de Estado, magistrado titular encargado en la Corte Suprema de Justicia y magistrado auxiliar de la Sala Constitucional, conjuez en la Corte Constitucional y del Tribunal Administrativo de Antioquia— se le haya pasado por alto iniciar los procesos legales para recuperar la inversión de los sobrecostos de Hidroituango.
La pregunta que queda en el aires es ¿Por qué?
Tomado de: https://www.laorejaroja.com/lo-que-no-se-ha-dicho-de-la-renuncia-de-la-junta-directiva-de-epm/
CUADERNOS DE REENCUENTRO 