«Ejército censura mural de falsos positivos, será que les duele la verdad, o será que es malo un mural con la verdad, pero para ellos no es malo matar civiles para hacerlos pasar por guerrilleros y decir que estaban ganando la guerra. ¿Quién dio la orden☠?».✊🇨🇴🕊 #CampañaPorLaVerdad#Colombia#Censura
El infierno del campo de entrenamiento del ejército colombiano en el Amazonas
El coronel Roa y el mayor Royero han dirigido esta escuela donde la tortura y la humillación hacen parte del manual de formación. Dos soldados bachilleres revelaron los horrores
Los primeros disparos se escucharon a las cinco de la mañana. Completamente desarmados, cerca de 120 oficiales y suboficiales del Ejército que cumplían el curso de lanceros, apenas tuvieron tiempo de abrir los ojos en medio de la abrumadora oscuridad de la selva amazónica cuando vieron los cañones de las AK-47 apuntándoles directo al rostro. Con el campamento rodeado, no tuvieron otra alternativa que rendirse ante quienes se presentaron como guerrilleros. Rasgaron sus camisetas y con los trozos de tela les vendaron los ojos y los encadenaron por el cuello, formando un gusano humano que fue guiado a punta de látigo y palo por entre el monte por más de diez kilómetros hasta las orillas del río Amazonas. Sentado dentro del bote, un hombre de piel cobriza que delataba su origen indígena, esperaba tranquilo para llevarlos hasta el campamento. Ahora, por lo visto, eran prisioneros de guerra del ELN.
El día anterior los oficiales y suboficiales se habían internado en la selva para cumplir con una prueba de superveniencia. Era parte del curso de lanceros que estaban realizando para poder aspirar a un nuevo ascenso en su carrera militar. El terror se apoderó de ellos y, con el sol ardiendo sobre la nuca, los soldados llegaron a un campamento que se levantaba en un claro del Amazonas y derrumbaba cualquier esperanza de libertad. Habían llegado al infierno y así se los hizo saber Alejandro, quien actuaba como el comandante y estuvo al frente de la emboscada en la madrugada, mientras los demás guerrilleros los encerraban en las jaulas de alambre rodeadas por las banderas del ELN.
Aquellos muchachos que apenas rozaban los 20 años, pero actuaban con la firmeza de unos guerrilleros bien entrenados, en realidad eran soldados bachilleres. Descontrolados por las órdenes recibidas, escondían su miedo tras los incipientes bigotes que se habían tenido que dejar para cambiar su apariencia, pero no cesaron de golpear, insultar y humillar durante tres días a los 120 oficiales y suboficiales que se sometieron mansamente, convencidos de estar secuestrados. Un escenario construido como parte del curso de lanceros cuya prueba mayor, conocida dentro del Ejército como “El Ejercicio”, ahora tenían que soportar.
En medio de la selva amazónica, el ejército levantó un campo de entrenamiento donde sus propios soldados sufren de torturas físicas y psicológicas durante tres días. pic.twitter.com/ROcg3x5lAT
En enero de 2017, los hermanos Ismael David y Henry Andrés Hernández Triana decidieron suspender sus estudios en la universidad para “servirle a la patria” presentando su servicio militar. Venían de una familia de tradición castrense, tanto su mamá como su papá pertenecieron al Ejército y trabajaron durante varios años en el fuerte militar de Tolemaida. Motivados por su historia, se fueron para la Escuela de Lanceros, reconocida por ser una de las mejores del país, que entonces era comandada por el teniente coronel Servio Tulio Roa Roa.
Los primeros tres meses transcurrieron normalmente. Juraron bandera y les entregaron armas como parte del protocolo del servicio militar. Pasaron duras pruebas como el Curso Unidades Básicas de Lanceros —CUBAL—, siete semanas de un estricto entrenamiento en el que los bachilleres son aislados, les reducen la comida y los líquidos, y cuando por fin termina la prueba los muchachos pueden estar pesando hasta 20 kilos menos. Sin embargo, con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Tanto Ismael como Henry hablaron más de una vez con sus papás a quienes les aseguraron que estaban desesperados con los tratos que recibían. Durante el curso CUBAL, los insultos y los golpes se convirtieron en parte de la rutina, y los roces con los instructores y superiores de la Escuela fueron cada vez más recurrentes.
El 28 de junio de 2017, Ismael fue seleccionado para que continuara con el servicio en el fuerte Amazonas II, una base militar ubicada en Leticia que funciona como una sucursal de la Escuela de Lanceros y hace parte de la formación de los bachilleres. Ismael no quería ir, pero al manifestar su inconformidad con la decisión, despertó la furia del mayor Royero, quien sin mediar palabra lo insultó fuertemente y puso la queja de inmediato ante el coronel Roa Roa, comandante de la Escuela. La suerte de Ismael estaba echada y ese mismo día aterrizó en Leticia con la moral por el suelo, sin saber que las cosas solo empeorarían con el tiempo y ahora alejado de su hermano Henry Andrés.
Todos los bachilleres que ingresan al fuerte Amazonas II, comandado por el capitán Juan Manuel Molina Castaño, son iniciados en un ritual al que llaman el bautizo. Cuando Ismael llegó tuvo que caminar en cuclillas mientras los demás soldados le lanzaban orina, color y le pegaban con una tabla. Al final del camino, lo esperaba una cuerda colgada de un árbol que subió afanosamente para tocar el cuadro de un faisán ubicado en la parte de arriba.
Desesperado, Ismael volvió a llamar a su mamá, a quien le dijo que no aguantaba un día más en Leticia por los malos tratos, pero en su voz algo había cambiado, se le notaba ansioso y descontrolado, y en medio de la conversación lanzó una amenaza: “les voy a echar candela”.
Su mamá habló con su hermana Gladys Triana, una abogada y suboficial retirada del Ejército que había sido como una segunda madre para los hermanos Ismael y Henry Andrés. Gladys lo llamó para intentar tranquilizarlo, pero Ismael solo le respondió diciéndole que él ya no sabía si estaba en la guerrilla o en el Ejército. Gladys no entendió.
El 18 de agosto de 2017, mientras Ismael pasaba sus días en Leticia, Gladys decidió enviarle una carta al coronel Servio Tulio Roa en la que le preguntaba sobre la situación actual de su sobrino, pues se había enterado que el día que Ismael supo de su traslado al Fuerte Amazonas II, “realizó aparentemente un gesto”, por el que el mayor Ramón Raúl Royero habría sido grosero insultándolo. Pero ese apenas fue uno de los de menos calibre. Otros reclamos giraron alrededor de amenazas y algunos abusos físicos, no solo contra él, sino contra Luis Felipe Triana, un tercer sobrino suyo que también había decidió prestar el servicio militar en la Escuela de Lanceros ese mismo año. En conclusión, le recordaba al coronel Roa que en la escuela debían respetar los derechos humanos dentro del Ejército.
La carta causó malestar en el coronel. Las cosas mientras tanto empeoraron para Ismael en la selva amazónica y tampoco les fueron fáciles a Henry Andrés y a Luis Felipe en la Escuela. Los presionaron para que entregaran el número de teléfono de su tía Gladys porque en la carta solo había dejado su correo electrónico para que le fuera enviada la respuesta, pero Roa quería hablar con ella personalmente.
El teniente coronel Servio Tulio Roa Roa estuvo al frente de la Escuela de Lanceros hasta los últimos días de 2017.
En septiembre tanto Ismael como Henry recibieron un permiso especial para ir a Bogotá porque su mamá iba a ser operada del corazón. Fue el momento en que los hermanos se reencontraron después de dos meses y medio, pero Ismael había cambiado completamente en ese tiempo. En el hospital, mientras acompañaba a su mamá después de la cirugía, tuvo una crisis nerviosa. Comenzó a caminar por todos los pasillos y se había vuelto un hombre agresivo e incapaz de tratar con desconocidos. Henry, al ver a su hermano en ese frenetismo errático, lo llevó inmediatamente para urgencias por orden de su tía Gladys donde lo atendió un médico que lo remitió a una revisión psiquiátrica.
Gladys se puso al frente de la situación médica de Ismael porque su hermana apenas se recuperaba de la delicada intervención. Estuvo con él parte de la consulta que programaron en el Batallón de Sanidad Militar, pero un par de días antes de la cita con el psiquiatra, Ismael le mostró unos videos a su tía que parecían imposibles de creer: “mire lo que me obligan a hacer”. A lo lejos, se veían varios guerrilleros azotando sin piedad a un grupo de soldados que se arrastraban aterrados y adoloridos por el piso intentando esquivar los latigazos mientras entraban a unas jaulas. Hasta ese momento, Ismael todavía no le había contado a nadie lo que estaba viviendo realmente en Leticia.
En medio de la selva amazónica, el ejército levantó un campo de entrenamiento donde sus propios soldados sufren de torturas físicas y psicológicas durante tres días. pic.twitter.com/27bb7MsR1w
Este vídeo evidencia como jóvenes, que prestaban el servicio como lanceros en el Amazonas, debían torturar y enjaular a sus compañeros. pic.twitter.com/pE7eEDuJoG
Los videos fueron grabados en el primer semestre de 2017 por otro bachiller que se los pasó directamente a Ismael. El Mayor Royero ya sospechaba que podría contar algo de lo que sucedía en las aisladas selvas del Amazonas, y cuando Ismael fue a la consulta con el psiquiatra, envió a un sargento de apellido Díaz para que lo vigilara en todo momento, pero Gladys lo atajó inmediatamente y le impidió al sargento estar con él durante la cita. En Tolemaida, a donde ya había regresado después del permiso su hermano Henry Andrés, necesitaban saber qué información tenía Ismael y qué podría contarle al médico.
El psiquiatra le dio una incapacidad a Ismael que le significó quedarse en Bogotá durante las terapias que se prolongaron cada quince días. Aunque desde Tolemaida quisieron torpedear el tratamiento pues embolataron durante un tiempo un oficio que debían entregar para certificar a Ismael, este logró quedarse en la ciudad hasta concluir su tiempo de servicio militar el 3 de enero de 2018.
Varios jóvenes en la escuela de lanceros fueron obligados a torturar a sus compañeros haciéndose pasar por guerilleros del ELN. pic.twitter.com/AL1Eq78ag5
Aunque para febrero de 2018 los hermanos Hernández Triana ya estaban fuera del Ejército, el martirio de la familia continuó. Luis Felipe Triana Garzón, el primo de Ismael y Henry que llegó el mismo año que ellos pero varios meses después, fue sometido a los mismos crueles entrenamientos de sus primos. Luis Felipe, con 19 años, fue enviado igualmente al Amazonas, donde lo esperaba el infierno.
Lo recibió el capitán Molina con una única instrucción: debía dejarse crecer el cabello y la barba porque en menos de un mes participaría en “El Ejercicio”. Fue obligado a aprenderse el himno del ELN y abandonar el lenguaje militar que llevaba usando todos esos meses de entrenamiento. Sus lanzas —como se llaman entre compañeros— ahora serían camaradas y cada uno tendría su propio alias. El soldado bachiller Luis Felipe Triana había pasado a llamarse Comején.
Luis Felipe Triana se dejó crecer el bigote, las uñas y el pelo para caracterizarse como guerrillero del ELN.
La noche anterior a la emboscada, el capitán Molina, convertido nuevamente en el comandante Alejandro, reunió a todos los soldados bachilleres que conformarían la célula guerrillera para realizar un simulacro. Entre el grupo, escogió a Luis Felipe, quien fue sentado frente a sus compañeros y obligado a golpearse la cabeza mientras gritaba “¡Solo!”. Así tendrían que tratar a los alumnos que en unas horas secuestrarían.
Luis Felipe vestido como guerrillero del ELN. Le fueron entregadas las botas de caucho y una AK-47 para la emboscada.
Había llegado el día y Molina conformó dos grupos de bachilleres para realizar el ejercicio LER —Laboratorio Experimental de Resistencia—. Les entregó los uniformes y una AK-47. Fueron hasta el campamento y colgaron las banderas de la guerrilla para recibir a los futuros alumnos.
Durante tres días, Luis Felipe Triana, un soldado bachiller que fue a presentar su servicio militar en la Escuela de Lanceros en Tolemaida, se convirtió en un torturador dispuesto a cometer los más terribles vejámenes, aprendidos de sus superiores y las aplicó a cabalidad contra los suboficiales y oficiales del Ejército que secuestró junto a sus compañeros.
Testimonio de joven que fue obligado a torturar, golpear y maltratar a sus compañeros haciéndose pasar por guerrilleros del ELN en en LER – Laboratorio Experimental de Resistencia. pic.twitter.com/QkZolqTnif
Al llegar al campamento, los falsos guerrilleros del ELN obligaron a los soldados secuestrados, ahora “alumnos del ejercicio”, a arrastrarse por el piso mientras los azotaban con las eslingas, unas correas con nudos del tamaño de un puño en las puntas para provocar más dolor. La orden fue mantenerlos despiertos y atemorizados, encerrándolos en las jaulas de estrés, donde canciones como La Cruz de Palo, de Antonio Aguilar, retumbaban en medio de la selva y hacían temblar el alambre que los encerraba.
Cada jornada se volvió más intensa, llenas de insultos y torturas. Se organizaron peleas entre los oficiales y suboficiales, pero si los bachilleres veían que no se estaban golpeando con suficiente fuerza, si dudaban en herir a su compañero de celda, volvían los latigazos con la eslinga. Tocaba castigarlos.
Los alumnos son obligados a sentarse frente a la jaula con un tronco entre las piernas para que los falsos guerrilleros se paren en ellos y luego ser obligados a levantarlos mientras los azotan.
Los soldados son encerrados en jaulas de agua para mantenerlos despiertos.
Luis Felipe apenas pudo resistir el ejercicio cuando tuvo que presenciar los interrogatorios del segundo día, liderados por Molina, Royero, y varios soldados profesionales. Los retenidos son ingresados uno por uno a las casetas que se encuentran en los alrededores de las jaulas. Con los ojos vendados, son obligados a responder las preguntas realizadas por una mujer, cómplice de todo, mientras Molina y Royero, con botas de caucho y el rostro tapado, los golpean en todo el cuerpo. Al mejor estilo paramilitar, prenden una motosierra que no tiene cadena para calsificarles el miedo en los huesos. Todos se quiebran.
A los que están en el campo de entrenamiento se les grita “busque culo”, que significa arrodillarse y poner la cabeza entre las piernas del compañero.
Solo hasta la madrugada del tercer día les dieron agua y comida, que en realidad eran dos cucharadas de arroz. Cuando la desesperación no puede ser mayor, un nuevo círculo del infierno se recorre en el día. Pero con el ingrediente final.
En medio de la música y los gritos, un pelotón del Ejército, que son algunos soldados bachilleres del Fuerte Amazonas II que no están en el ejercicio junto a otros profesionales e incluso con uniformados brasileños, simula un rescate. En ese instante, los supuestos guerrilleros se esfuman entre los matorrales y los oficiales y suboficiales son rescatados.
A la izquierda, la eslinga con que son azotados quienes están en el campo de entrenamiento. A la derecha, las jaulas de estrés.
Luis Felipe huyó desesperado del campo de concentración. Sin embargo, tenía que seguir actuando, y solo tenía 20 minutos para volver a ponerse el uniforme militar, afeitarse, arreglarse el pelo y regresar donde estaban los soldados que él había secuestrado. Con la vergüenza, el dolor y el remordimiento dibujándole el rostro, fue obligado a felicitarlos por su valentía, y ellos desconcertados apenas intentando entender por qué les había sucedido eso. A esos mismos hombres que había azotado y humillado, ahora debía darles la mano.
De regreso a la plaza de armas del fuerte Amazonas II, el mayor Royero los esperaba con gatorade y un pan. Les dio un corto discurso de felicitaciones y desapareció en medio de las casetas que rodeaban la plaza. Sin embargo, los citó en la noche para evaluar. Luis Felipe, agotado, asistió a la reunión y vio el daño en cada rostro de sus compañeros cuando uno de ellos sugirió que el ejercicio podría durar incluso un día más.
Luis Felipe tuvo que repetir el ejercicio dos meses después con un nuevo grupo de “alumnos” que no sabían lo que les esperaba. Al mismo tiempo siguió con su entrenamiento de soldado bachiller, haciendo ejercicios y trabajo de campo a los que cada vez resistió menos. En febrero de 2018, un dolor insoportable en los genitales lo obligó a pedir un médico, pues un par de años atrás había sido operado de varicocele y el exceso de fuerza lo estaba afectando.
Cuando llegó a Bogotá, fue trasladado al Hospital Militar por su su tía Gladys y su mamá, el dolor era tal que no la reconoció. Durante los tres días hospitalizado, fue remitido al psiquiatra. Concluido su permiso diez días, el coronel Roa lo reclamó en la Escuela de Lanceros, con una llamada incluso a su mamá, quien le explotó en el teléfono: “¿por qué lo puso a hacer ‘El Ejercicio’?”, le reclamó con fuerza. Roa intentó disculparse frente a la pregunta que lo delataba: “Yo no sabía que al bachiller Triana le había tocado hacer ‘El Ejercicio’”, dijo.
Luis Felipe Triana no regresó a Leticia ni a la Escuela de Lanceros. Su tía Gladys se puso al frente y lo acompañó permanentemente en su tratamiento en la Base de Sanidad. Su servicio militar, al igual que su primo Ismael, concluyó en Bogotá cuatro meses después.
Luis Felipe llegó al Hospital Militar destruido por dentro. Fue a prestar el servicio, pero volvió irreconocible.
En el Amazonas permanece activo el campamento LER, un lugar donde los soldados son entrenados para odiar al enemigo, actuar con sevicia y sin compasión. Un comportamiento inhumano, condición para ascender en su carrera militar, pero que tienen que pagar con su carne y mente y terminan destruidos psíquicamente. Una muerte en vida que queda como uno de los tantos secretos de las selvas colombianas.
La lamentable muerte del miembro de las Farc, Dimar Torres ha permitido aclarar muchas cosas en la sociedad colombiana. Por las circunstancias tan repudiables, como todo homicidio, pero que se hacen mayores por la saña, sevicia, cobardía y manifestación de odio acumulado.
Muy rescatable lo expresado al país por la Comisión de paz del Congreso. Muy humana, responsable y valiente la posición del general Villegas como comandante de la tropa involucrada en el cruel asesinato; actitud gallarda, inaceptable en un ejército que quiere seguir funcionando como enemigo del pueblo colombiano.
No puede ser que las luchas de un pueblo por su soberanía, sigan entendiéndose como “el enemigo interno”.
No se sabe si el delito involucró violación. Pero dejan muchas dudas los antecedentes como el asesinato de cuatro niños por parte de militares en el Meta, que también incluyó abuso sexual. Además de los sucesos que rodearon la denuncia sobre la comunidad del anillo. Inquieta entonces la formación recibida por las fuerzas armadas, su conformación y su forma de entender el “honor”.
Con respecto al asesinato de Dimar torres, ha circulado un audio, en el cual supuestamente se expresa un superior del general Villegas, en el que se escucha:“ Si tanto le duele la muerte de un guerrillero; pues, váyase para la guerrila”. Ya les corresponde a las autoridades verificar la autenticidad de este audio y tomar las acciones correspondientes. Acerca de esto hay que hacer estas precisiones:
Dimar Torres no era un guerrillero, era un ciudadano colombiano, firmante de un acuerdo de paz con el estado.
El acuerdo de paz es constitucional y debe ser respetado por todas sus instituciones. Si a un militar no le gusta, asume una posición política expresada por un partido detractor, lo cual es inaceptable por su calidad de miembro de las fuerzas armadas.
Según el Derecho Internacional Humanitario, un enemigo herido o que entrega las armas, ya no es un enemigo; es persona protegida. Ahí hay una violación a estas normas.
El comentario de determinar a quién le duele unas muertes y otras no, es una expresión subjetiva, escuchada también de los más tenebrosos jefes paramilitares y a la ultraderecha, quienes creen tener la obtusa potestad de conocer qué le duele a otros sin ningún intercambio de opiniones o desconociendo una realidad acordada, pero ajena a algunos intereses.
El contenido de estas expresiones en tal tipo de regaños, es peligroso porque es ahí donde anidan las águilas negras, la ilegalidad y sobre los que se promulga el odio en la sociedad, en lugar de llamar a la reconciliación.
En los acuerdos de paz no existe ninguna agenda oculta para entregárselo a una posición política en particular o para llevar el país al socialismo. Los seis puntos que lo resumen, son claros y han sido ampliamente comunicados a la ciudadanía.
Como las clases dominantes siempre han mandado con el engaño, creen que esa es la única forma de gobernar; la sabiduría popular enseña que el ladrón juzga por su condición, pero a los revolucionarios no nos interesan mentes manipuladas, sino personas con pensamiento libre, capaces de tomar decisiones propias y de ser felices.
La transformación de las relaciones sociales de producción solo puede ser posible con acciones conscientes de la población. Si por Socialismo se entiende la ampliación de la participación ciudadana, como profundización de la democracia, si es valoración de la vida y mejorar el nivel de vida de las personas construyendo un país en paz; entonces, los acuerdos, sí conducen hacia allá. Esto sólo es inaceptable para unos pocos que siempre han vivido de privilegios logrados con el robo.
No se quiere saber de la muerte de ninguna persona más. Ese es el gran valor humano de los Acuerdos de Paz.
Mensaje nocivo para soldados y oficiales, y duro revés para las víctimas
El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.
(Washington D.C.) – El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos, señaló hoy Human Rights Watch. Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.
El 10 de diciembre de 2018, el gobierno nombró al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército colombiano. El 21 de diciembre, el ministro de Defensa Guillermo Botero y el general Martínez Espinel nombraron a otros nuevos comandantes en puestos claves del Ejército. Human Rights Watch ha encontrado pruebas que vincularían a ocho de estos militares, así como al general Martínez Espinel, con “falsos positivos” y otros abusos. Entre 2002 y 2008, en casos que se conocieron como “falsos positivos”, miembros del Ejército cometieron ejecuciones sistemáticas de civiles inocentes para incrementar el número de bajas en el marco del conflicto armado.
“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.
Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que patrones en los casos de falsos positivos —incluida su naturaleza sistemática y las circunstancias implausibles de muchas muertes que supuestamente ocurrieron en combate— sugieren que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de ejecuciones sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios. Conforme al derecho internacional, los comandantes no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ordenen o cometan en forma directa. También deben ser penalmente responsables si sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos.
Los militares nombrados recientemente contra los cuales existen evidencias que los vinculan con graves abusos son Martínez Espinel, comandante del Ejército; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Todos ellos son generales.
El general Martínez Espinel fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) a un informante que habría proporcionado información que supuestamente permitió lograr “excelentes resultados” en dos operaciones militares. En una de estas, los soldados reportaron que “d[ieron] de baja a un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59” de las FARC. Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años.
En 2011, un tribunal condenó a dos soldados y un exparamilitar por estos homicidios. El tribunal concluyó que las víctimas fueron llevadas por la fuerza de su vivienda en horas de la madrugada. Los soldados las asesinaron, colocaron armas en sus cuerpos e informaron que se trataba de miembros de las FARC muertos en combate. En 2013, un tribunal superior pidió a la Fiscalía que investigara “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”.
El general Navarrete Jadeth, nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, fue segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008.
Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el general Navarrete Jadeth en marzo de 2008, en el cual certifica un pago de 2.000.000 pesos colombianos (USD 1.000) a un informante a cambio de datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Pero los tribunales han concluido que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados de una ciudad cercana y ejecutados extrajudicialmente.
Los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército, en su mayoría soldados rasos, por su rol en ejecuciones extrajudiciales. No obstante, las autoridades en general no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes. En cambio, han ascendido a muchos de estos militares, y han permitido que varios alcancen los más altos cargos en las Fuerzas Militares.
El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos también nombró en puestos clave del Ejército a militares sobre quienes pesan evidencias creíbles que los vinculan con falsos positivos. El general Juan Pablo Rodríguez Barragán, que está siendo investigado penalmente por casos de falsos positivos, fue el Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia entre 2014 y 2017.
Una parte de la asistencia militar estadounidense destinada a Colombia está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos. En 2018, estos requisitos incluían que el “personal militar responsable de ordenar, perpetrar o encubrir falsos positivos esté siendo procesado y sancionado adecuadamente, incluyendo con la destitución de cargos de mando”.
A continuación, se presenta un análisis de las pruebas contra los oficiales superiores del Ejército.
Las pruebas contra los nuevos comandantes
Human Rights Watch analizó decenas de decisiones judiciales, testimonios, informes de la Fiscalía General de la Nación y otros documentos vinculados con los oficiales del Ejército que fueron nombrados en diciembre. Al menos tres de los nueve generales ascendidos están siendo investigados por la Fiscalía. Los fiscales están investigando numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los demás. A continuación, se expone un resumen de las pruebas que implican a los nueve militares (la información se presenta según su rango en el Ejército).
Nicacio de Jesús Martínez Espinel (comandante del Ejército)
Entre octubre de 2004 y enero de 2006, el general Martínez Espinel fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de La Guajira y Cesar. Un informe de 2016 de la Fiscalía indicaque los fiscales han abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
Por ejemplo, en una sentencia de junio de 2011, un tribunal determinó que en febrero de 2005 soldados del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada se llevaron de su vivienda a Carrillo Arias, miembro de una comunidad indígena, y a Pacheco Zabata, de 13 años, en horas de la madrugada, para luego asesinarlos, colocar armas sobre sus cuerpos e informar que eran miembros de las FARC muertos en combate. El tribunal que condenó a los responsables determinó que les habían disparado a las víctimas por la espalda y que las armas que supuestamente pertenecían a las víctimas no habían sido detonadas. También concluyó que el batallón carecía de los documentos sobre la operación, incluidos aquellos que deberían haber dejado constancia de la cantidad de municiones utilizadas durante el supuesto enfrentamiento armado.
Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) a un informante que proporcionó datos que posibilitaron los “excelentes resultados” en esa y otra operación.
Human Rights Watch identificó otras graves inconsistencias en varios documentos firmados por Martínez Espinel que supuestamente certifican pagos realizados a informantes que habrían permitido que soldados de la Décima Brigada Blindada dieran de baja a tropas enemigas. Por ejemplo:
En cuatro documentos distintos, según documentos incluidos en un expediente judicial al que tuvo acceso Human Rights Watch, los fiscales determinaron que los nombres y los números de cédula de los presuntos informantes no coincidían.
En dos documentos donde se certifican pagos a informantes, las fechas de las presuntas operaciones no tienen sentido. En un caso, el 17 de mayo de 2005, Martínez Espinel autorizó el pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) como recompensa por información que, según el mismo documento, facilitó una operación militar que se llevó a cabo el 20 de mayo–es decir, tres días después. En esta supuesta operación, habría muerto un “sujeto NN… al parecer integrante del Frente 41” de las FARC.
Human Rights Watch ha demostrado que entre 2002 y 2008, muchos militares fabricaron documentos ficticios para obtener beneficios económicos por bajas reportadas, incluidos casos de falsos positivos. Human Rights Watch no pudo confirmar si algunas de las bajas respecto de las cuales el general Martínez Espinel autorizó pagos, además del homicidio de Carrillo Arias y Pacheco Zabata, fueron falsos positivos, ya que, en los documentos militares relevantes, no se identifica los nombres de las personas que murieron. La mayoría de los muertos fueron reportados como “NN”.
Jorge Enrique Navarrete Jadeth (jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza)
Como nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, el general Navarrete Jadeth supervisa varios comandos del Ejército, incluyendo los de personal, reclutamiento y logística.
El general Navarrete Jadeth fue el segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre al menos 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, según documentos a los que tuvo acceso Human Rights Watch.
Un documento firmado por el general Navarrete Jadeth en marzo de 2008 certifica que se realizó un pago de 2.000.000 pesos colombianos (USD 1.000) a un informante que proporcionó datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Posteriormente, los tribunales concluyeron que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados de una ciudad cercana y ejecutados extrajudicialmente.
Un documento de 2015 indica que los fiscales estaban investigando al general Navarrate Jadeth por presunta cooperación con grupos paramilitares. El expediente indica que la investigación fue propiciada por declaraciones de un exparamilitar, Adolfo Enrique Guevara Cantillo, quien manifestó que el general Navarrete Jadeth cooperaba con paramilitares. La Fiscalía no ha indicado públicamente si ha archivado la investigación ni si tiene previsto imputar al general.
Raúl Antonio Rodríguez Arévalo (jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas)
Como nuevo jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas, el general Rodríguez Arévalo supervisa diversos departamentos del Ejército, incluidos aquellos a cargo de inteligencia y contrainteligencia y de educación militar.
El general Rodríguez Arévalo fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante parte de los años 2005 y 2006. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre 21 ejecuciones cometidas en 2005 y 13 en 2006 por soldados del batallón la Popa, según un informe de la Fiscalía. Entre estos, hay por lo menos cuatro casos en los cuales la justicia colombiana ha condenado a nueve soldados por su participación en 10 ejecuciones.
En un caso, el 20 de noviembre de 2005, soldados del batallón la Popa asesinaron a tres civiles en San Diego, Cesar, e informaron que se trataba de enemigos muertos en combate. La noche previa, tras recibir falsos ofrecimientos de empleo de dos hombres, las víctimas habían viajado más de 300 kilómetros hasta San Diego desde el municipio de Soledad, Atlántico. En 2014, un tribunal condenó a un teniente y un sargento por los homicidios. Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Rodríguez Arévalo que describe el presunto operativo indica que fueron “dados de baja” “cuatro bandidos sexo masculino NN” que “pretendían cobrar una extorsión a un caficultor de la región”.
En febrero de 2017, un soldado, cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad, indicó a la Fiscalía que el general Rodríguez Arévalo estaba directamente implicado en falsos positivos. El siguiente fragmento describe uno de los muchos casos que describió el soldado (bastardillas agregadas):
[S]acamos dos personas de diferentes casas. La primera un señor donde había como una tienda, un señor moreno. Al otro lo sacamos diagonal, como a la izquierda… ahí el guía nos llevó a una parte… y [un] teniente… me dio la orden de asesinar a uno de los señores, al de la tienda. Yo lo ejecuté.
A [otro] soldado le dio la orden de que matara al otro. Nosotros le dijimos a mi teniente cómo vamos a hacer [para informar las bajas] si no hay armas. Él nos dice ‘no se preocupen que mi tío [va a ayudar]’ refiriéndose al coronel Rodríguez Arévalo.
Cuando llegamos al batallón… esperamos [hasta que] llegó un helicóptero. Ahí iba el coronel Rodríguez Arévalo y [otro oficial]. Bajaron unas bolsas negras que no sé qué tenían. Después estaban organizando unas minas de guerra con cordones detonantes, un fusil, una pistola y explosivos. Se las colocaron a las personas [muertas] y tomaron fotos para decir que había sido un combate… en esas bajas mandó el coronel [Rodríguez Arévalo] al sobrino a hacer curso de piloto[presuntamente como premio].
Adolfo León Hernández Martínez (comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro)
El general Hernández Martínez fue nombrado comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, una unidad que asesora al comandante del Ejército sobre políticas para modernizar la fuerza.
Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el general Hernández Martínez estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008, según un informe de la Fiscalía.
Por ejemplo, el 23 de enero de 2008, soldados del batallón la Popa asesinaron al civil Aldemar García Coronado, de 16 años, e informaron que se trataba de un enemigo muerto en combate. En 2013, un soldado y un sargento fueron condenados por el delito.Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Hernández Martínez indica que soldados que participaron en la operación “entra[ron] en combate” con “5 terroristas”, y que en ese hecho murió un “NN”.
Diego Luis Villegas Muñoz (comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano)
El general Villegas Muñoz fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, una unidad especial que opera en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela.
El general Villegas Muñoz actualmente está siendo investigado por la ejecución de Omer Alcides Villada, un agricultor que tenía una discapacidad mental. Soldados del Batallón Pedro Nel Ospina habrían asesinado al agricultor en marzo de 2008 y luego reportado que se trataba de un combatiente de las FARC muerto en combate. En ese momento, Villegas Muñoz comandaba el batallón.
Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Villegas Muñoz certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 800) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó a la operación en la cual fue asesinado Villada. No obstante, en la declaración del supuesto informante ante la Fiscalía, este indicó que nunca había proporcionado información al Ejército ni recibido pago alguno.
Villegas Muñoz también firmó dos informes sobre la operación. Un fiscal señaló en una audiencia sobre el caso que los informes revelan varias irregularidades; por ejemplo, que la operación se realizó en un municipio distinto del que consta en la orden militar.
En diciembre de 2016, un juez dictó una orden de captura contra el general Villegas Muñoz. No obstante, un decreto de 2017 vinculado con el componente de justicia del acuerdo de paz con las FARC impidió que se ejecutara la captura, según una carta de la Fiscalía. El decreto permite que las autoridades suspendan las órdenes de detención en casos que tengan relación con el conflicto armado.
Edgar Alberto Rodríguez Sánchez (comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles)
El general Rodríguez Sánchez fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles, una unidad especial que opera en el Bajo Cauca.
Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, comandó el batallón Magdalena de la Novena Brigada. Los fiscales han abierto investigaciones sobre al menos 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando, según documentos de la Fiscalía.
Raúl Hernando Flórez Cuervo (comandante del Centro Nacional de Entrenamiento)
Flórez Cuervo fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante, por lo menos, parte de 2008. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
En mayo de 2014, un tribunal de Bogotá condenó a cinco soldados del batallón de Flórez Cuervo por el asesinato, en enero de 2008, del sindicalista Israel González, que fue reportado como guerrillero muerto en combate. El tribunal determinó que tal enfrentamiento nunca se produjo. En cambio, González fue sido asesinado por soldados que colocaron sobre su cuerpo armas sin usar y una radio averiada que tenía baterías del Ejército. Flórez Cuervo firmó la “orden de operaciones”.
El tribunal pidió a la Fiscalía que “adelante investigaciones en relación con otros posibles autores o intervinientes de los delitos… que pudieron tener relación con la expedición de órdenes en cuya ejecución se produjo el deceso violento del señor Israel González”. Human Rights Watch no pudo confirmar si se impulsaron investigaciones como resultado de este pedido. En julio de 2017, un fiscal dijo a Human Rights Watch que no había registro de investigaciones sobre el posible rol de Flórez Cuervo en asesinatos cometidos por el batallón Domingo Caicedo.
Miguel Eduardo David Bastidas (comandante de la Décima Brigada Blindada)
El general David Bastidas fue nombrado comandante de la Décima Brigada Blindada.
Actualmente, David Bastidas está siendo investigado por su rol en abusos ocurridos durante parte de los años 2004 y 2005, mientras era el segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada. En noviembre de 2017, un fiscal imputó a Bastidas en relación con su presunto rol en 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura. El fiscal sostuvo que el general David Bastidas no tomó medidas ante estos delitos, pese a las circunstancias poco plausibles de las bajas reportadas.
Marcos Evangelista Pinto Lizarazo (comandante de la Décimo Tercera Brigada)
El general Pinto Lizarazo fue nombrado comandante de la Décimo Tercera Brigada, que opera en Bogotá.
Entre octubre de 2006 y abril de 2007, el general Pinto Lizarazo fue comandante del batallón Anastasio Girardot, de la Cuarta Brigada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007, según documentos de la Fiscalía. Por ejemplo, en 2011, un tribunal condenó a cuatro soldados del batallón Anastasio Girardot por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las FARC.
El general Pinto Lizarazo también estuvo al mando del batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009. Los fiscales han abierto investigaciones sobre 18 ejecuciones supuestamente cometidas por soldados del batallón en 2008, según documentos de la Fiscalía.
El 18 de enero de 2008, soldados del batallón Magdalena mataron al campesino Ever Urquina Rojas, en el municipio de San Agustín, e informaron que se trataba de un enemigo “NN” muerto en combate. El sargento William Andrés Vargas Capera confesó y se declaró culpable por este hecho. En el preacuerdo con la Fiscalía, manifestó haber escondido deliberadamente el documento de identidad y la ropa de la víctima. Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Pinto Lizarazo certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 770) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó la operación en la cual fue asesinado Urquina Rojas. No obstante, los fiscales concluyeron que el presunto informante no “ofreci[ó]” ninguna información “con relación al occiso Ever Urquina Rojas”.
El 11 de diciembre de 2015, la Fiscalía interrogó al general Pinto Lizarazo sobre su presunta participación en falsos positivos mientras fue comandante del batallón Magdalena. En el derecho procesal penal colombiano, estos interrogatorios son uno de los primeros pasos del proceso penal. Aunque el caso contra el general Pinto Lizarazo sigue abierto, no hubo avances desde diciembre de 2015, según dijo a Human Rights Watch un abogado que representa a víctimas del caso.
SEMANA revela audios que evidencian la estrategia de militares detenidos por falsos positivos que buscan desviar las investigaciones y, sobre todo, evitar salpicar a altos mandos.
Hay mas de 3.000 uniformados detenidos por falsos positivos. De esos solo diez son coroneles.
La conversación es explícita, reveladora y sobre todo muy grave. Ocurrió a mediados de junio pasado. Hablan dos miembros del Ejército. Ambos están detenidos en diferentes centros de reclusión sindicados de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.
El primero es el soldado profesional José Torres, preso desde hace cinco años cuando fue capturado por la Fiscalía acusado de asesinar, cuando estuvo en la Cuarta Brigada en Medellín, a un campesino al que hizo pasar por integrante de las FARC. También tiene procesos por otros 32 muertos en unidades en las que estuvo. Su interlocutor es un suboficial no identificado, también encarcelado, sindicado de 12 homicidios en persona protegida.
Torres le cuenta a su antiguo compañero que está en proceso de negociar con la Fiscalía su condena, pues sabe que es inevitable que le imputen cargos por los 33 muertos y prefiere confesar para intentar obtener algún tipo de rebaja. “A mí ya me condenaron, pero si necesita mi declaración yo me invento alguna mierda”, le dice a Torres su amigo al otro lado de la línea. “En los procesos que usted sabe que estamos metidos no nos vaya a nombrar, estamos hablando de mí, los soldados y los comandantes. El lío es que acá vino el fiscal 66 y nos mostró su declaración y usted echó al agua a todo el hijueputa mundo. Viejo Torres, toda esta situación es una maricada. Nosotros le damos puñal a usted y usted nos da puñal a nosotros. Una guerra que tenemos toda marica. Quédese callado, nosotros no lo vamos a nombrar en nada. Si a usted lo llaman diga: yo no sé nada, lo mismo que en algún momento hacía el teniente Moreno. Pero sobre todo no nombre a coroneles, no nombre a nadie. Toca que el mayor Hernández dé la misma declaración. Él la sacó barata porque nosotros le ayudamos”, le dice con voz angustiada el suboficial al soldado Torres.
La llamada se extiende durante muchos minutos a lo largo de los cuales los dos militares se recriminan mutuamente. El hombre que llama a Torres insiste en persuadirlo de la necesidad de que no delate a sus antiguos compañeros con los que cometió los falsos positivos. Pero gran parte de su preocupación va encaminada principalmente en que no mencione ante la Fiscalía el papel de los oficiales, especialmente los coroneles. Como parte de la fórmula para ‘salvarlos’ le pide a Torres mentir y culpar de los asesinatos a otros. “Diga que fue un paraco de los de Chiriguaná y listo. El que tumbaron (mataron) a los días en la Aurora. Franklin, ese hijueputa, vamos a decir que fue ese. Hay que decir que nosotros no estábamos en esa baja. Nosotros cuadramos eso”, le dice el militar al soldado Torres.
Por momentos, la charla entre los dos hombres se vuelve tensa y hay amenazas de lado y lado. “Usted no tiene sino como diez o 13 procesos, yo tengo 33. No crea que yo estoy peleando solo. En realidad nosotros somos los que sabemos cómo lo hicimos. Yo metía los manes y ustedes los mataban”, le dice Torres a su antiguo compañero de armas ante la insistencia de este.
Voceros del Ejército al ser consultados sobre el tema dijeron a SEMANA: “Todo lo que sea pertinente al tema jurídico corresponde a la Fiscalía General de la Nación y las decisiones de los jueces de la República. Es política del Ejército Nacional acatar las providencias y colaborar en los requerimientos y esto lo hemos hecho”.
Desde que estalló el escándalo de los llamados falsos positivos en 2007 hasta la fecha, hay cerca de 3.000 uniformados detenidos, de los cuales 815 ya han sido condenados. La mayoría de estos últimos son suboficiales y soldados. De toda esa cifra solo hay cinco coroneles condenados. Hace tres meses, la Fiscalía acusó y arrestó a otros cinco oficiales de ese rango, lo que implicó que en una sola investigación se duplicó el número de militares de alto rango vinculados con falsos positivos al llegar a diez.
El contenido de esta conversación revelada por SEMANA, que pone en evidencia la estrategia del ‘tapen-tapen’, explica por qué la responsabilidad de la mayoría de las 4.500 víctimas de falsos positivos ha recaído hasta ahora en soldados y mandos bajos, y muy poco en oficiales superiores.
El desespero y la presión del hombre que llama al soldado Torres también se explica porque, después de años de investigación sobre el tema de falsos positivos, la Fiscalía recién entró en una etapa crucial que consiste en empezar a determinar y judicializar a los máximos responsables de esas ejecuciones. La táctica para evitar que soldados y suboficiales declaren y cuenten lo que hicieron sus superiores queda al descubierto con estos audios.
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Novelas, relatos, poesía, ensayos y microficciones que exploran el terror psicológico, el horror tecnológico y fantástico, la ciencia ficción emocional y los laberintos humanos. Por Adrián Fares, escritor y cineasta argentino.
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