En una sentencia contra un excomandante del Bloque Suroeste, el Tribunal Superior de Medellín mencionó cómo varios terratenientes, entre ellos Mario Uribe Escobar (primo del expresidente Uribe) y su hermano Víctor Horacio, habrían ayudado a la promoción del paramilitarismo.
El Bloque Suroeste se conformó, entre otras cosas, gracias a la petición de varios hacendados y comerciantes de la región a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.Archivo.
Un nuevo fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, proferido el pasado 25 de enero, pero revelado en su totalidad el pasado lunes, hace una sucinta mención que podría terminar en una gran controversia: la posible cercanía entre el expresidente Álvaro Uribe y los grupos paramilitares de Antioquia. Se trata de la primera sentencia de Justicia y Paz emitida contra el Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a través del caso de su excomandante militar Germán Pineda López, alias Sindi.
En ese estudio que hizo el tribunal, se habla, justamente, de la participación de civiles que, para “combatir a la insurgencia”, decidieron invertir recursos en la conformación de grupos paramilitares. Y aunque la Sala de Justicia y Paz aclaró en su decisión que “la Fiscalía no aportó la identificación de las personas que solicitaron la creación del grupo paramilitar (en cuestión) y que se comprometieron con su financiación”, sí cita, más adelante, varios informes realizados por el ente investigador.
En uno de esos informes, elaborado por la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz, se mencionan a personas como el exsenador Mario Uribe Escobar -a quien la Corte Suprema condenó a 7 años y medio de prisión por parapolítica-, su hermano Victor Horacio y su primo, el expresidente, jefe natural del partido Centro Democrático y hoy senador, Álvaro Uribe Vélez. Así quedó plasmado en el fallo de 768 páginas. (Lea aquí el fallo completo)
«En las fincas El Guáimaro, Los Naranjos, El Recreo y El Limón, propiedades del exsenador Mario Uribe Escobar, de la exgobernadora de Antioquia Elena Herrán de Montoya, ya fallecida, de Jorge Andrés Gallego y de Víctor Horacio Uribe Escobar, hermano de Mario Uribe Escobar, ubicadas en la subregión del suroeste, pernoctaban los hombres del Bloque Suroeste«, señala la sentencia con base en el mencionado reporte de la Fiscalía.
De acuerdo con el fallo, un informe de Policía Judicial de 1997 detalló que en las fincas El Guáimaro y Los Naranjos hacían parte del listado de sitios que eran «frecuentados por los integrantes del Bloque Suroeste en la subregión». Se trataba de un grupo que se conformó a raíz de la petición que hacendados y comerciantes de la zona le hicieron a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, dice el fallo. Es decir, a la casa Castaño.
La parte en la que aparece mencionado el expresidente Uribe dice: “Los nombres de personajes ilustres como Luis Ernesto Garcés Soto; la exgobernadora de Antioquia Helena Herrán de Montoya, Mario Uribe, Horacio Uribe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para citar solo algunos, han estado ligados a los grupos de ‘limpieza social’ –Las Escopetas– y paramilitares”. La base de esa afirmación es un informe de la Fiscalía 44 Delegada ante Justicia y Paz, del 5 de enero de 2011
El tribunal aprovecha la explicación de la violencia que sufría esta subregión antioqueña para hacerle un sutil reclamo al expresidente Uribe. Lo hizo al referirse a las Convivir, grupos de seguridad que terminarontrabajando en connivencia con los paramilitares en varios lugares del país, pero especialmente en Antioquia: : “Aun recientemente, y pese a las evidencias que existen sobre la participación de muchas de esas cooperativas en las acciones criminales del paramilitarismo, (Álvaro Uribe) ha defendido la validez de esa iniciativa como estrategia de seguridad”.
La responsabilidad de Uribe como promotor de las Convivir mientras fue mandatario de Antioquia, entre 1995 y 1997, tampoco se pasó por alto:«A partir del impulso que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez dio a estas cooperativas en el departamento, se crearon en el Suroeste algunas Asociaciones Convivir que, como en las demás regiones donde fueron constituidas, contaron con el apoyo de sectores políticos y económicos de los municipios y se convirtieron en una especie de brazo legal de los paramilitares».
Para el tribunal, es claro que las Convivir fueron elementos claves en las redes de apoyo del Bloque Suroeste y que, cuando desaparecieron, muchos de sus miembros entraron a engrosar las líneas de las AUC. Esas redes de apoyo eran patrocinadas por «comerciantes, propietarios de tierra, algunos pobladores y miembros de las autoridades civiles y militares»; por integrantes del Ejército y la Policía, que también «fueron colaboradores del Bloque Suroeste para la comisión de sus crímenes».
La Fiscalía ha realizado más de 170 compulsas de copias para que políticos y civiles sean investigados por sus posibles nexos con este grupo armado ilegal pero, hasta la fecha, las indagaciones no han avanzado. Así lo constató el tribunal, el cual anunció que «le solicitará a la Fiscalía que adelante las labores correspondientes para garanizar el impulso y desarrollo de esas investigaciones».
Este no es el primer fallo de un tribunal de Justicia y Paz en el cual se cuestiona la supuesta cercanía o afinidad entre el expresidente Álvaro Uribe y los grupos paramilitares, los cuales se desmovilizaron durante su primer mandato en la Casa de Nariño. El exjefe de Estado, sin embargo, siempre ha sostenido que todas sus acciones han estado cubiertas por el manto de la legalidad, que ni él ni nadie de su familia ha promovido el surgimiento de grupos ilegales, y que está más que dispuesto a atender los llamados de la justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA DE CONOCIMIENTO DE JUSTICIA Y PAZ Medellín, veinticinco de enero de dos mil diecinueve …
Con la visión occidental, la mayoría de los políticos -de derecha e izquierda- conciben la unidad como la totalidad homogénea de grupos y comunidades en torno a la solución de sus problemas y en la ejecución de proyectos sociales, negando la diversidad, suprimiendo las diferencias en el discurso y en las políticas a aplicar en territorios también diversos; para ello crean aparatos, dividen territorios comunes, suprimen la autonomía e imponen programas y gobiernos mediante la democracia delegataria y del voto.
En las periferias coloniales siempre Occidente ha impuesto mediante el chantaje y o la fuerza militar, monarquías y dictaduras, política utilizada por USA en el siglo XX y en lo que va del XXI, interviniendo política y militarmente donde quiera que haya recursos naturales, energéticos y o posiciones geoestratégicas para mantener su elevado nivel de consumo y su hegemonía –África, Asia, América Latina y El Caribe-; igualmente, para sustentar la dominación impone ideológicamente a los países dependientes sus conceptos de democracia, libertad y progreso; políticas aplicadas en todo el continente por las oligarquías que han aceptado y defendido a sangre y fuego en sus propios países a partir de la expulsión del imperio español; una forma de colonialismo que promueve la unidad de los sectores populares en torno a partidos políticos, generando el antagonismo entre dichos sectores; llama a la conciliación de los sometidos con sus dominadores mediante la “democracia” representativa, que niega a los pueblos y comunidades su derecho a decidir directa y autónomamente sobre sus propios problemas, como ocurre en Colombia.
La unidad del pueblo no siempre significa cohesión, fusión o unanimidad, la unidad se va construyendo desde procesos de acercamiento, con el reconocimiento de las diferencias y coincidencias, con la constitución de instancias de coordinación y/o de articulación, que nos lleva a otros niveles de unidad, pues existen unidad política, unidad ideológica, unidad orgánica, unidad programática y unidad de acción, que se dan entre organizaciones políticas, y sociales, entre movimientos, clases y sectores sociales, entre comunidades, en contextos determinados, que permiten tomar decisiones y acciones que obligan llegar a acuerdos, consensos, alianzas y compromisos no siempre permanentes ni inmediatos, -o sea, tácticos y estratégicos- sobre todo, si se tienen en cuenta la diversidad y la pluralidad en sociedades y pueblos como los latinoamericanos.
Muchas veces los revolucionarios conviven con una gran preocupación surgida de su aislamiento, tratando de mantener aunque sea en el discurso, el espíritu de unidad. Este objetivo táctico y estratégico ha sido el anhelo de todos los grupos políticos de izquierda y una posibilidad para el pueblo para confrontar al Estado ante el sometimiento y la pobreza, que históricamente ejercen la oligarquía y el capitalismo. Por otro lado, la izquierda en nuestro país, fue asumida por muchos líderes y partidos como una posición política e ideológica crítica y combativa contra el régimen existente, que buscaba el cambio de las estructuras socioeconómicas y culturales de la sociedad capitalista, no solo como oposición al gobierno o al Estado. Otra cosa es que quienes se decían revolucionarios y demócratas también se reconocían de izquierda. Así, quienes criticaban a los gobiernos y al Estado se consideraban de izquierda y allí cabían diversos tipos de concepciones, ideológicas y organizaciones, como aún lo apreciamos. Por esto, desde López Pumarejo la oligarquía reconocía dentro de sus propios cuadros a algunos que consideraba de izquierda (izquierda liberal), en algunas épocas el liberalismo ha permitido al Partido Comunista y otros grupos de izquierda “marxista” participar en el juego seudo democrático (proceso electoral) para mantenerse en el poder.
Mirándola necesidad de la coherencia entre la teoría y la práctica social y política de los dirigentes revolucionarios-entre el pensar, el decir y el hacer- dominada por el discurso, se abre la posibilidad de debatir el concepto de izquierda como visión y posición política e ideológica en el contexto actual de las luchas de los sectores populares -y por supuesto, la lucha de clases-, para reconfigurar el o los procesos transformadores, donde confluyan las diferentes propuestas y aportes intelectuales teóricos y políticos. Por lo que dentro de este complejo movimiento se encuentran tendencias, grupos y partidos que se reclaman de izquierda, otros que los enmarca la sociedad dentro de este como el movimiento sindical, el movimiento indígena, el campesino o el estudiantil, y también a quienes se niegan a aceptar este término para sus organizaciones, movimientos y posiciones políticas e ideológicas, pues tradicionalmente se ha entendido que una persona o una organización de izquierda es esencialmente marxista y su objetivo la toma del poder político del Estado, mientras en los últimos veinte años se han venido constituyendo diversas organizaciones con objetivos particulares como los ecologistas, las y los feministas que la institucionalidad política los identifica como de izquierda; también a los defensores de derechos humanos los administradores del Estado los reconoce como izquierdistas, aunque no formen un movimiento o partido; sin embargo, muchas personas de estas organizaciones y movimientos no se consideran de izquierda, entre los que se cuentan comunidades indígenas y afros, pues la mayoría de ellas no pretenden la toma del poder político, buscan mejorar sus economías, sus entornos sociales, culturales, ambientales, territoriales, de género. Por otro lado, se han venido utilizando eufemísticamente por la derecha y la izquierda institucionalizada los términos centro-derecha y centro-izquierda, como ultraderecha y ultraizquierda, o el de izquierda democrática, para manipular y dividir opiniones, justificando solo las opciones que ofrece la democracia burguesa. Se supone que la izquierda es esencialmente democrática y justa
La izquierda colombiana históricamente ha estado conformada por organizaciones sociales y políticas de sectores populares como trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, estudiantes, profesionales, empleados del Estado y pobladores barriales, y por un sector liberal de clase media; ha estado influenciada ideológicamente por corrientes políticas y tendencias filosóficas de origen europeo (liberal, comunista, socialista, anarquista, socialdemócrata), fundamentadas en su mayoría en el marxismo en sus diferentes vertientes. Últimamente, después de la desintegración de la URSS y del campo socialista, con el surgir de nuevos actores sociales y el resurgir de los pueblos originarios, ha sido enriquecida por cosmovisiones de sectores étnico-culturales, feministas, naturalistas, anti sistémicos, muchos de los cuales acogen elementos ideológicos y políticos del marxismo; su estructura ha estado integrada por organizaciones políticas (partidos, grupos, movimientos, colectivos) con nombres que incluyen adjetivos como revolucionario, socialista, marxista, leninista, y todos los “istas” acuñados desde el siglo XIX en Europa, expresiones que significaban, más que tendencias ideológicas o políticas, una dependencia cultural eurocéntrica y de negación de su historia y de su propia realidad, de la validez de nuestras cosmovisiones, culturas y pensamientos, por cuanto las teorías venidas de la Europa “desarrollada”, debían ser probadas y aplicadas sin critica para transformar nuestro atraso en progreso y libertad.
Para algunos grupos dogmáticos del marxismo leninismo, esa transformación consistía en una revolución, cuyo objetivo estratégico era la toma del poder político del Estado a través de una guerra popular de liberación nacional (que podía ser prolongada), o de una insurrección –que en ambos casos comprometía la formación de un ejército o de una organización político-militar – con un programa, una línea política e ideológica diseñadas por un partido, una clase revolucionaria (la clase obrera), un aliado estratégico (el campesinado) y un frente político de “masas”, organizados y dirigidos todos, por el partido o la organización revolucionaria. Para otros, tildados de revisionistas -entre los que estaban los que veían como única vía la lucha electoral-, el cambio debería ser a través de las urnas o combinando las “formas de lucha”. Otros más conciliadores consideraban una alianza con una supuesta burguesía “nacional” para una transición pacífica hacia el socialismo. Sin embargo, fue imposible la unidad entre los que se creían marxistas leninistas o comunistas en un solo partido, igualmente entre los que se decían trotskistas y socialistas, como también entre los que defendían el anarquismo, o la unión de todos en un Frente o Bloque histórico; sin contar al M19, que opacó a los otros con su accionar civico-militar y su línea populista anapista “socialista” (socialdemócrata), al que nutrieron ex integrantes del resto de la izquierda. Se llegó a contar cientos de pequeñas organizaciones revolucionarias de todas las tendencias, entre los 60 y los 80 del siglo pasado en varias ciudades del país, surgidas la mayoría de divisiones y subdivisiones, (creadas la mayoría por círculos universitarios) queriendo ser cada una la vanguardia esclarecida para la toma del poder político del Estado; en esa época esta izquierda tuvo una apreciable influencia en sectores activos de la ciudad, (universidades, trabajadores de algunas empresas industriales y del Estado) pero escasa influencia en sectores barriales y rurales.
Siguiendo estos esquemas, en los años 60 y 70, nuestros revolucionarios tomaron como fórmulas perfectas las experiencias y modelos que se dieron en la URSS, Europa oriental (Yugoslavia, Albania), Asia (China, Corea, Vietnam…) y en Cuba, para aplicarlas cada cual desde su parroquia; que raro, nunca tuvimos como referencia los movimientos revolucionarios de liberación africanos. Por la manía escisionista, seguidista, xenófila y amnésica, tuvimos partidos pro-soviéticos, pro-chinos, pro-albaneses, pro-yugoslavos, pro-cubanos, y nada de raro que hoy también podamos tener pro-venezolanos, pro-bolivianos, y pro todos los países que hacen cambios revolucionarios en cualquier parte del mundo; igualmente nos sectarizamos y dogmatizamos siguiendo la línea de algún teórico, dirigente o de algún partido internacional; también nos acostumbramos a tener disidencias y disidencias de las disidencias en las organizaciones políticas y sociales, atomizando el espectro de la izquierda y de los movimientos populares. Siempre mirábamos hacia afuera, esperando la iluminación de otros que nos indicaran qué y cómo hacerlo, como expresión de la colonialidad de nuestro modo de pensar.
En política pasa algo similar a lo religioso, en la incertidumbre de líderes políticos, incluso de intelectuales de izquierda, por el temor a quedarse solos, o por no encontrar la organización o la línea ideológica perfecta, pasaban de una organización a otra, de una tendencia política a otra de la izquierda, anidando en todas las organizaciones, terminando algunas veces montando su propio partido o su fundación o parroquia, porque creían que eran los únicos que tenían la verdad y la razón; otros terminan involucrados en la politiquería de algún partido de derecha o al servicio de alguna ONG internacional financiada por el capital imperialista.
Muchos intelectuales, partidos, organizaciones y movimientos sociales se consideran de izquierda; no significa que ser de izquierda sea igual a ser revolucionario, pero ser de izquierda en la sociedad capitalista, es una condición que nos define como actores políticos en defensa de la democracia, la paz y la justicia social. Aun siendo un concepto occidental, ser de izquierda en esta sociedad, es un valor humano muy importante en quienes sufren las injusticias del capitalismo; aunque la práctica social y política de algunos de sus miembros indique lo contrario. Pero es necesario replantearnos el término cuando los paradigmas hacia los cuales se dirigían sus proyectos y acciones perdieron solidez, cuando la cultura que le dio valor e identidad entra en decadencia; y evaluar hoy los cambios ideológicos en sectores policlasistas de esa izquierda que queriendo diferenciarse de sus ancestros comunista o socialista, se alían a sectores oligárquicos, mafiosos y de derecha para tener acceso a coadministrar el Estado; algunos autodenominándose progresistas, y que en los últimos 20 años los hemos visto aferrados a la institucionalidad que antes criticaban y combatían. Pero este fenómeno no es nacional, es producto de la descomposición del otrora socialismo real que implosionó haciendo metástasis en todos los partidos y movimientos que seguían sus líneas política e ideológica.
La izquierda en general -en Colombia- además de socialdemócrata, es neoliberal en diferentes tonos, desde lo político, lo económico y lo social, alzada en armas o de civil; la mayoría de sus organizaciones prácticamente no han estado interesadas en construir, liderar o integrar un Frente, una OPM una OPP un Bloque Histórico -propuestas por ella misma- que reúna a todo el pueblo para que haga una revolución que cambie radicalmente las estructuras socioeconómicas del país y construya el socialismo soñado por toda la izquierda, pues su sectarismo-dogmatismo lo ha impedido.
No es que la izquierda no haya evolucionado, que no tenga en su conjunto una visión aproximada a la realidad histórica, económica, social y política del país –nos convertimos en especialistas del diagnóstico-; no es que no confronte al Estado por reformas sociales, por participación política; que no haya aportado mucha sangre de lo mejor de nuestro pueblo en una lucha heroica contra la oligarquía y el imperialismo desde la lucha armada, la gremial, hasta la cultural, ecológica e intelectual; el problema es que nunca se han podido poner de acuerdo sus integrantes para definir un programa mínimo común a mediano plazo ni para la construcción de una organización social y política amplia, donde quepan todos las y los oprimidos, explotados, excluidos e inconformes de este país.
Tampoco podemos confundir izquierda con oposición, -que generalmente es oponerse al gobierno y no necesariamente al Estado o al sistema- pues la oligarquía ha utilizado este término para definir a los de su misma clase que difieren del gobierno de turno como lo fue el uribismo; algunas veces incluye a la izquierda dentro de sus opositores; claro que cuando esta oposición se torna peligrosa para el régimen, la oligarquía la trata de terrorista o de delincuencia política, la estigmatiza, la reprime y la penaliza, cuando no la elimina físicamente como a la UP. Existe otra oposición nombrada “izquierda social” que enfrenta al capitalismo, son sectores populares como los indígenas, las comunidades negras, los campesinos, los trabajadores, los viviendistas, los estudiantes, las y los feministas, los y las ecologistas –muchos de filiación liberal y conservadora-, que defienden su existencia física, sus intereses y sus territorios, obstaculizando a la oligarquía y al capital transnacional la realización de sus planes económicos, ante lo cual el Estado y la empresa privada utilizan el mismo procedimiento de exterminio que contra la izquierda “política” y la insurgencia. Sin embargo, los movimientos sociales populares han asumido el mismo comportamiento de la izquierda política, cada uno cree que puede enfrentar solo, y vencer al estado en la defensa de sus intereses particulares, mostrando el mismo panorama de dispersión.
Habría que preguntarse qué sería ser de izquierda en la URSS y en China en la época del capitalismo de Estado, cuando los estudiantes, los intelectuales críticos, los campesinos y los obreros protestaban; y hoy en Venezuela, Ecuador, Bolivia o en Nicaragua, incluso Uruguay Brasil y Argentina que pasaron de la izquierda al progresismo extractivista, -hoy arrinconados por el fascismo promovido desde Washington- no porque sus regímenes sean injustos o represivos, sino porque estos conceptos nos llevan a delimitar márgenes de actitudes y acciones por los intereses de clase o de grupo de quienes dirigen estos procesos, sobre todo cuando en algunos de esos países se realizan movilizaciones populares contra las políticas del Estado que atentan contra las vidas de las comunidades en el campo y la ciudad, contra la ecología,(como la gran minería, el monocultivo de la soja, la destrucción de la selva amazónica los parques naturales TIPNIS, Yasuní) contra la dignidad de las mujeres, quienes luchan contra el patriarcado y por sus derechos sexuales (y reproductivos como el aborto), económicos, sociales y culturales; contra los pueblos indígenas que defienden sus territorios, culturas y autonomía, contra los campesinos que reclaman reforma agraria, soberanía alimentara y fin al extractivismo minero-energético, contra los sectores populares urbanos que luchan contra el aumento en los precios de los combustibles y de los alimentos; contra las privatizaciones de sectores estratégicos como los combustibles, los minerales, el agua y demás bienes naturales; políticas que prometían el progreso o la Modernidad para sacar de la pobreza y la exclusión a la inmensa mayoría de su población,
Los conceptos occidentales derecha e Izquierda no son suficientes para determinar las vías de progreso y bienestar humanistas, o las reformas que indiquen cambios estructurales reales, empezando por ejemplo, por tomar posición consciente y coherente en torno a temas como la deuda externa, las imposiciones macroeconómicas de los organismos “multilaterales”, la inversión extranjera, el extractivismo venga de donde venga, y otros no tan económicos como la ecología, la autonomía de la mujer, el machismo y el patriarcado, o los relacionados con los pueblos indígenas, raizales y otras llamadas minorías como los LGTBI. Con estos antecedentes podríamos plantearnos la revaluación del concepto izquierda no solo en lo teórico, sino, en sus actitudes y su práctica política, pues internacionalmente el concepto Progresismo o progresista ha sido aplicado y desarrollado por partidos y movimientos políticos que vienen de lo que hace poco se llamó la Nueva Izquierda Latinoamericana, pero que en realidad su paradigma es el desarrollismo del capitalismo de Estado que puede terminar al servicio de las corporaciones transnacionales extractivistas, incluido el capital financiero.
La Modernidad nos impone su carga cultural y epistémica para asumir la teoría y el conocimiento desde la academia occidental, sintetizada en los conceptos, tesis y discursos de científicos, religiosos, literatos, teóricos e intelectuales de cinco países del llamado Occidente, -Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos- elevando sus conocimientos al nivel de verdades superiores a cualquier otro conocimiento del resto del mundo; esta concepción colonialista del conocimiento hace que las estructuras construidas en la modernidad -método, leyes, cosmovisión, literatura, epistemología- sean las herramientas apropiadas para abordar el análisis, la investigación, la aplicación y desarrollo de sus teorías y discursos científicos, políticos, y religiosos en nuestros pueblos y países, por lo que no hay lugar para la disidencia, la creatividad y el pensamiento propio, en este caso, el darle otro nombre y concepto a concepciones políticas, ideológicas, culturales y cognitivas anticapitalistas, desoccidentalizadas, no eurocéntricas, antipatriarcales, no judeocristianas, al término y concepto occidental de izquierda, es una tarea como la de restituir el nombre de Abya Yala para nuestro continente, o encontrar el nombre apropiado para nuestro país, abandonando el del conquistador, utilizando nuestras propias epistemologías y cosmovisiones o filosofías.
El capital transnacional y la oligarquía colombiana han asimilado la rebelión con el terrorismo, conceptos que una parte de la izquierda también ha adoptado, condenando y apoyando la penalización de quienes se declaran y actúan contra el capitalismo haciendo uso legítimo del derecho de los pueblos a la rebelión, sobre todo, quienes participan de la institucionalidad o aspiran a cargos públicos. Rebelión no es igual a violencia, es un derecho individual y colectivo, es la capacidad y responsabilidad ética de quienes poseen dignidad para luchar contra sus opresores, y ello incluye formas de lucha como la desobediencia civil, las luchas cultural, ideológica, económica, ecológica, en expresiones políticas organizadas, o sea, con movilización social. Sin embargo, la violencia sigue siendo el último recurso legítimo de los pueblos en resistencias para proteger sus vidas, sus territorios, organizaciones, culturas y proyectos. Algunas organizaciones de la izquierda institucionalizada han borrado de su vocabulario el término rebelión, junto a otros como oligarquía, imperialismo, explotación, dependencia y lucha de clases; cambiándolos por otros que han impuesto la academia neoliberal el establecimiento y sus medios oficiales, como élites, sociedad de libre mercado, inversión extranjera, cooperación internacional y sociedad civil. Pero más que los términos, lo que hay que analizar es la práctica política y social de las personas, de las organizaciones políticas y de los movimientos sociales; sobre todo cuando la corrupción y el despotismo del capital nos impone una antiética sin principios humanistas, que permea las dirigencias de izquierda, tanto las radicales, como las que acceden a cargos públicos por elección o por nombramiento dentro del Estado.
Mirándolo en el contexto global, el capitalismo sí es de derecha, injusto, represivo reaccionario, fascista, así se vista de socialdemocracia o de nacionalismo, mientras la izquierda debería ser esencialmente Democracia Popular, Socialismo, Comunismo, Bien Vivir, Humanismo, Anarquismo, Feminismo, ecologismo, indigenismo. Los movimientos sociales y políticos que desean cambiar no solo el capitalismo, sino, también las relaciones que se dan entre las personas como el machismo, el patriarcado, el autoritarismo, las formas de poder piramidal de las organizaciones políticas y sociales del pueblo, el manejo elitista del conocimiento, y las relaciones antropocéntricas con la naturaleza, se ubican en el bando humanista anti sistémico; conceptos que trascienden la izquierda tradicional.
Todos los grupos de izquierda y revolucionarios en la historia de Colombia han hablado de unidad, cada uno desde su punto de vista, desde sus intereses políticos particulares, buscando que los demás se adapten, acojan o se sometan a sus propuestas, sin escucharlos, muchas veces excluyendo de antemano a posibles líderes populares, o a quienes consideran rivales en la competencia por la conducción; en otros casos, también a quienes ven como inferiores en capacidad política o de movilización de “masas” (y de votos), porque cada uno se percibe a sí mismo como la vanguardia, como lo más puro, capaz y revolucionario. Este tipo de consideraciones narcisistas individualistas son productos del sectarismo y el dogmatismo mesiánico (de la vieja izquierda), de poca capacidad política, que aún sigue predominando en los movimientos sociales y políticos populares de izquierda; algunas organizaciones de izquierda han hecho fáciles alianzas con sectores de derecha (hasta con narcotraficantes), que con otros de la propia izquierda. La mayoría de las veces no se consideran las propuestas de los otros, ni se mira en qué se está realmente de acuerdo o en qué coinciden las diversas posiciones para un proceso de unidad de acción o política, para determinada coyuntura, para alianzas tácticas o estratégicas, porque se busca la hegemonía más que el consenso y la convicción, se piensa primero en quien se queda con la dirección o en cómo vamos en el reparto de la burocracia; nos hemos encontrado en muchos escenarios en un diálogo de sordos y terminamos haciendo la unidad de yo con yo. Por esto es que se llega a formas de unidad como la del PDA, -de la izquierda institucionalizada- en la que las partes no cumplen los acuerdos, mientras la militancia se confunde y se decepciona. La búsqueda de la unidad no puede negar u ocultar el debate político e ideológico, al contrario, son el debate franco y la crítica fraternal, los que hacen posibles los acuerdos, la unidad. Casi siempre la izquierda le echa la culpa de sus fracasos, de sus deficiencias, a la derecha, a la oligarquía, al imperialismo, por no hacer un análisis científico autocrítico de sus acciones y de su propia historia.
Es en los procesos de unidad -con la movilización y el diálogo- como vamos construyendo alternativas de organización, vamos descubriendo tareas necesarias para perfilar un programa mínimo emancipador y reivindicativo; en ellos nos encontramos con aliados, tácticos y estratégicos, identificamos intereses, conveniencias y lealtades que permitirán construir una visión colectiva y plural, definir un programa consensuado, una plataforma de lucha y objetivos tácticos y estratégicos, sobre bases sólidas de unidad social, unidad política y o unidad orgánica, o lograr una articulación estable según el caso; en escenarios local, regional, nacional e internacional, sin excluir a ningún sector social o político del pueblo. Por eso son necesarios el diálogo, el consenso y la concertación en el campo popular, incluidas comunidades urbanas, rurales, indígenas, entre sectores, entre movimientos sociales, entre organizaciones; un diálogo no solamente político, también intercultural y filosófico.
Los sectores populares siempre han buscado dialogar entre ellos, en las coyunturas, durante las crisis económicas y frente a las agresiones del Estado contra sus comunidades, que los obliga a movilizarse; han organizado coordinadoras cívicas, comités gremiales y sectoriales que se intercomunican, donde también convergen organizaciones políticas de izquierda, integrando lo que se ha llamado movimientos sociales populares. Hay épocas en que el diálogo pierde fluidez, algunos sectores se repliegan ante la represión o porque han conseguido el objetivo de sus luchas parciales-temporales, saliendo a escena otros sectores. Los campesinos de los años 60 y 70 que dieron grandes batallas por el derecho a la tierra, que fueron después expropiados, masacrados y desplazados, contaron en su época con la solidaridad de los trabajadores, de los estudiantes; ellos dialogaban con estos sectores aportando solidaridad en sus conflictos, ellos resurgen en sus luchas contra los TLC y el extractivismo con grandes acciones en 2013, 2014, 2016. Los trabajadores siempre han estado presentes con mayor o menor actividad como en los últimos 30 años, pues el neoliberalismo los desarticuló, redujo el número de organizados y les quitó muchos derechos, sin embargo, han sido los convocantes a la movilización, líderes en la lucha contra el neoliberalismo. Los indígenas desde los 70 han entrado en diálogo permanente con los demás sectores populares rurales -Campesinos y Comunidades negras- llegando en los últimos 20 años a los sectores urbanos caminando la palabra, son los que más dialogan entre ellos y con todos los sectores populares en asambleas, reuniones de cabildo, tulpas temáticas, mingas de pensamiento, caminando el país. Las comunidades negras, los sectores urbanos en las periferias de las ciudades, permanecen activos y se comunican entre ellos para reclamar atención del Estado en servicios públicos, en salud, educación, vivienda, infraestructura; buscan articular sus luchas con los demás sectores; dialogan en asambleas, en foros, en la movilización, en sus palenques, en paros como en el Chocó y Buenaventura en 2017.
Cuando hablamos de diálogo no nos referimos solo al diálogo entre dirigencias, sino también entre comunidades y organizaciones de base, en la movilización, en la construcción de alternativas y de resistencias; la mejor manera de dialogar. Pero la clave del diálogo está en escuchar y comprender al otro-a, los otros-as y en ceder lo necesario para ponernos de acuerdo. Los diálogos en el campo popular pueden generar no solo alianzas tácticas y estratégicas, articulaciones coyunturales para emplazar o exigir al Estado, sino construir cimientos de poder popular, e ir integrando una Organización Política del Pueblo en un proceso de unidad programática, de propuesta de país, de democracia y de gobierno popular, por fuera de la institucionalidad del Estado. El diálogo con la oligarquía dentro de su institucionalidad, escasamente lleva a negociar reivindicaciones parciales, particulares, sectoriales o gremiales temporales, para exigir al Estado el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y garantizar los derechos individuales y colectivos reconocidos por la comunidad internacional; diálogo necesario en la resistencia, pero no suficiente para construir un mejor país. En la lucha de transformación radical de la sociedad por un Sujeto político plural popular, que ejerce la hegemonía, el dialogo con la oligarquía solo servirá para que esta entregue el poder del Estado cuando el pueblo se lo imponga, pero la derrota del capitalismo no significa manejar y embellecer la máquina del Estado capitalista, así se le cambie de adjetivo; es el desmonte de este aparato (en una transición), es el reconocimiento, el respeto a la diversidad, a la autonomía, a la democracia popular, lo que posibilita la construcción de una mejor sociedad, de un mejor país. Por esto la transformación no puede ser a corto plazo o con agendas fechadas a los deseos de un sector, movimiento u organización política, o siguiendo el coyunturalismo impuesto por la oligarquía. Los movimientos sociales de transformación pueden definir sus agendas y programas partiendo del consenso, sobre unas prioridades estratégicas propias, desde sus territorios, espacios y tiempos.
La oligarquía aristocrática siempre ha hecho alianzas tácticas con sectores de la izquierda para mantener su hegemonía frente a las mafias emergentes que reclaman su cuota de poder, como lo hizo en 2014 en las elecciones para presidente, en la que participó prácticamente toda la izquierda que cree en las promesas de paz del régimen (incluyendo a representantes de víctimas del genocidio de la UP y sectores de la insurgencia), cuando Santos dos días después de la reelección declaró públicamente que continuaría ejecutando el proyecto neoliberal -que promueve la Tercera Vía inglesa- con más radicalidad, aunque éste ya cumplió su función, pues ahora se habla del post-neoliberalismo, en que la biopolítica[1]sigue siendo el eje dinamizador de este criminal modelo, como nos lo explica Pablo Dávalos. La izquierda y los movimientos populares también podemos hacer alianzas tácticas con sectores burgueses o subordinados que entran en conflicto con el gobierno o con el Estado, solo obedeciendo a coyunturas, no necesariamente electorales, ni a los intereses de ellos, sino, a los objetivos de la democracia popular. Las alianzas estratégicas las construimos con los movimientos y sectores populares con respeto y honestidad, con compromiso y en consenso, sobre un programa y unas bases sólidas de unidad.
De todas maneras la tarea de los y las demócratas, humanistas, revolucionarios-as, y de la izquierda, es unir al pueblo en torno a sus intereses y necesidades, y dentro de este, a la misma izquierda, que con todas sus divisiones y deficiencias ideológicas y políticas debe rectificar para promover y propiciar los procesos de unidad (si no quiere desaparecer), empezando por realizar la autocrítica a su práctica social y política de los últimos 60, años frente al pueblo. Sujetos como los ecologistas comprometidos con la vida; los y las feministas que rescatan la sensualidad, la sensibilidad, la ternura, la compasión, la solidaridad, la equidad entre hombres y mujeres, y entre todos; los y las jóvenes en sus diferentes actividades –trabajadores, desempleados, estudiantes, artistas- los profesionales e intelectuales independientes, orgánicos y vernáculos del pueblo que entregan sus capacidades físicas y mentales a la real solución de las problemáticas sociales; los pueblos indígenas, negros y raizales que defienden y conservan sus territorios y culturas; los y las trabajadoras, campesinas organizados gremial y políticamente, incluso sectores religiosos progresistas, empresarios demócratas y militares patriotas, deben integrar y fortalecer organizaciones políticas y sociales, OPCP, orientándose a la construcción de bases o instrumentos de la democracia y el poder popular para enfrentar y derrotar al capitalismo, vencerlo y transformar nuestra sociedad y nuestro país, utilizando todos los medios políticos, económicos, culturales posibles, de acuerdo a las necesidades en cada momento.
No se visualiza en Colombia a mediano ni a largo plazo, cambio real de estructurasmediante procesos electorales; aún si la izquierda se presentara unida y ganara la presidencia y obtuviera mayoría en el congreso, no podría hacerlo sola -necesitaría del compromiso, la organización y la movilización de los sectores populares- porque esta democracia no tiene capacidad para romper la dependencia económica, política y cultural de las estructuras del sistema mundo, que impone sus políticas económicas y sociales a los países dependientes y por todo lo expuesto en este ensayo; pues la izquierda institucional solo quiere y podría administrar el Estado, no gestionar su extinción; además, la izquierda institucional, imitando a la derecha, ha estigmatizado a quienes no votan, tratándolos de ignorantes y apolíticos, condicionando el trabajo social y político a la participación electoral como la única forma legítima para acceder al poder, condenando las demás formas de lucha y resistencia que el pueblo tiene para expresarse; algunos apoyan a la derecha en penalizar la abstención; bien lo dijeron Héctor León Moncayo y lo confirmó Raúl Zibechi (en el encuentro sobre la Unidad de la izquierda realizado en Bogotá por los periódicos Lemonde Diplomatique y Desde Abajo en noviembre de 2013) En los 70 a los que impulsábamos la lucha de calles nos decían que había una forma superior de lucha a la que nos debíamos incorporar, en referencia a la lucha armada. Ahora nos dicen, y esa es la ironía, que la forma superior de lucha son las elecciones[2]. La desobediencia civil, la cultura, la educación política, la organización y la movilización popular no figuran en la lista de prioridades de la izquierda institucionalizada.
No existen formas superiores ni inferiores de lucha, todas las formas de expresión, de hacer presencia de asumir una posición, toda actividad que contribuya al logro de objetivos sociales de justicia, solidaridad, sin pisotear los derechos y la dignidad de las personas honestas, son válidas y necesarias para transformar nuestra sociedad y al mundo.
Los movimientos sociales y políticos de izquierda y revolucionarios no han podido identificar un Sujeto Social que dinamice un proceso liberador, ni han elaborado un programa mínimo consensuado que cohesione y movilice a los sectores populares del campo y la ciudad, pues la izquierda tradicional conserva los mismos conceptos burgueses de progreso, de democracia y de poder político, y el mismo sectarismo, son sujetos colonizados; de la misma manera no ven la necesidad de la unidad inmediata de los demócratas, humanistas y revolucionarios contra el régimen, ni siquiera la unidad de los revolucionarios y de la izquierda misma en un Frente Político Popular o una Organización Política-Cultural de los Pueblos y de las comunidades colombiana, que conduzca este país hacia un nuevo estadio de justicia y libertad con pleno progreso humano.
El miedo a que el pueblo colombiano asuma su propia emancipación llevó a que las izquierdas vanguardistas optaran por caminos “fáciles y cortos” -que se convirtieron en difíciles y permanentes- para la toma del poder político del estado, bien mediante la vía electoral o con la lucha armada exclusivamente, aisladas de las problemáticas e iniciativas de los diversos sectores populares y del pueblo en su conjunto. La izquierda en general no se ha comprometido en la construcción de un verdadero poder popular ni en fortalecer la autonomía de los sectores populares, solo los han utilizado como capital electoral o como feligreses de sus parroquias, Mientras tanto continúan creciendo la inconformidad, las resistencias y la movilización espontánea, en las que la juventud y las mujeres juegan un papel deliberante, beligerante, determinante junto a los demás sectores populares rurales y urbanos hoy activos.
El sectarismo político -también el académico y el religioso- como el dogmatismo, son grandes obstáculos para dialogar, para desarrollar pensamiento y construir tejido social, para realizar lo que todos los sectores populares ansían para salir de las miserias, del infierno que nos impone la religión del capitalismo, por esto casi siempre vemos primero o únicamente lo malo, lo feo, lo erróneo, el fracaso, la incapacidad para solucionar cualquier problema, para abordar cualquier tarea, para asumir cualquier responsabilidad, es una forma de ignorancia individualista que limita la visión del todo, es una de las manifestaciones de la colonialidad que nos empequeñece, que nos invisibiliza y nos enfrenta en forma fratricida. Paulo Freire nos explica cómo es el sectario:
El sectario nada crea porque no ama. No respeta la opción de los otros. Pretende imponer la suya –que no es opción sino fanatismo- a todos. De ahí la inclinación del sectario al activismo, que es la acción sin control de la reflexión. De ahí el gusto por los slogans que difícilmente sobrepasan la esfera de los mitos y, por eso mismo mueren en sus mismas verdades, se nutre de lo puramente “relativo a lo que atribuye valores absolutos”.Freire 1965 p.42
Aunque los concepto de única clase revolucionaria y de vanguardia, asignados a la clase obrera han venido perdiendo importancia en la izquierda actual, desde antes de la disolución de la URSS y del campo socialista, ante el surgimiento de otros actores y sujetos que reclaman los derechos a proponer y a definir en igualdad de condiciones, en los procesos emancipatorios y liberadores en todo el mundo, en la concepción de la lucha y del poder político predomina la visión occidental monolítica; la mayoría de la izquierda colombiana no concibe la unidad como proceso de construcción de identidades, de subjetividades e intersubjetividades, como producto de acuerdos, disensos, consensos, y autonomías, no ve necesario la integración de lo diverso, de lo colectivo en la realización de un Sujeto Político Plural Transformador. Se ha venido perdiendo el debate ideológico interno, el consenso en las organizaciones de izquierda y entre ellas, prefiriendo los defensores de una posición o tendencia, en muchos casos, optar separarse y formar otra organización donde todos estén de acuerdo sin discusión; esto ha pasado tanto en lo político como en el sector sindical y en otros sectores sociales dirigidos e influenciados por la izquierda política; una forma de polarización que nos atomiza.
La unidad se hace en la diversidad, en el disenso-consenso, no en la homogeneidad o en el unanimismo. A finales de 2013 el periódico Desde Abajo propuso un esperanzador intento de unidad a todo el espectro de la izquierda con el foro “La reconstrucción social y sus sujetos, ¿unidad de la izquierda?” con temas muy importantes para encontrar puntos de unidad, para definir elementos de plataforma, de idearios, de programa, comunes. En esta reunión faltaron sectores populares y sociales indispensables en la construcción de una alternativa política popular. Continuamos pensando que basta convocar por las dirigencias, por las élites políticas, mientras a las bases sociales, los sectores populares emergentes como las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los campesinos, los desempleados, las víctimas de la guerra y del modelo neoliberal, los pobladores, no hay quien las convoque; aún no se les considera Sujetos capaces no solo de reconstruir su tejido social, sino, de crear un nuevo país. Sin embargo, este gran esfuerzo de DA, -como muchos otros que se han hecho en los últimos 20 años por diferentes organizaciones- no es el último, como tampoco se puede considerarlo como un fracaso, pues como lo hemos venido proponiendo, es necesario la unidad de la izquierda institucional y no institucional, junto a la unidad en igualdad de condiciones con los movimientos y organizaciones populares. Es una obligación revolucionaria persistir en la unidad, como lo pensaba Camilo: “haciendo énfasis en lo que nos une”.
Las claves de la unidad están en las propuestas, acciones y pensamientos de la Gaitana, de José Antonio Galán, Simón Bolívar, Quintín Lame, Jorge Eliecer Gaitán, Estanislao Zuleta, María Cano, Camilo Torres, Manuel Marulanda, Jaime Bateman, Fernando González, Antonio García, Orlando Fals Borda y muchos líderes sectoriales e intelectuales críticos académicos y vernáculos actuales; a nivel latinoamericano y caribeño: Martí, Fidel, Farabundo, Sandino, Mariátegui, Che, Chávez.
Las enseñanzas están en: los cimarrones y sus palenques, en los Comuneros y los levantamientos indígenas de 1781, en los artesanos y sus sociedades democráticas, en la Guerra de los mil días, en la entrega de Panamá, en el socialismo de los años 20 y el movimiento obrero, en la masacre de las bananeras, en las luchas agrarias de los años 30, en las guerrillas liberales, en el bogotazo y la violencia, en la insurgencia y el Caguán, en el M19 y el palacio de justicia, en el holocausto de la Unión Patriótica, en la guerra narcoparamilitar extractivista, en los acuerdos de paz de los últimos 30 años, en las movilizaciones indígena, campesina y popular de los últimos 20 años, en los TLC, en la Constitución de 1991.
Los ejemplos están en: la Comuna de París, en la Revolución Rusa, en la República Española, en la Revolución China, en las guerras mundiales, en las luchas de liberación de Asia y África, en las dictaduras de América Latina, en las revoluciones mexicana, cubana, guatemalteca, salvadoreña y nicaragüense; en la Bolivia de los años 50, en el Chile de la Unidad Popular, en las guerras de Vietnam, Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Ucrania; en la caída de las torres gemelas. Están en la Chiapas zapatista, en los pueblos de Venezuela, Argentina y Brasil (con arremetida legislativa-judicial y militar de las oligarquías y el imperio), en las luchas de los trabajadores en los movimientos indígenas de Chile, en los movimientos populares de Bolivia y Ecuador (que enfrentan el extractivismo y el irrespeto a la diversidad y pluralidad), en las luchas de los pueblos del mundo.
Las posibilidades están: en la emancipación simultanea de las mujeres y los hombres como Sujetos de dignidad, en la organización, la unidad y la movilización de los sectores populares, en las organizaciones y movimientos políticos y sociales del pueblo, en sus propuestas, en sus prácticas humanistas de solidaridad, de autonomía política económica y cultural, en la unidad de la izquierda y del pueblo, en la crisis estructural del capitalismo, pero sobre todo, en la solidaridad, en la capacidad de resistencia y creatividad de nuestro pueblo, en eliminar de nuestras mentes la concepción occidental-colonial de nuestras realidades, asumiendo nuestra autonomía, multiplicando nuestro amor por la humanidad, por la libertad y la justicia.
Marzo 22 de 2019
[1]La democracia disciplinaria. El proyecto pos neoliberal para América Latina- Pablo Dávalos – ediciones desde abajo – Bogotá 2011.
[2]Sobre la forma superior de lucha – periódico La Jornada – 30-11-2013
Presidente duque usted sale a medios a decir que no puede haber vías de hecho en Colombia, ¿verdad? frente a la protesta social. Pero en Venezuela si tienen todo el derecho de enfrentarse a la fuerza pública, a los militares, tirar gases, quemar camiones con mercado, y eso si usted lo vale y lo aplaude.
Hombre presidente no sea de doble moral. Que le cuesta a usted atender al pueblo colombiano, a las comunidades indígenas, a los sectores campesinos.
Presidente duque, con todo respeto, sea hombre, sea varón y respóndale a las comunidades.
Cuando usted fue candidato a la presidencia, buscaba a las comunidades indígenas. Y
hay videos, y hay fotos y hay mensajes de twitter donde usted decía que iba a estar al lado de las comunidades indígenas, que era su prioridad.
Entonces, sea hombre, presidente duque y cúmplales. Sea varón. Porque es que una cosa es decir de candidato y la otra ya es cuando se está elegido.
Pero no salga a decir, con todo respeto, que le indigna la protesta social en Colombia y que le indigna las vías de hecho, cuando usted aplaude y avala las de Venezuela. Ah! Esas sí son importantes, esas si son importantes y esas son de avalar.
Así la realidad presidente, entonces escuché las comunidades, porque para Venezuela si sacó tiempo, porque para Venezuela sí sacó tiempo, para un concierto si sacó tiempo, pero para atender las necesidades del pueblo colombiano, no tiene tiempo; y aquí las protestas sociales usted las criminaliza, las destruye y manda la fuerza pública a enfrentarse al pueblo contra el pueblo, Pero aplaude, avala y apoya lo de Venezuela: avala y apoya que encapuchados en la frontera se enfrenten a la policía y a la fuerza venezolana. La doble moral suya. Y le digo con todo respeto, Y le habla el sacerdote ortodoxo Edilson Huerfano Ordoñez, de la apc de Rusia y
lider social y defensor de derechos humanos.
Sea hombre, tenga los pantalones suficientes y la dignidad suficiente, así como cuando usted fue candidato y fue a pedirle esos votos a esas comunidades indígenas que ahora usted sataniza y criminaliza. Y sé que algunos, a muchos no les va a un gustar este audio, lo siento mucho, pero la realidad del país. Pero aquí no queremos más violencia, más miseria ni más muertos. Queremos es un gobierno que escuche las comunidades y se siente a concertar.
Cuando un ser humano enajenado mentalmente, comete algún disparate, es muy difícil que una persona, considerada como normal, comprenda la acción o le encuentre lógica en su mundo. Esto ocurre porque se han establecido una serie de acuerdos para la convivencia social, que son por demás históricos y culturales y que se toman como referencia para evaluar los comportamientos.
Tales acuerdos se extienden también a las sociedades para que las personas puedan interrelacionarse; igual acontece con los países: se convienen normas para establecer la paz y reglamentar las relaciones. Tal es la función de los múltiples organismos internacionales, como el ALBA, la CELAC, la ONU, la OEA, etc. O sea, que existe una normatividad acordada, para poder definir cuándo se presentan violaciones a las sanas relaciones.
Cuando a pesar de las múltiples declaraciones de la ONU, se agrede a un país, como es el caso de Venezuela, se pisotean las reglamentaciones; similarmente, cuando el propio secretario, fomenta, (y entonces lidera) una turba de guarimberos, brinca sobre la carta de la OEA; o cuando el presidente de un país como Colombia, respalda y enardece a terroristas para que quemen a personas al otro lado de la frontera, salta sobre la carta magna de su sociedad. Dada la existencia de acuerdos mundiales, todas estas injerencias, permiten ser calificadas como descaradas violaciones al derecho internacional.
Más, cuando todos estos abusivos desconocimientos, obedecen a los intereses de grupos minoritarios a quienes no les importa el mayoritario resto de la población mundial, regional o nacional. Pero, al parecer, no comprenden que con estos desafueros, socavan la propia legalidad que los soporta como representantes gubernamentales, puesto que al faltar a la primacía del bien común, se considera roto el orden constitucional de un país. Esto da pie para llamar consecuentemente, a una Asamblea Constituyente.
Cuando el bien común desaparece como un propósito de gobierno, el grupo gobernante impone su psicopatía a la población, la sociedad se vuelve enfermiza y de hecho, los ciudadanos se enferman. No en vano, Colombia es el país latinoamericano con mayor riesgo de crisis humanitaria; uno de cada diez niños sufre de desnutrición crónica; entre 2012 a 2016 murieron 1562 niños por desnutrición; uno de cada tres niños vive en condiciones de pobreza; ocupa el deshonroso tercer puesto con la tasa más alta de homicidio infantil en el mundo; tiene el mayor número de desplazados internos en el mundo con 7.7 millones. Esto según informes de la ONU y el DANE. De acuerdo con datos de SIVIGILA sobre la salud mental en Medellín, en el 2018 se presentaron 2.261 intentos de homicidio, creciendo con respecto a años anteriores; se incrementaron las consultas asociadas a los trastornos mentales, 28% de ellas por problemas afectivos; igualmente la drogadicción afecta a buena parte de la juventud.
Cuando las políticas de un gobierno se apartan de las del estado, los gobernantes se separan del contrato constitucional y se convierten en una camarilla usurpadora, que quiere que toda la sociedad se mueva a favor de la particularidad de sus intereses. Es el caso de lo que sucede con los cuestionamientos a la JEP, por parte del partido que gobierna; tratando de encubrir a un solo personaje, se viola la constitución y se desconocen los acuerdos internacionales.
Entonces, Colombia estuvo en la Habana tomándole el pelo a la comunidad mundial, durante seis años. Y hasta se habló de una mesa de donantes para implementar los proyectos que se derivaran de los acuerdos de paz. El país, en su totalidad, debería tomar con mayor seriedad las implicaciones de estas inconsecuencias. Una burla también a sus ciudadanos y a sus instituciones.
Tal parece que a estos fervorosos y piadosos cristianos, nunca se les ha pasado por la mente, pedirle perdón al pueblo colombiano por los múltiples daños que le han hecho; tampoco se sabe qué significan para ellos, el propósito de le enmienda y la contrición de corazón, conceptos reducidos a simples rituales, muy valiosos en la retórica cuando se trata de buscar votos en las comunidades religiosas.
Con estos tenebrosos grupos de derecha, la Constitución se vuelve ilegal; hacen lo que les da la gana con el país y nunca pasa nada. Con razón expresó el maestro Fernando González que eso que llaman Colombia, no existe sino en los mapas, “no es cosa viva”; nació en 1895 y dijo que escribía para que lo entendieran después de 100 años.
¿Hasta cuándo se va a permitir que, por proteger a un solo criminal, Colombia continúe como una caricatura de país y se burle a todo una ciudadanía?
Hasta hoy solo tres grandes movimientos, en tres momentos decisivos de nuestra historia colonial y “poscolonial”, han concitado la unidad del pueblo colombiano para su emancipación:
El movimiento revolucionario de los comuneros de 1781, en la Nueva Granada, liderado por José Antonio Galán como el más radical, con la consigna “unión de los oprimidos contra los opresores”, movimiento en el que confluyeron todos los sectores oprimidos y explotados por el imperio español, que puso en jaque al virreinato, al cercar a Santa Fe con más de 20.000 combatientes movilizados desde todas las regiones y provincias de la Nueva Granada, movimiento integrado por campesinos, indígenas, esclavos, artesanos, mujeres y hombres, comerciantes criollos y mestizos, que terminó con las capitulaciones y su incumplimiento por el virreinato, el descuartizamiento del líder y el consecuente aniquilamiento del movimiento. Estos movimientos nunca fueron aislados del contexto regional y mundial; en la colonia significó la expansión del capitalismo y su Modernidad con el desarrollo industrial yla competencia comercial y marítima de Inglaterra frente aEspaña, iniciada en el siglo XVI y que generó la declaración de guerra a Inglaterra en 1778 por el rey Carlos III de España, simultáneamente se daba la guerra de independencia de los Estados unidos (13 colonias contra el imperio inglés, 1775-1783), mientras se desarrollaban otros procesos emancipatorios de gran dimensión social e histórica en las colonias latinoamericanas; en el Perú con Túpac Amaru,que llegó a movilizar 80.000indígenas y mestizos;en Bolivia conTúpac Katary, junto a otrasinsurrecciones antes y después de la de los Comuneros de 1781, como las de Chile en 1776 y en 1781; “en Brasil en 1789 contra el imperio portugués las turbaciones acaudilladas por Tiradentes; en Venezuela, durante 1797, otra revuelta de criollos”[1]; también hubo levantamientos en Centroamérica y México, todo un movimiento continental emancipatorio con características particulares en cada territorio, provocado por las mismas causas y con similares objetivos –contra la encomienda los altos impuestos y las arbitrariedades del clero-, en la mayoríaprotagonizados porlos pueblos indígenas, cimarrones, mestizos y criollos,pero no a todos los movía el deseo de expulsar al imperio español o portugués. La amplitud del movimiento comunero en la Nueva Granadapermitió la participación de todos los sectores sociales que se sentían explotados, expoliados, oprimidos y agredidos por el sistema imperial:indígenas, negros, campesinado, mestizos, criollos, entre, los dosúltimos se destacaron personajes con algún poder económico y político que asumieron la conducción del movimiento, en su mayoría comerciantes y servidores de la corona, que no les interesaba cambiar el régimen, sino, reducir la carga impositiva y garantías para el buen funcionamiento y rentabilidad de sus negocios, contradicciones que se sintetizaron en dos consignas que tenían su sellos de clase: la radical “unión de los oprimidos contra los opresores de José Antonio Galán y, la de “viva el rey, abajo el mal gobierno” de quienes de alguna manera se beneficiaban del sistema colonial; otros criollos terratenientes, comerciantes y funcionarios descendientes de conquistadores y de encomenderos, no pensaban en entregar sus tierras ni en liberar a sus esclavos, mucho menos enfrentarse al imperio español por independencia; estos sectores subordinados, pero también dominadores sobre el pueblo,es la aristocracia criolla que se va a perfilar como la oligarquía colombiana.
La Campaña Libertadora, liderada por Antonio Nariño y Simón Bolívar por la independencia, que obtuvo el triunfo en 1819 como proyección de la rebelión de 1781 pero dirigida por los criollos, movimiento que llama a la unidad de criollos y mestizos, y al apoyo obligado de campesinos, indios y esclavos; objetivo sintetizado en un proyecto de unidad latinoamericana esbozado en la carta de Jamaica de 1815 (también planteado por Francisco de Miranda), la mejor interpretación de la sociedad latinoamericana y caribeña de la época, redactada por Simón Bolívar,el documento es base de la sustentación teórica de las luchas de liberación nacional en todo el continente y que Haití logró anticiparla en 1808 y que fue el principal bastión para las futuras revoluciones en el continente; luego el congreso de Angostura, con el discurso en el cual el libertador anhelaba una constitución Para dos repúblicas: Venezuela y la Nueva Granada.Eso fue lo que presentó Bolívar en el momento de instalar el Congreso de Angostura, visión de futuro recogida luego por los congresistas allí reunidos, en un proyecto de Constitución que finalmente vería la luz en el Congreso de Cúcuta (30 de agosto de 1821) y con el cual toma forma la Primera República, la misma que llega hasta nuestros días.[2]
Nuestra guerra de liberación en realidad era parte del proyecto liberal de integración que se intentó concretar en el Congreso Anfictiónico de Panamá (1826)[3] pero que finalmente fracasó, asumiendo la naciente oligarquía el manejo del Estado colombiano hasta nuestros días. Esta revolución independentista no cambió la situación social y política de los oprimidos y explotados como siguen siendo los indígenas que continuaron perdiendo sus culturas, tierras, territorios y sus vidas, y las comunidades negras, que solo décadas después fueron “liberadas” lentamente de la esclavitud, mientras el campesinado también continúa siendo masacrado y expropiado, con el sometimiento de todos los sectores populares desde esa época, mediante el patrón de poder colonial del capitalismo.
La integración de La Gran Colombia (Venezuela, Colombia y Ecuador), como parte de ese gran objetivoemancipatorio, también terminó con la traición y la usurpación del poder político por la aristocracia criolla en los tres países, como en el resto de América Latina, y las consecuentes disputas internas de esa nueva clase cipaya en nuestros países;en Colombia con más de 30guerras civiles regionales en el siglo XIX en nuestro territorio por el monopolio de la propiedad de la tierra y las riquezas que esta contiene. Desde la campaña libertadora, iniciada, dirigida e integradas sus tropas en su mayoría por venezolanos,-en el sur por José de Sanmartin en Argentina y O’Higuins en Chile- la aristocracia criollaha buscado apoyo de otros imperios -francés, británico, norteamericano, incluso el zarismo ruso- para financiar sus guerras internas y cambiar de amo; oligarquía, insaciable de riqueza y de poder, que, desde entonces, ha sometido con el terror y el despojo al pueblo colombiano y en el resto de países latinoamericanos, muchas veces más violenta que loscolonizadores, negándose a su propia revolución burguesa liberal, ofreciendo los bienes naturales y el territorios a otras potencias y al capital transnacional para también enriquecerse con las migajas que les reparten sus amos. Cualquier parecido con las actualesoligarquíascolombiana y venezolana es “mera coincidencia”.
El movimiento liberal gaitanista, creado en los 40 del s. XX alrededor de la figura carismática de Jorge Eliecer Gaitán, como respuesta a la política de exterminio del campesinado tanto liberal como conservador y de la naciente clase obrera, realizado por el Estado colombiano en 1928 (masacre de las bananeras en defensa del capital imperialista), ordenado por la oligarquía de ambos partidos, violencia que se introducía en las ciudades, que crecían con el desplazamiento y el amago de industrialización. Este Movimiento que buscaba la paz y mejor distribución de la riqueza, convoca, logra unir y movilizar (la marcha del silencio) a la mayoría de los sectores populares del campo y la ciudad contra la violencia bipartidista; tanto, que la oligarquía liberal-conservadora, aterrada, termina asesinando al caudillo que se les salía de sus manos (como ya lo había hecho con el general también liberal Rafael Uribe Uribe en 1914, después de una guerra de 1000 días, por el mismo motivo: la concentración del poder político por los exportadores de materias primas, a la vez contrabandistas importadores y la expropiación y la concentración de la tierra por los terratenientes), con la consecuente tragedia de terror y muerte que llega hasta nuestros días con viejos y nuevos actores, con las víctimas de siempre: más de un millón de muertos, cientos de miles de desaparecidos, seis millones de campesinos desplazados y expropiados de sus tierras; que victimizó a todo el pueblo colombiano en los últimos 70 años. La izquierda de la época no tuvo capacidad para convocar y movilizar al pueblo, pues cuando Gaitán convocaba y reunía al pueblo, ella miraba para otro lado. época que eufemísticamente la oligarquía denomina La Violencia, en pretérito; cuando realiza un pacto falaz llamado Frente Nacional que inicialmente era por 20 años, pero que aún no termina, porque ha sido renovado varias veces, -la última con la Constitución política de 1991- para incluir al narcotráfico y al extractivismo neoliberal para repartirse el poder y la riqueza del país, sin dejar de aplicar la violencia sistemática contra el pueblo, y que hoy nuevamente se pretende establecer con el llamado post-conflicto.
Estas tres grandes experiencias históricas de movilización popular y de proyectos emancipatorios truncados, son la escuela obligada, que como sujetos comprometidos en el cambio de nuestra realidad y nuestra historia, tienen los sectores populares, los intelectuales demócratas, los revolucionarios, los humanistas, ampliando sus horizontes, asumiendo la democracia radical y la autonomía popular para un cambio real de nuestra sociedad, que termine con la frustración del pueblo colombiano en la lucha por el bien vivir.En el proceso de “independencia” los sectores populares no tuvieron esa opción y en la última, fue el caudillo el que determinó el carácter del movimiento, que no tuvo opción organizativa estratégica política e ideológica para “tomar el poder” ni para construir poder popular, no hubo un verdadero programa acordado para la transformación;únicamente en la primera los sectores populares tuvieron alguna presencia en su conducción, pues al final fueron sectores medios criollos y mestizos con poder económico y político regional y local como los comercianteslos, que asumieron la representación del movimiento y negociaron las capitulaciones. No basta la unidad fundada en aspiraciones sin el consenso no solo de las necesidades, sino, de las visiones y cosmovisiones,si no hay autonomía y diálogo de y entre los y las participantes para tomar decisiones.
La unidad total no existe en ningún proceso o movimiento, el conflicto, la diferencia y las contradicciones es lo que mueve a los sujetos a buscar o a crear posibilidades y alternativas, a encontrar acuerdos, lo contrario sería negar la diversidad de los pueblos, la heterogeneidad de la sociedad; como lo hemos esbozado, la unidad se da en momentos, en contextos donde coinciden los participantes, en ámbitos políticos ideológicos, culturales, de género; o sea, mediante el debate, el disenso-consenso y en los acuerdos puestos en práctica, no entorno a programas de partidos o de grupos hegemónicos; la unidad popular se concreta en un programa mínimo construido, definido y asumido por todos las y los participantes del proyecto transformador.
En la época de los 20 del siglo pasado la intelectualidad radical de la izquierda (mujeres y hombres) estaba bien compenetrada con los sectores populares inconformes del campo y la ciudad. De la CON, en el III congreso obrero, surge el Partido Socialista Revolucionario (1926) que se proponía el socialismo como objetivo estratégico; sus militantes viajaban a lo largo del rio Magdalena o del Cauca orientando a los braceros por mejores contratos (que eran colectivos, algunos sin sindicato), se movilizaban a lomo de mula, en champan o en tren, apoyando, arengando y educando a los trabajadores ferroviarios; acampaban en los campos petroleros, impulsando la lucha antiimperialista y por la soberanía nacional; compartiendo las dificultades y la lucha de los trabajadores contra las multinacionales de ese tiempo; educaban y promovían la movilización de los trabajadores bananeros por las 8 horas de trabajo, 8 de estudio y 8 de descanso; lo mismo hacían en el Valle del Cauca con los corteros de caña y los ferroviarios; participaban en las luchas agrarias conociendo de primera mano las condiciones de explotación y pobreza de campesinas y campesinos; hasta sastres, zapateros, panaderos y lavanderas organizadas recibían su orientación y solidaridad; fue una época de entrega y compromiso, en que cada cual interpretaba el discurso revolucionario confrontándolo con su propia práctica política, debatiendo fraternalmente sobre su presente y el futuro del país, entre comunistas, anarquistas, socialistas y liberales radicales.
Era la etapa que le correspondía al liberalismo en su apertura industrial (sustitución de importaciones) de esa economía exportadora y comercial, que extraía mano de obra de la agricultura para las fábricas que se ubicaban en las periferias de las grandes ciudades, para la explotación petrolera y las obras de infraestructura vial que permitirían movilizar recursos naturales y materias primas hacia los centros de producción nacional y hacia el exterior a través del ferrocarril, de los puertos fluviales y marítimos; esto en el contexto internacional, de la inauguración del canal de Panamá por el imperio norteamericano, el asesinato de Rafael Uribe Uribe, la revolución socialista de Rusia, la primera guerra “mundial” (europea) y la expansión del imperialismo norteamericano a nivel mundial.
En los 30, vendría la división del movimiento revolucionario con la imposición desde Moscú de la estrategia de construcción de partidos comunistas y la formación de frentes antifascistas (que incluían sectores democráticos y liberales progresistas) en defensa de la Unión Soviética. Estrategia que se aplicó en todos los países donde existían grupos revolucionarios y socialistas que obedecían las directrices del PCUS, entre ellos nuestro país, donde se funda el Partido Comunista de Colombia en 1930.
Desde entonces la atomizada izquierda colombianadesarrolla sus luchas fundamentalmente en dos campos: el armado insurreccional y el electoral –al que han llamado la combinación de las formas de lucha-; pasando de la clandestinidad a la legalidad y viceversa, según la estrategia o la táctica de cada grupo, pero gran parte de la izquierda siempre ha tenido la esperanza de que el liberalismo haga las reformas, o que la oligarquía les permita participar de su poder y sus instituciones, para desde allí generar los cambios revolucionarios que el país necesita; lo que se manifiesta en apoyo y defensa de los gobiernos liberales de López Pumarejo (con su lema “revolución en marcha”) en los 30. Luego en los 40, con Jorge Eliecer Gaitán, cuando alejaron las posibilidades de transformar la dictadura oligárquica en una democracia popular, pues unos apoyaron al candidato de la oligarquía, mientras otros organizaban la resistencia y diseñaban estrategias para la toma del poder, alejados de las “masas” rurales y urbanas. A finales de los 60 y comienzo de los 70 apoyaron a Alfonso López Michelsen y su movimiento MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), continuación del discurso reformista de su padre, que sirvió para neutralizar y cooptar a algunos jóvenes ingenuos que creyeron en la posibilidad de una revolución desde la institucionalidad; aun hoy la izquierda en general, cree más en la oligarquía y sus instituciones que en la capacidad creadora y transformadora del pueblo.
La unidad de la insurgencia armada, como parte de los movimientos populares y de la izquierda, concretada en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (década de los 80 del s. XX) fue efímera, pues no convocó al pueblo a la unidad en un verdadero frente político popular o en una Asamblea Nacional Popular. La CGSB fue conducida más con el ansia de protagonismo y hegemonía por los grupos “mayoritarios”, que por el interés de realizar la revolución o de encontrar una salida real a la guerra y a la transformación del país, solo sirvió para que pocos años después entregaran las armas (los que firmaron los acuerdos de paz con los gobiernos de la época) y se integraran algunos de sus dirigentes a la lucha electoral y por puestos en la administración del Estado; la izquierda no armada no criticó científicamente, ni propuso alternativas reales a los sectores populares, mientras tanto, eran eliminados la UP, un sector del Frente popular y de A Luchar, además de miles de líderes y activistas populares no pertenecientes a la izquierda política organizada. Una de las características de la izquierda en el mundo, es que en su mayoría su dirección política e ideológica ha estado en manos y cerebros de sectores medios -pequeñas élites- intelectuales; en nuestro caso, con la colonialidad del poder, del saber y del ser en sus mentes, discursos y praxis, nuestra intelectualidad revolucionaria sigue siendo eurocéntrica y occidentalizada, en la que predomina el protagonismo (competencia) individual y de grupo
Aún la izquierda institucionalizada sigue teniendo esperanzas en los cuadros de la oligarquía, cuando apoyó a Santos en su reelección con promesa de paz (2014), cuando no concretaron una posición unificada en el referendo de los acuerdos de La Habana, que le habría permitido algún protagonismo político; cuando enfoca todas sus expectativas en el cumplimiento de esos acuerdos y los posible con el ELN, que están condicionados a no tocar las estructuras del Estado ni el modelo neoliberal extractivista, ni garantizar una verdadera apertura democrática; por último,cuando teniendo la posibilidad con Gustavo Petro, se dividió multiplicando el voto en blanco, (algunos dirigentes de la izquierda se fueron con Fajardo y otros apoyaron el voto en blanco) aumentando el abstencionismo en sus propias zonas de influencia, cambiando importantes puntos del programa de Petro para hacer falsas alianzas con personajes no confiables. Se olvidan nuestros dirigentes de izquierda del carácter de clase del estado y de la oligarquía, que piensa y actúa como mafia que es, que no olvida ni perdona pero que sí castiga y mata en defensa de sus intereses económicos y políticos. Sin embargo, la izquierda institucionalizada no cree en la unidad ni en la movilización popular, mucho menos en la autonomía de las comunidades y de los movimientos sociales populares ni en la capacidad de los pueblos para transformar sus realidades.
Los procesos de unidad popular en nuestra época parten desde abajo, con arraigo en lo local, integrados en el debate, en la diversidad política y cultural, en torno a la autonomía de las comunidades y sectores populares, con democracia participativa y decisoria, construyendo alternativas fuera de la institucionalidad capitalista, con una narrativa propia.
Marzo 11de 2019
[1] El movimiento revolucionario de los comuneros. Francisco Posada. Siglo veintiuno editores 4ª edición. Bogotá
[2]Congreso de Angostura: 200 años de un sueño inconcluso. /www.desdeabajo.info/sumplementos/item/36270-congreso-de-angostura-200-anos-de-un-sueno-inconcluso. Marzo 11 de 2019
Todavía está calientico el incidente en el que unos ciudadanos son multados con un poco más de ocho cientos mil pesos, por comprar empanadas. Pero este suceso tiene mucho más contenido que este delicioso bocado de la culinaria colombiana. En el fondo está el nuevo código de policía que profundiza en la sanción y en el control de la población.
Los ciudadanos ya no podrán comprar las empanadas en las calles, pero sí en los almacenes de cadena. El conocido argumento será la salud pública, la dignificación de la profesión y que se generará empleo. Triviales sustentaciones en un país en el que la gente muere por la deficiencia de las políticas de salubridad; en el que se promulgan reformas laborales que buscan pagar menos salarios y en el que se reprime con sevicia la protesta popular por derecho a la vida digna.
No es tanto que se viole el espacio público con las ventas callejeras, sino que se violan las leyes del capital. Es un delito el que los vendedores ambulantes obtengan alguna ganancia sin dar participación a las grandes corporaciones. ¿Acaso no han visto que estos comerciantes informales, tienen que pagar la vacuna a los combos? Pues también deben dar su tributo a los capitalistas y sus políticos. En este caso ya no se sabe quien aprendió de quien; si los combos de los banqueros, o estos de aquellos. Ambos se enriquecen con la misma infamia.
No es cierto, como dicen algunos políticos, que es que los vendedores callejeros no quieren un empleo. Hoy, es de envidiar a los que tienen su propio negocito para obtener un ingreso para sostener su familia, sin tener que someterse a la humillación de los mandos medios del ejército industrial, con contratos cada vez más precarios. No se permite que las señoras de los barrios populares produzcan sin generar plusvalía; es urgente quitarles su plante y sus ilegales utensilios artesanales. Con razón dicen los zapatistas que para ellos el capitalismo es despojo, explotación, humillación y represión. Nada más claro.
Para garantizar el cumplimiento del ataque a los vendedores, está la leal policía, dotada ahora de nuevas herramientas financieras que les permitirá incrementar sus ingresos; tal como se les ha oído decir que “en la calle el billete está pulpito, es como si fuera un cajero electrónico”; entonces ya no serán ocho cientos, sino negociables; con cinco comparendos al día, tranzados en veinte mil, obtendrán una entrada extra de cien mil pesos, sin tener que trabajar ni madrugar tanto, como los vendedores ambulantes. Entraran a engrosar las filas de ocupantes del espacio público; sólo faltaría que perifoneen la promoción, gritando: “comparendos a veinte mil” o que lo hagan con volantes en el que los ofrezcan a $19.990 para hacerlos más atractivos.
Falta mucha justicia y educación ciudadana en todas los ámbitos del país.
Mensaje nocivo para soldados y oficiales, y duro revés para las víctimas
El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.
(Washington D.C.) – El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos, señaló hoy Human Rights Watch. Por lo menos tres de los militares están siendo investigados, y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis.
El 10 de diciembre de 2018, el gobierno nombró al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército colombiano. El 21 de diciembre, el ministro de Defensa Guillermo Botero y el general Martínez Espinel nombraron a otros nuevos comandantes en puestos claves del Ejército. Human Rights Watch ha encontrado pruebas que vincularían a ocho de estos militares, así como al general Martínez Espinel, con “falsos positivos” y otros abusos. Entre 2002 y 2008, en casos que se conocieron como “falsos positivos”, miembros del Ejército cometieron ejecuciones sistemáticas de civiles inocentes para incrementar el número de bajas en el marco del conflicto armado.
“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.
Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que patrones en los casos de falsos positivos —incluida su naturaleza sistemática y las circunstancias implausibles de muchas muertes que supuestamente ocurrieron en combate— sugieren que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de ejecuciones sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios. Conforme al derecho internacional, los comandantes no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ordenen o cometan en forma directa. También deben ser penalmente responsables si sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos.
Los militares nombrados recientemente contra los cuales existen evidencias que los vinculan con graves abusos son Martínez Espinel, comandante del Ejército; Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Todos ellos son generales.
El general Martínez Espinel fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) a un informante que habría proporcionado información que supuestamente permitió lograr “excelentes resultados” en dos operaciones militares. En una de estas, los soldados reportaron que “d[ieron] de baja a un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59” de las FARC. Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años.
En 2011, un tribunal condenó a dos soldados y un exparamilitar por estos homicidios. El tribunal concluyó que las víctimas fueron llevadas por la fuerza de su vivienda en horas de la madrugada. Los soldados las asesinaron, colocaron armas en sus cuerpos e informaron que se trataba de miembros de las FARC muertos en combate. En 2013, un tribunal superior pidió a la Fiscalía que investigara “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”.
El general Navarrete Jadeth, nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, fue segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008.
Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el general Navarrete Jadeth en marzo de 2008, en el cual certifica un pago de 2.000.000 pesos colombianos (USD 1.000) a un informante a cambio de datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Pero los tribunales han concluido que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados de una ciudad cercana y ejecutados extrajudicialmente.
Los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército, en su mayoría soldados rasos, por su rol en ejecuciones extrajudiciales. No obstante, las autoridades en general no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes. En cambio, han ascendido a muchos de estos militares, y han permitido que varios alcancen los más altos cargos en las Fuerzas Militares.
El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos también nombró en puestos clave del Ejército a militares sobre quienes pesan evidencias creíbles que los vinculan con falsos positivos. El general Juan Pablo Rodríguez Barragán, que está siendo investigado penalmente por casos de falsos positivos, fue el Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia entre 2014 y 2017.
Una parte de la asistencia militar estadounidense destinada a Colombia está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos. En 2018, estos requisitos incluían que el “personal militar responsable de ordenar, perpetrar o encubrir falsos positivos esté siendo procesado y sancionado adecuadamente, incluyendo con la destitución de cargos de mando”.
A continuación, se presenta un análisis de las pruebas contra los oficiales superiores del Ejército.
Las pruebas contra los nuevos comandantes
Human Rights Watch analizó decenas de decisiones judiciales, testimonios, informes de la Fiscalía General de la Nación y otros documentos vinculados con los oficiales del Ejército que fueron nombrados en diciembre. Al menos tres de los nueve generales ascendidos están siendo investigados por la Fiscalía. Los fiscales están investigando numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los demás. A continuación, se expone un resumen de las pruebas que implican a los nueve militares (la información se presenta según su rango en el Ejército).
Nicacio de Jesús Martínez Espinel (comandante del Ejército)
Entre octubre de 2004 y enero de 2006, el general Martínez Espinel fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de La Guajira y Cesar. Un informe de 2016 de la Fiscalía indicaque los fiscales han abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
Por ejemplo, en una sentencia de junio de 2011, un tribunal determinó que en febrero de 2005 soldados del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada se llevaron de su vivienda a Carrillo Arias, miembro de una comunidad indígena, y a Pacheco Zabata, de 13 años, en horas de la madrugada, para luego asesinarlos, colocar armas sobre sus cuerpos e informar que eran miembros de las FARC muertos en combate. El tribunal que condenó a los responsables determinó que les habían disparado a las víctimas por la espalda y que las armas que supuestamente pertenecían a las víctimas no habían sido detonadas. También concluyó que el batallón carecía de los documentos sobre la operación, incluidos aquellos que deberían haber dejado constancia de la cantidad de municiones utilizadas durante el supuesto enfrentamiento armado.
Human Rights Watch tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica un pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) a un informante que proporcionó datos que posibilitaron los “excelentes resultados” en esa y otra operación.
Human Rights Watch identificó otras graves inconsistencias en varios documentos firmados por Martínez Espinel que supuestamente certifican pagos realizados a informantes que habrían permitido que soldados de la Décima Brigada Blindada dieran de baja a tropas enemigas. Por ejemplo:
En cuatro documentos distintos, según documentos incluidos en un expediente judicial al que tuvo acceso Human Rights Watch, los fiscales determinaron que los nombres y los números de cédula de los presuntos informantes no coincidían.
En dos documentos donde se certifican pagos a informantes, las fechas de las presuntas operaciones no tienen sentido. En un caso, el 17 de mayo de 2005, Martínez Espinel autorizó el pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) como recompensa por información que, según el mismo documento, facilitó una operación militar que se llevó a cabo el 20 de mayo–es decir, tres días después. En esta supuesta operación, habría muerto un “sujeto NN… al parecer integrante del Frente 41” de las FARC.
Human Rights Watch ha demostrado que entre 2002 y 2008, muchos militares fabricaron documentos ficticios para obtener beneficios económicos por bajas reportadas, incluidos casos de falsos positivos. Human Rights Watch no pudo confirmar si algunas de las bajas respecto de las cuales el general Martínez Espinel autorizó pagos, además del homicidio de Carrillo Arias y Pacheco Zabata, fueron falsos positivos, ya que, en los documentos militares relevantes, no se identifica los nombres de las personas que murieron. La mayoría de los muertos fueron reportados como “NN”.
Jorge Enrique Navarrete Jadeth (jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza)
Como nuevo jefe de la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, el general Navarrete Jadeth supervisa varios comandos del Ejército, incluyendo los de personal, reclutamiento y logística.
El general Navarrete Jadeth fue el segundo comandante de la Octava Brigada entre julio de 2007 y agosto de 2008. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre al menos 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, según documentos a los que tuvo acceso Human Rights Watch.
Un documento firmado por el general Navarrete Jadeth en marzo de 2008 certifica que se realizó un pago de 2.000.000 pesos colombianos (USD 1.000) a un informante que proporcionó datos que permitieron la “muerte en combate de dos terroristas”. Posteriormente, los tribunales concluyeron que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados de una ciudad cercana y ejecutados extrajudicialmente.
Un documento de 2015 indica que los fiscales estaban investigando al general Navarrate Jadeth por presunta cooperación con grupos paramilitares. El expediente indica que la investigación fue propiciada por declaraciones de un exparamilitar, Adolfo Enrique Guevara Cantillo, quien manifestó que el general Navarrete Jadeth cooperaba con paramilitares. La Fiscalía no ha indicado públicamente si ha archivado la investigación ni si tiene previsto imputar al general.
Raúl Antonio Rodríguez Arévalo (jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas)
Como nuevo jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas, el general Rodríguez Arévalo supervisa diversos departamentos del Ejército, incluidos aquellos a cargo de inteligencia y contrainteligencia y de educación militar.
El general Rodríguez Arévalo fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante parte de los años 2005 y 2006. La Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre 21 ejecuciones cometidas en 2005 y 13 en 2006 por soldados del batallón la Popa, según un informe de la Fiscalía. Entre estos, hay por lo menos cuatro casos en los cuales la justicia colombiana ha condenado a nueve soldados por su participación en 10 ejecuciones.
En un caso, el 20 de noviembre de 2005, soldados del batallón la Popa asesinaron a tres civiles en San Diego, Cesar, e informaron que se trataba de enemigos muertos en combate. La noche previa, tras recibir falsos ofrecimientos de empleo de dos hombres, las víctimas habían viajado más de 300 kilómetros hasta San Diego desde el municipio de Soledad, Atlántico. En 2014, un tribunal condenó a un teniente y un sargento por los homicidios. Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Rodríguez Arévalo que describe el presunto operativo indica que fueron “dados de baja” “cuatro bandidos sexo masculino NN” que “pretendían cobrar una extorsión a un caficultor de la región”.
En febrero de 2017, un soldado, cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad, indicó a la Fiscalía que el general Rodríguez Arévalo estaba directamente implicado en falsos positivos. El siguiente fragmento describe uno de los muchos casos que describió el soldado (bastardillas agregadas):
[S]acamos dos personas de diferentes casas. La primera un señor donde había como una tienda, un señor moreno. Al otro lo sacamos diagonal, como a la izquierda… ahí el guía nos llevó a una parte… y [un] teniente… me dio la orden de asesinar a uno de los señores, al de la tienda. Yo lo ejecuté.
A [otro] soldado le dio la orden de que matara al otro. Nosotros le dijimos a mi teniente cómo vamos a hacer [para informar las bajas] si no hay armas. Él nos dice ‘no se preocupen que mi tío [va a ayudar]’ refiriéndose al coronel Rodríguez Arévalo.
Cuando llegamos al batallón… esperamos [hasta que] llegó un helicóptero. Ahí iba el coronel Rodríguez Arévalo y [otro oficial]. Bajaron unas bolsas negras que no sé qué tenían. Después estaban organizando unas minas de guerra con cordones detonantes, un fusil, una pistola y explosivos. Se las colocaron a las personas [muertas] y tomaron fotos para decir que había sido un combate… en esas bajas mandó el coronel [Rodríguez Arévalo] al sobrino a hacer curso de piloto[presuntamente como premio].
Adolfo León Hernández Martínez (comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro)
El general Hernández Martínez fue nombrado comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, una unidad que asesora al comandante del Ejército sobre políticas para modernizar la fuerza.
Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el general Hernández Martínez estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008, según un informe de la Fiscalía.
Por ejemplo, el 23 de enero de 2008, soldados del batallón la Popa asesinaron al civil Aldemar García Coronado, de 16 años, e informaron que se trataba de un enemigo muerto en combate. En 2013, un soldado y un sargento fueron condenados por el delito.Un radiograma firmado por el entonces teniente coronel Hernández Martínez indica que soldados que participaron en la operación “entra[ron] en combate” con “5 terroristas”, y que en ese hecho murió un “NN”.
Diego Luis Villegas Muñoz (comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano)
El general Villegas Muñoz fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, una unidad especial que opera en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela.
El general Villegas Muñoz actualmente está siendo investigado por la ejecución de Omer Alcides Villada, un agricultor que tenía una discapacidad mental. Soldados del Batallón Pedro Nel Ospina habrían asesinado al agricultor en marzo de 2008 y luego reportado que se trataba de un combatiente de las FARC muerto en combate. En ese momento, Villegas Muñoz comandaba el batallón.
Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Villegas Muñoz certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 800) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó a la operación en la cual fue asesinado Villada. No obstante, en la declaración del supuesto informante ante la Fiscalía, este indicó que nunca había proporcionado información al Ejército ni recibido pago alguno.
Villegas Muñoz también firmó dos informes sobre la operación. Un fiscal señaló en una audiencia sobre el caso que los informes revelan varias irregularidades; por ejemplo, que la operación se realizó en un municipio distinto del que consta en la orden militar.
En diciembre de 2016, un juez dictó una orden de captura contra el general Villegas Muñoz. No obstante, un decreto de 2017 vinculado con el componente de justicia del acuerdo de paz con las FARC impidió que se ejecutara la captura, según una carta de la Fiscalía. El decreto permite que las autoridades suspendan las órdenes de detención en casos que tengan relación con el conflicto armado.
Edgar Alberto Rodríguez Sánchez (comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles)
El general Rodríguez Sánchez fue nombrado comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles, una unidad especial que opera en el Bajo Cauca.
Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, comandó el batallón Magdalena de la Novena Brigada. Los fiscales han abierto investigaciones sobre al menos 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando, según documentos de la Fiscalía.
Raúl Hernando Flórez Cuervo (comandante del Centro Nacional de Entrenamiento)
Flórez Cuervo fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante, por lo menos, parte de 2008. La Fiscalía ha abierto investigaciones sobre al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
En mayo de 2014, un tribunal de Bogotá condenó a cinco soldados del batallón de Flórez Cuervo por el asesinato, en enero de 2008, del sindicalista Israel González, que fue reportado como guerrillero muerto en combate. El tribunal determinó que tal enfrentamiento nunca se produjo. En cambio, González fue sido asesinado por soldados que colocaron sobre su cuerpo armas sin usar y una radio averiada que tenía baterías del Ejército. Flórez Cuervo firmó la “orden de operaciones”.
El tribunal pidió a la Fiscalía que “adelante investigaciones en relación con otros posibles autores o intervinientes de los delitos… que pudieron tener relación con la expedición de órdenes en cuya ejecución se produjo el deceso violento del señor Israel González”. Human Rights Watch no pudo confirmar si se impulsaron investigaciones como resultado de este pedido. En julio de 2017, un fiscal dijo a Human Rights Watch que no había registro de investigaciones sobre el posible rol de Flórez Cuervo en asesinatos cometidos por el batallón Domingo Caicedo.
Miguel Eduardo David Bastidas (comandante de la Décima Brigada Blindada)
El general David Bastidas fue nombrado comandante de la Décima Brigada Blindada.
Actualmente, David Bastidas está siendo investigado por su rol en abusos ocurridos durante parte de los años 2004 y 2005, mientras era el segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada. En noviembre de 2017, un fiscal imputó a Bastidas en relación con su presunto rol en 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura. El fiscal sostuvo que el general David Bastidas no tomó medidas ante estos delitos, pese a las circunstancias poco plausibles de las bajas reportadas.
Marcos Evangelista Pinto Lizarazo (comandante de la Décimo Tercera Brigada)
El general Pinto Lizarazo fue nombrado comandante de la Décimo Tercera Brigada, que opera en Bogotá.
Entre octubre de 2006 y abril de 2007, el general Pinto Lizarazo fue comandante del batallón Anastasio Girardot, de la Cuarta Brigada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007, según documentos de la Fiscalía. Por ejemplo, en 2011, un tribunal condenó a cuatro soldados del batallón Anastasio Girardot por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las FARC.
El general Pinto Lizarazo también estuvo al mando del batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009. Los fiscales han abierto investigaciones sobre 18 ejecuciones supuestamente cometidas por soldados del batallón en 2008, según documentos de la Fiscalía.
El 18 de enero de 2008, soldados del batallón Magdalena mataron al campesino Ever Urquina Rojas, en el municipio de San Agustín, e informaron que se trataba de un enemigo “NN” muerto en combate. El sargento William Andrés Vargas Capera confesó y se declaró culpable por este hecho. En el preacuerdo con la Fiscalía, manifestó haber escondido deliberadamente el documento de identidad y la ropa de la víctima. Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Pinto Lizarazo certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 770) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó la operación en la cual fue asesinado Urquina Rojas. No obstante, los fiscales concluyeron que el presunto informante no “ofreci[ó]” ninguna información “con relación al occiso Ever Urquina Rojas”.
El 11 de diciembre de 2015, la Fiscalía interrogó al general Pinto Lizarazo sobre su presunta participación en falsos positivos mientras fue comandante del batallón Magdalena. En el derecho procesal penal colombiano, estos interrogatorios son uno de los primeros pasos del proceso penal. Aunque el caso contra el general Pinto Lizarazo sigue abierto, no hubo avances desde diciembre de 2015, según dijo a Human Rights Watch un abogado que representa a víctimas del caso.
Al menos eso fue lo que arrojó el resultado numérico del plebiscito del 2016, con una diferencia cercana a cincuenta mil votos, que es una cifra insignificante comparada con la cantidad de víctimas que deja la violencia cada año en el país.
Esa mayoría en la consulta, ha hecho feliz a la tenebrosa derecha que gobierna a los colombianos. A los que votaron NO por la paz, les duelen los militares muertos; a los que votaron Si a la paz, que no quieren saber de un muerto más, que buscan la reconciliación nacional y la fraternidad mundial, son los terroristas a los que hay que “pelar”. Los que llevaban en sus camisetas el letrero de “No a la restitución de tierras” pudieron marchar tranquilamente el domingo 20 de enero; a los otros, “plomo les vamos a dar”.
Hay que dejar tanta palabrería; los discursos deben estar acompañados de acciones coherentes. Querer la paz es aceptar la restitución de tierras a los campesinos despojados y desterrados; es comparecer ante la generosa JEP para que todos los comprometidos en los crímenes del conflicto confiesen sus delitos, digan la verdad y cumplan con la no repetición.
Las palabras de dolor ante los muertos, se convierten en cinismo, cuando el propósito de tanta violencia tiene como centro la conservación de riquezas mal habidas y privilegios obtenidos a partir de la corrupción. Para los fallecidos, el insignificante y dudoso trato póstumo de héroes.
En un país en el que no se le cree al gobierno, a los entes de control ni a medicina legal, las investigaciones que adelante el fiscal, no conducirán a aclarar los hechos; un colombiano de hoy puede ser acusado de violar a Juana la Loca y los resultados del ADN pueden dar positivo y ser condenado; igualmente si se hace un atentado, los autores no serán esos, sino otros; se exoneran a unos y se inculpan a otros según sea la conveniencia. En el último atentado en Colombia, de los informes del fiscal, lo único que se le puede creer es que a alguien que trabaje con explosivos es posible que le falte una mano.
Quedan muchas dudas porque con la manipulación es como ha gobernado la clase política en Colombia; históricamente, le han dicho al pueblo colombiano que los revolucionarios son comunistas y que estos persiguen a la iglesia católica, que mataron a Gaitán y generaron la violencia de los años cincuenta del Siglo XX, que buscan colectivizar a la mujer, que violan los derechos humanos, que son narcotraficantes, que son terroristas; estos y muchos epítetos más, acompañados de los correspondientes e infames atentados violentos con muerte y despojos.
En la película “La dictadura perfecta” muestran que el método de gobierno de la mafia es provocar un hecho más grave que el actual, para enfocar a la opinión pública. Existen poderes que representan a aquellos quienes lo que tienen que perder, vale más que la vida de cien personas. ¿A cuánto ascienden las coimas del caso Odebrecht? Piensen vagos. Reflexionen desde el dolor y la desgracia.
Cese la violencia, como lo pidió Gaitán; también en su momento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía; igualmente los acuerdos de Paz. Respeto para el pueblo colombiano que ya quiere ser adulto; o al menos para quienes sufren el padecimiento de pensar.
«Cuadernos de Reencuentro» estuvo presente en la marcha de las linternas de Medellín, movilización realizada en contra de la permanencia en la fiscalía de Colombia de un ser tan tenebroso y oscuro como el fiscal Néstor Humberto Martínez. Es de tal magnitud el entramado de corrupción del poder legislativo, ejecutivo, judicial, de fiscalización y financiero que no se atreven a retirar el fiscal, pieza clave en este oscuro hecho. Intentan por medio del poder mediático desviar la atención de los colombianos, nuevamente, incentivando el odio por el gobierno venezolano, pero es claro que ya muchos son los colombianos que han entendido este juego y han decidido en su fuero individual que los venezolanos resuelvan sus problemas y que aquí en Colombia son muchos más los problemas que debemos resolver y que la situación es extremadamente grave, con un presidente y todo su estamento gubernamental involucrado en el escándalo de Odebrech.
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ DESTRUYÓ LA FISCALIA… SOLO FALTAN LOS SIMBOLOS Y AYER LA CIUDADANÍA DESTRUYÓ LA BANDERA QUE ALGUNA VEZ REPRESENTO ALGO DE JUSTICIA EN ESTE PAIS
God them bless today, tomorrow and always ... My name is Alexis Romero Orduñez, i am writer, sicólogo and shepherd of the Church Reborn. Each day work very hard walking under the intensive sun, for win twenty dollars to the month and can dedicate more of the half in access to internet for let them arrive the productions of our church to all you and help them throughout the that i can.My dream is have a computer although be of use and of type portable for produce more works, answer the letters that me write, reproduce more materials and help to all the that the need for that its works is know in all sides for blessing of all and glory of God.My whatsaap and telephone is: +53 56167555
Novelas, relatos, poesía, ensayos y microficciones que exploran el terror psicológico, el horror tecnológico y fantástico, la ciencia ficción emocional y los laberintos humanos. Por Adrián Fares, escritor y cineasta argentino.