URGENTE: LAS ALTAS CORTES ATACAN A LA FISCAL ANGÉLICA MONSALVE
POR EXIGIR QUE CUMPLAN CON LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN y le abren investigación para DESTITUIRLA. «Tras de Ladrones, Bufones» Hay que LIMPIAR LA JUSTICIA de los CORRUPTOS. Mi solidaridad con @ALAZAMO123 – ANGELICA MONSALVE
Las mafias, los carteles y los encorbatados de este país, ME TIENEN MIEDO, amanecieron alborotados en mi contra. Paradójicamente, debería ser yo quien les tenga miedo y no al contrario.
Hemos visto por años, como aquellos que levantan la voz contra el régimen instaurado en Colombia, terminan descuartizados y acribillados.
¿Todavía creen ustedes que en Colombia hay Estado de Derecho?
Sigamos luchando juntos, para que estos esperpentos de la justicia salgan pronto de allí y le entreguen el poder a la DIGNIDAD de la que habla la constitución y la ley.
Repito, si quieren inhabilítenme desde YA, pero no me callaré, la lucha es por la verdad y el desmantelamiento de la delincuencia institucionalizada.
Me imputan sin pruebas para quitarme el caso carrusel carros blindados, donde hay altos funcionarios comprometidos en este cártel corrupto, a quienes la justicia tenía que proteger de esta fiscal atrevida. LA MAFIA SE TOMÓ EL PODER.
El medio de investigación Vorágine anunció que suspenderá de forma indefinida la publicación de reportajes debido a amenazas que comprometen la seguridad de su equipo.
El medio de comunicación Vorágine ha decidido suspender indefinidamente la publicación de investigaciones sobre temas relacionados con el paramilitarismo y el narcotráfico, citando riesgos a su seguridad.
La decisión fue anunciada a través de sus redes sociales y confirmada por su director, José Guarnizo, quien también replicó el comunicado y ha recibido una ola de apoyo en redes.
«Primero la seguridad de todos ustedes», fue uno de los mensajes de respaldo hacia el equipo de Vorágine, en un país donde el periodismo investigativo a menudo enfrenta amedrentamientos.
Fundado en 2020 como una fundación sin ánimo de lucro, Vorágine se ha destacado por su periodismo de investigación centrado en la vulneración de derechos humanos, el medio ambiente y la corrupción.
Hasta el momento, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación.
La Revista RAYA revela el último informe que hizo el agente del CTI asesinado en Cauca, Mario Fernando Herrera, mientras desarrollaba una investigación encubierta contra narcotraficantes. En él está incluido el director del CTI de la Fiscalía de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, alias “Pacho Malo”, a quien la vicefiscal Marta Mancera ha tratado de encubrir. Herrera describió cuál es el rol de “Pacho” dentro de la banda criminal y lo ubicó en el centro del organigrama. Revelamos fotos, audios, chats y documentos oficiales.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Dos días antes de su asesinato, Mario Fernando Herrera Aparicio elaboró un informe detallado para la Fiscalía General de la Nación sobre su última misión como agente encubierto. Según el documento, que revela la Revista RAYA, el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, es alias “Pacho” o “Pacho Malo”. El agente que le seguía los pasos desde febrero de 2021 escribió que “Pacho” era el encargado de liderar la contaminación de los buques en el puerto del Pacífico para llevar cocaína a Centroamérica, Guatemala y México, y a Europa, España y Francia. “El precio de cada kilo de cocaína oscila entre 8 y 9 millones de pesos la montada en los containers y se trabaja con un mínimo de 40 kilos y hasta 300 kilos aproximadamente”, dice el informe que comentó “Pacho Malo” en un encuentro con un narcotraficante.
Facsímil del documento revelado en donde aparece la firma del investigador asesinado, Mario Herrera, y en el que se describe toda la información recaudada sobre alias “Pacho Malo”.
Esta información fue entregada al fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Jaime Hernán Ocampo López, el 25 de marzo de 2021, un día antes del asesinato del agente Herrera. Este documento contradice la versión de la vicefiscal general Marta Janeth Mancera quien ha afirmado que los investigadores, incluido Mario, nunca informaron sobre el hallazgo de un narcotraficante dentro de la Fiscalía: “Hombre, vámonos a la carpeta que me intentan hacer con el caso concreto de dos agentes encubiertos que tuvieron la orden de un fiscal para que penetraran varias organizaciones criminales. Esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades (de narcotráfico), que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos, pero nunca se lo dijeron al país, al fiscal que tenía el caso”, dijo Mancera en entrevista con la revista Semana el 20 de noviembre del año pasado.
Hoy Mancera aspira a quedarse como Fiscal General de la Nación encargada, lo que podría ocurrir si la Corte Suprema de Justicia continúa dilatando la elección de la fiscal en propiedad entre la terna de mujeres presentada por el presidente Gustavo Petro.
Mientras tanto, es un misterio la muerte del investigador Mario Herrera, quien fue asesinado durante la operación encubierta, mientras iba tras los líderes de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc que operan en el norte del Cauca y son proveedores de la marihuana y la cocaína para organizaciones criminales como “La Cordillera” y otras de orden nacional y trasnacional que trafican por Buenaventura. Su asesinato ocurrió, como ya se indicó, justo dos días después de que escribiera este informe sobre alias “Pacho Malo”.
El informe oculto en la Fiscalía
En el informe de seis páginas, del 25 de marzo de 2021, el investigador Mario Fernando Herrera describió el poder que tenía alias “Pacho Malo” en el puerto de Buenaventura: “Pacho” tiene manejo total en el puerto con los policías y gente que labora dentro del puerto… el círculo de trabajo es con alias “Wito” en Cali, quien utiliza el abonado celular 315538****. Además, que el círculo de trabajo es con alias “Cacho o Caliche” en Medellín, quien utiliza el abonado celular 322400****”.
RAYA pudo establecer con un rastreo y contrastación en bases de datos comerciales que alias “Wito” es José Oliverio Rivas Caicedo, un caleño propietario de una empresa textil que vive en un sector de clase media al sur de la ciudad y quien empezó a figurar como empresario apenas en 2018, cuando fue representante legal de la Comercializadora de víveres Narváez de Occidente, fundada en 2014. Luego, en 2019 “Wito” se convirtió en el dueño de la empresa y le cambió la razón social a Industrias Textiles del Valle S.A.S. Del otro sujeto mencionado no obtuvimos mayor información.
Esta es la cédula de alias ‘Wito’, supuesto socio criminal de ‘Pacho Malo’
Más adelante, el hoy asesinado investigador Herrera también detalló que en Buenaventura alias “Pacho” se movía con alias “El Ingeniero”, capturado en flagrancia por la Policía en Jamundí (Valle) con un alijo de cocaína y armas en agosto de 2023, y quien fue señalado entonces de enviar cocaína en los containers por el puerto de Buenaventura. En el informe el agente Herrera también mencionó a alias “El Canoso”, de quien estaba recabando información. Pero afirmó que estos dos alias “manejan la zona y tienen contactos con las otras estructuras criminales de Buenaventura…con ellos cuadran el impuesto que hay que pagar por lo que entra al puerto”, describió.
En el documento, Mario incluyó por primera vez la fotografía de alias “Pacho”, director del CTI de Buenaventura, y lo ubicó en el centro del organigrama criminal (Ver facsímil). En seguida, quedó claro lo que venía para completar la misión: la penetración de dos agentes encubiertos en la estructura, con el fin de reconocer a sus integrantes, sus centros de acopio, la logística, las subestructuras de apoyo de la Fiscalía y la Policía portuaria.
Francisco Javier Martínez Adrila, alias “Pacho Malo”, exdirector del CTI en Buenaventura señalado de trabajar con narcos.
El informe, que está firmado tanto por Mario Fernando Herrera como por su compañero Fabio González, quienes hacían parte de la operación encubierta, concluye: “también se prevé realizar la búsqueda selectiva en las bases de datos de acceso público y privado, a fin de establecer el grado y tiempo en la institución de alias “Pacho”.
Finalmente, Mario resaltó en el documento el mensaje que una de las fuentes le entregó sobre alias “Pacho Malo”: “No olvides que “Pacho es de la empresa tuya, es de mucho orden”. Es decir, “la empresa tuya”, la Fiscalía General de la Nación.
El homicidio y la persecución
Toda esta información fue reportada el 25 de marzo de 2021 al fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Jaime Hernán Ocampo López. Lo hicieron luego de que estuvieron en Buenaventura recaudando y corroborando la última información sobre alias “Pacho Malo”, la cual quedó consignada en este documento. Esa misma noche los tres agentes encubiertos, Mario Herrera, Fabio González y Pablo Bolaños, viajaron desde Cali al norte del Cauca, pues al día siguiente, 26 de marzo, iban a infiltrar nuevamente a la banda dedicada a la comercialización de marihuana y cocaína.
Mario y Fabio son dos exagentes del DAS, al igual que alias “Pacho Malo”, quienes pasaron a ser investigadores de la Fiscalía tras el cierre de esa entidad. Sin embargo, “Pacho” corrió con mayor suerte, pues pasó de investigador en el puerto desde 2012 a director del CTI en 2021, cuando Marta Mancera ya era la vicefiscal.
En su recorrido hacia Corinto, durante la operación encubierta, dos de los tres investigadores que viajaban en vehículos oficiales, lograron pasar un primer retén donde se toparon con un grupo de 30 militares. Tres kilómetros más adelante, sorpresivamente, los detuvieron más de siete hombres armados con brazaletes con la bandera de Colombia y las iniciales EMC: Estado Mayor Central de las disidencias del proceso de paz con las Farc.
En medio de esos retenes sucedió el secuestro y posterior homicidio del investigador Mario Fernando Herrera, y la huída veloz de los agentes Fabio González y Pablo Bolaños, quienes escaparon en medio de una persecución cuando se percataron de que quienes los seguían en motos y una camioneta eran miembros de las disidencias de las FARC. Los agentes sobrevivientes lograron llegar hasta la estación de Policía de Corinto (Cauca), en donde se refugiaron. Sólo el 27 de marzo pudieron salir fuertemente escoltados hasta la ciudad de Cali.
Allí, al día siguiente, el 28 de marzo, Gonzalez y Bolaños debían hablar con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y con la vicefiscal Marta Janeth Mancera. Así sucedió y prueba de ello es un audio que revela la Revista RAYA en el que se escucha la voz de las dos cabezas más importantes de la Fiscalía.
El saludo del fiscal Barbosa fue efusivo, conmovedor y de total respaldo de la institución a la labor que desempeñaban los investigadores, que estaban a la espera de los preparativos para el velorio y la despedida de Mario, su compañero: “yo sé el trabajo que ustedes hacen y se lo manifesté al Presidente, al Ministro de Defensa, a las Fuerzas Militares. Cuenten con la institución, cuenten con nosotros, cuenten con la señora vicefiscal, con el director seccional, con la delegada para la seguridad ciudadana, con todo el cuerpo directivo […] Ustedes son parte de la institución, esta institución los respalda, los cobija, toda la entidad está rodeándolos […] Hoy más que nunca queda en alto el nombre del CTI, es un cuerpo muy importante”, se escucha en el audio que dura 40 minutos y el cual, en su integridad, está en poder de esta revista.
Después, la vicefiscal Mancera tomó la palabra y les hizo un interrogatorio detallado sobre todos los procesos que llevaban, cada una de las actividades realizadas hasta la fecha, también relacionadas con el difunto Mario en su tarea de desarticular las siguientes bandas criminales: “La Frontera” y “Banda del Pueblo”, que delinquen en Manizales y Chinchiná (Caldas); “La Cordillera”, con injerencia en Risaralda, Caldas y Valle; Los Pachelly, en Bello (Antioquia), cuyos integrantes están dedicados al narcotráfico nacional e internacional, dice la resolución de la Fiscalía que autorizó a los investigadores para actuar como agentes encubiertos, firmada por el fiscal Ocampo, de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. (Ver facsímil)
Así los interrogó la vicefiscal Marta Mancera: “¿Qué llevaba Mario? ¿Celulares? […] ¿Él tenía comunicaciones con quienes? ¿Quién era el agente encubierto? ¿Él? ¿Con quién iba la fuente? […] ¿Cuál era la función exacta de la fuente en esta oportunidad?”
A varias de esas preguntas los agentes Fabio y Pablo respondieron con un contexto de sus investigaciones: “Ahí hay una subestructura que trafica todo el tema de la droga que les dicen “los Primos”; está liderada por el ‘Negro Aníbal’, al cual ya tenemos identificado, es muy amigo y muy parcero de él [la fuente], porque cuando él estuvo capturado por un estupefaciente como en el 2009, él conoció a alias “Pereira”, quien fue uno de los cabecillas de “La Cordillera”.
Según el testimonio de los investigadores Fabio González y Pablo Bolaños, ellos le comentaron a la vicefiscal Mancera ese día en Cali sobre sus hallazgos del funcionario del CTI de Buenaventura. No obstante, ella se mostró sorprendida cuando le mostraron la foto de alias “Pacho Malo”: “Yo le muestro la foto de “Pacho” a ella, que él está con la novia, y ella en ese momento es como si hubiera visto al diablo. ¿Qué nos dice? Nos vemos mañana”, contó uno de los investigadores..
Mancera nunca profundizó sobre esa información, que obtuvo en marzo del 2021. En cambio, lo que vino fue la persecución contra los investigadores que terminaron señalados de robar droga incautada a los nacos. Entonces, Mancera designó horas después al fiscal Daniel Hernández, quien les abrió una investigación a través de una denuncia anónima que, supuestamente, llegó al buzón de la Fiscalía el 30 de marzo a la 1:47 pm., justo cuando se desarrollaba el velorio del agente asesinado Mario Herrera, y dos días después de que los agentes sobrevivientes le hubieran contado a Mancera de sus hallazgos sobre “Pacho Malo”.
Dicha denuncia y una entrevista posterior a la supuesta fuente anónima fue recibida por un enviado de la vicefiscal Mancera a Manizales, ciudad donde los investigadores tenían su base de operaciones y donde quedaría sepultado Mario. Ese enviado era el jefe de Policía Judicial Víctor Forero, un funcionario de alto nivel, muy cercano a Mancera, y a su mano derecha Luisa Obando, que además sostiene una relación sentimental con Forero. Este funcionario, igualmente, es el investigador del caso del hijo del presidente Gustavo Petro.
Pero lo extraño de aquella denuncia anónima, que supuestamente llegó a la Fiscalía, es que aportó unas fotografías tomadas de las cartas decadactilares de uno de los investigadores, documentos que sólo tienen en su poder la Registraduría o la Fiscalía General de la Nación.
La vicefiscal ha afirmado una y otra vez que ella no conocía la información sobre alias “Pacho Malo” y con este argumento ha tratado de zafarse del escándalo y los señalamientos de que, desde que se enteró de las andanzas del director del CTI en el puerto más importante del país, ha tratado de encubrirlo y, en cambio, desencadenó una persecución judicial contra los investigadores, incluido el difunto Mario.
Pero los hechos posteriores la contradicen. RAYA accedió a las extracciones judiciales de varios chats que confirman que desde la dirección central de la Fiscalía la vicefiscal Mancera presionó al fiscal 51, Jaime Ocampo, para que cerrará la operación encubierta y así los investigadores no pudieran seguir actuando en ese caso. Según el testimonio de Fabio y Pablo, ya estaban proyectando un operativo con el Ejército contra “Pacho”, que debía planearse después de una reunión de coordinación el 9 de abril de 2021 (Ver facsímil). Pero la operación encubierta se canceló dos días antes, el 7 de abril, porque Mancera así lo solicitó, dice el audio que revela RAYA, con la voz del fiscal Ocampo, enviado al investigador Pablo.
Los mensajes que demuestran que había un interés desde Bogotá para cerrar la operación encubierta ocurrieron entre el 30 de marzo y el 7 de abril de 2021, cuando finalmente se clausuró la operación. En ellos se lee (chats) y se escucha (audio) cómo el fiscal Ocampo le explica al agente Pablo Bolaños que desde el nivel central le están pidiendo un informe para cerrar rápido la figura de agentes encubiertos.
Según el investigador Fabio González, al fiscal Ocampo lo sacaron del velorio de Mario Herrera, en Manizales el 29 de marzo de 2021, para afanar el cierre inminente de esa investigación y para desactivar las labores investigativas de los agentes. Esto le da plena veracidad a las conversaciones de WhatsApp que sostuvo el fiscal Ocampo con el investigador Pablo Bolaños. Igualmente, un audio en el que Ocampo le dice a Pablo que la vicefiscal está “encima» para cancelar eso. Revelamos chats y audio.
Por eso, cuando ya habían corrido más de dos años de estos hechos, el 20 de noviembre de 2023, un día después de que los investigadores denunciaran públicamente a Mancera, la Revista Semana la entrevistó y ella respondió de forma desencajada ante el escándalo: “¿Hoy [el Presidente Petro] me va a decir que yo soy la mafiosa? ¿Supuestamente protegiendo a un investigador criminalístico que ni siquiera es directivo?”. A quien la vicefiscal se refería despectivamente como un investigador que “ni siquiera es directivo” era a “Pacho Malo”, quien en efecto si tenía un cargo directivo, pues se trataba del coordinador del CTI de la Fiscalía en Buenaventura.
Mancera en cambio arremetió contra Fabio González y Pablo Bolaños, los mismos a los que ella y el fiscal Barbosa habían halagado antes en Cali, después del asesinato de Mario Herrera. En la entrevista con Semana la vicefiscal reconoció que los agentes tenían la orden de un fiscal (el doctor Jaime Ocampo) de penetrar unas estructuras criminales, pero que ellos no dijeron nada en sus informes ante Ocampo “de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades (de narcotráfico)…pero nunca se lo dijeron al fiscal que tenía el caso”.
Sin embargo, se corrobora que la vicefiscal Mancera está mintiendo, porque los agentes sí reportaron sus hallazgos y varios documentos prueban que sostuvieron con el fiscal Jaime Ocampo una videollamada el mismo día de su viaje, es decir, el 25 de marzo de 2021, para contarle de los hallazgos recientes en Buenaventura.
A renglón seguido, en esa misma entrevista con Semana, Mancera afirmó: “hoy entonces dicen que la vicefiscal conocía, y que como conocía, entonces la que está protegiendo a los criminales es Martha Mancera, ¿qué voy a esperar? ¿Que me judicialicen con solo declarantes y con suposiciones? ¿Me van a llevar con una declaración de un tercero? ¿Me van a judicializar sin pruebas, con testigos falsos?”
Además, Mancera sostuvo que el viaje posterior de los agentes encubiertos al Cauca no tenía autorización del fiscal y que se había hecho sin su conocimiento, pero RAYA obtuvo un oficio que demuestra lo contrario. Se trata del plan de trabajo elaborado por los tres agentes, donde advierten que iban a tomar contacto con traficantes de droga en Santander de Quilichao en una operación encubierta autorizada y supervisada por el fiscal Ocampo.
La vicefiscal ha sido insistente, tanto en la entrevista con Semana como en una entrevista al día siguiente con el periodista Daniel Coronell, en que ambos agentes, Pablo Andrés Bolaños y Fabio González “no dijeron nada de Francisco Martínez Ardila, alias “Pacho Malo”, guardaron silencio”.
Esto tampoco es cierto. En una declaración rendida ante el investigador Juan Camilo López Linares, el 20 de abril de 2021, ambos explicaron la información que tenían sobre alias “Pacho Malo” y cómo habían llegado a él. Esta, justamente, fue la declaración que el investigador Víctor Forero pidió a ambos funcionarios que modificaran en presencia suya para sacar de ella cualquier mención a “Pacho Malo”. Así quedó registrado en un audio de 40 minutos, en poder de RAYA en su integridad, donde se escucha el desespero de Forero por pretender cumplir su cometido: “Yo no es que quiera proteger a ese man…yo sé quién es ese man”.
El audio de Forero: la prueba reina
A raíz de la investigación por la muerte de su compañero Mario Herrera, los agentes fueron interrogados el 20 de abril de 2021 en Manizales por el investigador Juan Camilo López Linares, subalterno de Víctor Forero. A este le contaron todos los detalles sobre “Pacho Malo”. Al día siguiente, el 21 de abril, llegó hasta Manizales, base de operaciones de los investigadores, el mismísimo investigador Víctor Forero, quien les pidió explícitamente que borraran de su declaración la parte alusiva a “Pacho Malo”, como lo reveló en su momento el periodista Daniel Coronell.
RAYA accedió al audio de 40 minutos que registró toda la reunión con Víctor Alfonso Forero y que fue grabado por el investigador Fabio González, pues a este le pareció inusual aquella petición que le hacía un funcionario enviado desde Bogotá por la vicefiscal Mancera.
Este audio es una de las pruebas que la Fiscalía no quiso recibir en la investigación contra Mancera, investigación que fue archivada la semana pasada de manera exprés. El audio es clave porque demuestra que altos funcionarios de la Fiscalía sí sabían desde entonces quién era “Pacho Malo” y, lo que es más grave aún, solicitaron expresamente borrar las menciones que lo incriminan en un informe oficial de investigación.
Antes de que el documento con la declaración fuera modificado, consta en el audio, el investigador Fabio González empezó con una larga descripción de cómo un viejo criminal respaldado por la banda “La Cordillera”, que ya estaba colaborando con la Fiscalía, los había llevado hasta “Pacho Malo” e incluso les había aportado una fotografía suya, que Víctor Forero reconoció inmediatamente.
El investigador González le colocó un audio de las comunicaciones con “Pacho Malo”, para que Forero escuchara su voz: “qué hubo mijo, qué más, qué milagrazo, que bueno saludarlo, no pues yo estoy aquí en Cali ya, ¿usted me dirá?”, se escucha en la grabación y Forero exclama: “azarosísimo ese hijueputa”.
La fuente que había llevado a los investigadores hasta “Pacho Malo” cuenta con un largo prontuario en el mundo delincuencial, que incluye por lo menos tres largas temporadas en la cárcel por casos de secuestro y tráfico de estupefacientes. Se trata de un traficante y coordinador de plazas de vicio, relacionado desde hace dos décadas con famosos criminales como el extraditado narco Carlos Arturo Patiño, “Patemuro”, y otros jefes de la banda “La Cordillera” en Pereira como José Fabián Guzmán, alias “Niño Fabián”, y alias “El Burro”, quien fue la persona que lo habría conectado con “Pacho Malo”.
Lo más impresionante de toda la reunión fue la descripción precisa que el investigador Fabio González hizo a Víctor Forero de las presuntas conductas criminales de “Pacho Malo”: “ese man dice que me saca la gente del Puerto”, explicó el investigador González. “¿Cómo así que la gente del Puerto?”, preguntó Forero, a lo que el investigador respondió: “para contaminar los containers [con cargamentos de droga]”. Después detalló los precios que cobraba Pacho por cada kilo de cocaína puesto en un container.
Forero, consta en el audio, estaba enterado de todo ello, incluso, le contó a Fabio González que se utilizaban buzos para contaminar los buques con cocaína. Víctor Forero se mostró muy interesado por conocer quiénes tenían información sobre “Pacho Malo”, entre ellos, un oficial de inteligencia de la Armada Nacional, cuyo nombre reservamos, que sufrió un atentado mientras investigaba la red criminal de alias “Pacho Malo”.
Después Forero también preguntó por el investigador del CTI que trabajaba con él: “un man que se llama César, que es un gordito visajosísimo también, anda en un BMW blanco allá en Buenaventura y embambado hasta el culo también, que es como la llave de Pacho en el CTI, es un investigador del CTI”, dijo Forero. César aparece en el organigrama que elaboró el difunto Mario Herrera.
En el audio queda en evidencia que Forero ya conocía de antemano las movidas corruptas de “Pacho Malo”, incluso, se escucha el tecleo cuando su colaborador Juan Camilo López Linares reescribe junto a Forero y Fabio González el documento. Forero se aseguró de que no quedara en el papel ninguna mención a “Pacho Malo” o sus socios criminales.
A partir del minuto 28 el investigador López Linares comenzó a releer la declaración original: “Me dice [el agente encubierto] también que hay un tema bastante delicado, que al parecer en el municipio de Buenaventura esta persona es la encargada de coordinar la salida de estupefacientes en el Puerto… ¿Ese pedazo es el que vamos a quitar?”.
Y más adelante: “Concluimos la reunión para establecer el tema de Pacho y el tema de Medellín. El agente encubierto me mostró una foto del tal Pacho, donde se ve en un restaurante con una mujer y me indican que él tiene una camioneta BMW…” Una vez borró este fragmento, López Linares le preguntó a Víctor Forero: “¿Será en ese carro que anda?”. A continuación transcribimos la conversación:
Víctor Forero: “Él sí tiene una camioneta”.
Juan Camilo López Linares: “Uy, pero quién se compra una camioneta BMW pues… Ni los fiscales delegados ante el Tribunal tienen esa hijueputa… “
Fabio González: “La Q6, es la Q6”.
Juan Camilo López Linares: “Acá, entonces toca quitarla desde acá”.
Minutos más tarde Víctor Alfonso Forero pregunta: “Ya aquí no habla más de Pacho, ¿Cierto? ¿En ninguna parte?”.
La actuación fue a todas luces irregular, no obstante, Víctor Alfonso Forero insistió en cuatro oportunidades durante la reunión que no buscaba proteger a “Pacho Malo”, sino, simplemente evitar que una información tan complicada pudiera filtrarse. Prometió, en cambio, darle un manejo interno a la investigación sobre esos hechos tan graves, diciendo que se haría de manera reservada, lo que a la postre nunca ocurrió.
En un informe del 30 de abril de 2021 que rindió el investigador Juan Camilo López Linares, el mismo que modificó y reescribió el documento, omitió todos los detalles sobre “Pacho Malo” que él y Víctor Alfonso Forero habían escuchado de primera mano por el relato de Fabio González, como consta en otro documento conocido por RAYA.
Juan Camilo Linares, subalterno del enviado de la vicefiscal Mancera, Víctor Forero, omitió decir a qué fueron los investigadores el 25 de marzo de 2021 a Buenaventura.
El resto de la historia conduce a la impunidad. Los agentes Fabio González y Pablo Bolaños, junto al fiscal Jaime Ocampo, terminaron procesados, empapelados y encarcelados en un proceso que tiene a su cargo el cuestionado fiscal Daniel Hernández (el mismo que ayudó a la fuga de los altos directivos brasileños en medio del escándalo de Odebrecht). Sin embargo, un juez puso en libertad a los agentes por la falta de evidencias en las acusaciones.
Contra alias “Pacho Malo” nunca se tomaron medidas y solo después de noviembre del año pasado, cuando se conoció el primer audio de Forero, fue trasladado a Pereira, la base de operaciones de la banda “La Cordillera”. Dos fuentes de la entidad le contaron a esta revista que “Pacho Malo” se refiere en privado a la vicefiscal Mancera como “la mamá”. En la investigación por el asesinato del agente Mario Herrera no hubo esclarecimiento sobre los autores intelectuales, no obstante, hay un hecho incontrovertible: ocurrió cuando los investigadores ya planeaban cómo materializar la operación contra “Pacho Malo” y su banda.
*La Revista RAYA intentó contactar a la vicefiscal Marta Mancera, sin embargo, no obtuvimos respuesta ni a las llamadas ni a mensajes de texto.
Les voy a explicar con otro ejemplo, cómo funciona la corrupción (les pido no se fijen en el mensajero, sino en el mensaje) escuchen el video completo, detallarán que la empresa 7M GROUP quien según este video, vuelve a desfalcar al Estado Colombiano, a la cual Claudia López le da otra oportunidad para que nos vuelvan a robar. Los dueños de esta empresa, son “Martín Manjarres, Marcela Montes y Yonn García” quienes están siendo investigados por mi, como autores intelectuales y materiales del carrusel de los carros blindados.
Estos sujetos, son defendidos a capa y espada, por la fiscalía de Barbosa y Mancera, a través de su séquito de fiscales títeres, y por haberme atrevido a llamarlos a imputación, resulta que ahora, la delincuente soy yo, y quien está siendo llamada a imputación de cargos soy yo, por denuncia interpuesta por ellos.
La fiscalía afirma, que este trío son mis víctimas. Por cierto, el abogado de ambos, es Marlon Díaz, quien también es apoderado de la empresa contratista de la @UNPColombia Alliance Security, a la cual extrañamente, le robaron 16 camionetas blindadas.
La corrupción galopa en círculos viciosos, que se repiten una y otra vez, al estilo Emilio Tapia.
No me extrañaría, que si revisamos los contratos de la fiscalía, encontremos que siguen contratando a Manjarres y sus secuaces, y que por ello, la misión es destruir a la fiscal que les incomoda, porque según ellos, las coimas no se pueden acabar.
Esto tiene que tener un fin, y los que nos roban, tienen que estar donde tienen que estar: en la cárcel, y no libres como los quieren los funcionarios ya caducos Barbosa y Mancera.
Le exigimos al alcalde Carlos Fernando Galán la renuncia de la Directora de Bomberos de Bogotá. Hay miles de millones embolatados en un contrato para traer máquinas extintoras, la gestión es deficiente y la entidad está al garete. pic.twitter.com/jq7DECRiP8
En la actual coyuntura política, se confrontan fuerzas que niegan la necesidad del cambio con fuerzas que representan un nacimiento caótico, que a veces pareciera no se producirá. Las clases poderosas de Colombia, han levantado la bandera de la muerte, de la masacre, para contener cualquier asomo de inconformidad de la población. Cabe preguntarse ¿hasta cuándo? Parece que ese ciclo de muerte, casi programado por el uribismo en las últimas décadas, estuviera llegando a su “fin”. Ha sido un ciclo gestado por los representantes del capital en Colombia, sean individuos, clanes familiares o grupos económicos. El periodo denominado del uribismo, es un espacio que se consolida a partir de 2002 con el ascenso del señor Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de Colombia, con dos periodos consecutivos. Continúa con dos periodos de Juan Manuel Santos (2010 a 2018), y “finaliza” (no se cierra todavía) con la presidencia de Iván Duque de 2018 a 2022. Este periodo es de los más violentos de la historia de Colombia, caracterizándose por una agresión marcada en contra del pueblo, donde se han naturalizado las desapariciones, los falsos positivos, la motosierra, los hornos e incineraciones. El espacio abierto en Colombia a partir de 2022, significa el ascenso de un evento nuevo, en el que claramente esta la marca de Gustavo Petro, como presidente de la república. Este hecho marca una posibilidad de ascenso de múltiples esperanzas del pueblo y de expectativas políticas en construcción:
Respecto a la derecha, los grandes grupos económicos presentan una férrea lucha en contra del gobierno Petro, teniendo como punta de lanza los grandes medios de comunicación. Además, organismos como la fiscalía y la procuraduría se han declarado abiertamente en contra del gobierno, también los partidos políticos de la derecha están en campaña política desde el primer día de gobierno del presidente Petro.
Los grupos que conforman el “Pacto Histórico” no han logrado conformar una gobernanza fuerte al interior de este, y su funcionamiento obedece más a aspectos de acuerdo coyuntural o la autoridad autoimpuesta, pero no a una voluntad de trascendencia cualitativa, en este sentido parece ser que la agenda de cada sector a medida que ha sido más fuerte ha debilitado la propia agenda del Pacto Histórico.
Todo el aparataje de la burocracia estatal sigue en manos de la derecha, que a su vez son palos tirados en el camino de una alternativa política que se propone ser distinta.
Desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la república de Colombia, se ha comenzado a vivir una nueva realidad, o quizás sea una realidad efímera. El pensamiento de Petro es liberal y en función de sus propósitos y la necesidad de reformas urgentes, su pensamiento es revolucionario y casi peligroso para otros liberales, que no han trascendido el pasado, y ni modo de hablar si lo confrontamos con todo el establecimiento. Para quienes pensamos que los verdaderos cambios sociales y políticos son imposibles bajo un régimen capitalista, podríamos concordar que el pensamiento de Petro es revolucionario, en tanto su intencionalidad es propiciar una serie de cambios desde el Estado, que afectan positivamente a la población colombiana. Lo cual estaría realizando unas tareas democrático burguesas que favorecerían un periodo o varios, en la senda hacia un objetivo superior (y distante), cual es una sociedad igualitaria, sin el poderío de una clase hegemónica. El País es primera vez que cuenta con un presidente progresista. Otros países de Latinoamérica ya han pasado por esta experiencia y francamente, sus dificultades han sido mayúsculas. Algunos casos parecidos han sido, Rafael Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Castillo en Perú, Evo en Bolivia. Las burguesías de estos países, o mejor dicho, la burguesía internacional y el imperio norteamericano no lo permiten, o lo permiten a medias. Esta situación, y la experiencia vivida, hace que una vez la izquierda llegue al manejo del ejecutivo y otros poderes, debe permitirse la tarea de elevar sus expectativas al máximo. A mi modo de ver, y sobre la base de lo vivido por otros países, en Latinoamérica con la llegada de gobiernos progresistas, cuatro son las alternativas que tiene la derecha colombiana e internacional:
La primera es dejar gobernar al Presidente Gustavo Petro, como lo ha hecho cualquiera de los mandatarios anteriores.
La segunda es generar una estrategia de desgaste, conducente a deslegitimar, no solamente el Ejecutivo y la figura misma del Presidente, sino a quitarle fuerza a una futura llegada de un presidente y una fuerza política que revitalice un pensamiento alternativo.
La tercera opción, y posible derivación de la segunda, es propiciar un error político, tipo castillo en Perú, para sacarlo vía Lawfare del poder.
La cuarta sería avivar un golpe de Estado con la participación política de la derecha, un sector de las fuerzas militares y la gran prensa de la derecha.
Dejar gobernar al Presidente. Esta opción está descartada. Los grandes grupos económicos de Colombia han unido fuerzas para no permitirlo. En lo político se expresa con una arremetida, en lo que todo lo abyecto ha sido validado. Todos los sectores de la derecha se han unido para generar unas opciones y unos relatos, que van desde el ataque mendaz y personal, hasta el aprovechamiento de cualquier desliz del gobierno para atacarlo. Generar una estrategia de desgaste: Esta opción, desde mi perspectiva, es la más viable. En la práctica, y a menor escala, ya se probaron en las recientes elecciones regionales: un prototipo exitoso, sobre todo en Bogotá y Medellín. Un aspecto que favorece esta situación es la unidad de los principales grupos económicos que al mismo tiempo atenazan el poder con el poder que ejercen en los principales medios de comunicación de los cuáles son sus dueños. Estos dos poderes juntos han generado una crisis en la comunicación de la verdad, ya que como en “1.984”, de Orwell, han constituido un ministerio de la verdad, tamiz por el que atraviesa toda la realidad y donde solo es verdadero lo que diga el Ministerio de la Verdad, conformado por los grupos económicos y la prensa. La mentira, el ataque, la confrontación, son herramientas de los principales medios de comunicación que son transportadores de la narrativa de la derecha. Dichos medios tienen nombre y razón social, ellos son: Revista semana, periódico el tiempo, caracol, RCN, Blu Radio, LaDoble W, El Colombiano, entre los principales. En esta estrategia de desgaste también encontramos la Fiscalía y la procuraduría. Son organismos que para defender la derecha de este país se han convertido en instancias cuasi delincuenciales, cuya misión es la protección de los crímenes de la derecha y lavar los nexos que mantienen con estructuras delincuenciales, en lo que Guillén ha llamado “banda criminal de la Fiscalía”. Esta estrategia de desgaste no ha sido ajena a menguar el Pacto Histórico desde adentro, y esto lo han logrado no solo con los “caballos de Troya”, sino con acciones que han colocado a estructuras políticas – como el Partido Verde – o algunos de sus miembros, a votar por la derecha o colocarse de su lado en momentos cruciales.
De acuerdo a una estrategia de desgaste de la derecha, que busca quitar legitimidad al Pacto en la base social y política, las expectativas del Pacto deben centrarse en mantener la legitimidad actual y elevarla gradualmente hasta el fin del mandato presidencial.
Iván Duque defiende su legado en una Colombia atribulada
El presidente de Colombia defendió en una entrevista su desempeño durante la pandemia y el conflicto social. El escenario actual podría impulsar un giro a la izquierda en las elecciones de 2022.
Iván Duque, presidente de Colombia Credit…Jean Chung para The New York Times
SEÚL— Iván Duque arrasó en su llegada a la presidencia de Colombia en 2018 como un tecnócrata joven y poco conocido impulsado por un creciente movimiento de derecha. Aprovechó el enojo del público hacia un acuerdo de paz que dijo que había sido demasiado laxo con los insurgentes. Y advirtió que las propuestas de su oponente de izquierda podrían asfixiar el crecimiento constante del país.
Tres años y una pandemia global más tarde, es Duque quien preside un país con alto desempleo y un electorado iracundo, un mandatario a la defensiva sobre las medidas que ha tomado para controlar la violencia persistente de los militantes.
Duque asegura que sus políticas han presentado oportunidades para las clases medias y bajas, impulsado el espíritu empresarial y preparado el camino para que Colombia vuelva a los niveles de crecimiento prepandémicos. También ha ofrecido políticas sociales que podrían abordar los temas de comportamiento policial y desigualdad que este año ocasionaron enfrentamientos violentos en los que murieron decenas de personas.
Duque después de ganar el cargo en 2018, impulsado por un creciente movimiento de derecha. Tres años después de iniciado su mandato, preside un país con altos niveles de desempleo y un electorado descontento.Credit…Andres Stapff/Reuters
“Los tres pilares de nuestro plan general de gobierno, que eran la legalidad, el emprendimiento y la igualdad, han estado dando resultados”, dijo Duque la semana pasada en una entrevista en Corea del Sur con The New York Times. “Obviamente fueron afectados por la pandemia. Pero creo que hemos demostrado nuestro espíritu resiliente”.
El legado de Duque —y de su mecenas, el incendiario expresidente Álvaro Uribe, que sigue dominando la política colombiana— está en riesgo. Los votantes colombianos acudirán a las urnas en mayo, cuando Gustavo Petro, el anterior alcalde de Bogotá y ex candidato presidencial que alguna vez fue guerrillero, podría convertirse en el líder más izquierdista de la historia del país en un momento en que los izquierdistas han vuelto a cosechar victorias en toda Sudamérica.
Duque ya no puede postularse, debido a los límites al mandato, y su partido aún no elige a su nuevo candidato. Aun así, su gobierno enfrenta los peores niveles de aprobación de su presidencia. La economía, el comercio y la inversión extranjera de Colombia fueron muy afectados por el coronavirus, lo que exacerbó tensiones sociales de larga data en torno a la desigualdad y el comportamiento policial.
La economía, el comercio y la inversión extranjera de Colombia se vieron fuertemente afectados por el coronavirus, que exacerbó tensiones sociales de larga data.Credit…Federico Rios para The New York Times
También se ha visto sometido a una mayor presión para controlar a las insurgencias armadas de Colombia y acelerar el cumplimiento del acuerdo de paz del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a pesar de sus críticas a los términos del acuerdo en la campaña electoral de 2018.
En Corea del Sur, Duque buscaba oportunidades de comercio e inversión, como el crecimiento de la manufactura coreana y un incremento en las ventas de café, aguacates y plátanos colombianos. Incluso habló del rodaje de una película surcoreana en Bogotá: el presidente ha promovido desde hace mucho la inversión en las artes y la investigación.
El mandatario intenta “que los inversionistas surcoreanos se interesen en grande”, dijo Sergio Guzmán, de la consultora con sede en Bogotá Colombia Risk Analysis.
El desafío para Duque, añadió Guzmán, es que una victoria por parte de Petro podría dar marcha atrás a los logros de sus predecesores.
“Es un presidente débil”, dijo Guzmán. “Es un presidente que va de salida. Es un presidente cuyo legado más importante será imposibilitar a su sucesor de deshacer sus políticas”.
Rebeldes de las FARC en las montañas colombianas en 2018. Duque siente cada vez más la presión de controlar a las insurgencias de Colombia.Credit…Federico Rios para The New York Times
Duque estuvo en desacuerdo, al decir que sus esfuerzos —entre ellos los subsidios al salario y una propuesta para ampliar el acceso a la universidad— podrían ayudar a que la economía se recupere.
A pesar de ser protegido de Uribe, el líder carismático que aceleró la ofensiva del gobierno contra las FARC hace casi dos décadas, Duque nunca encajó del todo en el molde populista. Criado en una destacada familia política, el presidente de 45 años trabajó durante años en la banca de desarrollo. Habla un inglés tallado con el vocabulario de los think-thanks: “Voy a darle cifras muy concisas”, dijo en un momento antes de hacer justamente eso.
Fue electo luego de una campaña enfocada en el crecimiento económico y en modificar los términos del acuerdo de paz con las FARC, pero rápidamente enfrentó desafíos. En 2019, la frustración por la falta de oportunidades y un posible cambio al sistema de pensiones encendió una ola de protestas masivas. Lo mismo sucedió con una propuesta fiscal que este año intentaba cubrir un déficit que la pandemia exacerbó.
La propuesta de Duque tenía virtudes, dijo Luis Fernando Mejía, director del instituto colombiano de investigación Fedesarrollo, pero no pareció convencer al pueblo.
El expresidente Álvaro Uribe sigue dominando la política colombiana.Credit…Federico Rios para The New York Times
“Fue una reforma muy, muy buena” dijo, “pero no logró consolidar ese capital político y tener una estrategia adecuada para poder llevar a cabo esa reforma que creo que había sido muy importante”.
Duque también se encuentra en un estrecho espacio para formular políticas en tiempos de polarización, lo que hace que sea cada vez más difícil complacer a la base de su partido y a los votantes inconformes.
El paro por las modificaciones fiscales se convirtió en parte de un malestar más amplio por la desigualdad y la violencia policial. Algunos policías utilizaron fuerza brutal y letal contra los manifestantes.
En la entrevista, Duque se refirió a sus intentos de incrementar el escrutinio hacia la policía y equiparla con cámaras corporales. Pero dijo que los manifestantes habían sido impulsados por “gente que produce noticias falsas” y otros agitadores para azuzar la violencia.
Su acto de equilibrismo más difícil podría ser llevar a cabo el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC. En 2019, su propuesta para modificar los términos, entre ellos sentencias más duras por crímenes de guerra, fracasó por motivos legales. A nivel internacional, está bajo una intensa presión para hacer respetar el acuerdo, pero a nivel nacional su partido y otros conservadores lo critican.
Estudiantes protestaban contra la propuesta de modificación al código tributario en Bogotá, la capital, en 2019.Credit…Juan Barreto/Agence France-Presse — Getty Images
A unas semanas del quinto aniversario del acuerdo, más de la mitad de sus disposiciones no se han implementado o recién han comenzado, según el Instituto Kroc en la Universidad de Notre Dame, una entidad independiente encargada de supervisar el acuerdo. Los grupos opositores y parte del electorado dicen que Duque perdió una oportunidad crucial para impulsarlo.
Duque y sus seguidores señalan que el marco temporal del acuerdo establece que sus principios se implementen a lo largo de 15 años. Durante la entrevista, dijo que había logrado más que su predecesor, Juan Manuel Santos, al implementar las revisiones de propiedad de la tierra y los planes de desarrollo del acuerdo de paz que darían empleos y oportunidades a los agricultores pobres y a los excombatientes.
“No solo hemos estado implementando, sino que los temas que hemos implementado serán decisivos para la evolución de los acuerdos”, comentó y añadió: “Hemos hecho un buen avance”.
Duque también debe equilibrar los intereses encontrados en el extranjero. Hay tensiones entre Estados Unidos —el aliado histórico de Colombia— y China, fuente creciente de negocios para el país. China, el segundo socio comercial de Colombia, después de Estados Unidos, ha invertido en minas en el país y logrado licitar contratos de obras.
Un hospital temporal para atender pacientes de covid en BogotáCredit…Federico Rios para The New York Times
Duque comentó que las empresas chinas habían ganado las obras en licitaciones abiertas y que las relaciones con Estados Unidos permanecían cercanas. “Intentamos construir nuestras relaciones con nuestros socios basándonos en las oportunidades comunes de inversión y comercio. Pero por lo general tengo que destacar que en el caso de Estados Unidos, nuestra alianza se remonta a casi 200 años y seguiremos viendo a Estados Unidos como número 1”.
Con Estados Unidos, las relaciones llegaron a un momento incómodo el año pasado cuando integrantes del partido de Duque apoyaron a Donald Trump y a los republicanos en la elección, lo que provocó una inusual reprimenda del embajador estadounidense.
“Creo que fue imprudente”, dijo Duque. “Creo que no se debió hacer”.
Estos ejemplos de polarización, dijo, han complicado los esfuerzos para solucionar los problemas profundos. El mundo está polarizado, dijo pues las personas “conectan la demagogia y el populismo con sentimientos violentos y algoritmos y gente que produce noticias falsas y manipula la verdad”.
Añadió: “por eso nos hemos concentrado en nuestra gestión en no promover la polarización, sino en conducir al país en la dirección correcta”.
Gustavo Petro, al centro, durante una protesta contra los cambios tributarios en 2019. El ex candidato presidencial podría convertirse en el líder más izquierdista de la historia del país. Credit…Juan Barreto/Agence France-Presse — Getty Images
Carlos Tejada reportó desde Seúl, y Julie Turkewitz desde Bogotá, Colombia.
Carlos Tejada es el subeditor en Asia de The New York Times y radica en Seúl, Corea del Sur. Ha trabajado en el este asiático como editor y reportero desde 2008. @CRTejada
Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, que abarca Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz
Carlos Tejada is the deputy Asia editor for The New York Times, based in Seoul, South Korea. He has worked in east Asia as an editor and a reporter since 2008. @CRTejada
Julie Turkewitz is the Andes bureau chief, covering Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Peru, Suriname and Guyana. Before moving to South America, she was a national correspondent covering the American West. @julieturkewitz
–La Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica no destructiva, tras evidenciar «una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública».
Al tutelar también los derechos fundamentales a la expresión, reunión y libertad de prensa de un grupo de 49 personas, la sentencia mayoritaria de la Sala de Casación Civil del alto tribunal ordena la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.
Dispuso además la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
“La Corte señala explícitamente que la protesta intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial, religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio, no están protegidas por la Constitución Nacional”, consigna el pronunciamiento.
Sin embargo, luego de aplicar un test de sistematicidad a diversos episodios registrados en las principales ciudades del país y denunciados en la acción de tutela, la Sala encuentra elementos comunes de equivocado uso de la fuerza para controlar las movilizaciones.
“Se infiere de lo escrutado constitucionalmente –señala la sentencia–, por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes y por la conducta de algunos agentes de la policía y en el ESMAD que, hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”.
Por lo anterior, recuerda que “una de las obligaciones del Estado es proteger la libertad de expresión, de crítica y de opinión, aspectos que constituyen una conducta legítima de disenso social, siempre y cuando no se busque hacer propaganda por la guerra y el vandalismo, cuando no se pretende hacer apología del odio, de la violencia, del delito y, en general, de la violencia como forma de solucionar los problemas”.
Para la Sala de Casación Civil, lo advertido en el caso concreto estudiado, revela serios problemas en cuanto a:
(i) La falta de una Ley Estatutaria que desarrolle los alcances y limitaciones de la fuerza pública, su direccionamiento centralizado o descentralizado, su naturaleza y el juzgamiento de sus conductas, cuando se ejerce el derecho fundamental a la protesta pacífica.
(ii) La violación sistemática de tal prerrogativa por parte de la fuerza pública, en especial, del ESMAD, y la amenaza real que esa institución supone para esa garantía superlativa.
(iii) La incapacidad de los accionados de mantener una postura neutral frente a las manifestaciones de las personas y sus garantías a la libertad de expresión y de reunión.
(iv) Los estereotipos arraigados contra quienes disienten de las políticas del Gobierno Nacional.
(v) Allanamientos masivos, por parte de la Fiscalía General de la Nación, a los domicilios y residencias de quienes tienen interés legítimo en participar de las protestas.
(vi) Desatención a las obligaciones convencionales del Estado respecto de los Derechos Humanos.
(vii) Ausencia de vigilancia y control de las actuaciones de las autoridades demandadas, en relación el derecho de reunión.
(viii) El vacío que supone como institución del ESMAD que no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir, pues tampoco hace un uso adecuado de las armas de dotación asignadas.
(ix) La ausencia de resultados verificables de los cursos de formación en derechos humanos, ordenados respecto de los miembros de la fuerza pública, no sólo por el Consejo de Estado sino, además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en múltiples decursos donde ha sido condenado el Estado por el ejercicio excesivo y arbitrario de sus agentes .
(x) El uso inadecuado de instrumentos legales de la Policía Nacional para justificar detenciones ilegales arbitrarias contra ciudadanos.
(xi) La inapropiada delegación de “función de policía” del Ministerio de Defensa Nacional, para las entidades que realizan las “actividades de policía”, evidenciada en el Decreto 4222 de 23 noviembre de 2006, en donde se facultó al director de la policía, reglamentar en las resoluciones 02903 de 23 de junio de 2017 y 03002 del 29 de junio de 2017, el uso de la fuerza en manifestaciones y protestas.
“Una Nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo–enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”, concluye la Sala y resuelve conceder, en los siguientes términos, la tutela formulada contra el Presidente de la República, los ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el director general de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación:
SEGUNDO: ORDENAR a los aquí encausados que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción
TERCERO: ORDENAR a los demandados que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, insertar y facilitar la descarga del contenido completo y legible de este pronunciamiento, en la parte principal de sus respectivas páginas web y redes sociales, en un lugar visible y fácilmente identificable, hasta tanto el Congreso de la República emita una Ley Estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta pacífica.
CUARTO: ORDENAR al Ministro de Defensa que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes el enteramiento de esta providencia, proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales.
QUINTO: ORDENAR al Gobierno Nacional – Presidente de la República que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, proceda a:
a. Expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional, en el cual se incluya la obligación permanente de garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aun durante eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoción interior; o (iii) estado de emergencia.
b. Convocar y conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionados con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que escuche y atienda los planteamientos, no sólo de los aquí accionantes, sino de cualquier persona interesada en el tema.
De llegarse o no a un consenso al respecto, el Gobierno Nacional estará en la obligación de expedir un acto administrativo, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta sentencia, una reglamentación sobre la materia que tenga en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos las recomendaciones de Naciones Unidas y las aquí señaladas, relacionadas con la intervención y el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, en manifestaciones y protestas.
Para tal efecto, se hará énfasis en conjurar, prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa.
En esa línea, deberá realizarse, con la participación directa de la ciudadanía, órganos de control y los mandatarios regionales y locales, un protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriores que se denominará: “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”, que incluya, como mínimo, lo siguiente:
Protocolo de acciones preventivas
El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Así las cosas, es imprescindible que los miembros de la fuerza pública conozcan las disposiciones normativas que permiten el uso de las armas letales y no letales, y que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo.
Igualmente, se establecerán límites al máximo del uso de la fuerza para el control de disturbios, por cuanto el entrenamiento que reciben no debe estar dirigido a derrotar al enemigo, sino en función de la protección y control de civiles.
Deberá hacerse énfasis en la formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos de sus miembros, guiada por el respeto a la comunidad, donde sus integrantes actúen como agentes de paz, de protección a la ciudadanía y al derecho a la vida.
Así mismo, se hará un análisis cuantitativo y cualitativo del incremento de la profesionalización de los agentes destinados a la contención y alteración del orden público por causa del ejercicio de marchas y manifestaciones públicas, incluyendo una veeduría permanente de la ciudadanía y los órganos de control.
Protocolo de acciones concomitantes
Al momento de realizar el despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben implementar un procedimiento verificable que evalué la situación y un plan de acción previo a su intervención. De tal forma, los operativos policiales deben estar dirigidos a la contención o restablecimiento del orden, y no a la privación de la vida o agresiones injustificadas.
Con todo, en caso de que resultare obligatorio el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de la finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad.
Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica.
Protocolo de acciones posteriores
Del mismo modo, debe implementarse procedimientos que verifiquen la legalidad y/o proporcionalidad del uso de la fuerza letal ejercida por agentes estatales, así como de las órdenes de la cadena de mando relacionadas con el hecho. En efecto, una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad hicieron uso de armas letales o no letales, causando daños a la vida e integridad de las personas, deberá iniciarse inmediatamente, y dentro de un plazo que no supere los seis (6) meses contados a partir del suceso, al margen de las investigaciones a que haya lugar, la obligación de proveer una explicación pública satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.
Tal procedimiento será acompañado por redes de veeduría ciudadana, mandatarios regionales, locales, y órganos de control.
Al señalado estatuto se le hará pedagogía nacional, es decir, se enseñará y divulgará a todos los colombianos.
c. De los avances para el cumplimiento de lo antes ordenado, el Gobierno Nacional – Presidente de la República deberá rendir, de manera directa a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, un informe quincenal, claro, detallado y exhaustivo del desarrollo de las negociaciones hasta la emisión del correspondiente acto administrativo.
SEXTO: ORDENAR a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, expidan un protocolo que permita a las ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas.
SÉPTIMO: ORDENAR el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que, dentro de los treinta (30) días siguientes al enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar.
OCTAVO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, hasta tanto se constate que el ESMAD está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas, realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos.
Cuando se requiera cualquier participación del ESMAD en eventos públicos o privados, ese organismo de manera antelada, deberá poner a disposición DEL DEFENSOR el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e, igualmente, la Policía Nacional deberá designar a un oficial superior común que sirva de enlace entre los agentes y el DEFENSOR DEL PUEBLO.
Asimismo, la aludida institución recibirá las quejas y denuncias que, por cualquier medio expedito y eficaz, se hagan sobre las conductas del ESMAD o integrantes de la fuerza pública en el desarrollo de manifestaciones y protestas.
NOVENO: ORDENAR a los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional -ESMAD- y a cualquier institución que efectué “actividades de policía” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, suspenda el uso de las “escopetas calibre 12”, hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento.
DÉCIMO: ORDENAR al DEFENSOR DEL PUEBLO que, mensualmente remita un informe al juez de primera instancia de esta acción constitucional del cumplimiento de las disposiciones aquí adoptadas.
DÉCIMOPRIMERO: INDICAR que cuando la Corte lo considere necesario, asumirá la competencia para exigir el obedecimiento de lo aquí ordenado.
DÉCIMOSEGUNDO: DISPONER la remisión de la reproducción total de este expediente con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes, con relación a los hechos materia de esta salvaguarda, debiendo rendir, por conducto de sus directores principales, informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sobre el avance de las actividades desplegadas para el señalado fin.
La acción de tutela fue interpuesta contra el Presidente de la República, los Ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía, el Comandante General de la Policía Metropolitana de esta ciudad, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, por las siguientes personas:
Soledad María Granda Castañeda, Sandra Borda Guzmán, Sergio Alejandro Martín Vergara, Andrés Juan Guerrero, Alejandro Briceño Díaz, Ana Benilda Ángel Orjuela, Alexandra Paola González Zapata, Fabián de Jesús Laverde Doncel, Cristian Raúl Delgado Bolaños, Aleida Murillo Gómez, Jenny Alejandra Romero González, Carlos Sleyter Obregón Ramírez, Juan Felipe Castañeda Durán, Olga Lucía Quintero Sierra, Alirio Andrés Mojica Montañez, Paola Marcela Silva Pérez, Héctor Alejandro Alba Siboche, María Fernanda Ovalle Alvarado, Angye Katherine Rojas Rivera, Wilman Silva Betancourt, Eneried Aranguren, Frank Melo Restrepo, Ángel Duván Ortiz Rodríguez, Yuri Enrique Neira Salamanca, Peter Esteban Santiesteban Castillo, María Alejandra López Mendoza, Diana Carolina Ojeda Ojeda, Victoria Lucena Góez, Mariángela Villamil Cancino, Alejandra Soriano Wilches, Carolina Moreno Velásquez, Carlos Perdomo Guerrero, Catalina Botero Marino, Manuel Alejandro Iturralde, Natalia Ramírez Bustamante, Carlos Julián Mantilla Copete, Johan Sebastián Ramírez Vargas, Fabián Darío Bernate Bastidas, Brian Valencia Ayala, Harrison Steven Valderrama Palencia, David Ricardo Pérez Castro, Carol Tatiana Gómez Suarez, Perla Tatiana Bayona Rojas, Eduardo Enrique Cáceres Téllez, Cristian Andrés Aristizábal Parra, Mohamed Mussa Shek Giraldo, Juan Camilo Gómez Olarte, María Fernanda Montiel Murillo y Santiago de Jesús Andrade Gaitán.
God them bless today, tomorrow and always ... My name is Alexis Romero Orduñez, i am writer, sicólogo and shepherd of the Church Reborn. Each day work very hard walking under the intensive sun, for win twenty dollars to the month and can dedicate more of the half in access to internet for let them arrive the productions of our church to all you and help them throughout the that i can.My dream is have a computer although be of use and of type portable for produce more works, answer the letters that me write, reproduce more materials and help to all the that the need for that its works is know in all sides for blessing of all and glory of God.My whatsaap and telephone is: +53 56167555
Novelas, relatos, poesía, ensayos y microficciones que exploran el terror psicológico, el horror tecnológico y fantástico, la ciencia ficción emocional y los laberintos humanos. Por Adrián Fares, escritor y cineasta argentino.
CUADERNOS DE REENCUENTRO 