Carta de solidaridad

El Frente Amplio por la paz y la democracia, Antioquia, se solidariza con la esposa del asesinado líder Luis Fernando Wolff Isaza, Marta Cecilia Ramírez, y sus dos hijas, quienes tuvieron que salir del país ante las amenazas proferidas por personas relacionadas con ese homicidio.

El profesor Wolff fue uno de los fundadores en mayo de 2014 de nuestro Frente Amplio por la paz, dedicó su vida a la docencia universitaria, la lucha por la defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia. Su asesinato el 27 de abril de 2014 en la ciudad de Medellín, llenó de luto a la sociedad regional y nacional, que lo reconocieron siempre como hombre demócrata y aguerrido luchador por las causas sociales.

Las amenazas de muerte a su familia sobreviviente, dicen de la catadura y la peligrosidad de los enemigos que en vida tuvo nuestro compañero. Las autoridades policiales y judiciales deben concluir las investigaciones sobre ese crimen y ofrecer resultados ejemplarizantes que permitan el pronto regreso de esa familia, y dar garantías a quienes luchamos por la paz y la justicia en este momento crucial que vive Colombia. Entre tanto, reclamamos la solidaridad nacional e internacional para la familia de nuestro compañero vilmente asesinado.

Medellín, noviembre 19 de 2015.

Frente amplio por la paz y la democracia – Antioquia

Pronunciamiento ante el Encuentro Nacional del Frente Amplio por la Paz – Bogotá – Nov 15/14

Quiénes somos

El Frente amplio por la paz y la democracia es una coalición plural y abierta de organizaciones sociales y políticas y de ciudadanos que luego de la elección presidencial, se propone impulsar y hacer seguimiento a los diálogos entre el Estado y las insurgencias armadas para garantizar que ellos concluyan con acuerdos sólidos que sean llevados a refrendación por el pueblo colombiano.

El Frente amplio por la paz y la democracia recoge y lleva a término el mandato por la paz que recibió del pueblo colombiano el presidente Santos el 15 de junio, y exige que la política de paz se convierta en política de Estado tal cual lo estipula el artículo 22 de nuestra Constitución Política.

El Frente amplio por la paz y la democracia es una construcción política y organizativa inacabada; un factor de poder que además de la concreción de los acuerdos de paz, luchará por una agenda de garantías y reformas democráticas indispensables para lograr la convivencia nacional y la justicia social.

La experiencia histórica colombiana dice que la paz es un objetivo muy grande y muy complejo como para dejárselo a la burguesía y al Estado capitalista. La votación que las fuerzas democráticas aportamos al candidato Santos en la segunda vuelta presidencial, no puede ser dilapidada en vacilaciones ni en sectarismos. Es hora de unirnos y organizarnos para hacer respetar el mandato popular y mayoritario de la paz, para crear el ambiente y la opinión pública que necesita la negociación, para fomentar la cultura y la pedagogía políticas de la convivencia, y para hacer historia torciendo el brazo a los empresarios de la guerra, hoy orientados por un expresidente.

 Paz y democracia

Luchamos por la democracia porque únicamente su plena vigencia es la garantía de que el fin del conflicto armado sea duradero y sostenible. Ese conflicto surgió y está hecho de vejaciones y exclusiones históricas que constituyen sus causas objetivas, por lo tanto es un amplio proyecto de reformas democráticas profundas el que puede en definitiva sacar a Colombia de esta encrucijada de casi siete décadas. Solo de la mano de los cambios democráticos podemos construir la paz y unos mínimos de justicia social que la hagan sólida y duradera. De manera que sin democracia, es decir, sin derechos políticos, económicos y sociales, no alcanzaremos una paz de largo aliento y las generaciones futuras habrán de repetir la historia ensangrentada de nuevas confrontaciones con otros nombres, otros actores y otros escenarios.

La firma de acuerdos entre el gobierno y las FARC solamente está referida a los aspectos previamente agendados, cuya almendra es el problema agrario. El conjunto de la sociedad colombiana, mayoritariamente urbana, está retada a poner en paralelo sobre la mesa de discusión, un amplio programa nacional democrático que oriente y articule las luchas populares en una perspectiva constituyente, que le dispute el poder al proyecto neoliberal y conduzca el país a las grandes transformaciones que reclama la población. Así como la confrontación bélica, la paz colombiana vendrá del campo a la ciudad, por lo cual los movimientos sociales de base urbana deben desde ya levantar sus voces por la paz, la democracia, el derecho a la ciudad y la vida digna, que significa entre otras garantías, la de participar en la toma de decisiones sobre el ordenamiento territorial y todos los aspectos de la vida pública que afectan la vida urbana.

La negociación política del conflicto armado colombiano se inscribe dentro de tendencias mundiales, regionales e internas hacia el pleno respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, hacia la solución negociada de los conflictos y la paz como bien supremo de los pueblos. En América Latina particularmente, la historia le ha cerrado la puerta a las dictaduras y a todas las formas de gobierno alcanzadas a través de las armas. En Colombia las insurgencias así lo están entendiendo, pero también es indispensable que lo entiendan viejos y nuevos sectores del establecimiento que hoy se atraviesan a la negociación, y a diario nos muestran sus dientes con la amenaza de volver a frustrar la máxima esperanza del pueblo colombiano: la paz duradera.

En un contexto de lucha por ponerle fin a la confrontación armada en que está comprometido todo el país democrático, oponerse a las negociaciones, a la solución política y a los acuerdos, traza una línea divisoria nítida entre el guerrerismo y el pacifismo, entre el autoritarismo y la democracia, entre el fanatismo reaccionario de algunos y la esperanza de un futuro mejor para las generaciones venideras. El Frente Amplio por la Paz y la Democracia es por lo tanto, una avanzada en la confrontación con lo que es y lo que significa hoy en Colombia el uribismo y el Centro Democrático, como expresiones políticas de la extrema derecha decididamente jugadas por la continuación de la guerra entre colombianos, bajo la promesa falaz de un sometimiento de los insurgentes a la justicia penal en el contexto de la “guerra contra el terrorismo” dictada por su mentor, el expresidente Bush.

Cada avance en las negociaciones, es un avance contra el uribismo, y al mismo tiempo una oportunidad para la democracia. La firma de los acuerdos será eso fundamentalmente: un abanico de oportunidades para los movimientos sociales y la Izquierda democrática, históricamente asediados por las formaciones armadas de una extrema derecha carente de todo escrúpulo civilista. De manera que la firma de los acuerdos con las insurgencias no es en sí misma un fin sino un medio, un punto de partida para prender los conflictos represados en las desconfianzas y en los miedos.

Luchar por un programa democrático hoy, significa enfrentar la ideología neoliberal que hace décadas instaló su dominación en las sociedades latinoamericanas, pero que en buena hora ha chocado con la resistencia popular en la mayoría de ellas. El garrote neoliberal en Colombia, es empuñado con fuerza por J.M. Santos y su proyecto desgastado de la “Tercera vía” que transcurre entre el extractivismo y la misma confianza inversionista que otorgó su antecesor a los capitales internos y extranjeros. Por tal razón el proyecto pacifista del gobierno está profundamente limitado por la mezquindad característica de las oligarquías colombianas, carentes de perspectiva, cortoplacistas y excluyentes. Lo que trasnocha a esas élites es que la paz sea barata, con mínimos costos, sin reformas de fondo, que les permita vivir tranquilas los días que les quedan.

Nosotros en cambio, abogamos por una paz democrática, es decir, con justicia social, lo que significa levantar las banderas de la lucha popular, la movilización y la protesta social para superar los acuerdos firmados con las insurgencias y alcanzar las soluciones estratégicas que nos reclaman la sociedad y el momento histórico. Bajo la hegemonía del mercado y el Estado neoliberal, la paz colombiana será frágil, por lo tanto hacerla sostenible no es otra cosa que llenarla de contenido democrático y de reivindicaciones para los grupos tradicionalmente excluídos.

 Memoria histórica y víctimas

La principal razón de ser de la negociación del conflicto armado, no es otra cosa que el saldo azaroso de centenares de miles de víctimas de todos los actores enfrentados y de todas las modalidades de sufrimiento. Esas víctimas están accediendo al uso de la palabra en el contexto de la negociación y han coincidido en reclamar la verdad como su reivindicación fundamental. El Frente Amplio por la Paz está llamado a hacer oir las voces de las víctimas en todo el territorio nacional, a exigir su respeto y sus garantías de no repetición. Satisfacer los derechos de las víctimas es tarea fundamental del Estado, pero en su realización debe participar toda la sociedad organizada que tenga interés real en la solución negociada.

La memoria histórica es una construcción teórico-política que recoge las causas del conflicto armado y todas las características económicas, sociales y culturales que le dieron sustento. No tiene pretensiones judiciales sino que es una herramienta de pedagogía política que deberá señalar a la luz de la narrativa histórica los valores que harán posible una reformulación de nuestro proyecto de sociedad. Deberá aportar luces a la pregunta sobre el aniquilamiento entre colombianos, a diferencia de otras sociedades también inequitativas y antidemocráticas donde las diferencias se han resuelto y se están resolviendo sin el concurso de las armas.

Los acuerdos entre la insurgencia y el Estado que todos los colombianos debemos refrendar, deben girar alrededor de los derechos de las víctimas, especialmente el derecho a la verdad, que implica construir una historia del conflicto escrita con objetividad y con la participación de todos los que hemos padecido la guerra.

La historia objetiva del conflicto colombiano que reclamamos debe ser un elemento fundamental para la pedagogía de la paz y la democracia, con la cual deberán ser formadas las generaciones futuras de colombianos. Sólo la verdad nos libera como ciudadanos y ciudadanas del atraso político, del autoritarismo y de la violencia. Esa historia del conflicto deberá ser llevada a nuestras escuelas como un compendio de lecciones sobre lo que nuestro país ha sido y nunca debió ser, sobre nuestras virtudes y nuestras taras, nuestros aciertos y equivocaciones. La historia que han escrito los vencedores, hasta hoy, de nada nos ha servido a las mayorías nacionales, ella no se ha cansado de señalar la supuesta superioridad de los gobernantes y la inferioridad de los ciudadanos, y de mostrar el statu quo como algo necesario, inevitable y fatal. Es hora de la rebelión contra la mentira, de tal forma que todo quede sometido al escrutinio del nuevo hombre y la nueva mujer colombianos que critican, analizan y no tragan entero.

El Frente Amplio por la Paz y la Democracia está llamado a promover la verdad histórica como el primer derecho de las víctimas del conflicto armado, por ello abre sus puertas a todas sus organizaciones para que demos conjuntamente esta batalla que también es inevitable: la batalla por la verdad. Sin ganarla, todo lo acordado será frágil, y nuestra sociedad seguirá siendo proclive a la violencia como medio de resolución de sus conflictos, incluso los cotidianos.

 Sobre el contexto político

La escena política nacional está dominada hoy por varios elementos que giran alrededor de las negociaciones de paz. Pocas veces el bloque de poder hegemónico había Estado tan fracturado como en la actualidad y los previsibles acuerdos venideros insinúan que esa fractura será mayor. La unidad de acción entre las fracciones de la oligarquía tiende a reducirse cada vez más a asuntos estratégicos de la economía, al tiempo que los temas de la guerra y la paz, la política frente al vecindario más próximo y el tratamiento a la oposición, abren brechas difíciles de salvar dentro del bloque de clases dominante.

Las Izquierdas y la oposición tienen un escenario ampliamente favorable dentro de ese contexto para aislar a la extrema derecha uribista y disputarle al liberalismo y al centro la iniciativa política. El guerrerismo es en este momento de la vida colombiana el enemigo a derrotar. Él se está expresando no solo con la tergiversación y la mentira cruda contra los acuerdos y las negociaciones, sino también con el hostigamiento permanente de grupos armados contra líderes y comunidades. El Frente Amplio por la paz está llamado a derrotar esas dos estrategias mediante su accionar coordinado con las demás fuerzas democráticas y sectores del Estado no aliados con los poderes de facto.

El proyecto político de corto plazo para la extrema derecha es el fracaso del proceso de paz, y llevarlo a feliz término es el nuestro, recurriendo a todas las alianzas que sean necesarias.

La lucha entre pacifismo y guerrerismo ha sido personalizada hasta ahora por el presidente Santos y el expresidente Uribe. La tercería de la Izquierda Democrática se mantiene de bajo perfil, lo que genera un círculo vicioso intrascendente que atrapa el debate nacional entre dos visiones obtusas sobre la guerra colombiana y su solución. La política nacional reclama a gritos una tercería autorizada, seria y coherente, que solo puede provenir de las fuerzas alternativas al establecimiento. Esa posibilidad depende de que también nosotros nos pongamos serios, saltemos sobre los estereotipos, renovemos nuestros discursos y le demos la cara a un debate debidamente informado sobre nuestro tiempo y nuestro espacio.

La reciente publicación de los acuerdos alcanzados en La Habana, ha hecho subir de tono la polémica entre todos los bandos participantes, observadores y estudiosos del proceso. La representación política de la oligarquía terrateniente desató una oposición enceguecida que más parece contra la Constitución de 1991 e incluso, contra la Reforma constitucional de 1936, que estableció la función social de la propiedad en Colombia. No acepta esa élite que se toque la estructura inequitativa y mafiosa de la propiedad territorial rural; no acepta que se remueva la causa objetiva básica del conflicto armado; no acepta que se libere de la pobreza a la población campesina que aún se resiste al despojo y al desplazamiento. Pero todo lo anterior sería mera anécdota, si en la historia colombiana del siglo XX no dijera que cuantas veces alguna élite modernizante quiso desde el Estado aliviar esa estructura antidemocrática de la propiedad, los terratenientes, también desde el Estado y también desde fuera, sabotearon y revirtieron cualquier legislación favorable al campesinado y a la sociedad nacional.

De tal suerte que el proyecto de frustrar el proceso de paz, no está a la espera de la refrendación de los acuerdos; su vocación no es democrática. La mentira, el matoneo contra los líderes populares, y los llamados ejércitos anti-restitución están a la orden del día para repetir la historia de que en Colombia los poderes de facto echan atrás mediante la violencia toda posibilidad de cambio, incluso dentro de los marcos del sistema capitalista y su modelo de desarrollo agrario.

Los puntos que faltan por negociar en La Habana son también álgidos y delicados. El uribismo estará siempre al acecho. Por nuestra parte, necesitamos aligerar el paso y ampliar la base social del Frente para convertirlo en una expresión del apoyo popular y ciudadano al proceso de paz. Además se impone un ejercicio de planificación estratégica que contemple las características de un año electoral atípico, porque tendrá además de las elecciones regionales y locales, la posible refrendación de los acuerdos entre gobierno e insurgencias.

Los certámenes electorales tienen significados distintos para los diferentes partidos de Izquierda y movimientos sociales; también varían sus estrategias y sus criterios para adelantar alianzas. La fijación del norte de la paz y el cumplimiento de los acuerdos que se lleven a refrendación, propiciará indudablemente la unidad de acción de las Izquierdas que se comprometan electoralmente. Jugaremos en las elecciones de 2015 a consolidar la paz y llenarla de contenido democrático; es decir, la paz va con derechos para que sea sostenible.

En ese contexto electoral local y regional, cobra vigencia el concepto de la paz territorial, especialmente cuando en nuestro país el poder oligárquico ha vivido históricamente fragmentado en una espacialidad diversa y compleja. Esa fragmentación ha generado procesos de particularización de la política y florecimiento de élites con vocación localista, desafectas a todo proyecto de unificación nacional, y dispuestas a defender sus privilegios al margen de las instituciones centrales del Estado.

Todo proyecto democrático nacional, por lo tanto, se enfrenta en Colombia a un reguero de élites con un reguero de grupos armados que solo se unen a la hora de derrotar a la democracia y a quien quiera meterlos en cintura. Son grupos solo funcionales a los autoritarismos y particularmente a los intereses de las oligarquías rurales, además sobrerrepresentados en los poderes públicos nacionales. Así, lo que suele llamarse paz territorial, es el reto de hacer política aterrizada, poniendo a jugar las relaciones de las comunidades con sus entornos físicos, sus culturas y sus construcciones sociales.

El criterio de la paz territorial, debe alumbrar el accionar del Frente Amplio por la paz y de la Izquierda en la refrendación de los acuerdos y en la contienda electoral por las administraciones locales y regionales. Es indudable que nuestras estrategias de aislar al uribismo y disputarle al neoliberalismo sus políticas públicas, nos ponen en centenares de contiendas regionales y locales con diferentes modalidades de dominación de clase, diversas modalidades de resistencia popular y distintas expresiones y actores del conflicto armado.

Así participaremos en la lucha electoral, sin desconocer que es desde la movilización y la acción callejera que las correlaciones de fuerzas pueden ser modificadas. Por lo tanto cualquier ganancia en ese plano, tendrá que ser aplicada a promover la organización y la lucha popular directa por el cumplimiento de los acuerdos y la profundización del programa democrático.

 Nuestro programa

Uno de los asuntos cruciales para el éxito del Frente es su amplitud. La amplitud no es una definición ni un conjunto de buenas intenciones; es ante todo el contenido programático. Es el programa lo que determina el alcance social y político del colectivo, el que dice quién cabe y quién no, quién puede y quién no puede pertenecer, porque adherir al Frente Amplio es abrazar su programa y aceptar responsabilidades en su desarrollo.

El programa del Frente solo puede ser construido como un ejercicio democrático y consensuado entre las organizaciones que lo conforman. Debe ser incluyente porque el pueblo colombiano en su conjunto necesita la paz, y unitario porque solo la confluencia de las organizaciones sociales, populares y partidistas garantiza que el mandato de la paz se convierta en realidad. El carácter unitario nos obliga a ser articuladores de esfuerzos por la paz y la democracia, pero también a articularnos con otros proyectos organizativos que vayan en la misma dirección. Nuestra apertura significa pluralismo hacia adentro y hacia el exterior, emulación y actitud constructiva con todas las propuestas que se acojan a nuestro programa o a parte de él.

El Frente Amplio por la Paz ofrece también una oportunidad de oxigenación al movimiento democrático y a las Izquierdas colombianas; es la posibilidad de un encuentro con el país real y con sectores de opinión pública normalmente ajenos al lenguaje político y confrontacional. El proyecto de programa que ponemos a consideración contiene los siguientes acuerdos:

En materia de paz:

• Respaldo a las mesas de diálogo con las insurgencias armadas como única vía de solución al conflicto armado colombiano.
• Exigencia del cese bilateral de fuegos para ambientar la finalización de los diálogos y la firma de los acuerdos.
• Participación de las víctimas de todos los actores armados en las conversaciones conducentes a los acuerdos.

En materia de participación política:

• Vigencia plena de los derechos humanos, desmonte del paramilitarismo y garantías para el ejercicio de la oposición. Apoyo pleno a los acuerdos entre el gobierno y las FARC sobre participación política.

En materia de medio ambiente:

• Defensa del patrimonio ambiental, las aguas, el suelo y el aire, contra la depredación de la gran minería y el desarrollismo.

En materia de democracia social y económica:

• Defensa del patrimonio público nacional, regional y local, contra las privatizaciones y la subasta de los bienes del Estado.
• El derecho a la salud, a la educación, al agua potable y al saneamiento básico deben garantizarse por parte del Estado y erradicarse el criterio de negocio en su provisión.
• Tierra, crédito, salud y educación para todos los jornaleros, colonos, pequeños y medianos propietarios campesinos. Apoyo pleno a los acuerdos entre el gobierno y las FARC sobre política de desarrollo agrario y sobre drogas ilícitas.
• Garantía de mínimos domiciliarios gratuitos de agua y energía para toda la población.
• Derecho a la ciudad para los pobladores urbanos, contra los desalojos y la segregación socioespacial.
• Equidad de género, derechos de las mujeres y de las minorías étnicas y sexuales.

 COMITÉ PROMOTOR DEL FRENTE AMPLIO POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA – ANTIOQUIA.