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Qué esconde Uribe?

Álvaro Uribe se contradice en propuesta de amnistía de Colombia

La idea de la amnistía está contemplada en el texto de los acuerdos de paz que no fueron refrendados en el plebiscito del pasado 2 de octubre.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez propuso al Senado una amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) tras los resultados del plebiscito por la paz llevado a cabo el pasado domingo en la nación suramericana.

La idea de la amnistía ya se encuentra contemplada en el texto de los acuerdos de paz que no fueron refrendados en la consulta popular del pasado 2 de octubre.

Según Uribe Vélez es necesario realizar cambios en el acuerdo. “Es un paso necesario que se den protecciones efectivas a las FARC y garantías que no va a haber violencia. Pido que con las facultades que tiene hoy el Gobierno se les dé amnistía a aquellos integrantes de las FARC cuyos delitos sean amnistiables”.

Para el líder del partido de derecha Centro Democrático antes de aplicar el perdón debe hacerse una profunda y clara distinción entre aquellos que tienen acusaciones pendientes por delitos de sangre y los que no. Estas condiciones y «peros» se centran sobre todo en dos puntos: la participación política y las condiciones de la amnistía para los m

iembros de la FARC-EP.

 

La diferenciación entre los que tienen delitos de sangre y los que no estarían vinculados a la posibilidad de estos de participar en la política colombiana. Hace un mes el senador declaraba que “Nada justifica permitir la elección de ‘Timochenko’ al Senado de la República o a la Presidencia, o de ‘Joaquin Gómez’ a la gobernación de La Guajira. Nuestra democracia les dio todas las oportunidades y prefirieron seguir con el asesinato”.

 ¿Qué esconde Uribe?

Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) recrudeció la persecución contra la insurgencia a través de una campaña militar entre fuerzas del Ejército y los grupos paramilitares, por lo que Uribe cuenta con varios procesos abiertos en tribunales colombianos.

De llegar a concretarse el planteamiento de la amnistía, el senador sería uno de los grandes beneficiados debido a que varias de las causas pendientes quedarían sin castigo y, por ende, podría seguir ejerciendo la política con todos o derechos garantizados.

Santiago Vélez, hermano del expresidente, aparece sindicado en crímenes cometidos por grupos armados vinculados a la agrupación conocida como los 12 Apóstoles.

El senador fue uno de los grandes impulsores del no en el plebiscito y criticó ampliamente los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. Durante cuatros años acusó al actual presidente de Colombia de estar entregándole el país a la insurgencia.

De ahí que los argumentos sobre una amnistía y a favor de no modificar sustancialmente los acuerdos de paz levante serias dudas.

En contexto

El Gobierno de Colombia y las FARC – EP firmaron el 26 de septiembre el Acuerdo final de Paz para terminar la confrontación armada de 52 años de antigüedad, que dejó 220 mil muertos y millones de desplazados.

El documento pasó a manos del Congreso de Colombia el 25 de agosto y este 2 de octubre recibió el rechazo de los colombianos.

El 2 de octubre se llevó a cabo el plebiscito para refrendar el acuerdo de paz para Colombia, los resultados dieron la victoria al No con el 50,23 por ciento de los votos de y el Sí con 49,76 por ciento.

TELESUR

AMNISTÍA VS INDULTO

La amnistía (del griego oamnestia, olvido) es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, en el que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva.

A diferencia del indulto, que extingue la responsabilidad penal actuando sobre la pena derivada de un delito (la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena), la amnistía actúa sobre el delito mismo. Por ello, la amnistía suele tener efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por el mismo motivo, es general, dado que actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos.

La amnistía suele suponer un nuevo juicio de valor sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de cambios sociales o de regímenes políticos y, en ocasiones, se asocia al perdón de presos políticos. Sin embargo, su empleo puede ser objeto de polémica, pues puede provocar la impunidad de quienes cometieron graves hechos durante un régimen anterior.

Diferencias entre indulto y amnistía

  • El indulto supone el perdón de la pena, mientras que la amnistía supone el perdón del delito. Por eso sólo se puede indultar respecto de la parte de la pena que no haya sido ya cumplida, mientras que la amnistía puede implicar rehabilitar al amnistiado en derechos ya perdidos al cumplir la pena impuesta.
  • El indulto afecta a una persona concreta, la amnistía afecta a una pluralidad.
  • El indulto no extingue la responsabilidad civil derivada del delito, la amnistía sí lo hace.
  • En general, para otorgar el indulto es necesario un acto administrativo, para la amnistía es necesaria una ley.
  • La amnistía extingue los antecedentes penales, mientras el indulto no lo hace necesariamente.
  • Para otorgar un indulto es necesaria sentencia firme, para la amnistía no es necesario.
  • La amnistía, por lo general, se aplica para los delitos políticos.

«El temor de Uribe conduce a Colombia a la sangre»

COMUNICADO SOLIDARIDAD CON FREDY MUÑOZ Y FENALPAZ

Nueva Escuela Popular yObrera
Boletín 26 Septiembre 2016

Hoy es un día especial y quisiéramos solo registrar hechos positivos, pero las circunstancias nos obligan a hacer un llamado de atención y un indignado rechazo al atentado contra la humanidad del presidente de FENALPAZ ANTIOQUIA León Fredy Muñoz ocurrido el día de ayer.

La Nueva Escuela Popular y Obrera (NEPO) se suman al llamado de FENALPAZ ANTIOQUIA frente al atentado que sufrió el presidente de esta federación. No solo lo rechazamos, consideramos que es el momento de mostrar que no existen complacencias y solidaridades dentro de los organismos de seguridad y las autoridades administrativas, exigimos el esclarecimiento de este hecho, ya que este como tal representa un atentado contra uno de los puntos más sensibles acordado en la Habana y es el de garantías de participación política.

Los acuerdos en el punto de NO REPETICIÓN debe ser una realidad, en estos casos EL ESTADO debe mostrar a la sociedad que este tipo de acciones no se tolerarán rompiendo de una vez y definitivamente con la constante histórica de tolerancia y complicidad con los hechos.

No nos queda duda de que este es un intento más por evitar el desarrollo de los acuerdos del proceso de paz y evitar que se concrete una Colombia de avanzada y/o progresista. De este modo llamamos la atención para hacernos partícipes en soñar que otra Colombia es posible y exigir que la investigación a este atentado llegue a un real esclarecimiento. Los tiempos no son los mismos a los vividos de la década de los 90 s y tenemos las herramientas para exigir el esclarecimiento de los hechos. El voto masivo por el “SI”, el 2 de octubre, es el primer paso para dar fortaleza a las herramientas que garantizan la NO REPETICIÓN.

MEDELLÍN 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Nueva Escuela Popular y Obrera
NEPO

«Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción»
Simon Bolivar


http://www.nepoescuela.org

NUEVO PLAN CONDOR, Patricio Mery

Líderes asesinados después de la firma del acuerdo de paz

16 Líderes comunitarixs y defensores de Derechos Humanos asesinadxs en Colombia, entre el 26 de agosto y el 15 de septiembre

Ursula Paz·Martes, 13 de septiembre de 2016
El Gobierno colombiano debe implementar inmediatamente los mecanismos concretos, reales y efectivos de protección acordados en La Habana y todas las medidas necesarias para garantizar la vida y los Derechos Humanos de las comunidades.
14 Líderes comunitarixs y defensores de Derechos Humanos asesinados en Colombia en las ultimas tres semanas.
-26 de agosto. Roberto Taicus Bisbicus (50 años). Tumaco, Nariño
-28 de agosto. Diego Alfredo Chirán Nastacuas (24 años). Barbacoas, Nariño, Indígenas awá.
-29 de agosto. Luciano Pascal García (23 años) y Alberto Pascal García (21 años). Tumaco, Nariño, Indígenas awá.
-28 de agosto. Nereo Meneses, Joel Meneses y Ariel Sotelo. Almaguer, Cauca. Líderes de Cauca, defensores del medio ambiente y miembros del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).
-5 de septiembre. Simón Álvarez Soscué (64 años), Martha Pipicano (65 años), Libio Antonio Álvarez (36 años) y Salvador Acosta. Sucre, Cauca. Asesinados en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Sucre, Cauca.
-8 de septiembre. Cecilia Coicué (58 años). Corinto, Cauca. Líder indígena y campesina del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, con el agravante de ser la propietaria de uno de los predios donde se concentraran las FARC-EP
-8 de septiembre. Maria Fabiola Jiménez de Cifuentes (69 años). Barbosa, Antioquia. Líder comunitaria de la vereda Las Lajas, del municipio de Barbosa, Antioquia.
-11 de septiembre. Néstor Iván Martínez. San Juan del Cesar, Líder del Congreso de los Pueblos, vocero de la Comisión de Interlocución y miembro del consejo comunitario de las comunidades negras de la Sierr.
– 15 de septiembre. Ovidio Arley Bustamante Chavarria. Lider campesino de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca. William García Cartagena, Defensor de Derechos Humanos que acompañaba a víctimas del conflicto interno y a mineros informales en Segovia (Antioquia).

A esto se suma la denuncia el pasado 5 y 7 de septiembre de la presencia de paramilitares en las veredas Arenas Altas, La Esperanza, La Hoz, Rodoxalí y El Porvenir de San José de Apartadó.

FUENTE: https://www.facebook.com/notes/ursula-paz/16-l%C3%ADderes-comunitarixs-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinadxs-en-colombia-/311185949233886

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Los 13 líderes asesinados después de la firma del acuerdo de paz

Desde el 26 de agosto casi a diario ha muerto violentamente un líder regional. La mayoría provienen de Nariño y Cauca.

Néstor Iván Martínez y Maria Fabiola Jiménez de Cifuentes son los últimos nombres que aparecen en el listado de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el país en los últimos 18 días (del 26 de agosto al 13 de septiembre). Según la Defensoría, 11 personas más completan el lamentable registro.

Martínez, líder de las comunidades negras de Cesar y opositor férreo a la minería, fue asesinado este lunes en su propia casa en San Juan del Cesar. El mismo día la líder antioqueña María Fabiola Jiménez recibió varios disparos en el bus en el que se transportaba en Barbosa, Antioquia.

Estos hechos están alimentando el miedo y la zozobra en los líderes de las regiones. Carlos Andrés Guevara, coordinador del programa Somos Defensores, aseguró que esta organización ya había advertido que «en tanto se vaya acercando la firma de los acuerdos, este tipo de violencias se van a hacer más críticas”.

Según Guevara, detrás de la mayoría de estos asesinatos hay un perfil claro. Las víctimas son líderes que hacen pedagogía por la paz, son defensores del medio ambiente y opositores a actividades como la minería y la siembra de cultivos ilícitos, o están librando batallas por la tierra. Son, además, líderes locales.

“Venimos advirtiendo que los posacuerdos en otros países dieron como resultado la focalización de la violencia –aseguró Guevara–. Lo mismo está pasando en Colombia: la violencia se está concentrando en líderes de zonas rurales, muy poco visibles, que hacen un trabajo muy local. El blanco no son los líderes con alto nivel de visibilidad porque estos asesinatos tienen un costo político y social muy alto”.

“Al Gobierno también lo alarman estas cifras y rechaza estos asesinatos. Nos parece que es un número realmente indignante”, le dijo a Semana.com el viceministro del Interior, Guillermo Rivera.

Rivera aseguró que “coincide parcialmente” con la teoría de Somos Defensores, al relacionar algunas de estas muertes con la minería ilegal. Según el viceministro, la hipótesis de la Fiscalía sobre el asesinato de dos indígenas awá en Nariño (que hacían parte de la guardia indígena de esa comunidad) apunta a su rechazo a la extracción minera.

En el caso de los asesinatos de tres defensores del medio ambiente en Almaguer (Cauca) y de cuatro campesinos en Sucre (Cauca), la hipótesis de las autoridades apunta al ELN. “El propio partido Comunista ha denunciado ataques del ELN a líderes de izquierda de ese partido. Todas esas hipótesis se están evaluando”, señaló Rivera. El Partido Comunista aseguró recientemente que en los últimos 30 años esta guerrilla ha matado a 40 de sus miembros.

Guevara, de Somos Defensores, lamentó que el Gobierno sólo esté reaccionando “en la medida en que haya muertos. Después de la firma de los acuerdos va a venir una violencia generalizada, ¿qué se está haciendo para reaccionar a eso? Hay una fuerte presencia de grupos oscuros cuya configuración no se sabe; muchos de ellos que provienen del paramilitarismo. Pero también hay un ejercicio de acopamiento de espacios por parte del ELN. No se dice públicamente porque todavía no se puede confirmar, pero cada vez se ve más cómo se están moviendo”.

Los acuerdos de paz de La Habana contemplan la protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según el viceministro Rivera este lunes ya se dio un paso en esa dirección: se creó una “Comisión de alto nivel de garantías de seguridad para el ejercicio de la política”. Además, Rivera aseguró que la Fiscalía y la Policía recibieron “una directiva para priorizar las investigaciones” relacionadas con líderes sociales, y que la Unidad Nacional de Protección está “haciendo una revisión de los esquemas de seguridad” de los líderes sociales de Nariño y Cauca.

Según Somos Defensores, en lo que va del 2016 han sido asesinados 51 líderes en todo el país. Esta lamentable radiografía es también un reto mayúsculo para el Gobierno, que además de silenciar los fusiles de las FARC, deberá hacer lo mismo con los que están intimidando a los líderes sociales.

Así han sido silenciados campesinos, indígenas y líderes, en las últimas tres semanas:

26 de agosto. Roberto Taicus Bisbicus (50 años). Tumaco, Nariño

Líder del pueblo indígena awá y profesor del centro educativo de la comunidad El Hojal La Turbia, en zona rural de Tumaco. El día del asesinato Taicus había retirado dinero de un banco en Tumaco y se dirigía a su casa, cuando una motocicleta interceptó el taxi en el que se transportaba y desde allí le dispararon. Taicus tenía un papel activo en el proceso político y de resistencia de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).

28 de agosto. Diego Alfredo Chirán Nastacuas (24 años). Barbacoas, Nariño

Indígena awá. Su cuerpo fue encontrado en la vía que conduce de Tumaco a Pasto amarrado cerca de un retén militar, con signos de tortura y siete impactos de bala. Un grupo de hombres se lo había llevado a la fuerza de su vivienda en el corregimiento El Diviso, municipio de Barbacoas.

29 de agosto. Luciano Pascal García (23 años) y Alberto Pascal García (21 años). Tumaco, Nariño

Los dos indígenas awá pertenecían a la guardia indígena de su comunidad. Recibieron varios disparos desde una motocicleta, mientras se desplazaban del corregimiento de Llorente (Tumaco) hacia el resguardo Hojal La Turbia.

28 de agosto. Nereo Meneses, Joel Meneses y Ariel Sotelo. Almaguer, Cauca

Líderes de Cauca, defensores del medio ambiente y miembros del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Asesinados en la vereda La Herradura del municipio de Almaguer, en el sur del departamento. Seis hombres vestidos de camuflado y fuertemente armados los interceptaron en la carretera, los condujeron a la vereda Monteoscuro y allí los mataron. Eran abiertamente opositores a la minería y a la siembra de cultivos ilícitos en su territorio.

5 de septiembre. Simón Álvarez Soscué (64 años), Martha Pipicano (65 años), Libio Antonio Álvarez (36 años) y Salvador Acosta. Sucre, Cauca

Los cuatro campesinos fueron asesinados en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Sucre, Cauca. Ocho hombres vestidos de negro y portando armas de largo alcance atacaron a Simón Álvarez y a Salvador Acosta. Luego prendieron fuego a una casa aledaña, propiedad de la familia Álvarez Moncayo. En su interior fueron encontrados los cuerpos incinerados de Martha Pipicano y Libio Antonio.

8 de septiembre. Cecilia Coicué (58 años). Corinto, Cauca

Líder indígena y campesina. Fue encontrada muerta cerca de una quebrada que linda con su finca El Vergel, ubicada en la vereda La Cominera del municipio de Corinto. Fue atacada con arma blanca a la altura del cuello. La mujer planeaba alquilar sus tierras para instalar una zona veredal transitoria de normalización, acordada entre el Gobierno y las FARC.

8 de septiembre. Maria Fabiola Jiménez de Cifuentes (69 años). Barbosa, Antioquia

Líder comunitaria de la vereda Las Lajas, del municipio de Barbosa, Antioquia. La mujer, quien viajaba en el segundo asiento de un bus, recibió siete disparos de una persona que también iba en el vehículo. El ataque se presentó a la entrada de la vereda Isaza, a unos cinco minutos del casco urbano de Barbosa.

Le recomendamos: Denuncian asesinato de líderes campesinos por paramilitares en el Bajo Cauca antioqueño

11 de septiembre. Néstor Iván Martínez. San Juan del Cesar

Líder del Congreso de los Pueblos, vocero de la Comisión de Interlocución y miembro del consejo comunitario de las comunidades negras de la Sierra, El Cruce y La Estación, en el Centro de Cesar. Hombres armados que se movilizaban en motocicletas arribaron a su finca en la zona rural de la Sierrita, en el municipio San Juan del Cesar, amarraron al administrador de la finca y esperaron la llegada de Martínez para asesinarlo. Era ampliamente conocido por su trabajo en defensa del territorio y el medio ambiente, y en contra de la minería.

FUENTE: http://www.semana.com/nacion/articulo/los-13-lideres-asesinados-despues-de-la-firma-del-acuerdo-de-paz/493528
2016/09/12

Asesinado líder del Congreso de los Pueblos en el Centro del Cesar

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Acción Urgente: Asesinado líder del Congreso de los Pueblos en el Centro del Cesar

Lamentamos informar y denunciar ante la opinión pública nacional e internacional que en la tarde de hoy 11 de septiembre de 2016, fue asesinado el líder NESTOR IVAN MARTINEZ, vocero de la comisión de interlocución y miembro del Congreso de los Pueblos en el Centro del Cesar.

Hombres armados que se movilizaban en motocicletas, llegaron a la finca del hermano del líder comunitario ubicada en la zona rural de la Sierrita. Allí amarraron al administrador de la finca y a su esposa. Cuando NESTOR IVAN MARTINEZ llegó a la finca lo asesinaron propinándoles dos disparos en la cabeza.

NESTOR IVAN MARTINEZ, era además miembro del Consejo comunitario de las comunidades negras de la Sierra, El Cruce y La Estación CONESICE en el Centro del Cesar y venía liderando un proceso comunitario en defensa del territorio y el medio ambiente y en contra de la minería en esta región del país. Así también, NESTOR IVAN MARTINEZ, había liderado a mediados de julio una jornada de protesta ante la decisión del cierre del Hospital Público San Andrés del municipio de Chiriguaná. Es importante resaltar que durante los días de la protesta, fue asesinado el joven NEIMAN AGUSTIN LARA, integrante del Consejo Comunitario de La Sierrita, y la comunidad fue víctima de muchas agresiones y atropellos por parte de la Fuerza Pública.

Los líderes y lideresas de la Comisión de Interlocución se encuentran en grave riesgo. El 25 de agosto fueron repartidos en varios municipios del Sur del Cesar un panfleto en el que amenazaron a la Comisión de Interlocución. El mencionado panfleto fue firmado por un Grupo que se hace llamar GALS o Grupo Armado de Limpieza Social. En este panfleto, el grupo advierte que se dirige a los departamentos del Cesar, Bolívar y Santander y amenazan con nombres propios a varias personas de la región. Por ejemplo, en el extenso comunicado, al referirse a la CISBCSC, el grupo armado dice que: “SE AMPARAN EN UNA MESA DE INTERLOCUCIÓN DE ORIGEN GUERRILLERO POR IVAN CEPEDA LE VAMOS A CORTAR A CUALQUIERA DE ESTA MESA UNA PATA PARA QUE QUEDE MOCHA..” (sic)

El panfleto, a lo largo del escrito, señala la inconformidad por la ocupación de varias fincas inexplotadas económicamente, en las cuales centenares de familias victimas del conflicto armado se han asentado, pues han visto en estas tierras una oportunidad de subsistencia, estableciendo cultivos de pancoger, con el fin de mitigar el hambre y la ausencia de vivienda, ante las difíciles condiciones de pobreza, desarraigo y abandono a que han sido sometidas por los grupos armados y el Estado Colombiano.

EXIGIMOS AL ESTADO DE COLOMBIA

– El cumplimiento de los acuerdos establecidos entre la Cumbre Agraria y el Gobierno Nacional, en consecuencia la inmediata protección de los líderes, lideresas y voceros del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria.

– Garantías y protección a la vida de los líderes y lideresas del Consejo Comunitario de La Sierrita y a los voceros y voceras de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar.

– Garantías y protección a la vida, integridad física y libertad de las comunidades que se encuentran asentadas en varios predios exigiendo al Estado solución inmediata a su problemática.

– Investigación pronta y eficaz y sanción a los responsables del asesinato de nuestro líder NESTOR IVAN MARTINEZ, así como también del asesinato de NEIMAN AGUSTIN LARA, ocurrido en esta misma comunidad.

– El desplazamiento inmediato de una comisión de verificación conformada por autoridades del orden nacional, en la cual sea invitada la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de acompañar a la comunidad, verificar los hechos de agresión a la misma, iniciar las investigaciones pertinentes y tomar medidas inmediatas de protección.

– La convocatoria inmediata a la reanudación de la Mesa de Interlocución del Sur del Bolívar, Centro y Sur del Cesar con el fin de continuar adelantando la agenda de interlocución concertada, pero en la práctica suspendida unilateralmente por el gobierno nacional.

– La presencia inmediata en la región de la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Nacional de Victimas, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, entre otras, con el fin de realizar una reunión con delegados de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, en la que se defina una ruta que permita resolver la grave crisis humanitaria y los conflicto de tierras que se viven en la región. Todo ello en cumplimiento de los acuerdos realizados con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en el marco de la agenda de la Mesa de Interlocución regional.

– La desarticulación del paramilitarismo en esta región del país e investigación y sanción a quienes vienen ejerciendo amenazas y sembrando terror en esta región.

Septiembre 11 de 2016.

COMISIÓN DE INTERLOCUCIÓN DEL SUR DE BOLÍVAR, CENTRO Y SUR DEL CESAR

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS
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cp3

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS
12 Septiembre 2016

El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, el Proceso Social y Territorial de Garantías y organizaciones de derechos humanos, nuevamente manifestamos indignación y alertamos por el incremento y aumento de las múltiples y selectivas violencias manifestadas en agresiones, amenazas y asesinatos que se vienen presentando contra los diferentes liderazgos defensores y defensoras de derechos humanos en las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia, sobre todo en el marco de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC-EP.

Estas agresiones ocurren luego de la firma el pasado 24 de agosto de 2016, cuando se dio a conocer el fin de las negociaciones y el ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, en el cual se plantea transversalmente implementar acciones encaminadas a las Garantías de No Repetición de hechos victimizantes, tal como aparece en el Punto 3 donde se circunscribe: “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Solo en los últimos quince días, paradójicamente en el marco de la semana de los Derechos Humanos conmemorada por múltiples organizaciones y movimientos sociales, se han registrado los asesinatos de Cecilia Coicué, ocurrido el pasado 7 de septiembre de 2016, lideresa perteneciente al movimiento Marcha Patriótica Cauca; y el día 11 de septiembre el asesinato del líder Néstor Iván Martínez, vocero de la Comisión de Interlocución del Centro y Sur del Cesar y miembro del Congreso de los Pueblos; y ese mismo 11 de septiembre se reportó el asesinato de María Fabiola Jiménez, lideresa comunitaria del municipio de Barbosa Antioquia.

Estas muertes se suman a las vergonzosas cifras registradas recientemente por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, según las cuales en lo corrido del año han sido asesinados 49 defensores de derechos humanos en todo el país.

Adicional a esto, la crisis humanitaria en varias zonas del Chocó y la difícil situación humanitaria que se viene presentando en algunas veredas de San José de Apartadó (Urabá antioqueño) y Saiza (Tierralta, Córdoba), por la presencia de grupos paramilitares causantes de graves violaciones a los derechos humanos, asesinatos, desplazamientos, masacres que nuevamente ponen en riesgo a las comunidades campesinas.

Insistimos en que la implementación de los mecanismos y garantías de no repetición y las acciones de esclarecimiento de estos dolorosos hecho deben ser de urgencia, contundentes y prioritarias por la Fiscalía General de la Nación.

Condenamos los hechos y los asesinatos aquí relatados, exigimos categóricamente al Gobierno Nacional, al señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón; y a la Gobernación de Antioquia, presidida por Luis Pérez Gutiérrez; para que asuma sus responsabilidades, tome decisiones efectivas de cara a las garantías de no repetición y lucha contra la impunidad de estos homicidios.

Un país en transición hacia la paz no puede permitirse que se continúen asesinando hombres y mujeres que buscamos aportar a la democracia. Esto genera un panorama muy desalentador y a la vez produce un ambiente de escepticismo e indignación ante las omisiones del Estado colombiano por el desempeño de funciones tan esenciales camino a la paz.
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cp5

La Federación Agrominera del Sur de Bolívar – FEDEAGROMISBOL y la Corporación Sembrar denuncian los siguientes hechos:

1. Según versiones de la comunidad, a las 5 de la tarde del día domingo 11 de septiembre, un helicóptero artillado realizó un desembarco de tropa, perteneciente al Batallón Nueva Granada, en el municipio de San Pablo, vereda Patio Bonito.

2. Al momento del desembarco se presentaron ametrallamientos indiscriminados, en estos ametrallamientos fue alcanzada la vivienda del señor Alvaro Rincón, afiliado a la junta de Acción Comunal de la vereda, quien resultó herido y posteriormente rematado, por uno de los militares dentro de su propia vivienda, según lo relataron los pobladores de la zona, quienes afirmaron que el señor Rincón se abrazo a su hijo pidiendo que no lo asesinaran.

3. Las comunidades vecinas de la vereda Patio Bonito al percatarse de lo ocurrido, se reunieron en la finca para ayudar la familia de la víctima, mientras llegaban pobladores de los corregimientos vecinos un poco mas retirados, como Vallecitó y Diamante; con el fin de no dejar levantar el cadáver hasta no esclarecer lo sucedido.

4. La fuerza publica al ver la reacción de la comunidad llevo hasta la zona miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, quienes quemaron una moto y arremetieron contra los pobladores hiriendo a varios de ellos y retirando el cuerpo del señor Alvaro Rincón.

5. La comunidad fue dispersada por el ESMAD y no se les permite acercarse al lugar de los hechos.

En el día de hoy una comisión integrada por la defensoría del Pueblo y delegados de la alcaldía del municipio de San Pablo, junto con líderes de la comunidad, viajaron hacia la zona con el fin de verificar lo sucedido en la vereda Patio Bonito.

Solicitamos:

Que se investigue y sancione a los responsables de los hechos ocurridos en los que fue asesinado el señor Alvaro Rincón, y resultaron varias personas heridas.

Garantías y protección a la vida e integridad física de las comunidades agromineras del Sur de Bolívar.

CONGRESO DE LOS PUEBLOS – ANTIOQUIA
congresopueblos.antioquia@gmail.com
https://www.facebook.com/congresopueblos.antioquia

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MEDELLIN: COMUNICADO SOLIDARIDAD CON LA ENS

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En riesgo los defensores de DD.HH. en Colombia. Paramilitarismo la mayor amenaza

Apr 16, 2016

 

Foto: rueda de prensa Informe DD.HH 2015 /Miguel Martínez.

Foto: rueda de prensa Informe DD.HH 2015 /Miguel Martínez.

 Bogotá D.C. 13 de abril de 2016

Ante la opinión pública presentamos el “Informe 2015 sobre la situación de derechos humanos y DIH en Colombia”. CINEP/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en Colombia y alertan sobre el riesgo que representa para la vida y la garantía del derecho a defender el aumento de las amenazas de grupos paramilitares en contra de líderes sociales y defensores de DD.HH.

Con relación a las violaciones a los derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social, se reportaron como principales presuntos responsable los paramilitares con 1064 hechos victimizantes, seguidos por la Policía Nacional con 572, el Ejército Nacional con 292. Las regiones más afectadas son Bogotá con 375 hechos, seguido por Cauca con 237, Santander con 188, y Valle del Cauca con 175. Con respecto al método de victimización más utilizado en Bogotá y Cauca es la amenaza; mientras que en Santander priman las ejecuciones extrajudiciales. Pero también se reportan casos de victimización como las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias.

Según Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general del CINEP/Programa por la paz, “una sociedad que amenace, persiga, asesine y desaparezca a sus defensores de derechos humanos es una sociedad que camina por los senderos de la antidemocracia, es una sociedad éticamente enferma, una sociedad con muchos desafíos para construir una paz con equidad, con justicia y con el reconocimiento profundo de la diversidad y dignidad de todos sus ciudadanos”.

Por otro lado, el registro hecho por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP confirma que la “guerra sucia sigue vigente en Colombia”, en palabras de Guerrero, puesto que en los casos de amenaza y asesinato, documentados durante 2015, los presuntos responsables actuaron de manera encubierta y no existen hasta el momento posibilidades de saber quiénes fueron los perpetradores. Esta idea la complementó Javier Giraldo, S.J., investigador del Banco de datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP, explicando en contraste lo que sería una “guerra limpia”, dijo: “¿Que sería una guerra limpia? Aquella que establece parámetros entre combatientes, por su parte la guerra sucia es la que quiere destruir una persona porque tiene ideas contrarias usando métodos clandestinos”.

Otro de los asuntos que preocupan es la creciente criminalización de la protesta social mediante la judicialización de líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos que da cuenta de las variaciones de la violencia y atentan contra la superación del conflicto armado, “la defensa de los derechos humanos es el primero de nuestros deberes de paz”, afirmó Alejandro Angulo, S.J., coordinador del equipo de Derechos Humanos del CINEP/PPP.

Como caso regional Erika Agredo, líder y activista de la organización Territorios  por la vida digna en el Cauca, presentó la situación de los defensores de derechos humanos en este territorio, según Agredo, “el accionar paramilitar ha sido sistemático, 2015 fue el año de la amenazas y al parecer 2016 será el año de los asesinatos”. Según Agredo, en los últimos dos meses se han dado asesinatos de líderes afrodescendientes, campesinos e indígenas. Agredo señaló con nombre propio cinco de estos casos.

 Modificado por última vez en Miércoles, 13 Abril 2016 18:53

 cinep.org.co

 

RECHAZANDO EL ASESINATO DE WILLIAM CASTILLO CHIMA

Despido masivo de trabajadores de Hidroituango

 

 

Despido masivo de trabajadores de Hidroituango es  un nuevo impacto generado por EPM a causa del incumplimiento de la Licencia Ambiental

Marzo 02 de 2016

http://debatehidroituango.blogspot.com.co/2016/03/despido-masivo-de-trabajadores-de.html 

El Movimiento Ríos Vivos extiende un abrazo solidario a los cientos de obreros que han sido despedidos del proyecto hidroeléctrico Hidroituango sin justa causa y elevamos nuestra petición para que el Ministerio de Trabajo y Protección Social examine esta situación y brinde garantías para que no se vulneren los derechos laborales por parte de Empresas Públicas de Medellín EPM.

Estos despidos masivos constituyen un nuevo impacto y conflicto que debe ser atendido inmediatamente por EPM. El derecho al trabajo es un derecho humano y no debe afectarse a causa del incumplimiento de la licencia ambiental, es decir, rechazamos de forma contundente que por la violación de la legislación ambiental por parte de EPM sean los trabajadores quienes asuman los pasivos generados por dicho incumplimiento.

Por otra parte, en la Licencia Ambiental se reconocen solo 27 impactos del proyecto hidroeléctrico Hidroituango -24 negativos y 3 positivos-, la generación de empleo se percibe como uno de los positivos. No obstante, los despidos masivos son muestra de un impacto adicional: “La generación de desempleo” que debe ser incluido dentro del Estudio de Impactos y su correspondiente Plan de  Manejo que lo mitigue, repare y compense debidamente incorporado en la licencia ambiental de Hidroituango por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Desde finales del mes de enero del año en curso han sido despedidos cientos de obreros algunos de ellos aducen como razones dadas por los contratistas la sanción impuesta a Hidroituango por parte de la ANLA según la Resolución 0027 del 15 de enero de 2016. El Movimiento Ríos Vivos Antioquia aclara a la comunidad en general que la sanción fue impuesta a la empresa constructora por incumplimiento de sus obligaciones ambientales; desde ningún punto de vista esta sanción es para los trabajadores o contratistas y por ello exigimos que se respete el derecho al trabajo en condiciones dignas por parte del grupo EPM.

La contratación de Mano de Obra para Hidroituango ha sido calculada en alrededor de cinco mil empleos, es el impacto “positivo” más ampliamente difundido por la empresa constructora, sin embargo esta cifra no da cuenta de un empleo digno, pues un factor fundamental de dignidad es la estabilidad laboral, los salarios justos y el buen trato, situaciones que se han alterado por la irresponsabilidad con la que EPM asume las sanciones impuestas por sus violaciones a la Licencia Ambiental según la resolución 0027.

Dicha Resolución suspendió las obras entre la vía entre Puerto Valdivia y la zona de la presa por el vertimiento de toneladas de material de excavación al Río Cauca, afectando a pobladores, barequeros y pescadores que interactúan con la cuenca del río aguas abajo. La gravedad de este daño ambiental es indiscutible pues el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto menciona que la disposición de estos materiales se relaciona estrechamente con la mayoría de los impactos sobre el agua, suelo, aire, ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos e impactos sociales.

También es necesario resaltar que el Movimiento Ríos Vivos lucha incansablemente por la defensa de los derechos de los afectados por represas y la preservación de la vida; desde sus inicios en Antioquia ha luchado porque se respeten los derechos de los trabajadores del río Cauca, de las comunidades barequeras, campesinas, pescadoras, jornaleras, cocineras y arrieras que han visto afectadas sus labores con la construcción de Hidroituango; es por esto que nos indignamos con la situación de los trabajadores despedidos y de sus familias, y exigimos también que se respeten sus derechos por parte de Hidroituango.

Por lo anterior invitamos a los obreros a organizarse por la defensa de sus derechos laborales, la dignidad en el trabajo no se negocia, las responsabilidades son de la empresa no de ustedes.

A los trabajadores y a la comunidad en general, también los invitamos a unirse a la gran Movilización el 14 de marzo en la ciudad de Medellín en defensa del agua y la vida desde la 1:00 p.m. en el Parque Botero en el marco de la VI Jornada Nacional por la Defensa de los territorios que convoca a nivel nacional el Movimiento Colombiano Ríos vivos

Exigimos:

  1. A EPM que reintegre de inmediato a los obreros despedidos y se les ubique en otros frentes de obras dando condiciones de estabilidad laboral sin que ello implique violaciones al derecho a un ambiente sano.
  2. Al Ministerio del trabajo que se pronuncie en relación a las responsabilidades laborales de las empresas cuando se presentan medidas preventivas como la suspensión de obras por incumplimiento de obligaciones estipuladas en la Licencia Ambiental.
  3. Al Ministerio del Trabajo que verifique e inicie un proceso de investigación expedito sobre los derechos laborales de cada una de las personas que laboran para Hidroituango y en la cuenca del río Cauca afectada por la construcción de la Hidroeléctrica.
  4. A la ANLA que realice un seguimiento expedito al tema laboral, examinando la permanencia y las garantías de sus derechos y se incluya la generación de desempleo como otro de los impactos generados por el megaproyecto así como sus respectivas medidas de mitigación.
  5. A la ANLA que verifique y sancione, esta situación en el marco de la Licencia Ambiental a Hidroituango.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

www.debatehidroituango.blogspot.com Empresas Públicas de Medellín Viola derechos laborales de obreros con Hidroituango