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ImagenColombia: «El documento que revela la verdad sobre Uribe»
POR: LEON VALENCIA
La colombiana es una democracia atravesada por la violencia, las mafias y el clientelismo que no ha permitido ni el florecimiento de una derecha decente ni la aparición de una izquierda competitiva. Pero el uribismo no quiere que le toquen un pelo a este remedo de democracia.
No quería escribir sobre las 68 críticas de Uribe y su partido a los acuerdos de La Habana. Ya hay suficientes pronunciamientos y columnas sobre el asunto, me decía. Pero he visto que la mayoría de los analistas se detienen en las mentiras y exageraciones del texto. No se fijan en la doctrina que lo alimenta. No advierten el tipo de propiedad que defiende, la democracia que protege y la lucha contra el narcotráfico que alienta. Ahí está la verdad de esa corriente política.
Tiene razón Uribe. No deberíamos estar discutiendo con la guerrilla sobre una reforma agraria integral. Esa tarea la hicieron los capitalistas visionarios de manera gradual o las revoluciones triunfantes a la largo del siglo XX en muchos países. Aquí la intentaron Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo y no pudieron. La resistencia de los grandes terratenientes se los impidió.
Por eso a estas alturas del siglo XXI los ganaderos poseen 39,5 millones de hectáreas, es decir, el 35 por ciento del territorio nacional y allí pastan 25 millones de reses, ni siquiera una res por hectárea, según los datos del informe de Naciones Unidas para el desarrollo de 2011 dedicado a la Colombia rural. Dice también que tenemos una de las más altas concentraciones de tierra del mundo. Dice igualmente que el 64,3 por ciento de la población campesina vive en la pobreza. Es un feudalismo tardío que ahoga al campo colombiano.
La Mesa de La Habana se convirtió en un pretexto para volver a hablar de un tema que no se tocaba desde 1971 cuando el gobierno de Misael Pastrana Borrero suscribió en Chicoral, Tolima, un pacto con los terratenientes para echar abajo el intento de reforma de Lleras. Es así de triste el asunto. Uribe entonces levanta la voz contra algunas medidas que anuncian tímidamente que se expropiarán, si es necesario, con indemnización, tierras que no están cumpliendo una función social para entregar en forma gratuita a los campesinos.
Porque dice su documento: “Lo que exige la agricultura son grandes inversiones en extensas plantaciones… No desconcentrar y repartir la propiedad”. El mismo argumento del 71. La misma treta para defender el gran latifundio que nunca ha aceptado la modernización, porque se le hace más rentable no pagar impuestos y mantener en condiciones laborales lamentables a miles de campesinos.
En el terreno político la desfachatez es mayor. Dice el documento: “Colombia es una democracia amplia, pluralista y participativa” y agrega: “En Colombia existen condiciones suficientes para la conformación de nuevos partidos y movimientos políticos”. Pues bien, este tipo de democracia permitió el genocidio de un partido político entero, la Unión Patriótica; y los magnicidios de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro Leongómez, Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, candidatos presidenciales de diversos partidos.
Facilitó el acceso al Congreso de 61 candidatos condenados hoy por vínculos con paramilitares y 67 más que han sido investigados por el mismo delito. También, claro, ha posibilitado la persistencia de unas guerrillas que han golpeado sin misericordia a la población civil y a la institucionalidad. Es una democracia atravesada por la violencia, las mafias y el clientelismo que no ha permitido ni el florecimiento de una derecha decente ni la aparición de una izquierda competitiva. Pero el uribismo no quiere que le toquen un pelo a este remedo de democracia. Les irrita que el acuerdo acepte que, “en Colombia la democracia es estrecha, no es pluralista y no hay garantías para la participación y la inclusión política”.
En la lucha contra las drogas ilícitas el uribismo hizo una jugada magistral en 2003. Ligó el narcotráfico principalmente a las Farc. Logró que Estados Unidos enfocara su guerra contra las drogas hacia la guerrilla. Acuñó la frase: “Las Farc son el más grande cartel de drogas del mundo”. Partía de algo innegable, la subversión armada tenía como fuente principal de finanzas al narcotráfico. Pero el grueso del negocio seguía estando en manos de los narcotraficantes comunes y silvestres que se habían refugiado en el paramilitarismo. Con este ardid Uribe negoció con los paramilitares y no puso en la Mesa de conversaciones el narcotráfico. Ahora, con descaro, impugna que Santos, en una jugada certera, meta el tema en la Mesa y acuerde con las Farc un plan para atacar el negocio.
Termino esta columna diciendo que no me gusta que la respuesta de Santos a las críticas de Uribe sea que no están concediendo nada, que todo está en el Estado de Derecho vigente. Una paz verdadera exige cambios en la realidad y cambios en el derecho. Eso hay que decirlo de frente para que el país lo entienda.
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Publicado en derechos humanos
Gloria Inés Ramírez y Atilio Borrón detenidos en México, marzo 23 de 2017
En el marco del XXI Seminario Internacional “Los partidos y una nuevasociedad”, realizado en la ciudad de México, ocurrió un hecho que llamó la atención de los participantes. Dos dirigentes políticos de renombre continental fueron detenidos en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La exsenadora colombiana Gloria Inés Ramírez y el intelectual argentino Atilio Borón. Las dos personalidades fueron consideradas por las autoridades de ese país como peligro para su seguridad después de conocerse una circular emitida por la embajada de los Estados Unidos en el país centroamericano.
La detención fue por el lapso de tres horas y no es la primera vez que sucede. La dirigente comunista y vocera de Marcha Patriótica padeció la misma situación en un viaje a Cuba, cuya escala fue en la ciudad de Panamá. Allí, como en México, fue interrogada por sus actividades y militancia política.
Los participantes del Seminario Internacional se solidarizaron con los dos dirigentes latinoamericanos y expresaron su rechazo por la manera de actuar de las autoridades mexicanas.


Tomado de: http://semanariovoz.com/gloria-ines-ramirez-y-atilio-borron-detenidos-en-mexico/
Asesinan en el área metropolitana de Medellín a dos dirigentes sociales, uno de la organización “Congreso de los pueblos”
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| Boletín 05 Marzo 2017 | ||
| Creíamos que este comunicado ya no se escribiría, pero estamos acá nuevamente repitiendo la historia. De nuevo este fin de semana asesinan en el área metropolitana de Medellín a dos dirigentes sociales, uno de la organización “Congreso de los pueblos” desplazada de Urabá que vivió en la comuna 13 y un dirigente social defensor de derechos humanos en Bello.
Seguimos repitiendo una y otra vez el llamado urgente de iniciar el cumplimiento del acuerdo de paz en lo que tiene que ver con la persecución paramilitar. No obstante, se replica el mismo argumento Estatal de los 80’s, los 90’s y lo que va corrido del siglo XXI, “El paramilitarismo no existe” o “Los crímenes carecen de sistematicidad y coordinación” e insisten en negar la penetración del fenómeno en las filas de la fuerza pública. Ver palabras del ministro de defensa (1)[i]. Adicional a la sistematicidad, coordinación, participación de funcionarios públicos en el fenómeno paramilitar y de las lamentables respuestas gubernamentales podemos sustentar su complicidad por omisión y en efecto una política de Estado. Hablando de complicidad no deja de ser sospechoso que la denunciada alcaldía de Bello (ver análisis urbano) (2) [ii]siga gozando de su actuar sin intervención estatal por su vínculos paramilitares. Igualmente es sospechoso que el Alcalde de Medellín se traslade a la SIJIN hasta conseguir la captura de los motociclistas, pero no haga nada parecido para exigir la detención de los “Pesebreros” (Gaitanistas) presuntos autores del crimen de defensora de derechos humanos Alicia López Guisao en la comuna 13, delincuentes que han sido en el pasado aliados del ejército y la policía como lo demostró la investigación de la operación Orión. Llamamos a los trabajadores y la sociedad en general a preparar la organización y su movilización para salir a la calle y hacer visible el incumplimiento de los acuerdos por parte de un Estado que se niega a deslindarse del terrorismo. Vamos a estar alertas para pedir a los países garantes que soliciten muy seriamente el cumplimiento de los acuerdos o que se preparen sus embajadas para la masiva solicitud de asilo político al que nos veremos avocados. [ii]2 http://analisisurbano.org/otro-defensor-de-derechos-humanos-fue-asesinado-en-bello-antioquia/
«Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción»
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Publicado en derechos humanos
Petición de perdón de miembros de la Iglesia Católica colombiana por la participación de nuestra Iglesia en la violencia que viene del pasado
Publicado en derechos humanos
Grave situación de violencia contra líderes sociales y defensores de DDHH hace indispensable la verificación en derechos humanos por parte de Naciones Unidas durante la implementación del Acuerdo
La Coordinacion Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), plataforma que agrupa 269 organizaciones sociales y derechos humanos rechaza los recientes ataques y acciones violentas contra el movimiento social colombiano, especialmente contra líderes sociales y defensores de DDHH en las zonas donde se llevara a cabo la implementación del Acuerdo con las FARC -EP.
Para la CCEEU resulta preocupante la ola de atentados, amenazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Solamente este fin de semana se presentaron 5 atentados contra estos líderes que dejaron como resultado trágico el fallecimiento de Erley Monroy, Didier Losada Barreto y Hugo Cuellar, líderes campesinos pertenecientes al movimiento social y político Marcha Patriótica. Desde la CCEEU manifestamos nuestra solidaridad con los familiares y amigos de estos líderes, así como con el movimiento social y político Marcha Patriótica.
Instamos al Gobierno Nacional a acelerar la implementación de la “Comisión de Alto Nivel de Garantías de Seguridad” establecida en el Acuerdo para lograr el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares que continúan operando en el país y hacemos un llamado a la Fiscalía a investigar y esclarecer efectivamente estos hechos para dar con el paradero de los responsables.
La situación de los líderes sociales y defensores de DDHH durante al año 2016 resulta preocupante. En lo corrido del año 70 personas han sido asesinadas. De estas, 30 homicidios han tenido lugar en fechas posteriores al inicio del cese del fuego bilateral y definitivo pactado entre el Gobierno y las FARC.
El hecho de que 30 de estos homicidios se hayan perpetrado después de la firma del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC resulta alarmante y pone de manifiesto la necesidad de incluir un componente de verificación en derechos humanos en la implementación del Acuerdo, aspecto que no fue tomado en cuenta en la resolución 2261 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por esta razón hacemos un llamado a la Comunidad internacional sobre la necesidad de suplir este vacío, considerando que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) es el organismo idóneo dentro del sistema para asumir esta tarea de verificación de la situación de Derechos humanos en el marco de la implementación del acuerdo.
La búsqueda de la paz y la implementación de los Acuerdos no puede seguir costando la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El seguimiento y monitoreo de Naciones Unidas se hace imprescindible para construir una paz con respeto a la vida y a los derechos humanos.

Comunicado Público: Presos Políticos Cárcel Bellavista
Los prisioneros políticos de guerra de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional cautivos en el patio 16 del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín (Antioquia) – Bellavista comunicamos a la comunidad nacional e internacional, a los organismos de control, a las delegaciones de los procesos de paz y al gobierno nacional, que vemos con gran preocupación nuestra seguridad en esta penitenciaria toda vez que el INPEC en aras de poner en riesgo nuestras vidas ha venido ingresando presos con enfermedades siquiátricas, esquizofrénicos y toda clase de internos que no pueden convivir en ningún otro patio de este penal a nuestra comunidad con el fin de sabotear y alterar nuestro proceso de convivencia e impedir de esta manera nuestra formación pedagógica de los nuevos acuerdos de paz con miras a la reintegración nuestra a la vida política del país. Como presos políticos inmersos en un proceso de paz, que anhelamos los cambios y las transformaciones políticas, económicas y sociales para vivir en equidad, paz y armonía en nuestro país, nos preocupa que ya mañana jueves 24 de noviembre se vaya a firmar el acuerdo de paz con una de nuestras organizaciones -las FARC-EP- y se esté ad portas de iniciar la fase pública de negociaciones con el Ejército de Liberación (ELN) y los presos políticos de ambas guerrillas no tengamos un trato especial y diferenciado por las políticas del Régimen colombiano. Nuestros compañeros y camaradas se nos siguen muriendo por desidia del INPEC y la desatención médica y se nos somete a convivir con toda clase de internos conflictivos y hasta con internos que por razones del conflicto armado han sido nuestros enemigos como es el caso de los paramilitares y las Bacrim.
El día de hoy 23 de noviembre del año en curso se nos presentó un problema con un interno siquiátrico que la guardia nos metió al espacio y como él se portó grosero y agresivo con el personal de guardia y con nosotros los internos y demás presos políticos y, en aras de mantener la convivencia de la comunidad, decidimos sacarlo del patio lo cual generó discordia y palabras ofensivas y amenazantes con un sector de las Bacrim de la planta 3. En estos momentos el patio está tensionado y ad portas de un enfrentamiento entre las partes.
Como presos políticos responsabilizamos al gobierno nacional y al INPEC por la suerte de nuestra seguridad toda vez que nos tienen conviviendo en un patio con toda clase de internos incluyendo entre ellos a los paramilitares y bacrim. Hacemos un llamado a las ONG`s, a las delegaciones de Paz de nuestras organizaciones, a los países garantes y acompañantes de los procesos de paz, a la OEA y a la ONU para que nos acompañen con sus denuncias en aras de salvaguardar nuestra integridad física y moral.
Fraternalmente, prisioneros políticos de guerra de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Patio 16 – EPMSC Bellavista
Noviembre 23 de 2016
Colombia: Recrudecimiento de las actividades criminales contra dirigentes campesinos y comunitarios
COMUNICADO
El Frente Amplio por la paz –Antioquia– denuncia ante la opinión pública nacional y regional, que en la última semana se han recrudecido las actividades criminales contra dirigentes campesinos y comunitarios en departamentos azotados por el conflicto armado, con el claro objetivo de sabotear la refrendación e implementación del nuevo acuerdo de paz y amedrentar a las comunidades que próximamente van a ser principales protagonistas en la aplicación de lo acordado.
Desde que entró en vigencia el cese al fuego bilateral han sido asesinados 30 líderes, 3 de ellos el pasado fin de semana, lo que nos pone en el escenario trágico de la repetición del genocidio en Colombia para atajar la paz y la reconciliación. Los “enemigos agazapados de la paz” no solo andan sueltos en los campos y veredas. También son atentados contra el proceso el reciente asesinato por el ejército de dos insurgentes en proceso de desmovilización al sur de Bolívar y el desalojo del campamento de paz de la capital del país ordenado por el alcalde Peñalosa.
No es la primera vez que el Frente Amplio por la paz se pronuncia rechazando la violencia política. Estamos cansados de ella, pero también de la repetitiva respuesta gubernamental prometiendo exhaustivas investigaciones o citando como ahora, comisiones de alto nivel. La impunidad sigue siendo la regla, con el agravante de que hoy está poniendo en riesgo el esfuerzo de seis años, el más largo, sostenido y complejo de todos para superar una guerra de medio siglo.
Rechazamos los asesinatos y las intimidaciones, y exigimos al gobierno resultados en la lucha contra el paramilitarismo y todos los actores violentos atravesados a la reconciliación de los colombianos. En esa dirección, reclamamos la urgente refrendación e implementación del nuevo acuerdo logrado en La Habana. Los instigadores de la guerra no nos pueden paralizar; llevamos décadas esperándolos y no han querido tendernos la mano. En cada homicidio y atentado criminal, la tragedia colectiva vuelve y se asoma. Cerremos este ciclo para que los violentos entiendan que están solos y que Colombia no los necesita.
Medellín, noviembre 22 de 2016.
Publicado en derechos humanos
Pronunciamiento NEPO sobre atentados a líderes de Marcha Patriótica
Medellín 22 de Noviembre de 2016
Con el espíritu y la esperanza centrada en un nuevo tiempo de desarrollo pacífico de la participación política en Colombia, hemos visto perplejos como se reactiva el proceder asesino de la extrema derecha de este país eliminando líderes del movimiento social y de la plataforma política Marcha Patriótica. La extrema derecha sigue anunciando con sus crímenes que la participación política organizada y legal de las organizaciones populares no es permitida en Colombia.
En 1928 la masacre de los bananeros se justificó por el peligro de orden público y el amotinamiento de la población, en 1948 asesinan a Gaitán por el peligro de «Las ideas socialistas en Colombia», en 1964 atacan a campesinos acusados de producir la fragmentación nacional contra la unidad del país producto de las repúblicas independientes, en 1977 con la disculpa de contener las hordas de saqueadores emprendieron con la humidad de sindicalistas, Después de 1985 hasta nuestros días aniquilan la Unión Patriótica con la palabrería criminal de justificar el exterminio por una supuesta mezcla de armas y política. Nos preguntamos, ¿cuál es el argumento hoy que justifica el asesinato de los más de 120 líderes de Marcha Patriótica?
No entendemos como un Estado que se comprometió con su firma a la NO repetición sigue permitiendo por medio de su ejército, el asesinato de los dos integrantes de las FARC-EP y se queda impávido y con una actitud cómplice y de convivencia con grupos paramilitares. Para demostrar lo anterior sólo es recordar el informe sobre convivencia militar y paramilitar en muchas zonas de Colombia presentado hace unos pocos meses en la Habana y en los encuentros de las organizaciones sociales para evaluar el tema de derechos humanos en Colombia. Como entender que dónde cayó este fin de semana Erley Monroy sólo hay presencia armada del batallón Cazadores del ejército. ¿Cómo se puede entender la muerte de más de 120 dirigentes de Marcha Patriótica en total impunidad?
Consideramos que el mecanismo negociado en la Habana contra el paramilitarismo en Colombia debe entrar a operar inmediatamente y no esperar más víctimas que envilecen lo pactado. Consideramos que el acompañamiento internacional al proceso debe intervenir exigiendo que con la misma diligencia y capacidad investigativa con que se actúan a favor de los casos de agresiones a personalidades empresariales y políticas del establecimiento, también operen en estos casos.
Pero creemos que debemos ir más allá y empezar a llamar a responsabilidades políticas y por qué no judiciales a los poderes políticos regionales como por ejemplo al alcalde de San Vicente del Caguan que desde su alcaldía del centro democrático ha sido rueda en el palo del actual proceso de paz y es la zona dónde han atentado contra campesinos de la plataforma política de Marcha. En este mismo sentido debemos exigir poner fin a los señalamientos excluyentes y azuzadores de la violencia con argumentos que llaman a detener el peligro del Castrochavismo o de la “ideología de género” para Colombia.
Y por último hacemos un llamado al movimiento social a cerrar filas contra estas macabras intenciones causados por la misma extrema derecha de siempre y que están representadas en los mismos hostigadores representados en parte del movimiento del NO y de los sectores que económicamente y políticamente viven de la guerra. Es hora de pensar acciones contundentes en este sentido y en el sentido más amplio de acompañar el proceso de democratización colombiana que vendrá con la implementación de los acuerdos y con el inicio y desarrollo de los diálogos de PAZ con el ELN.
NUEVA ESCUELA POPULAR Y OBRERA
«Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción»
Simon Bolivar
COLOMBIA: SOBRE EL MERCURIO EN LAS LATAS DE ATÚN VAM CAMPS. HABLAMOS LOS TRABAJADORES
En Colombia se viene discutiendo sobre esto en todos los medios de comunicación. Ha Hablado el INVIMA, la empresa Seatech Internacional INC, los senadores, etc. los únicos que no lo han hecho somos los trabajadores quienes organizados en la Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia “USTRIAL” y el Sindicato Nacional de Trabajadores del sector Agroalimentario “SINALTRAINAL” queremos expresar a la opinión publica nuestra posición al respecto.
Nos parece inaudito, que en una empresa donde se realizan pruebas de mercurio al Atún desde que es descargado de los barcos atuneros y durante el proceso y después de envasado en las latas, se haya presentado esta situación y que el atún que se venda en el país sea el que está contaminado porque el que se exporta a los diferentes países de América Latina y Europa, que es aproximadamente el 70% de los que se produce en Cartagena, sea el que cumpla las normas internacionales sobre contaminación de mercurio.
Esta situación, solo se puede presentar con las autorización de la administración de esta empresa, encabezado por el gerente, el ciudadano ecuatoriano DIEGO CANELO VELASCO, quien por más de 25 años lo único que ha podido demostrar es el desprecio contra los trabajadores que laboramos para ella al negarnos los mínimos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y las leyes colombianas.
En esta empresa hay más de 600 trabajadores con enfermedades de origen laboral que son tratados por la administración de la empresa como desechables y que el año pasado fue catalogada por la Escuela Nacional Sindical como la empresa No. 1 en Colombia violadora de los derechos laborales, actualmente tiene más de 200 trabajadores despedidos por haber cometido el “delito” de afiliarse al sindicato, más de 100 trabajadores a los que le ha solicitado permiso al Ministerio del Trabajo para despedirlos por su condición de enfermos y les paga desde hace un año con el Art. 140 de CST., es decir reciben el salario sin prestar el servicio, por haber realizado una protesta pacífica ante un cierre ilegal que no fue autorizado por el Ministerio del Trabajo y que además ha sido multada en dos oportunidades por intermediación ilegal. Esto sin decir las innumerables multas que recibe por violar derechos tan mínimos como el de no entregarle copia del contrato de trabajo a sus trabajadores cuando lo firman.
Pero además en Colombia el promedio de consumo de lata de atún es de dos al año por persona, pero esta empresa obliga a sus empleados a consumirlo dos veces a la semana en el casino de la empresa, que equivaldría al consumo de una lata de atún semanal, o 52 latas al año, convirtiendo a los trabajadores en consumidores crónicos, lo que hoy nos obliga a decir que existe la posibilidad de que muchos trabajadores se encuentren contaminados por el consumo de atún, por lo que como organizaciones sindicales exigimos al Sistema Nacional de Salud un análisis a todos los trabajadores.
Les exigimos además a las diferentes personas que tienen intereses económicos en la empresa, como el actual alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, los Araujo y Vélez Pareja, entre otros, así como a todas las entidades de vigilancia y control del estado como el INVIMA, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Salud a que intervengan para defender la salud de los trabajadores y el pueblo colombiano.
Cordialmente,
FREDIS MARRUGO VELASQUEZ EDWIN MOLINA GALVAN
Presidente USTRIAL Presidente SINALTRAINAL-Cartagena
Tel. 320 5578 478








