TOMADO DE Revista Raya: El presidente Petro puede convocar por decreto la consulta popular – Revista RAYA

Por: Eduardo Montealegre Lynett

El presidente de la República puede convocar por decreto, la consulta popular sobre temas laborales que fue negada arbitrariamente por el Senado. El fundamento está centrado en que el trámite realizado en el Congreso fue inconstitucional. Existen tres situaciones que vician el “procedimiento legislativo”: (i) El hecho de que el presidente del Senado cerró abruptamente la votación, cuando una de las senadoras tenía la expectativa legítima de participar en la misma. Esta actuación le impidió a una parlamentaria -pro-consulta- ejercer el derecho a intervenir en la deliberación: se violaron los principios pro-democracia o pro-participación. (ii) El secretario general cambió el sentido de un voto por el sí, para volverlo no, cuando estaba cerrada la votación. La actuación del secretario fue un abierto desconocimiento del principio de preclusión que rige las etapas de un proceso legislativo. Violó la seguridad jurídica, valor con protección constitucional. Un acto arbitrario. Si bien el reglamento del Congreso permite sanear actos del trámite legislativo, él no era el competente para hacerlo. En este caso, el órgano era la plenaria. (iii) No se dio paso a la apelación que se hizo en forma inmediata ante estos vicios. Sin tramitar la impugnación, no se podía dar por finalizada la sesión. Quien debía decidir sobre  la apelación, era la plenaria del Senado, no el presidente, quien, ni siquiera la tramitó.

El concepto del Senado sobre la consulta no es simplemente un hecho político. Es, además, un acto que produce efectos jurídicos, porque hace parte del “proceso legislativo complejo” que se requiere para que tenga validez la convocatoria al pueblo soberano. Un proceso que es reglado y está sometido en su formación al “imperio de la ley” y la Constitución. No está en el campo de juego de la discrecionalidad parlamentaria. El respeto al procedimiento es un valor y principio que caracteriza los Estados de Derecho Contemporáneos. Más exactamente, a las democracias deliberativas basadas en la confrontación de argumentos en condiciones de igualdad: teoría del discurso. Argumento va, argumento viene, como decía Antanas Mockus (Habermas-K O Apel-Alexy). La violación de las formas, cuando trasciende a la vulneración de los valores, principios, derechos y garantías institucionales que estructuran las bases de la Carta Política, implican la inconstitucionalidad del procedimiento. Las formas no son un fin en sí mismas: a través de ellas se protegen valores constitucionales. Es lo que la jurisprudencia de la Corte ha denominado “instrumentalidad de las formas”. En la filosofía y la sociología, muchos intelectuales de gran calado, como Luhmann, Habermas y Rawls, desde diversas perspectivas a veces antagónicas, han debatido acerca de la importancia del respeto al procedimiento en la deliberación pública y la construcción de la justicia (democracia deliberativa y teorías procedimentales). Desde otra óptica de la teoría del discurso, Foucault se ocupó de la construcción de formas jurídicas por la práctica social y el ejercicio del poder. Es decir: el  discurso se dice de muchas maneras.

En el trámite de la consulta no se trató simplemente del quebranto a unas formas por el Senado de la República. La violación de elementos esenciales del “proceso legislativo” trascendió a la vulneración de la Constitución. El  ejercicio de la función  pública debe estar orientada por criterios de razonabilidad y ponderación de valores en conflicto. Criterio que se concreta en la creación de espacios que le permitan a los parlamentarios, “participar efectivamente” en la toma de decisiones –principio pro-participación–. Hay un claro desvío de poder, cuando existiendo una expectativa real de que una parlamentaria que está cerca del recinto y es inminente su ingreso a votar, se cierre abruptamente la votación para impedirlo. Sobre todo, cuando la senadora no había abandonado injustificadamente el sitio. Tenía bases legales para hacerlo. Además, el presidente del senado fue advertido de la llegada de la parlamentaria. No podemos olvidar que, el presidente del Senado, es un claro opositor a la consulta: no actuó con neutralidad, con transparencia, como era su deber.

De otra parte,  si un senador  se “equivoca” en el voto que emite y quiere corregir el error después de cerrada la votación, tenía que acudir al mecanismo que trae el reglamento del Congreso para la convalidación de un trámite legislativo: la plenaria. El secretario general no era competente para hacerlo, ni tampoco utilizó el procedimiento debido. La seguridad jurídica y el principio constitucional de que los servidores públicos solo pueden actuar en el ámbito de sus competencias, fue vulnerado. Las “normas de competencia” no le daban la potestad de modificar situaciones jurídicas consolidadas. Por último: la negativa a tramitar la impugnación de la votación, quebrantó el principio de la democracia deliberativa, centrada en el debate y contradicción  de argumentos, en condiciones de igualdad para  todos los intervinientes.

Colombia –siguiendo en algunos puntos el sistema norteamericano y europeo–  tiene un “modelo difuso” de control de constitucionalidad. Esto significa que, lograr la prevalencia de la Constitución sobre todos los actos jurídicos, no está radicado exclusivamente en la Corte Constitucional. Todos los servidores públicos son “guardianes de la constitución”. El presidente de la República es uno de ellos. Un ejemplo, es que por disposición de la Carta Política puede objetar por inconstitucional proyectos de ley que envíe el Congreso para su sanción. Pero esa potestad no se reduce solo a ese ámbito: puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad o también la excepción de convencionalidad, cuando un acto jurídico quebrante el marco axiológico de la carta o del bloque de constitucionalidad. En el pasado, el presidente Petro utilizó la “excepción de convencionalidad”, para inaplicar normas contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, vinculantes para Colombia. 

Debemos recordar que, una de las características del modelo de control constitucional de nuestra carta política, es la de que no solo se controlan actos jurídicos, sino también, “situaciones o hechos” que violan la constitución. Un ejemplo, es el desarrollo del llamado “estado de cosas inconstitucionales”. De ahí que, independientemente de la discusión sobre la naturaleza del acto del Senado, acerca de si es solo un acto político, o, también jurídico, lo claro es que hay un acto inconstitucional. En nuestro modelo, todos los actos –aun los de naturaleza política con trascendencia jurídica– tienen control.

Es famoso el debate que dieron Hans Kelsen y Carl Schmitt durante la República de Weimar, acerca de quién es el guardián de la constitución: ¿un tribunal constitucional o un órgano político? Triunfó Kelsen y su “teoría pura del derecho”. El control es esencialmente  jurídico, no político. Desde luego, en nuestra época,  sin desconocer la convergencia de la política y la ética en el derecho, como lo plantea Luhmann en su teoría de los sistemas. Por ello, cuando una norma jurídica es contraria a la Constitución, el presidente de la República puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad del acto, y hacer prevalecer los principios y valores de la carta política :“la constitución es norma de normas”. ( Artículo  4 CP) Esta postura es una consecuencia de los desarrollos  de la Corte Suprema de los Estados Unidos que, hace dos siglos, concibió la constitución como norma jurídica. No como simple programa político (caso: Marbury vs Madison- 1803)

Así las cosas, si el acto del congreso fue inconstitucional, esto significa que el Senado no se pronunció dentro de los términos señalados en el ordenamiento jurídico y el presidente puede convocar por decreto. El control de este decreto no será por el Consejo de Estado. Será de la Corte Constitucional después de realizada la Consulta (Artículo 241-3 Constitución Política). Es clara la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de que no hay control previo de la consulta, y éste se hace, después del pronunciamiento del pueblo. La Corte controla en forma posterior, si “todo el procedimiento” estuvo ajustado a la constitución. Por ende, los actos intermedios –así formalmente sean actos administrativos o de trámite legislativo– solo los controla la Corte, al examinar si  los pasos  –que no se pueden fraccionar para efectos del control constitucional– se ajustaron o no a la Carta Política. Entregarle esta competencia al Consejo de Estado –la del decretazo– sería darle un raponazo a la jurisdicción constitucional, con  ostensible violación del artículo 241-3 de la Carta.

Ante el bloqueo institucional del Senado, proyectado en actos inconstitucionales, no queda otra salida que “El Decretazo”. El balón está en la cancha del presidente. Es una salida legítima y constitucional. En la post-modernidad, los grandes cambios sociales son producidos por los movimientos de ciudadanos y las herejías constitucionales. Aplique, presidente, la “excepción de inconstitucionalidad” de lo actuado por el Congreso  y convoque al pueblo para que decida ¡Es su deber!

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2 jun 2025

El filósofo y sociólogo francés es una de las voces más lúcidas en la crítica al neoliberalismo, y un pensador clave de la izquierda radical. Profesor en la Universidad París Nanterre y miembro de L’Archipel des idées, desafía las lógicas del capitalismo global desde una mirada que combina a Marx, Hegel y Foucault con el pensamiento democrático emancipatorio. Autor de obras fundamentales, propone un comunismo no estatista, basado en la gestión colectiva de los bienes comunes, y una democracia primordial que supere el neoliberalismo como “racionalidad totalitaria”. En su último libro, “La opción por la guerra civil”, analiza el vínculo entre el neoliberalismo y la violencia política. En esta entrevista, reflexiona sobre las alternativas al capitalismo y el rol de los movimientos sociales en la construcción de un futuro posneoliberal. Señala cómo el fenómeno libertario local se inserta en una oleada global de ultraderecha neoliberal y afirma: “ Javier Milei ha sido capaz de situarse a la vanguardia del giro de la extrema derecha ”.

Entrevista Completa a Pierre Dardot realizada por Jorge Fontevecchia en junio del 2025, emitida por Periodismo Puro.

Aporrea / Agencias | Lunes, 26/05/2025 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar obtuvo con tendencia «irreversible» 23 gobernaciones. Y detalló que en esta inédita elección el «estado Guayana Esequiba con un 76 % de transmisión y una participación del 31,58 % de los electores y electoras, se decidieron por el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, Neil Villamizar, «con un total de 4.720 votos que corresponde al 97,40 %».

A continuación resultados irreversibles:

1. Amazonas: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Miguel Tadeo Rodríguez 76,03 %
2. Anzoátegui: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Luis José Marcano 87,30 %
3. Apure: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Wilmer Arcangel Rodríguez, 96,19 %
4. Aragua: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Joana Norelys Sánchez 86,92 %
5. Barinas: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Adán Chávez Frías 72,45 %
6. Bolívar: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Yulisbeth García 87,85 %
7. Carabobo: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Rafael Lacava 87,68 %
8. Cojedes: Partido Vamos Vamos Cojedes, José Alberto Galíndez 55,22 %
9. Delta Amacuro: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Loa Tamaronis 94,13 %
10. Falcón: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Víctor Clark 87,17 %
11. Guárico: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Donald Donaire 93,15 %
12. La Guaira: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Alejandro Terán 90,65 %
13. Lara: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Luis Reyes Reyes 90,95 %
14. Mérida: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Arnaldo Sánchez 80,89 %
15. Miranda: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Elio Serrano 83,20 %
16. Monagas: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Ernesto Luna 94,55 %
17. Nueva Esparta: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Marisel Velásquez 55,33 %
18. Portuguesa: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Primitivo Cedeño 93,61 %
19. Sucre: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jhoanna Carrillo 94,40 %
20. Táchira: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Freddy Bernal 80 %
21. Trujillo: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Gerardo Márquez 91,86 %
22. Yaracuy: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Leonardo Intoci 89,83 %
23. Zulia: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Luis Caldera 64,65 %

En declaraciones al país, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, también explicó que el Gran Polo Patriótico obtuvo con una transmisión del 93,01 por ciento de las mesas electorales, 4 millones 553 mil 484 votos, que corresponde al 82,68 % del total de votos a los diputados lista de adjudicación nacional.

Asimismo, indicó la Alianza Democrática obtuvo un total de 344 mil 422 votos, que corresponde al 6,25 % del total de los votos; mientras que la Alianza UNTC UNICA obtuvo 285 mil 501 votos, que corresponden al 5,18 % del total de los votos; igualmente la Alianza Fuerza Vecinal obtuvo 141 mil 566 votos, que corresponden al 2,57 % del total de los votos. Apuntó que el total de otros votos válidos y nulos fue de 182 mil 351, lo que corresponde al 3,31 por ciento del total de votos.

Por tal razón, aseguró que de los 50 cargos a diputados de lista nacional, hasta ahora se adjudican 40 cargos de tendencia irreversible.

Por el Gran Polo Patriótico

• Jorge Rodríguez Gómez
• Cilia Adela Flores de Maduro
• María Iris Varela Rangel
• Jesús Germán Faría Tortosa
• Ángel Bautista Marcano Castillo
• Jehyson José Guzmán Araque
• María de Lourdes León Guibori
• Luis Fernando Soto Rojas
• Noelí Pocaterra de Oberto
• Hermann Eduardo Escarrá Malabert
• Francisco Javier Arias Cárdenas,
• William José Benavides Rondón
• Henry Armando Parra
• María Rosa Jiménez Barreto
• Jorge Alberto Arreaza Monserrat
• Desirée Santos Amaral
• Vanessa Montero López
• Ilenia Rosa Medina Carrasco
• Didalco Antonio Bolívar Graterol
• Wilmar Alfredo Castro Soteldo
• José Gregorio Vielma Mora
• Juan Francisco Escalona Camargo
• Ida Esther Barrera Morales
• Nazareno Rojas Méndez
• Ciro Vladimir León
• Osvaldo Ramón Zamora Rivas
• Wills Ascensión Rangel Linares
• Pedro Tomás Rangel Moreno
• José Antonio España Márquez
• William Ramón Fariñas,
• Miguel Ángel Pérez Abad
• Nicia María Maldonado Maldonado

El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, informó que el gobierno sus aliados agluinados en el GPPSB consiguió 40 de los 50 cargos «de listas de adjudicación nacional» para el Parlamento.

Por la Alianza Democrática:

• José Bernabé Gutiérrez Parra
• Timoteo de Jesús Zambrano Guédez
• Alfonso Enrique Campos Jesurún

Por la Alianza UNTC Única:

• Enrique Capriles Radonski
• Luis Emilio Rondón Hernández
• Iván Stalin González Montaño

El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero informó que se autoriza a las 25 juntas regionales electorales a iniciar el proceso de adjudicación y proclamación de los cargos que el sistema determine como irreversibles.

Por su parte, el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso durante su intervención en la rueda de prensa, elogió la masiva participación del pueblo venezolano, quien salió a ejercer su derecho al voto en paz.

«Nos sentimos profundamente orgulloso de esta jornada que se ha realizado el día de hoy (…) una Venezuela que tiene tantos estados y tantos municipios que hay que agradecer a los funcionarios del CNE y la FANB que han estado en cada uno de estos espacios (…) agradecerles a los invitados internacionales, por su participación y por ser portavoz de lo que han visto en Venezuela», recalcó Amoroso.

TOMADO DE APORREA: El CNE proclama al GPPSB ganador en 23 de 24 gobernaciones y obtiene 82% en el Parlamento

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María Fernanda Barreto

Oleg Yasinsky
Publicado:25 may 2025 13:36 GMT

Sergey Bobylev / Gettyimages.ru

Tomé el nombre para esta columna de un documental de mi compañero periodista argentino Sebastián Salgado, que ustedes no pueden dejar de ver. Sebastián, recorriendo las luchas, tragedias y esperanzas del mundo, desde Siria hasta Donbass, hace un retrato de este país africano, un retrato escueto, simple, directo, sin medias tintas ni efectos especiales, la única manera para transmitirnos algo del paisaje de esa herida abierta de la humanidad, llamada África. Burkina Faso es uno de los países más «pobres» del mundo y su nombre significa «patria de hombres honestos» en las lenguas mossi y dioula. Allí nace una esperanza representada por el gobierno del capitán Ibrahim Traoré.

Burkina Faso dejó de llamarse Alto Volta en 1984, en los tiempos de la presidencia de Thomas Sankara, llamado a veces con muy mal gusto «el Che Guevara africano», como si África siempre necesitara referentes externos, incluso para nombrar sus revoluciones independentistas. Para entender lo que pasa en la Burkina Faso de hoy es necesario recordar a Sankara.

Thomas Sankara, fue asesinado durante un golpe de Estado en 1987 por órdenes de los gobiernos estadounidense y francés. En solo cuatro años de gobierno él logró enormes cambios económicos, sociales y culturales, y realizó un acto imperdonable para algunos: la construcción de un ejemplo para su pueblo, para su continente y el mundo. Algo demasiado incómodo para los imperios y sus regímenes coloniales, que necesitan reducir el concepto de independencia a un conjunto de banderitas, ceremonias oficiales y ‘shows’ folklóricos para inversionistas y turistas. Ejemplos como él abundan muy pocos en nuestros tiempos.

«Nuestra revolución se inspira en la totalidad de la experiencia humana desde el primer aliento de la humanidad. Queremos seguir todas las revoluciones del mundo, todas las luchas de liberación de los pueblos del tercer mundo», dijo Thomas Sankara, reduciendo su salario a 450 dólares. Sus bienes consistían en un viejo automóvil personal, cuatro bicicletas, tres guitarras y un frigorífico con el congelador roto.

Sankara cambió a los ministros sus «Mercedes» por autos nacionales más baratos, ordenó vacunar a 2,5 millones de niños contra la meningitis, la fiebre amarilla y el sarampión, y lanzó una campaña nacional para combatir el analfabetismo. Solo en cuatro años, la tasa de alfabetización pasó del 13% en 1983 al 73% en 1987. Realizó por primera vez en la historia de su país una reforma agraria, entregando tierras de los terratenientes a los campesinos. En un país extremadamente machista y patriarcal, hizo de todo por abrir puestos de liderazgo a las mujeres, las incentivó a que trabajaran y estudiaran, y también, por primera vez, se otorgaron las vacaciones por maternidad. Durante su gobierno se plantaron más de 10 millones de árboles para proteger la tierra de la desertificación.

Como nunca antes en la historia de la nación se construyeron carreteras y vías férreas. Desarrollando su proyecto, Sankara rechazó ayuda humanitaria, afirmando que «quien te da de comer te controla» y llamó a los pueblos africanos a una lucha común contra la deuda externa, diciendo que los pobres y explotados no tenían por qué pagarles a los ricos y explotadores. Al igual que Salvador Allende décadas antes, Thomas Sankara firmó su propia condena.

«África no necesita al Banco Mundial, ni al FMI, ni a Europa, ni a EE.UU.»

Tuvieron que pasar muchos años hasta que en octubre del 202 Ibrahim Traore, el joven capitán del ejército burkinés llegó al poder por medio de un golpe militar que daría continuidad a este proyecto truncado con la muerte de Sankara.

Tan solo en los dos primeros años de su gobierno, el PIB de Burkina Faso pasó de unos 18.800 millones de dólares a 22.100 millones. Rechazó los nuevos préstamos del FMI y el Banco Mundial, porque «África no necesita al Banco Mundial, ni al FMI, ni a Europa, ni a Estados Unidos». Redujo los salarios de los ministros y parlamentarios en un 30% y aumentó el de los funcionarios en un 50%. Detuvo la exportación de oro sin refinar de Burkina Faso a Europa.

En un inicio terminó con las operaciones militares francesas en el país, luego prohibió los medios de comunicación franceses y después expulsó a las tropas francesas. A pesar de la costosa guerra contra los terroristas islamistas apoyados por Occidente e impuesta a Burkina Faso, el gobierno de Traore creó su propia industria, energía y medios de comunicación independientes de las potencias extranjeras. Un enfoque muy especial se mantuvo en la educación y la cultura, creando la conciencia masiva de que no solo su país, sino África entera. Así se concluye que no son mendigos, sino que, por el contrario, son un continente rico que debe defender y multiplicar su propia riqueza.

Con poco tiempo en el poder, Traore ya ha sobrevivido a varios intentos de asesinato e igual que todos los líderes que desobedecen al poder mundial, ha sido objeto de una campaña de mentiras por parte de la «prensa democrática mundial», que de repente le importa y pierde el sueño por los «derechos humanos» en Burkina Faso.

Este es un muy breve y superficial contexto para situarnos y ponernos a pensar en África, hoy 25 de mayo de 2025, celebrando el 62.º aniversario del Día de su Liberación, creado por la Primera Conferencia de Estados Africanos Independientes en Adís Abeba, capital etíope. 

La historia del siglo pasado recuerda una oleada revolucionaria en gran parte del continente a principios de los 60, que se suponía pondría fin al dominio europeo en África. De la memoria de aquellos tiempos surgen los nombres de Patricio Lumumba, del Che con un grupo de voluntarios en el Congo, Amílcar Cabral y tantos otros…

Lamentablemente, la verdadera independencia de África no fue nombrada. Una vez más en la historia, el asesinato de los líderes revolucionarios fue acompañado por la compra de los oportunistas de todo color político, e introduciendo tecnologías de lo que hoy se llamarían «revoluciones de colores» en el continente negro. Así fue como las metrópolis lograron recuperar el control económico, político y cultural sobre sus países que lograron una independencia puramente formal.

Los acontecimientos en los países del Sahel, que fueron gatillados por la nueva revolución burkinesa, hacen pensar que han llegado los tiempos de una nueva, y esta vez definitiva, liberación de los pueblos de África. Las noticias desde Burkina Faso me recuerdan las crónicas de Cuba al inicio de los años 60 o de Nicaragua a principios de los 80, aunque hago un enorme esfuerzo para superar la maldita costumbre de las comparaciones. Desde la extrema necesidad de los más desposeídos de nuestro planeta, a pesar de todos los pronósticos, los malos augurios y del cinismo de las castas intelectuales, una vez más, nace el Nuevo Mundo. 

En África sucedió algo extraño e interesante. Siendo el continente históricamente más saqueado, despreciado e incomprendido por los peores colonizadores: franceses, belgas, holandeses, alemanes e ingleses, su mundo en gran medida se pudo salvar de la actual «occidentalización» del planeta. Así que la actual descomposición humana de Europa, afecta a África un poco menos que a cualquier otra parte del mundo.

A pesar de sus enormes problemas y tragedias humanas que tradicionalmente quedan lejos del foco de los medios internacionales, este continente permanece más vivo y más sano, que el de los que pretenden dominarlo por siempre.

Creo que deberíamos poner más atención a lo que pasa en Burkina Faso, convertido en el epicentro de África de la lucha por la independencia. Traore entiende algo esencial, lo que no logran entender muchas de las «izquierdas» del mundo que se autoproclaman «marxistas». Esta lucha todavía no es por el socialismo ni por el comunismo sino por la independencia nacional, y si esta se logra y se afirma, podría pasarse a una siguiente etapa. La autodeterminación de nuestros pueblos es la más básica y previa de las condiciones para acceder a cualquier posibilidad de democracia real y al verdadero desarrollo de cualquier país. La lucha de nuestros tiempos es para que nuestros países, con sus virtudes y defectos, puedan definir sus políticas de Estado, de forma independiente a los eternos chantajes y presiones del poder mundial bancario y corporativo, apoyado por los medios, plataformas digitales y ejércitos desplegados por todo el mundo.

Burkina Faso está sobreviviendo a las crecientes amenazas de este poder, porque el sistema, una vez más, le teme a este país por ser un peligroso ejemplo para la región, el continente y el mundo. Porque al liberarse del colonialismo francés, el gobierno de Ibrahim Traore no quiere convertir a Burkina Faso en una nueva colonia ni de China, Rusia o Corea del Norte. Su proyecto es mucho más complejo. Necesita construir relaciones de un real beneficio mutuo con todos los que pueden aportar en el fortalecimiento del desarrollo independiente de la nación.

Burkina Faso y África tienen con qué pagar a sus nuevos aliados y socios, pero esto debe y puede hacerse solo por un intercambio de sus inversiones y ayuda en la construcción de la independencia real de los Estados africanos, algo que es imposible, sin desarrollo industrial, energético, tecnológico y sobre todo de formación profesional, capacitación y educación.

La Unión Soviética en su tiempo, desde la lógica de su política de la solidaridad internacional, con mucha generosidad entregó a África y a los países en desarrollo muchos recursos de forma gratuita para incentivar su fortalecimiento e independencia de Occidente. Lamentablemente, las élites de muchos de estos países que se proclamaban «socialistas» para obtener estos recursos gratis no siempre les dieron el mejor uso, y cuando la correlación de las fuerzas políticas en el mundo cambió se voltearon hacia sus amos occidentales. Además, la permanente ayuda gratis incentivó en muchos casos el parasitismo y la falta de cualquier iniciativa. Aunque los pueblos africanos no olvidan la asistencia ni la solidaridad soviética y cubana.

En este momento África deja de mendigar y con dignidad establece relaciones y emprende los negocios que le permitirán su propio desarrollo. Obviamente en condiciones de guerra híbrida, mediática, económica y terrorista subversiva por parte de las antiguas metrópolis. El deber de la humanidad es apoyar a los pueblos de África, el continente que una vez fue su cuna.

Las imágenes del líder de la revolución burkinesa en Moscú, celebrando el 9 de mayo el 80.º aniversario de la victoria sobre el fascismo hitleriano, es una expresión más de la esencia de su proyecto. La frase en español «¡Patria o muerte!», la que suele utilizar el capitán Traore, debería ahora entenderse traducida a las realidades africana y mundial como «¡’Indépendance ou mort’!»

TOMADO DE RT: https://actualidad.rt.com/opinion/oleg-yasinsky/551218-burkina-faso-sankara-piel

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«Un nuevo informe revela que Von der Leyen está financiando con 649 millones una red para reprimir y acallar a la disidencia en redes sociales», comenta La Gaceta. Ha habido un movimiento por parte de Europa para acabar con el free speech, poniendo el punto de mira en las voces discordante. Lo que dice el informe es que ha habido una batalla brutal para el pensamiento único. Se necesita una explicación urgente por parte de los eurocomisarios y, en especial, para Von der Leyen. Europa considera más importante la lucha contra la libertad que contra el cáncer.

Se trata de una financiación millonario para ir al adoctrinamiento de los jóvenes y un llamamiento a la vigilancia de la democracia que se trata de la desinformación y el oro. La financiación millonaria: «Ursula von der Leyen estará destinando 640 millones de dólares para crear una red que reprime y acaba a la disidencia en redes sociales bajo el pretenso de luchar contra el ‘discurso del odio’ y la ‘desinformación'». Para esto es lo que quieren el dinero, para crear un sistema para ir contra nosotros mismos.

Y es que, estos fondos se canalizan a través de 349 proyectos gestionados por ONG, universidades y centros de investigación, utilizando plataformas para identificar y silenciar discursos contrarios a la narrativa oficial con inteligencia artificial. La Comisión Europea emplea un lenguaje ambiguo y eufemístico, usando términos como «co-creación» y «democracia participativa» para justificar una vigilancia ideológica que limita lo que se puede decir, quién puede decirlo y cómo debe expresarse. Las ansias de Europa del poder son tremendas y, a través de la tecnología lo quieren conseguir.

La democracia es una bendición para los políticos porque hacen con ella lo que quieren. Y es que, están intentando un adoctrinamiento de jóvenes: El informe indica que se busca formar a jóvenes como «agentes narrativos» en programas de «empoderamiento» que en realidad sirven para el adoctrinamiento digital, convirtiéndolos en sensores sociales al servicio del discurso institucional.

Con ello, sigue el punto de dónde te gastas el dinero: el presupuesto para controlar el discurso supera al destinado a la investigación contra el cáncer, reflejando la prioridad que la Comisión Europea otorga a la regulación del pensamiento frente a necesidades sociales y sanitarias. A su vez, el informe advierte que redefinir la disidencia como ‘desinformación’ o ‘odio’ permite silenciarla con herramientas autorizadas, sin necesidad de uso de fuerza, y llama a una vigilancia democrática frente a esta manipulación ideológica.

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Manufacturing Misinformation – Norman Lewis

Tomado de NR: Los problemas de Europa con la libertad de expresión – Nueva Revista

«El desacuerdo ruidoso es mejor que el silencio forzado. Las personas deben tolerar las opiniones ajenas»

Imagen generada con ChatGPT

José Manuel Grau Navarro

21 de mayo de 2025

Avance

Europa tiene un problema con la libertad de expresión, opina The Economist en su último número impreso, en el artículo «Europe’s free-speech problem». Incomoda al semanario británico de forma especial la ley alemana contra el insulto a los políticos y sus consecuencias. Un exvicecanciller, por ejemplo, «ha presentado cientos de denuncias penales contra ciudadanos, incluido uno que lo llamó ‘idiota’ (Schwachkopf, en alemán)». Se trata de Robert Habeck, del partido de Los Verdes, y se puede leer más sobre ese caso por ejemplo en WDR.

El artículo 188 del Código Penal alemán (Strafgesetzbuch, StGB) regula los delitos de injuria, calumnia y difamación dirigidos contra personas que participan en la vida política del país. El artículo 188 fue modificado por la Ley para Combatir el Extremismo de Derecha y los Delitos de Odio de 2021, ampliando su alcance para incluir las injurias, además de las calumnias y difamaciones previamente contempladas (Véase beck-aktuell y  Gegen Personen).

El § 188 del Código Penal alemán dice:

«(1) Si se comete un insulto público (§ 185) contra una persona de la vida política del pueblo, en una reunión o difundiendo contenido ((§ 11 párrafo 3), por razones relacionadas con la posición de la persona ofendida en la vida pública, y si el acto es probable que impida significativamente su actividad pública, el castigo será una pena de prisión por un período que no exceda  tres años o una multa. La vida política del pueblo se extiende hasta el nivel local.

»(2) En las mismas condiciones, la calumnia (§ 186) será castigada con la pena de prisión de tres meses a cinco años y la difamación (§ 187) con la pena de prisión de seis meses a cinco años» (véase StGB § 188).

Según el semanario alemán Focus, más del 93 por ciento de las denuncias contra ciudadanos, a fecha del 24/11/2024, procedían de los entonces ministros Robert Habeck y Annalena Baerbock, esta también de Los Verdes. Véase aquí.

Añade The Economist: «El mes pasado, un editor de un periódico de derecha recibió una abultada multa, además de una pena de prisión suspendida de siete meses, por compartir un meme de una foto manipulada, que muestra a la ministra del Interior sosteniendo un cartel con la leyenda: “Odio la libertad de opinión”». 

El periodista en cuestión es David Bendels, editor y director del diario de la derecha Deutschland-Kurier, vinculado al partido Alternativa para Alemania (Alternative für Deutschland: AfD). En abril de 2025, un tribunal de Bamberg lo condenó a siete meses de prisión y a una multa significativa por difamar a la ministra del Interior, Nancy Faeser [socialista, ya exministra]. La condena se argumentó sobre la base del artículo 188 del Código Penal. Fuentes: EIR News y Legal Tribune Online, entre otras muchas, y la entrada de Wikipedia en alemán sobre David Bendels, que incluye información sobre su condena.

Los casos arriba citados han generado un amplio debate en Alemania sobre los límites a la libertad de expresión y el uso de leyes penales para proteger a figuras políticas de la sátira y la crítica.

«Todos los países europeos garantizan el derecho a la libre expresión», afirma The Economist. Sin embargo, «la mayoría también trata de limitar los daños que temen que pueda causar». Pero ocurre, según el semanario británico, que «eso va mucho más allá de los tipos de discurso que incluso los liberales clásicos aprueban que se deberían prohibir, como la pornografía infantil, las filtraciones de secretos nacionales o la incitación deliberada a la violencia física». 

El objetivo de las leyes de discurso de odio es «promover la armonía social. Sin embargo, hay pocas pruebas de que funcionen». Suprimir el discurso con la amenaza de enjuiciamiento «parece fomentar la división». Los populistas «prosperan con la idea de que la gente no puede decir lo que realmente piensa, una opinión ahora compartida por más del 40 por ciento de los británicos y alemanes».

En Francia, «se multó a un canal de televisión conservador por calificar el aborto como la principal causa de muerte en el mundo», recuerda The Economist.

En efecto, en noviembre de 2024, la Autoridad de Regulación de Medios de Francia (Arcom) impuso una multa de 100.000 euros a CNews por un incidente de febrero de 2024, durante el programa «En quête d’esprit», presentado por Aymeric Pourbaix. En ese episodio, se mostró una infografía que utilizaba cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El gráfico indicaba que se realizan aproximadamente 73 millones de abortos al año en el mundo, lo que representaría el 52 por ciento de todas las muertes globales, superando ampliamente al cáncer (10 millones) y al tabaquismo (6,2 millones).Según Arcom, presentar el aborto como una causa de muerte equipara al feto con una persona viva, lo cual vulnera el marco legal francés, donde el feto no es considerado una persona con derechos legales. Por lo tanto, calificar el aborto como una causa de muerte fue castigado como una falta de precisión informativa. Fuentes: Le Figaro y Le Monde. La emisión de CNews generó una dura reacción de los medios progresistas y entre políticos de izquierda. CNews, propiedad del empresario Vincent Bolloré, se disculpó públicamente (Le Monde). Jean-Marie Le Méné, por el contrario, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune, criticó la decisión de Arcom, calificándola de «totalitaria» y añadió que se trata de una censura ideológica que niega una realidad estadística (Zenit). 

El 4 de marzo de 2024, el Parlamento francés, reunido en el Palacio de Versalles, aprobó por una abrumadora mayoría (780 votos a favor y 72 en contra) la inclusión del derecho al aborto en la Constitución. Esta decisión convirtió a Francia en el primer país del mundo en mencionar explícitamente este derecho en su Carta Magna (Véase Le Monde).

Las cosas pueden empeorar por lo que respecta a la libertad de expresión en Europa, según The Economist. «Las leyes vagamente redactadas que dan una gran discreción a los funcionarios son una invitación al abuso. Los países donde tal abuso aún no es común deberían aprender del ejemplo británico. Su represión no se planeó desde arriba, sino que surgió cuando la Policía descubrió que le gustaban los poderes que le daban. Es mucho más fácil perseguir imágenes de Instagram que ladrones; la evidencia está a solo un clic de distancia».

Cuando la ley prohíbe ofender, razona The Economist, «también crea un incentivo para que las personas reclamen sentirse ofendidas». Se podría llegar a utilizar la Policía «para silenciar a un crítico o llegar a un acuerdo con un vecino». Cuando algunos grupos están protegidos por las leyes de «discurso de odio», pero otros no, «los demás también tienen un incentivo para exigir protección». Cada vez «más áreas se consideran prohibidas. En poco tiempo, todo obstaculiza el debate público. Es difícil tener un intercambio abierto y franco sobre inmigración, por ejemplo, si una parte teme que expresar sus puntos de vista invite a una visita de la policía».

Creer en la libertad de expresión «significa defender el discurso que no te gusta. Si las democracias no lo hacen, pierden credibilidad, en beneficio de autocracias como China y Rusia, que están luchando en una lucha global por el poder blando».

¿Qué deberían hacer los europeos? La respuesta de The Economist: «Volver a las viejas ideas liberales de que el desacuerdo ruidoso es mejor que el silencio forzado y que las personas deben tolerar las opiniones ajenas». Las sociedades tienen muchas formas de promover el civismo que no implican maniatar con esposas, «desde las normas sociales hasta las reglas de recursos humanos de la empresa». Las sanciones penales deberían ser «tan raras como lo son bajo la Primera Enmienda de Estados Unidos [se puede consultar aquí]. La difamación debería ser un asunto civil, con tutelas adicionales para criticar a los poderosos». El acoso y la incitación a la violencia deberían seguir siendo delitos, «pero el discurso de odio es un concepto tan confuso que debería ser descartado».

Por lo que se refiere a las plataformas digitales de propiedad privada: «Legalmente, el discurso en línea debe tratarse de la misma manera que el discurso fuera de línea. […] Leyes más claras y menos radicales ayudarían a todas las plataformas a centrarse en eliminar las amenazas y el acoso genuinos».

Tomado de NR: Los problemas de Europa con la libertad de expresión – Nueva Revista

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Persecución total en Europa: el informe que delata a Von der Leyen y su plan contra la libertad

«Un nuevo informe revela que Von der Leyen está financiando con 649 millones una red para reprimir y acallar a la disidencia en redes sociales», comenta La Gaceta. Ha habido un movimiento por parte de Europa para acabar con el free speech, poniendo el punto de mira en las voces discordante. Lo que dice el informe es que ha habido una batalla brutal para el pensamiento único. Se necesita una explicación urgente por parte de los eurocomisarios y, en especial, para Von der Leyen. Europa considera más importante la lucha contra la libertad que contra el cáncer.

Se trata de una financiación millonario para ir al adoctrinamiento de los jóvenes y un llamamiento a la vigilancia de la democracia que se trata de la desinformación y el oro. La financiación millonaria: «Ursula von der Leyen estará destinando 640 millones de dólares para crear una red que reprime y acaba a la disidencia en redes sociales bajo el pretenso de luchar contra el ‘discurso del odio’ y la ‘desinformación'». Para esto es lo que quieren el dinero, para crear un sistema para ir contra nosotros mismos.

Y es que, estos fondos se canalizan a través de 349 proyectos gestionados por ONG, universidades y centros de investigación, utilizando plataformas para identificar y silenciar discursos contrarios a la narrativa oficial con inteligencia artificial. La Comisión Europea emplea un lenguaje ambiguo y eufemístico, usando términos como «co-creación» y «democracia participativa» para justificar una vigilancia ideológica que limita lo que se puede decir, quién puede decirlo y cómo debe expresarse. Las ansias de Europa del poder son tremendas y, a través de la tecnología lo quieren conseguir.

La democracia es una bendición para los políticos porque hacen con ella lo que quieren. Y es que, están intentando un adoctrinamiento de jóvenes: El informe indica que se busca formar a jóvenes como «agentes narrativos» en programas de «empoderamiento» que en realidad sirven para el adoctrinamiento digital, convirtiéndolos en sensores sociales al servicio del discurso institucional.

Con ello, sigue el punto de dónde te gastas el dinero: el presupuesto para controlar el discurso supera al destinado a la investigación contra el cáncer, reflejando la prioridad que la Comisión Europea otorga a la regulación del pensamiento frente a necesidades sociales y sanitarias. A su vez, el informe advierte que redefinir la disidencia como ‘desinformación’ o ‘odio’ permite silenciarla con herramientas autorizadas, sin necesidad de uso de fuerza, y llama a una vigilancia democrática frente a esta manipulación ideológica.