Archivo de la categoría: 6- GONZALO ALVAREZ HENAO

Medellín, 20 de enero de 2017

Doctora

LIGIA ESTHER OROZCO LOAIZA

Inspectora de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Territorial de Antioquia

Ministerio del Trabajo

E.S.M.

Referencia: Averiguación y Acumulación — Nro. 8215 del 16 de noviembre de 2016

JESÚS MARÍA LÓPEZ VELÁSQUEZ, colombiano mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.631.989, obrando como presidente de UNIGEEP, Unión Sindical Grupo Empresarial EPM, y GONZALO ÁLVAREZ HENAO, colombiano mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.273.616, atentamente nos dirigimos a Usted con el propósito de hacer algunas precisiones y aclaraciones relacionadas con la respuesta entregada por el Doctor Carlos Santiago Ospina Vanegas, Director de Relaciones con los Empleados de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A. a su despacho.

Por la complejidad del asunto a tratar y porque el propósito que nos debe animar en el estudio y trámite de la queja presentada, es buscar la justicia y la verdad, para el logro de este objetivo, se hace indispensable identificar primero con toda precisión y claridad la naturaleza jurídica de la entidad. Este tiene que ser el punto de partida, pues al momento de iniciar una investigación, lo primero que se hace es identificar plenamente a la persona natural o jurídica que se va a investigar.  En materia penal por ejemplo, para dar curso al proceso el imputado debe haber sido debidamente particularizado, es decir identificado con sus nombres, apellidos y su documento de identidad. En el caso que nos ocupa, se hace indispensable porque el investigado maneja dos identidades, una con la que se identifica como ente público y otra como ente mixto.

La tarea consiste en determinar si se trata de una entidad del estado o de una sociedad de economía mixta, habida cuenta que los servidores de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. son trabajadores oficiales y que la sociedad se rige por las normas de las empresas industriales y comerciales del estado, y para las sociedades de economía mixta es el derecho privado. Esta necesidad surge de las distintas formas y posturas que adoptan los directivos de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., para burlar a las autoridades que están investigando algunas de sus actuaciones. Ejemplo de ello, es el escrito que le ha dirigido a Usted la Doctora CATHERINE GARCIA ARISMENDY el día 1 de diciembre de 2016.

La apoderada judicial de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., afirma en su misiva: “UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A., sociedad anónima de carácter comercial y de economía mixta con capital mayoritariamente público, sometida al régimen jurídico de la 1341 de 2009 (Ley de TIC) y demás normas aplicables, constituida mediante escritura pública número 2183 de fecha 23 de junio de 2006, otorgada en la Notaría 26 del Circulo de Medellín.” Tal afirmación no solo constituye falsedad ideológica en documento público, sino que está orientada a inducir al error a los funcionarios del Ministerio del Trabajo, ya que no es lo mismo investigar a una sociedad pública por acciones que a una sociedad de economía mixta.

La escritura número 2183 de fecha 23 de junio de 2006, otorgada en la Notaría 26 del Circulo de Medellín, corresponde a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A., sociedad por acciones de capital 100% público. Nótese como la fecha de la escritura es 23 de junio de 2006, y el Concejo de Medellín, autorizó de manera condicionada el cambio de naturaleza jurídica y creación de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. como sociedad de economía mixta, con la expedición del acuerdo 17 de 2013, en el mes de mayo del mismo año.

La manipulación y el engaño de que se valen los directivos de facto de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., no tiene límite. Prueba de ello es que la Doctora CATHERINE GARCIA ARISMENDY, dice que la sociedad de economía mixta fue constituida mediante escritura pública número 2183 de fecha 23 de junio de 2006, otorgada en la Notaría 26 del Circulo de Medellín, cuando la verdad es que corresponde a la sociedad pública por acciones, y YULIANA BETUNCUR PARRA que regenta el cargo de Revisor Fiscal, también se refiere a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. como sociedad de economía mixta. Para respaldar su argumento presenta, a un grupo de empresas de papel creadas por Millicom, y cita la escritura 2471 de 2014 y el Acuerdo 17 de 2013, pero resulta que dicha escritura corresponde a la fusión de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. con Millicom Spain Cable S. L. UNE EPM Telecomunicaciones S.A. como empresa absorbente y Millicom como absorbida.

Así figura en el certificado de la Cámara de Comercio de Medellín:

CERTIFICA:

“Escritura pública N° 2471, de agosto 14 de 2014, de la Notaría 26a. De Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 14 de agosto de 2014 en el libro 9o., bajo el N° 15575, por medio de la cual se solemniza el acuerdo de fusión entre las sociedades UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A. (365172 – 4), como absorbente y la sociedad MILLICOM SPAIN CABLE S. L. (ABSORBIDA) (Domiciliada en España), la cual se disuelve sin liquidarse. “

Los actos y contratos ejecutados por los directivos de facto de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. para materializar la sustitución patronal, son abiertamente ilegales, por las razones que más adelante vamos a exponer.

Según la escritura pública 2471 de agosto de 2014 y el certificado de existencia de la cámara de comercio de Medellín, UNE fue fusionada con Millicom Spain Cable S. L., UNE la empresa absorbente y Millicom Spain Cable la empresa absorbida, que al tenor literal de parágrafo del artículo segundo de la LEY 790 de 2002 los trabajadores de UNE son oficiales a los que se les aplica el régimen laboral de los trabajadores de las empresas industriales y comerciales del estado, por consiguiente no podían ser objeto de sustitución patronal con una empresa privada.

 (…) Parágrafo 1°. La entidad absorbente cumplirá el objeto de la entidad absorbida, además del que le es propio. La naturaleza de la entidad fusionada, su régimen de contratación y el régimen laboral de sus servidores públicos, serán los de la absorbente.” El régimen laboral de la sociedad absorbente, es el de trabajadores oficiales, habida cuenta que la naturaleza jurídica de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., no ha cambiado porque la sociedad de economía mixta de qué trata el Acuerdo 17 de 2013 no ha sido constituida, pues dicho acuerdo no ha sido ejecutado. ¿Qué lo prueben?

En esta danza de falsedades y tergiversaciones, el Doctor Carlos Santiago Ospina Vanegas, Director de Relaciones con los Empleado UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A., no se queda atrás y con sus poderes mágicos hace una simbiosis de los acuerdos 45 de 2005 y 17 de 2013, para explicar la existencia de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.  Transformada. En su escrito afirma lo siguiente: (…) Lo que establece el acuerdo a que se refiere el quejoso, es una condición para que la sociedad se transforme en otro tipo de sociedad, modifique su composición accionaria y puede ceder a terceros su administración, gestión u operación de su negocio. Más adelante dice: Las prescripciones del Acuerdo 17 de 2013 debe entenderse siempre en su relación con el Acuerdo 45 de 2005, toda vez que, como lo establece el artículo primero se autoriza” (…) en los términos del artículo 2, literal c) del Acuerdo 45 de 2005, la transformación de la naturaleza jurídica y modificación de la composición accionaria de UNE EPM Telecomunicaciones S. A., así como la sección a terceros de la administración, gestión u operación de su negocio, todo lo cual se hará de conformidad con el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 (…) Como puede observarse no hay prohibición alguna.

El Doctor Carlos Santiago Ospina Vanegas, para cubrir la ilegalidad de los actos y contratos celebrados para entregarle a HUAWEI la unidad estratégica de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y sus trabajadores, falsea la verdad, relaciona mecánicamente, los acuerdos 45 de 2005 y 17 de 2013. El Acuerdo 17, como ya lo dijimos no ha sido ejecutado, y de manera mal intencionada cita como fuente de la transformación de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., un literal derogado.

Dice el Doctor Ospina Vanegas: “El Acuerdo 045 de 2005 en su artículo 2º literal c), establece que “(…) la sociedad tendrá personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. En los estatutos de la sociedad se consagrará que, sin la autorización del Concejo Municipal ésta no podrá transformarse en otro tipo de sociedad, modificar su composición accionaria ni ceder a terceros la administración, gestión u operación de su negocio (…).”

El Doctor Ospina Vanegas, en un acto reprochable y que merece nuestra censura, para burlar los derechos de los trabajadores y para confundir al Ministerio del Trabajo, echa mano de un literal que salió de la vida jurídica en el mes de mayo de 2013, fecha en la que fue publicado el Acuerdo 17 de 2013 en la Gaceta Oficial N° 4161. El contenido del artículo tercero de dicho Acuerdo, es del siguiente: “Artículo tercero: Deróguese el literal c) del Acuerdo 045 de 2005.”

Por otra parte, no es cierto que el Concejo de Medellín hubiera autorizado la transformación de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. en otro tipo de sociedad, porque el Concejo la transformó directamente cuando dijo en el literal a): “Será una sociedad de economía mixta con participación mayoritaria de las entidades descentralizadas del Municipio de Medellín. Aquí no hay lugar a transformación y menos en los términos del literal c) del artículo 2 del Acuerdo 045 de 2005, porque como lo anotamos anteriormente, fue derogado.

El Concejo de Medellín, no solo dijo que sería una sociedad de economía mixta, sino que también definió su naturaleza jurídica, cuando señaló en el literal d) que la sociedad tendría la naturaleza de entidad descentralizada indirecta. Este tipo de sociedades solo se pueden constituir con autorización del alcalde, y no existe ningún acto administrativo autorizando tal constitución. UNE EPM Telecomunicaciones S.A. sociedad de economía mixta no existe jurídicamente.

Todos los actos y contratos firmados por UNE EPM Telecomunicaciones S.A. son ilegales incluyendo los de HUAWEI. Ésta afirmación encuentra respaldo en el hecho de que la única empresa que existe jurídicamente es UNE EPM Telecomunicaciones S.A., sociedad 100% pública, pero con el inconveniente de que no tiene personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, porque el literal que los soportaba fue derogado.

El Doctor Carlos Santiago Ospina Vanegas presenta el literal c) como si estuviera vigente. Nótese como en su escrito no menciona que está derogado sino que dice que el literal c) establece: “El Acuerdo 045 de 2005 en su artículo 2º literal c), establece que “(…) la sociedad tendrá personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. En los estatutos de la sociedad se consagrará que, sin la autorización del Concejo Municipal ésta no podrá transformarse en otro tipo de sociedad, modificar su composición accionaria ni ceder a terceros la administración, gestión u operación de su negocio (…).”

El Doctor Carlos Santiago Ospina Vanegas ignora completamente esta salvaguardia del Acuerdo 17 de 2013: “Se tendrán en cuenta los siguientes criterios, para la sociedad transformada como consecuencia de la aplicación del presente acuerdo.

a). Será una sociedad de economía mixta con participación mayoritaria de las entidades descentralizadas del Municipio de Medellín.”

d). La socIedad tendrá naturaleza de entidad descentralizada indirecta del orden municipal y los controles fiscales, disciplinarios y políticos se continuaran ejerciendo en los términos y bajo las condiciones previstas en la Constitución Política y en la Ley.”

Millicom y algunos directivos de EPM, armaron toda una estrategia jurídica para burlar los derechos de los trabajadores y escamotear el patrimonio público, para enredar el Acuerdo 17 de 2013 al que hoy están aferrados y lo utilizan para cubrir todas sus tropelías.

Finalmente afirmamos y sostenemos que la denominada sustitución patronal es ilegal porque UNE EPM Telecomunicaciones S.A. no tiene personería jurídica, autonomía administrativo y patrimonio propio, habida cuenta que el literal c del Acuerdo 45 de 2005 que la soportaba, fue derogado. Y como si lo anterior no fuera muy grave, el representante legal de UNE no ha sido nombrado por la autoridad competente para hacerlo que es el Alcalde, por el carácter público de la empresa y porque según el artículo 473 del Código de Comercio, ningún extranjero puede ser representante legal de una entidad que preste servicios públicos.

Por considerar que los funcionarios de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. pudieron incurrir, con las respuestas entregadas al Ministerio de Trabajo, en su Dirección Territorial de Antioquia, en falsedad ideológica en documento público y en una evidente obstrucción a la investigación, solicitamos respetuosamente, poner los hechos expuestos en conocimiento de la Fiscalía.

PRUEBAS:

Documentales:

• Solicitar a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. copia de la escritura de constitución de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. como sociedad de economía mixta
• Solicitar copia del decreto expedido por el Alcalde, autorizando la constitución de la sociedad de economía mixta, de conformidad con el parágrafo del artículo 49 de la Ley 489 de 1998.
• Solicitar copia Acta del nombramiento del representante legal de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
• Solicitar copia del certificado de existencia de la sociedad de economía mixta expedido por la Cámara de Comercio de Medellín.
• Solicitar copia del Acuerdo emitido por el Concejo de Medellín autorizando la venta de la Unidad Operativa a Huawei.
• Solicitar Copia del contrato en el que conste la sustitución patronal.

De la Doctora Ligia Esther,

Respetuosamente,

GONZALO ÁLVAREZ HENAO        JESÚS MARÍA  LÓPEZ VELÁSQUEZ

Presidente                                                            Presidente

Movimiento Cívico de Medellín               UNIGEEP

Y El Área Metropolitana                  Unión Sindical Grupo Empresarial EPM

Valoramos positivamente las denuncias que han venido haciendo distintos medios de comunicación, con ocasión de los retrasos y sobre costos en las obras de la Trasversal Inferior de los Balsos. Por estos graves hechos la Contraloría General de Medellín, no ha llamado a juicio de responsabilidad fiscal a los comprometidos en este descalabro económico. Aplaudimos a todos aquellos que han estado revelando todos los hechos irregulares que rodaron la contratación de dichas obras, pero también los invitamos a sacar a relucir, con la misma fuerza, el desangre a que están siendo sometidas, Colombia Móvil y UNE EPM Telecomunicaciones S.A., por parte de unos ciudadanos extranjeros, que no les duelen la ciudad y el país.

Estos extranjeros, han reconocido tanto en algunos despachos judiciales, como en el Ministerio de Hacienda, que el capital de Colombia Móvil es mayoritariamente público, es decir, de las Empresas Públicas de Medellín. Con estos dineros, que son de los usuarios, estos forasteros, entre los años 2014 a 2016, le entregaron de manera ilegal a altos funcionarios de Colombia Móvil, según informes de la misma contraloría, la escandalosa suma de 31.388 millones de pesos, de los cuales el 96.6%, por 30.311 millones de pesos, pertenecen al nivel directivo, el 2.2% pagos al nivel especialista, 0.8% al nivel analista y el 0.4% pagos al nivel asistencial. Ya el robo de los recursos del estado que pertenecen a todos los ciudadanos, no se hace directamente, sino por medio del sistema de bonificaciones. Es de aclarar que las normas permiten esto, pero con planes preestablecidos, y ni el artículo 42 de la ley 142 ni el artículo 73 de la ley 1341, fueron tenidos en la cuenta.

Para tapar este escandaloso robo a los habitantes de Medellín, el Argentino Esteban Cristian Iriarte, reunió en su oficina a puerta cerrada, el día 8 de abril de 2016 a las 02:00 p.m., a la Contralora General de Medellín, Patricia Bonilla Sandoval, al Subcontralor Darío Bonilla Giraldo y al delegado para las telecomunicaciones Carlos Alberto Trujillo Vergara. De esa reunión con capuchino y otras delicias, salió el compromiso de no investigar la destinación de esos dineros, ni de dar a conocer los nombres de los altos funcionarios de Colombia Móvil implicados en este ilícito, y el cambio del equipo de los funcionarios de la Contraloría que habían hecho estos  hallazgos o que pedían la develación de los incluidos en este acto fraudulento.

Ese pacto secreto lo han estado cumpliendo al pie de la letra, habida cuenta que le echaron tierra a la investigación, e impidieron que se dieran a conocer los nombres de los funcionarios que recibieron las descomunales bonificaciones y el equipo de empleados honestos y cumplidores de su deber, fueron retirados de la investigación. Este equipo de trabajadores removidos de su responsabilidad, no solo descubrió el fraude con las compensaciones descritas, sino que estaban detrás de unos dineros de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y EPM que están en el exterior, al parecer, en paraísos fiscales.

En materia criminal se ha dicho que no hay crimen perfecto, que los delincuentes siempre dejan una huella; la deshonesta Contralora General de Medellín y el Subcontralor, no pensaron que podían aparecer pruebas, conque ponerlos en la picota pública. Ahora bien, si los aludidos funcionarios se sienten calumniados, los invitamos a que vayan a la Fiscalía y nos denuncien penalmente.

De los Trabajadores y la Comunidad en General,

GONZALO ÁLVAREZ HENAO           JESÚS MARÍA LÓPEZ VELÁSQUEZ

Presidente                                                                       Presidente

Movimiento Cívico de Medellín                                UNIGEEP

Y El Área Metropolitana                                             Unión Sindical Grupo Empresarial EPM

BOLETÍN DE PRENSA

PRIMERA ENTREGA

Se podría pensar que esta es una afirmación tremendista y carente de la más sana lógica, pero qué objeto puede tener contar con un Concejo como el de Medellín, cuyo funcionamiento nos cuesta a los contribuyentes más de19 mil millones de pesos al año, siendo su mayor balance el de avalar la corrupción o participar de ella, sin que ejerza su tarea fundamental, como lo es el control político de los actos administrativos.

Qué sentido tiene contar con una Contraloría en Medellín, que les cuesta a los contribuyentes más de 31 mil millones de pesos, para que se dedique a tapar la descomposición reinante, que es la tarea más importante que ha hecho en los últimos tiempos. En esta Contraloría existen funcionarios muy valiosos, honrados y trabajadores, pero su esfuerzo se ve truncado, porque los altos cargos, que están comprometidos hasta los tuétanos en el encubrimiento de la corrupción en nuestra ciudad, les cambian los informes, en manera ilegal.

Para que necesitamos una Personería que ha guardado silencio cómplice, frente a los abusos en el ejercicio del poder por parte de los Concejales de Medellín y de los funcionarios de la administración central y de las entidades descentralizadas, y que nos cuesta su funcionamiento más de 18 mil millones de pesos al año, si su mayor balance es hacer tutelas.

Si se acabara con estos entes burocráticos e inoperantes, no pasaría absolutamente nada, y la ciudad se ganaría cerca de 70 mil millones de pesos, que se pudieran utilizar para la educación, la salud y la alimentación de niños y ancianos de bajos recursos económicos. Estos son organismos parasitarios y decadentes, controlados por politiqueros corruptos ¿En dónde estaba El Concejo de Medellín, la Contraloría y la Personería, cuando administraciones perversas de la mano de los politiqueros hipotecaron y saquearon a Medellín?

Alguien podrá pensar que esta propuesta está salida de tono y carente de toda lógica, pero la situación financiera en la que se encuentra el Municipio de Medellín, y sus entidades descentralizadas, es catastrófica, y ninguno de los tres organismos de control, reseñados anteriormente, ha hecho nada para impedir que se llegara a la situación en que nos encontramos.

El Movimiento Cívico de Medellín Y El Área Metropolitana y UNIGEEP, sin recursos y sin una estructura sofisticada, han venido ejerciendo el control político de los actos administrativos, y han adelantado unas investigaciones, del manejo financiero del municipio y de sus entidades descentralizadas, que nos han permitido afirmar que tanto el Concejo de Medellín, como la personería y la Contraloría General de Medellín, han venido actuando con complicidad indiscutible, frente a este descalabro financiero.

Empresas públicas de Medellín, como empresa industrial y comercial del estado de propietario único el Municipio de Medellín, no está autorizada para crear empresas en el país o en el exterior, y las inversiones en el extranjero que sobrepasan los 5 billones de pesos, tenían que ser ampliamente debatidas en el Concejo de Medellín y de cara a la ciudadanía. Esta improductiva y millonaria inversión en el exterior, llevó a EPM a endeudarse, en menos de 9 meses, en 1.300 millones de dólares, que hoy, a la tasa de dólar actual, nos están costando $4.017.000.000.000, léanse: cuatro billones, 17 mil millones de pesos. ¡Y lo más triste, no hay quien evite esta ignominia!

Adenda: primero, en el próximo boletín continuaremos profundizando en este escabroso asunto; segundo, agradeciendo a uno de nuestros miles de lectores quien nos pusiera al tanto, como en un pasado boletín nos referirnos al nuevo Gerente del Metro de Medellín como Ramón Elejalde Escobar, hacemos la debida corrección, pues su nombre es Tomas Elejalde Escobar.

De la Comunidad y los Trabajadores en General,

GONZALO ÁLVAREZ HENAO JESÚS MARÍA LÓPEZ VELÁSQUEZ
Presidente Presidente
Movimiento Cívico de Medellín UNIGEEP
Y El Área Metropolitana Unión Sindical Grupo Empresarial EPM

Por: GONZALO ÀLVAREZ HENAO

Los escandalosos hechos de corrupción en el Sistema de Salud, Reficar, el Congreso de la República, el Metro de Medellín, UNE EPM Telecomunicaciones S.A., Empresas Públicas de Medellín, Transmilenio y el Ministerio del Transporte, este último puesto al descubierto con él paro camionero, para solo señalar los más recientes, justifican la iniciativa que proponemos a los colombianos y la solicitud al gobierno, para declarar una emergencia judicial. El cáncer de la corrupción ha invadido todo el cuerpo de la nación colombiana y amenaza con terminar de destruirla.

La impunidad y la falta de una pronta y cumplida justicia, estimula a los funcionarios públicos y a los particulares a robarse el dinero del estado y a estafar a los colombianos, como ha ocurrido con los denominados carteles del azúcar y el papel higiénico, entre otros. Los “servidores públicos” involucrados en actos de corrupción, tienen la certeza que después de dejar el cargo, que están ocupando, se pueden ir tranquilos a gastarse el dinero que le han robado a los colombianos, porque el brazo siempre corto de la justicia no los alcanza.

Otro tanto sucede con los particulares vinculados a sobornos o al robo directo a los colombianos, por medio del siniestro mecanismo de asociarse o conformarse como carteles para aumentar los precios de los productos, por encima del valor real, o estafar a los ciudadanos como el caso de Interbolsa, pues reciben una multa o casa por cárcel, puesto que en muchos de los casos cuentan con la complicidad de altos funcionarios del gobierno y de algunos jueces venales.

La declaratoria de la emergencia judicial que estamos proponiendo, tendría varios propósitos: primero, dictar normas que impidan que los delitos asociados con los actos de corrupción que se están investigando o los que se van a investigar prescriban. Segundo, evitar a toda costa, que los funcionarios públicos y los particulares detenidos por estos hechos, queden en libertad por vencimiento de términos; y tercero, proponer que los actos de corrupción que se han cometido en el sector de la salud, debido a su gravedad y sus consecuencias, no tengan el mismo tratamiento judicial que los actos de corrupción cometidos en las Alcaldías, Gobernaciones, o en el Gobierno central. En el sector de la salud, no solo los corruptos se robaron el dinero de los colombianos, sino que los delitos aquí cometidos, han causado mucho dolor; gran sufrimiento y la lamentable muerte de muchos niños, ancianos y personas carentes de recursos para proporcionarse un tratamiento médico por fuera de las EPS.

Como no solo se han estado robando la plata de la salud, sino que de por medio se han perdido muchas vidas, los delitos aquí cometidos deberían ser tipificados por la Fiscalía General de la Nación, como delitos de lesa humanidad, para que no prescriban y para que los responsables paguen por los crímenes cometidos contra el pueblo.

El fenómeno de la corrupción no lo podemos reducir al simple hecho de que en Colombia tengamos unos funcionarios públicos y unos particulares inescrupulosos, movidos por el afán del enriquecimiento fácil. El asunto es mucho más profundo. La corrupción está asociada al modelo de gobierno imperante. En la historia de la corrupción, que no es propia de Colombia, existen evidencias de que este fenómeno maligno crece y se fortalece en los regímenes dictatoriales o con un asentado presidencialismo.

Nunca en nuestra historia se habían presentado hechos de corrupción tan bochornosos, tan vergonzosos, tan descomunales y tan generalizados. Los casos del Grupo Nule, el cartel de las EPS, Reficar, Ministerio del transporte y gremio de camioneros, Metro de Medellín, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Empresas Públicas de Medellín, dejan al descubierto la falacia de los ideólogos de la privatización, que quisieron venderle al país la idea de que el estado no debería participar de lleno en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en las telecomunicaciones, en la educación, en la salud y en la construcción de obras públicas, porque tanto la prestación de estos servicios como la construcción de la infraestructura vial, serían atendidos con mayor eficiencia y honestidad por el sector privado. Puro cuento, lo que han hecho los “dirigentes” del sector privado es enriquecerse con los dineros de todos los colombianos.

El destape de la corrupción, pone de presente y confirma la tesis que hemos expresado muchas veces, que por un funcionario corrupto, existe un corruptor en el sector privado. Esto quiere decir que muchas de las personas vinculadas con el sector privado, ni son tan eficientes, ni son tan honestas, como falazmente se ha pretendido demostrar.

Digamos para terminar que no estamos en presencia de un escándalo de poca monta, sino que se trata de una corrupción generalizada, que no solo afecta los dineros públicos, sino que ha representado muertes, por falta de asistencia médica, por física hambre y por inundaciones en las vías, caso la carretera al Chocó.

PUBLICADO EN EL ZANCUDO

BOLETÍN DE PRENSA

PLAN DE DESARROLLO O PLAN DE ILUSIONES Y BUENAS INTENCIONES

 Los  Concejales de Medellín, por estos días, se encuentran con la bola de cristal en la mano, tratando de adivinar de donde van a salir los recursos para financiar el Plan de Desarrollo para nuestra ciudad. El Proyecto de Acuerdo 011 de 2016, no contiene un plan integral de desarrollo para Medellín, pues aparte de estar lleno de generalidades, es un plan parcial, en un claro desconocimiento de que la administración municipal está compuesta por la administración central y las entidades descentralizadas.

Las entidades descentralizadas, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, forman parte de la rama ejecutiva. Radicar un Proyecto de Plan de Desarrollo, sin que esté acompañado de los anexos que contienen los planes y programas de las entidades descentralizadas, refleja las deficiencias y la falta de comprensión del Alcalde y los Concejales de Medellín, del funcionamiento de la administración pública y de lo que es la función administrativa. Los servidores públicos no tienen por qué saberlo todo, para eso tienen asesores, pero que estén pagando personas que muchas veces no saben dónde están parados, con los dineros de los contribuyentes, es demasiado reprochable.

 Mientras los Concejales de Medellín se devanan los sesos, buscando recursos para construir una escuelita, un escenario deportivo, o una callecita, el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín,  acaba de declarar  que como consecuencia de la delicada situación financiera de EPM, se suspenden las adquisiciones por dos años, pero no son solamente éstas, hoy nadie puede garantizar que los recursos que está prometiendo EPM, que va a entregar al Municipio de Medellín, estén seguros.

Los Concejales de Medellín, deberían estar debatiendo, a profundidad, la crisis financiera de las Empresas Públicas de Medellín, pues resulta escandaloso que el endeudamiento en el solo año 2015, fuera superior al 26%. ¿Estarán discutiendo los Señores Concejales, las implicaciones que tienen para las finanzas del Municipio, las inversiones que la pasada administración hizo en el exterior, y el empréstito por mil millones de dólares, en momentos en que el dólar estaba por encima de los tres mil pesos?

¿Estarán teniendo en la cuenta los Señores Concejales, en la discusión del Plan de Desarrollo, el saqueo que está haciendo Millicom de los dineros públicos de Medellín, a tal punto que tiene a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y a Colombia Móvil Tigo, en total bancarrota económica y financiera, y que los platos rotos los vamos a pagar, tanto EPM como todos los contribuyentes?

Adenda, ¿Cuándo se irá a pronunciar la Señora Contralora General de Medellín, Patricia Bonilla Sandoval, sobre el saqueo que está haciendo Millicom a Medellín? Esto, en tanto ya tiene los elementos suficientes que prueban nuestras afirmaciones.

 De la Comunidad y los Trabajadores en General,

GONZALO ÁLVAREZ HENAO                                                              JESÚS MARÍA LÓPEZ VELÁSQUEZ

Presidente                                                         Presidente

Movimiento Cívico de Medellín                 UNIGEEP

Y El Área Metropolitana                             Unión Sindical Grupo Empresarial EPM