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Las comunidades raizales afro

Publicado el 12 diciembre, 2018| Deja un comentario

Por Gonzalo Salazar

Conquista y colonización implicaban presencia africana, fugas, levantamientos y palenques. Un nuevo fenómeno de resistencia operado en el continente.

Las ejecutorias y nombres de los héroes anónimos de las guerras cimarronas por la libertad, bajo las banderas independentistas de los criollos mestizos, fueron marcados con el estigma de bastardos en las nuevas repúblicas. Manuel Zapata Olivella[1]

Han definido y conservado sus territorios sus culturas, también diversas, sus lenguas vernáculas (palenque de San Basilio y San Andrés y Providencia) en regiones como la costa atlántica, la pacífica y la cuenca del Magdalena medio, que con su rebeldía desde el momento en que fueron esclavizados y traídos al continente, desarrollaron sus resistencias  y nuevas identidades construidas en el cimarronaje y en los palenques, (territorios raizales comunes con autonomía política y económica) donde conservaron partes esenciales de sus cosmogonías  ancestrales a través del sincretismo religioso y cultural, desde donde formaron guerrillas junto a los indígenas, combatiendo al español esclavista (la mita), a los terratenientes y mineros depredadores nacionales y foráneos que les han quitado sus medios de subsistencia, su tranquilidad y sus vidas.

En sus territorios se lucha por la libertad, por sus culturas y autonomía, por el respeto y el reconocimiento del Estado, que solo se alcanza –teóricamente- en 1991 con la nueva Constitución y la Ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras, a través del reconocimiento de sus organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Afrocolombianas y el Proceso de Comunidades Negras, que reúnen a cientos de organizaciones afros, los Consejos Comunitarios y los palenques (territoriales), además de las asociaciones de mineros artesanales, de pescadores, de agricultores y organizaciones culturales, en sus territorios y a nivel nacional. No solo su rebeldía y sus cosmovisiones  enriquecieron economía, la cultura y la identidad nacionales, el gran aporte ha sido su fuerza de trabajo en el desarrollo de la economía, pues la mayor parte del oro, el platino, la plata, el banano y la madera que se han robado los europeos y norteamericanos, ha sido extraída hasta hoy, con violencia esclavista, -también en el sector de la construcción y la infraestructura-utilizando en su mayoría fuerza de trabajo de comunidades negras e indígenas, en el occidente, el norte y en el resto del país.

Las comunidades negras, mayoritariamente habitantes del occidente y norte del país, han  convivido  pacíficamente con las comunidades indígenas y mestizas campesinas, siendo la mayoría campesinos y campesinas que cultivan la tierra, que trabajan la minería y la pescaartesanales; población mayoritaria en grandes ciudades comoTumaco, Quibdó, Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cali, siendo la última una de las ciudades con más cultura negra en el continente; Medellín también cuenta con una gran población afro, sin embargo, con la violencia y la pobreza las han desplazado de sus territorios raizales hacia las ciudades, el centro del país y otras zonas de explotación agroindustrial y minera; estas comunidades tienen sus intereses y necesidades económicas y sociales particulares, no solo de participar en la pseudo-democracia burguesa eligiendo a sus verdugos (Congreso de la República, en Concejos y Asambleas o como gobernadores, alcaldes o presidentes), ni convertirse en empresarios capitalistas; el Estado oligárquico racista sigue tratando a los negros pobres como esclavos, como una minoría sin derechos, como menores de edad, estigmatizándolos, desplazándolos, despojándolos, manteniéndolos en la extrema pobreza y la violencia, en campos y ciudades, como lo hace con los demás sectores populares.

Realmente no podemos hablar de regiones negras o de regiones exclusivamente indígenas; nuestro territorio nacional es un crisol de mesclas de genes y culturas, de convivencia e interculturalidad, donde lo determinante es la pobreza, el marginamiento y la explotación de estas comunidades, tampoco se puede limitar a algunas zonas del país o a lo rural la convivencia de las y los afrocolombianos; ellos son parte fundamental de nuestra identidad pluriétnica y diversa culturalmente como los indígenas, mestizos y de otras procedencias.

El papel de los y las afrodescendientes en el proceso de transformación del país no puede seguir siendo como actores pasivos coloniales, aportantes de mano de obra no calificada para el extractivismo minero o la agroindustria monopólica, (madera banano, caña de azúcar, palma africana) como víctimas de la voracidad de los terratenientes y de las transnacionales de esos productos, mucho menos carne de cañón para la guerra o botín para la corrupta politiquería que los mantiene en la pobreza y los convierte en marionetas o mercancías folclóricas, como lo pretenden las empresas culturales privadas en festivales como el “Petronio Álvarez” en el Valle del Cauca, (evento popular de gran riqueza cultural), representativo de la creatividad, la sensualidad la alegría de la gente del Pacifico, tampoco seguir como aislados etnocentristas mendigando al estado por sus derechos, permaneciendo con el rol de víctimas.

Gran parte de la diversa identidad cultural y de la corriente libertaria en nuestra AbyaYala se la debemos a la gente negra, que desde 1600 desafiaron a los imperios español, francés, holandés portugués e inglés por la libertad y la dignidad, empezando con la emancipación del pueblo haitianoque expulsó al imperio francés de la isla, -primer territorio liberado de América- lucha libertaria que generó héroes como el rey  BenkosBiohó, Alejandro Petión, José Prudencio Padilla, Carlos Piar, Mateo Mina, Domingo Criolloy muchos líderes intelectuales revolucionarios en América Latina y el Caribe. A nivel internacional en el siglo XXtuvimos aMalcom X y Martin Luter King luchando por los derechos civiles en los Estados Unidos, sin olvidar desde el África ancestral a líderes revolucionarios luchando contra el colonialismo, por la democracia, y la liberación nacional en sus países como FrantzFanon, Patricio Lumumba, SamoraMachel, Nelson Mandela. Sin embargo, ha sido muy poco el reconocimiento de las mujeres negras como de las indígenas en la lucha por la libertad en todo el mundo, solo se escucha de la norteamericanaAngela Davis. De la misma manera es grande el aporte de las negritudes emancipadas en la formación de nuestra nación durante la colonia, la república, hasta hoy, lo acabamos de ver en 2017con los combativos paros cívicos del Chocó y Buenaventura, por salud, empleo, educación vías de comunicación e infraestructura.

Los movimientos por independencia y libertad de nuestro país se gestaron en las mentes de las y los cimarrones, en los quilombos, en sus palenques, con sus danzas al ritmo de sus tambores, en sus luchas guerrilleras al lado de los indígenas y de los campesinos rebeldes, por esto no podemos olvidar que este sector social desde la cultura, la producción, el deporte y la ciencia, enriquece nuestra interculturalidad, nuestras historias y país, con ejemplos como Candelario Obeso, Manuel Zapata Olivella y Jorge Artel (Agapito de Arcos). Las mujeres negras son el motor de las luchas, como mineras, como lideresas de sus comunidades, como artistas e intelectuales (Petrona Martínez,  Leonor González Mina, Delia Zapata), ellas convocan y convencen a sus hombres para movilizarse, para marchar por sus derechos ancestrales colectivos, para exigir al Estado el cumplimiento de acuerdos firmados, por el respeto a sus territorios que con la aplicación de las políticas extractivas como los agronegocios y la megaminería transnacional y nacional legal e ilegal, amenazan, contaminan, desplazan, asesinan y despojan a sus comunidades, tal como lo vimos en la marcha de las minerasy mineros artesanales, campesinas e indígenas del norte del Cauca hacia Bogotá en 20014, por la defensa de sus vidas y territorios. Mujeres populares como las del resto del país, invisibilizadas por el Estado y la sociedad machista patriarcal y racista. Pues solo las tienen en cuenta cuando se trata de prestar el servicio doméstico para explotarlas, para la hedonista y morbosa publicidad comercial y para que elijan a sus opresores cada dos años.

La esperanza, la sustentan los y las jóvenes negras en medio de la guerra y la pobreza en la lucha por su dignidad y el buen vivir en sus territorios, en la educación y la capacitación profesional con oportunidades para el empleo o para generar ingresos familiar y colectivamente, en los esfuerzos físico, cultural y deportivo, como lo vienen haciendo los deportistas de alto rendimiento competitivo de estas comunidades, que logran títulos y posiciones de campeones mundiales, pero que el mercado los convierte en mercancía de inmenso valor económico; resaltando los medios oficiales los jugosos negocios que hacen las mafias burocráticas del deporte comercial nacional e internacional con los deportistas sobresalientes de todo el país, (futbol, boxeo, pesas, atletismo) como si fuera lo único que producen los sectores populares, entre ellos las comunidades negras, pero que nunca el Estado reconoce ni soluciona los graves problemas de pobreza, insalubridad, educación, aislamiento y violencia en que se encuentran las comunidades de las costas pacífica y atlántica, -en Cali, donde entre los sectores populares son mayoritarios-, problemáticas provocadas por el modelo social y económico, pues en el occidente colombiano se crea gran cantidad de riqueza material y cultural; que explotan las grandes empresas mineras, madereras y pesqueras nacionales y transnacionales “legal”, ilegal y violentamente en estos territorios de comunidades negras e indígenas; mientras el Estado continúa entregando títulos mineros y concesiones a esas mismas mafias transnacionales que provocan deforestación, contaminación ambiental, violencia, desplazamiento y pobreza. No puede depender el bienestar de las comunidades afro de ONG, de ningún partido político (de derecha o de izquierda) ni de un gobierno centralizado que, en lugar de defenderlas, respetarles sus derechos y garantizarles bienestar o mejor calidad de vida, los agrede y los margina.

Su papel como sujeto popular está en su autoemancipación, en sus resistencias y rebeldías, que incluye el respeto a sus mujeres en todos sus derechos, combatiendo el machismo y el patriarcado en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y de opción sexual, construyendo relaciones de igualdad y solidaridad en sus hogares y en sus comunidades; construyendo y fortaleciendo sus economías colectiva y autónomamente; sus posibilidades están en fortalecer y crear nuevas y mejores organizaciones democráticas, participativas y decisorias, que se traduzcan en poder y gobierno propios autogestionarios, en unión con el resto de la comunidad y sectores populares en sus territorios comunes locales y regionales, articulados en todo el país. Las comunidades negras ubicadas en zonas rurales deben formar parte de entidades territoriales regionales y provinciales autónomas en la nueva nación, junto a las comunidades indígenas con sus resguardos y cabildos, junto a los campesinos en sus Zonas y Asociaciones Campesinas, en sus territorios comunes, en las áreas urbanas junto a los demás sectores populares.

Las comunidades afro, integrados en sus diferentes organizaciones sociales y políticas, unidos en un sólido movimiento de las negritudes o afrodescendientes, -también siendo parte de otros sectores populares- son fundamentales en la conformación social de la nueva nación colombiana, son imprescindibles en la integración-articulación de un gran movimiento social-cultural transformador (podría ser una Asamblea u Organización Política Popular), en unidad con los demás sectores populares para derrotar a la oligarquía y construir desde las localidades, provincias y regiones, un país soberano, una sociedad plural, diversa, equitativa y solidaria.

Gonzalo Salazar, diciembre 11 de 2018

 

[1] Zapata Olivella Manuel – El árbol brujo de la libertad. África en Colombia. Orígenes – transculturación – presencia. – Ediciones desde abajo. Noviembre de 2014

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El campesinado colombiano

Publicado el 30 noviembre, 2018| Deja un comentario

Por Gonzalo Salazar

Es históricamente el sector básico en la estructura social y económica del país, el que junto a los demás trabajadores ha construido la riqueza, el que ha nutrido alimentaria y socialmente -con la producción y el desplazamiento obligado- las ciudades, el sector victimizado por los terratenientes con la connivencia del Estado, los narcotraficantes y extractivistas de los agronegocios, los commodities y la minería transnacionales, que le quitan violentamente la tierra, la tranquilidad y la vida.

El campesinado no es un sector homogéneo cultural, social, ni étnicamente, pues muchos son indígenas que han abandonado o han emigrado de sus comunidades y resguardos, adquiriendo propiedad individual de la tierra, otros son integrantes de comunidades negras raizales o asentados, otros mestizos y de otras procedencias que por tradición trabajan la tierra, pero lo inherente es la convivencia, posesión y trabajo de la tierra, aunque también son quienes viven en el campo y que la han perdido o que no poseen la suficiente para vivir de ella, pero que sí trabajan para otros, sean campesinos medios o terratenientes agroindustriales, estos son los jornaleros o proletarios agrícolas.

Si bien la inmensa mayoría del campesinado es pobre, con propiedad inferior a 5 hectáreas, también lo integran muchos jornaleros que no alcanzan a las 2 hectáreas (minifundistas), aparceros, colonos y una cantidad apreciable de campesinos medios con fincas de entre 20 a 50 hectáreas, existe una minoría que supera las 100 hectáreas por familia, que podríamos llamar campesinos ricos, (el 0.4% de los propietarios posee el 65% de las tierras) en lo referente a la cantidad de la tierra, y con más de 400 hectáreas son latifundistas como los inmensos hatos ganaderos, los azucareros, palmeros, empresarios agroindustriales que cuentan con miles y millones de hectáreas cada uno, en su mayoría robadas a los campesinos y a la nación.

Según un estudio realizado previamente por Oxfam para 15 países de América Latina, el 1% de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño concentra la misma extensión que el 99%. De acuerdo a los últimos datos, en Colombia el resultado es aun más dramático: el 1% ocupa 81% de la tierra, mientras el 99% ocupa tan solo el 19%. De otra parte, los predios grandes (de más de 500 Ha) ocupaban 5 millones de hectáreas en 1970 y en 2014 pasaron a ocupar 47 millones. En el mismo periodo su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas.

Mientras tanto, las explotaciones de menos de 10 hectáreas representan el 81% del total, pero ocupan apenas el 5% del área, con un tamaño promedio de 2 hectáreas. Las mujeres se ven especialmente afectadas por la falta de acceso a tierras. Solo el 26% de las unidades productivas están a cargo de mujeres y sus explotaciones son más pequeñas, predominando las de menos de 5 hectáreas, con menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica[1]

Si miramos la productividad de la tierra de indígenas y campesinos pobres, esta tendería a reducirse con la infertilidad, por estar situadas en zonas de ladera, con dificultad para transportar insumos y productos, con poca capacidad financiera, falta de tecnología y la inconsistencia de los mercados de los productos de los campesinos pobres y medios que no pueden competir con los grandes terratenientes que poseen más de 400 hectáreas (y transnacionales que adquieren de cualquier forma cientos de miles de hectáreas en la llanura oriental) agroindustriales y agroexportadores, agronegocios que cuentan con infraestructura adecuada, (maquinaria, distritos de riego, carreteras), biotecnología, líneas de exportación o mercados monopolizados internos (monocultivos: leche, carne, aceite de palma, azúcar), los que desde la apertura económica de los 90 se fortalecieron pero que algunos de ellos se han visto afectados con los TLC aplicados. Por otro lado, estos TLC promueven y protegen a los importadores de alimentos que se deberían producir dentro del país por pequeños y medianos campesinos como se hizo hasta los 80 en que el país era autosuficiente. Muchos de los predios no poseen títulos, mientras los latifundistas corren los cercos y se apropian de ejidos y baldíos fraudulentamente con ayuda de abogados, notarios y funcionarios corruptos del ministerio de agricultura y el INCODER.

Los campesinos y trabajadores del campo requieren la unidad, y prepararse para dar la pelea junto a los indígenas y los consumidores frente al Estado oligárquico, por la soberanía agroalimentaria, por sus derechos y mejores condiciones económicas, pero a la vez por crear modelos colectivos, comunitarios y solidarios de propiedad y de producción, articulados local, regional y nacionalmente, incluso con movimientos campesinos de todo el mundo como la Vía Campesina y los movimientos ecologistas. Sería parte de esta lucha, exigir al Estado actual y al posible gobierno democrático de transición, una autentica y democrática reforma agraria que contenga por lo menos estos puntos, además de los incluidos en la propuesta agroalimentaria de este trabajo:

  • Un nuevo catastro rural y Ordenamiento Territorial (con participación decisoria de jornaleros, campesinos pobres y medios y las comunidades indígenas y negras) privilegiando las formas colectivas de propiedad y de producción, que pueda dar paso a democratizar la propiedad de la tierra, priorizando las zonas de producción agroalimentarias, definiendo el número máximo y mínimo de UAF.
  • Fomento y protección a la producción agroalimentaria, priorizando las formas de propiedad y de producción colectivas, (economía solidaria y comunitaria).
  • Soberanía Alimentaria y nutricional, que garantice la producción de la dieta básica del pueblo colombiano por los campesinos pobres y medios, determinando la infraestructura necesaria (vías de comunicación, maquinaria agroindustrial, ampliar y construir distritos de riego, centros de acopio, vivienda digna) para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y la producción agropecuaria, permitiendo y respetando la formación de redes populares de productores y consumidores desligados de los hipermercados, los grandes supermercados y las transnacionales de la producción y comercialización de alimentos.
  • Producción de fertilizantes e insumos orgánicos limpios, por los propios campesinos, con capacitación y apoyo de las entidades correspondientes nacionales e internacionales.
  • Desarrollo de investigaciones de nuestra agrodiversidad y de la diversidad biológica de nuestros campos, bosques y selvas, como de los ríos y lagos, para proteger y recuperar especies en vía de extinción, y mejorar sin manipulación genética (comercial) transgénica las especies vegetales y animales de nuestra base alimentaria, nativa y adoptada.
  • Eliminación del ICA como instituto rector en la aplicación de las políticas imperialistas neoliberales en la investigación, producción y comercialización de los alimentos en nuestro país.
  • Proteger la diversidad de nuestras semillas y especies alimenticias nativas, de la apropiación y modificación genética artificial por monopolios transnacionales, y los conocimientos que indígenas y campesinos han acumulado con la producción agroalimentaria limpia, ancestral familiar y colectiva.
  • Anulación de todos los TLC firmados en el contexto neoliberal con potencias imperialistas, y desconocimiento de las directrices e imposiciones de la OMC.
  • Realización de una auténtica reforma agraria democrática integral, como se expresa en el capítulo “Propuesta Agroalimentaria”

El campesinado gremializado en el monoproducto (paperos, arroceros, cafeteros, lecheros paneleros, algodoneros, cocaleros, Etc.) ha tenido una participación activa que los mantiene en la individualidad, que los ha ido alejando de las luchas por objetivos comunes y estratégicos como la reforma agraria y la soberanía agroalimentaria. En estas luchas se ha invisibilizado a los jornaleros locales y al proletariado agrícola, que migra en el territorio nacional recogiendo las cosechas del café, la caña de azúcar, el algodón, la coca y otros productos, pero que se integran a las movilizaciones agrarias como en el Catatumbo, en el Putumayo, en los Paros Nacionales Agrarios de 2013 y 2016; sin embargo el proletariado agroindustrial de la caña de azúcar y de la palma aceitera (mano de obra administrada por supuestas cooperativas de trabajo) se hace sentir en sus organizaciones y luchas; que desde 2005 se vienen expresando junto a los indígenas del Cauca.

Los cafeteros, sector de pequeños y medianos campesinos han tenido una dinámica que cambió desde la extinción del pacto internacional del café, que permitía alguna estabilidad en precios y cuotas de exportación, al que los TLC también golpea y obliga a los pequeños y medianos productores a movilizarse por sus intereses particulares, referidos a subsidios y mercados. Los paperos, integrado también por pequeños y medianos productores, han visibilizado su presencia en al ámbito de las luchas agrarias como lo hicieron los arroceros y los algodoneros desde el inicio de la apertura económica con paros y bloqueos de carreteras ante la importación masiva de estos productos, generalmente subsidiados en los países de origen. Igual sucede con los cacaoteros, paneleros y los lecheros; luchas comunes por intereses particulares como respuesta a la agresión neoliberal que los lleva a confluir en el paro agrario de 2013, la más grande movilización popular agraria nacional de los últimos 30 años, que logró reunir en resistencia,  participación y solidaridad a gran parte de la población del campo y la ciudad, (obligando al gobierno a instalar una mesa de diálogo MIA) pero que no alcanzó para la unidad programática y política del sector, para consolidar una articulación entre lo urbano y lo rural como alternativa o superación a la Mesa de la Habana, porque el gobierno logró dividirlo tanto gremial como política y regionalmente en una negociación en que el gobierno se niega a cumplir lo pactado. En lugar de solucionar los puntos del pliego que incluye temas como subsidios, POT, actualización catastral, garantías para la producción y el mercadeo, el gobierno nacional opta por un falaz Pacto Agrario con los terratenientes, con los agronegocios y commodities, pero sin campesinos ni soberanía alimentaria ni reforma agraria, para continuar con el despojo y políticas como la de Agro Ingreso Seguro (AIS), implementada por Uribe Vélez, que repartió miles de millones de pesos entre los más grandes terratenientes del país. Sin embargo, los agricultores populares retoman sus banderas junto a los indígenas, los mineros en la Cumbre Agraria con mejores propósitos pero débil en la unidad por las decisiones de algunos dirigentes que buscan beneficios personales en la institucionalización del movimiento mediante la lucha electoral.

Para un mejor país se necesita cambiar las políticas agropecuarias y las estructuras económicas y sociales del campo y la ciudad, una redistribución de la tierra en forma equitativa entre los productores directos, una transformación en el uso de la tierra y unos límites a la frontera agrícola y minera, reduciendo el área de pastoreo y el número de ganado bovino, estimulando la producción de otras espacies menores no contaminantes, que requieran menos espacio, eliminando el monoproducto, y el monocultivo, recuperando la fertilidad de la tierra y la diversidad agroalimentaria en las regiones, definiendo los propios campesinos organizados, en diálogos con los consumidores directos internos -también organizados- los productos a cultivar, las infraestructuras a construir y las políticas económicas, comerciales y ambientales a implementar.

La violencia en el país, hasta hoy, tiene como origen y fin, la apropiación de la tierra y la producción agropecuaria por terratenientes tradicionales, narcotraficantes y empresas transnacionales de alimentos (agronegocios, commodities) y mineras, violencia casi siempre promovida, ejercida y justificada por el Estado oligárquico. Las docenas de conflictos regionales y las guerras civiles en 200 años han sido generadas por la avaricia de los latifundistas contra campesinos, comunidades negras e indígenas; utilizando fuerzas armadas del Estado y mercenarios o paramilitares como en la llamada Violencia de los años 40, 50 y 60  y la guerra narcoparamilitar de los últimos 25 años, que sumados, las víctimas llegan a más de un millón de muertos y 8 millones de campesinos desplazados. El problema de la tierra es origen de más del 80% de la injusticia, desigualdad y violencia que ha vivido nuestro pueblo, especialmente el campesinado, en los últimos 200 años

El sector popular de mayor incidencia de la insurgencia en los últimos 50 años ha sido el campesinado, en el que la izquierda institucionalizada ha tenido poca injerencia frente a la derecha y ultraderecha que más por coerción y violencia, inducen una posición conservadora en este sector, siendo los medianos agricultores afectados por las políticas económicas que favorecen a los terratenientes y a los TLC, siendo estos agricultores que en gran medida han promovido y financiado las últimas movilizaciones, pues en ellas no se plantean la eliminación de agrotóxicos y transgénicos, ni la anulación total de los TLC -piden el ingreso al país y bajos precios de agroquímicos- ni cambios estructurales en la economía agrícola como puede ser la Soberanía Alimentaria o la Reforma Agraria, por lo que aunque son bienvenidas y muy importantes, no se les puede asignar un carácter radical o revolucionario a estas luchas. Los cambios en el sector agropecuario requieren una forma de unidad y organización de los productores, incluidos los jornaleros, los sin tierra, los desplazados y expropiados, que permita consensuar un programa unificado de luchas y objetivos, apoyados en los trabajadores y los consumidores de alimentos de las ciudades. Los campesinos pobres tienen la posibilidad de organizarse en Asociaciones Campesinas, en Cooperativas, en zonas de producción agroalimentarias, en Zonas de Reserva Campesina, en comunas o las que puedan crear,  compartiendo tierras, trabajo y beneficios, simultáneamente unidos, orgánica y políticamente al proletariado agrícola en la lucha por la distribución equitativa de la tierra y la reforma agraria integral -buscando para los sin tierra la propiedad y la producción colectiva de la tierra que necesitan para vivir dignamente-, unidos local, regional y nacionalmente a los pescadores artesanales, a las comunidades negras y al movimiento indígena por la liberación de la madre tierra, por reconocimiento y defensa de sus territorios, por la autogestión.

El campesinado, productor agroalimentario, en general no se ha hecho consciente de la necesidad de prescindir de las prácticas agresivas contra el medio ambiente con el consumo de agrotóxicos industriales, la tala que amplía la frontera agrícola y las quemas (existe más conciencia ecológica en las ciudades) ni de la nocividad para su salud como para el consumidor y para los ecosistemas, de los insumos agroquímicos, petroquímicos, transgénicos en la producción, tanto para el productor; su misma dieta sigue siendo deficiente en nutrientes, así produzca los alimentos más nutritivos, desconoce y olvida la importancia de cultivar los alimentos aborígenes de su dieta, limpios y de alto valor nutricional para auto consumo.

Es preocupante ver que la mayoría de los campesinos va a la ciudad a comprar carne, verduras, frutas y granos secos y enlatados que puede cultivar en su parcela -e intercambiar con sus vecinos-, viéndose en la “necesidad” impuesta por el Mercado, de consumir alimentos industrializados, tratados química y genéticamente, generalmente provenientes de otros países, porque supuestamente son más económicos, pero también porque el estado les obliga aplicar el monocultivo, o cultiva los productos que le impone el supermercado y le exige la empresa comercializadora. Estas prácticas impuestas, el despojo y la distribución inequitativa de la tierra, destruyeron la soberanía agroalimentaria en nuestro país y en todos los países agrarios.

La asesoría o la influencia de los grupos políticos de izquierda para cambiar las formas nocivas de producción y distribución (monoproducto, utilización de insumos agro-petroquímicos, venta a las grandes superficies) mediante la formación política del campesinado, ha sido escasa, pues muchos dirigentes políticos creen que solo basta el adoctrinamiento en los mandamientos políticos del partido (o del grupo armado), cuando no es por la falta de interés o de escasa información científica del tema de esos dirigentes; lo mismo pasa con la promoción de formas de asociación para la producción, y de la propiedad colectiva y comunitaria; por el mismo motivo existe poca preocupación de los propios productores por unir sus asociaciones (recuperar y fortalecer la ANUC, el Coordinador Nacional Agrario, los sindicatos agrarios) en federaciones, en entes cooperativos, solidarios y comunitarios unidos y articulados con los consumidores y productores populares de la ciudad; de la necesidad de la participación de todos los subsectores del campesinado en un proyecto de nuevo país en libertad, democracia y justicia social; que para los campesinos, indígenas y comunidades afro, empieza por ejercer soberanía alimentaria en sus territorios y en la lucha por la realización de la reforma agraria integral democrática, como de alguna forma se plantea en el pliego de la Cumbre Agraria Étnica y popular.  En este sentido es importante el mantenimiento, mejoramiento, ampliación integración de zonas de convivencia y producción campesina, que puedan convertirse en zonas o comunas autogestionarias rurales; la constitución de provincias y regiones (enmarcadas en lo geográfico, en las particularidades económicas, las prácticas productivas y la cultura) formando redes de producción y distribución, integrando elementos de nueva economía popular, con economía de equivalencias, intercambio de productos y mercado justo con los consumidores urbanos; intercambiando conocimientos, experiencias, semillas y productos entre ellos y con los indígenas, como se plantea en la propuesta agroalimentaria de este trabajo.

El Congreso de los Pueblos, asociaciones agrarias, el Coordinador Agrario y la Marcha Patriótica en sus programas reúnen varios de estos objetivos y estrategias que es necesario aplicar y desarrollar en los territorios, sin sectarismo ni vanguardismo, rompiendo con la democracia burguesa. Propuestas como la del Congreso de los pueblos, que tiene arraigo indígena, como la de Marcha Patriótica, con predominio de lo campesino, deben ser valoradas enriquecidas, complementadas en lo urbano de los sectores populares, en un programa económico, cultural y de gobierno popular, deben ser difundidas y asumidas como proyecto político y social con miras a integrar el gran Movimiento Político Social y Cultural Transformador, que sea producto del debate, el consenso y la unidad de los sectores populares en las localidades y en las regiones. Algunos puntos pertinentes al propósito de este texto en lo referente al problema agrario y alimentario, del Pliego de Exigencias que La Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, presentó al gobierno nacional. Mandatos para el buen vivir, por la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social

  1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial
  2. Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos.
  3. El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo: • Resguardos indígenas y territorios ancestrales
  • Territorios colectivos afrocolombianos• Zonas de Reserva Campesina• Zonas Agroalimentarias• Zonas de biodiversidad• Territorios interétnicos e interculturales• Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades. Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.
  1. La economía propia contra el modelo de despojo
  2. Transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana.Impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las políticas aperturistas y de libre comercio.
  3. Una política que restrinja y regule el uso y precio de los agroquímicos, así como el inicio de un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica basada en el respeto al ambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.
  4. Condonación de las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a través del sistema financiero. Acceso al crédito agropecuario con tasas no determinadas por la lógica de mercado.
  5. Creación y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias.
  6. Desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia, y la detención de la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional. Que se priorice la integración con los pueblos de Nuestra América Latina y el Caribe, en el marco de la protección de la producción nacional. Que todo tratado de comercio internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo colombiano.
  7. Subsidios que proteja la producción nacional, en especial a los sectores afectados por la apertura, en la cual se establezca por parte del Estado precios de sustentación rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauración de un sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos agropecuarios. Subsidios al transporte de alimentos y productos de comunidades campesinas, indígenas y afros.
  8. Estímulo a la producción de alimentos básicos por los pequeños productores, que tendrá como base el apoyo a la economía campesina en los términos propuestos en el punto anterior. Fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integración regional, en el marco de las prácticas de comercio justo eliminando intermediarios.
  9. Apoyo a la transformación de alimentos y productos agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de industrialización acordes con los intereses de las mismas.
  10. Prohibición a la importación de los productos agropecuarios estratégicos para la economía nacional.

10 Derogación de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual (patentes y derechos de obtentores vegetales), y que propician su privatización, que el gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Que se deroguen las leyes 1032 de 2006, la 1518 de 2012 y la resolución 970 del ICA.

  1. Un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias, que no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la producción, la libre circulación y comercialización por las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Así como el apoyo económico y técnico, de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodias de semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.
  2. Enfocar la investigativa académica de las universidades según el contexto y las necesidades del agro, en particular de los pequeños productores, reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes.
  3. Protección de la soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como utilidad pública, interés social y bien común de la nación.
  4. Reglamentación del capítulo VII de la ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de los territorios colectivos y tradicionales afro. conforme a la consulta previa y el consentimiento libre, e informado de los pueblos.
  5. Financiación del sector agrario, en particular del fortalecimiento de la pequeña y mediana producción,especialmente de alimentos, mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan, de la eliminación de las exenciones tributarias a grandes empresas de capital nacional y trasnacional, así como de la explotación de recursos minero energéticos.
  6. Minería, energía y ruralidad
  7. Proceso democrático discusión nueva política nacional minero–energética, con participación efectiva de comunidades campesinas, indígenas, afro y pequeños mineros tradicionales y de sobrevivencia, a través de un ejercicio de legislación popular e incluyente.
  8. Reformulación del modelo de redistribución de las rentas petroleras y minero-energéticas, fomentar, promover e invertir en desarrollo rural, mayores recursos para la inversión social y garantía de los derechos de las comunidades.
  9. Detener concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros, hasta tanto se defina concertada con las comunidades rurales y los trabajadores del sector la política minero-energética del país.
  10. Moratoria minera que congele la adjudicación de títulos en todo el país. hasta que se den condiciones reales para una explotación minera razonable para el país y las comunidades.

5 Reversión de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales en casos de grave deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la nación y violación de los derechos de los trabajadores.

  1. Reversión de todos los títulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada.
  2. no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios ancestrales, en territorios indígenas y afros, sin pasar por el requisito de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. En caso aprobatorio de las comunidades, que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
  3. en ningún caso se aprueben proyectos minero–energéticos, (títulos, concesiones y similares) sin la autorización derivada de la realización de consultas campesinas y populares en los territorios que puedan verse afectados. Tales consultas se realizarán durante la fase de solicitud del proyecto, del título o la concesión.
  4. Que deje de considerarse la minería como actividad de utilidad pública y de interés social de la nación.
  5. en el desarrollo de la política minera se garantice el estricto respeto por el agua, los páramos, bosques, áreas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias, zonas de reserva campesinas, territorios ancestrales y resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, fuentes de agua y todos los ecosistemas estratégicos para la vida y la biodiversidad. Que no se apruebe ningún título minero en dichos territorios.
  6. Suspender la implementación de megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afro,
  7. Revocar las licencias ambientales de megaproyectos hidroeléctricos, hasta que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por las hidroeléctricas.

13 Reestructuración de la fórmula que define precios de combustibles, procurando la regulación ambiental de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos.

  1. Reconocer y reparar a las víctimas por los proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos. 15. Suspender los proyectos de fracking apelando al principio de precaución..[2]

Este pliego presentado al Estado, aunque en algunos puntos se manifiesta la dependencia  del Estado  y del modelo, como la creación de cooperativas, uso de agroquímicos, (no exige la devolución inmediata de los 8 millones de las tierras robadas, el retorno garantizando la vida y la paz a los 8 millones de campesinos desplazados, el resarcimiento económico, cultural, social ambiental por los últimos 70 años de genocidio, desplazamiento y despojo, no exige el freno inmediato de la expansión de la frontera agrícola) reúne las necesidades, propuestas y exigencias de los tres principales sectores populares del campo colombiano (indígenas, campesinos-as y comunidades afro), sus preocupaciones por la situación económica y política del país, confirma el compromiso de solidaridad y unidad con los demás sectores urbanos, recoge y sintetiza todo un proyecto de reconocimiento de derechos, de cumplimiento por el Estado, de compromisos adquiridos con anteriores movilizaciones populares, democratización y desarrollo económico, reivindicaciones a alcanzar dentro de la democracia burguesa en el marco de la Constitución Política; por consiguiente es un insumo fundamental en la formulación de vías y condiciones para la elaboración de un proyecto consensuado de construcción de mejor país entre los sectores populares, que debería continuar con la integración de un gran movimiento político-social popular transformador.

Gonzalo Salazar, noviembre 30 de 2018

 

 

[1]https://www.oxfam.org/es/informes/radiografia-de-la-desigualda

[2]  Partes de los puntos del pliego agrario tomados de http://www.prensarural.org  Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular / Viernes 11 de abril de 2014

 

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La ancestralidad nos refresca la memoria

Publicado el 17 noviembre, 2018| Deja un comentario

Por Gonzalo Salazar

“Por eso vamos a seguir recuperando las tierras.Por eso vamos a dejarla en libertad para convivir en ella y para defender la vida. Por eso, luchar por la tierrano es un problema ni un deber solamente de los indígenas, sino un mandato ancestral  de todos los pueblos, de todos los hombres y mujeres que defienden la vida.”COMUNIDADES INDIGENAS DEL CAUCA COMISION DE REFORMA AGRARIA.

 Después de 425 años de despojo, desplazamiento y aniquilamiento porconquistadores, terratenientesy por el propio Estado capitalista, de resistencias y recuperaciónde la memoriaen lucha por la libertad de la madre tierra que les ha sido usurpada, porsus derechos, por su bien vivir, los indígenas del continente resurgen como sujetos políticos rescatando su dignidad, sus culturas, reclamando su autonomía en sus territorios, y el respeto a la naturaleza, construyendo y recuperando formas democráticas de autogobierno como los caracoles y las juntas de buen gobierno de los zapatistas en Chiapas; los ayllu y markas de quechuas y aimaras en Perú y Bolivia; los mayas exigiendo resarcimiento al Estado y las transnacionales, por genocidio y desplazamiento en Guatemala;movilizándose por la democracia, en defensa de los ecosistemas y territorios en Ecuador y Bolivia, los mapuches resistiendo al capital extractivista y a los Estados chileno y argentino que están vendiendo sus tierras a extranjeros; los Nasa exigiendo respeto a su autonomía, su cultura y a su territorio a los actores armados y políticos dominantes con las mingas de resistencia; identificados todos en la necesidad de reconstruir el Buen Vivir con todos los pueblos ancestrales, raizales y mestizos de nuestra AbyaYala, respetando y amando a la madre tierra.

Los indígenas del Cauca,vienenenfrentando la represión del Estado y de grupos armados legales e ilegales al servicio de terratenientes y narcotraficantes, con masacres como la del Nilo en 1991 y los asesinatos continuos y sistemáticos después de firmados los acuerdos con las Farc.Desde 2005 vienen caminando la palabra por carreteras, calles, plazas y universidades del país,en unión con todas las etnias del occidente y del resto de pueblos dispersos en el territorio nacional, reclamando la liberación de la madre tierra, el respeto a sus territorios, a su autonomía y a sus culturas;en este proceso han estado acompañados por las luchas de jornaleros sin tierra, campesinos, mineros artesanales, comunidades negras;  ellos convocan a los demás sectores populares al debate y a la movilización, por los grandes problemas nacionales, como la necesidad de la unidad y lucha de todos por un mejor país;han pasado de lo local y lo particular de sus reivindicaciones,a labúsquedade  una sociedad justa, equitativa y democrática que confronte y reemplace al capitalismo, por la autodeterminación de los pueblos, por respeto y defensa de la naturaleza, por soberanía alimentaria, por un nuevo país diverso e intercultural, por paz con justicia social. A sus movilizaciones se han unido sectores urbanos: estudiantes, sindicatos, ecologistas, artistas, quienes han acogido propuestas como la Minga Social y el Congreso de los Pueblos, levantando la lucha por sus reivindicaciones.

La lucha de los pueblos indígenas no es espontánea, recuperaron la memoria y la dignidad después de 450 años de resistir al despojo, la exclusión, el exterminio y la explotación (terraje) heredados de la encomienda, retomando la lucha de la Gaitana con el trabajo político organizativo de líderes como Juan Tama y Quintín Lame, quien difundió la ley 89 de 1890, que reconocía los resguardos y cabildos (aunque los definía como salvajes en el lenguaje colonial). Ellos tenían unas estructuras políticas y sociales ancestrales, que fueron modificadas por los españoles para administrar su fuerza de trabajo y expropiarlos de sus territorios y culturas, y que después, en la república, los indígenas invierten con la recuperación del conocimiento de las leyes de protección emitidas por la Corona española y por el estado colombiano;utilizaron estas instituciones como medios para su unidad y lucha, para reclamar sus derechos, sus culturas, para organizarse y  autogobernarse, convirtiéndolas en instituciones propias como el resguardo, de carácter territorial, el cabildo como organización política; hasta organizaron su autodefensa armada: el movimiento Quintín Lame, que se desmovilizó para participar en la constituyente de 1991. Se preocuparon por la recuperación de sus territorios, iniciaron la reconstrucción de sus cosmovisiones, de su propia justicia, de su medicina tradicional, y crearon la Guardia Indígena para proteger a sus comunidades;estasluchas fueronimpulsadas por el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, iniciativa que fue seguida por las demás comunidades en el resto del país, organizando nuevos cabildos, asociaciones y concejos regionales por departamentos y por regiones.

La lucha por la liberación de la madre tierra lo es también por justicia social e histórica, pues los invasores y sus herederos terratenientes se apropiaron de las tierras bajas y fértiles, desplazando a los pueblos indígenas hacia las cumbres de las montañas, a zonas de páramos, reservas forestales y productoras de agua, pero estériles para la producción agropecuaria, y difíciles para la sobrevivencia humana, como se ha continuado haciendo también con el campesinado en los últimos 70 años.

La lucha del movimiento indígena se fortaleció y se hizo visible con la movilización por la liberación de la madre tierra y la defensa de sus territorios desde 1971 con la  creación del CRIC, de la ACIN y de la ONIC, con la que se pretende la integración del movimiento indígena a nivel nacional, y su vinculación al movimiento de pueblos indígenas en AbyaYala y del resto del mundo; siendo reconocidos por el Estado como comunidades con “estructuras políticas socio-económicas autóctonas”, al garantizar el derecho a la educación mediante, el decreto 1142 de 1978; con la inclusión como pueblos en la nueva Constitución Política de Colombia (1991), y la ley 1381 de 2010[1]. Sin embargo, esta legislación no garantiza que se respeten sus derechos individuales y colectivos ni su autonomía, pues siguen siendo víctimas de despojo y extermino. Los Nasa unidos con los Misaklideraron este proceso en el Cauca y que fue seguido por el resto de pueblos indígenas en todo el país. Así, TIERRA, UNIDAD, CULTURA Y AUTONOMÍA, son los principios que explican y justifican el surgimiento del CRIC, cuya plataforma de lucha es la siguiente:

  • Recuperación de las tierras de los resguardos.
  • Ampliación de los resguardos.
  • Fortalecimiento de los cabildos indígenas.
  • No pago de terraje.
  • Conocer las leyes y exigir su justa aplicación.
  • Defender la historia, la lengua y las costumbres.
  • Formar profesores indígenas para que eduquen de acuerdo a la situación indígena.
  • Impulsar las organizaciones económicas comunitarias.
  • Fortalecer y preservar los recursos naturales.
  • Reorganizarla familia nasa según requerimientos del plan de vida.[2]

Los indígenas del norte del Cauca (Nasa-Paez, Misak, Totoró) y del suroccidente del país nos expresan  su carácter de pueblos, cuando ejerciendo la democracia popular, convocan a toda la población de la región a una consulta sobre el TLC con los Estados Unidos,  realizada  el 6 de marzo de 2008, en los municipios de Jambaló, Toribío, Silvia, Caldono, Inzá y Páez, en la que participaron 51330 personas, en la cual el 98% rechazó el TLC; tan solo 691 votos fueron favorables al TLC; nos lo vuelven a confirmar cuando exigen diálogo directo con los altos representantes del Estado, demandando el cumplimiento de acuerdos y del Derecho Internacional Humanitario y el respeto a su autonomía; cuando esta comunidad exige el desalojo de su territorio a todos los actores armados legales e ilegales. Los Nasa, aunque en su resistencia centenaria han actuado como guerreros de la dignidad defendiendo su cultura y sus territorios, son pacíficos, no quieren que sus jóvenes sean soldados de ningún ejercito; algunas de sus comunidades han asumido su propia defensa sin armas de guerra -la Guardia Indígena- en la recuperación de sus territorios ancestrales,  otras han optado por no tener ningún cuerpo de defensa permanente ni de control social, asumiendo todo el colectivo la defensa de sus territorios cuando las condiciones lo exijan.

Los Awas que han resistido el exterminio de las transnacionales petroleras y de terratenientes nos dan una lección de dignidad con su Carta a los pueblos del mundo, igualmente los demás pueblos indígenas de nuestro territorio también han venido haciendo presencia con sus pronunciamientos y mensajes, movilizándose, reclamando sus derechos ancestrales, exigiendo respeto a sus territorios y culturas por el Estado y la sociedad.

En las relaciones con los pueblos indígenas, las organizaciones políticas revolucionarias, los humanistas y la izquierda, deben ceñirse a los conceptos propios de soberanía y autonomía construidos por ellos (respetando la integridad de estas comunidades, con quienes se comparten criterios de solidaridad, fraternidad, autonomía, libertad y dignidad) y los tratados y acuerdos que desde un enfoque humanista la comunidad internacional ha construido y reconocido, como algunas resoluciones de la ONU el Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, acuerdos de la OIT, el Derecho Internacional Humanitario y los mandatos que surgen de sus congresos y asambleas nacionales e internacionales y no exclusivamente a las leyes oligárquicas colombianas.

Para el pensamiento occidental es difícil hablar de izquierda o de derecha entrelos pueblos indígenas. Los mestizos occidentalizados, manejan conceptos políticos traídos de la Europa liberal, razón por la cual la izquierda -que es una construcción occidental- se ha equivocado, como la oligarquía, en el trato como clase y no como pueblos, mirando a sus organizaciones como partidos políticos o sectores de clase, y a sus autoridades como representantes de estos. Lo que no significa que sean apolíticos, que no tengan contradicciones políticas internas, que en el contexto global de la lucha de clases no actúen como oprimidos, excluidos y expoliados,  que entre sus dirigencias no se den casos de corrupción, que incluso entre sus autoridades algunos se enriquezcan, y existan quienes concilien y se alíen con sectores del Estado y la reacción dividiendo a sus comunidades, convirtiéndolas en mendigos de este y de las ONG, como pretende el régimen al tratar de dividirlos políticamente con la titulación individual de tierras, que los convierte en campesinos; con la creación de un grupo disidente que reniega de su propia identidad, de su pueblo: la OPIC[3], opuesta a la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, con la politiquería de los partidos políticos y las ONG que los utilizan y suplantan a las propias autoridades y a las mismas comunidades.

Las y los indígenas tenemos suficiente mayoría de edad para hablar por nosotros mismos. Sabemos lo que somos y cómo estamos. Sabemos lo que no queremos y lo que queremos.

Ya no somos simples “informantes” para el trabajo de la academia occidentalizante.

El o la mestiza, con categorías de comprensión occidental, jamás podrá comprender el mundo, las aspiraciones y los procesos de los pueblos indígenas. Occidente es lineal, veloz, violento y excluyente. Nosotros somos cíclicos, pausados, cordiales e incluyentes.[4]

Los pueblos originarios organizados en sus cabildos, en sus organizaciones de base, las Juntas de Acción Comunal rurales, los Consejos Regionales y Asociaciones de Cabildos de todo el país, junto a la ONIC, integran el Movimiento Indígena colombiano, entre ellos definen los objetivos de sus luchas, organizan sus territorios, sus formas de autogobierno, su participación dentro del conjunto del pueblo colombiano en la construcción de un nuevo país. Los indígenas no necesitan quien los represente o los defienda, ellos han asumido su propia representación frente al Estado y entre los demás sectores populares como sujetos con identidades propias, es por esto que quienes pretenden enfrascar las luchas indígenas en la farsa electoral, solo contribuyen a la dispersión y al sometimiento de estos pueblos al régimen y a los politiqueros de turno, ellos tienen sus propios mecanismos democráticos como las asambleas, las tulpas de pensamiento, las consultas internas, las mingas deliberativas, donde es determinante el consenso como democracia directa y decisoria.

Muchos indígenas han sido obligados a desplazarse a las grandes  ciudades, mediante la violencia militar, la exclusión económica y la reducción de sus territorios que no alcanzan para sostener a las nuevas generaciones; ellos se ubican en las laderas, en los barrios más deprimidos, algunas comunidades se organizan en cabildos urbanos, buscando reconocimiento por las administraciones municipales y distritales, reclaman recursos de transferencias, atención en programas de salud, educación, vivienda y empleo –que las autoridades estatales se niegan a realizar- para algunos sectores de la sociedad y del Estado ellos son extranjeros indeseables “incultos y violentos. algunas comunidades en sus resguardos ancestrales mandan a sus jóvenes a las grandes ciudades a formarse académica y profesionalmente para que regresen a servir y a contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de sus comunidades, pero son pocos los que regresan. La mayoría de los indígenas que se asientan en las ciudades se integra a las comunidades urbanas como obreros y empleadas del servicio doméstico, como comerciantes informales; algunos como los embera, han asumido la mendicidad como forma de supervivencia; en su mayoría estos indígenas van perdiendo sus identidades, sus idiomas y sus cosmovisiones, por lo que es necesario que los demás sectores populares los reconozcan, apoyen sus luchas, el regreso a sus resguardos y la organización  en la ciudad como sector popular a quienes no quieran regresar, integrándolos en el gran movimiento de unidad popular y transformación social que es necesario construir.

Si existe un movimiento social que pueda hablar con propiedad de ser gobierno y ser poder, este es el indígena, aunque esté limitado por el estado oligárquico y estigmatizado por los terratenientes y los medios oficiales, aunque las sectas religiosas y las ONG pretendan manipularlos. Pero el movimiento indígena no necesita del reconocimiento de sus organizaciones y autoridades por el Estado para existir y ejercer autonomía -lo que debe hacer el Estado es respetar sus derechos, su organización, su autonomía, sus cultura, sus territorios, devolviendo las tierras que les han sido usurpadas-; el reconocimiento que requieren es el de sus propias comunidades, el de los otros pueblos indígenas y el de los demás sectores populares del campo y la ciudad, nacional e internacionalmente, logrado con sus luchas, unidad y organización. De la misma forma ningún movimiento popular autónomo y transformador necesita de dicho reconocimiento o protección del Estado ni de ONG.

Es fundamental en la construcción de un mejor país el reconocimiento de las comunidades indígenas, como pueblos con gobiernos e instituciones propias legítimas, que deben asumir todos los sectores y movimientos populares, incluidos los intelectuales demócratas y la academia crítica, para la integración de una Organización Política Popular transformadora.

 

Gonzalo Salazar, noviembre 16 de 2018

 

[1] “Por la cual se desarrollan los artículos 7o, 8o, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4o, 5o y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes”

[2]Puntos de la Plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC”, definida en su segundo congreso en septiembre de 1971.

[3]Organización de Pueblos Indígenas del Cauca, creada por gobierno de Álvaro Uribe Vélez en marzo de 2009. Opuesta al CRIC y a la ONIC, no reconoce a los cabildos y defiende al Estado, a la propiedad privada de los terratenientes y transnacionales extractivistas.

[4]Congreso Internacional sobre Pueblos Indígenas de América Latina sin Indígenas – Ollantay Itzamná–  publicado en www.Rebelión.org 31-10-2013

 

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Aldeas De Prisión

Publicado el 29 octubre, 2018| Deja un comentario

Por Gonzalo Salazar

Las ciudades, creación de los pueblos sedentarios en todas las latitudes, en todos los tiempos, el capitalismo las convirtió de aldeas, en inmensas cárceles llenas de todo tipo de aparatos de sistemas de vigilancia, control y represión, en urbes con millones de familias, que en su mayoría sobreviven hacinadas en estrechas casas y apartamentos, muchas en las calles o debajo de los puentes; urbes productoras de basura, contaminación ambiental y miseria, territorios de desigualdad y violencias, en las que las máquinas y las personas se mueven a velocidades vertiginosas, donde nadie conoce a nadie, donde sus habitantes son sospechosos entre sí, rompiendo los lazos afectivos y solidarios de las familias y las comunidades, donde los ciudadanos compiten por todos los medios para llegar a las metas que les impone el mercado sin lograrlo, perdiendo la dignidad y la esperanza.

Desde que surge el capitalismo se generan desplazamientos de las áreas rurales a las periferias urbanas, donde  desde el inicio de la primera Revolución Industrial se instalan los talleres y las fábricas, pues la dinámica de la producción industrial mecanizada, luego automatizada hasta los 60 del siglo pasado, y ahorasistematizada-robotizada haciendo necesaria la concentración cada vez más elevada de la población en las ciudades, ya no en las metrópolis sino, en las periferias,como fuerza de trabajo para los procesos productivosindustriales (que se reduce con el desarrollo tecnológico) y en el caso de desindustrialización de nuestro país, para el comercio y la prestación de servicios, que ocupan millones de brazos y cerebros,(el proletariado) que a la vez ejercen como consumidores masivos de la producción masiva global, lo que implica la disposición de infraestructuras y servicios que la sociedad citadina  requiere; dejando en los campos la mano de obra “necesaria” para la agricultura, que también se automatiza e intensifica en los grandes feudos agroindustriales.

Las consecuencias de esos procesos se evidencian en el desarrollo de megaciudades o megalópolis con más de 10 millones de habitantes como Ciudad de México, Bombay o Buenos aires, que llevan consigo hacinamiento, dificultad en la movilización de la población trabajadora, altos índices de desempleo, de delincuencia, de corrupción, de concentración de la riqueza en muy pocas personas y la multiplicación de la pobreza en lasperiferias,

En la primera década del siglo XX, en los países del centro capitalista el 20% de la población era urbana y en los países de la periferia tan sólo el 5% residía en las ciudades. En 1950, el promedio mundial de la tasa de urbanización alcanzaba el 29,1%; en 1980 subía diez puntos y llegaba a 39,2%, y en 2008 la población urbana supera por primera vez a la población rural. Se prevé que para 2050 el 70% de los habitantes del planeta se concentrarán en las ciudades. El caso de China es paradigmático de como los procesos de urbanización alcanzan ritmos cada vez mayores, pues la tasa de urbanización de ese país entre 1963 y 2003 pasó de 17 a 39%, es decir que en cuarenta años, según Naciones Unidas, tuvo un cambio que demoró en Inglaterra 120 años y en USA 80.[1]

Junto a la pobreza y el desempleo, la falta de vivienda digna es uno de los principales problemas de los sectores populares más deprimidos económicamente en las grandes ciudades del país. El crecimiento de las ciudades en Colombia, en los últimos 60 años se multiplica geométricamente década tras década, por el desplazamiento violento de campesinos, que hacen todo tipo de terratenientes legales e ilegales y las Transnacionales, además de la migración “voluntaria” generada por el espejismo de las ciudades, ante la falta de estímulos a la pequeña y mediana producción agropecuaria.

Los inmigrantes pobres, desplazados  y destechados se ubican en tugurios en zonas marginales, mediante tomas de tierras, llamadas por los medios y los terratenientes urbanos “invasiones”, zonas de alto riesgo en laderas y a orillas de caños y ríos (convertidos en cloacas) con paredes de plástico y techos de cartón; donde no llegan los beneficios de ese inmenso desarrollo científico, industrial, tecnológico, que por el contrario, los excluye de una vida digna, libre y feliz. Prácticamente más del 40% del crecimiento demográfico y urbanístico de las cinco grandes ciudades desde los años 60 hasta hoy, se da en base a estos asentamientos. Territorios que se expanden aglutinando a cientos de miles, hasta millones de personas como el Distrito de Aguablanca en Cali y Ciudad Bolívar en Bogotá, creando ciudades dentro de las ciudades, agrandando otras intermedias como Villavicencio y Pereira.

Es de resaltar la importancia de los sectores populares en la construcción de ciudades, pues realmente la expansión urbana desde mediados del siglo XX se origina en la recuperación por los sectores populares desplazados destechados, de espacios para hacerse a un techo; pequeños y grandes asentamientos que en pocos años se convierten en barrios periféricos hoy llamados informales, donde sus habitantes inicialmente con sus escasos recursos ubican vías de acceso, fuentes de agua, canales de aguas servidas, líneas de electricidad, sitios para una pequeña escuela y un puesto de salud, infraestructura precaria que estas comunidades tratan de mejorar con la movilización que exige al Estado adecuación y mejoramiento de servicios domiciliarios, y derechos a la salud y la educación, cuando no se exige la reubicación habitacional de las familias en inminente riesgo por la topografía o la inestabilidad de los terrenos. Aunque esta tendencia ha disminuido, el movimiento por vivienda digna no ha desaparecido, al contrario, se hace más vigente y necesario fortalecer con iniciativas y alternativas asociativas y solidarias de autoconstrucción, de defensa de la vivienda digna y de sus territorios constituidos. En los 70 y 80 se darían asentamientos al oriente el Rodeo, al sur occidente como Villa Laguna, continuados en Aguablanca con el Pondaje, Yira Castro, Comuneros (Siloé en los 50 y Terrón Colorado en los 60) en Cali; una gigantesca ola que después de los Juegos Panamericanos, (la más grande infraestructura construida en la ciudad en el siglo XX), multiplicó el número de habitantes, la mayoría venidos de regiones vecinas

Desde los 50 el estado trató de implementar una política de vivienda popular a través del Instituto de CréditoTerritorial, ICT (1939) y del Banco Central Hipotecario (1932) con planes dirigidos por el Estado, en base al ahorro, las cesantías y el subsidio familiar (de las Cajas de Compensación Familiar) que incluía proyectos de autoconstrucción, planes de mejoramiento de vivienda y compra de vivienda nueva y usada subsidiada, luego el Estado y los constructores privados realizaron complejos como Ciudad Kennedy en Bogotá (parte del plan contrainsurgente Alianza para el Progreso), Modelia, Madelena (Mazuera), y se vendieron lotes para autoconstrucción en lo que se llamó Unión de Vivienda Popular, urbanizaciones como Vipasa al norte y Villa del sur en Cali.

Fue unaépoca de crecimiento industrial y de violencia terrateniente en los campos. Posteriormente viene el gran movimiento por la vivienda con experiencias como el Distrito de Aguablanca y Ciudad Bolívar (contaron los habitantes de los nuevos barrios en sus épocas con solidaridad y dirección de sectores de izquierda), a la par del crecimiento de pequeñas ciudades como Soacha y Bosa en Bogotá, Itagüí y Bello en Medellín anexadas a estas capitales. En este proceso se infiltran los acaparadores especuladores inmobiliarios de terrenos públicos, ejidos, cerros y bosques aledaños, además de los politiqueros de turno, promoviendo la construcción informal y precaria de vivienda, en los que se paga a invasores profesionales (urbanizadores ilegales) para que ilegalmente vendan lotes a ingenuos destechados que adecúan servicios públicos y vías de acceso, hasta que aparecen los propietarios de los lotes o vuelven los grandes urbanizadores privados a comprar las mejoras o a expulsar jurídica y violentamente a los pobladores para ejecutar grandes proyectos fraudulentos en connivencia con funcionarios del Estado, hechos que se dan en las capitales departamentales, especialmente en el Distrito Capital.

Independiente del Estado se generaron programas de vivienda popular, desde asociaciones Provivienda -en algún tiempo promovidas por sectores de izquierda-  y cooperativas en varias ciudades del país, casas con patios y espacios suficientes para más habitaciones, realizados con los ahorros de los beneficiados, con bajos o nulos intereses. Sin embargo en muchos barrios que se construyeron con gran esfuerzo y sufrimiento, no solo de necesidades y presión judicial, sino también de la represión policial y paramilitar, sus dirigencias -serviles de politiqueros- y hasta comunidades enteras se han dejado influenciar por politiqueros -que les llevan miserables programas de asistencia-, y narcotraficantes, convirtiéndose en defensores del régimen, olvidando sus luchas y a sus dirigentes caídos en estos procesos,  cambiando los nombres, como en el caso del sector Los Comunerosde la ciudad de Cali, que fue dividido en varios barrios, llamando a uno de estos Laureano Gómez (el tristemente célebre genocida).

A partir de los 80 el narcotráfico irrumpe incrustándose en todos los sectores de la economía nacional, encareciendo la vivienda, pues compraba a cualquier precio todo tipo de inmuebles, participando en el mercado inmobiliario y de la construcción, en el que el sector financiero y constructor se beneficiaron con el incremento del valor de la tierra y la demanda de materiales para vivienda suntuosa, Por otro lado, hasta los 80, los trabajadores sindicalizados de algunas empresas (públicas y privadas) lograron sostener en sus Convenciones Colectivas aportes para mejoramiento, consecución y/o construcción de vivienda a través de fondos y préstamos concertados con los empresarios, sin  o con muy bajos intereses, utilizando parte de sus cesantías.

La lucha por la vivienda digna hoy va unida a la lucha por el territorio como espacio de autonomía, de realización integral, individual y colectiva de los sectores populares urbanos, pero también de los rurales. Miles de familias en las ciudades pasan sus vidas, generación tras generación pagando arriendo por pequeños apartamentos (de una o de 2 habitaciones) donde sobreviven hacinadas familias numerosas, porque sus presupuestos no les alcanzan para acceder a un plan de Vivienda de Interés Social o Prioritario.

Con la apertura neoliberal la Vivienda de Interés Social pasó de ser un derecho fundamental de las familias, una preocupación del sector solidario y una responsabilidad del Estado, a un gran negocio de las grandes constructoras y del sector financiero a través de las Corporaciones Financieras de Vivienda con grandes proyectos de miles de soluciones habitacionales que los beneficiarios pagaban durante 10 o 15 años, hasta los 90, cuando el capital financiero asume la totalidad de la política de vivienda, quedando el INURBE, antiguo ICT, relegado a sirviente de las constructoras y de los bancos; quienes empezaron a diseñar tipos de vivienda para estratos bajos, reduciendo los espacios, multiplicando el valor de la vivienda popular, esclavizando a los deudores con la UPAC -cuyo principal componente era el alto interés progresivo- que luego llamarían UVR. Con la privatización de la banca pública, se acabó con el derecho a la vivienda como compromiso del Estado, con los proyectos de ahorro y vivienda del sector cooperativo, quebrando y liquidando las cooperativas de ahorro y crédito y financieras, mientras las Cajas de Compensación Familiar se convertían en empresas privadas (fueron dirigidas y administradas por representantes de empresarios, trabajadores y del Estado)  al servicio de los bancos y las constructoras.

El desarrollo de nuestras ciudades  se realiza alrededor de los centros comerciales, las modernas catedrales o cavernas, como lo dibuja Saramago, que acabaron con las populares plazas de mercado, incluso en las pequeñas ciudades, desarrollo “planificado” de vías, infraestructura de servicios y suntuaria de los nuevos modelos de desarrollo urbanístico ordenado por las instituciones financieras internacionales, definiendo prioridades en áreas determinadas para estratos 4, 5 y 6, con la infraestructura de servicios y de comunicaciones integrados a los proyectos, mientras para los estratos “bajos”, se ejecuta en sitios de riesgos ambientales o naturales, sin la infraestructura adecuada o debidamente terminada, lo que propicia la actividad clientelista y demagógica de los politiqueros, que prometen la terminación o ejecución de las obras necesarias y complementarias en los sectores populares, que nunca se realizan; mientras se monopoliza la producción de cemento y de acero y se instalan hipermercados (tipo Home Center) con todos los materiales y servicios para la construcción en los polos de desarrollo urbanístico planificado para los estratos altos y medios; iniciativa que acaba con los pequeños distribuidores, monopolizando el mercado de los materiales de construcción.

En los nuevos diseños urbanísticos los centros de educación, de salud y culturales se establecen alejados de los barrios populares, donde vive la mayoría de los trabajadores. Después de los 90 los negociantes de la salud y la educación diseñaron áreas específicas para estos negocios, las llamadas Ciudadelas de la salud de propiedad privada que cuentan con infraestructura, logística, tecnología de última generación y personal médico y profesional de alta formación y, las ciudadelas de la educación, que privatizan este derecho y excluyen a los niños, niñas y jóvenes de los sectores empobrecidos en la disputa por un cupo de la mal llamada ampliación de cobertura, mientras las instituciones universitarias se localizan en los suburbios de estrato 6 en las grandes capitales. Las secretarías de desarrollo urbano y o de vivienda y medio ambiente trabajan para los terratenientes urbanos y los centros comerciales, más que para resolver los graves problemas sociales. Las políticas de vivienda y medioambientales están siendo privatizadas desde los 80 con la creación de empresas e institutos de desarrollo o de renovación urbana, entes prácticamente descentralizados e independientes que planifican y definen con los terratenientes, las constructoras, los bancos y los grandes comerciantes los proyectos urbanísticos, la infraestructura, los POT y los Planes de Desarrollo.

El diseño y la planificación de la ciudad y de la vivienda popular, aprobados por las administraciones (concejos y alcaldías) locales y/o por el gobierno nacional mediante los POT, los Planes de Desarrollo, Planes de inversión Pública y privada, no consultan las opiniones ni las reales necesidades de los supuestos beneficiarios o afectados, son los tecnócratas al servicio del sector financiero, de la construcción, de las inmobiliarias y de infraestructura, los que dirigen y determinan la viabilidad, los tamaños, los lugares, los entornos sanitarios y ecológicos, la composición y costos de las soluciones habitacionales. Las políticas de desarrollo y renovación urbana en la actualidad obedecen a los objetivos macroeconómicos del sector financiero y extractivista para un país desindustrializado reprimarizado.

Por otro lado, muchas familias que con gran esfuerzo adquirieron sus casas o apartamentos, al perder sus empleos o quebrar sus pequeños negocios, no pueden pagar las cuotas o se retrasan, sus casas son rematadas, sus familias desalojadas violentamente (con el ESMAD) por órdenes de jueces corruptos que obedecen a los bancos y a las agencias inmobiliarias, terminando en la indigencia o desintegradas las familias ante la imposibilidad de obtener los recursos para pagar el arriendo o la cuota del préstamo, pues aun quitándoles sus viviendas, los financieros les siguen cobrando con intereses multiplicados. El poder del sector financiero ha hecho del hipotecario urbano el mejor negocio especulativo, como lo hacen los políticos corruptos y multimillonarios como los jóvenes Uribe, pues estos sectores determinan la viabilidad financiera del Estado, disponiendo del ahorro de las familias y dejando a millones de ellas en la calle, como también ocurre en EE.UU. España y otros países (crisis financiera inmobiliaria de 2008).

La arquitectura en las viviendas de interés social –estratos 1, 2 y 3- reduce cada vez más el espacio vital, acortando la visión de larga distancia, violando la intimidad de las personas por las paredes (y pisos en los edificios de apartamentos) pues son tan delgadas que no alcanzan a aislar los sonidos; en los edificios de apartamentos no se puede correr un asiento porque se despierta a los del piso de abajo; los patios internos casi no existen, ellos garantizan aire, luz y salubridad. La vivienda digna es un privilegio difícil de adquirir para las familias pobres de cinco personas que disponen de menos de cuatro salarios mínimos, pues las viviendas para los trabajadores de las ciudades son estrechos dormitorios de no más de 3 habitaciones y 40 m2 de área construida; realmente los proletarios en su mayoría salen al amanecer y regresan cansados en la noche, sin posibilidades de disfrutar un espacio amable propio con sus familias, mientras las ciudades colombianas siguen creciendo en detrimento del campo y de los pequeños pueblos aledaños. Millones de familias, la mayoría desplazadas por la guerra, sobreviven hacinadas en pequeñas áreas; tugurios de cemento, carentes de espacios verdes, con servicios deficientes, con infraestructura a medias, con  centros de esparcimiento, cultura y recreacióndeficientes, con calles tan estrechas, que escasamente pueden transitar los peatones. Sin embargo, millones de familias no tienen ni techo ni suelo donde dormir y criar sus hijos digna y cómodamente.

Tanto la academia como las instituciones del estado, en materia de vivienda, han clasificado el déficit en dos categorías: déficit cuantitativo, que corresponde a las necesidades de vivienda para quienes no la poseen en propiedad, y cualitativo para quienes la tienen, pero con deficiencias que requieren reparación, ampliación o mejoramiento; sin embargo, no se tiene un inventario real soportado en un censo veraz familia por familia, especialmente en las grandes ciudades, pues los desplazamientos y migraciones con acogida en las periferias (barrios, suburbios y municipios de áreas metropolitanas) donde se incrementan el hacinamiento y los asentamientos llamados subnormales, que no son cuantificados en su totalidad.  Tampoco se tienen en cuenta los desplazamientos internos generados por los planes de renovación y la construcción de infraestructuraurbanas (ampliación de vías, construcción de puentes, centros comerciales y espacios para la recreación).

En todo el país hacen falta más de 2 millones de viviendas, además de las 500.000 prometidas por el gobierno (sin incluir las zonas rurales) adecuadas a las necesidades de las familias de los estratos 1, 2 y 3. El déficit de vivienda pasa sobre un millón de unidades en las cinco principales ciudades del país para estos estratos.

El déficit de vivienda en Colombia, afecta al 31% de los hogares. El gobierno reconoce que el déficit alcanza los 2,3 millones de unidades habitacionales, de las cuales 1,5 equivalen a la diferencia entre el número de hogares y unidades de vivienda (déficit cuantitativo) y 800.000 corresponden a aquellas susceptibles de ser mejoradas en términos de calidad y servicios (déficit cualitativo).[2]

Ante esta realidad el gobierno de turno saca de su sombrero mágico una emergencia electorera, desviando la atención sobre el principal problema de las ciudades: entregar viviendas gratis en todo el país a 100.000 familias (desplazadas, desempleados e indigentes)  que no obtienen ingresos suficientes para alimentarse y que en el momento que reciban sus “casas” pasarán a ser deudores de impuestos y usuarios de servicios públicos, cargos que obligan a estas familias sin recursos a vender o entregar sus casas; esto es burlarse de las necesidades de la gente pobre; estos planes de vivienda popular para ser viables, deben contar con planes de seguridad social y oportunidades de empleo o de generación de ingresos suficientes para sostener a los hogares beneficiados, además de los espacios, servicios y comodidades suficientes para el óptimo desarrollo físico, sicológico y social de sus habitantes. A finales de 2014 el gobierno lanza otra propuesta demagógica, construir 400.000 soluciones de vivienda para los estratos 2, 3 y 4 supuestamente subsidiando la cuota inicial y una parte de los intereses, mientras permite que el sector financiero expropie violentamente a los miles de deudores morosos, que en muchos casos ya han pagado más de dos veces sus casas.

En el país no existe una justa política de vivienda y desarrollo urbano (Planes de Desarrollo Social Urbano, diferentes a los POT) concertada con las comunidades destechadas de acuerdo a sus necesidades, en las que ellas mismas puedan diseñar y construir sus barrios y definir sus entornos ecológicos (también conjuntos de apartamentos de varios pisos), planes que incluyan la infraestructura vial y de servicios sociales como salud, educación académica y profesional dentro de sus territorios; que doten de espacios comunitarios adecuados para la cultura y la recreación, de servicios públicos domiciliarios, que ofrezcan oportunidades para desarrollar actividades de  generación de ingresos por las propias comunidades, o garantizarles por el Estado posibilidades de empleo digno cerca a sus hogares. Planes locales de vivienda que puedan ser ejecutados entre un Estado realmente democrático o en transición y las comunidades beneficiarias con asesoría de profesionales humanistas de la arquitectura y la construcción, no de los bancos ni de organismos como el Banco mundial. La vivienda digna es un derecho fundamental como la salud y la alimentación que se debe garantizar a todas y cada una de las personas y familias del país.

Se ejecutan proyectos de vivienda diseñados, dirigidos, financiados por los terratenientes urbanos, las grandes firmas constructoras y las corporaciones bancarias financieras para las clases medias, de las que se aprovechan los grandes inversionistas inmobiliarios, acaparando y encareciendo el mercado de este sector, planes que muchas veces no incluyen el factor ecológico ni espacios recreativos adecuados; simultáneamente se construyen en los suburbios inmensas mansiones con más de 200 mts2, con la moderna domótica, (casas que prácticamente operan automáticamente)  con múltiples y amplias habitaciones para que duerman familias de tres o cuatro personas con mucho poder económico.

En algunas zonas del país el mercado de la vivienda popular se ha dinamizado en los últimos 20 años con los ahorros que hacen los trabajadores y trabajadoras que emigran a los países del norte a esclavizarse por el mejor estar de sus familias, especialmente del Eje Cafetero y del Valle del Cauca. En 2011 el 10% de la compra de vivienda en Colombia se hizo con dinero de las remesas que hacen los colombianos en el exterior a sus familias dijo a Efe Eduardo Loaiza Posada, gerente de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) en 2012. El sector de la construcción de vivienda es el más dinámico, aportando el 5.7% del PIB en 2011 (Banco de la república) empleando 1´228.000 trabajadores, con una tasa de ocupación del 58.1% de la fuerza de trabajo, para el trimestre mayo-julio de 2014; por otro lado, en 2005 el déficit de vivienda fue de 624.441 en las cuatro principales ciudades (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla)Según el Isvimed, Medellín en 2017 tenía un déficit cuantitativo de 32.481 viviendas correspondiente al 3.04% y cualitativo de 51.408, equivalente al 6.46%  [3]. La falta de vivienda popular en Bogotá pasa de las 300 mil soluciones, “…con una oferta cada vez menor de vivienda para los sectores de menores ingresos, pues mientras que al inicio de 2008 la oferta de vivienda de interés prioritario (VIP) representaba en promedio el 10% de la oferta total de vivienda, en diciembre de 2011 descendió a su nivel más bajo con una participación de apenas el 2% del stock disponible. En el 2012 representaron apenas el 5% del mercado, según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)”[4].

La crisis de la vivienda en Colombia tiene varios componentes generadores de desigualdad y pobreza en los sectores populares y de inmensa riqueza para las constructoras y el sector financiero:

  • La concentración y especulación de la tierra por los terratenientes urbanos
  • la monopolización de los materiales de construcción como el cemento el ladrillo y el acero, más el IVA que los encarece.
  • El creciente poder de los monopolios de la construcción,
  • La monopolización del sector financiero inmobiliario, la especulación, la devaluación del peso y el aumento de las tasas de interés (UVR), que impiden el acceso al crédito a los más pobres
  • La incapacidad del Estado para diseñar y aplicar una política más equitativa en materia de vivienda, desarrollo urbano, y medio ambiente
  • El desempleo, los bajísimos salarios y la escasa capacidad económica de las familias para adquirir su propio suelo y techo

El problema de la vivienda pasa por varias alternativas que tienen que ver por un lado con los espacios disponibles dentro de los perímetros de las ciudades; con una reforma urbana democrática que regule y ordene la propiedad privada, estatal y comunitaria del suelo para la construcción de los estratos 1, 2 y 3; las formas de construcción horizontal y o vertical; por otro lado, las opciones posibles para descongestionar o congelar la cantidad de habitantes, mejorando la calidad física y ambiental de las habitaciones en las grandes ciudades. La primera parte es la que el Estado trata de solucionar con proyectos, entregando al sector privado la planeación y ejecución de los mismos con grandes costos sociales y ambientales que densifican la población por metro cuadrado, que es la forma predominante en los últimos 60 años. La segunda es la que se viene utilizando en la planeación en los suburbios y la distribución de la población en municipios y áreas cercanas como viene ocurriendo en la Sabana de Bogotá, Medellín y Cali con proyectos para estratos  4, 5 y 6, -con polos de desarrollo en torno a infraestructura, logística, comercial y de servicios estilo ciudadela- generalmente al norte o al sur, que terminan expandiendo las urbes, como en Cali, extinguiendo las lagunas y humedales (que alimentaba el rio Cauca), acabaron con las lagunas: El Pondaje, Aguablanca y Charco Azul, además de una serie de corrientes superficiales y subterráneas. Igual sucede en Bogotá, donde la expansión urbanística ordenada por el sector financiero y constructor, atenta contra los pocos humedales (La Conejera y la reserva forestal Thomas Van Der Hammen) que aún sobrevive, lugares donde se produce y mantiene agua, donde aún existe gran parte de la biodiversidad de la sabana, como los santuarios de aves migratorias,contra los cerros orientales, donde cortan la roca para construir grandes edificios de apartamentos para estratos 5 y 6.

En un proceso democrático de acceso a la viviendapopular digna (dirigido por un gobierno democrático o de transición) se podría no solo ampliar los espacios de la vivienda familiar en las grandes ciudades brindando las mismas comodidades de los estratos altos con los servicios, la infraestructura, vías y logística adecuados, garantizando facilidades de acceso a medios de subsistencia o de generación de ingreso en actividades productivas y de servicios,preferencialmente  edificios de apartamentos de más de diez pisos.

Una alternativa democrática al hacinamiento en las grandes ciudades se puede viabilizar con la conformación voluntaria de organizaciones o asociaciones de los sin techo ni trabajo, que amen la ecología y la agricultura, que estén dispuestos a regresar o a emigrar al campo, a cambiar sus zonas de residencia a áreas semi-rurales y sus actividades económicas en territorios distantes de las grandes ciudades, concretamente a zonas agropecuarias y o agroindustriales (Zonas de Producción Agroalimentaria Populares) que contarían además de la tierra suficiente para producir lo necesario para la subsistencia, con la infraestructura para todos los servicios básicos domiciliarios y agropecuarios además de salud, educación (hasta la formación profesional), recreación y actividades artísticas; estos proyectos incluirían a los sin techo ni tierra del campo en las localidades objeto, sería crear nuevas aldeas o pequeñas ciudades realmente planificadas, de 10.000 a 100.000 habitantes, contando para ello con los conceptos y las decisiones de las comunidades campesinas de esos territorios, dentro de un ordenamiento democrático del territorioo Plan de Desarrollo Social Urbano-rural, diferente a los actuales POT,concertado con las comunidades locales y adaptados a sus Planes de Vida Comunitarios; esto implicaría necesariamente la realización simultanea de las reformas agraria y urbana democráticas, que provea colectiva y equitativamente la tierra para los nuevos habitantes y productores en cada localidad y región o territorio donde se pueda implementar esta política, iniciativa que la puede desarrollar un gobierno democrático popular o de transición hacia el bien vivir.

La solución alafalta de vivienda digna para los más pobres no puede estar únicamente en los programas o políticas que el estado capitalista diseña y ejecuta, menos en los monopolios financieros y de la construcción, pues persiste el interés económico sobre el social, que se refleja en los conceptos estrechos de espacio vital, calidad y comodidad que las clases dominantes tienen para el bienestar de las familias trabajadoras. Tiene que surgir de los propios sectores sociales implicados en esta problemática, no solo luchando contra las tasas de interés, por la renegociación y condonación de los créditos, también por la calidad y la comodidad de la vivienda nueva (que puede utilizar materiales autóctonos alternativos y tecnologías sencillas y eficientes, no necesariamente ladrillo, cemento y acero) y mejoramiento en los sectores más pobres, por la dotación eficiente de servicios e infraestructura. Necesita de propuestas y alternativas, de confrontar al Estado por una política de beneficio social con participación decisoria de las comunidades y de los sectores populares destechados, apoyo del sector solidario cooperativo y unidad política con todos los sectores populares.

El movimiento por la vivienda digna resurge, no solo con la toma o invasión de predios baldíos, incluso viviendas y edificios abandonados (ocupas), sino también por acceder al subsidio o para adquirir un lote dónde construir su vivienda para dejar de pagar arriendo, quienes devengan algún ingreso; mientras otros, los que están endeudados con los bancos y luchan por conservar la propiedad de sus inmuebles enfrentando jurídica y hasta físicamente la violencia del ESMAD. El movimiento por vivienda digna debería integrar arrendatarios, deudores morosos, ahorradores aspirantes a subsidios, a los que necesitan mejorar o ampliar sus viviendas, y a los que con iniciativas de autoconstrucción levantan sus casas con muchos esfuerzos pagando altos precios en materiales, servicios públicos e impuestos; los trabajadores de la construcción, que generalmente no poseen casa, los ingenieros y arquitectos humanistas, deberían formar parte de este movimiento. La problemática de la vivienda debe ser parte fundamental de un programa de transformación social, económica y ambiental, el movimiento por la vivienda digna, ser parte de ese gran movimiento popular transformador que nuestro pueblo y país necesitan, en un proceso de transición simultáneamente a construir bases de poder popular, emplace al Estado a hacer las reformas y cambios estructurales que garanticen la solución real a las necesidades de las comunidades como el derecho a la vivienda. Para un gobierno democrático popular debe ser prioritaria una política de vivienda diseñada desde los mismos sectores destechados organizados en cada una de las ciudades, que se sustenten en el ahorro, la autoconstrucción y la planeación urbanística y territorial concertada.

Los lugares de trabajo generalmente están tan alejados, que obligan al desplazamiento diario de millones de trabajadores de un extremo a otro de las grandes ciudades, generando problemas de in-movilidad, stress y angustia, aumentando los tiempos y los costos por transporte a las familias que pagan las onerosas cuotas de sus viviendas, o el arriendo que suben cada año más que el salario. La movilidad se ha convertido en el más grave problema de las administraciones locales, pues se llega a un cuello de botella en el que por un lado los medios promueven el consumo del automóvil individual y por el otro, se limitan los espacios para la circulación de esos aparatos; no hay vías adecuadas, no se constituyen verdaderos sistemas integrados de transporte masivo urbano, no se reduce el consumo de combustibles fósiles y agrocombustibles, no se reglamenta ni garantiza la movilización en bicicleta, pero sí se monopoliza el transporte masivo por los llamados operadores, quienes exigen infraestructura, tarifas y subsidios pagados por todos los ciudadanos, sin desempeñar efectivamente sus funciones, haciendo inoperante y costoso este sistema; todo esto sin contar con el daño ecológico generado por el consumo de combustibles fósiles y agrocombustibles. Estos sistemas de transporte masivo automotriz de superficie (tipo Transmilenio y Mio) se están imponiendo por los monopolios internacionales financiero, petrolero y automotriz, los grandes beneficiarios.

El modelo de ampliación y modernización de las redes de carreteras nacionales –vías 4G- y la reestructuración (privatización y monopolización) del transporte masivo urbano, negocios de miles de millones de dólares, impuestos en las grandes y medianas ciudades de América Latina en los últimos 25 años, no va dirigido a solucionar problemas de inmovilidad, es una estrategia para el endeudamiento de nuestros países por el sector financiero mundial, garantizar la llamada inversión extranjera con contratos por construcción de infraestructura y “modernización” del parque automotor; proyectos -que multiplican las inmensas ganancias de los corruptos gestores y administradores como en el caso Odebrech- que forman parte de planes como la IIRSA y de acuerdos como la Alianza Pacífico,el ingreso a la OCDE y a la OTAN, en los que está comprometido el Estado, sin consultar al pueblocolombiano.

Los servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones deben ser propiedad de todos los colombianos y prestados directamente por el Estado actual; en un gobierno de transición, ser administrados por las propias comunidades locales y/o regionales, buscando que las comunidades se apropien y dispongan de estos servicios de acuerdo a sus necesidades, y en los casos como la energía eléctrica y el gas, ser socias directas en igualdad de condiciones, sin intervención del sector privado, para concertar nacionalmente la generación y la distribución –que deben cubrir a todos y cada uno de los hogares colombianos- con tarifas nacionales, limitadas a los costos reales que en ellas se invierten. Para utilizar energías limpias y de mínimo costo, es necesario fomentar la investigación, la adecuación y la utilización de fuentes naturales (eólica, solar, biomasa, hidrógeno, geotérmica) de acuerdo a las posibilidades locales, regionales y nacionalmente. Las telecomunicaciones (televisión, radio, internet, telefonía) deben ser servicios gratuitos o subsidiados para toda la población, sin ningún tipo de estratificación, eliminando a los llamados operadores y la codificación de las señales, entrando las comunidades locales a definir la ampliación de cobertura, la modernización o renovación de equipos y la calidad de las señales, de acuerdo a sus propias necesidades, mediante comisiones rotativas de regulación y ética elegidas democráticamente en cada localidad, coordinadas regional y nacionalmente.

En las grandes ciudades del país, otrora con algún desarrollo industrial, las administraciones locales enfocan la modernización hacia el turismo, no solo recreativo cultural, también sexual, o como espacios para eventos, negocios internacionales y servicios  médicos (cirugías estéticas), como en los casos de Medellín, Cali, Bucaramanga y el eje cafetero, con el turismo dentro y alrededor de las ciudades. Por esto se desplaza dentro de las ciudades a comunidades enteras para ocupar sus territorios con infraestructuras, centros comerciales, hoteles, parques recreacionales, ecológicos y culturales, no para disfrute de los nativos, sino exclusivamente para brindar bienestar a los turistas extranjeros; ya lo vimos hace mucho tiempo en Cartagena, hace 20 años en Bogotá (El Cartucho y el Bronx),en Medellín(Moralia y El Picacho) y hoy lo viven los caleños en el centro con el proyecto Ciudad Paraíso en el sector El Calvario; con habitantes del jarillón del rio Cauca, proyecto que pretende habilitar el río para pequeños barcos turísticos y comerciales, que también incluye un malecón y un complejo hotelero; este proyecto afecta directamente a más de 5000 familias de estratos 1, 2 y 3 que viven sobre el jarillón y alrededor, que se benefician del río (areneros y comerciantes de la guadua) a lo largo de 17 kilómetros. No es que no nos interese que nos visiten de otros países y culturas, lo que no podemos justificar es que se violen los derechos individuales y colectivos de las comunidades, desplazándolas, expropiándolas y lanzándolas a la miseria a nombre del progreso y del embellecimiento de las ciudades, sin consultar ni concertar con ellas los planes y proyectos de renovación urbana.

Aceleradamente las ciudades y los pueblos se van convirtiendo en museos con caras bonitas de culturas embalsamadas, para ofrecer al turista una pantalla de país en paz, alegre y progresista, aunque no se produzca nada útil para sus propios ciudadanos, mientras en las periferias las miserias, el desempleo y los inconformismos hierven como ollas de presión

Los cambios en las actividades productivas de la grande, mediana y pequeña industria, (desindustrialización) que prácticamente desaparecieron con la importación masiva de manufacturas y alimentos provenientes de diferentes lugares del mundo, y  la reprimerización de la economía como consecuencias de la aplicación de los TLC y del extractivismo; la guerra para el despojo, la concentración del poder político y económico, la corrupción y la generalización de la cultura mafiosa, generan y propician el fortalecimiento de actividades delincuenciales  y marginales como las mafias de narcóticos y microtráfico, el contrabando, la mendicidad, la violencia juvenil, la prostitución, los microcréditos gota-gota administrados por las mismas mafias, migraciones de millones de cabeza de hogar como esclavos en los países del norte, únicas formas que encuentran para su sostenimiento muchas familias de las grandes y medianas ciudades. Situación que ha llevado a que muchos jóvenes y niños de los sectores populares (organizados en pandillas, combos, bandas) que perdieron la dignidad y la esperanza en su propia realización, manipulados y armados por las mafias legales e ilegales, dividan sus pequeños territorios convirtiendo sus barrios en guetos o en campos de concentración, actuando como esbirros de los poderosos, como carceleros de sus propias comunidades y familias, como ocurre en pequeñas ciudades como Puertotejada Cauca y en las periferias de las grandes ciudades.

Todo esto como parte del conflicto social y armado que se toma las calles de los sectores populares, ya no enfrentados como ejércitos regulares, sino, polarizados por la sobrevivencia individual de poder y de placer a cualquier costo, promovida por los medios y sectores mafiosos y políticos de derecha y del mismo Estado, que se dirigen a la desintegración de la familia, del tejido social y a dificultar la construcción de alternativas de poder popular por quienes anhelan un mejor país.Condiciones que inevitablemente continuarán con o sin acuerdos de paz con la insurgencia, mientras no se cambien a fondo las estructuras social y económica del país.

Todos los conflictos sociales generados por las estructuras socioeconómicas en las ciudades, las administraciones las resuelven militarmente, mediante la violencia: una huelga, una protesta por deficiencia en los servicios domiciliarios o públicos, por altos cobros en tarifas, por no poder pagar a las mafias financieras las altas cuotas de la vivienda, por cualquier motivo o sin motivo, los administradores ordenan a la fuerza pública atacar a los sectores populares, decretan estado de sitio en barrios y comunas, como principal forma de control social; pero no solucionan de raíz ningún problema. Este ambiente de violencia se reproduce en todo el territorio nacional con la criminalización de la protesta popular, sustentada en el concepto del “enemigo interno” y la ideología de la Seguridad Nacional. Sin embargo, los sectores populares organizados generan alternativas de resistencia en las ciudades, crean espacios de convivencia, de solidaridad, redes de consumidores y agricultores urbanos, redes de comunicación alternativa, movimientos sociales, culturales y políticos para la defensa de sus intereses y de sus territorios. Sectores que se cuestionan la posibilidad de un mejor país, de verdadera justicia social y ambiental.

Gonzalo Salazar, octubre 28 de 2018

[1]Colmenas humanas para un futuro inhumano Álvaro Sanabria Duque Edición: 192 desde abajoJunio 20 – julio 20 de 2013

 

[2]Políticas alternativas de vivienda en América Latina y el Caribe – revista La Vía Urbana – colección multimedia hacia la vía urbana – Buenos Aires 2013

[3]www.elcolombiano.com/../estas-son-las-cifras-de-la-vivienda-social-en-antiuquia enero de 2018

[4]Álvaro Sanabria Duque – Edición 192 periódico desde abajoJunio 20 – julio 20 de 2013

 

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¿Progresismo o Revolución?

Publicado el 13 octubre, 2018| Deja un comentario

Por Gonzalo Salazar

Los imperialistas siempre han llamado democracias a sus modelos económicos y sociales y a todos los regímenes que aceptan plenamente las disposiciones políticas, económicas y culturales impuestas por el capitalismo norteamericano y europeo; cualquier gobierno que disienta o asuma otra línea económica o política con autonomía, es considerado una dictadura, así sea constituido por la vía electoral, en cambio los regímenes genocidas dirigidos e impuestos por estas potencias imperialistas, los golpes militares, institucionales o judiciales, que restringen y criminalizan la actividad política y reprimen la movilización popular, que suprimen derechos individuales y colectivos para garantizar la integridad y el crecimiento del capital, para ellos son procesos “democráticos”, paraísos de “libertad”; por ejemplo la destrucción de Irak, Afganistán, Libia, Siria, y  lo que los medios masivos occidentales y los políticos imperialistas nombraron como “primavera árabe”, o las revoluciones de colores que van desde el norte de África, pasando por el medio oriente, hasta Georgia y Ucrania.

Estos conceptos tuvieron aplicación en todas las periferias, después de la segunda guerra mundial, cuando movimientos populares liderados en gran medida por frentes revolucionarios orientados por partidos de tendencia marxista en el mundo (Asia y África), se alzaron en guerras populares alcanzando la liberación nacional de sus pueblos del colonialismo y neocolonialismo. En América Latina, hasta la década del 60 del siglo XX se experimentaron procesos de justicia social protagonizados por sectores militares patriotas, apoyados por amplios sectores populares, también movimientos revolucionarios y democráticos electoralesque establecieron regímenes y gobiernos liberales democráticos, no marxistas, (a excepción de Cuba, que ejerció la insurrección a través de un movimiento revolucionario dirigido por intelectuales de la clase media, estableciendo luego una forma de socialismo influenciado por URSS) y que hicieron importantes reformas en sus economías. Mencionaré los más representativos de ese gran ciclo de gobiernos reformistas-desarrollistas del siglo pasado, la mayoría considerados por la izquierda como revolucionarios:

Lázaro Cárdenas del Río, militar antiimperialista elegido presidente de México para el período 1934 –1940. Durante su gobierno se creó la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México con la garantía de los derechos laborales. Consolidó al Partido Nacional Revolucionarios y orientó a los sindicatos hacia el Partido de la Revolución Mexicana, antecedente del PRI. Brindó asilo a excombatientes y perseguidos políticos de la guerra civil española. Trató de incluir a los empresarios y a la iglesia, y ganó el apoyo de indígenas y campesinosa su proyecto de Reforma Agraria (promovía la creación de pequeñas unidades de autosuficiencia alimentaria entregando terrenos ejidos a grupos de campesinos pobres). Creó el Instituto Nacional Politécnico. Construyó infraestructura impulsando la industria dentro de la política de sustitución de importaciones, para lo que también nacionalizó la industria petrolera, y los ferrocarriles

Juan Domingo Perón. Militar nacionalista justicialista argentino, con una confusión de las tendencias ideológicas de tipo fascista;participó en la guerra del 43. Elegido presidente en 1946; creó su movimiento: el Peronismo, con gran apoyo de los trabajadores, a quienes  “benefició” con leyes de protección laboral y sindical, enfocadas a ganar su simpatía hacia su movimiento, estimular la disposición al consumo y alejarlos de las influencias comunista y socialista. Reelegido en 1951 hasta su derrocamiento en 1955; creó el Partido Único de la Revolución fusionando los tres partidos que lo apoyaron para su elección, reconoció el derecho a votar a las mujeres, hasta expidió una ley de divorcio, pero como buen militar, fue autoritario y represor de la oposición democrática y revolucionaria, controlando la prensa, limitando la libertad de expresión. Impulsó el desarrollo industrial, el mercado interno y la intervención del Estado en la Economía, estatizando y dejando en poder del Estado el manejo de los recursos energéticos, sin embargo, firmo contrato con la Standard Oil que contradecía su supuesta posición “antinorteamericana”. Aunque era católico y aportó muy poco a la educación, terminó enfrentado a la iglesia, que contribuyó a su derrocamiento en 1955.

Getulio Vargas, elegido presidente de Brasil por varios períodos, hasta 1954; fundador del Estado Novo, modernizando el Estado con una nueva constitución (con interés corporativista: Estado, Trabajadores y burguesía) que garantizó la representación de los trabajadores en el congreso, la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, el trabajo de las mujeres, el derecho a la organización sindical, (trató de dirigir el movimiento sindical), el voto secreto y los derechos de las mujeres a elegir y ser elegidas; organizó varios ministerios para gobernar, sin embargo centralizó los poderes y disolvió los partidos políticos, enfrentando a los revolucionarios del PCB (Luis Carlos Prestes), lo que le daría el carácter de dictador. Desarrolló políticas de industrialización y sustitución de importaciones; para lo cual impulsó la construcción de infraestructura en el país, la creación de Petrobras y Electrobras, el desarrollo de la siderurgia. No atacó a la estructura social, tampoco realizó una verdadera reforma agraria, (mas bien favoreció a los terratenientes) pero hizo acuerdos con la Alemania Nazi y se alió a los EE.UU. al final de la SGM.

Jacobo Arbenz, caudillo militar antiimperialista nacionalista, continuador de la obra de Juan José Arévalo, fueelegido presidente entre 1951 y 954 en Guatemala, apoyado por obreros, campesinos, maestros, estudiantes, “por los partidos RenovaciónNacional y Acción Revolucionaria de la Capital y el partido Integración Nacional de Quetzaltenango”y dio participación al Partido del Trabajo Guatemalteco. Enfrentó a los terratenientes, entre ellos la UnitedFruit Company,“… dueña de más del 50 % de las tierras cultivables del país, de las que únicamente cultivaba el 2.6 %” [1], ejecutando la Reforma Agraria. Expropio a la Railways of Central América los ferrocarriles, y a la Empresa eléctrica Guatemala S.A. norteamericana le creó competencia en la generación de electricidad (hidroeléctrica JurúnMarinala); construyó infraestructura vial (carretera al Atlántico y puerto Santo Tomás de Castilla). Multiplico los centros de todos los niveles educativos, llevando la primaria y secundaria al campo. Reglamentó el código del Trabajo, modernizó y profesionalizó al ejército.

Juan Belasco Alvarado, militar nacionalista. Asume el gobierno del Perú entre 1968 y 1975 mediante golpe de estado (junta revolucionaria) contra Fernando Belaunde Terry. Proteccionista asistencialista, su gobierno se autodenominó Progresista. Nacionalizó la banca; expropió yacimientos petroleros en poder de la IPC, filial de la Standard Oil (“ …, más tarde se supo que el gobierno negoció en secreto con la IPC, y que, mediante el Convenio De la Flor-Greene, el Perú pagó una indemnización de 76 millones de dólares.[2]) creó Petroperú; impulsó la minería, la metalurgia, la siderurgia y construyó infraestructura; creó la Comunidad Industrial, dando participación a los trabajadores, que participaban de la gestión, la administración y de las utilidades de las empresas; estatizó la industria pesquera y mejoró la alimentación con una  reforma agraria; asumió el control de la prensa y de las telecomunicaciones a través de la Compañía peruana de teléfonos (expropiada); inició reforma educativa reconociendo el bilingüismo quechua-castellano como lenguas oficiales; aunque se declaró no alineado, estrechó relaciones con el campo socialista, pero creó un sistema nacional de Apoyo a la movilización social SINAMOS al servicio del gobierno. Fue depuesto por los militares apoyados por los EE.UU.

La revolución boliviana (1952-1964) contra militares golpistas y la oligarquía tras el triunfo electoral en el 51 del MNR. Entre las experiencias políticas revolucionarias y progresistas de esta época es necesario recordar que en los años 50 del siglo pasado los obreros  bolivianos, especialmente los mineros y el movimiento indígena, protagonizaron un movimiento revolucionario (MNR) por la democracia, de gran enseñanza y significado político para los pueblos latinoamericanos, pues se lograron importantes reformas democráticas como la agraria y la organización de los trabajadores en la COB, el control de la economía por el Estado, comparable con la Revolución Mexicana; veamos algunos logros de esas luchas:

  • Se oficializó el derecho del voto universal, que permitió romper la democracia excluyente ycalificada del pasado, otorgando el voto a la mujer y a los analfabetos.
  • Se toma el control total de la economía con un Estado fuerte, dueño de sus recursosnaturales y de sus empresas de producción.
  • Se firmó el decreto de nacionalización de las minas, donde el 80 por ciento de los ingresosde las exportaciones y los recursos del subsuelo pasaron a poder del Estado.
  • Se creó COMIBOL, la empresa minera estatal, que aun sigue en actividad y más fuerteque nunca.
  • ejecutó una importante reforma agraria que suprimió el régimen de hacienda en buenaparte de la región andina, la más empobrecida del país.
  • Se promulga el Código de la Educación Boliviana, donde se produce una «RevoluciónEducativa». La educación pasa a ser universal y obligatoria y la instalación de núcleosescolares rurales para los campesinos, marcaron un giro fundamental que universalizó underecho esencial que había estado restringido y planteado discriminatoriamente a partir dela idea de una educación especial para los indígenas[3]

 

Los anteriores procesos fueron regímenes y gobiernos ejercidos por caudillos civiles y militares que desarrollaron programas liberales desarrollistas reformistascon mejor distribución de la renta nacional, asistencia a los sectores de extrema pobreza, garantías laborales, construcción de infraestructura, estímulo a la industria local (política de sustitución de importaciones), recuperación de soberanía nacional y modernización del Estado; algunos con aperturas democráticas que dieron participación a sectores populares y de la izquierda; surgieron de movimientos democráticos y revolucionarios no marxistas, incluso algunos como gobierno, enfrentaron a estos y al imperialismo simultáneamente, mientras otros hicieron alianzas o buscaron el apoyo de organizaciones comunistas y socialistas, que les permitió ejecutar políticas que hoy se denominarían progresistas o populistas, aunque muchas de sus reformas y políticas se inspiraban en la Revolución de Octubre; con la diferencia que la mayoría de esos intentos lograron temporalmente expropiar y/o nacionalizar empresas explotadoras de recursos naturales y energéticos, y de servicios públicos estratégicos -en poder de los imperialistas-, comprometidos la mayoría con reformas agrarias que tampoco afectaron profundamente las estructuras económicas y sociales de sus respectivos países.

Si de progresismo se trata, los gobiernos que de alguna manera desarrollaron políticas proteccionistas, de defensa y recuperación de recursos naturales y energéticos, de nacionalización de servicios públicos como los ferrocarriles y las telecomunicaciones;  de sustitución de importaciones, de intentos de reforma agraria, de industrialización, de reformas laborales y aumento de salarios, de asistencia social y de mejor educación como medios de distribución de riqueza, y de reconocimiento de derechos a sectores populares como las mujeres y los trabajadores, en algunos casos con participación política de esos sectores sociales y nuevas constituciones, en el siglo pasado en América Latina: esos gobiernos reformistas desarrollistas también podrían llamarse progresistas. Estos reformistas en ningún momento pusieron en peligro la propiedad privada ni las estructuras económicas y sociales de sus sociedades, así de alguna forma aplicaran políticas de reforma agraria, de mejor distribución de las rentas y se enfrentaran al imperialismo; pues nunca transfirieron su poder ni reconocieron autonomía a sus pueblos, ni rompieron totalmente con la dependencia, más bien estos movimientos contribuyeron a la consolidación del liberalismo aplicando los postulados keynesianos y las orientaciones de la CEPAL con fortalecimiento e injerencia  del Estado en la economía (continuaron con la primerización de sus economías) como una simulación entre estado de bienestar y capitalismo de Estado; en realidad no consolidaron una revolución democrática popular porque sus proyectos giraron en torno a caudillos. Hay muchas similitudes entre los Reformistas-desarrollistas  del siglo pasado y los Progresistas del s. XXI.

Sin embargo, todos estos intentos reformistas-desarrollistas liderados por caudillos, aunque no organizaron ni dirigieron una revolución anticapitalista, de alguna manera se enfrentaron al imperialismo, (principalmente por la defensa de los recursos energéticos y del transporte como los ferrocarriles, que en varios de esos países fueron nacionalizados) algunos sufrieron la presión política, económica y militar de los Estados Unidos y la dependencia del sector financiero internacional; la mayoría fueron derrocados por las derechas con apoyo militar gringo, otros fueron asesinados y en todos los casos sus reformas anuladas o reversadas.

El único caso de un gobierno cuyo líder se identificaba como socialista marxista, además de masón, y que lo alcanzó en 1970 después de cuatro intentos en procesos electorales, fue el de Salvador Allende, quien intentó construir un régimen socialista similar al soviético a través del frente de Unidad Popular, con el que inició una serie de reformas económicas que incluían expropiaciones y compra de acciones de empresas como forma de nacionalización en su programa llamado Vía Chilena al Socialismo. Algunos de sus objetivos eran:

  • Construcción de un Estado popular con economía planificada.
  • Nacionalización de la explotación e industrialización del cobre.
  • Nacionalización de bancos
  • Expropiación de industrias estratégicas
  • Reforma agraria (continuación y profundización de la iniciada por Eduardo Frey)
  • Congelación de precios de productos de consumo popular y aumento en los salarios.
  • Reforma de la constitución.

Su programa de transición –que se dirigía a un capitalismo de Estado mediante la nacionalización y expropiación de las grandes empresas, bancos y haciendas- chocó directamente con el imperialismo en su expresión local de la ITT, multinacional de las telecomunicaciones, las mineras Anaconda Cooper Minig Co.,Kennettcott y otras,aunque les ofrecía una indemnización por la nacionalización, deduciendo de sus inmensasutilidadeslo dejado de percibir por el no pago de impuestos en los últimos 20 años; de esta manera se daba inicio a la nacionalización del cobre, el monoproducto chileno.

La nacionalización de la minería del gobierno de Allende enfureció al gobierno de los Estados Unidos y motivarían a Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, a promover un boicot contra el gobierno de Allende mediante la negación de créditos externos y la petición de un embargo al cobre chileno.​ Dos años después del golpe militar que puso fin al gobierno de Allende, la Junta Militar de Gobierno pagó una indemnización de US$250.000.000 a la empresa Anaconda CopperMining Company, propiedad de las familias Rockefeller y Rothschild.[4],

Allende y la UP trataron de hacer las reformas a través del parlamento, negociando con la derecha, la Democracia Cristiana y el Partido nacional, en el campo se daba la lucha directa por la reforma agraria, la que incluía la toma de fincas por los campesinos enfrentando la violencia de los terratenientes, y en las ciudades muchos trabajadores hacían lo propio con las fábricas paralizadas. Algo similar sucedió con el ejército adiestrado por la Escuela de las Américas, un sector de las fuerzas armadas apoyaba al gobierno, mientras el resto se preparaba para el golpe, al que no se tocó en su estructura de mando ni en su dirección política-ideológica, del que incluyó altos mandos en su equipo de gobierno. Allende siempre creyó en la lealtad del ejército a la Constitución y claro, la propiedad privada es lo más sagrado que hay que defender, esa la misión de las fuerzas armadas en el capitalismo.

Este, como la gran mayoría de intentos de transformación en  América Latina y El Caribe, fue ahogado en sangre (decenas de miles de muertos, torturados, desaparecidos y exiliados por una dictadura militar programada por el Departamento de Estado norteamericano, dirigida por la CIA., promovida y utilizada por la oligarquía chilena; golpe violento como los otros que se dieron durante la segunda mitad del s. XX o la llamada Guerra Fríaen el cono sur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay …) dentro de las políticas de Seguridad Nacional y de exterminio a un supuesto enemigo interno,-el comunismo- diseñadas desde Washington para América Latina,antecedido de estrategias conspirativas económicas, políticas y militares, sabotajes y de manipulación mediática, tal como lo  hacen hoy con Venezuela.

Durante 1972, diversos gremios paralizaron sus actividades; entre ellos, la locomoción colectiva y el transporte. El desabastecimiento de artículos de primera necesidad y los persistentes rumores de golpe militar, contribuyeron a crear en la población una sensación colectiva de desgobierno. El 11 de septiembre de 1973, el gobierno de la Unidad Popular fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet.[5]

Desde entonces el imperialismo nombró a Chile como el paradigma neoliberaleneconómico, político y desarrollo para América Latina y el mundo de la periferia.

Es la experiencia de gran significado político para nuestros pueblos después de la revolución cubana, pues con ella se pretendía demostrar que la vía “democrática” electoral, dentro del capitalismo, era la idónea para iniciar la construcción del socialismo en el continente; además nos muestra el juego pseudo-democrático que realizan los partidos y grupos políticos de la izquierda institucionalizada en ese tipo de frentes que se alejan de los sentires, saberes y pensares de las comunidades y sectores populares cuando se trata de construir auténtico poder popular.

En Colombia el referente del desarrollismo en el siglo pasado es el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo entre los 30 y 40, contó con el apoyo de la mayoría de trabajadores organizados y con la simpatía de los revolucionarios de la época como los socialistas y el PCC, construyó infraestructura de comunicaciones como los ferrocarriles y mejoramiento de puertos marítimos y fluviales (mediante contratos y concesiones a empresas norteamericanas y europeas, quienes hacían los préstamos o las inversiones) para la exportación de recursos naturales, combustibles y materias primas, y el apoyo al desarrollo de una industria liviana básica (manufactura) destinada a transformar algunas materias primas para exportación, pero no expropió ni nacionalizó ninguna empresa ni intentó la reforma agraria, realmente no fue reformista o progresista, lo que intentó fue el desarrollismo modernizando el Estado para garantizar la inversión foránea, pues el poco mejoramiento social de los trabajadores fue gracias a sus luchas contra las multinacionales, que venían desde los años 20.

Hubo otros valerosos intentos como los del militar Juan José Torres en Bolivia entre 1970 y 1971, Juan Bosch en República Dominicana en 1962, entre los que podríamos incluir al también militar Omar Torrijos en Panamá entre 1969 y 1971 y Jaime Roldós, presidente del Ecuador desde 1979, hasta su muerte en 1981(ambos muertos en dudosos accidentes), es de resaltar que el contexto de la región entre los años 60 y 80 era de asesinatos, golpes y dictaduras militares, dirigidos a través de la CIA y financiados por multinacionales de USA, siendo estos últimos gobiernos desarrollistas, en menor grado nacionalistas, a excepción de Maurice Bishop, quien asumió tras una acción revolucionaria militar del MNJ (sigla en inglés del Movimiento Nueva Joya), el gobierno socialista de Granada en las Antillas desde 1979 hasta su derrocamiento en 1983 por el ejército norteamericano.  En general, los intentos de liberación o independencia de los pueblos en nuestra AbyaYala y en el mundo, durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, han sido ahogados en sangre por los imperialistas norteamericanos y europeos, basta recordar los genocidios de nuestros pueblos y los asesinatos de sus líderes desde Sandino y Farabundo Martí, Gaitán, El Ché, Torrijos, Roldós, Allende, Bishop y Hugo Chávez (caso similar al de Arafat).

Los cambios políticos y económicos gestionados por las izquierdas en la dirección de varios Estados en Suramérica en los últimos 19 años se han dado de arriba hacia abajo, protagonizados por caudillos con programas Progresistas, pero la llegada a los gobiernos de esos países ha sido mediante grandes movilizaciones de diversos sectores populares inconformes, por problemas sociales y estructurales que las oligarquías han sido incapaces de solucionar, como la reforma agraria, la pobreza, los atentados a la vida y a la autonomía de comunidades indígenas, campesinas y urbanas, por la primacía de los proyectos extractivistas minero-energéticos y los agronegocios de terratenientes nacionales y extranjeros (reprimerización de las economías); las políticas financieras económicas y monetarias (dependencia, deuda externa, inflación, devaluación, fondos buitres), que reducen las posibilidades de sobrevivencia de los sectores populares, y obligan a los Estados lacayos a la reducción de la inversión social, a la privatización de servicios esenciales y de bienes como el agua, los bosques, los hidrocarburos, llevando a los daños ecológicos y ambientales propiciados por el modelo neoliberal, y por supuesto, a la represión y la violencia generalizada contra los pueblos que se movilizan en defensa de sus intereses contra los viejos estados oligárquicos y el capitalismo.

Estos cambios políticos, dan cuenta del ascenso en las luchas de los sectores populares  por la democracia, tanto en la movilización social-política como en las urnas, alianzas entre sectores populares rurales y urbanos, acercamientos entre militares patriotas y comunidades, unidos en la necesidad de desplazar la dependencia política y económica de los centros de poder capitalista y occidental; la necesidad de rescatar la dignidad y la soberanía en la defensa de los recursos naturales y energéticos, derrocando tiranías, dictaduras, cambiando gobernantes corruptos, ineptos y traidores. Estos movimientos han incluido protestas, marchas, paros,  y acciones insurreccionales en las ciudades, confluyendo en derrocamientos de esos tipos de gobernantes, y en procesos electorales dentro de la democracia burguesa, promovidos por sectores democráticos, y de las izquierdas institucionalizadas, que ya en el gobierno se reconocen como progresistas; estas experiencia, con sus matices políticos, (Venezuela, Bolivia, Ecuador, también Uruguay, Argentina, Brasil y en menor grado Paraguay)[6] plantearon la posibilidad de un despegue de los centros de poder europeo y norteamericano, por lo menos en el discurso, sin renunciar al capitalismo; con coincidencias que podríanhaberse concretado en una integración (bloque) regional como defensa y apoyo para la realización de sus programas, deslegitimando instituciones como la OEA, el BID, la OMC y el BM. Pero estos ensayos no obedecen a una homogeneidad en la visión ni en los objetivos definidos en un programa compartido o en un modelo realmente antisistémico; cada uno de dichos países tiene sus particularidades socioeconómicas, pero todos sus gobernantes coinciden en el extractivismo o en la reprimerización de sus economías como única vía para salir del “subdesarrollo”; sin embargo, entre estos procesos está la configuración de una potencia regional, que se aleja de los demás progresistas que no manifiestaron hegemonías individuales, y que ubica a Brasil -con Lula o sin él- en otro bloque de poder internacional, que se está consolidando a través de los BRICS (países emergentes en crecimiento económico capitalista) en Asia, África y América Latina. Los intentos progresistas revivieron la posibilidad de un mundo mejor, demostraron que la movilización popular es determinante en los cambios políticos, que el poder del imperio norteamericano no es inmune a las luchas de los pueblos por la soberanía y la democracia.

Entre dictaduras, golpes militares y la violencia y el terror que ello implica, (masacres, asesinatos, torturas, desapariciones, racismo y exilios)con gobiernos corruptos y finalmente con la implantación del Neoliberalismo en  América Latina, los movimiento populares se fueron integrando en bloques que confrontaron a esos regímenes mediante la guerra, la insurrección y las movilizaciones populares en la segunda mitad del siglo pasado,  llevando a la toma del gobierno en dos países de Centroamérica (Nicaragua y E Salvador) y dos en El Caribe (Cuba y Granada). En Suramérica, en el presente siglo, las izquierdas solo han alcanzado acceder a los gobiernos en tres países (Venezuela, Bolivia y Ecuador) con movilización pacífica popular y procesos electorales en lo que se ha denominado Progresismo y Socialismo del Siglo XXI. Por otro lado, se presentaron procesos electorales liderados por sectores que venían de la izquierda en Brasil, Paraguay y Uruguay, lo mismo que en Argentina con el peronismo.

El movimiento popular boliviano dirigido por la izquierda se fue estructurando como un sujeto plural por la democracia para el pueblo, en el que protagoniza el movimiento indígena, en defensa de los combustibles, los minerales, el agua (las dos guerras del agua) la defensa de la diversidad étnica y cultural y la dignidad, tumbando títeres hasta la elección en 2005 de un gobierno progresista, producto de la unidad y las alianzas de la izquierda (MAS),  que asume una posición indigenista- ecologista a nivel internacional. Pero este progresismo traducido en el concepto de desarrollo occidental, da prioridad al crecimiento económico, y la industrialización, para integrar Bolivia a la sociedad de libre mercado –posneoliberal-; proyecto que se ha quedado en el extractivismo minero-energético y agroindustrial, en la transformación de algunos recursos en materias primas para exportar, construyendo infraestructura, implementando programas de asistencia como Juanito Pinto para ampliar y garantizar escolaridad, Renta Dignidad, de ayuda a la tercera edad y Juana Azurduy para las mujeres embarazadas y lactantes, programas con base en ayuda económica; otros como “mi primer empleo digno” para los jóvenes desempleados y “Yo si puedo”, alfabetización de adultos; además de ampliación de planes de formación técnica y profesional. Programas muy importantes y necesarios en la reducción de la extrema pobreza, con la redistribución de la renta, pero que no garantizan la eliminación de la desigualdad social, el desmonte de las estructuras del capitalismo, ni el ejercicio real de autonomía y democracia populares. Miremos los postulados del MAS:

  • Lograr la igualdad socioeconómica para las mayorías originarias de Bolivia.
  • Eliminar la corrupción de las estructuras del Estado boliviano.
  • Nacionalizar los recursos energéticos renovables y no renovables.
  • Impulsar la industrialización del sector.
  • Promover un movimiento de renovación moral, ética, política, conductual.
  • Luchar por integrar a la sociedad boliviana al mundo moderno en condiciones equitativas, considerando que Bolivia no posee industrias que puedan competir en el mercado internacional.
  • Luchar por lograr condiciones de integración del mundo industrializado, considerando que Bolivia le ha dado al mundo, y sobre todo a Europa, los más importantes elementos para el actual estado de confort de dichos países.
  • Dos terceras partes de la alimentación europea está basada en plantas cultivadas por los antiguos americanos.
  • La base del capitalismo se logró basándose en las riquezas, oro, plata, extraídos de las minas americanas, entre ellas, Potosí.
  • Lucha por estructuras sociales acordes con el siglo XXI: Igualdad, Fraternidad, Solidaridad, Libertad, Respeto a la naturaleza, respeto a las necesidades de las generaciones venideras.[7]

 

Todo un programa liberal que en gran medida se ha cumplido, pero por ningún lado se encuentran propósitos socialistas o de transformar las estructuras económicas y sociales, se trata de mejorar algunas condiciones dentro del Estado capitalista que amplían la capacidad de consumo de algunos sectores populares (formación de una clase media) y privilegia al sector minero “cooperativo” emergente con poder económico y político ascendente, que compite con el capital extractivista foráneo, utilizando los mismos métodos de explotación a los trabajadores, heredados de la colonia (la mita), enmascarado con el modelo “cooperativo” que negocia o le sirve a las transnacionales mineras, pero que en la realidad no es más que capitalismo extractivista;si bien en los 50 del siglo pasado este sector jugó un papel revolucionario, hoy se comporta como propietario de unos medios de producción que el Estado le provee, y le garantiza –con la privatización- altas tazas de ganancia, conformando una nueva burguesía emergente, como nos informan Machado y Zibechi:

Las cooperativas mineras obtuvieron más de la mitad de los contratos desde 2008 y el 43 por ciento de la superficie total otorgada por el Estado. La cantidad de cooperativas se multiplicó por tres (de 447 en 2008, a 1.400 en 2013) que emplean de forma directa a 120.000 trabajadores, el 90 por ciento de la ocupación del sector. Sin embargoaportan muy poco al Estado, un 4 por ciento por impuesto al valor agregado y el 1 por ciento del valor de la producción por arrendamiento de los yacimientos de Comibol.[8]

Con el programa del MAS, no se le puede pedir al progresismo que cumpla con lo que no está entre sus objetivos e ideario. El respeto a la naturaleza o a la madre tierra, a los pueblos ancestrales, la ejecución de la soberanía alimentaria y la reforma agraria democrática (así el presidente sea indígena y dentro de su gobierno haya indígenas) la independencia de los organismos “multilaterales” financieros y comerciales, se han quedado en el discurso ambientalista promovido por Naciones Unidas y algunas ONG, que en el cambio real de las políticas de explotación para la exportación de recursos naturales como el gas, el petróleo, el oro, la plata, el litio, el estaño, el coltan, el resto de minerales, y el monocultivo de la soja transgénica; se busca la industrialización para transformar algunas materias primas y la construcción de infraestructura como una forma de desarrollismo con dependencia del sector financiero transnacional.

Igualmente, el pueblo ecuatoriano tiene una gran historia de luchas contra gobernantes corruptos déspotas, apátridas y hasta esquizofrénicos, que lo llevó a derribar estos regímenes  por cuatro oportunidades en los últimos 25 años, en defensa de sus recursos naturales y su buen vivir;así como lo hicieron el pueblo argentino en 2000 y 2001contra las imposiciones del BM y el FMI y el pueblo venezolano desde el caracazo en 1989. Alianza País es un movimiento político policlasista que trata de ejecutar un  proyecto de “Revolución Ciudadana” de corte liberal, constituido básicamente para reducir la pobreza, ampliar la capacidad de consumo de la clase media, (que no está interesada en cambios estructurales), buscando generar las condiciones infraestructurales, económicas, jurídicas y sociales que garanticen mejorar la situación socioeconómica del país siguiendo la impronta neoliberal, incrementando la actividad extractiva del capital transnacional occidental y asiático, utilizando el discursoindependentista, ambientalista, nacionalista alusivo al sumakkausay, de mejor distribución de la renta mineroenergética,de estatización de algunas empresas. Discurso que inicialmente convenció a intelectuales de izquierda y a amplios sectores sociales que esperaban los cambios para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión, pero lo que llegó fue el fortalecimiento del Estado para aplicar la reforma estructural, y el ajuste macrofiscal, ordenados por el BM y el FMI a América Latina.Es importante tener en cuenta que tanto Bolivia como Ecuador, incluyeron en sus cartas constitucionales el concepto de madre tierra con muchos propósitos para proteger y respetar la biodiversidad y los bienes naturales.

El   Plan Nacional para el Buen Vivir ha orientado nuestro quehacer en base a doce objetivos:

1)   Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad.

2)   Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

3)   Mejorar la calidad de vida de la población.

4)   Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.

5)   Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración

            Latinoamericana.

6)   Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas.

7)   Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común.

8)   Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la                interculturalidad.

9)   Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.

10) Garantizar el acceso a la participación pública y política.

11) Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

12) Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir. Planificación e inversión van de la mano[9]

Este también es un programa liberal: garantizar trabajo estable en sus diferentes formas es garantizar la explotación. El capitalismo siempre ha buscado cohesionar y homogenizar a la sociedad, integrando a todos los sectores sociales en el mercado y en sus modelos políticos y económicos.

El capitalismo busca potenciar las capacidades de los ciudadanos para que compitan, consuman y produzcan, por lo que es imposible “establecer un sistema económico social solidario” y menos “construir un Estado democrático para el bien vivir”. Reconocer derechos no garantiza la justicia, ni igualdad, menos la paz.

No se le puede llamar “Buen Vivir” al modelo implementado por un Estado que suplanta a los sectores populares, que agrede a las comunidades indígenas invadiendo sus territorios para imponer su modelo extractivista minero energético, negándoles su autonomía  y su participación democrática en el debate y en las definiciones más importantes sobre sus territorios, sus ecosistemas y el futuro de su país (intervención en el parque natural Yasuní para explotación petrolífera, donde viven comunidades indígenas en aislamiento voluntario), así haga mejor distribución de la renta. Alianza País tampoco presentó un programa de transformación revolucionaria o una plataforma anticapitalista, aunque sí un gesto nacionalista y de soberanía nacional, al exigir el desalojo de la base militar de Manta por el ejército norteamericano, y algunas medidas fiscales a varias empresas transnacionales que permitieron generar mejores ingresos, pero conservó el dólar.  Sin embargo, este gobierno reprimió las marchas y protestas pacíficas de los indígenas y sectores populares urbanos (la mayoría electores de Correa) realizadas en agosto de 2015 contra las políticas económicas propuestas por el ejecutivo; el presidente, como cualquier caudillo autoritario trató a los protestantes como subversivos, violentos y golpistas unidos a la derecha imperialista, suponiendo que defendían a los ricos, entrando a conformar una mesa de diálogo con sus seguidores, no con los críticos y disidentes de sus políticas,  excluyendo a la CONAIE y a los trabajadores, de las consultas y definiciones que afectan a la mayoría de la población. Este tipo de comportamientos, como los que se dieron en Bolivia y Brasil contra los sectores populares, corren las máscaras de quienes dicen gobernar en su nombre. Tomando como pretexto la tragedia del terremoto, Correa abre totalmente las puertas a la inversión extranjera y retorna a la dependencia financiera de la banca “multilateral” multiplicando la deuda externa y luego gestionando el TLC con la Unión Europea. Con el cambio de gobierno en 2017, (Lenin Moreno) el regreso al redil neoliberal y retomando el consenso de Washington, ya no se puede hablar de progresismo porque es la derecha proimperialista la que toma las riendas del Estado, reduciendo los programas asistencialistas, volviendo a los tratados de libre comercio, (TLC) a la dependencia en política económica y financiera del BM y el FMI y a la política de seguridad nacional impuesta por USA, ratificada con la “nueva” asistencia militar y la reactivación de la base  de Manta en 2018.

Argentina, aunque no se vindica del Socialismo del siglo XXI, trató de aplicar algunas medidas del progresismo como la estatización de la empresa petrolera, la ley de medios y otras reformas, pero profundizó en el modelo extractivista como país productor de materias primas, de soja transgénica que aún utiliza mano de obra esclava, utilizando la represión contra sectores inconformes como los Mapuches; el régimen de los Kishnertiene otras connotaciones que se derivan de la historia de la oligarquía argentina, que siempre ha considerado Europa como su entorno, mirando a los pueblos latinoamericanos con aire de superioridad, sin poder consolidar un desarrollo capitalista que permitiera un estado de bienestar al estilo europeo, ni antes ni después de las dictaduras (ni con el peronismo), sin embargo el pueblo argentino ha sabido enfrentar la terapia de shock que el Fondo Monetario Internacional aplicó en el 2001 y que éste a través de Macrinuevamente intenta imponer, desmontando lo poco que logró el kishnerismo en materia social y económica.

Para la burguesía Brasileña, el proyecto progresista es parte de su estrategia Neoliberal y “Post-neoliberal”, para consolidar su país como potencia regional, pues implica la necesidad de reestructurar su poder desarrollando sus fuerzas productivas, su complejo industrial-militar, innovando tecnologías en este sector, desarrollando la nuclear no militar, construyendo gran infraestructura energética (mega-hidroeléctricas), industrial, vías de comunicación, exploración y explotación petrolera, ciencia propia, fortaleciendo y ampliando sus corporaciones transnacionales (estatales y privadas) que invierten y operan en casi todos los países de América Latina, algunas a través de contratos en construcción, prestación de servicios, en la industria alimentaria y en transporte y logística militares. Su posición en los BRICS le permitió ampliar su comercio interno y externo regional y su sistema financiero; simultáneamente adecúa las condiciones a la inversión extranjera, tanto en la industria como en los agronegocios de transgénicos.El gobierno del PT y su coalición de derecha,buscaba obtener una posición predominante en la región junto a los emergentes (BRICS) y alcanzar su ambición de ser la gran potencia suramericana o el sub-imperio[10], que desde la colonia lo ha pretendido; un proyecto estratégico del progresismo que supuestamente pretendía desplazar al imperio norteamericano de su patio trasero (sin enfrentarse militar y o económicamente con este), que incluía las buenas relaciones con los demás países de la región, especialmente los demás gobiernos progresistas, que le permitirían acceso a sus recursos mineros, energéticos y biológicos –con la infraestructura de transporte del Plan IIRSA-, a los mercados del pacífico (China y Rusia), más que contribuir a la integración y al buen vivir de los pueblos de la región, pues no participó en la ALBA, igual que Argentina y el resto de progresistas, no se interesó  por fortalecer la UNASUR ni ampliar el MERCOSUR ni por liderar el empoderamiento de la CELAC para acabar con la OEA.

Para consolidar el plan estratégico de su hegemonía en la región, la nueva burguesía progresista brasileña ha ganado apoyo popularcooptando las élites intelectuales y las dirigencias de los movimientos sociales, especialmente del MST y del movimiento sindical agrupado en la Central de Trabajadores CUT, utilizandoal gobernante Partido del Trabajo, permitiéndole a la rica burocracia sindical  participar en algunos negocios como el manejo de los fondos de pensiones, Petrobras, el banco nacional BNDES y beneficiar a grandes empresas como Odebrecht; que a la vez le sirve para financiar infraestructura y respaldar deuda externa e invertir en empresas multinacionales brasileñas y asociadas con otras transnacionales norteamericanas y europeas, que a la vez garantiza inversión extranjera.En sectores de extrema pobreza lo hace redistribuyendo algunos recursos con la renta básica (bolsa familia) y la campaña hambre cero, ampliando la cobertura en educación básica y en la formación profesional, en algunos casos concertando con los sin tierra; buscando con estas políticas “reducir” la pobreza (según el gobierno logrando llevar 40 millones de personas pobres a una supuesta clase media) aumentando el porcentaje de la clase media con más capacidad de consumo, como sector representativo del bienestar de un país “desarrollado”; sin embargo lo que se vio en 2013 y 2014 fue la reactivación del inconformismo y la movilización popular por necesidades básicas, como la del MST por entrega de tierras; la lucha de los jóvenes trabajadores y estudiantes por empleo y transporte subsidiado, y contra el despilfarro del erario en la construcción de infraestructura deportiva y en la realización de un mundial de Futbol (al que el pueblo no pudo asistir) y la corrupción público-privada, que le resta recursos a lo social.Como una de las consecuencias de esta situación, la posible fractura del PT gobernante. Esto ocurrió hasta 2015, cuando enjuician a Lula, destituyen a Dilma y luego encarcelan a Lula supuestamente por corrupción, lo que no quiere decir que la situación haya mejorado, por el contrario, el corrupto y golpista presidente Temmer y la oligarquía tradicional brasileña echaron para atrás lo poco que beneficiaba a los sectores populares.

Brasil contiene profundas desigualdades económicas y sociales en un territorio tan grande, que los gobiernos y los medios oficiales muestran solo una mínima parte de esa realidad que pueden intervenir; por un lado la burguesía quiere aparecer como del primer mundo desarrollado con avances tecnológicos, mientras por el otro, mantienen una miseria atroz plagada de violenciaen zonas rurales apartadas y en las periferias de las ciudades;mafias de todo tipo, narcotráfico, corrupción en todas las esferas del Estado y empresas como Odebrech, pobreza, racismo, violencia oficial y  marginación en las grandes ciudades (favelas);destrucción de la Amazonía y la biodiversidad por el extractivismo, que devuelve el país a la primerización; con el gobierno de Macri volvieron los militares norteamericanos con sus operaciones multinacionales en ejercicios militares en la Amazonía cercana a la frontera con Venezuela, para además, escanear e inventariar los recursos naturales minerales y biológicos. Hoy, esa clase media que Lula Da Silva sacó de la pobreza es la que apoya el golpe mediático-legislativo contra la presidenta Dilma Rousseff -y contra él- que terminó en su destitución y enjuiciamiento, cediendo la dirección del Estado al aliado de la derecha mafiosa, el campeón de la corrupción, lo que no quiere decir que Lula y los dirigentes del PT sean inocentes; pues la corrupción al interior del gobierno y del parlamento, la ambición corruptora de las grandes empresas brasileras y la misma descomposición del poder judicial, emprendieron una campaña de desprestigio y acusaciones por el escándalo de la injerencia de Odebrecht en la política de varios países latinoamericanos (incluidos otros progresistas, realizada mediante sobornos, coimas y financiación de campañas, por miles de millones de dólares, a políticos de la región–en la que hay desde funcionarios judiciales, parlamentarios y hasta presidentes- igualmente corruptos, a cambio de grandes contratos de construcción de infraestructura y de prestación de servicios.

Un sinónimo de capitalismo es corrupción, que es la guerra entre competidores por repartirse el botín saqueado a los pueblos; como este existen muchos casos en que tanto la gran empresa privada y toda la institucionalidad del Estado, empezando por el congreso y el ejecutivo, se mueve en un mar de corrupción, crueldad e ignominia; los Estados de México, Perú y Colombia son los paradigmas de la forma de gobernar de unas oligarquías apátridas, donde los parlamentos y las cortes actúan como mafias (con muy raras excepciones de magistrados decentes) al servicio de las grandes corporaciones, vendiendo absoluciones e impunidades y condenando inocentes por dinero.

En Venezuela podemos reconocer que inicialmente hubo un mejoramiento en la calidad de vida de sectores deprimidos, pues se trataba de redistribuir ingresosen asistencialismo y renta básica, facilitando salud y educación, con las misiones y el Mercal, construyendo viviendas e infraestructura, adoptando tecnología en telecomunicaciones, ampliando la cobertura en educación superior, todo financiado con la renta del petróleo, el monoproducto nacional; política que no afectó las estructuras del sistema, manteniendo a los EE.UU. como principal cliente en el mercado petrolero, abriendo las puertas al extractivismo ruso y chino, no solo petrolero y gasífero, sino también de otros minerales existentes en la Orinoquía, sin estructurar una economía agropecuaria popular que garantizaraseguridad y soberanía alimentaria como parte de una reforma agraria integral, o dejar de pagar la injusta deuda externa para invertir en desarrollo industrial como proclamara Chavez;  sin retirar las reservas de los centros financieros imperialistas para fortalecer la integración regional, sin atacar a las transnacionales ni al sector bancario y financiero (sector económico que ha crecido enormemente como el importador y el comercial-contrabandista a expensas del Estado).

El gobierno bolivariano no ha podido vencer el golpe lento que el imperio y la oligarquía tratan de completar, con sanciones económicas internacionalesy la conspiración -política y paramilitar- o mediante el control del mercado de productos básicos y el contrabando de alimentos y de combustibles, saboteando la producción petrolera, provocando la hiperinflación y la devaluación del bolívar (hiper-inflación), estimulando el antagonismo y la violencia entre clases medias y pobres, desde antes de la desaparición de Hugo Chávez; violencia militar que hoy se ve en las calles, realizada por jóvenes reclutados por la CIA, y reforzada con paramilitares procedentes de Colombia, cuyo objetivo es la intervención norteamericana a través de terceros países; situación que empeora con la vertiginosa disminución de los precios del petróleo promovida por EE.UU. desde 2014, que obliga a restarle recursos a lo social. No se pudo consolidar un fuerte movimiento popular de respaldo a la Revolución Bolivariana, cediendo poder a los consejos comunales y otras organizaciones populares autogestionarias, que venciera a la derecha fascista en la movilización política y en la construcción del proyecto bolivariano, pues las alianzas logradas por Chávez se agrietan al interior del bloque que dirige y apoya al actual gobierno, junto a la corrupción de algunos funcionarios del Estado, por no haber emprendido las reformas estructurales en la sociedad y el Estado para la realización de su socialismo del siglo XXI.

Como el reformismo y las revoluciones centroamericanas del siglo pasado, los procesos revolucionarios (progresistas) que asumieron el manejo del Estado en Suramérica no han sido liderados por las izquierdas tradicionales de inspiración marxista, ni por vanguardias, o por sujetos formulados por la ortodoxia “marxista”, aunque en estos casos han participado dichas organizaciones, incluso al hacerlo han cambiado o matizado algunos de sus principios, abriendo espacios a nuevas y ancestrales formas de ver y de actuar en las realidades propias de esos pueblos. La participación de sectores de base de la iglesia católica como en Paraguay, comunidades agrarias y ciudadanas unidas en un Frente Amplio en Uruguay, militares deliberantes demócratas en Venezuela y Ecuador; en Bolivia y Ecuador el sujeto integró pueblos indígenas, campesinos y pobladores; pero no fueron las elecciones las que les dieron los triunfos, es la unidad y la movilización combativa de los pueblos la que garantiza llegar al gobierno y el mantenimiento de sus proyectos, con todas la diferencias, contradicciones y falencias que implica estrenar un poco de democracia.

Aunque ninguno de los dirigentes progresistas asumió el marxismo como la ideología, o el socialismo como la base de sus proyectos políticos y económicos, desde los noventa había surgido la noción del “socialismo del siglo XXI”, que podría incluirlos (Venezuela, Ecuador y Bolivia) como parte o expresión de este. Sin embargo, no hubo la sustentación suficiente, aparte de la versión de Heinz Dieterich y la difusión que hiciera Hugo Chávez en el V Foro Social Mundial en 2005, donde afirmó seguir la senda del socialismo:

“Hemos asumido el compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad. Además, este socialismo no está predefinido. Más bien, debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día”[11].

 

Tampoco se hizo alusión a Mariátegui de su propuesta de socialismo indoamericano como construcción creativa propia con raíces ancestrales, o la de Allende; la propuesta de Dieterich tiene más similitud con la experiencia socialdemócrata europea, particularmente con el caso de Noruega, país que adoptó un fuerte estado de bienestar. Este modelo de capitalismo de estado con amplia distribución del ingreso y control fiscal de la riqueza, con desarrollo endógeno capitalista, no pudo ser establecido por ninguno de los gobiernos progresistas que se decían del Socialismo del Siglo XXI; tampoco conformaron un sólido bloque político y económico integrador, aunque lograron generar proyectos e instituciones que podrían haber ayudado al cumplimiento de esta misión

La Comunidad de Estados Latinoamericanas y del Caribe CELAC,(promovida por Venezuela y Cuba, excluyendo a Canadá y EE.UU.) que buscaba desplazar a la OEA; la iniciativa CELAC, junto a la UNASUR que pretendía integrar económica y culturalmente a Suramérica, la ALBA, iniciativa económica que buscaba un mercado y una moneda comunes para la región, la adopción del Mercosur y el Consejo Suramericano de Defensa, despertaron expectativas en sectores democráticos del continente como la vía hacia la independencia y la integración, avivó la esperanza de los pueblos en un mundo mejor sin renunciar al capitalismo; iniciativas lideradas por los gobiernos progresistas (Venezuela, Bolivia, Ecuador) y Cuba, que también promovieron el Banco del Sur y el Sucre como moneda regional, no lograron incidir en el resto de países de la región para consolidar estos proyectos, ni siquiera entre ellos como bloque político y comercial. Los progresistas menos radicales Argentina y Uruguay, intentaron fortalecer esos procesos pero tampoco lo lograron con el mercosur, por sus debilidades internas; Brasil, la supuesta potencia suramericana con gobierno “Progresista” no estaba interesado en propuestas en las que no pudiera ejercer su hegemonía. Realmente el extractivismo fue el modelo común en América Latina que se proyecta como posneoliberal asumido por los progresistas.

Las posiciones de los progresistas se parecen a los diálogos de paz en Colombia: no está en discusión el modelo extractivista ni el neocolonialismo ni el capitalismo, solo se pueden mejorar algunas políticas asistencialistas en base a las rentas del extractivismo, que se reducen con la baja demanda en el mercado de materias primas (por la recesión y el desacelere en el crecimiento de China, la privatización de servicios, la revaluación de dólar y la baja en el precio del petróleo); como se dijo en elEncuentro Latinoamericano Progresista (ELAP 2015) realizado en Quito, en el que participaron los intelectuales Álvaro García Linera (vicepresidente de Bolivia) y Atilio Boron (politólogo  sociólogo argentino)“Boron dijo que es una «irresponsabilidad gigantesca»exigirle a los gobiernos progresistas que no toquen los recursos naturales. Se preguntó de qué otra manera se puede alimentar a la población de países con gran crecimiento demográfico, como Ecuador y Bolivia.”[12]Lo que deja como única opción para la subsistencia de esos países al extractivismo y al capitalismo como paradigmas de desarrollo y de sociedad equitativa.

Lo otro es la construcción del verdadero poder popular, donde es necesario romper esquemas en el hacer y el pensar (descolonizar el pensamiento) y destruir las formas, las dinámicas del colonialismo y la dominación, reconociendo autonomía a los sectores populares, trascender la frontera del capitalismo, o como lo analizaba Marx, pasar de la simple negación, a la negación de la negación, disyuntiva que aún no se ha definido en estos procesos, o sea, destruir la estructura del capital.Las comunidades y pueblos originarios, campesinos-as trabajadores–as y pobladores de las periferias de las grandes ciudades al margen de los estados (en América Latina y el Caribe) definen elementos identitarios de nuevos Sujetos, que combinan diferentes espacios de resistencia,  movilización, construcción de modelos económicos y culturales propios, que a la vez crean un espectro diverso de  la presencia política de los pueblos de AbyaYala.

Dichos procesos progresistas  no lograron cambios en las estructuras de sus sociedades, aunque contaron con el apoyo de la mayoría de sus pueblos y la simpatía de los del continente.Han mejorado la distribución del ingreso en sectores populares, han dinamizado la economía ampliando la explotación de recursos biológicos, mineros y energéticos con formas similares al capitalismo de estado (Venezuela, Ecuador, Bolivia), abriendo las puertas a la inversión extranjera extractivista, a los monocultivos transgénicos como en Argentina, Bolivia, Uruguay, y Brasil, donde la destrucción de la selva amazónica se intensifica, con los monopolios de la tierra y el monocultivo de caña y soja, posibilitando la intervención de otras potencias. En resumen, miramos aspectos de la experiencia progresista en los casos de mayor radicalidad, pues existe abundante literatura e información en red sobre este tema, expresado por notables intelectuales y analistas en política, economía y movilización social, con diferentes posiciones y matices, a los cuales es necesario consultar. De esta manera la experiencia progresista parece llegar al fin de su ciclo, que el imperialismo necesitaba para frenar la rebelión, para reencaucharse y continuar su dominación después de sus derrotas  en Oriente medio y Asia central, al tener prácticamente perdida su guerra comercial con China, tras su retirada de organismos como la UNESCO, la Organización Internacional de Derechos Humanos, y de los tratados sobre medioambiente.

Aún no se genera la suficiente confianza para romper los vínculos con las políticas y organismos multilaterales financieros y comerciales del capitalismo, con el modelo Neoliberal. Sin embargo tenemos que reconocer los avances en educación, salud y vivienda popular alcanzados por estos gobiernos, (programas asistenciales orientados hacia la extrema pobreza y a ampliar la capacidad de consumo de una supuesta clase media) que hacen una mejor distribución de la renta de energéticos y mineros; la construcción de infraestructura y logística en la producción y en servicios sociales, políticas y proyectos que igualmente ejecutan a su manera gobiernos abiertamente neoliberales como el colombiano. La creación de instituciones como Telesur, Petrocaribe, las Misiones venezolanas, los avances[13] en telecomunicaciones en Bolivia y Venezuela, el ALBA en sur y Centroamérica y el Caribe, el Banco del Sur el intento de reestructuración de Mercosur, la CELAC; el papel que desempeñaron en una apertura democrática liberal en la región, no son suficientes para hablar de socialismo o de transición hacia el Buen Vivir que las comunidades aborígenes, raizales y populares ansían. Son logros de corte liberal que se empiezan a perder con los ataques a esos procesos con golpes lentos dentro de la institucionalidad burguesa, la reducción del comercio de materias primas, la caída de los precios del petróleo el restablecimiento y posible rompimiento de relaciones entre EE.UU. y Cuba y la resurrección de la OEA, además de la corrupción como estrategia de dominación que se ha generalizado en todo el continente, con varios expresidentes presos y otros en procesos.

Los cambios reales estructurales, son responsabilidad de los pueblos y sus organizaciones políticas y sociales mediante la lucha directa y las resistencias, construyendo simultáneamente fuera de la institucionalidad burguesa, alternativas políticas, económicas, culturales y de defensa de sus territorios y proyectos, bases para una sociedad más equitativa y democrática.No basta con ganar la administración del Estado para fortalecerlo y dejar el poder de decidir en manos de quienes no representan ni defienden los intereses populares; las reivindicaciones alcanzadas por estos gobiernos -transitorios en la democracia-casino burguesa- en su mayoría, se desconocerán por los gobiernos oligárquicos que se seguirán imponiendo después delos progresistas, como se está realizando en Argentina, Ecuador y Brasil, pero que también es posible en Bolivia, después de haber sido negada la reelección en la consulta, sin contar con planes alternos generados desde abajo, y en Venezuela con el golpe lento y el aislamiento que patrocina USA.

Los golpes de Estado auspiciados por los Estados Unidos que han soportado los gobiernos progresistas de Venezuela, Honduras y Paraguay, el conato de golpe y el actual retroceso en Ecuador,el intento de división territorial en Bolivia y el golpe lento mediático-jurídico en Brasil,como la retaliación ultraderechista de Macri contra el Kichtnerismo en Argentina, son muestra de que el imperio norteamericano no ha perdido su poder de dominación en la región, pero también de que la lucha por la democracia no solo es vigente, sino necesaria, y urgente rescatarla de la institucionalidad capitalista; no olvidemos que ella se da en el contexto de la lucha de clases y de la hegemonía imperialista a nivel mundial (aunque se hable de multipolaridad), que las oligarquías no se someten por las buenas a las decisiones autónomas de los pueblos, pues siempre estarán conspirando, tramando genocidios y magnicidios como forma de mantener su poder, que el capitalismo no se va a suicidar ni a caer por sí solo, sino por la lucha directa y unificada de los pueblos.

Pero no puede ser el fin para los movimientos populares transformadores la democracia burguesa, para administrar el aparato de poder capitalista que lleva implícitas la desigualdad social, la violencia y la corrupción como esenciales en los procesos de acumulación por expoliación y exterminio

Los procesos progresistas en el sur del continente se han desarrollado como luchas por el control del gobierno, con liderazgos personales (caudillismo, igual que lo hacen las oligarquías) que se apoyan en el diseño y aprobación popular de nuevas constituciones y en el discurso independentista con el paradigma de la democracia burguesa. Sin embargo, estas nuevas Constituciones han sido escritas sobre el papel sin lesionar en su aplicación las estructuras económicas y sociales de las clases dominantesen sus sociedades (no se tocan la propiedad privada, la distribución y uso de la tierra, la inversión extranjera en minería y energéticos, las políticas comerciales y financieras, no se respeta ni reconoce en la práctica la autonomía a las comunidades indígenas y populares)abriendo espacios para la permanencia del capital transnacional y para la dependencia de organismos financieros internacionales imperialistas, mientras la corrupción permea las estructuras del progresismo.

Los gobiernos y movimientos progresistas no han realizado una revisión autocritica ni permitido la de los sectores de la izquierda simpatizante y militante de estos procesos para revaluar o corregir las desviaciones y vicios de quienes dirigen y administran esos Estados, es mas, señalan a quienes los critican como de derecha, proimperialistas, como enemigos del pueblo, impidiendo el debate sobre alternativas a las crisis a los planes extractivistas rentistas y sobre la profundización de los cambios políticos y económicos que permitan avanzar hacia el socialismo o hacia el bien vivir. Igualmente es importante resaltar los esfuerzos que desde la perspectiva nacionalista liberal e integracionista en la región que estos gobiernos trataron de realizar;es rescatable la cooperación económica y la solidaridad –como lo hace Venezuela en Centroamérica y el Caribe con Petrocaribe- y la unidad política en algunos momentos frente a las pretensiones anexionistas del imperio en Latinoamérica y el Caribe (como en el secuestro de Hugo Chávez, los ataques contra Rafael Correa en Ecuador y el intento de división del país por la derecha boliviana).

Aún no se vislumbra en la región un bloque antiimperialista que intente frenar la arremetida neoliberal y la injerencia del capital financiero en las economías de nuestros países, siendo muy remota la posibilidad de una posición realmente anticapitalista de algún gobierno en la región. En los países de gobiernos progresistas se siguen manteniendo reservas internacionales en las metrópolis imperialistas, el mercado de divisas y bonos de deuda pública en las bolsas internacionales, cuando se debería invertir el dinero de la deuda y las rentas en reformas estructurales que garanticen lajusticia social, y repatriar las reservas a través de instrumentos como el Banco del sur y el ALBA; incluso algunos dirigentes y altos funcionarios corruptos de esos Estados mantienen capitales privados en bancos y paraísos fiscales,invierten en inmuebles y hacen negocios y turismo en las metrópolis imperialistas, mientras en sus países manejan el discurso progresista y antiimperialista, evidenciando su mentalidad colonial occidental. Estos gobiernos continúan aceptando la autoridad de organismos rectores internacionales en la calificación y orientación de las políticas económicas y sociales; prevalece el interés por los indicativos de crecimiento y desarrollo occidental, mientras la tierra permanece en poder de viejos y nuevos terratenientes nacionales y extranjeros; la soberanía alimentaria y el conocimiento que de la naturaleza han acumulado nuestros pueblos aún están en manos de las farmacéuticas, en los laboratorios de genética y biotecnología, de transnacionales y de la OMC; quien te maneja la alimentación te maneja la vida; igual sucede con las telecomunicaciones y la información (los medios como instrumentos de poder en manos de las oligarquías), manipuladas, monopolizadas por grandes pulpos de la comunicación y el entretenimiento, además de estar controladas por el Pentágono y la NSA norteamericanos.

Por otra parte, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, cambia la percepción que han tenido los gobiernos serviles del imperio,pues después de las visitas de Holande, el Papa y Obama, vendrá una larga fila de presidentes, funcionarios de organismos “Multilaterales” y de corporaciones transnacionales, buscando cada uno la mejor parte del pastely la total inclusión de la isla en la órbita capitalista; proceso que fortalece a la OEA, y reduce el protagonismo  de la CELAC, sin embargo pudiera ser una oportunidad para ampliar la ALBA y la UNASUR. Pero lo más posible es el retroceso en el panorama político de la región mediante golpes lentos o mediático-institucionales, sin descartar la intervención militar norteamericana en Venezuela. Solo le queda al heroico pueblo cubano movilizarse para recuperar su autonomía y su dignidad, exigiendo por lo menos el desalojo de Guantanamo por las fuerzas estadounidenses, el resarcimiento económico, político y moral por todos los daños causados, en más de 50 años de bloqueo, atentados y estigmatismo, dirigidos por EUA y ejecutados por los siervos del imperialismo, pero sobre todo, establecer su soberanía y autodeterminación popular, que le permita construir su propio Bien Vivir o su socialismo, pues ahora la política de Trump busca anular los acuerdos alcanzados con Obama. Igualmente le corresponde al pueblo venezolano recuperar su dignidad y autonomía para realizar los cambios políticos y estructurales necesarios para continuar y radicalizar su revolución bolivariana; seguramente tendrá que enfrentar la acometida militar imperialista, al mismo tiempo que depure los movimientos políticos populares y aniquile a la corrupción cediendo autonomía a las comunidades y sectores populares organizados.

Corresponde a revolucionarios, demócratas y humanistas, a los movimientos sociales populares transformadores en cada país,obligar a los gobiernos progresistas a realizar los cambios estructurales, a ejecutar políticas integracionistas a nivel social, cultural y económico entre los pueblos de la región, debilitar y destruir las estructuras del capitalismo, el neocolonialismo y someter a la oligarquía, reconociendo la autonomía y la diversidad cultural de sus pueblos; o sea, no quedarse en la primera negación, en la derrota temporal de la oligarquía, sino, pasar a la  construcción de la nueva sociedad.

Los cambios políticos realizados por progresistas, reformistas y revolucionarios de la izquierda en latinoamericana y caribeña en los últimos 70 años, no incluyeron la entrega total del poder político a sus pueblos, pues se limitaron al manejo del Estado por caudillos, partidos y frentes convertidos en partidos únicos, quienes mesiánicamente pretendieron hacer las transformaciones estructurales que según ellos, sus pueblos necesitaban. Se asumía que las organizaciones comunitarias y de los sectores populares eran simples correas de transmisión de la política y la ideología generadas por el motor del partido o del grupo que administraba el Estado; ninguno de esos organismos y personas gobernantes ha intentado iniciar el desmonte del Estado, por el contrario, lo han adecuado y fortalecido.

La democracia popular, el socialismo o el bien vivir son procesos que desarrollan los pueblos, no solos los gobiernos centralizados ni los partidos, sean de izquierda, progresistas o neoliberales encubiertos, aunque se utilice un discurso socialista, ciudadano, ecologista o indigenista, así hagan una mejor distribución de los ingresos en algunos sectores sociales. Estos gobiernos progresistas son parte del ejercicio político de la izquierda latinoamericana, como lo son los representantes de la izquierda participantes de la institucionalidad colombiana, con la diferencia de que la izquierda colombiana no ha podido construir un movimiento de unidad popular con la hegemonía suficiente para imponer a la oligarquía otro modelo más humanista de país y de gobierno, o para tumbar gobiernos corruptos y genocidas como los que nos han subyugado en los últimos 60 años. Tampoco podemos apoyar o ser cómplices con la agresión, el complot, el bloqueo imperialistas, que las oligarquías de estos países promueven, no solo contra los gobiernos progresistas,sino, contra los pueblos del mundo (como ocurre en Grecia, Siria, Yemen, Venezuela y Brasil).

La crítica no debe impedirnos la solidaridad y el apoyo que requieren los pueblos amenazados por el imperialismo, ellos tienen el derecho a escoger sus formas de autogobernarse y harán los cambios necesarios con autonomía cuando sus condiciones subjetivas-organizativas lo permitan, por eso debemos rechazar cualquier bloqueo económico y/o intento de intervención militar extranjera y de golpes de Estado sean mediático-judiciales o militares contra gobiernos democráticos en cualquiera de nuestros países latinoamericanos y caribeños y del mundo, incluido el caso de Nicaragua, donde el excomandante sandinista Daniel Ortega arremete contra su pueblopara defender su mal gobierno. La mejor solidaridad, la mejor crítica fraternal a los pueblos traicionados por sus dirigentes y agredidos por el capital y en lucha por su dignidad, es acompañarlos en su unidad y en la de nuestro pueblo, comprometernos en nuestra emancipación, en la construcción de nuestro bien vivir, única forma de combatir efectivamente al capitalismo.

En este sentido, la dividida y sectaria izquierda colombiana (tanto insurgente como institucionalizada) no tiene autoridad política ni ética para exigir a sus hermanos progresistas latinoamericanos que hagan lo que en su conjunto no ha sido capaz de hacer como revolucionaria ni como reformista, pues no ha obtenido la administración del Estado oligárquico y menos, reconocido la autonomía de los sectores populares. Pues si obtuviéramos un triunfo revolucionario en nuestro país, necesaria y éticamente tendríamos que estrechar lasos de solidaridad e integración con los pueblos hermanos latinoamericanos, y de cooperación –sin abandonar la crítica fraternal- con los gobiernos democráticos y progresistas del continente que hayan logrado derrotar a sus oligarquías y romper la dependencia del capital norteamericano y europeo; mostrando con nuestra práctica política y social, lo correcto de nuestros planteamientos, en una nueva forma de integración de los pueblos, diferente a la de los Estados y gobiernos, obviando las fronteras y las Constituciones burguesas. Las izquierdas institucionalizadas latinoamericanas en la práctica son liberales y neoliberales, se niegan a sacar el pensamiento colonizado de sus mentes, en el poder actúan con la misma lógica de las derechas, ya no tienen nada de revolucionarias, ni siquiera el discurso, porque las dinámicas de los pueblos están cambiando, con nuevos lenguajes, nuevas interpretaciones y otras formas de crear sus propias realidades.

Las luchas por democracia y soberanía popular tienen que trascender las experiencias del extinto socialismo real y de los actuales progresistas latinoamericanos, necesitan descolonizar los modos de pensar, hacer y sentir de los sectores sociales comprometidos con los cambios revolucionarios, requieren de una ética humanista de respeto por la dignidad y la vida de todos los seres humanos, y de la madre tierra, deben tener un alto contenido antisistémico, ecologista, antipatriarcal y antiautoritario,  romper totalmente las cadenas que nos sujetan a las potencias dominantes, a los organismos e instituciones de poder del capitalismo mundial, única manera de poder construir nuestro buen vivir o el socialismo nuestroamericano.

Gonzalo Salazar, octubre 12 de 2018

[1]Tomado de https://es.wikipedia.org 0 de junio de 2016

[2]Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Velasco_Alvarado junio 21 de 2016

[3]FjerneNaboer / Bolivia – Movimientos sociales en Bolivia – Juan Carlos Chamorro –documento PDF http://www.fjernenoboer.dk

[4]//es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Salvador_Allende

[5]http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-799.html.

[6]No se incluye a Nicaragua y El Salvador por ser procesos diferentes, revoluciones populares armadas que desplazaron a la oligarquía temporalmente del manejo del estado. Inicialmente intentaron construir un modelo económico, social y político diferente. Tampoco Cuba, pues allí sí hubo una revolución antiimperialista y se estableció un modelo particular de socialismo.

[7]Tomado de https://es, Wikipedia.org/wiki/Movimiento_al_Socialismo_(Bolivia) 0ctubre 2 de 2015

[8]Machado D. – Zibechi R. Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo- Ediciones desde abajo. Bogotá D.C. marzo de 2016

[9]PROGRAMA DE GOBIERNO 2013 – 2017 GOBERNAR PARA PROFUNDIZAR EL CAMBIO – 35 propuestas para el Socialismo del Buen Vivir

 

[10]Durante la colonia el imperio portugués trasladó con todo su aparato administrativo, temporalmente su sede a Brasil, ante la presión política de Francia, no fue la constitución de un nuevo imperio en el continente americano por americanos; aunque la oligarquía criolla brasileña trató de mantenerse como imperio después de la independencia.

[11] Tomado del articulo de Servando Marin Lista LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI en: www.aporrea.org/ideologia/ el 12-06-2014

[12] Tomado de el artículo de Silvia Arana Respuesta a los profetas del «fin de ciclo» latinoamericano en www.opendemocracy.net19 Octubre 2015

Los aciertos de los gobiernos progresistas publicado en www.rebelion.org el 1 de octubre de 2015 Los aciertos de los gobiernos progresistas

[13] Tomado de Movimiento Al Socialismo (Bolivia) en: https://es.wikipedia.org

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Modelos para Mirar, la Necesidad de Crear

Publicado el 13 septiembre, 2018| Deja un comentario

Por Gonzalo Salazar

Los modelos económicos, políticos y sociales de países como Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Alemania, Inglaterra USA o Canadá, nos plantean un desarrollo de la democracia burguesa en medio de la opulencia (alcanzado mediante el despojo, guerras y colonialismo contra los pueblos de Asia, África y América latina en más de 500 años), muchas comodidades, gigantesca infraestructura industrial y de servicios, tecnología de punta (TIC), un gran acumulado de conocimientos, un alto nivel académico y profesional de los ciudadanos, siempre obedientes con el orden establecido. No olvidemos que en esos paísesde Occidente, incluídosBelgica, España y Portugal (muchos enriquecidos con el negocio de la esclavitud y el despojo a otros pueblos) la educación cumple el papel homogeneizador de una cultura y de una ideología que encubre su racismo y niega los genocidios ejecutados por ellos mismos, lleva a sus individuos a autocontrolarse, a autoreprimirse, a vigilarseunos a otros para impedir cualquier disensión o critica al sistema, lo que les hace  sentirse “libres y autónomos; incluso equiparan su Estado de Bienestar con un “capitalismo con rostro humano”, supuestamente superior al Socialismo.

La socialdemocracia nos ha querido vender la idea del paradigma del Estado de bienestar estilo europeo como alternativa de desarrollo, -a través de organizaciones y corrientes de “izquierda” eurocéntritas- omitiendo las realidades históricas, económicas, sociales y culturales de nuestros pueblos, diametralmente opuestas a esos países “desarrollados” del norte. Igualmente, los modelos estadounidense y canadiense,  los más destructores y expoliadores del continente, por ser nuestros verdugos, son los modelos a imitar que nos muestran los medios masivos de desinformación  del capitalismo como paradigmas de democracia, progreso, bienestar y libertad.

Para optar por, o construir un modelo de sociedad equitativa y democrática para nuestros países, es necesario tener en cuenta que los países más “desarrolladosy cultos” de Occidente –Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos- en su expansión imperialista, han realizado los más horrendos crímenes contra la humanidad conocidos hasta hoy (esclavitud, genocidio, masacres con bombas atómicas y guerra permanente contra los pueblos) en el siglo XX y lo que va del XXI, con el uso de la ciencia desarrollada por toda la humanidad, con la tecnología construida por sus complejos industriales militares, utilizando los minerales, combustibles y materias primas robadas a los pueblos sometidos por el capitalismo.

Modelos del norte “desarrollado” europeo, que durante la segunda mitad el siglo XXse dirigió a superar la situación de pobreza de sus pueblosy la destrucción de su economía tras las dos Guerras-que ellos llaman mundiales-, que entre los Estados imperialistas triunfantes y sus corporaciones planearon, en lo que se llamó acuerdos de Bretton Woods, (1944) ejecutado por los aliados con el programa de Estado de Bienestar, que incluía la reconstrucción de los países, reactivación y modernización y financiación de la producción industrial, seguridad social y subsidios para los más pobres, como una forma de impedir la disidencia de estos pueblos hacia el modelo socialista que se ampliaba en Asia y Europa del este. En EE.UU. reestructurando su Sistema Mundo, también se utilizó un modelo de “bienestar” para algunas minorías como la población afroamericana, llamada Acción Afirmativa, basada en una ley de 1935, enmarcada en el ámbito laboral (la 4ª Enmienda), ante las movilizaciones de los trabajadores negros en los años 50 contra la automatización y la discriminación racial, junto a otras “minorías” en la lucha por los derechos civiles.

En América Latina no se implementó Estado de Bienestar al estilo europeo o Acción afirmativa alguna, simplemente los regímenes liberales en los años 30 y 40 del siglo pasado introdujeron algunas reformas liberales –intento de una modernidad tardía e incompleta- que para el caso colombiano se concretó en los años 30 y 40, (gobiernos de López Pumarejo) en una legislación laboral que permitió mitigar algunas condiciones de explotación a los trabajadores; reconocía a los sindicatos como representantes de los trabajadores, la jornada laboral de 8 horas, algunas prestaciones sociales. Más adelante algunas reformas que posibilitaban la reproducción de la fuerza laboral en mejores condiciones con la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (1946) creación de las Cajas de  Compensación Familiar (1954), creación del Instituto de Crédito Territorial para regular el mercado de la vivienda, en los 60, creación del SENA, y el ICBF en 1968; la educación y la salud para los estratos bajos hasta los 70 fueron garantizadas por el Estado, hasta existió un Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA, antes INA) que de alguna manera regulaba el mercado agroalimentario. Este modelo liberal que no alcanzó a consolidarse en América Latina se empezó a desmontar a partir de los 80, cuando comienzan las Aperturas Económicas que abrieron las puertas al neoliberalismo.

Las formas de redistribución en América Latina en la segunda mitad del siglo pasado no obedecieron al humanismo de las burguesías, sino, a la presión ejercida por los trabajadores, al miedo a que estos pueblos siguieran el ejemplo de Cuba, y a las necesidades de modernizar las economías para implementar los planes ordenados desde Washington; que en Colombia se plasmó en una industria liviana con poco desarrollo tecnológico, pero con gran apertura para el consumo; que también aprovechó el desplazamiento del campesinado, (generado por La Violencia expoliadora) como mano de obra barata; esto acompañado del plan contrainsurgente Alianza Para El Progreso para ganar la simpatía de otros sectores populares del campo y la ciudad y aislarlos de la insurgencia armada, con un amago de Reforma Agraria (Sincelejo 1968) que fue borrado rápidamente junto a la división del movimiento campesino en el 71 (pacto de Chicoral) ante el auge de las luchas campesinas de recuperación de “la tierra para el que la trabaja”.

Reformas que se tradujeron en un modelo económico de incipiente desarrollo industrial y proteccionista, conocido como Sustitución de Importaciones, propuesto por la CEPAL[1] en los años 50, que se expresó en lo que fuera el Pacto Andino entre los 60 y 80, Comunidad Andina de Naciones CAN a partir de 1997; fue un acuerdo comercial entre cinco países del área andina de Suramérica, inicialmente eran: Ecuador, Colombia Perú, Bolivia, y Chile, luego ingresaría Venezuela, y saldría Chile en 1976 (comienzo de la dictadura fascista). Este grupo de “integración” comercial también llamado Acuerdo de Cartagena, por su fundación en esta ciudad en 1969, se propuso la adopción de un arancel común, la armonización de instrumentos y políticas de comercio exterior y política económica, pero terminó obedeciendo las órdenes de Washington, aceptando en los 80 las aperturas económicas, los TLC, decayendo en los 90 con el intento de imposición del ALCA en el continente, con la resistencia de los pueblos, la consecuente derrota de este proyecto neocolonial y la creación del ALBA por los países progresistas de la región (sin Brasil).

No podemos tomar como referencia de progreso y bienestar los modelos europeo ni norteamericano, ni de lo que fuera el “Socialismo Real”, para el presente, menos para el futuro de nuestros países (así tuviéramos los recursos financieros para hacerlo, o el apoyo ciego de los pueblos), esto implicaría intensificar la destrucción de la naturaleza, llegar a la escala más alta de opresión, explotación, despojo y genocidio a otros pueblos para que una minoría plutócrata y burócrata pudiera disfrutar del desarrollo del capitalismo supuestamente avanzado o de un capitalismo de Estado ya superado, que nos llevaría a reencauchar los centrismos que el capitalismo ha impuesto, a aceptar el poder de los emergentes –BRICS- como paradigmas de progreso y democracia, o a magnificar los experimentos progresistas en América Latina, que en sus presupuestos nunca estuvo la destrucción de las estructuras del capitalismo en sus países. Es más, si queremos cambiar radicalmente esta situación, no podemos pensar en el desarrollo, crecimiento o progreso que nos impuso occidente, sino, buscar el buen vivir deteniendo las dinámicas del capitalismo que destruyen la naturaleza y a la humanidad; la gran minería, el monocultivo y la ganadería extensiva, las industrias contaminantes y peligrosas para los trabajadores, la explotación a los trabajadores, el consumismo; la deuda pública interna y externa, y la dependencia económica, deben eliminarse; los nacionalismos a ultranza, el racismo, el etnocentrismo, el patriarcado, las exclusiones y las opresiones en contra de cualquier sector popular deben desaparecer.

Verdadero bienestar es poder disfrutar de los bienes y placeres que nos brindan la naturaleza, la cultura y la sociedad humanizada; disfrutar del ocio gratificante, enriquecedor cultural y espiritualmente, reduciendo al mínimo el tiempo de trabajo (a menos de 4 horas diarias) producir lo suficiente para las verdaderas necesidades internas; utilizar las tecnologías indispensables y apropiadas, incluso, reducir los índices de crecimiento económico, hasta el decrecimiento debe ser aplicado para la recuperación de los ecosistemas en todo el planeta; el mercado debe ser regulado por los consumidores y los productores directos, emprender campañas de descontaminación ambiental, desintoxicación de la población reduciendo el consumo de medicamentos nocivos y alimentos producidos industrialmente con agroquímicos tóxicos y modificados genéticamente.

En las condiciones de escases en que se encuentran las reservas de combustibles fósiles, el agotamiento de los minerales en los almacenes del suelo y el subsuelo del planeta, la reducida capacidad de regeneración de los campos agrícolas, el deterioro del medio ambiente y la avaricia desproporcionada de los capitalistas por la ganancia, hacen físicamente imposible  mantener los modelos de bienestar de las metrópolis capitalistas, como para emular este sistema de desperdicio, explotación, miseria y violencia contra los pueblos del mundo; sobre todo cuando los pueblos de la periferia hemos sido las principales víctimas en este proceso.

El Estado obsoleto debe dar paso a la libre asociación de los productores directos, al autogobierno de las comunidades, con una ética que defienda la dignidad de las persona y de los pueblos; con la cooperación y solidaridad entre los pueblos y entre las personas; buscando eliminar la ley del valor, por lo que no se requerirá de bancos ni de aparatos represivos armados, ideológicos ni judiciales controladores de la comunidad; desmovilizando los ejércitos, eliminando las cárceles; cada comunidad puede proveerse su propia educación y su propio ordenamiento jurídico que dé tratamiento a los conflictos mediante el diálogo, la conciliación, la concertación y el consenso, (mediante tribunales populares que juzguen directamente los crímenes de lesa humanidad y lesa naturaleza); esto podrá parecer imposible hoy, cuando el capitalismo nos quiere quitar la capacidad de sentir-pensar, individualizando los afectos y los sentimientos, secuestrando la esperanza a las personas y a los pueblos; pero los pueblos, los humanistas, mantienen la utopía y hacia ella debemos caminar si queremos conservar la dignidad y la vida en la madre tierra. En síntesis, construir autonomía y Poder Popular Transformador por fuera de las instituciones y de las dinámicas de capitalismo.

Mirando hacia la región, tenemos mucho por aprender,  reconocer y, recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos, aprendiendo de las experiencias de los pueblos hermanos, del pasado y del presente para equivocarnos menos, sobre todo si tenemos en cuenta las singularidades de cada uno de los diferentes países; pues tenemos la tendencia a confundir democracia y justicia social con reformismo y asistencialismo del Estado capitalista, a identificar participación popular y construcción social con el manejo clientelista politiquero de los gobiernos y los partidos políticos, de los programas de asistencia, quienes definen las cuotas de poder por el número de votos, y no por la capacidad de transformación y autodeterminación de los pueblos; así mismo, muchos confunden progresismo con revolución. Tengamos en cuenta que los partidos políticos nacen con la democracia burguesa para dividir, excluir y controlar a la sociedad y asegurar el poder de las clases dominantes, son parte esencial del Estado moderno, presentados como únicos instrumentos para ejercer la política y la democracia, excluyendo la capacidad político-social de transformación de los sectores populares.

Los modelos de progresismo en la región, en su centralización, parecen dirigirse más hacia un liberalismo que hacia un socialismo de nuevo tipo, con la particularidad de preferir la inversión extranjera extractivista de otros ejes de poder, y aceptar la agenda neoliberal, que los puede llevar a la misma dependencia de la que dicen haber salido. Si los pueblos y sus organizaciones políticas  defensoras del buen vivir no inciden en las transformaciones que sus sociedades y países requieren, a lo más que puede llegar este modelo es a un capitalismo de Estado con orientación extractivista pos-neoliberal, (no pos-capitalista) maquillado con un poco de asistencialismo que se agotará en poco tiempo, como se videncia con la caída de los precios del petróleo y de la demanda de materias primas o de las commodities de la actual crisis económica. O sea, estos procesos si no consolidan cambios estructurales pueden terminar en un retroceso histórico y social, como se empieza a evidenciar en Argentina, Brasil, Ecuador Venezuela y Nicaragua.

Nuestro modelo del bien vivir, queriendo que sea revolucionario, tampoco puede partir o terminar como una revolución que cambie unos dominadores por otros, o convirtiendo a las víctimas en victimarios; si bien los pueblos deben juzgar a los criminales de lesa humanidad, de lo que se trata es de eliminar las causas originarias de la injusticia y la desigualdad; o sea, es pasar a otra época de convivencia pacífica y de buen vivir, con base en el respeto, la tolerancia, la alegría y la solidaridad. Por el bien de la humanidad y de la madre tierra, tampoco podemos propiciar la formación de potencias hegemónicas industriales-militares a nombre del progreso o del desarrollo, que opriman, exploten recursos naturales energéticos y mineros destruyendo los ecosistemas, que desplacen y repriman a sus comunidades indígenas y campesinas, que amenacen o invadan territorios de otros países; como de otras formas de capitalismo de estado que oprima y atente contra la libertad y la diversidad cultural de los pueblos en nuestra AbyaYala, ni de bloques económicos hegemónicos que opriman a otros pueblos para un bienestar egoísta, aunque se autodenominen democráticos, progresistas, socialistas o revolucionarios.

No podemos salir de la barbarie construyendo una superestructura, una ideología de superioridad del sur (sur-centrismo), pues estaríamos negando la diversidad, la libertad, la dignidad y la inteligencia de todos los pueblos del mundo; las centralidades de occidente han generado imperialismos, colonialismos, fascismos, racismos y genocidios; si construimos una nueva civilización procuremos que sea de justicia, de solidaridad, de paz con todos los pueblos, que garantice nuestro bien vivir, respetando y conservando la naturaleza, enfocados hacia el biocentrismo con una armonización más equilibrada; sería abrir la puerta al reino de la libertad, como lo pensaron Marx, Guevara, Quintin Lame y Camilo, como lo anhelan los y las humanistas del mundo,

No es éticamente necesario, por las razones expuestas arriba, copiar los procesos que se han venido desarrollando en los últimos 70 años en Europa y Norteamérica (estado de bienestar y acción afirmativa, construyendo gigantesca infraestructura, o centrándonos en el desarrollo tecnológico e industrial, o creando gigantescas corporaciones que acumulen riquezas a nombre de nuestros pueblos. Tampoco podemos reproducir la experiencia de Chile en los 70, de ganar electoralmente el gobierno sin desmontar estructuralmente el Estado, sin ceder el poder al pueblo organizado para una transición; o las que se dieron en Centroamérica en los 80 y 90 mediante revoluciones populares violentas (Guatemala, Nicaragua, El Salvador) que terminaron en negociaciones y revanchas genocidas de las oligarquías y del imperio, volviendo estos pueblos a las anteriores condiciones de dependencia, violencia y pobreza; debemos revisar las metodologías, las visiones  los Sujetos, las coincidencias históricas, económicas, políticas, sociales y culturales de esos procesos, en los que clases y sectores populares (campesinos, trabajadores, indígenas, estudiantes …) conformaron frentes políticos y militares, con la participación de  sectores de la iglesia católica junto a marxistas y socialdemócratas (con apoyo de la socialdemocracia europea y la solidaridad de Cuba); tampoco podemos comparar o asimilar esas experiencias con las particularidades económicas, políticas y sociales de nuestro país acríticamente.

Situándonos en el contexto actual, en la búsqueda de un modelo propio de país, de socialismo propio o del bien vivir; sobre todo cuando llevamos más de 60 años en la última guerra (con más de un millón de muertos, desposesión y desplazamiento de más de 6 millones de campesinos, con la eliminación física de varias generaciones de líderes populares e intelectuales revolucionarios) tras la toma del poder político del Estado por unas insurgencias y unas izquierdas esquemáticas, divididas, sectarias, mesiánicas y vanguardistas; debemos superar las experiencias de los hermanos centroamericanos y las frustraciones que se dieron en nuestro país y en Suramérica en el siglo XX.

Las revoluciones en Latinoamérica, desde la cubana, la de Nicaragua y El Salvador, que utilizaron la insurrección y la guerra popular de liberación nacional, no fueron (inicialmente) socialistas en la configuración de sus Estados ni en la transformación de sus economías -las centroamericanas- aunque tuvieron gran influencia del marxismo, no se ciñeron a esquemas europeos o asiáticos; aun siendo su base social indígenas y campesinos, no consolidaron una real reforma agraria, no alcanzaron a desarrollar industria propia para generar un proletariado vanguardista, no entregaron ni reconocieron autonomía a las comunidades para que definieran su propio bienestar; tampoco construyeron una nueva economía que pudiera eliminar la aplicación de la teoría capitalista del valor. A excepción de Cuba, los cambios revolucionarios no redujeron el poder del capital imperialista de las transnacionales, ni rompieron totalmente con los organismos financieros y comerciales “multilaterales” de dominación: las centroamericanas no consolidaron un proceso de integración intercultural, económica, social y política regional  que rompiera las fronteras políticas de “repúblicas bananas”, impuestas por los colonizadores y el imperio norteamericano, conformando una sola nación pluridiversa o una confederación de naciones, como tampoco lo hicieron los progresistas suramericanos en la conformación de un bloque antiimperialista-anticapitalista..

No hay una sustentación científica, condiciones económicas, sociales y o culturales para definir que el nuevo modelo para nuestro país deba ser el socialismo intentado por la revolución de octubre, la china, la cubana ni de ningún otro ejemplo, que terminaron en el capitalismo de estado, y que se ha intentado realizar en América Latina por las izquierdas eurocéntricas en el siglo XX y lo que va del XXI; además este modelo de socialismo fue diseñado por los europeos en base a sus historias, economías, culturas y sociedades para superar al capitalismo en sus territorios. De igual manera, los experimentosprogresistas de Venezuela, Ecuador y Bolivia, triunfantesmediante la movilización popular pacífica y la participación electoral, de nuevos Sujetos, con discursos autonomistas anticapitalistas, pachamamistas, no logran plasmar en sus sociedades y en sus economías estos principios, (así los hayan incluido en sus Constituciones) como para pensar en que estas experiencias puedan superar el capitalismo, generando un nuevo modelo de democracia radical que conduzca al Bien Vivir que prometieron; estos ejemplos son referentes para tener en cuenta con sus logros y fracasos (tácticas, estrategias, programas, organización) en la formación de un imaginario de mejor país, pero no para copiar nuevos esquemas.

En América Latina y El Caribe ya vivimos desde las izquierdas la difusión de ideologías y propuestas de modelos políticos y económicos basados en experiencias y teorías que venían con la misma concepción de poder y de progreso occidental (aplicados también en oriente), que no pudieron concretarse en un verdadero modelo socialista humanista; pues los dirigentes de esos procesos privilegiaron el desarrollo industrial tecnológico, la acumulación del Capitalismo de Estado y el crecimiento económico sobre la dignidad de la humanidad y la integridad de la naturaleza, a nombre del socialismo y en contra de la voluntad de sus pueblos. De este lado, los intentos de cambio en su mayoría se hicieron mirando el futuro como copia o repetición de las tragedias de otros pueblos, no como creación y construcción de nuestro Bien Vivir, del bienestar o del socialismo, como nos lo propone  Mariáteguidesde 1929; “No queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano”.

Los aportes teóricos de grandes dirigentes revolucionarios europeos, asiáticos y del resto del mundo, son muy importantes y necesarios por ser análisis, síntesis y aprendizajes de las luchas de sus pueblos, para enriquecer la visión que como revolucionarios o transformadores necesitan tener todos los movimientos sociales revolucionarios y los pueblos sometidos, como el nuestro, pero no son los únicos ni los principales cuando se trata de dar forma y contenido a una teoría, a una filosofía, a un pensamiento propio para la transformación democrática económica, política, social y cultural de nuestras sociedades; por esto repetimos, lo fundamental de esta filosofía está en el conocimiento, el autoreconocimiento y apropiación de nuestras cosmovisiones, historias y culturas; o sea, nuestra identidad diversa, que también incluye elementos culturales de occidente en nuestro mestizaje, tal como lo entendieron Bolívar, Martí, Zapata, Sandino, Guevara y muchos otros, como lo tratan de hacer los pueblos originarios y raizales y las comunidades populares rurales y urbanas, hoy movilizados en nuestra AbyaYala.

En este sentido, los pueblos indígenas con sus luchas por autonomía, por la reconstrucción y defensa de sus territorios, la recuperación de sus culturas, el mantenimiento de la propiedad colectiva de la tierra, su vida comunitaria y respeto por la naturaleza, nos muestran a los demás sectores populares del continente y del mundo, una posibilidad humanista y de reconciliación con la madre tierra. En Chiapas los zapatistas, en Argentina y Chile los Mapuches, en Bolivia, Ecuador y Perú, quechuas y Aimaras, las comunidades Nasa del norte del Cauca en Colombia, asumen posiciones anticapitalistas, antisistémicas, aunque los gobiernos de derecha y progresistas pretendan invisibilizarlos y suplantarlos. Otros sectores oprimidos, reprimidos, excluidos, los piqueteros, marginados, ninguneados por el Estado, se toman las calles en Argentina exigiendo todos sus derechos, proponiendo nuevas formas de organización social y la solidaridad en sus Villas, donde las mujeres son la fuerza de la organización; los Sin Tierra del campo y la ciudad se movilizan en Brasil por la autonomía y la supervivencia con economía de equivalencias y soberanía alimentaria, lo mismo que la juventud trabajadora y estudiantil por la gratuidad del transporte (passelivre); también en las ciudades la juventud se moviliza indignada contra el neocolonialismo y la aculturación (además  del desempleo) que se ejerce a través de la educación y de los medios; en Ciudad de México los sectores populares urbanos construyen alternativas económicas y sociales autogestionarias y democráticas por fuera de la institucionalidad del Estado y de las llamadas instituciones internacionales y transnacionales; igualmente en Venezuela los Consejos Comunales (promovidos por el gobierno bolivariano) y el sector cooperativo y solidario con CECOSESOLA nos dan una lección de democracia, autonomía, reciprocidad y mercado justo, de participación y respeto, donde las mujeres cumplen un papel determinante en el trabajo, la dirección y la creatividad. En pequeños espacios, con esfuerzos propios, sin grandes aparatos, sin tutela del Estado ni de ONG ni partidos políticos autoritarios, con democracia horizontal, germina la nueva sociedad.

Estos y muchos más ejemplos en el mundo, como el pueblo kurdo con sus mujeres combatientes emancipadas, nos muestran nuevas maneras de caminar para recuperar la dignidad y la justicia social, como nos lo muestra sencillamente Raúl Zibechi al presentarnos una radiografía de la dependencia y un inventario del acumulado social y político en desarrollo de radicales alternativas autonomistas de los sectores populares en América Latina, dentro de los que el protagonismo lo asumen las mujeres, los jóvenes, junto a los campesinos, indígenas y trabajadores del campo y la ciudad. En todo el mundo los trabajadores y las comunidades populares rurales y urbanas, defienden a muerte sus bienes naturales y culturales comunes, sus soberanías, contra el despojo de las transnacionales y las oligarquías lacayas; las mujeres de los sectores populares no solo defienden sus derechos sexuales y reproductivos, sino también políticos, económicos, ambientales y culturales, desde sus comunidades y organizaciones contra la sociedad patriarcal, construyendo las bases de la nueva sociedad.

Estos sectores sociales aportan elementos antisistémicos a sus movimientos, exigen transformaciones radicales a los estados y a sus sociedades, construyendo simultáneamente instrumentos de poder popular,  diferenciándose de sus pares indignados europeos y norteamericanos (Indignados y Okupas) en sus formas de lucha y en sus objetivos, sin demeritar la gran lucha de los indignados del norte que reclaman su antiguo Estado de Bienestar y el respeto que las oligarquías neoliberales les han quitado. Estas rebeldías, estas resistencias articuladas o en unidad política, en nuestra AbyaYala, traducidas en la construcción de alternativas, autonomías y poder popular, nos dicen que está viva la utopía, que es posible vencer al capitalismo.

Gonzalo Salazar, septiembre 12 de 2018

[1]Comisión Económica Para América Latina, fundada por el Consejo Económico y Social de la ONU en 1948

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Mendicidad, Mala Consejera

Publicado el 3 septiembre, 2018| Deja un comentario

Por Gonzalo Salazar

Sueñan  las  pulgas  con  comprarse  un  perro  y  sueñan  los nadies  con  salir  de  pobres,  que  algún  mágico  día  llueva  de  pronto  la buena  suerte,  que  llueva  a  cántaros  la  buena  suerte;  pero  la  buena suerte  no  llueve  ayer,  ni  hoy,  ni  mañana,  ni  nunca,  ni  en  lloviznita  cae del  cielo  la  buena  suerte,  por  mucho  que  los  nadies  la  llamen  y  aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el  año  cambiando  de  escoba.  Los  nadies:  los  hijos  de  nadie,  los  dueñosde nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la Liebre, muriendo  la  vida,  jodidos,  rejodidos:  Que  no  son,  aunque  sean.  Que  no hablan  idiomas,  sino  dialectos.  Que  no  hacen  arte,  sino  artesanía.  Que no  practican  cultura,  sino  folklore.  Que  no  son  seres  humanos,  sino recursos  humanos.  Que  no  tienen  cara,  sino  brazos.  Que  no  tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica  Roja  de  la  prensa  local.  Los  nadies,  que  cuestan  menos  que  la bala quelos mata.

“Los nadies”  Eduardo  Galeano

 Todas las organizaciones especializadas dependientes de la ONU actúan como medios de asistencia y cooperación con los países dependientes empobrecidos, distribuyendo ayuda “humanitaria” promueven desarrollo de ciencia, salud y educación, auspician una supuesta democracia, “defienden” los derechos humanos,“protegen” a las mujeres, a los niños, a los desplazados y refugiados, al medio ambiente, pero estas políticas no terminan con la desigualdad, con la violencia contra la mujer, con la pobreza, con la desnutrición infantil, con la ignorancia, con la destrucción de los ecosistemas ni con el “atraso” económico de los países, tampoco con la corrupción, por el contrario, generan dependencia y sometimiento de los pueblos a los regímenes autoritarios y terroristas de los países empobrecidos por el sistema bancario-financiero mundial, controlados y disciplinados por las instituciones “multilaterales, expoliados por las corporaciones imperialistas. Esas supuestas cooperación y asistencia son como paliativos, que no dejan morir al paciente pero tampoco permiten su sanación.

En los países del norte, llamados “desarrollados”, existen Organizaciones privadas “No” Gubernamentales para proteger el medio ambiente, para ayudar a las mujeres, a los niños, a los desplazados, a los perseguidos políticos, a los pobres de los países del “tercer mundo”, la mayoría financiadas y/o dependientes política y económicamente de corporaciones transnacionales y de instituciones estatales e internacionales como Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea y la OTAN, que en realidad están al servicio de esos estados e instituciones, son las que en últimas ejecutan sus programas; algunas lo hacen con buenas intenciones, pero generalmente esas ayudas les niegan a los pueblos las posibilidades de reivindicación de sus derechos, de ejercer su autonomía y lograr su emancipación para combatir las causas reales y originarias de sus problemas.

Estas “ayudas” en muchos países empobrecidos solo han servido para dividir, corromper y enfrentar sectores populares entre sí por las migajas que envían dichas agencias filantrópicas del norte a los mendigos del sur “subdesarrollado”, muchas veces con la complacencia de supuestas organizaciones y partidos de izquierda que también han sido financiadas por esas ONG, mientras las multinacionales y transnacionales de los países del norte continúan saqueando y oprimiendo a los pueblos del oriente y del sur, usándolos como carne de cañón de sus guerras o como esclavos expulsados de sus territorios para repartírselos entresus metrópolis de occidentales, labor que complementan las ONG especializadas e instituciones como la Acnur. Las ONG internacionales hacen parte de los planes imperialistas de dominación neoliberal y posneoliberal en la aplicación de políticas económicas y financieras como las Reformas Estructurales a los Estados, los Ajustes Macrofiscales, los TLC y los planes de extracción de recursos naturales y materias primas.

De esos países (USA, Canadá, Israel, Inglaterra, Francia, España, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania…) llegan a nuestros países científicos de todas las áreas la ciencia y asesores militares que entrenan y arman a los militares y paramilitares, los mismos que asesinan, violan, torturan y desplazan  a nuestras comunidades; vienen con sus ONG de investigación social (antropólogos, arqueólogos, sicólogos, sociólogos, lingüistas) a robar tesoros culturales, a cambiar las cosmovisiones de los pueblos para justificar la extracción de sus recursos biológicos, minerales y energéticos; vienen con técnicos exploradores como parte del plan neocolonial.. Muchas de esas instituciones a la vez son financiadas por las mismas transnacionales que explotan, expolian y financian las guerras contra nuestros pueblos.

El coltan, el oro, el cromo, la plata, el estaño, el litio, el níquel, el cobre, el aluminio y muchos minerales que utilizan las corporaciones transnacionales de las telecomunicaciones y la cibernética para fabricar aparatos eléctricos y electrónicos (teléfonos móviles, ordenadores, controles digitales, televisores)  los extraen de nuestros territorios violenta, legal e ilegalmente, utilizando mafias esclavistas; empresas protegidas por los gobiernos cipayos de sus colonias y por los autodenominados Estados “democráticos” y “pacifistas” de Europa y Norteamérica, de donde viene la supuesta Cooperación Internacional, de la cual es parte la ayuda de sus ONG. Antes, durante y después de cada plan colonialista (extractivista), de cada invasión y/o guerra “preventiva” del imperialismo llegan las ONG al país víctima como ocurre en África en algunos países asiáticos y en América Latina, para neutralizar la resistencia y la rebelión popular. En Colombia, como es lógico, en el llamado “posconflicto” se intensifica la presencia de ONG internacionales y se multiplican las nacionales, después vendrán las ONG o sus equivalentes, de las corporaciones de los emergentes (BRICS) que compiten con el imperialismo occidental  con los mismos métodos y objetivos.

La injerencia de ONG internacionales y agencias de asistencia y “cooperación” norteamericanas en las organizaciones indígenas, campesinas, comunidades negras y en las periferias de las ciudades, “preocupadas” por la situación que éstas viven, generalmente terminan cumpliendo objetivos nocivos (esterilización y utilización como conejillos de indias a nuestras comunidades, robo de sus conocimientos ancestrales, apropiación de los bancos genéticos, apropiación de sus territorios); recordemos el Instituto Lingüístico de Verano ILV y su proyecto Lomalinda, supuestamente antropológico, con objetivos colonizadores de sometimiento cultural y lingüístico al estudiar las lenguas nativas para traducir la biblia cristiano-sionista a estas comunidades, promoviendo el individualismo, el egoísmo, el amor por el dinero, el consumismo y el desprecio a sus propias autoridades y comunidades, sustituyendo sus religiones y cosmovisiones ancestrales. Los Cuerpos de Paz, creados por el gobierno estadounidense en 1961 como medio para contener la ola revolucionaria en Asia, África y América Latina, que luego fue declarada “independiente”, prácticamente ha cumplido los mismos objetivos de la USAID, especialmente en lo político, influenciando en sectores de la juventud de la mayoría de los países de estos continentes. Hasta el “filantrópico” Plan Padrinos que ayuda a familias pobres en asistencia y educación, su objetivo es neutralizar políticamente promoviendo la xenofilia, la dependencia, el conformismo y la mendicidad en sectores de escasos recursos económicos.

Existen muchas ONG norteamericanas especializadas en investigación, espionaje, de conspiración política en todo el mundo, incluso en países “desarrollados”, dos de las más nombradas son: Red Atlas, de ultraderecha, defiende la propiedad privada y el capitalismo principalmente en América Latina; Center for International PrivateEnterprice CIPE, hace parte de la NED recibe apoyo de USAID y de otras organizaciones, igual función cumple la Fundación Soros de George Soros (otro de la élite financiera mundial al nivel de los Rockefeller y los Rothschild, que financian a ambos bandos en las guerras y a los candidatos opuestos en las elecciones de casi todos los países) pues su verdadera tarea es desestabilizar países en Asia, África y América Latina y El Caribe, creando grupos terroristas, movimientos  y partidos de “oposición”, iglesias cristiano-sionistas e institutos académicos de formación política; todas esas ONG reciben aportes de las grandes corporaciones industriales, armamentísticas, biotecnológicas, farmacéuticas, de ingeniería genética, mediáticas y financieras.

Estas organizaciones “sin ánimo de lucro” además de inspeccionar nuestros territorios en busca de minerales y riquezas naturales, de reunir información política, cultural, sociológica y genética en un gigantesco banco de datos (Big Data) de todos los pueblos del mundo, desvían sus luchas por autonomía, condicionándolos, creando dependencia con programas de beneficencia y la ejecución de micro-proyectos (con microcréditos extorsivos) productivos individuales y locales en algunas comunidades, aislándolas políticamente de los demás sectores sociales, impidiéndoles su propia organización, cambiando sus culturas; como lo han hecho las fundaciones Rockefeller, la Ford, la Palmolive, entre otras en Colombia. Muchas ONG “nacionales” son financiadas por otras ONG internacionales y por empresas transnacionales que monopolizan grandes sectores agroalimentarios, laboratorios de genética, bioquímica y biotecnología y del mercado minorista de alimentos (Monsanto, Cargill, Tyson).

Dichas organizaciones llenan de hambre y pobreza a habitantes rurales y pobladores de nuestras ciudades; otras hacen el trabajo de acondicionamiento ideológico cambiándoles sus cosmovisiones generalmente mediante asesorías técnicas y de “desarrollo comunitario” que incluyen la cooptación y el reclutamiento político y religioso, en los territorios donde se tiene programado la instalación de plantas extractivas o donde se van a construir megaobras que benefician a las transnacionales (claro que cuando esto no les funciona, recurren al método utilizado en Ituango y en muchas regiones del país). Sectores sociales como indígenas, afros, campesinos, jóvenes y mujeres son víctimas de esa estrategia de fragmentación del tejido social popular. La más grande y antigua organización asistencialista, supuestamente humanitaria, es la iglesia católica romana, la que hizo el trabajo sucio de castrar la dignidad de los pueblos para sumirlos en la ignorancia y someterlos al arbitrio del capital imperialista en Africa y América Latina, aunque dentro de sus miembros hayan existido y sobrevivan algunos verdaderos héroes de la justicia social y de la libertad.

En pleno proceso de negociaciones del gobierno con la insurgencia, algunos funcionarios –entre ellos el presidente de la república- expresaron que los recursos y la ejecución de los programas sociales que surgieran del proceso de paz serían administrados por la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID, por sus siglas en inglés, -fundada en 1961 por John F. Kennedy como parte del plan contrainsurgente Alianza para el Progreso con la política de la Seguridad Nacional- que distribuye recursos de una supuesta cooperación a través de ONG internacionales y nacionales,  además de la NED (fundada en 1983), supuesta fundación para el “desarrollo de la democracia”, que junto a la CIA cumple funciones de sabotaje, planeación, organización y dirección de atentados terroristas, revueltas y golpes políticos y militares a los gobiernos progresistas y disidentes de la égida norteamericana, tal como sucedió en Honduras, Paraguay, Venezuela, Ecuador y Bolivia,  donde Evo Morales decidió expulsar la USAID junto al Instituto Lingüístico de Verano, ejemplo que deberían seguir los demás progresistas, pero además prescindir de las embajadas y empresas norteamericanas y europeas que utilizan esta estrategia) y en muchos países con las “revoluciones de colores”, utilizadas en la supuesta primavera árabe, en el norte de África y Europa del este, en la estrategia de las guerras de cuarta generación o asimétricas.Estas agencias de espionaje y desestabilización de gobiernos crean y dirigen partidos políticos, grupos de ultraderecha y “ultraizquierda” para controlar, dividir y desorientar comunidades y pueblos, mientras las ONG dependientes de esas agencias cumplen tareas de espionaje e inteligencia militar en contra de los mismos campesinos, indígenas y demás sectores populares que dicen ayudar.

No serán solo ONG y agencias de “cooperación” norteamericanas las que van a asesorar y ejecutar programas y proyectos sociales en el “Postconflicto” colombiano, pues las europeas han sido muy activas y continuarán en este proceso. También las empresas transnacionales invierten en lo que ahora llaman responsabilidad social –además para reducir el pago de impuestos- con  las comunidades donde explotan  nuestros bienes mineros y energéticos, como la Pacific Rubiales, la Drumond, la Anglo Gold Ashanty, Smorfit, y los latifundios del agronegocio, con gran despliegue publicitario de pequeños proyectos “comunitarios” y microproyectos productivos individualistas, insostenibles a mediano plazo en sus zonas de operación, financiados a través de sus propias fundaciones; de la misma manera cada partido político apoyado por ONG crea su propia fundación, mientras los mismos partidos, de derecha y de la izquierda institucionalizada actúan como ONG para administrar el clientelismo.

En las grandes ciudades muchas ONG causan daños a los sectores populares con sus programas de educación y de asistencia social, destruyendo sus organizaciones, convirtiendo en indiferentes sociales o en aliados del régimen oligárquico y en mendigos a los pobres. Esas ONG y la proliferación de sectas religiosas venidas del norte (funcionan con la misma lógica), dividen a los movimientos sociales, promoviendo el individualismo, la dependencia y el conformismo, igual que lo hacen los politiqueros. Claro que existen unas pocas ONG que prestan ayuda a sectores vulnerables como las víctimas del conflicto (de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y de investigación social), y a los perseguidos políticos, pero son la excepción. Las ONG de diversas procedencias han tenido asiento en nuestros territorios. En los 50 del s XX estuvieron algunas europeas, en los 60, en su mayoría norteamericanas, como las fundaciones Rockefeller y Ford, “cooperaron” con programas asistencialistas y de formación profesional dentro del programa estratégico Alianza para el Progreso con sus componente militar y cívico-militar (plan LASO) similar al Plan Colombia, con la CARE, que donaba alimentos enlatados a las comunidades y escuelas en las zonas de guerra y barrios populares de las grandes ciudades; en la educación superior con algunos programas de investigación científica en las universidades públicas, tratando de frenar la lucha del estudiantado popular contra el imperialismo norteamericano.

Recordemos que los ataques a las colonias campesinas, -El Pato, Guayabero, Marquetalia, Rio Chiquito- integradas por desplazados y perseguidos, quienes conservaban sus Autodefensas, se da en los años 60 en el marco de este plan contrainsurgente que tenía su componente cívico-militar (con la Care, El Tiempo, El Siglo, Radio Sutatensa y la iglesia católica), como parte de su estrategia anticomunista y en apoyo al pacto liberal-conservador del Frente Nacional, formado después de masacrar a más de 300.000 campesinos; dichas organizaciones de asistencia y cooperación internacional y la guerra fratricida, hicieron posible la derrota del movimiento social transformador en el siglo pasado y en lo que va del XXI

Hoy también lo hacen ONG españolas, holandesas, canadienses, alemanas, noruegas, además de las estadounidenses, “extraño”, cuando empresas de estos países están invirtiendo en ramas como la energética, la alimentaria, la mega-minería, la generación y distribución de energía eléctrica, la banca, las telecomunicaciones, las tecnologías digitales y del negocio de las armas. La mayoría de ellas son parte de los planes imperialistas europeos y norteamericanos, que preparan el terreno político y social para el despojo y el saqueo de nuestros recursos naturales energéticos y mineros, dividiendo a las comunidades objeto de sus actividades.

En los países empobrecidos de África (Somalia, Ruanda, Etiopia …) permanecen muchas ONG “humanitarias” supuestamente aliviando el dolor de la violencia y el hambre, llevándoles a las víctimas ayudas y consuelo, pero la situación empeora, puede que algunas lo hagan de muy buena voluntad, pero las mafias internas y transnacionales continúan financiando guerras intestinas, para saquear los recursos naturales mineros, energéticos, biológicos y humanos, cada una con su ejército privado, destruyendo la soberanía alimentaria, sumiendo en la miseria y la ignorancia a todo un continente, con billones de dólares de ganancias ilícitas, en complicidad con la ONU y sus instituciones (FAO, OMS,  UNICEF, PUND, ACNUR, UNESCO).

La mejor ayuda que pueden hacer los pueblos, los humanistas, los demócratas, los trabajadores los revolucionarios y las ONG verdaderamente humanitarias de los países“desarrollados” del norte es no ayudarnos con migajas, por el contrario, deberían:

  • Educar y movilizar a sus sociedades para que frenen el consumismo y produzcan con sus propios medios lo que necesiten para vivir, utilizando sus propios recursos, conocimientos y tecnologías, como lo hacían siglos atrás.
  • Denunciar el despojo a los pueblos del mundo obligando a sus estados y corporaciones transnacionales a devolver a los pueblos las riquezas naturales (recuperación de ecosistemas, especies en vía de extinción, limpieza de los océanos, fertilidad de la tierra) y los tesoros históricos y culturales que se robaron y que ostentan en lujosas mansiones, museos, bancos e infraestructuras.
  • Obligar a sus Estados a resarcir económica y moralmente por sus prácticas colonialistas, genocidas y racistas ejercidas contra los pueblos del sur y oriente históricamente.
  • Acusar judicialmente y Denunciar internacionalmente a sus gobiernos y transnacionales de los daños ecológicos y sociales que ocasionan con sus acciones de saqueo de recursos naturales y de endeudamiento de nuestros países;
  • Obligar a las transnacionales de sus países a entregar a los pueblos donde explotan recursos naturales, todas las plantas de explotación (fabricas, infraestructura, bancos) sin ningún tipo de pago o indemnización, como parte del pago por los daños causados en los últimos 300 años.
  • Exigir a los organismos financieros (FMI, BM, BID) a condonar todas las deudas impuestas a los pueblos del sur, o cobrárselas personalmente a los funcionarios que recibieron y dilapidaron dichos recursos; exigiendo a su vez la desintegración de estos organismos.
  • Exigir la desaparición de la Organización Mundial de Comercio, eliminando las leyes sobre patentes y propiedad intelectual, reconociendo la propiedad colectiva de los conocimientos y saberes que de la naturaleza han desarrollado y acumulado los pueblos originarios y modernos en sus territorios
  • Obligar a sus estados a acabar con los Complejos Militares Industriales europeos y norteamericanos, prohibiendo la producción y exportación de armas de guerra, exigiendo desmovilizar a sus ejércitos involucrados en guerras de exterminio y despojo contra otros pueblos; exigiendo la anulación de los planes, alianzas y tratados militares de agresión contra los pueblos del sur y de las periferias, desintegrando la OTAN.
  • Convocando al tribunal de los pueblos para que juzgue a esta organización y demás organismos “multilaterales”, a los gobiernos y empresas que promovieron, financiaron y se beneficiaron de estas atrocidades, y a los militares ejecutores, por los crímenes de lesa humanidad y lesa naturaleza.
  • Oponerse, a las guerras contra los pueblos del sur, denunciando los crímenes, vetando comercial, política y diplomáticamente a los gobiernos represivos, genocidas, ilegítimos que oprimen y reprimen a sus pueblos.
  • Exigiendo trato igual y respeto para los países de la periferia, sus pueblos, sus culturas y autodeterminación, rechazando las políticas intervencionistas de las metrópolis capitalistas, sus gobiernos, instituciones internacionales y corporaciones transnacionales
  • Defendiendo las luchas de liberación nacional y social de nuestros pueblos, reconociendo y respetando la Autodeterminación de los pueblos; pero sobre todo: Eliminando política y económicamente a sus oligarquías y monarquías imperialistas colonialistas, guerreristas, construyendo una nueva sociedad humanista, justa y solidaria en sus países, que para subsistir no necesiten oprimir, explotar, asesinar y saquear a otros pueblos.

La solución a los problemas de corrupción, despilfarro y apropiación personal del erario no se puede dar con el perfeccionamiento del sistema capitalista; en los países enriquecidos por despojo y exterminio se pueden dar el lujo de «depurar» y adecuar sus estados a las necesidades de sus élites, dando la sensación de una democracia justa, pero no olvidemos que esos países son ricos por la expropiación y el despojo que han realizado sus burguesías durante siglos a sus propios pueblos ya diversos países de Asia, África y América Latina, mediante el colonialismo y las guerras imperialistas de despojo, razón por la cual las multinacionales y los millonarios de esos países les tiran migajas a sus ciudadanos; haciéndoles creer que el capitalismo es justo, democrático y bueno. Manteniendo a sus pueblos contentos, impiden que estos se preocupen por la situación política y social de los otros pueblos, solo pueden ver la miseria y la violencia como un mal imposible de cambiar, y por lo tanto lo único que se puede hacer es ayudarles a los «atrasados» o subdesarrollados con pequeños proyectos humanitarios o con el asilo político a las víctimas, con la supuesta Cooperación Internacional; no están interesados en eliminar al capitalismo.

Tampoco podemos obviar las ONG nacionales (fundaciones, corporaciones), que en su mayoría cumplen la misma función, reemplazando y ayudando al Estado en el asistencialismo y en el desvío de recursos para necesidades básicas, cuando administran programas educativos, culturales o de generación de recursos para las comunidades pobres, además, algunas veces actúan como supuestos representantes de las comunidades y de sectores sociales; otras veces como bancos, como organizaciones políticas y o religiosas. En general, estas organizaciones ejercen como empresas privadas al servicio de ONG internacionales, de grupos políticos, de empresas privadas y del mismo Estado, por lo que se les puede llamar Organizaciones Pro-Sistémicas. Como en todo, hay dignas excepciones, pero este tipo de organizaciones no deben existir en una sociedad democrática, equitativa y solidaria.

Es deber de los demócratas, revolucionarios, humanistas y de los pueblos, denunciar los crímenes y daños causados por las agencias de asistencia y cooperación y ONG internacionales a nuestras comunidades y sectores populares; expulsar estas organizaciones de nuestros territorios, como ejercicio de dignidad y autonomía.

La mentalidad de mendicante que se mantiene con el asistencialismo y la Cooperación Internacional viene de la misma oligarquía, que siempre necesita de otros, internos y externos, para despojar, mantener su poder económico y político, y servir al capitalismo nuestras riquezas; por esto vemos y escuchamos campañas mediáticas promovidas por el capital privado (bancos, industriales, comerciales, Medios Masivos de desinformación, por ONG e instituciones del Estado para ayudar a los soldados lisiados en la guerra contra el pueblo: Solidaridad por Colombia, el Banquete del Millón de la iglesia católica, y las que diariamente hacen los Medios por los niños descalzos, enfermos, sin casa, sin estudio Etc., todo por la incapacidad del Estado oligárquico, tanto, que la mendicidad se palpa todos los días en las calles, en los semáforos, en los buses, reprimida, estigmatizada y escondida cuando les conviene a los gobernantes, como en la cantidad de loterías, chance y rifas -que alimenta la ilusión de salir de pobre con un golpe de suerte a millones de colombianos-, de donde supuestamente salen los recursos para la salud, -y la educación financiada con el impuesto a la borrachera embrutecedora de nuestro pueblo- por eso la salud y la educación son loterías que las adquiere quien tenga con que comprarlas.

Las ONG vuelven a la palestra en el supuesto post-conflicto para apaciguar las ansias de justicia social, dando dulcecitos a las víctimas y despojados para que la estructura del Estado siga igual, al servicio del capitalismo criollo y transnacional. Sin embargo, el inconformismo continúa creciendo y los sectores populares buscando alternativas a la pobreza y la dependencia, se expande la preocupación por la construcción de un mejor país por fuera de la institucionalidad de este Estado violento y corrupto, se impone en el orden del día la organización y la solidaridad, las iniciativas colectivas, la producción y el intercambio de productos e ideas, la creación de redes y bases del poder popular con nuestros propios recursos, simultáneamente a la protesta y a la exigencia al Estado de soluciones reales a los problemas del pueblo, como compromiso constitucional.

Gonzalo Salazar, septiembre 1 de 2018

 

 

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En busca de las raíces y la identidad

Publicado el 19 agosto, 2018| Deja un comentario

Por Gonzalo Salazar

Los anhelados Estados Nacionales del liberalismo no tuvieron plena realización ni en Europa, ni en América Latina, pues desde la invasión a nuestro continente, en Europa se realizó una forma de colonialismo interno, dividiendo historias, expulsando comunidades étnicas y religiosas, destruyendo y fusionando culturas y territorios violenta y arbitrariamentepara formar los Estados modernos, mientras en los territorios de América se destruían y avasallaban pueblos y culturas, se destruían procesos de autonomía, homogeneizando a estas comunidades, denominándolas razas inferiores (reduciéndolos a indios y negros, cuando eran diversos pueblos y culturas, los nativos y los otros extraídos de distintos territorios de África)  para dominarlas, despojarlas  y explotarlas mediante las políticas colonialistas e imperialistas, hasta las guerras de independencia, en que el liberalismo pretendía constituir Estados-nación  en estos territorios recién “independizados” de las potencias europeas, pero no fue posible por la formación económica y social que heredó la oligarquía al asumir el poder político, con el que ha mantenido gran parte de la estructura colonial en la mayoría de los países de América Latina, y que aún hoy someten a nuestros pueblos al neocolonialismo también llamado neoliberalismo, que derrumbó las fronteras comerciales para continuar el saqueo a nuestros países por el capital transnacional.

Hasta la primera guerra mundial los últimos intentos de consolidar nuevos Estados-nación en Europa oriental (con la disolución de los imperios II alemán, austrohúngaro y otomano), luego en Medio Oriente y norte de África, fue abortado por la dinámica del capital imperialista, que tras invasiones y nuevas reparticiones de territorios, recursos naturales y energéticos entre los hegemónicos, denominaron a estos nuevos países Estados-Nación, que como en el caso del Medio Oriente fueron países diseñados por los vencedores de cada guerra, que nunca cumplieron –también en América Latina- con las características que el mismo liberalismo definía, pues allí permanecen dinastías (algunas impuestas por las potencias imperialistas) estilo medieval que les roban a sus pueblos todas sus riquezas, manteniéndolos en la pobreza, la ignorancia y el fundamentalismo religioso y misógino patriarcal.

Los pueblos de estos nuevos Estados en la mayoría de los casos en Asia, África  y América Latina, dejaron de ser libres y soberanos, quedando generalmente bajo la tutela de otra potencia o de la metrópoli, (o fueron anexados como Hawái, Filipinas y Puerto Rico) como sucedió con algunas colonias “liberadas” y gobernadas por  élites oligárquicas siervas de los colonialistas en África y Asia en el siglo XX, que pasaron de manos de una potencia imperialista a otra, como Vietnam y Corea. Sin embargo en El Caribe continúa el colonialismo sobre la mayoría de las islas y las Guayanas por parte de USA, Inglaterra, Francia y Holanda.

En América Latina no fue posible un modelo capitalista basado en ese Estado-nación, mucho menos en el desarrollo industrial y agroindustrial como sucedió en Europa y Norteamérica, pues con la economía colonial agromineraextractivista heredada por las oligarquías, se continuó endosando la protección-dependencia a los nuevos imperios a través de acuerdos comerciales y préstamos para un supuesto desarrollo[1], que en Colombia gestionaban las élites o aristocracias regionales, quienes no pudieron integrar totalmente un Estado centralizado por estar en guerras entre ellas por las tierras y los bienes naturales de las regiones.

Esa dependencia neocolonial es la que sometió a nuestro pueblo a la pobreza y al atraso, a soportar una oligarquía incapaz de desarrollar un capitalismo propio, una industria y un desarrollo agrícola que le permitiera alguna autonomía, una infraestructura en comunicaciones y servicios que rompiera el aislamiento interno (y con el mundo en la modernidad) de un regionalismo feudal, que solo sirvió para mantener unas aristocracias que soportan su poder político y su riqueza en la propiedad de la tierra, con ejércitos propios; clase social parásita que bañó en sangre el país hasta nuestros días, para no permitir el más mínimo progreso de las clases populares; clase que se enriquece con la venta de todos nuestros bienes territoriales (Panamá) ecológicos, energéticos y culturales, las más rentables y estratégicas empresas del Estado, entregando nuestra soberanía  (siete bases militares con personal y dirección norteamericana) y nuestras riquezas al peor postor. Burguesía subdesarrollada negadora de su propia historia y de las grandes posibilidades de progreso humanitario del país, pero supuestamente erudita e intelectual ante las oligarquías de los demás países de la región porque “conoce” y adora la historia y la cultura Occidental; de ahí la cantidad de “poetas” eurocéntricos señoriales, que mientras escribían odas a Occidente, viajaban a Europa y a Norteamérica por negocios y placer, o se iban de caza, o de bohemia, ofrecían partes de nuestro territorio a las grandes potencias a cambio de protección ante el “enemigo interno” o pedían la anexión del país a los EE.UU.; ordenaban (y ordenan) las masacres de indígenas, campesinos, obreros y estudiantes, el asesinato de líderes sociales y comunitarios, (incluso calcinando una Corte Suprema de Justicia) entregando todos los recursos naturales al capital transnacional. Crímenes por los que hasta hoy no existe un proceso judicial que se haya iniciado contra algunos de estos mandatarios apátridas, mucho menos una condena moral o política por algún ente jurídico o de control (nacional o internacional) por las acciones de los representantes de la oligarquía en el poder del Estado, en el que en lugar de la división de los tres poderes del supuesto Estado-nación, existe es una confabulación de poderes facticos corruptos para mantener en el atraso económico, político y social a los sectores populares y, defender su statu quo a sangre y fuego.

Existe gran variedad del concepto de Estado-nación elaborado por la academia, sin embargo, tomamos el de Aníbal Quijano que nos amplía la visión desde el sur en este sentido:

Un Estado-nación es una suerte de sociedad individualizada entre las demás. Por eso, entre sus miembros puede ser sentida como identidad. Sin embargo, toda sociedad es una estructura de poder. Es el poder aquello que articula formas de existencia social dispersas y diversas en una totalidad única, una sociedad. Toda estructura de poder es siempre, parcial o totalmente, la imposición de algunos, a menudo cierto grupo, sobre los demás. Consecuentemente, todo Estado-nación posible es una estructura de poder, del mismo modo en que es producto del poder (Quijano 2000 p.15)[2].

Con la Globalización neoliberal, el capitalismo derrumbó las últimas fronteras comerciales que quedaban en el Sur, desestructuró al Estado Nación, lo redujo a su expresión represiva y de control social, en que los tales Estados Nacionales pasan de administradores y ordenadores de los recursos públicos, a  siervos de las instituciones autodenominadas multilaterales, (realmente son unilaterales) a protectores locales de los bienes expropiados por los capitalistas “nacionales” y transnacionales, a rectores de las políticas que el capital mundializado impone, a  legitimar la ley del Libre Mercado, a través de los órganos legislativos o constituyentes permanentes (parlamentos), a garantizar la acumulación de las grandes corporaciones transnacionales comerciales y financieras, no solo en la periferia, sino, también en sus propios Centros, con el desmonte del Estado de Bienestar, dándole forma al actual Estado Global. Llaman a esto Estado social de derecho, concepto falaz que algunos ingenuos de la izquierda defienden y reclaman, cuando  lo único que queda de dicho Estado son los derechos de las oligarquías nacionales y de las grandes corporaciones transnacionales a enriquecerse a cualquier precio, y la socialización de la pobreza, como lo están haciendo en México con la privatización del petróleo y la eliminación de la soberanía alimentaria, en Brasil con la destrucción de la selva amazónica, en Argentina con el monocultivo de la soja, en toda América Latina con la megaminería, en todo el mundo con la expropiación de los recursos naturales y la explotación de mano de obra que cada vez se parece más a la esclavitud.

Para el tema que nos ocupa es necesario abordar la discusión sobre el carácter de nuestro ser como comunidad diversa, habitante de un territorio también diverso. Nos encontramos con la definición académica de nación; muy amplia y de infinitas interpretaciones, pero que en últimas, casi todas parten de, o llegan a la concepción eurocéntrica liberal, construida a partir de la Revolución Francesa, para dar sustento jurídico al Estado-nación[3];definición sujeta a intereses de clase, herencia (genética y económica) de raza, en las que priman conceptos como una lengua, una cultura, una religión unas características antropomorfas (biométricas) o de raza y un área geográfica determinada común de nacimiento de un grupo social, que determinan su identidad y pertenencia a una nación; fundamentalismo occidental que deja un amplio espacio para justificar el racismo, la xenofobia, el chovinismo, el colonialismo, el fascismo y los imperialismos. Europa podría haber sido una nación diversa cultural y étnicamente, si no lo hubiera impedido el capitalismo, homogeneizando sus culturas, enfrascando a sus pueblos y territorios en el Estado nación, a los que separó violenta, lingüística y territorialmente para concentrar las riquezas de sus países y saquear las de otros pueblos con su expansionismo colonialista.

Nación sigue siendo un concepto en construcción por los pueblos de las periferias, en el que podemos encontrar los componentes de nuestras identidades, caracterizándolas a partir del nacimiento y o convivencia dentro de nuestro territorio durante un tiempo prudencial, dentro del cual logramos asumir nuestra pertenencia, (con diferentes orígenes geográficos y étnicos de individuos y comunidades) pero no el único, o el principal componente, pues desde la óptica democrática popular no podemos priorizar ninguna de las condiciones o particularidades exigidas por Occidente; se puede nacer y emigrar asumiendo una u otras nacionalidades en otros países, o asentarse con raizalidad –inmigración- en el territorio, como se han construido las grandes naciones y los imperios; hablando  diferentes lenguas ancestrales o vernáculas además del castellano colombiano, ser fiel o no a una o varias comunidades religiosas, compartir o diferir con tendencias políticas y filosóficas, poseer diferentes cosmogonías y cosmovisiones; sin embargo, si tenemos raíces sociales, características culturales e históricas comunes dentro del territorio, si hemos aportado al desarrollo de este país, si nos hemos beneficiado y disfrutado de sus bienes, de su diversidad cultural, de su interculturalidad, si tenemos sentido de pertenencia, amor por el pueblo, por el territorio y los bienes comunes de este país, nuestra nacionalidad diversa, además de las particularidades de cada región o sector social del país, es Colombiana Latinoamericanaabyayaliana, hasta que nuestros pueblos emancipados decidan otra forma de convivencia e integración que borren las estructuras sociales y económicas, las leyes, los nombres de nuestros territorios y las fronteras impuestas por los dominadores, e integren una sola nación abyayaliana, plural, diversa, equitativa, libre y solidaria.

Algunos académicos del siglo XIX toman al Estado como superior a la nación, por lo que muchas veces los intelectuales y dirigentes de la oligarquía tratan de confundir al  pueblo colombiano al equiparar el concepto de nación con el de Estado (solo pueden explicar lo nacional a través del Estado-nación burgués y sus instituciones), llegando a sostener que el Estado somos todos, porque lo plantea algún teórico europeo o norteamericano, sin diferenciar clases sociales, comunidades étnicas, pueblos, diversidad cultural, cosmogonías, cosmovisiones, lenguas y regiones existentes en nuestros territorios; encubriendo el origen y el papel del Estado como producto de la división de la sociedad y de la lucha de clases, como aparato represivo y defensor de una o varias clases dominantes; aparato “perfeccionado” a los intereses del moderno capitalismo, como una entidad política constituida supuestamente para administrar los bienes comunes y la economía y mantener una supuesta la armonía en la sociedad.

Con la rica diversidad étnica cultural territorial biológica y ambiental de nuestra América Latina y Caribeña y por consiguiente de nuestro país, el concepto occidental de nación no puede tener plena asimilación o adaptación mecánica, en ninguno de los territorios  en que nos dividieron los europeos y en que pretenden mantenernos las oligarquías criollas y el imperio Norteamericano; será la creación  colectiva de los pueblos, en lucha -contra los opresores- por el buen vivir o el socialismo, por una nación de naciones  desde el rio Bravo hasta la Patagonia, como lo proponía Simón Bolívar, como lo deseaba José Martí, como lo soñó el Ché, como lo quieren los pueblos indígenas y urbanos y los humanistas en la construcción de la patria abyayaliana, que vuelva a reunir historias, pueblos y culturas por fuera de las arbitrarias fronteras establecidas por los invasores y los dominadores, objetivo que no alcanzaron los procesos revolucionarios independentistas del siglo XIX ni las revoluciones en todo el continente en el XX, pues el socialismo o el buen vivir no puede ser solo un propósito local de ningún país, debe ser un proceso de unidad, de articulación y de construcción por todos los pueblos del AbyaYala y los del mundo. De tal manera, Simón Bolívar en su carta de Jamaica nos describe y nos reconoce a los americanos como pueblo diferente a los europeos, a los africanos, a lo puramente indígena con sus particularidades étnicas, excluyendo el carácter de raza.

Tengamos en cuenta que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América que una emancipación de Europa, pues que hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado; el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza, trae un reato de la mayor trascendencia.

En este sentido son importantes desde diferentes ángulos académico-teóricos e intelectuales, los aportes de  quienes desde una visión local-regional identifican símbolos, paradigmas, tradiciones, economías, historias y cosmovisiones convivientes en un territorio, como elementos constitutivos de las culturas de una gran nación latinoamericana con particularidades regionales: centroamericana, suramericana, andina, caribeña; y dentro de estas, las expresiones propias de cada país;  que bien nos lo recuerda Carlos Gutiérrez desde la literatura de nuestros hermanos latinoamericanos cuando retratan, narran o describen nuestros territorios y a los seres humanos que los habitan con todas sus tragedias, sus valores, sus tradiciones, sus emociones, sus sueños, sus alegrías, sus utopías.

Consumada la lucha anticolonialista, correspondía sentar las bases de los proyectos nacionales. En cada país, en distintos momentos de su historia, la literatura retoma y asume esta problemática. En Argentina, Martín Fierro, de José Hernández; en Ecuador, Huasipungo, de Jorge Icaza; en Perú, Ríos profundos, de José María Arguedas; para toda la región y en otro momento de su historia, Pablo Neruda, con el Canto General, logra dibujar nuestra realidad y ahondar en el tema identitario. Con igual brillantez abordan la temática Alejo Carpentier y Arturo Uslar Pietri. He ahí obras y autores de obligatoria recordación o memoria. Hay más, no hay duda.[4]

De la misma manera harán lo propio Fernando González (“Los Negroides”), José Eustasio Rivera (“La Vorágine”), Antonio García Nossa, Gabriel García Márquez (Cien años de soledad), Luis López de Mesa (“De cómo se ha formado la nación colombiana”), Germán Colmenares, Mario Arrubla, Orlando Fals Borda (“Socialismo raizal”) y tantos otros colombianos, desde diferentes ángulos en diferentes épocas, que van desde lo histórico, lo político, lo sociológico, lo antropológico, lo económico, lo cultural, en escenarios locales, regionales y nacional, confluyendo en rasgos comunes y particularidades  -con sus diferentes visiones políticas y personales- en la caracterización de una nación colombiana diversa, con raíces en lo regional-rural, que tanto nos preocupa reconocer y reconstruir en un proceso liberador-transformador.

En la historia nacional e historias locales y regionales vividas por nuestros pueblos y comunidades, orales y escritas con la visión de los oprimidos, de los victimizados, de los excluidos, con las cosmovisiones de los pueblos originarios y raizales, de las comunidades urbanas, están los elementos de nuestra nacionalidad plural, no en la llamada historia “universal”, de la cultura occidental que la escuela oficial nos enseña, ni en los anecdotarios ni en los árboles genealógicos de la oligarquía, menos en el supuesto fin de la historia que el neoliberalismo globalizado quiso imponer con los inventarios de su geoestrategia y de su geopolítica, pues para Occidente los demás pueblos no tienen historias ni filosofías ni culturas o sea, no existimos.

La formación de nuestra nación se ha dado desde los intereses de los dominadores nacionales y foráneos, con la disputa por el poder regional de jefes y caudillos, en un principio militares y políticos descendientes de los conquistadores (enriquecidos por la corona al entregarles grandes cantidades de las mejores tierras de los indígenas) y los criollos, que adquirieron más riquezas a través de las guerras civiles, el saqueo al erario, y de conflictos regionales  -a algunos “generales” se les pagó el favor de participar en la guerra de independencia con inmensidades de territorio, otros compraron rangos militares para exigir reconocimiento, tierras y pensiones- tal como lo hacen hoy los altos funcionarios del Estado, (nombrados y elegidos) integrando junto a la aristocracia criolla otrora sirviente del imperio español, el estamento oligárquico, del cual una parte manejaba el mercado de exportaciones de materias primas y minerales e importaciones de manufacturas y otro, el sector financiero, que se encargó de endeudar el país a nombre de la “independencia” y de un progreso que nunca llegó. La disputa por poderes regionales se expresa en las docenas de conflictos regionales y guerras civiles (36) de los últimos 200 años, la última que lleva más de 60, de la oligarquía terrateniente-narcotraficante, contrabandista, financiera y comerciante contra los campesinos y los trabajadores, generada por el mismo problema: la propiedad sobre la tierra y los recursos naturales.

Desde mediados del siglo XIX se produjo una sensible valorización de las tierras colombianas, debido al aumento de la población (entre 1825 y 1851 la población creció en 81%, al pasar de 1,2 millones a 2,3 millones de habitantes; a principio del siglo XX alcanzó los 4 millones), el incremento del cultivo del tabaco para la exportación, el desarrollo de otros cultivos agrícolas producto de la prosperidad de los negocios tabacaleros (papa y trigo –en las tierras altas- caña de azúcar, algodón, cacao, añil, plátano y yuca –en las tierras medias y bajas- y el maíz, base de la alimentación de la población, en todos los pisos térmicos), la intensificación de las actividades ganaderas (la introducción de los pastos Guinea y Para en los años 1845-1850 constituyó un hecho de capital importancia para el desarrollo de la ganadería del país y desató la codicia por la apropiación de la “tierra caliente”), y las mejoras en las vías de comunicación (articuladas a la navegación por el río Magdalena, columna vertebral del comercio exterior). El poder de los hacendados y el sensible aumento en el valor de las tierras despertó la ambición de acumular riqueza territorial.[5]

La formación de un mejor país no puede quedarse en las particularidades locales “nacionales” aislado del contexto regional suramericano,  abyayaliano, y mundial, pensando que basta con construir nuestro buen vivir, pues somos parte de esa gran plural y diversa nación latinoamericana y caribeña, con problemas sociales y ambientales, con características culturales comunes; también tenemos objetivos políticos y económicos comunes que nos indican la integración, la fraternidad y la solidaridad de los pueblos como única opción para superar la pobreza la dependencia y la desigualdad social. El socialismo o el bien vivir no puede estar supeditado a la lucha de un solo pueblo, a la experiencia de un solo país, solo será posible consolidarlo a través de un movimiento emancipatorio de todos los pueblos del mundo.

La simbología patriotera que la oligarquía colombiana ha impuesto, en gran medida representa valores eurocéntricos, mitología judeocristiana, copiada de territorios lejanos, (bandera, escudo, himno, nacional) simbología que no une, que no representa valores históricos o culturales de nuestros pueblos, pues en ninguno de estos símbolos aparece el pueblo ni su diversidad; si se mira bien, son valores racistas, significados de una gesta de clase dominante; memorias y alegorías de otros mundos ajenos al nuestro en su canto épico. Un escudo que es el menú de las riquezas y recursos disponibles para el capital transnacional, cuernos llenos del oroexpropiado,  de la diversidad alimentaria que ha sido erradicada. Un cóndor que prácticamente desapareció con la biodiversidad de su hábitat, que solo se puede ver en algunos museos (zoológicos); la corona de laurel, como el gorro frigio, símbolos europeos de gloria y libertad que no representan nada para el pueblo, un istmo que fue vendido por los apátridas, con mares que surcan y explotan naves pesqueras y comerciales privadas, y armadas foráneas. Lo que siempre ha estado presente es la libertad del capital para despojar y someter, y el orden de terror que la oligarquía impuso para mantenerse en el poder. Hoy esta clase social apátrida pretende que el patriotismo sea la defensa a ultranza de unas camisetas en otros colores e idiomas sobre los cuerpos de unos deportistas pagados y/o esclavizados por mafias transnacionales con negocios por cientos de millones de dólares, y la existencia de supuestos héroes de un ejército fratricida y cruel, de ocupación en su propia patria, que muestran las campañas mediáticas.

Este patrioterismo no tiene nada que ver con la defensa de la soberanía nacional ni de los recursos naturales, más que el discurso militarista contra los que realmente defienden y construyen la patria, pues el mismo territorio nacional pasa a ser propiedad privada del extractivismo y del sector financiero, que ordenan al parlamento legislar, al poder judicial, castigar, y al ejecutivo gobernar para ellos, todos, en defensa del mercado; las corporaciones transnacionales –protegidas por la fuerzas armadas y paramilitares y por el Estado- utilizan la bandera y el nombre de Colombia como divisa de sus productos comerciales y proyectos extractivos, mostrando que ellas son las que aportan desarrollo  y defienden el medio ambiente, exigiendo reconocimiento de soberanía al pueblo como propietarios de esta colonia; mostrando que además de su poder económico tienen más poder político, jurídico y cultural que el Estado.

Si queremos otro país, también debemos recuperar la memoria histórica y las culturas propias, desconociendo la simbología y los monumentos de la oligarquía, o por lo menos invirtiendo sus significados, como en los casos de las estatuas de los conquistadores, a las cuales se les rinde pleitesía, se les celebra y conmemora como héroes o benefactores, lo mismo que los caudillos criollos (sátrapas genocidas que nos han gobernado por 200 años) descendientes de aquellos que inundaron de sangre y miseria a nuestro pueblo, poniendo sus nombres a municipios, barrios y en cuanta obra de infraestructura se erige. En un proceso de emancipación todos esos monumentos y simbologías deben ser destruidos y sus nombres borrados de nuestras identidades y culturas Los actuales nombres  de nuestro continente y país son epónimos de quienes lideraron la invasión y el genocidio, algún día nuestros pueblos emancipados restituirán el nombre originario, AbyaYala y nombrarán nuestro territorio nacional con creatividad y dignidad.

Es posible en el proceso de recuperación de la memoria y las identidades,  construir y descubrir héroes, hitos, símbolos, monumentos, valores culturales populares, tradiciones, lugares de valor histórico, cultural, ecológico Etc. representativos de nuestra identidad actual como nación diversa, construidos en la lucha cotidiana por un país libre y soberano. Nuestros héroes y grandes líderes políticos populares están en las regiones, en las luchas de los negros y los indígenas, en el movimiento campesino, en los movimientos cívicos barriales, en las mujeres que también gestan rebeldías y paren posibilidades, en los jóvenes que estudian, trabajan y luchan, en intelectuales que investigan, descubren, critican y proponen, en artistas que expresan creativamente lo que somos y lo que soñamos. No necesariamente tienen que ser héroes de la guerra, -que son millones de nuestros muertos anónimos en esta guerra que nos involucró occidente desde 1492- Reconozcamos las diferencias étnicas culturales, las biodiversidades locales y regionales, enmarcadas en el contexto económico-social, como grandes riquezas de nuestra nación en las actividades políticas y culturales, para unir y articular sectores sociales, comunidades y proyectos, enfocando la nueva nación hacia el futuro que deseamos, hacia esa utopía que nos hace actuar con alegría por la vida, la justicia y la libertad.

Nuestra diversidad indígena-raizal, mestiza, dispersa en todo el territorio nacional, -incluyendo las grandes capitales, donde han constituido cabildos y Consejos Comunitarios urbanos-  con más de 80 pueblos vivos, dentro de  los cuales conservan sus lenguas y cosmovisiones, pueblos que hablan más de dos idiomas, igual que las comunidades negras (palenque de San Basilio y San Andrés y Providencia), y gitanas que recorren el país y el mundo con su lengua romaní; en su conjunto suman más de 65 lenguas  ancestrales y vernáculas vivas[6]. Recordemos que antes de la llegada de los invasores europeos se hablaban más de 1000  lenguas con diferentes dialectos y derivaciones en el continente americano; podemos decir que somos una nación políglota, característica que la oligarquía niega, imponiéndonos un bilingüismo anglo-hispano, cuando todo colombiano debería hablar por lo menos una lengua ancestral o vernácula además del español, como parte de nuestra identidad cultural; de hecho algunas comunidades indígenas y raizales se comunican en más de dos lenguas con sus comunidades vecinas y mestizas, luchando por sus identidades con la educación propia en sus idiomas ancestrales.

La imposición del inglés como segunda lengua no se origina en una necesidad interna o cultural nacional, como que dentro del territorio continental (excepción del departamento de San Andrés, donde además del español se habla el creole) existiera una comunidad nacional que conservara como lengua principal este idioma (en el siglo XIX se era “intelectual y culto” si se hablaba y escribía en francés). Realmente es una imposición del imperio norteamericano, para la explotación de nuestra fuerza de trabajo, para que el colonizado entienda las órdenes del amo extranjero, para obedecer (tal como lo hicieron los europeos cuando nos invadieron y esclavizaron), no para hacernos más cultos ni para dialogar con ellos de igual a igual.

Hoy se ha integrado una gran comunidad trabajadora de habla hispana (millones de inmigrantes) que hace de nuestra lengua, la segunda en los EE.UU. el idioma mayoritario de su fuerza de trabajo; sin embargo es importante conocer algún idioma de occidente, del oriente, del norte o del sur, (aprendido por la necesidad de saber)  pues cada lengua es una cosmovisión, una cultura más, que nos enriquece. La formación de la nueva nación, del nuevo país, parte del reconocimiento, respeto y expresión de antiguas, presentes y nuevas subjetividades, en las que son determinantes las lenguas y las culturas de las comunidades indígenas y raizales, en las regiones por todos los sectores sociales y comunidades existentes en todo el territorio, formación orientada a la superación de la desigualdad social, la pobreza, la ignorancia, la violencia.

La protección, recuperación y enriquecimiento de nuestras lenguas ancestrales o nativas, parte del ejercicio de autonomía de los pueblos hablantes de éstas, orientando desde sus autoridades propias el diseño por estas comunidades de sus propias pedagogías y programas educativos en la escuela, en las familias, en todas sus actividades culturales y sociales en sus territorios, proceso en el que han venido concertando algunas comunidades con el Estado, quien ha dirigido una transculturación, imponiendo el castellano, prohibiendo el uso de sus lenguas nativas, a través de políticas como la Etnoeducación –oficial- y los programas de protección a la infancia con instituciones como el ICBF. Sin embargo son importantes los avances que desde la legalidad se han logrado con el reconocimiento que el Estado hace a través de decretos como el 1142 de 1978 sobre Educación de las comunidades indígenas, de la ley 1381 de 2010 o Ley de Lenguas Nativas como desarrollo de los artículos 7, 8, 10, y 70 de la Constitución Política de 1991; pero de las que los pueblos y comunidades indígenas y raizales pueden exigir su aplicación, mejoramiento y participación decisoria en la reglamentación y corrección de estas, como también en la elaboración y aprobación de nuevas leyes y políticas en este tema. Pues las lenguas nativas en un territorio o región deberían ser lenguas oficiales y enseñadas a sus habitantes como bilingüismo local, regional y nacional, o sea, todo colombiano debería conocer por lo menos una lengua nativa como segunda lengua, antes que el inglés.

Lo más significativo de nuestras identidades son los lenguajes, que no solo nos comunican, porque son construcciones colectivas, con los que aprehendemos y expresamos nuestras cosmovisiones, que le dan sonido, color y forma a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestras ideas; de los cuales no podemos aceptar la eliminación de nuestra diversidad lingüística, como tampoco aceptamos la tergiversación ni la inversión de los significados de las palabras de nuestra lengua mestiza castellano-colombiano, que hacen los dominadores para disminuirnos e invisibilizarnos como pueblos; por esto es indispensable dar sentido propio a conceptos como democracia, autonomía, justicia y solidaridad, que desde los sectores populares se definen y materializan en la lucha por la dignidad y la soberanía popular, por los derechos individuales y colectivos, por el buen vivir.

De un proceso de aculturación impuesto por los conquistadores -con su pensamiento único occidental- a los pueblos originarios y la colonización de nuestros territorios y nuestras mentes por las ideologías del capitalismo, pasamos a otro de transculturación con mayor arraigo en las ciudades en las nuevas generaciones y en las migraciones internas y procedentes del exterior, con apoyos en las últimas tecnologías, con la globalización y su pensamiento único; sin embargo, en esta transculturación persisten diferentes niveles de mestizaje que nos dan diversas caracterizaciones locales y regionales en una multiculturalidad dinamizada por nuevos movimientos sociales y culturales (indígena, feminista, ecológico, comunidades virtuales) en una interculturalidad que articula, dialoga y se enriquece, contra la que el Estado oligárquico utiliza todos los medios para dividir y confrontar, conminando a permanecer a todos y cada uno de los pueblos, comunidades y sectores sociales en su gueto cultural y o territorial. Realmente nuestra nación es una cobija de retazos étnica y culturalmente, con matices, sincretismos y mestizajes europeos, africanos, suramericanos, caribeños, con oleadas de inmigrantes árabes, japoneses, gitanos –y de otras latitudes-, con fuerte presencia en regiones y zonas de las grandes ciudades, quienes contribuyen con su trabajo y sus aportes culturales a enriquecerla.

Los estímulos a la creatividad, la conservación y la promoción de las tradiciones y expresiones culturales como identidades propias de las comunidades y grupos étnicos, no los podemos encontrar en las políticas que desde el establecimiento se imponen y se difunden sino, en la valoración propia como sujetos sociales en un proceso emancipador, en un poder popular que recupere la memoria histórica-cultural, que proteja y difunda nuestros valores populares no etnocéntricos ni patriarcales. La inmensa variedad de tradiciones, de músicas, danzas, gastronomía,  artesanías (arte popular), además de las lenguas, modismos literaturas y cosmogonías locales y regionales, dispersas en la también diversa geografía, algunas en proceso de extinción, otras en recuperación,expresiones culturales que nos dan identidad regional y nacional; el sancocho del Valle del Cauca es diferente al bogotano, el bambuco caucano es diferente al antioqueño y al boyacense, los mitos y leyendas de la costa pacífica tienen personajes diferentes a los de la costa atlántica y a los de los llanos orientales, lo mismo pasa con las músicas y los bailes que evolucionan en fusiones incrementados con otros instrumentos, arreglos y ensambles, aunque los medios y las empresas culturales tratan de imponer ritmos foráneos con antivalores como el reguetón que expresa violencia y misoginia, pero quetambién subvaloran y manipulan lo nuestro cuando reúnen a cientos de miles de fanáticos en conciertos de artistas extranjeros (a cientos de miles de pesos la entrada) que en su decadencia llegan a nuestro territorio mientras nuestros artistas de provincia o con propuestas nuevas son excluidos de publicidad y de oportunidades, solo surgen los que alaban al sistema cantando o dibujando un país paradisiaco para la clase dominante y el turismo, una forma maniquea de la cultura, los que engrandecen al narcotráfico y la violencia como la llamada música “popular” (algunos artistas del vallenato, del despecho y de la salsa que le cantan al terrateniente, narco y al imperio); nuestro arte no lo podemos dejar en manos de las empresas culturales, utilizadas como mercancías folclóricas que se promocionan en el turismo depredador y corruptor, mientras llenamos nuestras casas y nuestras mentes de productos prefabricados por el capital transnacional de cualquier parte del mundo. Indudablemente que el arte que se crea en el mundo permea nuestras formas culturales, con interculturalidades que se dinamizan inicialmente entre la juventud, con la inclusión de ritmos, tendencias y modelos, en su mayoría originados desde las metrópolis occidentales, difundidas por los medios masivos de propaganda dentro de una supuesta cultura universal, que no aporta nada nuevo, sin embargo es una tradición la adopción de ritmos latinoamericanos desde el Caribe, Centroamérica y del sur, que nos hacen sentir latinoamericanos.

Nuestras artes escénicas (teatro, cine, danza) son de excelente calidad a nivel internacional, en el caso del teatro, es la actividad más importante en sectores estudiantiles y en la clase media intelectual (desarrollada por pequeños grupos que surgen generalmente en los barrios con escasos recursos económicos y publicitarios), tanto en la actuación como en los contenidos de las obras, recrean obras de autores clásicos y actuales junto a la creación colectiva en la mayoría de los grupos, de este salen los actores para el cine y la televisión, de los cuales la mayoría vuelven o permanecen  simultáneamente en las tablas; aunque en las tres grandes ciudades se han creado escuelas de actuación y en algunas universidades facultades de artes escénicas, es mínimo el aporte del Estado y no existe una escuela especializada en cine; el mejor cine es el de género documental, en el que es importante la participación de actores naturales, también el de tipo literario de autores nacionales, generalmente con argumentos históricos y sociales; desafortunadamente no se cultiva la cinefilia en nuestro país, mientras en el extranjero es apreciado y premiado nuestro séptimo arte por la crítica independiente y alternativa. A pesar de ser buena la actuación, contar con los medios logísticos, técnicos y de infraestructura para la producción, la televisión en el área artística muestra una baja calidad en temáticas y contenidos, pues como medio masivo de los poderes facticos obedece a las políticas internacionales de las grandes corporaciones del entretenimiento y la propaganda, su producción está orientada a estimular el consumismo y difundir la cultura violenta, mafiosa, sexista, individualista superficial a través de novelas, películas de “acción”, realitys imitando Hollywood. Realmente las artes están apropiadas por sectores medios de la sociedad, al servicio se las clases dominantes, al pueblo le llega solo lo que los grandes medios difunden y lo que las empresa culturales privadas promueven y realizan, como en el caso de la plástica, disciplina que generalmente realizan pintores y escultores de clase media alta en sus talleres secretos, pero que son reconocidos cuando ganan algún premio internacional o exponen en las metrópolis de Occidente; igualmente ocurre con la literatura, cuando el autor edita miles de ejemplares de su obra en muchos idiomas y gana premios o concursos internacionales.

En un proceso emancipatorio y transformador es necesario el rescate, defensa y promoción de las culturas del país, utilizando todos los medios artísticos y tecnológicos, pero también la producción literaria, histórica y científica, además de las expresiones autóctonas cotidianas de la sociedad y los conflictos, para mirarnos y reconocernos en las obras de los artistas populares, no dependiendo de un Estado autoritario excluyente antipopular ni de mecenas capitalistas; la realización del arte debe estar al alcance de los y las interesadas de todos los sectores populares en todo el territorio nacional, apoyado, defendido y nutrido por las comunidades y sectores populares organizados autónomamente.

Por otro lado, utilizando abierta y críticamente las redes virtuales y la televisiónvía internet, los discos, las memorias USB, podemos reconocer afinidades e intercambiar bienes culturales con otros pueblos y grupos o sectores alternativos de todo el mundo, con nuevas propuestas a través de las redes sociales virtuales políticas y culturales independientes, que a la vez generan y difunden mesclas, fusiones en ritmos, tendencias y expresiones culturales (música, escénicas, literatura, plástica) que se van haciendo universales, llevando a otras latitudes nuestras cosmovisiones, sin perder nuestras identidades ni la diversa y plural nacionalidad, movimiento cultural que debe promover y defender toda organización o movimiento popular que busque la emancipación.

En nuestra sociedad mayoritariamente autoritaria y machista patriarcal, conviven diferentes tipos de familia, pues la familia nuclear tradicional (matrimonio cristiano) ya no es mayoritaria; crece el número de matrimonios civiles, se multiplican los hogares con diversas relaciones entre sus integrantes, unión libre, parejas que reúnen sus hijos comunes y de otras relaciones (poligenéticas), muchas veces hogares sin lazos de sangre comunes; con sus jerarquías y relaciones que cambian de una región a otra, de un grupo étnico a otro con diferencias entre pueblos rurales y comunidades urbanas, (cada comunidad indígena, campesina y afro, tienen su propio modelo de familia) en una composición que incluye monogamia, poligamia, endogamia, exogamia, hasta el matriarcado, hogares plurifamiliares y hogares LGTBI. En los sectores populares predomina la mujer cabeza de hogar –mono parental-, generalmente separada o divorciada; desde los 60 la tendencia es hacia la madre soltera trabajadora con uno o dos hijos, con planificación familiar que garantiza la permanencia de la fuerza laboral femenina en la producción.

Si combatimos democráticamente al machismo, al patriarcado, al autoritarismo y el fundamentalismo misógino religioso en todas las actividades productivas, sociales y culturales, podremos fortalecer los modelos de hogares más amplios, más equitativos, más tolerantes, más dialogantes y felices; pero esta transformación no se puede realizar por el actual Estado ni sin criticar ni transformar en nuestras cosmovisiones los conceptos sobre las mujeres y la familia nuclear patriarcal, implica transformar la familia tradicional, eliminar el machismo de la sociedad. La búsqueda de este objetivo debe empezar individual, familiar y colectivamente en la transformación de las relaciones autoritarias y represivas, en relaciones de igualdad, respeto y solidaridad; la lucha contra el autoritarismo, el patriarcalismo y por igualdad de géneros debe asumirse por las organizaciones populares interesadas en cambios estructurales de la sociedad, debe convertirse en un amplio y fuerte movimiento social, al interior de un gran movimiento social transformador –articulado nacional e internacionalmente- integrado por todos los sectores populares.

La misma topografía del país, con sus diferentes climas, ha contribuido a la formación de idiosincrasias, tradiciones, expresiones culturales y económicas diversas, regionales y locales que nos identifican como llaneros, costeños caribeños, costeños del Pacifico, cundiboyacenses, santandereanos, paisas, amazónicos, caucanos, pastusos, tolimenses, isleños, rolos. Pero sobre todo, campesino-as, jornalero-as, obrero-as (activos y desempleados), indígenas, trabajadores del comercio y los servicios, profesionales, pobladores de las periferias urbanas (en su mayoría expulsado-as del campo violentamente), por supuesto, unas clases medias rural y urbana que luchan por no perder su condición, todos como sectores populares integrantes del pueblo colombiano, frente a la oligarquía terrateniente capitalista mercantilista unida al capital transnacional, que nos domina con poderes políticos, económicos, culturales y militares locales, regionales y nacionales. Por esto, al convocar para la refundación de la nación, no podemos excluir a ninguno de los sectores populares, donde cuentan los movimientos sociales, las mujeres, los jóvenes y las mal llamadas minorías; en la que los sectores populares, las comunidades, las organizaciones políticas y los pueblos, tenemos que tratarnos como iguales, con los mismos derechos, capacidades y oportunidades que solo las podemos ejercer y garantizar nosotros mismos-as en una democracia popular, pues esta no se decreta ni se impone al pueblo, se construye desde el hogar, la localidad y la comunidad.

El término minoría encierra características socioeconómicas, culturales, étnicas y lingüísticas que nos llevan a concluir, desde la concepción occidental, en algo pequeño, menor, inferior, minusválido, reducido, incapaz de definir por sí mismo, que tiene que ser protegido, por eso tienen que ser dirigido/a y representadas/os por otros. Así pues, es como el imperio español y la oligarquía consideraron a los indígenas, cuando en realidad son culturas milenarias diversas, (incluso anteriores al imperio español y a la misma civilización occidental), que como los/las campesinos/as mestizos/as siempre han sido mayoría frente a los colonialistas, a los  terratenientes y a toda la oligarquía racista-patriarcal, lo mismo han hecho con los negros, las mujeres y los demás sectores populares. Por muy reducido que sea el número de integrantes de una comunidad o de un grupo social con identidad territorial y o cultural, no puede ser menor ni inferior en el concierto de los pueblos, tiene la capacidad e igualdad de derechos para decidir sobre sus problemas y sobre los del país. O sea, existen pueblos y comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales, no existen minorías ni “grandes mayorías” que puedan decidir legítimamente por el resto de la sociedad, por esto la democracia capitalista es opuesta a la democracia popular. La negación de estas capacidades a los pueblos es lo que ha “justificado” el genocidio, el despojo, el abuso, la esclavitud y la extinción por los dominadores que siempre serán una ínfima minoría en la sociedad.

Otra cosa es la forma de gobernarse o autogobernarse los pueblos, las posibilidades de crear formas legítimas de autoridad territorial más horizontales, con instituciones comunitarias (educativas, de salud, justicia, protección, cultura) autogestionarias, integradas, articuladas y coordinadas local, regional y nacionalmente (municipios, provincias, regiones confederadas) de acuerdo a las necesidades en el tiempo; que funcionen alrededor de proyectos y programas concertados en consultas y asambleas decisorias en cada territorio y con cada sector social. Las formas de gobierno o autogobierno regional, local y nacional, es una tarea de elaboración política de cada sector social, de cada comunidad y de todo el pueblo; no solo de la academia o de la intelectualidad de las organizaciones de izquierda; debe ser un proceso de participación y de definiciones políticas que convoque, debata y mandate simultáneamente en sus respectivos territorios, recogiendo las experiencias y propuestas de los pueblos indígenas con sus resguardos y cabildos, las ETIS (Entidades Territoriales Indígenas reconocidas por la Constitución de 1991); de los raizales, de las comunidades negras con sus palenques y consejos comunitarios territoriales, con sus asociaciones de agricultores, de pescadores y de mineros, también reconocidos por  la misma Constitución y en la ley 80; de los campesinos con sus ligas, cooperativas, sindicatos y asociaciones agrarias, con sus Zonas Productivas Agroalimentarias, colonias en baldíos y Parques Nacionales (llamadas por la oligarquía repúblicas independientes en los 50 y 60 del siglo pasado), y las actuales Zonas de Reserva Campesina; los movimientos cívicos urbanos con toda su experiencia en movilización y resistencia; pero también las organizaciones creadas, no reconocidas por el Estado y las que no desean este reconocimiento. Es imprescindible recoger  experiencias históricas como las de los artesanos y sus sociedades democráticas de finales del XIX y principios del XX; la de los bolcheviques del Líbano Tolima, la de los obreros bananeros, la de los obreros petroleros de Barranca (improvisaron una comuna emulando la de Paris), la de la comunidades de paz de San José de Apartadó, la de los movimientos populares regionales –la lucha de los Pueblos Originarios de Base como los llama Orlando Fals Borda- de los últimos 100 años.

En las grandes ciudades con todas las problemáticas de deficientes y ausentes servicios públicos, desempleo, racismo y exclusión en la diversidad de sectores sociales en lucha permanente, hay mucho por aprender y recodar, pero también por crear, cultivar y defender en la cotidianidad, en las coyunturas. Con organización, movilización y protesta, se llega a momentos de coordinación, articulación y cooperación que propician una autoridad temporal que define responsabilidades, planifica, orienta acciones y controla el territorio, a través de los movimientos sociales, cívicos, JAC, JAL, los comités barriales, sindicatos e infinidad de organizaciones populares, comprometiendo a todos y cada uno de los sectores sociales. Pero también podemos aprender de las experiencias de los zapatistas, los aimaras, los quechuas, de los Sin Tierra y de los estudiantes brasileños, de los piqueteros argentinos, de los mapuches chilenos y argentinos de la autonomía de los y las kurdas y  demás experiencias de autonomía y gobierno popular del continente y del mundo para ampliar los conceptos de soberanía y autogobierno popular en nuestros territorios.

Dentro de la agenda de mejor país estará la nueva configuración territorial, que pasa por un nuevo Ordenamiento Territorial realizado por cada comunidad territorial con participación decisoria de todos los sectores populares de la localidad –rural, urbana insular- y región, exigiendo el apoyo de profesionales e intelectuales de la geografía, la antropología, la sociología, la ecología, la biología, las ingenierías,  comprometidos con el proyecto de nuevo país; que redefina los usos y propiedad del suelo y el subsuelo, los espacios productivos –agropecuarios, agroindustriales, industriales, mineros-, culturales-recreativos, las áreas de protección ecológica, la frontera agrícola, la infraestructura y los servicios necesarios en cada territorio y localidad, identificando particularidades económicas, sociales, ecológicas y culturales por regiones, que pueden ser provincias autónomas integradas a otras entidades como zonas Campesinas de Producción Agroalimentaria,  las Zonas de Reserva Campesina, Zonas de Reserva Forestal con presencia campesina, y territorios de comunidades raizales, palenques, territorios de consejos comunitarios, resguardos Indígenas; en las áreas urbanas definir los tipos de vivienda digna, los espacios culturales, educacionales, recreacionales, los entornos ecológicos, comerciales, los sistemas de transporte, la infraestructura de servicios básicos domiciliarios, los sistemas y redes de salud, adecuados a las necesidades de los sectores poblacionalesen cada ciudad. Esta tarea no puede ser realizada correctamente por instituciones del Estado actual, ni por instituciones dependientes de grupos económicos o políticos de las clases dominantes o por ONG; la nueva configuración territorial elaborada por el pueblo podría ser asumida por un Estado Democrático en transición como un mandato; no es necesario tomar como modelos los entes territoriales o administrativos existentes, como departamento, zona franca o distrito, en este sentido hay propuestas como la del maestro Orlando Fals Borda[7] de recuperar e integrar nuevas provincias y regiones similares a las de la Colonia, sin embargo es el pueblo quien con su sabiduría diseñará no solo un mapa, sino, que construirá un mejor país.

En algunas zonas de frontera, de puertos e insulares, la composición  de la población es cosmopolita, (Cúcuta, Ipiales, San Andrés y Providencia, Maicao, Leticia) producto de las migraciones y de la convivencia en territorios comunes que les da derecho a otras nacionalidades, a estos grupos humanos, de reclamar autonomía; esas regiones podrían constituirse como territorios del Buen Vivir. En extensas regiones conviven comunidades indígenas con territorios ancestrales, algunas nómadas, otras en aislamiento voluntario, junto a comunidades y pueblos mestizos y negros  que comparten espacios semiurbanos y urbanos  delimitados por el Estado; pequeñas ciudades con culturas comunes y economías complementarias en torno a grandes ciudades-región en la diversidad biológica y topográfica de nuestro territorio, que se asimilan a países dentro de un país de regiones, de un pueblo de pueblos, configurando nuestra posible nación pluridiversa como un posible Estado plurinacionalen transición o una Comunidad Pluricultural Confederada

En lo administrativo el Estado ha venido configurando el concepto de Área Metropolitana en torno a las grandes ciudades, que integra a municipios vecinos absorbidos, aunque su fin es planear el desarrollo urbanístico (negocio del sector financiero-bancario y de las constructoras de vivienda e infraestructura), localizar centros de producción industrial, cuantificar consumidores, demanda de servicios, el mercado de votos y el control de la población; igualmente las Zonas Económicas Especiales, Zonas Francas anexas a las ciudades para explotar mano de obra (maquilas) y servicios que garantizan y protegen la inversión extranjera y la extracción de recursos para el mercado mundial; los distritos como el Distrito de Buenaventura que garantiza seguridad y servicios al mercado de importación y exportación en medio del mar de pobreza y violencia que este proyecto genera; que se ampliará y modernizará con el mega plan IIRSA y el proyecto de extracción Alianza Pacífico. Distritos Turísticos como el  de Cartagena, reducido al mercado turístico en la parte “histórica” hotelera y las playas privatizadas, que cuenta con moderna infraestructura y amplia red de servicios, mientras el resto de la población sobrevive en la miseria y la insalubridad.  Estas figuras con fines más económicos que sociales son parte de dichas áreas Metropolitanas y del plan extractivista.

De la misma manera el Estado centralista organiza la economía del resto del país creando grandes áreas de producción agroindustrial de monoproducto como las ganaderas, azucareras, palmeras, cafetera, etc.  y zonas de explotación minera y energética, anexando territorios campesinos, indígenas, afros, baldíos, de reserva hídrica y ecológica a megaregiones ZIDRES (Zonas de Desarrollo Rural Económico y Social), cumpliendo los mandatos del capital financiero y transnacional, consignados en planes como IIRSA, tratados como la Alianza Pacífico y los TLC con las grandes potencias; pero un POT democrático debe dar paso a la unión de territorios adyacentes, no necesariamente del mismo departamento, que integran particularidades geográficas, económicas y culturales, como Circuitos Económicos Alternativos (definiendo áreas de producción agroalimentarias populares alrededor de las grandes ciudades), tradiciones y cosmovisiones que se pueden asimilar al concepto de Ciudad Región, y/o de Provincia, que el maestro Fals Borda explica muy bien; estas entidades en una democracia popular pueden abrir espacios y oportunidades de integración, participación equitativa  y de autonomía de las comunidades; que a su vez deben formar parte de territorios más amplios que podemos identificar como Regiones, cambiando la actual división política del país, de departamentos Áreas Metropolitanas, zonas francas y Distritos Especiales. Varias provincias y/o regiones con autonomía podrían asociarse o confederarse y constituirse como territorios del bien vivir

El nacionalismo a ultranza conduce al racismo, a la xenofobia, al chovinismo, al fascismo, como formas de dominación y de justificar la agresión a otros pueblos. Este nacionalismo, soportado en el aparato militar, con los conceptos del “enemigo interno” y de la seguridad nacional, es el que  ha tratado de imponer al pueblo la oligarquía colombiana.

Gonzalo Salazar agosto 16 de 2018

[1]A excepción de Cuba, que con su revolución implementó una forma de socialismo, que contó con apoyo y protección de la URSS, hasta el período especial, en que prácticamente se extingue esta alianza con la desintegración del “campo socialista”.

[2]Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Quijano Aníbal. En libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Julio de 2000. Centro de Investigaciones sociales (CIES), Lima.

[3]El término nación viene desde el imperio romano, lo utilizaron los comerciantes, las universidades y la iglesia católica como forma de identificar grupos dentro de sus instituciones

[4]Los colombianos, ¿quiénes somos? Escrito por  Carlos Gutiérrez M. Sábado, 12 Octubre 2013  en – Le Monde Diplomatique

[5]Daniel Libreros Caicedo y Libardo Sarmiento Anzola– “La hegemonía de la oligarquía financiero-terrateniente en Colombia”  (“Una aristocracia de hacendados europeizantes”) en la revista Espacio Crítico – http://localhost/espaciocritico.com/articulos/.

[6]“Las sesenta y cinco lenguas indígenas que subsisten hoy se pueden reagrupar en 12 familias lingüísticas y 10 lenguas aisladas, no clasificadas hasta el momento. Tenemos: la gran familia lingüística Chibcha, de probable procedencia centroamericana; las grandes familias suramericanas Arhuaca, Caribe, Quechua y Tupí; siete familias solamente presentes en el ámbito regional (Chocó, Guahibo, Sáliba, Macú, Huitoto, Bora, Tucano). Las diez lenguas aisladas son: andoque, awá- cuaiquer, cofán, guambiano, kamentsá, páez, ticuna, tinigua, yagua, yaruro.” FUENTE: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/lengua/clas2.htm

[7]“Socialismo raizal y el ordenamiento territorial” – Orlando Fals Borda – Ediciones desde abajo noviembre de 2013

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Publicado en 4- GONZALO SALAZAR

Economía propia para el Bien Vivir

Publicado el 2 agosto, 2018| Deja un comentario

Por Gonzalo Salazar

Toda la lucha por el poder y el poder mismo, en la sociedad de clases, no es más que para asegurar unas formas específicas de producción y apropiación de un modelo económico, y para esto, en el capitalismo están las corporaciones transnacionales, las instituciones “multilaterales”, los partidos y el Estado con sus instituciones represivas y controladoras de todas las actividades de la sociedad, y los medios de propaganda y desinformación. Nunca ha sido el propósito de los grandes capitalistas acabar con su Estado –es su principal instrumento de dominación-, es con la autoridad del Estado que se ejecuta el despojo; lo que hacen los capitalistas es adaptarlo en sus crisis, a sus necesidades económicas y políticas.

Si miramos la dinámica en el desarrollo del capitalismo, lo que hizo la burguesía para tomar el poder del Estado, fue generar nuevas formas de producción sustentadas en la ilustración y la revolución industrial (producto de la ciencia aplicada), promovidas por ella; nuevas relaciones sociales y comerciales que condujeron a las élites aristócratas feudales a someterse a sus condiciones financieras, entregando gran parte de sus capitales a la usura  de esta nueva clase, compartiendo poder económico con ella, reconociéndole estatus social, cediéndole poder político, hasta que este nuevo movimiento social toma forma en una revolución política y social que va a transformar a Europa y luego a los EE.UU. en los centros de desarrollo industrial, comercial y político de la modernidad, rematando en revoluciones con apoyo popular como la revolución francesa y la independencia de USA, que consolidan su poder en Occidente mediante la democracia representativa del voto.

En América Latina también la oligarquía construye su poder económico mediante la acumulación por expropiación tanto a indígenas, campesinos y trabajadores industriales como al estado, desde antes de la independencia, herencia de sus ancestros invasores; clase que en Colombia ha estado representada  en menos de 20 familias, de donde han salido la mayoría de los gobernantes, jefes y caudillos desde 1810. Esta clase no fue capaz de convertirse en burguesía como la clásica europea o la norteamericana, pues como sierva de la burguesía europea  y luego de la norteamericana, utilizó otra forma de acumulación basada en el latifundio señorial y el mercadeo de materias primas y la importación de manufacturas, predominando el sector primario en la economía colonial y en lo que va de la república con la aplicación del modelo Neoliberal neocolonialista.

El poder económico de la burguesía colombiana se encuentra organizado por sectores y actividades económicas, entre las cuales entran inversionistas extranjeros de las transnacionales: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, ASOBANCARIA; Asociación Nacional de Industriales ANDI; Federación Nacional de Comerciantes FENALCO; Sociedad de Agricultores de Colombia SAC; Federación de Ganaderos FEDEGAN; Cámara colombiana de la construcción CAMACOL; estas son las principales o las más representativas del poder económico, sin embargo existen otras de pequeños capitalistas como la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales ACOPI con poco poder político. El poder de los capitalistas colombianos hasta los 90 se concentraba en cuatro grupos económicos monopólicos y oligopólicos (Santodomingo, Ardila Lulle, Sindicato Antioqueño y Sarmiento Angulo) además del narcotráfico, aliados del capital transnacional e imperialista en el manejo de la agricultura, la industria, el comercio, las telecomunicaciones, servicios y el sector financiero, que invierten en todos los sectores de la economía, sobre la base de la gran propiedad de la tierra en el campo y la ciudad. Todos estos grupos económicos se han fusionado al capital financiero transnacional en todas las áreas de la producción y los servicios, incluyendo la educación y la salud, y al extractivismoagrominero-energético.

  Organización Ardilla Lulle: (Carlos Ardilla Lulle). Sus inicios relacionados con las gaseosas, la cerveza, los textiles, los medios de comunicación, la industria azucarera, entre otros. Postobón (Gaseosas Posada Tobón S.A); en agroindustria: Incauca S.A, Ingenio Providencia S.A., Banamal S.A., Cipreses de Colombia S.A., Industrias Forestales Doña María Ltda., Sucromiles S.A., C.I.M. (Sociedad Comercializadora Internacional de Azucares y Mieles S.A.); en el textil:Coltejer (Compañía colombiana de tejidos), Textiles Rionegro y Cia. Ltda.; comunicaciones con RCN radio, RCN televisión, Sonolux (Industria Electro Sonora S.A.); financiero: Coltefinanciera S.A.; otros: Peldar S.A., Líquido Carbónico Colombiana S.A. LIQUID, Crown colombiana S.A, Los Coches (Distribuidora Los Coches La Sabana S.A), Tapas la Libertad S.A, Iberplast (Industria Iberoamericana de Plásticos), Edinsa (Empresa de Distribuciones Industriales S.A). Y Atlético Nacional de Medellín.

  Grupo Santo Domingo: Liderado inicialmente por Julio Mario Santo Domingo, tuvo sus inicios en los años 70 en la industria cervecera, con la cervecera Bavaria, participación en cerveceras de Latinoamerica. Ha hecho presencia en sector financiero y de seguros con Bancoquia, Invercrédito y Colseguros, en el de transporte aéreo con Avianca, en el de las telecomunicaciones, Caracol, los celulares y el Espectador, entre otros.

  El Grupo Sarmiento Angulo: (Luis Carlos Sarmiento Angulo), sus inicios en el sector de la construcción de vivienda; en el sector financiero con el Grupo Aval, conformado por los Bancos de Bogotá, Occidente y Popular y las corporaciones de ahorro y vivienda Ahorramás y las Villas. Participa en fondos de pensiones y cesantías (Porvenir S.A), las telecomunicaciones (Cocelco), las fiduciarias (Fidubogotá), los seguros y el leasing, en el mercado de valores, etc.

  El Sindicato Antioqueño: Surgió en el proceso de concentración de capital antioqueño para controlar a sus competidores. Su presencia en sectores como el financiero, de seguros, la construcción, el comercio, principalmente en cementos y alimentos. Otros negocios como Suramericana, Cementos Argos, Noel – Zenú, Colcafé, Acerías Paz del Rio, Fabricato y Tejicondor, Cadenalco (Éxito) y la Compañía Nacional de Chocolates. Su expansión al sector financiero se produjo con la compra del Banco de Colombia, tras la fusión con el BIC, ahora Bancolombia. [1]

Sin embargo este poder económico, que lo es también político a nivel regional y nacional, no ha servido para sacar el país del “subdesarrollo”, mejorar  y modernizar el parque industrial ni para negociar en condiciones dignas para el país los Tratados Comerciales; no hay desarrollo propio de tecnología de punta en sectores fundamentales de la producción, ni una agroindustria más avanzada, democrática y eficaz en la producción para el consumo interno; por el contrario, esta burguesía desde los 90, con la apertura económica, inició un proceso de desindustrialización propiciado por la venta de grandes empresas públicas y privadas (industriales, bancarias y de Medios de comunicación) al capital transnacional, en que el Estado permite el desmonte de plantas industriales y/o su traslado a otros países por las empresas transnacionales, adecuando las condiciones legales laborales, fiscales y comerciales para garantizar el aterrizaje de capitales “golondrina” en las maquilas, los agronegocios, las Commodities, la aplicación de los TLC, la importación masiva de manufacturas y la integración de nuestra economía a la extractivista Alianza Pacifico (reprimerización de la economía). Estos grupos han vendido, fusionado muchas de sus empresas al capital transnacional, como Bavaria, cuyo socio mayoritario es la Sab-Miller, Avianca, los bancos privados -y estatales- vendidos al capital financiero europeo y asiático, la prensa y canales de TV a españoles.

En un período de doce años, de 1990 a 2002 se quebraron o desaparecieron más de 37.000 empresas –públicas y privadas-  entre pequeñas, medianas y grandes que ocupaban a cerca de un millón de trabajadores; el sector cooperativo de ahorro y financiero fue borrado de la faz del país en beneficio del capital financiero multinacional y se dio paso a las maquilas con la proliferación de microempresas, cooperativas de trabajo y EAT- que quebraban al poco tiempo de creadas- dirigidas a la prestación de servicios a grandes empresas y a multinacionales.[2]

En los datos oficiales de la producción nacional industrial y agropecuaria no se tienen en cuenta a la pequeña empresa familiar rural y urbana, a la economía solidaria y comunitaria, como los verdaderos productores nacionales, los que generan y mantienen la mayoría de los empleos, los menos contaminantes, los que pagan cumplidamente sus responsabilidades fiscales.

Los movimientos de importación y exportación de materias primas, de manufacturas en el mercado globalizado no representan ingresos o divisas reales para el país, en su gran mayoría son exportaciones de empresas transnacionales de sus plantas de producción y de explotación en nuestro país  hacia sus casas matrices, hacia sus plantas de transformación y montaje, o hacia sus grandes mercados en cualquier país del mundo; en esta falacia es que se basan los indicativos de crecimiento, que realmente es crecimiento en las ganancias de esas corporaciones, solo una ínfima parte va a las arcas del Estado como aranceles, impuestos de aduana y regalías  –cuando pagan y no se la roban los administradores del Estado- . El crecimiento que exige el Banco Mundial y es elevar la capacidad de pago de la deuda externa de los países pobres, recortando gasto público y aumentando impuestos (ajuste macrofiscal). El gobierno nacional en 2015 cumple las órdenes de la carta de intención del BM, con mayores garantías y ganancias para el capital inversionista extractivista y la devaluación progresiva que multiplica la deuda externa; ordena los megaproyectos de infraestructura que no benefician a los más necesitados pero si enriquecen a los corruptos privados y del Estado con recortes en inversión social, y la onerosa reforma fiscal que grava a los de abajo y libera de responsabilidades a los grandes capitalistas.

En la actual crisis del Sistema Mundo Capitalista, la superproducción, la reducción de la tasa de ganancia, el aumento progresivo del desempleo, las crisis inmobiliarias y financieras de los Estados y la recuperación y crecimiento del sector financiero transnacional mediante los pagos de deuda pública externa que hacen los países del sur,  la reducción del gasto público, el aumento de los costos de los alimentos, la privatización de la salud y la educación, y aumento de los impuestos para los más pobres, para pagar la deuda, hace inviable un modelo inequitativo y usurero que atenta contra la humanidad y el planeta (ajuste estructural o terapia de shock); solo la solidaridad, la justicia social y la democracia radical decisoria, pueden devolver la esperanza y la felicidad a los pueblos.

Desde la Colonia en Colombia han existido formas de producción y distribución alternativas populares e independientes del estado y de los grandes mercados (como existieron en España desde antes de la invasión a AbyaYala), desde las originarias conservadas por indígenas, negros y campesinos basadas en el trabajo, la propiedad colectiva de la tierra y el trueque; los palenques, que además de territorios comunes, eran una forma de refugio y resistencia económica de los esclavos rebeldes autoliberados; modalidades que podemos llamar comunitarias; además de las granjas autosuficientes que algunas comunidades jesuitas crearon en zonas apartadas como los llanos orientales con indígenas, y las comunas que establecieron campesinos españoles en varios lugares de Santander, Tolima, Cundinamarca y Antioquia, que también con iniciativas llamadas ahora artesanales (eran la industria nacional de la época) algunas familias en las ciudades lograron desarrollar una economía popular, que jugó un papel importante en el movimiento emancipador de 1781, pues de este sector surgió la mayoría de su dirigencia y gran parte de los recursos para su financiación y posteriormente para la guerra de independencia, aunque para ello también los criollos dirigentes hipotecaron anticipadamente el país a los prestamistas europeos.

Después de la “independencia” los artesanos formaron las Sociedades Democráticas (grupos político-gremiales), contribuyeron a la creación de  las cajas mutuales entre los trabajadores y establecieron redes de solidaridad, que sirvieron para apoyar incluso a algunos caudillos liberales como el general José María Melo (socialista e internacionalista), quien llegó a tomar el manejo del gobierno por algunos meses (1854), defendiendo la producción nacional. Luego, a fines del XIX y principios de XX, crearon la CON, Confederación Obrera Nacional, organización gremial precursora de las centrales sindicales en Colombia. Desde los años 20 se inicia la formación del movimiento cooperativo colombiano, promovida por un sector de la iglesia, desarrollándose al lado del naciente sindicalismo desde 1933, cuando ya existían 4 cooperativas que reunían 1807 asociados. Para 1962 el número de estas llegaba a 759 con cerca de 450.000 asociados. Paulatinamente se fue formando un modelo cooperativista alternativo, sostenido por los trabajadores-as del campo y la ciudad, quienes fueron diversificando los tipos de cooperativas en agrícolas, en multiactivas, de mercadeo, de producción, de servicios, de ahorro y crédito, y de financiamiento, posteriormente conformaron grados superiores (llegaron a movilizar grandes capitales), contribuyendo al ahorro y al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, con programas de vivienda, entidades de salud y de educación, proveedurías, centros de recreación, proyectos productivos y servicios bancarios y financieros.

El sector cooperativo necesariamente entraría en competencia con el capital financiero transnacional, pues captaba y redistribuía recursos socialmente en beneficio de los sectores populares, iniciándose a principio de los 80 una campaña de desprestigio, corrupción, expropiación, que terminó en la liquidación de la mayoría del sector cooperativo, especialmente el financiero de segundo grado, para dar paso a la monopolización de la banca y las finanzas, proceso en el que el Estado cumplió su papel privatizador de la banca pública, legitimando la monopolización y la especulación financiera, imponiendo el modelo neoliberal. Algo similar sucedió con las Cajas de  Compensación Familiar (1954) creadas por el Estado con participación de empresarios y trabajadores (una forma de Estado de bienestar), que les permitía a estos, a través del subsidio familiar, acceder a los productos básico de alimentos y vestido; educación para los hijos y capacitación para él y su familia, recreación familiar y crédito para vivienda, para compensar parte del salario dejado de percibir por los trabajadores. Estas entidades alcanzaron gran desarrollo hasta los 80, cuando empieza la apertura económica, que las llevó a suprimir y privatizar servicios, a reducir los proyectos de vivienda, a la venta de muchos supermercados y a la liquidación de varias cajas a nivel nacional; ahora el capital nacional  y transnacional pretende mediante la reforma fiscal, acabar con los subsidios y los impuestos llamados parafiscales que sostienen no solo a las Cajas, sino, también al SENA y al ICBF. Aunque estas Cajas fueron creadas por el Estado, los trabajadores podrían haber disputado a los empresarios y al Estado su administración y dirección, pero la situación de persecución política y la miopía de los sindicalistas por solo defender sus organizaciones gremiales y su salario, lo impidió. La izquierda política no se interesó en la defensa y fortalecimiento del sector cooperativo ni en orientar a los trabajadores en el mantenimiento de las Cajas aumentando su participación en la administración y dirección de las mismas. Tampoco hubo iniciativas por parte de la izquierda para promover la creación y sostenimiento de cooperativas, empresas asociativas y comunitarias entre los diversos sectores populares del campo y la ciudad, como estrategia de acumulación de fuerzas y de construcción del poder popular, por el contrario, fueron las ONG -con apoyo del Estado- las que organizaron grupos de trabajo, microempresas y famiempresas en sectores específicos como mujeres, negritudes y jóvenes, especialmente en las ciudades para desviar la atención de las comunidades hacia sus verdaderas problemáticas. Estos tipos de emprendimiento en su mayoría son efímeros, someten a sus trabajadores a labores extenuantes en intensidad (explotación) y en el tiempo, generalmente prestan servicios complementarios a grandes empresas dentro de la dispersión del proceso productivo, en la comercialización y en la prestación de servicios

Aunque desde la ancestralidad de prácticas colectivas de propiedad y de trabajo, la iniciativa comunitaria ha permitido la sobrevivencia de las comunidades aborígenes, que además han constituido empresas comunitarias, asociaciones de productores y cooperativas, junto a sus prácticas de reciprocidad como la minga, el trueque, el intercambio productos y semillas; la raizalidad con el manejo comunitario de los bienes naturales y del territorio de las negritudes mediante sus consejos comunitarios, con la creación de asociaciones y cooperativas por sectores de la producción (minería, agrícola, pesquera, maderera), consolidó comunidades y culturas, principalmente en el norte y occidente del país; en la historia reciente de los años 50 y 60 los campesinos del Tolima y el Sumapaz, ante la persecución  de los terratenientes y el abandono del estado deciden conformar colonias de resistencia campesina con formas de autodefensa y economía de autoconsumo, experiencias que en algunos aspectos hoy se recogen en Asociaciones Territoriales como ASCAMCAT en el Catatumbo, la Asociación Campesina del Macizo Colombiano  y en las Zonas de Reserva Campesina. Actualmente existen grandes cooperativas como Confiar, Agrosolidaria, asociaciones de productores agrícolas, asociaciones de usuarios de acueductos comunitarios. Este corto recuento nos sirve para reconocer que los sectores solidario, comunitario y cooperativo fueron y siguen siendo alternativas fundamentales en la transformación económica y social de nuestro país; son bases en la constitución de una nueva economía propia de los pueblos, en la construcción de nuestro bien vivir.

Si bien en el país han existido grandes empresas agrícolas y agroindustriales, grandes empresas industriales, comerciales, bancarias y financieras con el nombre de nacional, aunque entre sus accionistas hayan personas o familias nacidas en el país, no indica que estos sectores formen parte o estructuren una burguesía nacional, que pueda en algún momento participar de un proceso de democrático nacionalista, pues esos sectores son lo más antinacional, empezando por sus ganancias que acumulan en paraísos fiscales en bancos de los países hegemónicos, son los que obedecen e imponen las directrices del capital financiero transnacional (FMI, BM, BID, OMC) y no pagan impuestos, además de que cofinancian la guerra contra el pueblo; no fueron capaces de defender la producción supuestamente nacional en la apertura económica de los 80 ni en los TLC, prefiriendo vender sus empresas a las grandes corporaciones, propiciando la desindustrialización del país, pues nunca han pensado en producir para las necesidades del país, sino para la exportación priorizando el sector primario. Todos estos empresarios de alguna manera están unidos al capital extranjero norteamericano y europeo; la patria para los capitalistas es el dinero y la riqueza adquirida a cualquier precio en cualquier lugar del planeta, por eso se autodenominan ciudadanos y amos del mundo.

El capital transnacional diseña, dirige, planifica e impone las políticas económicas y monetarias a todos los países sometidos, creando sistemas de control y jurídicos internacionales privados que garantizan su ejecución; por esto pueden manejar sus crisis financieras, la inflación, la recesión, exigiendo devaluaciones, controlando las tasas de interés, controlando el movimiento de divisas y todo el mercado bursátil, multiplicando los intereses de la deuda externa, ordenando ajustes estructurales que acaban con la seguridad social y el empleo, destruyendo la soberanía nacional y la estabilidad económica de los países, transfiriendo esta soberanía a sus bancos y corporaciones.

Ante la crisis sistémica del capitalismo, están a la orden del día las alternativas populares humanistas, de equidad y solidaridad,  de resistencia cultural y económica, formas ancestrales y nuevas de producción, de intercambio, distribución y consumo de alimentos y manufacturas, que en una democracia popular deben extenderse al mercado y la industria realmente nacional, con lasos de integración regional popular, en un período de transición de desmonte del Estado y eliminación paulatina del mercado capitalista. Lo que implica reconocer y respetar la autonomía  económica de las comunidades y la soberanía del pueblo, en que este defina qué y cómo producir, cuáles son las áreas prioritarias de investigación científica y qué tecnologías no dañinas desarrollar, y un modelo endógeno de industrialización -apropiada a las necesidades de la población-, no solo a partir de plantas de producción expropiadas y/o abandonadas por los capitalistas, sino de nuevos centro de producción de mínimo impacto ambiental, en asociación de comunidades locales, trabajadores y pequeños productores y con un Estado democrático popular (en transición),  que permita la realización de una Nueva Economía Propia de los Pueblos, con Circuitos Económicos Alternativos y Circuitos Agroalimentarios Alternativos Populares, en cooperación e integración con los pueblos hermanos del continente y del mundo. En este proceso sería importante la implementación de comunas autónomas productivas y sociales, zonas de producción popular sobre la base de economía de equivalencias y mercado justo, en el campo y la ciudad.

Una Economía Nacional de Transición en el contexto de la democracia popular para un nuevo país, que realmente beneficie y garantice el autodesarrollo humanista y el buen vivir, especialmente de los sectores populares más deprimidos, que tome de las experiencias históricas y actuales, lo mejor del conocimiento y de la ciencia local y mundial, que recoja de las experiencias de nuestros pueblos los métodos de organización, de producción, de distribución y administración de los bienes y servicios, cimentados en la equidad y la democracia directa y decisoria, definiendo prioridades, extendiendo a todos los rincones del país políticas coherentes con las necesidades y el entorno de cada comunidad. Un modelo que pueda planear racionalmente la explotación de los recursos energéticos, mineros, alimentarios y agroindustriales indispensables para construir y mantener la infraestructura y la industria necesaria verdaderamente nacional, con el que podamos  realizar todos los procesos de producción y transformación de cada uno de los productos de uso y de consumo interno, priorizando las necesidades básicas, con mano de obra y capacidad intelectual nacional no esclavizada.

  • Con transferencia e intercambio solidario de ciencia y tecnología con países y pueblos hermanos; en economía de intercambios equivalentes y comercio justo internacional.
  • Que reduzca al mínimo las importaciones de tecnología y productos terminados, y las exportaciones de materias primas de y hacia las metrópolis imperialistas, integrando nuestra economía a los países respetuosos de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, principalmente de la región (Mercosur, la ALBA o la organización que se pueda integrar democráticamente) y del resto de países que propendan por el bien vivir.
  • Retirando el país de la OMC, excluyendo las leyes de patentes y propiedad intelectual, anulando los TLC colonialistas firmados a espaldas y en contra de los intereses nacionales;
  • Revisando y anulando los contratos lesivos de exploración, concesión y explotación minera y energética con las transnacionales, exigiendo a esas empresas el resarcimiento de los daños ocasionados en los territorios y comunidades donde operan, y al país.
  • Una nueva economía que priorice el bienestar social sobre el beneficio personal o de grupos económicos privados; saliéndose del esquema de crecimiento económico; que programe desde la localidad, la provincia y la región la producción, el consumo y los servicios, indispensables para su desarrollo y bien vivir.
  • Que priorice la producción y el mercadeo nacionales, para el consumo interno, en la que se brinden reales garantías y oportunidades a la pequeña y mediana producción artesanal, pesquera, agropecuaria, agroindustrial e industrial, en forma asociativa, solidaria, cooperativa, comunitaria, mixta y estatal para su desarrollo.
  • Unas políticas bancaria, financiera y monetaria autónomas, en las que el Estado en transición dirija y controle el sistema bancario (el Banco de la República debe obedecer a los mandatos populares y a las necesidades del país), quitándole al sector financiero el control de la economía, reduciendo la cantidad y el poder de los bancos, especialmente los privados vinculados a los monopolios financieros internacionales; manejando una moneda común (diferente al dólar) con los vecinos de la región y demás países respetuosos de la autodeterminación y soberanía de los pueblos, que podría ser el SUCRE; nacionalizando, expropiando y o expulsando a los bancos que atenten contra la economía y el bien vivir del pueblo colombiano; los bancos, como medios de captación y concentración de recursos, deben desaparecer, (incluidos los del Estado). cubriendo transitoriamente, donde sea necesario, la banca pública y cooperativa de fomento a la producción y al desarrollo de los nuevos entes territoriales (provincias y regiones, Territorios de Producción Agroalimentaria Popular) para garantizar el buen vivir, incentivando la participación democrática y equitativa de los sectores cooperativo, solidario y comunitario.
  • Que fomente en los sectores populares y las comunidades locales la creación de sus propias estructuras económicas de intercambios y equivalencias, no necesariamente valoradas en dinero ni basadas en el crédito financiero; asumiendo el Estado en transición, junto a las comunidades locales, la administración, y el control de la economía, que elimine el crédito interno y externo, fuente de crecimiento de la deuda pública y de la dependencia económica),
  • Que las comunidades locales y un Estado democrático o de transición tengan a cargo la prestación de todos los servicios básicos a los hogares –públicos domiciliarios, salud, educación, recreación, comunicaciones, transporte público urbano, construcción de vivienda popular- mientras se adecúan las logísticas y los medios técnicos para que las comunidades locales y regionales asuman con autonomía el manejo de estos servicios.
  • Una política económica que desconozca y se desprenda de los organismos depredadores como el FMI, el BM y el BID, empezando por no pagar la arbitraria deuda externa pública, desmontando todo el ajuste estructural impuesto por el Banco Mundial desde los 80 del siglo pasado. De la misma manera sacando al país de tratados como la Alianza Pacífico y de grupos como la OCDE y la OTAN.
  • Una política económica concertada con todos los sectores populares productivos, trabajadores, pequeños y medianas productoras/es, economía solidaria y comunitaria, los consumidores y los/as no activos económicamente.
  • Que entregue el manejo de los fondos de pensiones y cesantías a los trabajadores y pensionados organizados, asociados al sector cooperativo-comunitario; sistema de seguridad social que en una democracia popular-comunitaria y equitativa deberá desaparecer junto al salario, sinónimo de esclavitud.
  • Que posibilite la estabilidad de nuestra economía en beneficio de todos los colombianos, repatriando las reservas internacionales para financiar el bienestar económico y social del país, trasladando una parte de dichas reservas a organismos o fondos regionales y/o globales alternativos democráticos-solidarios (podrían ser al Banco del Sur y el ALBA o el que se pueda construir democráticamente con estos principios), e integrándonos a la realización del bien vivir latinoamericano y caribeño en igualdad de condiciones, en que la participación no sea en proporción al tamaño de los activos o de los países.

Lo que históricamente ha buscado la izquierda tradicional colombiana como objetivo revolucionario, ha sido la toma del poder político mediante la administración del estado, queriendo desde allí abolir la propiedad privada y hacer las transformaciones económicas, políticas y sociales que lleven al socialismo, para lo que no ha considerado necesario la autonomía económica y política ni la iniciativa popular o comunitaria en la implementación de formas de poder alternativas y/o simultáneas al capitalismo en el proceso revolucionario, todo se espera hacer cuando se tenga el poder del Estado. El objetivo de esa izquierda es administrar el Estado embelleciéndolo con una mejor distribución de la renta que pueda generar el modelo extractivista (asistencialismo, infraestructura y capacitación técnica y profesional para servir a las transnacionales, al capital privado), pues se continúa con los mismos conceptos de progreso y desarrollo occidentales, que a lo más que puede llegar es al capitalismo de Estado o al post-neoliberalismo extractivista.

En la construcción de un mejor país con una nueva sociedad es fundamental una política económica que rompa con los parámetros y los paradigmas del capitalismo, que extinga la ley del valor, que aplique la democracia decisoria y la autonomía popular, en un propósito que deben asumir con seriedad las organizaciones políticas y sociales del pueblo y por supuesto, los humanistas en la integración de un Sujeto Político Popular Transformador. En una democracia popular la economía no puede ser el fin, debe ser un medio para aportar equidad y felicidad a las personas y a los pueblos, partiendo de la consigna: “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”, pasando a la: “de cada cual según su capacidad, a todos por igual” que nos proponen los indígenas zapatistas.

Gonzalo Salazar, 1 de agosto de 2018

[1]Fuente: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo100.htm

[2]“Humanismo en la segunda revolución industrial” – Gonzalo Salazar – 2005

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La Sartén por el Mango

Publicado el 20 julio, 2018| Deja un comentario

Por Gonzalo Salazar

Hay un hecho que debe preocupar a todos los ciudadanos del mundo: el desplazamiento del poder de los estados-nación hacia el de unos pocos conglomerados financieros que operan a nivel global, cuyo poder es mayor que el de cualquiera de los Estados tomados individualmente. Estos realmente detentan el poder real en todas sus ramas: financiera, política, tecnológica, comercial, medios de comunicación y militar.[1]

El concepto de progreso fundado en el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico, acuñado por los capitalistas, les ha llevado a “perfeccionar” su sistema económico, estructurando un poderoso aparato bancario-financiero global que controla, dirige y planifica las actividades económicas y financieras  de los países de la órbita imperialista; aparato que impone los planes de desarrollo, los TLC, las deudas públicas y privadas, la bancarización-financiarización de las economías, -de los Estados y de los hogares- las políticas macroeconómicas y monetarias, por encima de las constituciones nacionales, de los órganos legislativos y judiciales y de los mecanismos democráticos decisorios (parlamentos) de los países dependientes.Es el que ordena las reformas estructurales de los Estados en los países empobrecidos e impone los bloqueos comerciales y financieros a los supuestos enemigos de las potencias occidentales; utilizando la máquina militar imperialista (Complejo Militar Industrial) planea y ordena las guerras para saquear y destruir países y pueblos, donde quiera que haya recursos naturales, alimentarios, energéticos y/o materias primas necesarios para la existencia de  su Sistema Mundo, donde haya expresión de autonomía y dignidad nacional como en Cuba, Grecia, Irak, Afganistán, Libia, Irán, Palestina, Egipto, Siria, Coreadel Norte, Venezuela y el resto del llamado tercer mundo. Igualmente, ese aparato instrumentaliza las instituciones en cada país de su órbita, para imponer o cambiar los gobernantes de acuerdo a sus intereses.

La “democracia” occidental, tan cacareada por los imperialistas, ha dejado de ser la expresión real de las supuestas “mayorías nacionales” que nunca han decidido nada de su soberanía, mientras las más importantes decisiones que comprometen los recursos y la soberanía de los pueblos, son tomadas por organismos privados internacionales (Cooperación Internacional para el Desarrollo, BID, BM, FMI, OMC, BCE, el Banco Internacional de Cobros). Los planes de desarrollo, la infraestructura, los programas sociales; las políticas económicas internas en Colombia, las tasas de interés, la tasa de cambio, las reformas estructurales al Estado, las reformas fiscales, las reformas constitucionales, la inversión social, tienen que ser consultadas, aceptadas, ordenadas y controladas por estas instituciones creadas y dirigidas por los más grandes capitalistas del mundo, (dirigidas por la llamada Élite Global) que nunca consultan a ningún pueblo, a ningún sector social sobre su conveniencia, mucho menos lo hacen para solucionar las necesidades reales de los pueblos.

El capitalismo desde que nació está formado por mafias que se reparten territorios y mercados; cada área de la producción, de la economía en el mundo, pertenece a un pequeño grupo de mafiosos que conspiran permanentemente contra los pueblos.  En la etapa imperialista neoliberal estas mafias ya no asientan su poder sobre la producción directa de las mercancías ni en la circulación del dinero de la época industrial, aunque su modo de acumulación sigue siendo por expropiación y explotación, ahora es la especulación financiera a los Estados y a los pueblos de la periferia, traducido en ajustes estructurales – que lleva a la privatización de los Estados-, su principal medio de enriquecimiento, en lo que se denomina el sector financiero, que endeudó a los países periféricos a nombre del “desarrollo”, convirtió la salud, la educación, en mercancías, les quitó a los pensionados y a los trabajadores los ahorros de toda su vida -hasta financia guerras con la plata de los fondos de pensiones en otros países-, y a los jóvenes la posibilidad de pensionarse, les quitó a millones de familias sus techos que con grandes esfuerzos habían adquirido; y ahora intensifica la expoliación minero energética acabando con la producción industrial y la agricultura popular, con los bienes naturales y culturales de nuestros países.

Realmente el sistema financiero mundial es el gobierno-dictadura del sistema mundo capitalista, o Nuevo Orden Mundial -en permanente crisis de sus estructuras- que cuenta con sus instituciones políticas y privadas como la ONU, la OMC, el Banco Mundial, el FMI, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el club Bildelberg, diseñadas y manipuladas por la élite imperialista, conformada por las familias Rothchild (dueña de más del 50% de los bancos centrales y/o nacionales del mundo), J.P. Morgan, Rockefeller, Reynolds y otras diez con gigantesco poder económico. Esta tragedia del siglo XXI empezó en el XX con la planeación estratégica y la dirección del proyecto neoliberal por el Banco Mundial, contando con un gran número de ONG norteamericanas y europeas de diferentes grados y género (ecológicas, de asistencia social, de capacitación técnica y generación de ingresos, (microcréditos) de atención a la infancia y a la mujer, de apoyo a la “democracia”, de “defensa” de derechos humanos)  encargadas de investigar y controlar a las comunidades, convencer con ayuda de los medios masivos de comunicación, a gobiernos y pueblos, de aceptar la “Cooperación Internacional”, de aplicar las políticas y programas de ajuste estructural y fiscal, realizando el trabajo sucio contra los pueblos, todo a nombre del desarrollo y del crecimiento económico, incluso de la supuesta lucha contra la pobreza y la desigualdad.

En África y América Latina, escenarios neocoloniales, productores de recursos naturales (agua, madera, minerales, combustibles fósiles, alimentos) y materias primas, estas mafias financieras imponen las actividades extractivas de la gran minería a cielo abierto y la producción extensiva en forma de monocultivos de alimentos (modificados genéticamente OMG) para exportar o para convertirlos en agrocombustibles; modelo transnacional que deja  a su paso hambre, miseria violencia y muerte en nuestros pueblos, y que la oligarquía colombiana denomina “locomotoras del progreso”.

Este vasto entramado institucional tiene al Banco Mundial como centro de gravedad y a su alrededor, en un primer anillo concéntrico estarían el FMI, el BID, la Usaid, la CAF, el Departamento del tesoro de EE.UU. (FED), y el Pentágono, y es en donde se toman las decisiones “duras” y se establecen los lineamientos de base, y que se expresarían en las diez recomendaciones políticas que resume John Williamson en el denominado “Consenso de Washington.[2]

Las políticas de las corporaciones transnacionales y de los estados imperialistas están enfocadas, fundamentalmente, hacia la intensificación del consumo y la ganancia; entonces los organismos financieros y monetarios ordenan los planes de “desarrollo” económico, las reformas a las estructuras económicas y jurídicas de los Estados, necesarios para expandir sus mercados y sus zonas de influencia militar, para expoliar los recursos de un país o de regiones enteras del mundo, lo que han llamado Terapia de Shock o Ajuste Estructural y Macrofiscal[3], que ya no es principalmente por la ganancia directa de las mercancías, sino por la especulación financiera, especialmente mediante el chantaje de la deuda pública y privada externa e interna a nuestros países.

Ya vimos quienes definen las políticas y destinos de los países programando y controlando el saqueo y el dominio económico, político, militar y cultural a los pueblos del mundo, legitimando sus políticas intervencionistas y sus atrocidades a través de organismos como la ONU con todas sus dependencias, la OEA, el Banco Mundial, el FMI, el BID, la OMC con sus tribunales internacionales y patentes, la OTAN con sus ejércitos multinacionales invasores, la Agencia Internacional para la Energía Atómica AIEA, (manipulada por el único genocida nuclear), la Corte Penal Internacional CPI, toda la institucionalidad del verdadero poder capitalista mundial que anula la democracia liberal y la autonomía de los Estados.

Las 37 mil firmas más grandes en el mundo, controlan las 2/3 partes de la producción mundial y el 40 por ciento de los intercambios comerciales. Por si fuera poco, 370 firmas financieras de esas 37 mil, es decir, el 1 por ciento de ellas, controlan el 50 por ciento de los activos financieros. Cincuenta bancos manejan la mayoría de las transacciones diarias (US$ 1.400 millones), y controlan el 90 por ciento de las transacciones sobre productos derivados.(Mejía)

El poder mafioso del capitalismo está en el sistema financiero mundial, en grupos como el G8, el G20, el Foro Económico Mundial la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la cual el presidente Santosinscribióal país; pero además de estas organizaciones internacionales, existen otros círculos transnacionales más cerrados pero más poderosos, que desarrollan actividades clandestinas, como el Club Bilderberg, uno de los más poderosos del mundo, que cuenta con un instituto de investigación científica especializado en comportamiento humano y manipulación mental (Instituto Tavistock de Comportamiento Humano), integrado por los más grandes empresarios de transnacionales, jefes de estado, reyes y reinas, en su mayoría europeos y norteamericanos, quienes además integran las juntas directivas de los llamados organismos “Multilaterales” financieros, comerciales, políticos y militares;  muchos de sus integrantes son conservadores, liberales, socialdemócratas, hasta “socialistas”, todos inmensamente ricos. Estos señores y señoras planean y ordenan las estrategias económicas, militares y culturales para todo el mundo (como la desintegración de Yugoslavia, la destrucción de Irak, de Libia, Siria, Palestina y Yemen); controlan organismos como la ONU y la OTAN, están en la OMC en el FMI, dirigen el BM. Ellos definen las áreas científicas y tecnológicas a desarrollar; controlan sectores como los medios de desinformación y comunicación, de entretenimiento(televisión, cine, música, Internet, prensa), la producción y distribución de armas, la producción petrolera, la farmacéutica, el tráfico mundial de narcóticos, hasta la pornografía.

En 1954, muchos de los hombres más poderosos del mundo se reunieron por primera vez bajo el patrocinio de la familia real de Holanda y la familia Rockefeller en el lujoso Hotel Bilderberg, en la pequeña población de Ooesterbeck. Durante un fin de semana debatieron sobre el futuro del mundo. Al acabar las sesiones, decidieron reunirse todos los años con el fin de intercambiar ideas y analizar la evolución internacional. Se bautizaron a sí mismos como Club Bilderberg y, desde entonces, año tras año se reúnen durante un fin de semana en algún hotel del mundo para decidir el futuro de la humanidad. Entre los miembros actuales de este selecto club se encuentran Bill Clinton, Paul Wolfowitz, Henry Kissinger, David Rockefeller, ÁngelaMerkel, Jacques Chirac, Donald Rumsfeld, Tony Blair y George Soros, además de muchos otros jefes de gobierno, empresarios, políticos, banqueros, periodistas y españoles de primer nivel como Rodrigo Rato, Matías Rodríguez Inciarte, Juan Luis Cebrián, Joaquín Almudia, Pedro Solbes, Loyola de Palacio, Joseph Borrell, Jaime Carvajal de Urquijo y Javier Solana.”(Estulin)

“¿Por qué nadie cubre las reuniones del Club Bilderberg, a pesar de que a ellas asisten regularmente los presidentes de entidades financieras como el Fondo Monetario Internacional, el banco Mundial, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, presidentes de las empresas más poderosas del mundo como DaimlerChrysler, Coca Cola, PepsiCo, Ford, General Motors, Novartis, AstraZeneca, British Petroleum, Shell, Chase Manhattan Bank, UBS Warburg, Soros Fund Management, KissingerAssociates, Nokia, Motorola, Ericsson, American Express, France Telecom, German Telecom, British Telecom, Goldman Sachs, LazardFrères, Deutsche Bank, JP Morgan, Xerox, Microsoft, Oracle, EADS, secretarios de Defensa y vicepresidentes de Estados Unidos, representantes de comités nacionales democráticos y republicanos estadounidenses, directores de la CIA y del FBI, secretarios generales de la OTAN, todos los comisarios europeos, senadores y congresistas estadounidenses, primeros ministros europeos y líderes de los partidos de la oposición, gobernadores de todos los bancos centrales de todos los países europeos, los principales editores y los directores de los periódicos más importantes del mundo? (Estulin)

No importa cómo se genera la riqueza, legal o ilegalmente, con la violencia o con el engaño, siempre se legitima por los estamentos legislativos de los Estados, por algo entre las actividades más lucrativas a nivel internacional están la banca, el comercio a gran escala, la exportación de capitales, el tráfico de armas, el narcotráfico, el contrabando, incluido el tráfico de fuerza de trabajo de los países empobrecidos (migraciones que se multiplican día tras día de África hacia Europa, deLatinoamérica hacia Norteamérica, de Asia hacia Europa, formas de exportación y explotación clandestina de mano de obra esclava), del que también somos víctimas las y los colombianos, la expropiación de bienes naturales y energéticos y la corrupción, que violan las soberanías de los países periféricos, acciones promovidas por las Corporaciones Transnacionales a través de convenios y TLC, los contratos de infraestructura y megaobras que aprueban los congresos y gobiernos obedientes de nuestros países; actividades que las instituciones “multilaterales”, las mafias bancarias y financieras, los medios y la ley del mercado ordenan.

Los planes de dominación, los modelos económicos de los capitalistas no se dan espontáneamente ni sin una sustentación teórica, incluso académica (cooptan y contratan a teóricos, intelectuales, especialistas “prestigiosos” de las ciencias sociales  -los TinkTank- para que inventen teorías y diseñen planes estratégicos) que venzan y convenzan a amigos y enemigos sobre la necesidad de su ejecución; pero sobre todo, con un consenso entre los más grandes capitalistas para ejecutarlos en tiempos y espacios predeterminados, pero que pagan los pueblos y realizan los Estados siervos, supervisados por esas instituciones “multilaterales”, dándole forma a una estructura ideológica que para ellos es la supremacía de la economía sobre todas las condiciones humanas. Este es el caso del proyecto de la Sociedad del Monte Peregrino que sumió a la humanidad y a la madre tierra en la peor catástrofe de los últimos 2000 años. El proyecto neoliberal fue diseñado y promovido por el economista austríaco Friedrich Hayek, «premio Nobel» de economía en 1974. “Su antecedente más importante fue el Coloquio Walter Lippman realizado en París en 1939. La preocupación central de este Coloquio fue la crisis del pensamiento liberal ante el avance de las ideas socialistas y los resultados económicos de la planificación económica.(Dávalos, 2013).

Marco Raúl Mejía nombra a algunos de los intelectuales que han participado en la formulación de este plan macabro en contra de los pueblos y en defensa del mercado

Este grupo obtiene carta de ciudadanía en 1947 durante una reunión realizada en Suiza a la que asistieron entre otros, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Van Mises, Walter Eupken, Walter Lipman, Michael Pollanyi y Salvador de Madariaga[4] y en la que fundan la sociedad de MontPelerin. Sus planteamientos atacan el supuesto igualitarismo promovido por el Estado de Bienestar, arguyendo que destruye la libertad política, la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la concurrencia, de las cuales depende la prosperidad de todos. Es así como postulan que la desigualdad es un valor positivo que debe promoverse.[5]

En los procesos de emancipación de nuestros pueblos, de construcción de nuestro bien vivir o el socialismo, éticamente no podemos aceptar ayudas, planes de desarrollo ni asesorías políticas ni financieras de organismos transnacionales depredadores, ni de sus ONG, ni de sus instituciones, ni de los estados imperialistas que históricamente nos han despojado de nuestras riquezas y de nuestra felicidad, así vengan con etiqueta de ayuda internacional humanitaria o filantropía, con planes de desarrollo. Solo dos ejemplos en el mundo bastan para entender el carácter de clase de esas instituciones globales: el problema palestino, del que todo el mundo ve y repudia la ignominia del Estado sionista de Israel, que permanentemente agrede (además de invadirlo violentamente desde 1948 y amenazar a los demás vecinos de la región) a este pueblo quitándole sus recursos naturales, el agua, su agricultura, su territorio, destruyendo sus viviendas, esclavizando su fuerza de trabajo, arrasando sus ciudades y sus vidas con misiles y bombas de fósforo blanco, manteniendo a la población aterrorizada y vigilada en un gigantesco panóptico. Esta situación es denunciada por el gobierno palestino y por los humanistas del mundo como crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la violación a todos los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al derecho de los pueblos a la autodeterminación, en todas las instancias internacionales (ante todas las dependencias de la ONU, la CPI) en todos los foros; aunque existen muchas resoluciones de la ONU que condenan estas acciones, esas instituciones al servicio del gran capital sionista (controlador del sistema financiero mundial y de los grandes medios de desinformación y propaganda) nunca han podido frenar la agresión porque el imperialismo norteamericano y europeo y los gobiernos siervos de estos, incluidos los Emiratos, Qatar Arabia Saudita y Turquía, defienden al Estado fascista de Israel y son conniventes con el Estado Islámico, al que arman, entrenan y sostienen hipócritamente las potencias Occidentales.

El otro ejemplo es Haití, pueblo negro que cometió el más horrendo crimen contra el capitalismo: liberarse de la esclavitud y del colonialismo  antes que el resto de América Latina, desde entonces los EE.UU. lo han invadido y sometido con la violencia y el chantaje económico de las instituciones “multilaterales” capitalistas (BID, FMI, BM, OMC) apoyándose en la oligarquía apátrida local, destruyendo su base alimentaria, aprovechando hasta las tragedias naturales para intervenir militarmente, reprimir y mantener en la absoluta miseria a este heroico pueblo, sumergido en el estanque neocolonial; pues cuando el terremoto, mientras Venezuela y Cuba mandaron alimentos, médicos y medicinas, EE.UU. desembarcó marines para reprimir y controlar a la población. Dividir, corromper, estigmatizar y aterrorizar, toda una estrategia de dominación siempre utilizada por los imperios para quitarles a los pueblos sus riquezas y su bienestar.

En cualquier proyecto de soberanía nacional, de autodeterminación popular, es necesario romper los lazos de dependencia política, económica y cultural con los Estados hegemónicos e instituciones “multilaterales” imperialistas, sean financieras, económicas, de asistencia social, técnica y o culturales (estatales u ONG), estrechando los lazos de fraternidad, cooperación, solidaridad, reciprocidad e intercambio (economía de equivalencias y mercado justo) con los pueblos y países hermanos, y con los respetuosos de esta autodeterminación. Es imposible recibir de los verdugos una migaja de pan envenenado, convirtiéndonos en cómplices de nuestra desposesión y esclavitud, como sería que por piedad o por amor nos soltaran las cadenas –en el capitalismo nada es gratis- será la solidaridad, la fraternidad y la confianza de los pueblos latinoamericanos y caribeño y del mundo, el sostén y la fuente de nuestro crecimiento humano, de nuestro bien vivir o nuestro socialismo.

Gonzalo Salazar, julio 18 de 2018

[1]Dónde está hoy el poder en el mundo|Por Leonardo Boff / Alainet| publicado en la  Revista  de expresión cultural El salmón, domingo, octubre 30, 2016

[2]Pablo Dávalos –La democracia disciplinaria –El proyecto postneoliberal para América Latina– ediciones desde abajo–Bogotá D. C. 2011

[3]Ibíd.

[4] Anderson, Perry. “Balance do neoliberalismo”. En: Pos-neoliberalismo. As Políticas Sociais e o Estado Democrático. Emir Sader, organizador. Sao Paulo, Paz e Terra, 1995, p. 10.

[5]Mejía Marco Raúl – Educación en las globalizaciones 1 Ediciones desde abajo

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Publicado en 4- GONZALO SALAZAR

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