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La destitución de Petro y la descomposición del Contrato Social en Colombia

Según la esencia del Contrato Social, los ciudadanos aceptan ponerse bajo la tutela de un Estado para recibir su protección.

Desde este significado, lo que ha pasado en el país en las épocas de violencia, con características más especiales en las tres últimas décadas, es gravísimo puesto que desde las instancias estatales se han liderado, se han aportado los recursos y algunos de sus miembros han ejecutado las acciones de terror que han generado el desplazamiento de cerca de cuatro millones de campesinos, la desaparición y muerte de centenares de miles de personas, que algunos se atreven a calcular en tres millones. Hablar de desplazados es otro eufemismo de las clases dominantes; realmente son habitantes del campo expropiados y desterrados por la fuerza y el terror.

Con estas acciones se configura la máxima traición al Contrato Social, puesto que las fuerzas políticas y militares encargadas de proteger a los ciudadanos, han actuado como sus verdugos. Pero encuentran la justificación en la guerra en sus diversas denominaciones.

Lo cierto es que la oligarquía que opera en Colombia, en asocio con los narcotraficantes y el imperialismo, ha venido desarrollando una lucha a muerte contra todos los opositores y propuestas democráticas que puedan afectar los intereses de la siniestra coalición. El deterioro internacional de la imagen estatal por su compromiso con las muertes en masa y la presión de algunos gobiernos democráticos han frenado las masacres, pero no los homicidios ni la represión.

Los opositores que no pueden ser asesinados en el silencio, son perseguidos y bloqueados económica y políticamente. Esto es lo que ha sucedido con algunas propuestas de izquierda, democráticas o ajenas a los poderes tradicionales. Campea ahora la figura de la destitución por procedimiento administrativo, que evita los derramamientos de sangre a ojos vistos y que funcionan como “golpes de estado suaves”, como acertadamente se denuncian desde la oposición.

El Contrato Epistemológico y Social

Se encuentra algo de lógica política en estas determinaciones sancionatorias si consideramos que es más preciso hablar de un Contrato Epistemológico y Social, en lugar de un simple acuerdo político entre los ciudadanos y un Estado; es decir, cuando se definen Constituciones, se elaboran sobre la base de unas creencias, valores, paradigmas, culturas y formas de hacer las cosas, existentes en un periodo histórico y de una validez temporal y por tanto, no para la eternidad, porque las formas de conocer e interpretar la realidad varían con el tiempo y los modelos sociales, tal como lo plantean el Pensamiento Complejo y otras concepciones.

No se toman decisiones constitucionales a secas, neutrales y ajenas a lo político, a los intereses económicos,  a lo ideológico o las cosmovisiones imperantes. Todo es un producto cultural de la Humanidad. Siempre que una persona piensa, habla y actúa, lo hace dentro de sus creencias y paradigmas.

Incluso quedan dudas si en Colombia se ha logrado configurar un Contrato Social en su esencia, comparado con lo definido en Europa en el Siglo XVIII, en donde se establecen los conceptos de Nación, Democracia y Ciudadano, de acuerdo con los propósitos de Libertad, Igualdad y Fraternidad. En el estudio que hace el historiador Fernando Lopes-Alves en “Origen del Estado y la Democracia en América Latina”, habla de Colombia como “un estado débil y una democracia restrictiva”.

El Estado se conformó sin la necesidad de los Ciudadanos, la Democracia y el concepto de Nación. En Santa fe de Ralito, narcotraficantes y políticos suscribieron un documento que pretendía la refundación del país, sin convocar ni consultar al Constituyente Primario. Por eso, se desconoce el voto popular, que sólo sirve para venderlo por kilos como reciclaje.

Consecuencias Históricas

Las clases dominantes siempre han visto a los pobladores como seres inferiores, a quienes hay que someter, que sólo son dignos de manipulación y de los que se espera sumisión. Las élites son las que deciden. Entienden que recibieron a la población bajo la figura colonial de la Encomienda y que por tanto deben soportan sin protestar, todo tipo de vejámenes y arbitrariedades.  Los ciudadanos no valen nada y esto explica en parte las masacres y asesinatos; si los muertos son indígenas, negros, mulatos, campesinos, trabajadores, hay mucho que agradecer y nada que investigar.

Todo esto es posible porque luego de las Luchas de Independencia a comienzos del Siglo XIX, el Proyecto Bolivariano fue perseguido, derrotado y desmontado –uno de los últimos vestigios fue el vencido gobierno rebelde del General José María Melo en 1854. La propuesta Romántica de Bolívar de contenido democrático popular, una Nación formada con indios, mestizos, negros, mulatos, campesinos y artesanos, la mejor alternativa para el futuro de la región, tenía que sucumbir ante el mercantilismo – el TLC de la época- que hacía brotar billetes en lo inmediato para que el ascenso y la traición de una minoría fuera la evidencia del progreso, de su validez y certeza.

La nobleza española derrotada, dejó el estilo de gobierno a las élites criollas que devinieron en oligarquía, clase que desde su origen, se acostumbró a vivir de la entrega de los recursos del país para el beneficio extranjero, que para mantener sus privilegios jamás ha dudado para recurrir a la violencia; la corrupción ha sido su otra fuente de riqueza y nunca ha mostrado capacidad ni interés en solucionar los grandes problemas de alimentación, vivienda, educación y salud para los nacionales.

La población colombiana siempre ha sido históricamente amedrentada por tratar de buscar alternativas independientes, desde la invasión europea el 12 de octubre de 1492, el asesinato de Benkos Bioho luego de acuerdos con los españoles, el desmembramiento de José Antonio Galán después de las Capitulaciones en 1781, los fusilamientos emprendidos por Morillo en 1816 en represalia por iniciar la Independencia, las guerras y levantamientos durante el Siglo XIX, la masacre de las bananeras, la persecución y muerte de Gaitán y sus seguidores, el homicidio de los reinsertados con los acuerdos de paz, el exterminio de la Unión Patriótica, las masacres recientes y los asesinatos diarios de líderes populares.

No hay cambios Democráticos

Los organismos vivos y las organizaciones sociales, tratan de conservar el orden que las hizo surgir. La Constitución colombiana no está diseñada para que la oligarquía ceda su poder; por esto, los apellidos se repiten en las instancias gubernamentales. Las maniobras y el nepotismo no permiten la modernización del Estado. En los caminos nacionales, el gobierno ha colocado una propaganda que habla de “carreteras mejores para una país más moderno”. No es a eso a lo que hay que hacer referencia, lo que se necesita, es la Modernización de las estructuras político administrativas y de sus definiciones, al menos bajo los conceptos de Modernidad que se consolidaron en Europa en el Siglo XVIII. La clase política mantiene al país en un atraso social de casi 200 años. La procuraduría funciona como la santa inquisición, institución estatal orientada ahora a perseguir ateos, comunistas, homosexuales y a corruptos no copartidarios.

Un caso muy ilustrativo acerca de cómo funciona la política en Colombia, es el de la senadora Zucardi detenida por paramilitarismo, quien manifestó que “heredaba los votos a su hijo”; o sea, no es necesario el debate de ideas ni la presentación de propuestas para que la población decida. El triunfo está asegurado por las maquinarias, el clientelismo, las maniobras, la corrupción, las componendas, lo que deja muy mal parado al modelo democrático imperante.

A las personas que se atrevan a presentar propuestas que pongan en riesgo el modelo monárquico en Colombia, la participación en política les puede representar la muerte. Es en este ambiente en el que la oposición tiene que aplicar sus propuestas. Petro debe sentirse agradecido de no pagar con su vida su herejía de ocupar el segundo cargo político del país, reservado para la realeza bogotana y sus cortesanos. Desde su triunfo electoral por preferencia popular, se le empezó a pisar la cuerda y el propósito era no dejarlo gobernar.

De aquí hay que sacar lecciones, el pueblo colombiano debe reaccionar para lograr la democratización del país, usando su poder de mayorías y fortaleciendo formas autónomas que le permitan resolver sus problemas. Es necesario un Contrato Social definido a partir del Humanismo y la Democracia real.

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