México adoptó este miércoles la elección popular de todos sus jueces, un caso único en el mundo, tras ser aprobada una reforma del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
Tras unas 12 horas de un intenso debate, interrumpido por la irrupción de manifestantes en la cámara y un intento de la oposición de tomar la tribuna, el Senado de México aprobó en los primeros minutos de este miércoles (11.09.2024) la cuestionada reforma al Poder Judicial que a partir de 2025 permitirá elegir a los jueces por voto popular.
La reforma propuesta por el Gobierno del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, que implica enmendar la Constitución de México, fue aprobada con 86 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 41 en contra de los partidos de oposición Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
Tras esa votación los senadores iniciaron el debate en lo particular de 60 artículos reservados en el dictamen de la reforma, que se discutirán durante la madrugada de este miércoles.
El oficialismo buscará ahora replicar el mismo modelo de reforma en los congresos de los 32 estados de México.
Intensa jornada
En una sesión que acabó en la antigua sede del Senado mexicano, en el Centro Histórico de la capital, custodiada fuertemente por decenas agentes de la policía, los senadores de Morena y aliados, junto con los opositores, discutieron amplia y fuertemente la polémica reforma.
A la ‘supermayoría’ oficialista en el Senado le faltaba un voto para los 86 que exige la mayoría calificada, dos terceras partes de 128 senadores, pero el senador opositor Miguel Ángel Yunes, del PAN, votó a favor y la reforma pudo salir adelante.
La larga jornada fue interrumpida durante la tarde por un grupo de opositores a la reforma judicial que irrumpieron entre agresiones y empujones en el Senado para intentar detener la aprobación del texto, lo que obligó a los legisladores a trasladarse a la antigua sede de la cámara alta para continuar con su sesión legislativa.
Los manifestantes accedieron hasta el Pleno del Senado, donde gritaron consignas y reventaron la sesión en curso, que debió trasladarse a la antigua sede de esa cámara, donde también trataron de ingresar y en cuyas inmediaciones protagonizaron choques y escaramuzas con policías.
El grupo de manifestantes se identificó como trabajadores del Poder Judicial, los cuales cumplen un paro de labores desde hace casi tres semanas en protesta por esta reforma.
En un último intento por frenar la discusión de la reforma judicial, alrededor de las 22:00 horas (04:00 GMT del miércoles) los senadores del PRI, PAN y MC intentaron tomar la tribuna del Senado, pero los legisladores de Morena y aliados lo impidieron.
Polémica
La reforma judicial, que, además de establecer la elección de jueces por el voto popular, crea un órgano disciplinario para vigilar las sentencias que dicten, es vista por sus detractores como un intento de vulnerar la independencia judicial, la democracia mexicana y la división de poderes.
Las críticas no solo han provenido de la oposición mexicana, sino de organismos de la ONU, asociaciones como Human Rights Watch, organizaciones internacionales de abogados y los socios del tratado de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá.
Una vez aprobada la reforma, habrá elecciones populares y campañas en el Poder Judicial a partir de 2025, se reducirá de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte y se creara un Tribunal de Disciplina Judicial.
La discusión en el Senado mexicano comenzó entre denuncias de la oposición, que acusaron al oficialismo, incluyendo las fiscalías, de intimidar a legisladores para garantizar los 86 votos, dos terceras partes del total de 128, necesarios para modificar la Constitución.
El presidente López Obrador buscaba que el Senado aprobara esta reforma, ya avalada por la Cámara de Diputados el miércoles pasado, antes de entregar el cargo el 1 de octubre a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum.
Efectivamente el periodista israelí, Gur Megiddo, quien decidió investigar, descubrió que el gobierno colombiano compró el software de interceptaciones «Pegasus» a la empresa israelí NSO con, como dice él, 13 millones de dólares en efectivo enviados en un avión.
Yo denuncie a la ciudadanía, después,.este mismo hecho en uso de mi facultad de declasificar información reservada para defender derechos ciudadanos, que me otorga la ley de inteligencia y basado en una carta oficial de la agencia IMPA, la entidad oficial del gobierno de Israel para lavado de activos, que efectivamente constata que en un avión en junio del 2021 se enviaron cinco millones y medio de dólares a Tel Aviv y fueron, después de ser registrados en la aduana israelí, consignados en un banco que puso la alarma a IMPA por sospechar su origen ilicito.
Luego se hizo una transacción bancaria en septiembre del 2021 por otros cinco y medio millones de dólares para completar la compra.
La agencia oficial IMPA dice que la transacción fue entre la policía nacional de Colombia y NSO en Israel.
¿Por qué un periodista israelí puede investigarlo y en Colombia quieren taparlo?
GABRIEL RUFIÁN LE DESMONTA EL PARIPÉ VENEZOLANO A CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO Y PP
El Diputado de ERC Gabriel Rufián quiso contraponer argumentos de peso contra el discurso panfletario de Cayetana Álvarez de Toledo y su «preocupación» por Venezuela.
Que el PP se preocupe solo por Venezuela tiene la explicación más antigua del mundo, si en vez de petróleo y riqueza natural fuese cualquier otro país, el PP vería a cualquier venezolano como ve a los palestinos, a los menores no acompañados, o a los propios catalanes…
Las oligarquías locales no renuncian a su espíritu golpista y ahora tomaron la decisión de usar el Consejo de Estado como su caballo de Troya
En tan solo una semana las oligarquías colombianas ensayaron, por arriba y por abajo, dos estrategias destituyentes contra el gobierno de Gustavo Petro. La primera fracasó y la segunda sigue cocinándose a fuego lento. Parece que la prosperidad económica del país, los altos índices de aprobación y las garantías de gobernabilidad que promueve el gobierno del cambio tiene enloquecido a un establecimiento acostumbrado a gobernar mediante la lógica de la guerra y el sufrimiento generalizado de su pueblo. En un intento por emular la derrota de Salvador Allende en Chile, estas élites quisieron poner en jaque a Gustavo Petro con un “paro empresarial” del transporte. Simularon una lucha gremial cuando en realidad se trataba de una medida golpista liderada por empresarios y políticos de extrema derecha. Es importante resaltar que esa estrategia la habían ensayado un mes atrás a pequeña escala en el Cauca, región que une a Colombia con el sur del continente, mediante un fallido corte de la carretera panamericana. Esa vez se trató de un supuesto paro indígena que en realidad estuvo liderado por empresarios locales del transporte y el crimen organizado. Tuve la oportunidad de observar esta operación en primera persona, ya que me encontraba viajando por la panamericana cuando los camiones, coordinados por personas que manejaban camionetas 4×4, iban decidiendo dónde y cómo cortar la carretera. A raíz del corte no pudimos continuar el viaje y nos tocó pasar la noche en el hotel más cercano. Se trataba de un pueblo de comercio prehispánico que hoy funciona como punto de acopio de la cocaína para su distribución por carreteras secretas que desembocan en el mar pacífico. Como no podía ser de otra manera, el único hotel del pueblo era en realidad un narco hotel de origen mexicano, con habitaciones sin ventanas, camas y televisores de lujo y una simpática cantina donde pasaban corridos durante toda la noche. Lo importante a resaltar acá es que, a pesar de este chantaje corporativo, el Pacto Histórico supo estar a la altura de las circunstancias poniendo fin al paro en tiempo récord y sin derramar una gota de sangre. Se trató de un escenario muy distinto al paro de un mes que padeció el gobierno Santos con un saldo de 2 muertos y 100 heridos y, ni qué decir, al paro de tres meses que la sociedad colombiana en su conjunto le hizo al gobierno de Duque con un saldo de 80 asesinados y 250 heridos.
Si Petro ha cometido algún crimen es el de haber mostrado que en Colombia es posible aunar crecimiento económico con prosperidad social y felicidad del pueblo, mediante un Estado presente que asume su rol reparador, incluyente y conciliador
Pero a pesar de la gran capacidad de Gustavo Petro para gestionar este conflicto y garantizar la gobernabilidad del país, las oligarquías locales no renuncian a su espíritu golpista y ahora tomaron la decisión de usar el Consejo de Estado como su caballo de Troya. Es importante recordar que hasta hace pocos años el poder judicial en Colombia contaba con el prestigio de sus diferentes Cortes y Consejos, lo cual garantizaba cierta justicia y sensatez institucional en medio de la narco-hegemonía uribista. Más aún, estos espacios fueron el principal dolor de cabeza de Álvaro Uribe Vélez durante sus dos gobiernos, parándose en seco y declarando inconstitucional su deseo de ir por un tercer mandato presidencial. Tras ese revés sufrido, Uribe se encargó maniáticamente de ir permeando las diferentes cortes y consejos del poder judicial hasta cooptarlos, enredarlos con el crimen organizado y, en varias ocasiones, ponerlos a su favor. Salvo contadas excepciones, estos espacios judiciales están degradados y en varias ocasiones los instrumentalizan fuerzas políticas de derechas y poderes oligárquicos del país.
En esa dirección, el Consejo de Estado acaba de lanzar dos medidas deliberadamente políticas (y muy poco jurídicas) contra Gustavo Petro. La primera, más simbólica que efectiva, consiste en un pedido público de disculpas por parte de Petro a Enrique Vargas Lleras, tras denunciar sus turbios negociados dentro del sistema de salud colombiano. Con esta denuncia pública, Petro no buscaba otra cosa que recordarle a la opinión pública algo que se viene investigando hace años y que aún sigue impune: la cultura contratista que vincula a las tradicionales familias políticas del país con dudosos negocios millonarios realizados con el Estado colombiano. Con esta denuncia puntual, Enrique Vargas Lleras quedó en el ojo del huracán por sus nexos con un desfalco millonario propiciado dentro de la entidad Nueva EPS. Las EPS (Entidades Promotoras de Salud) son entidades intermediarias encargadas de gestionar el sistema de salud de todos los colombianos, una especie de tercerización del sistema de salud que recibe cuantiosas sumas de dinero tanto de sus afiliados como del Estado. Este monstruoso engendro, nacido de la ley 100 aprobada durante el gobierno de Uribe, y que buscaba “dizque” descentralizar y transparentar el sistema de salud, terminó siendo utilizado para desviar fondos y permitir el enriquecimiento ilícito de una buena parte de la oligarquía del país. No hay que perder de vista que Enrique Vargas Lleras, además de pertenecer a una de las familias políticas más importantes del país, es el hermano de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de Colombia durante el segundo mandato de Santos y uno de los hombres que mejor conoce cómo funciona el Estado colombiano. Para decirlo de manera sencilla, mientras Germán participaba en la arquitectura del Estado, Enrique, su hermano, se encargaba del manejo de los recursos económicos que Nueva EPS recibía de ese Estado que su hermano aprendió a usar tan hábilmente.
Como se ha vuelto costumbre en la región, si prestamos atención a los golpes blandos en Honduras, Paraguay, Bolivia, Brasil y Perú, la oligarquía colombiana intentará hacer uso de este recurso tan de moda como poco democrático
Este ejemplo concreto sirve para entender que la riqueza de una buena parte de las familias oligárquicas del país nace de la teta del Estado. Pero a estas familias contratistas, acostumbradas a mirar por encima del hombro a su propio pueblo, nos les gusta que se ventile este mezquino secretito nacional. Y como la costumbre en Colombia es que la vergüenza no quede del lado de quien comete el crimen sino de quien lo denuncia, los hermanos Vargas Lleras usaron la arquitectura de un Estado que manejan al dedillo como coto privado para exigir la retractación de nada más ni nada menos que el presidente de la República. En el fondo, con esta acción gamonal, propia de la lógica señorial de la ofensa, estos hermanos trataron de vengarse y hacer una demostración de poder mediante un sádico ejercicio de humillación personal. Es posible que desde su punto de vista vivan esto como un pequeño triunfo con el que lograron “limpiar” su apellido y restituirle su “linaje”, pero desde el punto de vista de millones de colombianos este apellido lleva mucho tiempo manchado de corrupción, violencia y despojo.
En lo que se refiere a la segunda medida, esta sí debe despertar todas nuestras luces de alarmas, puesto que están buscando destituir a Petro como presidente de la república. Como se ha vuelto costumbre en la región, si prestamos atención a los golpes blandos en Honduras, Paraguay, Bolivia, Brasil y Perú, la oligarquía colombiana intentará hacer uso de este recurso tan de moda como poco democrático. En esta ocasión, el Consejo Electoral está haciendo empleó un documento de la sala de consulta del Consejo Estado para despojar a Petro de su fuero constitucional, tratar de suspenderlo de sus funciones y habilitar una investigación sobre supuestos topes de dinero superados durante la campaña presidencial. Cabe resaltar que no es competencia de este Consejo decidir sobre la permanencia de un presidente en el poder y, menos aún, volver a estudiar algo que fue investigado en su momento dentro de los plazos completados por la constitución. Por eso, lo que queda en claro es que se trata de nueva avanzada destituyente sostenida a punta de dudosos y rebuscadísimos tecnicismos legales; pero lo que queda más claro aún, como pudimos ver con el dúo dinámico Vargas Lleras, es que los poderes oligárquicos en Colombia acusan a Petro de lo que ellos mismos practican de manera sistemática, a saber: un uso impune del dinero público de todos los colombianos. Pero lo más paradójico de todo esto es que las mismas fuerzas políticas que ponen el grito en el cielo por la falta de democracia en Venezuela son las que vienen cocinando a fuego lento este golpe de Estado en Colombia.
Si Petro ha cometido algún crimen es el de haber mostrado que en Colombia es posible aunar crecimiento económico con prosperidad social y felicidad del pueblo, mediante un Estado presente que asume su rol reparador, incluyente y conciliador. En su gobierno, la paz total no opera como consignas vacías sino como el material de trabajo con el que día a día el Pacto Histórico construye una nueva hegemonía social en un país donde siempre gobernó la lógica de la guerra y la violencia. El desafío que debe afrontar el Pacto Histórico es inmenso, puesto que se trata de cambiar la cultura política de un país acostumbrado a la impunidad y a dejar fuera de juego a quien piensa (y hace) distinto. Pero no hay que olvidar que Petro ya ha sido destituido de un cargo público cuando era alcalde de Bogotá. Tampoco hay que olvidar que solo gracias a la presión popular en las calles el establecimiento colombiano se vio en la obligación de restituirlo como alcalde. Y, por sobre todas las cosas, no hay que olvidar que gracias a ese inesperado apoyo masivo en las calles Petro salió fortalecido y terminó encarnando la fuerza social de un cambio histórico en el país. Se vienen unos meses muy complicados para la vida democrática de Colombia, y la clave está en saber que la pelota quedó del lado de su pueblo. Si este es capaz de hacer valer la dignidad histórica que lo ha caracterizado, no dudo en que sabrá encontrar la forma de reclamar su derecho y su deseo de vivir en una Colombia diferente. Porque todos sabemos que esta feroz arremetida de las oligarquías no es contra la figura puntual de Petro sino contra la fuerza histórica que él representa y que se cifra bajo el nombre del pueblo de Colombia.
Oligarquía Colombiana vs. Petro: ¿Se avecina un Golpe Blando?
En el programa de hoy, 09/09/2024, Pablo Iglesias, Irene Zugasti y Sasi Alejandre analizan la acusación de Gustavo Pedro a la oligarquía y ciertos sectores de la derecha de intentar desestabilizar su gobierno a través de un golpe blando con acciones como el paro empresarial del transporte, que encubrirían intereses políticos de grandes empresarios de Colombia. Con la participación especial de Mauricio Jaramillo, Corresponsal de Canal Red en Colombia.
TEMA RELACIONADO: Pegasus lo compró el gobierno de Duque con dineros del narcotráfico
Señal Investigativa revela fotos y documentos de la comitiva que acompañó al presidente Iván Duque, en su visita oficial a Israel a finales de 2021, quienes sostuvieron reuniones secretas en Tel Aviv en las que se habría negociado el virus espía Pegasus. Se adquirió con dineros incautados al narcotráfico y se pagó por 13 millones de dólares en efectivo para intervenir 2600 líneas telefónicas. ¿En manos de quién está Pegasus en Colombia?
Compra de Pegasus por DIPOL confirma que toca reformar la ley de inteligencia Carolina Botero Cabrera 07 de septiembre de 2024.
En una de las escasas alocuciones presidenciales de Gustavo Petro, él es más de Twitter, leyó una comunicación que estaría indicando que la DIPOL -inteligencia de la policía-, fue la que compró en 2021 el software espía Pegasus. Esta tiene que ser la gota que derrame el vaso y anime a discutir la reforma a la ley de inteligencia radicada esta semana en el Senado.
Puede haber preguntas sobre el momento elegido por Petro para contarnos esto, pero lo que cuenta confirma que el Estado es responsable de la ejecución arbitraria de actividades de inteligencia, tal y como lo declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo del caso CAJAR vs Colombia. No existe un marco jurídico que autorice a la inteligencia a usar un spyware como Pegasus, al contrario, sin facultad legal para interceptar comunicaciones, Inteligencia no puede asumir que puede usar spyware que es más intrusivo. La DIPOL habría adquirido una herramienta para una actividad para la que no tenía facultades, eso sin hablar de las cuestionables condiciones de transparencia que rodearon la compra.
La Corte ordenó revisar la Ley de Inteligencia para ajustarla a derechos humanos, además recordó que las actividades de inteligencia deben tener sustento legal -descripción clara en la ley-, responder a criterios de necesidad y proporcionalidad, tener responsables identificables y controles independientes y mecanismos de rendición de cuentas.
Karisma, donde trabajo, trabajó junto con CAJAR, la oficina ONU Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Inteligencia en ajustar a la sentencia el proyecto del representante Alirio Uribe. Nuestro foco fue vigilancia de las comunicaciones. Buscamos crear un marco de derechos humanos para capacidades que, con la tecnología digital, son desafiantes. Resumo algunos elementos interesantes.
A diferencia de la ley 1621 de 2013, que daba a la inteligencia la facultad vaga y abstracta de “monitorear el espectro”, este proyecto describe expresamente sus facultades, trayendolas al siglo XXI. Esas facultades se acompañan de principios, obligaciones, límites y mecanismos de seguimiento y control que protegen derechos como la intimidad, la libertad de expresión y el derecho de asociación y reunión, todo basado en estándares internacionales del sector.
Las facultades a mencionar relacionadas con tecnología; (i) interceptar comunicaciones entendidas ampliamente, de modo que incluyan actividades como capturar datos de comunicaciones electrónicas, como cuando las autoridades usan antenas tipo stingray, que pueden por ejemplo recoger los mensajes de texto enviados entre celulares en su alcance; (ii) entrar en dispositivos electrónicos -usando herramientas como spyware-, con límites y controles adaptados a estándares internacionales, como los construídos por la relatora ONU antiterrorismo; o (iii) pedir colaboración para entregar datos personales, pero, en adelante las operadoras de telecomunicaciones retendrán datos de sus suscriptores no por cinco años (que hoy es un abrupto internacional) sino por seis meses. Adicionalmente, se exige control judicial previo y posterior y se incluyen otros controles como requisitos especiales para la adquisición de la tecnología.
El escándalo de Snowden, cuando reveló que la NSA en Estados Unidos tenía acceso directo a las redes de los operadores de telecomunicaciones, despertó un debate internacional que concluyó en que la vigilancia masiva no está conforme con los derechos humanos. Así que hay dos prohibiciones para vigilancia masiva: no se permite la captura, copia o almacenamiento de tráfico masivo de datos, metadatos o comunicaciones, tampoco se permite el acceso directo a puntos de conexión o gestores de datos de operadores de redes de telecomunicaciones. En Colombia, el decreto 1704 de 2012 sobre interceptación de las comunicaciones parece facultar de forma irregular a la Fiscalía a desarrollar actividades de este tipo, mientras esto se debate y reforma, este proyecto de ley deja claro que la inteligencia no puede tener acceso directo a estas redes.
Otra prohibición a resaltar es el acceso a dispositivos personales cifrados. En 2016 el FBI consiguió una orden judicial para que Apple ayudara a romper el cifrado del iPhone de uno de los atacantes de San Bernardino, donde murieron 14 personas. En ese momento se discutió que Apple no podía cumplir sin comprometer la seguridad digital de todos los iPhone. Al final, el FBI contrató una firma que logró acceder al dispositivo. Este proyecto de ley prohíbe expresamente presionar a los fabricantes a romper el cifrado o a abrir puertas traseras. Además, para abordar las preocupaciones por efectos nocivos de tecnologías como la inteligencia artificial, se refiere a decisiones completamente automatizadas: las actividades de inteligencia deberán tener supervisión humana suficiente y atribución clara de quién es responsable de la información o predicción que provenga de métodos automatizados.
Finalmente, la transparencia será un principio desarrollado en obligaciones incluso de informes públicos con datos estadísticos y otros detalles. Este proyecto de ley ofrece una oportunidad para avanzar en una reforma a la inteligencia en una sociedad resignada a abusos y anestesiada por los escándalos. Aporta a que la ciudadanía confíe en las instituciones que realizan esta función y da seguridad a quienes hacen labores de inteligencia en la legalidad y legitimidad de sus actividades. No es perfecto, pero confío en que en el Congreso el debate lo mejore.
God them bless today, tomorrow and always ... My name is Alexis Romero Orduñez, i am writer, sicólogo and shepherd of the Church Reborn. Each day work very hard walking under the intensive sun, for win twenty dollars to the month and can dedicate more of the half in access to internet for let them arrive the productions of our church to all you and help them throughout the that i can.My dream is have a computer although be of use and of type portable for produce more works, answer the letters that me write, reproduce more materials and help to all the that the need for that its works is know in all sides for blessing of all and glory of God.My whatsaap and telephone is: +53 56167555
Novelas, relatos, poesía, ensayos y microficciones que exploran el terror psicológico, el horror tecnológico y fantástico, la ciencia ficción emocional y los laberintos humanos. Por Adrián Fares, escritor y cineasta argentino.
CUADERNOS DE REENCUENTRO 