Las denuncias ocultas por compra de votos contra Iván Name

Ver más de: Investigación  Publicado: 30 Julio 2023

Llamadas interceptadas a contratistas y funcionarios públicos evidencian una operación de compra de votos en el Chocó en favor de la elección de Iván Name Vásquez como senador en 2022. Otra denuncia en Fiscalía detalla que para las elecciones de 2018 también obtuvo votos en ese departamento a través de corrupción electoral. En el corazón del Pacífico, lejos de su natal Barranquilla, en las dos últimas elecciones sumó 3862 votos. ¿Qué hay detrás?

Por: Edinson Arley Bolaños
Director de la Revista RAYA

El pasado 20 de julio, el senador Iván Name Vásquez, quien completó tres periodos consecutivos en el legislativo, fue elegido presidente del Congreso de la República en representación del Partido Alianza Verde. A su turno, diversos medios de comunicación denunciaron que detrás de la operación de conseguir los votos en el Senado para esa conquista estuvo la actual procuradora general Margarita Cabello, quien habría sostenido reuniones con congresistas de los partidos tradicionales en días previos, con el fin de concertar una alianza y así darle un golpe al Gobierno. Un objetivo hasta ahora cumplido. Sin embargo, ocultas permanecen las denuncias contra el senador Name por compra de votos en las elecciones de 2018 y 2022 principalmente en el departamento del Chocó.

El primer caso quedó al descubierto mientras la Fiscalía escuchaba las conversaciones de los alcaldes de Unión Panamericana, Lloró y Cantón de San Pablo (Chocó), cuyos teléfonos fueron interceptados por presuntos actos de corrupción a nivel nacional. En medio de esas llamadas, apareció el nombre de Dairon Alexander Moreno Sánchez, un jóven chocoano que trabaja como mecanógrafo en el Congreso de la República. Tras el hecho, la línea de Moreno fue interceptada antes y después de las elecciones parlamentarias del año pasado obteniendo como resultado que hablaba de ayudar a conseguir proyectos y recursos para varios municipios de Chocó a cambio de votos para Name, incluso, habla de la compra de votos en varias poblaciones de ese departamento.

En el siguiente documento de interceptaciones que revela la revista RAYA, la Fiscalía también encontró que Moreno hablaba de planillas, dinero en efectivo, verificación de votantes para “el senador amigo”, es decir Name, y favores en las instituciones estatales en Bogotá. Así lo resume la Fiscalía en un informe del 18 de mayo del año pasado: “se nota una participación activa en política ya que se evidencia que para las anteriores elecciones del 13-03-2022 esta persona, según las sinopsis, se encontraba ubicando votos y se desplazó hasta el Chocó en colaboración a la campaña al parecer al senador Iván Name Vásquez, así mismo tiene comunicación directa con el alcalde de Rio Iro, quien según conversaciones le solicita al señor Moreno que le radique un proyecto y que le ubique información del Ministerio de Minas para saber qué recursos tiene el municipio por concepto de regalías”.

En una llamada interceptada a Moreno el 17 de febrero de 2022, este habla con Wilson Francisco Arias, quien sería el contratista enlace para conseguir proyectos para alcaldes amigos a cambio de apoyo electoral, incluso, de coimas. Así lo describió la Fiscalía en el mismo informe: “Francisco le pregunta a Moreno que del Chocó qué pueblo tiene un proyecto en el Ministerio de Vivienda o de Acueducto, que esté listo, radicado y ojala viabilizado. Moreno le responde que tiene uno de Río Quito, de acueducto, que no se encuentra viabilizado, pero técnicamente el alcalde dice que lo tiene. Luego, Francisco le pregunta, ¿qué dice el hombre, qué dice? Y Moreno le aclara que es muy serio el señor. Francisco le pregunta por el de vivienda. Moreno le dice que le tocaría consultar porque no lo tiene presente”.

^{Dairon Alexander Moreno Sánchez, funcionario del Congreso de la República y presunto comprador de votos en favor de Name en el Chocó.}

Luego de esta conversación vienen los diálogos en donde explican cuál sería el papel que estaba jugando del senador Name. Así lo describe la Fiscalía:

“Francisco le pregunta, ¿ese de acueducto por cuanto está? Moreno le indica que es un paquete que está por 10 mil. Francisco le expresa que hay alguien que tiene el cupo ya. Moreno le dice, que si le dice que le sirve, de una vez se lo envía. Francisco le comenta que va a entrar al Ministerio más tarde con el senador, pero no podemos decirle esto mientras se hable cómo se hace. Moreno le dice que le diga de una vez y él llama al señor. Francisco le explica que el “senador amigo mío”, que los dos conocemos, tenía uno pero resultó mala la escritura de donde va a quedar la vivienda y eso no se logra subsanar rápido y para no perder eso ahí tiene ese cupito y toca rápido, ese Ministro se va en unos 10 días”.

La conversación entre el funcionario del Congreso, Dairon Alexander Moreno, y el contratista Francisco Arias, continúa. Insisten en que el señor Arias necesita el proyecto porque a las 3:30 p.m. entra al Ministerio:

“Moreno insiste en que le diga que hay que hacer, que si se lo envía y que, qué necesita que le diga. Francisco le dice que hable con él y me da una indicación antes de que él vaya allá, que tenga seriedad y que, qué ofrece, y yo transmito eso. Porque nosotros vamos a entrar entre 3, 3 y media allá. Moreno le comenta que él eso lo había negociado con él y con otras personas que no salieron con nada y habíamos hecho una reunión y estaba estipulada en un valor del siete y él dijo que no había ningún inconveniente, pero las personas jamás contestaron”.

“Francisco le pregunta: ¿qué tal es el man, que después de que hagamos eso, diga que él no dijo nada. Moreno le dice que si quiere se reúnan con el señor, no hay ningún problema. Francisco le indica que él está en el centro y que en media hora llega el senador, ya le tocaría que usted se acerque donde estemos, aquí en el centro. Tenga listo el radicado”.

Votos para el senador

El 3 de marzo de 2022 los investigadores de la Fiscalía volvieron a clasificar varias llamadas sospechosas que entraron y salieron del celular de Moreno. En una de ellas habló con una mujer chocoana llamada Heliani Castillo, a quien Moreno le comentó que estaban pasando una lista para el tema de los votos del senador. Enseguida le lanzó una pregunta: “¿más o menos usted cuántos?” Y agregó: “hasta cinco sirve”. En el relato de la Fiscalía así quedó registrada esta llamada: “Heliani le dice que pregunta si tocaría con la cédula. Y Moreno le explica: a las personas que usted le pidió el favor, usted le pide el número de cédula y el nombre y uno ya entra a la página de la Registraduría y uno ya ve donde vota y ahí lo anota en la planilla y va haciendo la relación para ver el día de las elecciones lo que uno logre sacarle al «men», al que dijo la jefa”, le relata Moreno y ella concluye la llamada diciéndole que en un rato le enviaría los números de las cédulas.

Dos días antes de los comicios, el 11 de marzo de 2022, Moreno recibió una llamada de una mujer identificada por la Fiscalía como Liliana Sinisterra Rey, quien es seguidora y cercana de la hija del senador Name, María Clara Name, concejal del Partido Verde en Bogotá. En dicha llamada interceptada Sinisterra le dijo a Moreno que lo llamaban desde la campaña del senador Iván Name Vásquez y que quería preguntarle si le habían entregado planillas. Frente a lo que Moreno respondió que él estaba en el Chocó trabajando en ello, “incluso”, dijo, “en este momento hay una reunión del senador y estamos escuchándolo. Sinisterra le insistió en su pregunta que si no había entregado planillas. Moreno le respondió que todavía no, pero que “acá se está organizado todo”.

El 12 de marzo, un día antes de las elecciones, Moreno habló con un joven chocoano quien fue identificado por la Fiscalía como su ahijado. Hablaron de nuevo de votos, que cuantos tienen fijos, de refrigerios, de pasajes y de $40.000 por voto en Quibdó en favor del senador. Así resumió la Fiscalía el contenido de esa llamada: “Moreno le pregunta que cuántos son los de allá. Su ahijado le responde que serían unos 30. Moreno le dice que es con el consolidado de las listas que le está enviando, “¿cierto?”. Su ahijado le afirma que sí, pero a los de Achi sería como para darle (inaudible). Moreno le dice que ese día. El ahijado responde que los que voten aquí en Quibdó sería para darles como 40. Moreno le dice que deje y él cuadra. El ahijado le responde que lo haga, que él está consiguiendo unos votos buenos”.

Dos días después, cuando se desarrollaba el escrutinio y los candidatos se disputaban voto a voto un escaño en el Congreso, Moreno habló con otro chocoano de nombre Jorge Murillo, identificado por la Fiscalía como un cura del Consejo Comunitario Villa Conto, municipio de Río Quito (Chocó). En esa conversación queda claro que los votos en Quibdó se pagaron a $70.000. Así resumió la Fiscalía esta llamada:

“Moreno le comenta a Jorge que hasta ahora llevan 300. Jorge le expresa que bien, esa cifra es alentadora. Moreno le dice que ese es el efectivo, porque la jefa con lo que mandó no daba para más de ahí. Jorge le dice que antes, por el contrario, eso es mucho con lo que mandó. Moreno le comenta que un amigo estaba trabajando con otro en Quibdó y le contaba que le habían dado un presupuesto de 70 lucas, «500 votos» en la universidad, pero que la gente le cogió la plata y no le votó. Jorge le pregunta qué candidato era. Moreno le responde que era el man del colega mío, él salió. Jorge le dice que si MANE (Name) y Moreno le afirma que sí, que el (amigo) tenía muy organizado eso y se gastaron el presupuesto, el trabajo quedó mal hecho, porque no pudieron filtrar a la gente que sí iba a votar, eso en Quibdó cogen mucha plata por coger”, concluyó Moreno.

En las llamadas telefónicas en esos días y meses antes, Moreno fue dejando el rastro de su accionar para lograr encontrar votos en favor del senador Name. Uno de los hechos más contundentes sucedió con el alcalde del municipio Río Iró (Chocó), Edson de Jesús Perea, con quien habló en diferentes oportunidades, previo a las elecciones, para buscar citas y proyectos en diferentes ministerios a cambio de que le ayudara con votos para “su amigo senador”, el actual presidente del Congreso. En una de esas llamadas, previo a las elecciones, Moreno le ratificó que recibiría la información solicitada en el Ministerio de Minas con el fin de “bajar” recursos de regalías para el municipio Río Iró. No obstante, Moreno le cambió la conversación al alcalde Perea y le preguntó que si estaba en Quibdó, que él viajaba para allá, pero que lo llama para ver si le puede ayudar al menos “con unos 20, 30 cositos para el amigo mio». “¿Es posible?”, le pregunta. Perea responde que después hablan esa parte, pero que le va a enviar el proyecto del que le había hablado “para radicarlo mañana, pero hay unas explicaciones que necesito que lea bien para poderlo organizar”, le dijo el alcalde. Moreno le señaló que él lo imprime y lo radica mañana a primera hora.

En Río Iró, tanto en las elecciones de 2018 como en las de 2022, el senador Name obtuvo una votación inusitada. En la contienda de hace cinco años fue el congresista con mayor votación en ese municipio con 351 votos. En la del año pasado fue segundo, pero su votación se incrementó al obtener allí 431 votos de los 2500 que obtuvo en el departamento del Chocó. De hecho, en las redes sociales de Moreno aparece una fotografía que demuestra cómo desde finales de 2021 se venía traduciendo una alianza entre el alcalde de Río Iró y el senador Name, quienes sostuvieron una reunión privada con la directora de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en su oficina en Bogotá. Moreno celebra lo que denomina las gestiones del senador Name.

^{Foto de Name en reunión de lobby con el alcalde de Iró.}

En las elecciones parlamentarias del año pasado el senador Iván Name Vásquez, efectivamente, fue el candidato del Partido Verde más votado en el Chocó con 2500 votos, muy lejos de sus otros colegas que alcanzaron un promedio de 100 votos. Un fenómeno atípico pues su tierra de origen y fortín electoral están en el Atlántico y Bogotá. Un hecho muy relevante durante el voto finish en la elección de marzo de 2022 que le dio el último escaño de esa colectividad en el Senado. Los votos que lo separaron del primer eliminado de la fila, León Fredy Muñoz, apenas fueron 865 votos. Name en total obtuvo 39.759 votos.

La denuncia por constreñimiento al elector

El 20 de febrero de 2022, el subjefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA reportó un hecho de constreñimiento al elector que sucedió un día antes, el 19 de febrero, en el barrio Las Ferias de Bogotá. Según la llamada telefónica de la hija del afectado, ella recibió una llamada de otra mujer que se identificó como funcionaria de Integración Social del Programa Adulto Mayor “buscando a mi padre (no doy el nombre porque el asunto es muy delicado) informando que para ese día domingo era citado en la dirección calle 69 N° 70C-15, el salón comunal de dicha localidad, a las 8 am para tratar temas del adulto mayor. Al llegar al sitio nos damos cuenta que la reunión es para apoyar a un candidato al senado señor Iván Name, por el Partido Verde, número 7, y a una candidata a la Cámara por el mismo partido”. A pesar de esto, la Fiscalía no profundizó en este hecho.  

La denuncia por compra de votos en 2018

Otra denuncia que ratifica el modus operandi de conquistar votos para sostener una curul en el parlamento y que encierra un pasado insospechado del hoy presidente del Congreso, Iván Name Vásquez, tiene que ver con una denuncia de un ciudadano del municipio Río Iró (Chocó) sobre la compra de votos en favor de Name en las elecciones de 2018. Según le relató el ciudadano a la Fiscalía, en una carta que conoció esta revista, los involucrados eran los principales secretarios y el entonces alcalde de ese municipio Rigoberto Mosquera.A parte de los detalles que narró sobre la compra de votos en ese municipio enclavado en el mar Pacífico, el ciudadano dijo que lo sorprendía la votación de Name, pues en el pasado ningún otro candidato había obtenido una votación tan alta en Río Iró: “el secretario de gobierno Janier Perea era quien allá en los puestos de votación marcaba muchos tarjetones y daba las órdenes para que algunos jurados marcaran también por el candidato al senado Iván Name, incluso, este señor secretario de gobierno le pagó esos votos a algunos jurados les pagó $1.000.000 por el favor realizado ese día en esa jornada electoral, nunca una persona aspirante al senado había sacado tantos votos en un municipio tan pequeño”, puntualizó.

El senador Name le dijo a la Revista RAYA que “jamás” ha comprado votos y que esperará la comunicación de las autoridades, “con la absoluta tranquilidad de que ello no sucedió con mi anuencia o conocimiento. Así mis modestos resultados electorales a diferencia de quienes los compran”, expresó. Sin embargo, lo cierto es que la autoridad competente para investigarlo por su fuero parlamentario sería la Corte Suprema de Justicia, donde también averiguamos y encontramos que no tiene procesos de este tipo, lo que quiere decir que la Fiscalía no ha hecho su tarea: compulsar copias para que esta práctica empiece a ser castigada en Colombia y no premiada y perpetuada.

TOMADO DE: https://revistaraya.com/las-denuncias-ocultas-por-compra-de-votos-contra-ivan-name-el-nuevo-presidente-del-congreso.html

El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la constitución del 91 , ni para perpetuarme en el poder.

En las más de tres décadas que han pasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91, no han podido resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana y por eso debe el constituyente, es decir el pueblo entrar a resolverlos:.

Mientras no se aplicaba la constitución del 91 en estas tres décadas, los poderes constiuidos fueron penetrados por un régimen de corrupción impune y de facto y por una gobernanza paramilitar que reemplazó el estado social de derecho y asesinó a más de 100.000 colombianos.

En vez de aplicar la constitución de 1991, el régimen de corrupción asesinó a más de 100.000 colombianos para concentrar sanguinariamente la riqueza.

Por eso proponemos que se discuta en este proceso constituyente:

1. El cumplimiento del acuerdo de paz que supone: a) una reforma agraria, b)La inclusión del terrritorio y la población abiertamente excluida, y c) La verdad como eje de la justicia.

El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir.

2. Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana: Agua potable, salud, y renta para la población más vieja. En los ultimos 30 años la inversión pública se concentró en los sectores y los sitios más pudientes contrario a lo ordenado por la constitución y el acuerdo de paz. Las sentencias de la corte constitucional en este materia fueron desacatadas inpunemente. Hoy el que debía ser el estado social de derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad.
3. Recuperar los objetivos de la constitución del 91, contrarreformados, en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria.
4. Constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía
5. Garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción.
6. Cumpliir la orden de la constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos, léase el Congreso, no cumplieron porque su base electoral depende es del actual ordenamiento territorial que es el de la constitución de 1886.

El ordenamiento territorial es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante, proponemos garantizar la región autonòmica pero con un fuerte proceso de inclusión con los territorios olvidados que compense lla actual y aberrante desigualdad territorial.

7. Separar la política de la financiación privada.
8. Durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema de justicia basado en la venganza punitivista y politizada que terminó encubriendo los grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Proponemos llevar el sistema judicial hacia obtener la verdad para bucar la reparación de las victimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia. La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón.

El pueblo esta convocado por la presidencia de la republica a expresarse, a decidir.

Para ello proponemos la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía

¿Qué pasará con las actuales reformas en el congreso? Si una mayoría formada en la comisión séptima del senado anula los proyectos de ley discutidos arduamente en el Congreso, anulará el proceso de una transición tranquila y ordenada. El sistema de salud ya colapsó por su propia corrupción y el pensional privado se acerca a lo mismo por otras razones. Así que hundidas las transiciones ordenadas entramos a actuar de inmediato para garantizar los derechos de la población.

11 marzo, 2024 By Carolina Corcho

El pasado 12 de marzo, 8 Senadores de 14 que conforman la Comisión Séptima del Senado radicaron ponencia de archivo de la reforma a la salud. Es un documento paradójico porque reconocen que sí se requiere una reforma que resuelva los problemas de inequidad del sistema, brindar sostenibilidad financiera, eliminar barreras de acceso y brindar mejores condiciones al personal de la salud, pero al unísono proponen el archivo de una reforma que considera todos estos puntos. Todos estos puntos están considerados en la reforma que se proponen hundir.  Los senadores expresan que la reforma que presenta el gobierno pondrá en riesgo la vida de millones de colombianos, a lo largo del documento no logran explicar el porqué de esta afirmación. Y tampoco presentan una alternativa a la propuesta gubernamental. Continúan en la repetición de un conjunto de afirmaciones sin sustento en donde dicen que el país requiere una reforma, pero esta no debería acabar con la Unidad de pago por capitación UPC. Un tanto extraña esta afirmación porque varios artículos de la ponencia gubernamental contemplan la UPC, ¿leyeron otra ponencia? Dicen que no se debe sacrificar la cobertura universal que permite prestar servicios en todo el territorio nacional. Esto no es cierto, la prestación de servicios de salud actual no cubre la totalidad del territorio nacional ¿no les dice nada a los senadores que 633 municipios en Colombia, carezcan de puestos de salud en zona rural?, ¿Que sólo en la ciudad de Bogotá el 75% de la prestación de servicios está concentrada en el oriente y norte de la ciudad?

Hablan que el sistema debe mantener un asegurador que responda por la gestión del riesgo financiero y de salud. De qué aseguradores hablan los Senadores, ¿de las EPS?. Por cierto, en cuanto al riesgo financiero, en ninguna parte del documento se reseña que estos aseguradores adeudan mas de 25 billones de pesos a clínicas y hospitales y esto ocurrió antes de que llegara el gobierno del Presidente Petro, tampoco aparece que no tienen 12,4 billones de pesos es reservas técnicas que deberían estar invertidas para respaldar financieramente el sistema, la ponencia omite en el diagnóstico del actual sistema nada más y nada menos que la pérdida de 37, 4 billones de pesos que están embolatados en un manejo privado de recursos públicos a cargo de las EPS, ¿es esa la excelente gestión del riesgo financiero que defienden?. Y con ese déficit financiero que ha arrasado y arrasa la prestación de servicios, ¿cuál es la supuesta gestión del riesgo en salud?

A renglón seguido dicen que la libre elección de los pacientes del actual sistema de salud no se puede poner en riesgo, ¿de cuál libre elección hablan?, la de los pacientes que solo pueden ser remitidos en donde la EPS hagan su contratación de prestación, o donde le favorezca a su integración vertical. De la libre elección de los ciudadanos que están afiliados a una EPS en vigilancia especial por incumplimiento de requisitos de habilitación, cuya liquidación significaría el traslado de los mismos a otra EPS, que se niega a recibirlos porque también entraría en crisis financiera, todo ello porque no cumplieron con la norma de invertir las reservas técnicas. Hablan de la libre elección del campesino que no tiene pesto de salud en su vereda, de las mujeres que no alcanzaron a llegar al hospital porque vivían a seis horas y que terminaron engrosando las lamentables cifras de mortalidad materna en Colombia, ¿será que eso les ocurrió por libre elección? Pues la libre elección que no tiene el actual sistema sí lo posibilita el nuevo modelo que propone el gobierno nacional.

Pero la ponencia alternativa tiene otro error de fondo, de desconocimiento de la situación actual del sistema, es creer que la crisis del actual sistema se reduce a la ruralidad, por supuesto que los ciudadanos del campo sufren más, pero, ésta también se presenta en las grandes ciudades. La Superintendencia de Salud ha demostrado que en los últimos dos años se han presentado dos millones trecientos mil quejas por inatención, 590 mil de estas donde el paciente suplicaba por su vida. Estas quejas se ubican mayoritariamente en las grandes ciudades. Desconocer la realidad de la crisis del sector de las urbes de Colombia, da cuenta de que quienes elaboran el documento tienen puesta la mirada sólo en los sectores más privilegiados de las ciudades, lo que se propone la reforma es que todo el país acceda a las mismas condiciones de los más privilegiados, en eso consiste la garantía de un derecho fundamental. Incurren además en el error garrafal de considerar que la atención primaria en salud- APS- es un asunto sólo requerido para las zonas rurales y para los ciudadanos empobrecidos, desconociendo discusiones de décadas ya superadas a partir de Alma Ata en 1978 y la Organización Mundial de la Salud, en donde la APS propende por la equidad, la universalidad y la solidaridad, no es sólo para un sector poblacional, la APS es la esencia misma de los sistemas de salud en el mundo. Se desconoce además los avances jurisprudenciales y legales de la Corte Constitucional y del propio Congreso de la República en donde se reconoce el Derecho fundamental a la salud, con enfoque diferencial eso sí, pero sin discriminación, fragmentación y segmentación de la población.

Luego citan la ley 1438 de 2011 como un marco legal que permitiría resolver barreras de acceso, superar déficit de especialistas que no cuantifican, la interoperabilidad del sistema de información, la mejoría de la prestación de servicios. La pregunta que le queda a uno es, si la ley 1438 expedida hace 13 años tiene las herramientas suficientes para resolver esos problemas, ¿por qué durante los 11 años que los partidos de los senadores fueron gobierno no la implementaron? Si era tan útil, por qué permitieron en sus sucesivos gobiernos que el sistema se deteriorara a tal punto que cualquiera que ganara las elecciones del 2022 tuviera que enfrentar una crisis profunda por los acumulados no resueltos, lo que significa que llevaron el modelo de la ley 100 hasta sus últimos estertores, que es lo que se vive hoy.

En otro apartado plantean que se debería es sancionar a las EPS para que funcionen. Al respecto no sé si sabían los senadores, qué si hoy se le aplica las normas sancionatorias a las EPS, de entrada, habría que liquidar por lo menos 10 de ellas y que las demás entrarían inmediatamente en crisis con el traslado de pacientes y la ausencia de reservas técnicas, que sólo 5 de las 27 tienen en orden. Lo que proponen es lo mismo que se ha dicho por tres décadas y no ha sucedido durante sus gobiernos. ¿Esa circunstancia no les daría para entender que el problema es entonces estructural, y que si volvemos a hacer lo mismo obtendremos los mismos resultados y no superaremos la crisis? Crisis que ha sido reconocida por la Corte Constitucional desde el año 2008 con la sentencia T-760 y por la Contraloría General de la República con la función de advertencia sobre la situación financiera de las EPS en el año 2014.

En el conjunto de la ponencia se recaba sobre un conjunto de falacias que se han repetido desde la prensa corporativa por el gremio de las EPS sin que hayan logrado sustentar con cifras ni estudios serios, sus afirmaciones. Miremos algunos de estos, vuelve y se repite que la UPC es insuficiente, aún cuando en noviembre del 2023 ante esa misma afirmación, el Ministerio de Salud y Protección Social después de varias mesas técnicas de 18 EPS mas sus dos gremios, en donde confrontaron cada una de las cifras, no pudieron concluir que hubiera insuficiencia de la UPC. Además, se demostró que sólo 4 de 27 EPS habían hecho reporte de información válida para el cálculo de la UPC del año 2024, y con lo que presentaron no pudieron soportar si quiera un aumento del 7%, el gobierno tuvo que apelar a otras variables para aumentar al 12,01%. No existe ninguna evidencia hoy de que la UPC sea insuficiente.

Vuelven y recaban sobre la falacia de que la crisis del sistema es inducida por el gobierno de Gustavo Petro, lo que denominan “crisis explícita”, frase que la oposición sacó de un video editado de manera mal intencionada de una conferencia mía, en una ramplona degradación del debate público llevado al meme y al fake news vía redes sociales. No puede demostrarse por los hechos históricos que haya sido durante el gobierno del presidente Petro que inició la crisis de la salud, el mismo gobierno de algunos de los senadores firmantes, en el año 2009 declaró una emergencia social en salud, sino había crisis desde ese entonces, ¿por qué la declaratoria de la emergencia del Gobierno de Uribe Vélez?

Tampoco es cierto que esa crisis emerja por el pago atrasado de los presupuestos máximos, estos que antes correspondían a los recobros del No Pos, estos recursos siempre se han pagado a posteriori, y este es el gobierno que con más cumplimiento ha asumido esos pagos. Pero además estos recursos sólo constituyen el 2% de la financiación total del sistema de salud, el 98% se gira de manera anticipada a las EPS, casi 82 billones de pesos se les entregó religiosamente el año pasado. El problema financiero viene del hecho de que tengan un déficit de 12,4 billones de reservas técnicas, de que se les haya mentido al país consignando en sus propios estados financieros que estos recursos serían invertidos y estarían disponibles para respaldar financieramente el sistema, también viene de la ausencia de un sistema de información que nos permita conocer la real estructura del costos del sistema, la cual es opaca por la cantidad de negocios e intermediaciones que no prestan valor agregado que se han instalado en el sistema de salud durante estas tres décadas.

Por último, se arguye que el proyecto de ley no contó con participación social y no se escuchó a la ciudadanía. Lo primero que habría que aclararle a los parlamentarios es que esta reforma, de hecho, es una iniciativa ciudadana, de organizaciones médicas, de pacientes, científicas y de trabajadores de la salud. El gobierno la acogió y desde entonces se han adelantado más de 10 audiencias en Cámara y otras tantas en el Senado, mesas técnicas de todos los niveles con las EPS, clínicas, hospitales, desayunos con todas las bancadas de las comisiones séptimas de la cámara y del senado que yo misma organicé desde septiembre del 2022 para comenzar a discutir la reforma previo a su radicación, múltiples mesas técnicas con los partidos políticos de algunos de los senadores firmantes ( Liberal, Conservador y U), en cabeza de sus presidentes, en cuyos consensos aprobados por mayoría en la Cámara de Representantes participaron algunos de los senadores firmantes. Se han realizado cumbres regionales, seminarios, talleres, foros, se podría decir que no ha habido en las tres últimas décadas un proyecto de reforma a la salud con más discusión y participación que el actual.

Lo que preocupa es que la ponencia de archivo, no trae ningún tema nuevo, son las mismas discusiones que se habían resuelto en Cámara con los propios partidos políticos, preocupa además que una corporación tan importante como el Congreso de la República reproduzca fake news de las EPS y sus aliados, sin constatar los contraargumentos esgrimidos por diversos sectores políticos y de la sociedad civil frente a estos planteamientos. Preocupa además que la ponencia ni si quiera reconozca el desplome financiero de 37, 4 billones que arrastra el sistema, que se traducen en cierres de prestadores de servicios de salud, precarización laboral y más de dos millones de quejas por inatención a la ciudadanía urbana y rural. Todas estas cifras corroboradas por organismos de control como la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Salud, sin que hayan sido refutadas.

No presentan los Senadores ninguna alternativa al país frente a la angustiante situación del sector salud. Pareciera que la alternativa es que continúe todo igual, es decir, que continúe la debacle hasta sus últimas consecuencias en vidas humanas; cuando la realidad es que sólo el Congreso de la República puede detener la caída en picada en la que viene el sistema y de manera honorable reivindicar a esos Congresos previos que no enfrentaron la crisis, que sólo ponían paños de agua tibia, leyes cosméticas para que todo siga igual. Como médica y ciudadana expreso que estamos en manos del Congreso de la República, de ellos dependerá que millones de ciudadanos hoy excluidos del derecho a la salud, puedan tener una segunda oportunidad en esta tierra y que el sistema de salud pueda reorganizarse para que cumpla su función de garantizar el goce efectivo al derecho a la salud de toda la ciudadanía colombiana.

Carolina Corcho Mejía Médica psiquiatra, exministra de salud

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Qué es un DNU y en qué casos se usa en Argentina

Si un Decreto de Necesidad y Urgencia es rechazado por las dos cámaras del Congreso, pierde vigencia. El texto completo del DNU de Javier Milei.

14 de marzo de 2024

El 21 de diciembre de 2023 Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que empezó a regir el 2 de enero y tiene como fin desregular la economía, derogar cientos de leyes y avanzar —entre otros— sobre derechos laborales.  Este jueves, la Cámara alta sesiona para debatir el DNU 70/2023. La oposición tendría los votos para rechazarlo.

Si bien el Poder Ejecutivo está facultado para usar esta herramienta legislativa, solo debe utilizarla en casos de urgencia y emergencia. El controvertido uso de esta atribución pone en evidencia la voluntad del ultraderechista de «saltear» el proceso legislativo tradicional, lo que plantea cuestionamientos sobre su legitimidad y la transparencia de las decisiones de gobierno en este nuevo mandato.

Qué son los DNU y cuándo se pueden usar

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son herramientas legislativas que otorgan al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar en situaciones extraordinarias, sin pasar por el proceso tradicional del Congreso. 

El proceso se hace solo cuando el Presidente considera que la situación requiere medidas inmediatas para abordar problemas urgentes que no pueden esperar el tiempo que lleva el proceso legislativo regular.

Características principales de los DNU

• Emergencia y urgencia: los DNU se emiten en situaciones de emergencia y urgencia, donde la demora podría tener consecuencias negativas para el país.
• Áreas limitadas: aunque permiten una acción rápida, los DNU tienen límites. La Constitución de Argentina establece que no pueden utilizarse para legislar sobre cuestiones impositivas, electorales y penales, ni para modificar el régimen de los partidos políticos.
• Vigencia temporal: estos decretos tienen una vigencia temporal y deben ser ratificados por el Congreso para convertirse en ley permanente. Si el Congreso no los ratifica, pierden su validez después de cierto tiempo.
• Control judicial: los DNU pueden ser objeto de control judicial para verificar su constitucionalidad. Los tribunales pueden analizar si las circunstancias realmente justifican la emisión de un DNU.

TOMADO DE: https://www.pagina12.com.ar/697199-que-es-un-dnu-y-cuando-se-puede-usar

«Usted no merece que yo ni ningún otro ex comandante de las AUC vengamos a convertirnos en sus verdugos, su ocaso se va dibujando gris y bizarro en el imaginario colectivo de una sociedad que quiere pasar página»

Mohamed Hadid compara a Netanyahu con Hitler, la guerra en Gaza con el Holocausto, distorsiona el Holocausto y reescribe la historia judía.

By MICHAEL STARRFEBRUARY 21, 2024 08:53

El magnate inmobiliario Mohamed Hadid comparó el lunes a Israel con la Alemania nazi y dijo que estaba matando más niños al día que Hitler en Auschwitz.

«Felicitaciones, Primer Ministro Benjamin Netanyahu, lo superaste, ganaste, ganaste grande, eres el más poderoso, eres Goliat», escribió Hadid en Instagram con un infográfico que muestra a Hitler y Netanyahu junto a cifras que afirmaban que cada día en octubre y noviembre se habían matado 178 niños palestinos en Gaza, mientras que 127 niños judíos habían sido asesinados cada día en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. «Felicidades por esta victoria. Lo superaste en la masacre del siglo».

Según el museo Auschwitz-Birkenau, alrededor de 232,000 niños judíos y no judíos fueron deportados al campo de exterminio entre 1942 y octubre de 1944. Alrededor de 700 nacieron en el campo, y más de 700 fueron liberados en 1945. Esto significaría que alrededor de 230 niños eran asesinados cada día en el campo. Según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, alrededor de 10,000 menores han muerto en la guerra desde el 7 de octubre hasta el 8 de enero, lo que sería aproximadamente 107 asesinados por día.

Hadid escribió el domingo que los palestinos recibieron a los refugiados judíos de Europa con «visas» y «casas de huéspedes», pero que los refugiados se volvieron en su contra y «robaron mi vida, mi hogar y mi dignidad».

La publicación mostraba una imagen de un barco de refugiados judíos capturado por los británicos con una pancarta que decía: «Los alemanes destruyeron nuestras familias y hogares; no destruyan nuestras esperanzas». Esto se contrastaba con una imagen de tanques israelíes y un texto no atribuido que decía: «Estamos luchando contra animales humanos. No hay reglas. Los mataremos a todos».

El Ministro de Defensa Yoav Galant había dicho el 9 de octubre que, en respuesta a la masacre del 7 de octubre, Israel no proporcionaría electricidad, comida, agua o combustible a la Franja de Gaza gobernada por Hamas, ya que estaban «luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia».

La familia de Hadid huyó a Líbano durante la Guerra de Independencia

Hadid, que nació en Nazaret y cuya familia huyó de la Guerra de Independencia a Líbano, dijo que los refugiados judíos llegaron «a mi país como pequeños ladrones con un plan… plan sionista… me convirtieron en refugiado a la edad de nueve años».

El desarrollador inmobiliario estadounidense escribió en una historia de Instagram el lunes que el mundo árabe no odiaba a los judíos hasta 1947.

«Los palestinos son semitas», dijo Hadid. «No pueden ser antisemitas».

Esta no es la primera vez que Hadid ha hecho comparaciones entre el Holocausto y la guerra de Israel contra Hamas. El 17 de diciembre comparó a terroristas sospechosos vendados y despojados con judíos desnudos antes de su ejecución durante el Holocausto.

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https://www.jpost.com/spanish/article-788043

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