Microproyecto: Ramiro Bejarano
(18/02/2024)
Desde el despacho de la entonces vicefiscal Martha Mancera, hoy fiscal general encargada, se habría creado una unidad paralela que actuaba bajo sus indicaciones, pero sin notificaciones judiciales para investigar a personalidades o asuntos incómodos para la Fiscalía de Francisco Barbosa.
Por uno de los corredores de concreto del edificio H, en el amplio Búnker de la Fiscalía General, se impartía la orden de un microproyecto. No tenía resolución judicial ni auto con firma o membrete, pero sí nombre y apellido: Ramiro Bejarano Guzmán. Un aparente disfraz para hacer seguimientos. Fue creado en el periodo de Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera, aplicado de manera irregular hasta hace muy poco, cuando en apariencia lo legalizaron a través de la directiva 0002, del 12 de abril del 2023.
Este caso confirmó la investigación de Cuestión Pública: a personas incómodas para Barbosa y Mancera les habrían aplicado una suerte de perfilamientos, al parecer sin órdenes judiciales ni notificaciones. Tenemos las pruebas documentales.
Bejarano, abogado y catedrático, escribió en su columna dominical en El Espectador que entre octubre de 2020, ocho meses después de que Mancera asumió como vicefiscal, y agosto de 2022, investigadores y analistas de la entidad indagaron con suma obsesión sobre sus actuaciones como director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en 1994 con motivo del asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado. Él nunca fue notificado de la apertura de dicho expediente, de la existencia de órdenes judiciales para ello, ni el motivo concreto de las pesquisas, como expuso en “La conjura en tiempos de Barbosa”.
De acuerdo con su versión, el abogado supo que lo investigaban dos años atrás, pero solo pudo hacer público el caso hasta hace pocos días cuando consiguió las pruebas. Se trata de detallados cuadros de Excel titulados “Hechos por Tendencia”, que están en poder de Cuestión Pública, en los que funcionarios judiciales crearon una extensa bitácora sobre el exdirector del DAS, es decir, Ramiro Bejarano. ¿Por qué?
Los registros incluían columnas suyas que etiquetaban como “YO ACUSO, ARTÍCULO PERIODÍSTICO – 8/22/2009” o “CARTA ENVIADA AL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN (E) DR GUILLERMO MENDOZA DIAGO – BOGOTÁ – 22/02/2010 (sic)”. En uno de los documentos se encontró incluso un archivo con la etiqueta “Casos relevantes Daniel Coronell 2021”.
A la mañana siguiente de publicada su columna, de la cual varios medios hicieron eco, la Fiscalía respondió en un escueto comunicado de prensa que la entidad adelantaba una línea de investigación por el magnicidio Gómez Hurtado. Lo que poco se entiende al tratarse de un hecho criminal del que las Farc se hizo responsable el 3 de octubre de 2020, información entregada a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP). No obstante, la Fiscalía explicó con cierto desinterés que el caso había sido asignado “a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia”, cuyo nombre omitieron.
Bejarano señaló en conversación con este medio que a los que les habían asignado dicha tarea eran subalternos de Gabriel Ramón Jaimes, jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. También el primer fiscal que asignó Francisco Barbosa para asumir la solicitud de preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal.
En su columna “La conjura en tiempos de Barbosa”, el columnista denunció investigaciones secretas en su contra por parte de la Fiscalía. Crédito: Cuestión Pública.
Para el abogado, víctima de un microproyecto al parecer ilegal, su participación en la defensa del senador Iván Cepeda, la contraparte de Uribe en ese proceso, fue la real motivación de las pesquisas secretas, mucho antes de que el ente investigativo emitiera la directiva 0002 en la que oficializaba los microproyectos. Así lo dijo en consulta con Cuestión Pública: “Tampoco mencionan que yo, Ramiro Bejarano, soy un columnista que ha sido incómodo para ellos, para Uribe, para Duque, para Barbosa, para ese Gabriel Ramón Jaimes, que como abogado he hecho parte del equipo del doctor Iván Cepeda en el pleito con Álvaro Uribe”.
En ese sentido, la Fiscalía señaló en su comunicado que como el fiscal del caso y su policía judicial habían sido reubicados “en la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el caso fue reasignado a esa dependencia para darle continuidad”. Sin embargo, la institución omitió el año de la resolución que ofició dicha reubicación.
Tampoco aclaró que la existencia o no de órdenes de policía judicial que avalaran dichas indagaciones, ni, en aras de la transparencia, especificó los motivos por los cuales se sospechara que el columnista habría cometido delito en la línea de investigación que adelantaba sobre el magnicidio de Gómez Hurtado.
Cuestión Pública ya venía investigando sobre este, al parecer, ilegal funcionamiento con fuentes humanas e información documental, toda vez que habría sido una práctica puesta en funcionamiento por la Fiscalía de Barbosa mucho antes de la directiva 0002, firmada por el propio fiscal. Por eso, cuando el abogado Bejarano publicó su denuncia, este medio le vio todas las características de un microproyecto.
“Barbosa convirtió a la Fiscalía General en la policía política del Estado”
El mecanismo de funcionamiento empezaba con el minucioso registro de hechos, acciones o declaraciones vinculados a Bejarano. Para el caso en concreto, identificado por Cuestión Pública, el microproyecto habría avanzado el 27 de enero de 2022, cuando la encargada de la recolección inicial, la investigadora Lida Marcela Valencia Giraldo, le dio el parte de los hechos relevantes en el caso Álvaro Gómez y las actuaciones del abogado Bejarano a quien hizo el análisis, Gladys Sierra Torres, “gestora de conocimiento e innovación” de la Fiscalía. Sierra Torres le indicaba a Valencia Giraldo qué hechos eran relevantes y en qué debía profundizar.
Una vez surtida esta etapa, la información se consolidó en una matriz que luego se socializó con la fiscal Elba Beatriz Silva Reyes de la Dirección Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos. En efecto, la sección a la que la Fiscalía se refirió en el comunicado.
Así se recababa y analizaban los datos sobre Bejarano en la Fiscalía. Crédito: Cuestión Pública.
Si bien dentro de los archivos sobre el jurista se hace referencia a Gómez Hurtado y a otros protagonistas en noviembre de 1995, la época en que fue asesinado, el columnista cuestionó: “¿por qué tenían que coger la cabeza del DAS y no la cabeza de la Policía que era el general Rosso José Serrano? ¿Por qué no cogieron al ministro Defensa que era el jefe de los militares y la Policía? Y, ¿por qué dicen que siguieron la línea de investigación de la Policía y el Das y no de los militares que era la más fuerte?”.
En conversación con Cuestión Pública, el exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre explicó que “las investigaciones disfrazadas, además de ilegales, son peligrosas para un estado de derecho. Barbosa convirtió la Fiscalía General, bajo el Gobierno Duque, en la policía política del Estado. Le dieron apariencia de investigación, a seguimientos a un periodista crítico del régimen. Eso solo sucede en dictaduras y estados autoritarios. Esos seguimientos convierten una actuación aparentemente inofensiva y legal, en terror penal”.
Por su parte, la periodista Claudia Julieta Duque, víctima de persecuciones ilegales del extinto DAS, señaló que “la Corte Constitucional ha sido explícita en afirmar que si no hay razones fundadas para sospechar de la participación de una persona en determinado ilícito, no se permite la recopilación de información sobre su vida ni actividades. Esta situación, y lo sucedido a la superintendenta Cielo Rusinque, demuestran que en el período de Barbosa la Fiscalía General se convirtió en una policía política, y recuerda hechos del pasado que no han desaparecido de la realidad colombiana, sino que solo han cambiado de entidad”.
Extractos de análisis de la Fiscalía sobre Bejarano. Crédito: Cuestión Pública.
De Bejarano no encontraron, aseveró él, ni sospechas. Una fuente que mantenemos en reserva por razones de seguridad y que conoció de primera mano este proceder, le dijo a Cuestión Pública que el caso del columnista tenía las características de lo que se autodenominó en su momento microproyecto. ¿Pero qué pistas existen sobre esta unidad paralela antes de la directiva 0002?
Microproyectos al estilo El Padrino
Como en el caso del abogado, sobre los microproyectos, al parecer, no existía oficio ni resolución. Al menos, en una fase inicial hasta la directriz 0002 de 2023. Empezaron siendo “absolutamente informales”, como una suerte de oficina fantasma que se manejaba, según una de las fuentes consultadas, desde el despacho de la entonces vicefiscal Martha Mancera, ubicado en el edificio C de la sede principal de la Fiscalía en Bogotá.
Esta red habría empezado a ampliarse con algunos fiscales en diferentes seccionales, pero se coordinaría desde el edificio H del Búnker. Allí está ubicada la oficina de la delegada para la Seguridad Territorial, dirigida por la mano derecha de Mancera, Luisa Fernanda Obando Guerrero, quien ahora la acompaña en la cúpula de la fiscal general encargada, la misma Mancera.
Ubicación de los despachos y oficinas por edificio en el Búnker de la Fiscalía en Bogotá. Crédito: Cuestión Pública con Google Maps.
En el rastreo de pruebas que encontró Cuestión Pública, dimos con documentos que confirmaban dos informaciones dadas por las fuentes consultadas. La primera, el nombre que le dieron a estas indagaciones fantasmas. La segunda, que estas pesquisas a la sombra respondían a la vicefiscal Martha Mancera, hoy la Fiscal General por encargo.
Las pruebas datan del 18 de marzo de 2022, día en que un funcionario de la Fiscalía convocó a la dirección de Apoyo para la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada con el fin de coordinar una comisión de viaje para los días siguientes a Cali “en el marco de los microproyectos adelantados por el despacho de la Vicefiscal”.
La cadena iniciaba con una “solicitud [de] apoyo [a] microproyecto (sic)” de la fiscal Lizbeth Lorena Calderón Parejo, quien haría parte de ese circuito junto a su entonces colega, Astrid Milena Zambrano Cuellar. “Los microproyectos se le reportaban a los directores de fiscalías seccionales, sí, pero realmente, realmente, más allá de eso, la que tenía el control directo, la que era la madrina entre madrinas y padrina entre padrinos, era Astrid Zambrano”, señaló una de las fuentes.
Esta fiscal habría aparecido en un microproyecto al que nombraron como “secuestro policías”. Correspondía a la indagación arbitraria que la entidad habría querido hacerle al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en marzo de 2023, cuando fue criticado por no haber enviado apoyo a los 79 policías retenidos por campesinos que protestaban contra la empresa Esmerald Enery en Los Pozos, en San Vicente del Cagúan, Caquetá.
De hecho, en la contrastación de información recabada, Cuestión Pública encontró que Mancera nombró fiscales como madrinas o padrinos, títulos que no existen oficialmente en el organigrama de la Fiscalía, para que se hicieran cargo de ciertas regiones del país. Fue a través de algunos de ellos que, presuntamente, se dio instrucciones sobre uno de los microproyectos. Una especie de código interno, más no oficial, entre los más allegados a la entonces vicefiscalía.
Uno de los documentos encontrados por este medio daba cuenta de la solicitud de apoyo para microproyectos previo a la directriz 0002 de 2023 de la Fiscalía en la que los oficializaba. Crédito: Cuestión Pública.
Un alto exfuncionario de la Fiscalía, que también pidió reserva, corroboró a este medio que en efecto existían las etiquetas de padrinos y madrinas. Figuras creadas desde la administración de Barbosa con el objetivo de coordinar las comunicaciones entre la cúpula de la entidad y las fiscalías seccionales.
Agregó que aunque esa era la explicación oficial, cuando escuchaba estos rótulos no podía evitar pensar en la estelar trilogía de Francis Ford Coppola inspirada en la mafia italoamericana de mediados de los cincuenta.
Camilo Burbano Cifuentes, exdirector Nacional del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, coincidió en que estos rótulos se usaban para designar fiscales asesores que coordinaran dichas comunicaciones, pero no los asoció a estar dedicados a casos o microproyectos. “Nunca había escuchado esto”.
Burbano Cifuentes agregó que “la notificación en la comunicación de una investigación se hace en audiencia de imputación, antes no. Pero ha pasado en la historia de Colombia, que a través de supuestos procesos, es decir, hechos que realmente existieron, son aprovechados para ocultar intereses de investigaciones a opositores políticos, periodistas o a gente en contra del fiscal de turno y lo que hacen es armar un proceso o tener un proceso ya armado y meter órdenes de policía judicial con propósitos ilícitos”.
Este medio encontró pruebas documentales de lo anterior. Zambrano, por ejemplo, era la “madrina de occidente” y estaba vinculada a la Delegación para la Seguridad Territorial, que dirigía Luisa Obando, mano derecha de Mancera como fiscal general encargada. La prueba es un documento de la Fiscalía del 11 de abril de 2022, en el que se encontró que Zambrano usaba el membrete de madrina, junto a su firma.
En esa red de microproyectos, echados a andar antes de la directiva 0002, Cuestión Pública descubrió que también estaría Leonor Merchán Lopera. Ella es la fiscal especializada, adscrita a la dependencia de Obando, que impartió órdenes a varios fiscales en otras regiones sobre la metodología de estos microproyectos vinculados a “homicidios dolosos y hurtos violentos”, el 25 de octubre de 2021. Al final, en su firma dejaba el código de “Madrina Región Caribe”, así como el fiscal Willington Ortiz Páez, se identificaba como “padrino” de la región de la Amazonía.
El nombre de Merchán y el de Astrid Zambrano figuran en varios documentos de la Fiscalía a través de los cuales se coordinaron estrategias para los microproyectos que se vinculaban a “homicidios atribuibles a organizaciones criminales”.
Consultado por Cuestión Pública, el exmagistrado de Justicia y Paz, Rubén Pinilla Cogollo, dijo al respecto que “no solamente es un perfilamiento sino que casi que lo que hay es una persecución. El derecho de defensa surge desde la indagación. No tiene presentación que se esté recopilando material en contra de una persona, lo cual indica que está siendo objeto de investigación y a esa persona ni se le informe, ni se le cite a versión libre porque los hechos ocurrieron en vigencia del anterior código y se siga haciendo una indagación preliminar a sus espaldas”.
Las madrinas conducen a Cali
La fiscal Zambrano, según la página de la Función Pública, fue fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos en 2012, luego fiscal delegada ante jueces del circuito el año siguiente, y en 2015, saltó a la subdirección del sector defensa de la Fiscalía. Un año más tarde se convirtió en fiscal delegada ante jueces penales especializados del circuito. Para 2021, trabajaba como directora de la Fiscalía Seccional Guaviare hasta donde este medio ha podido recabar.
El 20 de mayo de 2021, mientras ostentaba el cargo, firmó la resolución 022, en la que reversó la decisión de crear el despacho 16 especializado al interior de la Dirección Seccional Guaviare. Sería el fiscal Iván Aguirre Benavides, conocido como el “narcofiscal”, quien iba a ocupar este cargo. Aguirre ha sido amigo y excompañero de Martha Mancera, que sigue enfrentando investigaciones por presuntos nexos con la mafia en Cali, ahora desde la jubilación.
El año pasado, y solo por cuatro días, del 10 al 14 de abril de 2023, Astrid Zambrano estuvo como directoral nacional I en la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad, sin apartarse de sus funciones en la Dirección de Apoyo Territorial, ambas dependencias que responden a la delegada Luisa Obando. Para entonces ya firmaba como “madrina de occidente”.
La designación de madrinas y padrinos comenzó en el periodo de Barbosa y Mancera en la Fiscalía General. Crédito: Cuestión Pública.
Es Cali, la capital del Valle del Cauca, departamento donde está el Puerto de Buenaventura, la que aparece de protagonista en este entramado de microproyectos y madrinas.
Cuestión Pública encontró que el 21 de abril de 2022 la “Madrina Regional Delegada para la Seguridad Territorial”, la fiscal Leonor Merchán Lopera, pedía una “reunión urgente con las directoras de la seccional de Cali y el Valle, Sandra González y Diana Mirena Hernández”, respectivamente.
Las fiscales González y Hernández, como corroboró este medio en documentos oficiales, trabajaban en llave con Francisco Javier Martínez Ardila, exdirector del CTI de Buenaventura, quien fue señalado en una investigación judicial de la Fiscalía de ser alias “Pacho Malo”, el enlace de una poderosa red de narcotráfico en Buenaventura que ayudaba a contaminar contenedores y buques con cocaína.
Diana Mirena, precisamente, fue señalada por el fiscal 51 y los investigadores del CTI denunciantes de la red narco, como la pareja de alias “Pacho Malo”. ¿Astrid Zambrano, “madrina de occidente”, era entonces la madrina de la pareja de Pacho Malo?, y ¿madrina para qué?
La que hasta hace pocos días fue la vicefiscal Mancera trabajó como directora seccional de Fiscalías del Valle entre 2014 y 2017. De allí provienen varias denuncias en su contra por presuntamente favorecer al zar del contrabando, Diego Marín, como reveló Casa Macondo.
También por presuntamente no haber destruido una mercancía como fiscal en Buenaventura, que, según la Rama Judicial, permanece en reserva y en etapa preliminar en el Consejo Superior de la Judicatura. Su amistad con los llamados narcofiscales Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto y su presunto encubrimiento al director del CTI de esa ciudad, Francisco Martínez.
Todo este aparataje de microproyectos dejó la vicefiscalía. Con el asenso, ahora trabajan desde el despacho de la fiscal general encargada, Martha Mancera.
Leer Martha Mancera: ¿la verdadera fiscal general?
La directiva 0002
Según consta en el documento oficial, que no tiene ni un año de ser emitido, la motivación para llevar a cabo un microproyecto nace a partir de la priorización de casos en fenómenos específicos de criminalidad.
“A partir de ejercicios de seguimiento y análisis de la complejidad delictiva, que conduzcan a la identificación de fenómenos específicos de criminalidad que requieran de especial atención, la FGN podrá recurrir a la estructuración de documentos anexos de política criminal, que se ejecutarán por medio de proyectos y microproyectos de priorización y se presentarán en el Comité Nacional de Priorización para evaluar su procedencia”.
Los microproyectos fueron creados en el periodo de Barbosa y Martha Mancera y habrían sido aplicados de manera irregular hasta hace muy poco. Crédito: Cuestión Pública.
Montealegre explicó que dicha directiva retoma los lineamientos generales diseñados bajo su administración para la priorización de casos “que se tomaron de experiencias de tribunales internacionales y de derechos humanos. La directiva de Barbosa no trae ningún cambio importante. Desde luego, de ninguna manera blinda las investigaciones ilegales que le hicieron a Ramiro Bejarano. Eso es un acto contrario a la ley, un descarado abuso de poder, constitutivo de prevaricato».
La abogada y columnista, Ana Bejarano, aseguró por su parte que “la figura de los microproyectos en cabeza de la nueva fiscal encargada es un asunto terrorífico que debe poner en alerta a todos los defensores de derechos humanos, periodistas y críticos en Colombia. Amparada en la estrategia de priorización de casos, han utilizado la potestad criminal de la Fiscalía General de la Nación para instaurar una policía política peligrosa y sin límites constitucionales, que por supuesto me toca en este caso personalmente, pero también como defensora de derechos humanos”. Ana Bejarano es la hija del abogado Ramiro Bejarano.
La directriz 0002 deja más dudas que certezas. ¿Por qué los microproyectos se oficializaron hasta 2023 si al menos desde hace dos años se habrían puesto en marcha? ¿Cuántos se hicieron antes?, ¿cuál fue el criterio o motivación y cómo los registraron?, ¿dónde están las órdenes judiciales y las garantías procesales para respaldar las indagaciones de Bejarano?, ¿a quiénes les aplicaron y aplican los microproyectos? Y en aras de la transparencia: ¿por qué y cuántos recursos públicos y humanos invirtieron en, al parecer, estos seguimientos e investigaciones?
Cuestión Pública envió a la fiscal general encargada Martha Mancera dichas preguntas para conocer su versión, pero no recibió respuesta. De llegar, serán añadidas.
Crédito: Equipo Cuestión Pública.
Publicada a las 6:30 am
TOMADO DE: https://cuestionpublica.com/microproyecto-ramiro-bejarano/
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