Por: Vorágine, con reportería de IrpiMedia (Investigative Reporting Project Italy). Con el apoyo de OCCRP. Esta investigación hace parte del proyecto NarcoFiles* / Ilustración: Angie Pik

Dos cartas que recibió la Fiscalía colombiana dan cuenta de la preocupación de las autoridades italianas por los copiosos cargamentos de cocaína que llegaron al puerto de Gioia Tauro, en la costa occidental de Italia. Los documentos, con membretes de la embajada de Italia en Colombia, expusieron tres incautaciones que sumadas ascienden a 3.455 kilos del estupefaciente. En todas hay un nombre común: Banacol, una poderosa comercializadora de banano que ha sostenido durante años conexiones políticas con altos funcionarios del Estado, incluido el expresidente Álvaro Uribe, el alcalde electo de Medellín Federico Gutiérrez y el condenado exsenador Mario Castaño.

La historia del cargamento más grande, de 2.226 kilos, fue reconstruida por autoridades italianas tras tener acceso a los mensajes de una aplicación de mensajería instantánea encriptada llamada SkyEcc, que era utilizada por los criminales. En varios mensajes de 2020 y 2021 Bartolo Bruzzaniti, un narcotraficante italiano que vivía en Costa de Marfil (África), le informó al integrante de la mafia Camorra de Italia, Raffaele Imperiale, que tenía un contacto en Turbo (Antioquia) por medio del cual podían hacer grandes envíos de cocaína hacia Europa. La operación se hizo en alianza entre la ‘Ndrangheta’ — cartel de droga italiano que controla el 80% del tráfico de cocaína en Europa, es considerado como una de las organizaciones criminales más grandes del mundo y la más influyente de Italia— y la Camorra.

Tras pactar el envío de las más de dos toneladas de cocaína, empezaron los preparativos. Para los mafiosos era importante tener una red de cómplices en Colombia y en Italia. La red criminal tenía colaboradores en el puerto de Gioia Tauro. El propio Bruzzaniti les daba instrucciones a un grupo de estibadores que trabajaban en esa instalación portuaria. Estos últimos enviaron indicaciones, vía SkyEcc, a Colombia sobre cómo debían ubicarse los bloques de cocaína en las cajas de bananos para que pudieran extraerlos de manera segura en el puerto de destino. La carga ilegal iría camuflada entre mercancía de Banacol, el cuarto exportador de banano colombiano.

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El 23 de diciembre de 2020, Bruzzaniti dio muestras de afán para concretar el envío de la droga, su organización criminal solo tenía visto bueno en Turbo para hacer la exportación esa semana. Eso da cuenta de que para organizar la operación fue necesario coordinar con mafias que operan en Urabá. El nivel de penetración de esa organización criminal quedó expuesto en un mensaje que envío Bruzzaniti, vía SkyEcc, y que fue conocido por las autoridades italianas, en el que dijo que Turbo “es nuestra casa” y que “estamos allí con los que gestionan toda la mercancía, las salidas, etc., etc. […] son amigos desde hace 25 años”.

La ‘Ndrangheta’ ha tenido relaciones con organizaciones criminales en Colombia de vieja data. Sus nexos con los paramilitares, por ejemplo, han quedado expuestas en documentos judiciales italianos. El sistema de justicia de ese país estableció que tras la caída de los carteles de Medellín y Cali, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se convirtieron en los mayores productores de cocaína en Colombia. 

La Fiscalía italiana citó en un documento, conocido por esta alianza periodística, un interrogatorio que respondió Salvatore Mancuso, uno de los máximos comandantes que tuvieron las AUC, en Atlanta (Estados Unidos) el 11 de noviembre de 2019. Mancuso le contó a las autoridades que su estructura criminal tuvo relaciones con la ‘Ndrangheta’ desde finales de los 90, esta última organización representada por medio de narcotraficantes como Santo Scipione (radicado en Medellín hasta su fallecimiento en 2019) y Natale Scali. Incluso, Mancuso afirmó que a principios del 2000, después de un envío conjunto de 1.200 kilos de cocaína a Europa, el capo de la ‘Ndrangheta’ Natale Scali le pidió (por medio de un emisario llamado “Jorge Eneco”) que les dieran exclusividad para la compra de la droga que producían. Las AUC no sellaron el acuerdo, pero les dieron un trato especial. En la región de Urabá el grupo criminal de Mancuso fue reemplazado con los años por el Clan del Golfo, otra agrupación paramilitar con presencia en varios departamentos.

Los pormenores del alijo de cocaína de 2.226 kilos fueron reconstruidos por autoridades europeas en medio de la Operación Tres Cruces. Los mensajes de SkyEcc dan cuenta de que Bruzzaniti se preocupó luego de que le llegaron noticias de incautaciones de contenedores en Italia. Sin embargo, el jefe de estibadores corruptos le explicó que los cargamentos interceptados por las autoridades eran envíos kamikazes albaneses, mientras que la modalidad “empresa a empresa” que ellos iban a utilizar era mucho más segura.

El envío se aplazó y los mensajes que cruzaron los narcotraficantes en febrero de 2021 dan cuenta de que las tensiones aumentaban. El contacto de los mafiosos en Turbo, un tal Mario que no ha sido identificado por las autoridades, le advirtió a Imperiale que la Policía estaba haciendo inspecciones al 80% de los contenedores y que “hay otros dos grupos que han pedido la misma empresa”. Pero, en un mensaje posterior Imperiale le contó a Bruzzaniti que los “amigos (sus contactos en Urabá)” no aceptaron los otros ofrecimientos porque consideraban a este último como “un nombre de peso y confianza”.

El nombre de Banacol aparece en varios casos en los que contenedores de plátanos cargados en el puerto de Turbo con destino a Europa terminaron contaminados con cocaína. Una reciente comisión rogatoria internacional presentada por la Fiscalía colombiana a las autoridades italianas señala que “a través de las exportaciones realizadas por C.I. Banacol S.A.S. mediante envíos de fruta, desde aproximadamente 2014, se ha transportado sustancia estupefaciente ‘cocaína’ a varios países europeos, entre ellos Italia”. 

El análisis de los documentos adjuntos a esa solicitud muestra que dos contenedores de plátanos enviados por Banacol a la multinacional Dole Europe fueron incautados en el puerto de Gioia Tauro (ubicado en la región de Calabria, al suroccidente de Italia) en noviembre de 2019, con una semana de diferencia, con cocaína. En el primer caso, se habían ocultado casi 1.200 kilos del estupefaciente entre cajas de plátanos colocadas en las últimas filas del contenedor. Según la comisión rogatoria, la droga estaba destinada a la ‘Ndrangheta’.

A pesar de los problemas que tuvieron Bruzzaniti y sus socios, la operación se llevó a cabo  el 8 de marzo de 2021. Pero, aunque los narcos no lo sabían, los obstáculos iban a empeorar. Después de que el cargamento zarpó desde Turbo, la organización ilegal europea se enteró de que la policía italiana había logrado acceder a los mensajes de SkyEcc, la aplicación de mensajería instantánea que utilizaban para coordinar la logística. Eso cambió todo el plan.

“Al llegar al puerto, el contenedor no fue tocado. Por lo tanto, cabe suponer que los socios optaron deliberadamente por suspender la actividad, evitar la intervención del agente de aduanas corrupto y abandonar el contenedor cuando desembarcara”, escribió el juez de instrucción italiano que solicitó orden de captura para Bruzzaniti, Rafaelle y otras 35 personas en septiembre de 2022. El contenedor lleno de cocaína llegó a la empresa frutícola de Catania que había encargado los plátanos y fue incautado allí.

Aunque la historia de ese cargamento terminó mal para los mafiosos, algunas han tenido otro final. “Los plátanos son cruciales para el envío de cocaína, es más fácil contaminar la carga porque las empresas colombianas tienen muelles privados enteros, así que es más fácil contaminar la fruta durante la fase de embalaje. En el escaneo aduanero la forma de los plátanos y los bloques de cocaína son muy similares. Es decir, si hay ladrillos en medio de las cajas de plátanos, el escáner tiene dificultades para verlos. Por esta razón, los traficantes tienden a no utilizar otras mercancías, como la madera, donde la cocaína es más fácil de detectar”, explica a esta alianza periodística una fuente con conocimiento de los puertos.

No hay pruebas de que Banacol tuviera conocimiento de la cocaína oculta en los cargamentos de sus plátanos, sin embargo, una fuente policial europea consultada por Irpi para este trabajo opina que se debería investigar a fondo si hay algún tipo de complicidad de la empresa, y cree que hay resistencia de parte de la Fiscalía colombiana. Una persona de esta última entidad, que conoció varios casos de envíos de cocaína entre mercancía de esa comercializadora, tiene la misma opinión. Las dos cartas citadas al inicio de este artículo, y conocidas por esta alianza, fueron enviadas a la Fiscalía en 2020 y 2022 por parte de autoridades italianas.

Le enviamos una serie de preguntas a la Fiscalía para saber si está investigando la posible participación de Banacol en los envíos de cocaína. La entidad respondió que esa información solo se la podría suministrar a los “titulares de los datos personales”. Es decir, a los directivos de la empresa en caso de que hicieran una solicitud.

Las sospechas hacia Banacol se han acrecentado luego de que las autoridades europeas constataron que otros narcotraficantes diferentes a Bruzzaniti han utilizado contenedores de esa comercializadora. En 2016, fueron los Aquino de Maasmechelen, una familia de narcotraficantes de origen calabrés afincados en Bélgica, quienes habían recibido en el puerto de Amberes cargamentos de cocaína en plátanos Banacol. Una práctica, la de utilizar cargamentos de banano de Urabá, que los Aquino continuaron al menos hasta enero de 2022, aunque no se pudo reconstruir con certeza qué empresas bananeras estaban vinculadas a los envíos.

Los negocios y la política

Los negocios de Banacol trascienden fronteras y sus conexiones políticas son por lo alto. Primero, hay que hablar del sector bananero, que a pesar de las claras señales de peligro en la cadena de suministro nunca ha resentido sus exportaciones. Según el Observatorio de la Complejidad Económica, en 2021 Colombia fue el cuarto exportador mundial de banano, con un valor de más de 1.000 millones de dólares. Los principales compradores fueron Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Alemania. En Italia las importaciones colombianas de banano pasaron de USD 99,5 millones en 2018 a USD 111 millones en 2021. Según datos de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), casi el 60% de todo el banano de Colombia se produjo en Urabá en 2022. En la región, Banacol es el cuarto exportador.

Los registros comerciales en Italia muestran que la mayoría de los envíos de Banacol iban a parar a una empresa registrada en Bermudas llamada Transfrut Express Limited. La empresa aparece mencionada en los Paradise Papers -una filtración de información – con Dole Fresh Fruit International como accionista. Otros envíos de Banacol a Italia fueron recibidos por Tropical Fruit Europe LLC, una empresa registrada en Carolina del Norte (EE.UU.), cuyo propietario es Dole Food Company, Inc.

La mayor parte de los envíos de Banacol en Italia iban a parar a Dole, una de las mayores multinacionales productoras de fruta. Venden bananos Dole de origen colombiano los principales supermercados italianos: Coop, Esselunga, PAM Panorama, y Lidl. En un documento de 2023, Lidl incluyó a Banacol entre sus proveedores de segundo nivel en el Reino Unido.

A pesar de todas esas sombras, Banacol presume en su página de algunas certificaciones otorgadas por sus prácticas empresariales. Entre esas está la de Business Alliance for Secure Commerce, entregada por una alianza internacional que asegura promover el “comercio seguro”. Además, en la página web de esta organización dice que para obtener la certificación las compañías deben demostrar “honestidad y rectitud personal y comercial”.

Otro aspecto importante de Banacol es la participación que tiene en la política electoral colombiana. Antes de exponer las donaciones, es necesario explicar cómo es la intrincada maraña corporativa, con paraísos fiscales de por medio, que han estructurado durante años sus  accionistas y que hace difícil saber quiénes son sus verdaderos dueños.

Banacol es controlada por una empresa llamada AgroGreenland que es propiedad de otra llamada Greenland Investments SAS. Esta última es propiedad de Invesmar LTD (99%) y de una mujer llamada Alicia del Socorro Barrera (1%). Invesmar fue creada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas y cambió de nombre y de domicilio en julio de 2023: ahora se llama Greenplus Investments Ltd y está radicada en España. A su vez,  Greenplus Investments Ltd tiene como propietaria a Invesmar International Investments SA, con sede en el paraíso fiscal de Belice (Centroamérica). También se asocian al conglomerado empresarial cinco personas jurídicas creadas en Belice, otro paraíso fiscal. Invesmar International Investments SA fue creada por Juan Fernando Correa Restrepo, Víctor Manuel Henríquez Restrepo y Luis Ignacio Mejía Ángel.

La empresa elegida por los propietarios de Banacol para hacer donaciones a campañas políticas es Greenland Investments, cuyo presidente es Víctor Manuel Henríquez Restrepo. Entre los aportes más recientes figura uno por 30 millones de pesos para la campaña de Federico Gutiérrez, en la que resultó electo Alcalde de Medellín. También, en las elecciones regionales de 2023 esa empresa aportó 25 millones de pesos a Verónica Arango García, la diputada del Centro Democrático con mayor votación en Antioquia.

Greenland también ha participado con dinero en contiendas de carácter nacional. En las elecciones para el Congreso de 2022 hicieron donaciones a las campañas de los uribistas Paola Holguín y Hernán Darío Cadavid y de los liberales José Octavio Cardona y Mario Castaño, condenado por liderar un entramado delincuencial para saquear recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.

El dinero de Greenland también alcanzó las campañas presidenciales. A Federico Gutiérrez le aportaron $75 millones para la consulta presidencial en la cual derrotó a Alejandro Char, David Barguil y otros políticos de derecha. La cercanía de dirigentes de Banacol con figuras de la política nacional y la sombra de los procesos judiciales por los nexos con grupos armados ilegales vienen de tiempo atrás.

Banacol: la financiación al paramilitarismo

A mediados de los 90 un comandante paramilitar se movía con libertad entre las altas esferas del sector bananero de Urabá: Raúl Emilio Hasbún Mendoza. Su familia era reconocida en el gremio y tenía lazos con dirigentes gremiales. Un hermano de él se casó con una hermana de Víctor Manuel Henríquez Velásquez, quien hacía parte de la junta directiva de Banacol desde 1995 y en 2000 llegó a la presidencia de la empresa. Henríquez también tuvo altos cargos en Augura.

Hasbún le contó a la justicia que ambos tuvieron varias reuniones entre 1995 y 1996. En los encuentros, dijo,  hablaron sobre la posibilidad de que los bananeros de la zona de Urabá financiaran el proyecto paramilitar. Un fiscal le pidió más detalles al excomandante, le preguntó si en esos encuentros se hablaba sobre la posibilidad de llevar a los paramilitares a esa región y su respuesta fue: “no tanto de llevar sino de financiar, porque el que los lleva soy yo”.

Hasbún asegura que el acuerdo se cumplió, aunque hubo algunos inconvenientes para materializarlo. Así, cuenta, se lo hicieron saber altos directivos de la multinacional Chiquita Brands en una reunión que se habría adelantado en la mansión Montecasino, en Medellín, con la presencia del narcotraficante Carlos Castaño. Según su relato ante la justicia los ejecutivos le dijeron que tenían inconvenientes para registrar en la contabilidad los aportes que le estaban haciendo a los paramilitares.

La solución era, de cierta manera, sencilla. Para ese momento el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fomentaba la creación de las Convivir. Se trataba de cooperativas de seguridad avaladas por ley. Por eso Hasbún se acercó a la Brigada 17 del Ejército, con sede en Carepa, y apoyó el proceso de conformación de las 14 Convivir que empezaron a operar en la zona, las cuales no eran nada distinto a fachadas de los grupos paramilitares. El dinero de Banacol, Chiquita y otras poderosas comercializadoras empezó a llegar de forma segura: por cada caja de banano exportada tres centavos de dólar iban a parar a las Convivir, y así, a los paramilitares.

“Las Convivir facilitaron a los grupos paramilitares el desarrollo de las siguientes actividades: dotación logística (radios, uniformes, alimentos etc.); provisión de armas, muchas de ellas con amparo legal; recolección de dinero tanto los aportes voluntarios como los recaudos extorsivos; operaciones de inteligencia; relaciones con fuerza pública, representantes del Estado de los niveles nacional, regional y local”, estableció el Tribunal Superior de Bogotá.

El modelo fue tan efectivo que Vicente Castaño, uno de los fundadores de los paramilitares, le ordenó a Hasbún replicarlo en Santa Marta, una ciudad costera en el caribe colombiano. Para eso el excomandante paramilitar fundó una empresa llamada Inversiones Manglar, en la cual alcanzó a recibir aportes de bananeros. El exparamilitar Mauricio Roldán, conocido como “Julián”, declaró el 25 de febrero de 2014 ante la Fiscalía que Hasbún se reunía con un señor de apellido Henríquez y con “muchas más personas de las bananeras que contribuían estaba Dole Y Banacol”. El modelo en Magdalena no tuvo el mismo éxito que en Urabá.

El proceso judicial

Ese esquema de financiación, según la Fiscalía, operó desde 1997 hasta 2004. El ente investigador asegura que entre esos años los aportes a las Convivir solo de Banacol y sus filiales ascendieron a $7.533 millones. Otras comercializadoras como Uniban, Banadex y Proban también hicieron los pagos.

La justicia ha dormitado durante casi dos décadas. Aunque el Bloque Bananero de Hasbún se desmovilizó en 2004, solo hasta 2018 fueron acusados por concierto para delinquir y financiación de grupos paramilitares 14 empresarios, entre los que se encuentran los exdirectivos de Banacol Víctor Manuel Henríquez Velásquez, Jorge Alberto Cadavid Marín, Juan Diego Trujillo Botero y Javier Ochoa Velásquez, además, de varios exejecutivos de Chiquita Brands. La Fiscalía declaró la financiación de grupos paramilitares por parte de empresas bananeras en Urabá como un delito de lesa humanidad. Las AUC perpetraron en esa zona cientos de crímenes: homicidios, masacres, despojos, desapariciones forzadas, torturas, entre otros. Además, desde esa región se expandieron hacia Norte de Santander y Meta. Todo eso gracias a la gasolina que daban los recursos del sector bananero.

“Los bananeros son tan o más responsables que nosotros en todo lo que pasó en el Urabá. Porque fuimos de finca en finca prohibiéndoles a los trabajadores hacer paros armados. Uno iba uniformado y con un cuchillo en la mano, diciéndoles que el que hiciera paro lo matábamos, ¿por qué?, por buscar los beneficios de los empresarios bananeros. Ellos fueron los que se beneficiaron de la guerra. Ellos ninguno está pagando, ninguno está detenido, ninguno está investigado, ninguno ha puesto un peso para la reparación y ellos fueron los que realmente se beneficiaron”, dijo en versión libre ante la Fiscalía en 2007 el excomandante paramilitar Ever Veloza, conocido en la guerra como ‘HH’.

Han pasado cinco años desde la acusación y todavía no hay un fallo. Henríquez se ha defendido diciendo que él no fue la persona que tomó en primera instancia la decisión de entregarle recursos a las Convivir.  Señaló de tomar esa decisión a Edgar Gutiérrez Castro, quien era el presidente ejecutivo de Banacol en 1997. Gutiérrez fue Ministro de Hacienda durante la presidencia de Belisario Betancur. La Fiscalía contradice a Henríquez afirmando que desde el 2000 él asumió la presidencia de la compañía y en 1995 empezó a integrar la junta directiva.

“Lo que el Despacho no puede creer, es que una de las personas que conformara una junta directiva externa C.I. BANACOL S.A. (…) manifieste que no tenía conocimiento sobre cuáles fueron las razones para optar por este servicio de vigilancia”, resaltó la Fiscalía.

Chiquita Brands y el poder político añejo

Otro hecho podría enredar más a Henríquez. Él mismo relató que en 2004 asistió a una reunión en Panamá con los ejecutivos de Banadex, una comercializadora de banano filial de Chiquita Brands. Banacol estaba interesado en comprar Banadex. Según el relato del empresario, los ejecutivos estadounidenses le contaron que en ese país los estaban investigando por sus aportes a grupos ilegales. A pesar de tener esa información, Banacol continuó haciendo los aportes a las Convivir y compró Banadex. 

La Fiscalía sospecha que Banacol ha encubierto que Chiquita Brands sigue operando en Colombia y un testimonio que obra en el expediente le daría crédito a esos señalamientos. La versión de Luis Germán Cuartas, que trabajó en Banacol y en Banadex, fue recogida por la Fiscalía: “Sobre la salida de Chiquita Brands de Colombia asegura que ha sido una mala interpretación ya que la compañía sigue con sus nexos comerciales con el país, indica que lo que ocurrió fue que vendió a C.I. Banacol la totalidad de sus activos en Colombia, su actividad en el país quedó exclusivamente en la compra de fruta teniendo como principal proveedor a C.I. Banacol”.

A pesar de sus problemas judiciales, quienes eran los ejecutivos de Banacol en la época de la financiación de las Convivir han tenido relaciones políticas de alto nivel. Por ejemplo, uno de los integrantes de la junta directiva de Banacol entre 1999 y 2003 fue el fallecido Juan Felipe Gaviria, padre del exministro de Salud y de Educación, Alejandro Gaviria. El 12 de diciembre de 2007 Álvaro Uribe y su ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, participaron en un evento con Víctor Manuel Henríquez conmemorando los 20 años de la Fundación Social Banacol. En ese acto también participó el actual gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria.

Uribe tuvo una relación estrecha con Gabriel Harry Hinestroza, quien hizo parte en 2002 y 2004 de la junta directiva de Banacol y el expresidente le otorgó la Orden de Boyacá. La empresa de Harry, Agrochigüiros, exportaba banano con Banacol y le entregó $870 millones a las Convivir entre 1997 y 2008. El empresario le donó $15 millones a una campaña de Uribe al Senado. Sin haber sido juzgado, Harry murió en julio de 2023. Uribe trinó: “Perdimos el mayor apoyo, el más convencido, yo pierdo un hermano”.

Esta alianza informativa envió un cuestionario al correo registrado de Banacol ante la Cámara de Comercio. Preguntamos por todos los cuestionamientos expuestos en este reportaje, sin embargo, para la fecha de la publicación no habíamos obtenido ninguna respuesta.

El sistema de justicia colombiano debe investigar a todos los actores que controlan, desde la legalidad y la ilegalidad, el tráfico de drogas hacia Europa. También, está por verse si el conocimiento sobre las sombras que rodean a Banacol genera algún cambio en la cadena de suministro de multinacionales europeas que hacen negocios con esa empresa.  

* Nota del editor: El miércoles 8 de noviembre, un día después de publicada esta nota, Banacol le hizo llegar a VORÁGINE un comunicado en el que da su versión sobre los hechos publicados en este artículo.

El texto comienza diciendo: “Precisiones acerca de los señalamientos de algunos medios de comunicación en contra de Banacol.

GreenLand es un Grupo agroindustrial colombiano propiedad de inversionistas extranjeros quienes desde hace más de 40 años han invertido y apostado por el desarrollo social y económico de las regiones donde opera, especialmente del Urabá antioqueño, trabajando de la mano de los sindicatos y de la institucionalidad local, regional y nacional”. Lea el comunicado completo.

TOMADO DE: VORAGINE – https://voragine.co/historias/investigacion/bananera-que-financio-a-fico-en-la-mira-por-envios-de-cocaina-a-la-mafia-italiana/

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales de España y secretaria general del partido Podemos, pidió al presidente del Gobierno español romper las relaciones diplomáticas con Israel. pic.twitter.com/MEnAG9GBI4

— RT en Español (@ActualidadRT) November 7, 2023

Cecilia Orozco Tascón – 07 de noviembre de 2023 – 09:05 p. m.

El síntoma más claro de que la vieja clase política renovó su poderío sobre las regiones con los resultados del domingo 29 de octubre no es solo la recaptura de alcaldías y gobernaciones por parte de los clanes Char, Gnecco, Blel-Montes-Arana, Toro y Barreto, entre otros; el primer manotazo en el pupitre con que el país ingenuo despertó de su sueño de modernizar el manejo de los asuntos públicos cuando llevó al Congreso a unos grupitos de jóvenes activistas e “influenciadores” —que, a decir verdad, no han hecho la diferencia— fue la reciente elección, como presidente del Senado, de un personaje gris en materias parlamentarias y opaco en su conducta personal. Su apellido Name es de ingrata recordación nacional aunque en la costa Atlántica mantenga vigencia de poder por sus alianzas con gente poco santa como los “padrinos” Char. Los fallecidos David y José Name Terán (este, presidente del Congreso entre 1984 y 1985) fueron famosos en Barranquilla por su división del trabajo: mientras el primero firmaba millonarios contratos con el Estado, el segundo los viabilizaba desde el Capitolio con sus chantajes legislativos a la Casa de Nariño. El hijo de José, el senador actual José Name Cardozo, presidente del Congreso entre 2014 y 2015, conserva los “modos” políticos de sus antecesores, motivo por el cual es un ser inamovible en la cámara alta: lleva 17 años de reelecciones. Y a la Colombia del 2023 se le añade el tercer Name rector de las plenarias del Senado: Iván, primo de Name Cardozo, obtuvo el pasado 20 de julio 54 votos por su presidencia contra 50 de Angélica Lozano, la otra aspirante, a quien, incluso, unos integrantes de su partido Alianza Verde se le “voltearon” a última hora con el objeto de darle el triunfo, por arte de las componendas de los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical y la U, al Name que nos ha tocado en suerte a los ciudadanos de hoy.

Han pasado 39 años y el Legislativo sigue atascado en el mismo apellido. ¿Cuál modernización? El Name versión presente intenta hacerle creer a Colombia que ha construido su propio reino sin apoyo barranquillero por residir en Bogotá. Nada más engañoso. Al menos, las prácticas del clientelismo ramplón de sus parientes permanecen intactas en él: escampó en el Concejo de Bogotá después de un intento fallido de regresar a la Cámara de Representantes en los 90 y le quedó gustando el refugio capitalino porque dejó allí, en calidad de sucesores, a su hermano Darío (1998-2000); a su esposa, María Clara (2001-2007), y a su hija María Clara Name Ramírez, reelegida tres veces en esa corporación local (2011-2023). Tamaño capital no se amasa así no más. Dos semanas después de la repentina votación ganadora en el Senado, la revista virtual Raya publicó una denuncia documentada con papeles oficiales de un expediente judicial que nunca se tramitó en la Fiscalía, en que el nombre de Iván Name se vincula a la compra de votos para sus reelecciones al Senado en 2018 y 2022, principalmente en Chocó (VER). Alguien diría que el número de electores de ese departamento no es significativo. No es cierto: el flamante presidente del Senado que anda de correría nacional para promocionar su loca propuesta de convertir a Colombia en un Estado de comunidades autónomas casi no logra repetir curul el año pasado: fue el último de la lista verde con credencial. Como si fuera poco, el columnista de la revista Cambio, Yohir Akerman, reveló otros documentos de la Fiscalía en los que reposan las declaraciones de miembros de la banda criminal de los Rastrojos Costeños. De acuerdo con tales testigos, la relación del presidente del Congreso con esa organización delictiva tiene que ver con la financiación de sus campañas y la compra de  votos (VER). La foto periodística del líder 2023 de la Rama Legislativa no es agradable. Gracias a los congresistas de los partidos tradicionales, que dizque protegen la institucionalidad de Colombia, nos tapamos la cara cuando alguien lo menciona.

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