José Darío Castrillón Orozco (Revista Sur)
Una campaña política en el departamento del Magdalena puso una valla con una cuenta regresiva indicando los días de Iván Duque en la presidencia, como los que faltan para el fin de una pesadilla. Buen gesto, pero, resulta más diciente el que tiene la organización Indepaz en su portal digital, donde varios contadores suman el número de líderes sociales exterminados (1295), la cifra de masacres cometidas (280), y la cantidad de firmantes del acuerdo de paz asesinados (299). Estos guarismos dan una mejor idea de lo que ha sido el régimen Duque Uribe.
Lo curioso es que cuantos menos días faltan para finalizar este infausto gobierno, más se incrementan los números de aquel contador macabro. Y a más regiones se extiende la violencia, y menos seguridad ciudadana hay; mengua la calidad de vida en Colombia, mientras las ganancias de Sarmiento Angulo se multiplican; hay menos garantías ciudadanas y muchos presos políticos; somos más pobres frente al dólar, día a día, y menos exportadores… Igualmente, las cifras que miden la aceptación general del gobierno van a la baja, mientras que el rechazo ciudadano crece. Para los que creen que lo científico es lo observable, medible, y cuantificable, el régimen Duque Uribe es científicamente un desastre.
Y lo es por el daño a las instituciones republicanas, por acosar y constreñir a la justicia; por la promoción a la impunidad de criminales desde el gobierno, mientras se hostiga y persigue a los opositores con denuncias temerarias, con artificiosos procesos judiciales y disciplinarios; por pervertir la función pública poniendo en cargos a personajes que encarnan lo contrario de la misión oficial, como violadores de Derechos Humanos, al frente de oficinas de promoción, a victimarios en atención a víctimas, o corruptos en entidades anticorrupción. Cinismo se le llama a esto en los tiempos que corren, con perdón de Diógenes de Sinope, que no era un canalla.
Desde Turbay Ayala, que ofreció reducir la corrupción a sus justas proporciones, no se presentaba tal avidez de pillaje sobre lo público como en este régimen. Tal si un cónclave de corruptos definiera que las dimensiones de la corrupción en Colombia se deben expandir como se expande el universo, en cantidades astronómicas. Acaso el único aporte de Duque Uribe que quede sea el verbo abudinear, como sinónimo de latrocinio.
Macondo no se ha caracterizado por la eficiencia de sus políticas, pero es claro que el gobierno que fenece es el de la ineficiencia programada. No pretende erradicar la pobreza, sino enriquecer más a los ya ricos; que invoca la legalidad para legalizar lo robado, o para ilegalizar a los denunciantes; que hizo ineficaces las políticas de salud deliberadamente, y propició, desde la casa de gobierno, la extensión de la pandemia del Covid-19… Y que insiste no en buscar la paz, sino acabar la que se ha logrado.
Visto desde la perspectiva ciudadana es desastre, porque desde la orilla uribista, la de los victimarios y depredadores, el resultado es el esperado, porque no buscaban salud para el pueblo, sino ganancias para los intermediarios, las EPS; no pretendían poner a funcionar el Poder Judicial, sino mantener a Uribe fuera de la cárcel; nunca se propusieron siquiera aminorar la corrupción, sino el monopolizarla… por eso necesitaban de ese personaje cantinflesco, sin pasado ni futuro, que prestara su nombre para semejantes despropósitos, y pasara el resto de su vida cobrando sueldo de expresidente, y huyendo de la justicia.
Porque acaso lo peor de un sainete de gobierno, que no realizó nada bueno, sea su política criminal.
Una digresión: En Colombia casi todo es mal nombrado, y en la prensa es muletilla obligada anteponer mal nombrado a muchas cosas, que, como todas, son nombradas arbitrariamente, pero, se llama política criminal a la que se supone es la política para combatir el crimen. Sin embargo, en el régimen chabacano Duque Uribe la política criminal sí es para promover el crimen.
La razón es sencilla, el primer objetivo de la alianza que se hace entre banqueros, industriales, políticos y militares corruptos, mafiosos y paramilitares, y hasta con los mismos políticos que firmaron los acuerdos de paz, fue destruir el proceso de paz, “volverlo trizas”, y regresar al estado de guerra. Con tal de derrotar a Gustavo Petro, hasta Santos participó de ese acuerdo, donde juntaron gustosos los dineros del GEA, Sarmiento, Gilinski, con los de la cocaína, así como los votos de los gamonales, con los constreñidos de los paramilitares, también los legalmente obtenidos con los artificiosamente adulterados en los formatos E14.
Era objetivo quebrantar el acuerdo de paz, y lo han logrado: Le incumplieron a las Farc, ellos ni cuenta se dieron y, encima, los están matando. Tampoco implementaron los puntos del acuerdo, y desfinanciaron esa implementación. Lo que no pudieron fue desmontar la arquitectura institucional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición, que comprende la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP a la que le teme el uribismo como el vampiro a la luz; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la No Repetición Civil, más conocida como Comisión de la Verdad, que graduó al padre de Roux de exorcista y al Maligno de Uribe, o a Uribe de Maligno; más la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y Razón del Conflicto Armado, que asusta al mismo grupo. Este sistema, que hace parte del Estado colombiano, ha sufrido cuatro años de ataques desde el gobierno, aunque en foros internacionales diga defenderlo, y es el fracaso más estridente de la extrema derecha que controla el gobierno.
Por eso procedieron a incendiar el país. Con complicidad oficial, ejecutan plan sicariato contra los firmantes de la paz; relanzan el paramilitarismo, y lo extienden por la geografía nacional con total impunidad, así como extienden el área cultivada de coca, y proliferan los laboratorios de procesamiento, en manos de funcionarios del gobierno. Mientras que la Fiscalía General de la Nación se ocupa en temas de peluquería, y no ve los delincuentes de su partido, ni a los que cometen las masacres, ni a los que asesinan líderes. Tampoco vio el asesinato de jóvenes que marcharon en el paro Nacional, pero sí fue operante en montajes judiciales para penalizar a quienes protestan contra el régimen.
Ni ve que se está cometiendo un genocidio contra los pueblos indígenas colombianos. Desde el Estado se genera violencia, para que el partido de gobierno venda seguridad en las elecciones.
Afortunadamente, mientras el candidato que promete cambiar esto, Gustavo Petro, llena las plazas de jóvenes, el jefe de la desvergüenza, Álvaro Uribe es abucheado donde llega con su proselitismo armado a pedir continuidad. Esa esperanza de cambio mantiene la ilusión de que algún día Colombia deje de ser un país de desecho.
24 enero, 2022
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: Eltiempo.com
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CUADERNOS DE REENCUENTRO 