El Espectador, 13 dic 2021 –

Una relatoría independiente solicitada por la alcaldesa Claudia López y organizada por Naciones Unidas concluyó que hubo graves sucesos de abuso policial y uso desmedido de la fuerza para conjurar las protestas sociales que desencadenaron la muerte de Javier Ordóñez que, además, derivaron en 14 víctimas mortales en septiembre de 2020, en Bogotá y Soacha. El Espectador conoció el informe y comparte sus conclusiones.

Una relatoría independiente solicitada por la alcaldesa Claudia López y organizada por Naciones Unidas concluyó que hubo graves sucesos de abuso policial y uso desmedido de la fuerza para conjurar las protestas sociales que desencadenaron la muerte de Javier Ordóñez que, además, derivaron en 14 víctimas mortales en septiembre de 2020, en Bogotá y Soacha. El Espectador conoció el informe y comparte sus conclusiones.

La relatoría concluyó que las autoridades políticas no tuvieron un mando efectivo sobre la Policía Nacional ni Metropolitana en las protestas de septiembre de 2020.Foto: El Espectador

Una masacre cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional y cobró las vidas de once jóvenes en Bogotá y Soacha es la conclusión de una relatoría independiente que fue solicitada por la alcaldesa Claudia López al sistema de Naciones Unidas, para establecer lo sucedido del 9 al 11 de septiembre de 2020, en el marco de las protestas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez en un caso de abuso policial. Durante seis meses, un equipo interdisciplinario de siete profesionales documentó los hechos y su balance se sintetiza en una observación: “Se requería un decidido liderazgo político y operativo en los niveles nacional y distrital fundado en los derechos para evitar su concurrencia”. Esa omisión desencadenó el estremecedor capítulo que se sintetiza en el informe.

El miércoles 9 de septiembre de 2020, la Alcaldía tenía previsto un evento de su ruta de derechos humanos. Sin embargo, desde las seis de la mañana ya circulaban las imágenes del abuso policial contra el ciudadano de 43 años Javier Ordóñez, y un alto funcionario del Distrito vaticinó de inmediato en lo que se iba a convertir ese crimen: “Era obvio que se trataba de nuestro George Floyd”. Una protesta masiva y, en respuesta, una escalada de violaciones a los derechos humanos mediante la acción violenta de agentes de la Policía encarnizados contra jóvenes de los sectores populares, “dejando ver que existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública, de la que se desprenden acciones autoritarias e ilegales en contra de los habitantes de ciertos sectores sociales”.

En un contexto de alta tensión, durante las jornadas de protestas del 9 y 10 de septiembre, según la relatoría, se documentaron siete prácticas violentas: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad. Una jornada crítica que dejó catorce asesinatos, once como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía. Otros dos asesinatos por intervención de civiles que accionaron armas de fuego contra manifestantes y terceros. Y un caso más: el de Cristian Alberto Rodríguez Cano, que no ha sido reconocido por las autoridades como víctima en el marco de las manifestaciones del 9-S.

El informe devela aspectos desconocidos de la crisis, como el retiro de 250 gestores de diálogo y convivencia del epicentro de las manifestaciones por orden de Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, invocando razones de seguridad. La fracasada misión de un contingente de mujeres policías que fue enviada al Comando de Atención Inmediata (CAI) de Villa Luz para tratar de aplacar la protesta en ebullición. Los desacuerdos de la alcaldesa con la Policía, que salieron a flote en el Comité Distrital de Derechos Humanos, que comenzó a deliberar a las seis de la tarde. Cuando el Comité terminó de sesionar, a las ocho de la noche, ya habían quemado el CAI de Villa Luz y, sin que nadie interrumpiera a la alcaldesa, en hora y media, la ciudad estaba en llamas.

La alcaldesa Claudia López dio su versión a la relatoría sobre lo que vivió ese 9 de septiembre: las interinidades de la Policía ante el Comité Distrital de Derechos Humanos para explicar lo que estaba pasando, los cambios en la cadena de mando y el descontrol en el despliegue de unidades de apoyo a varios CAI de la ciudad. Así recordó la alcaldesa López lo que empezó a constatar después de las ocho de la noche en la sede de la Mebog: “Esa noche llegaba esa solicitud para una reacción porque iban a quemar X sitio, y a los cinco minutos decían: ya lo quemaron. Nadie alcanzaba a llegar a ningún lado. Las reacciones llegaron tarde a nueve de los diez casos. Nuestro esfuerzo era despachar bomberos y ambulancias, no tener control de los policías”.

Hacia la medianoche, los reportes en las redes sociales eran inequívocos: “Nos están matando, policías disparando”. Después de acudir a múltiples lugares y escuchar reportes de los gestores desde los hospitales, hacia la una de la madrugada, en su despacho en la Alcaldía, Claudia López constató que lo acontecido era “una matazón”. Se los dijo a los integrantes de la relatoría: “Me demoré unas dos horas en la Alcaldía verificando y, a las tres de la mañana, publiqué mi indignación en un video. Dormí muy poco. Llegué destruida a la casa, desolada. Era evidente que la cifra de muertos y heridos era absurda y que habían destruido la ciudad en una noche”. Después agregó: “Yo empecé a hacer investigaciones de conflicto armado en Colombia en 2005. Pero no tengo que ir a una biblioteca para saber qué significan diez muertos y 75 heridos a bala”.

La fuerza emocional de la relatoría conocida por este diario está en los testimonios. El relato de un joven de 18 años, herido en un brazo y una pierna, que asistió a la agonía de Jáider Fonseca, su amigo de barrio, que cayó baleado cerca al parque del barrio Verbenal. La voz inédita de Manuel Acevedo, bogotano de 27 años, que acudió a la misma protesta y recibió un impacto de bala en el pectoral derecho. Después duró cinco días en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y cuando se despertó le dijeron que había quedado parapléjico por un disparo que impactó su columna vertebral. La dolorosa historia de María del Carmen Viuvche, empleada doméstica de 62 años y madre de tres hijos que murió arrollada por un bus del SITP, previamente tomado por un grupo de delincuentes en la calle 139 con avenida Cali.

En un esfuerzo por ir más allá del recuento de víctimas, destrozos, detenciones arbitrarias u omisiones judiciales, la relatoría dedica un espacio digno a las historias de vida de las catorce víctimas mortales del 9S. El joven inmigrante venezolano Anthony Estrada Espinosa, quien soñaba con su propio servicio como reparador de tecnología y encontró la muerte en Soacha por la bala que disparó un patrullero, hoy procesado por homicidio y ocultamiento de pruebas, pero amparado por el beneficio de la detención domiciliaria. Tan incierta como la muerte de Cristian Hurtado, también en Ciudad Verde, Soacha, quien salió de casa antes de las diez de la noche a ver la protesta y recibió un disparo en la cabeza. Deportista, electricista, de alma caribe. Nunca apareció su gorra ni tampoco los testigos que prometieron volver para hablar.

El informe de la relatoría resalta como un hallazgo significativo la “víctima número 14″. Cristian Rodríguez Cano, muerto en la Calle de las Flores, del barrio Engativá Pueblo, localidad de Engativá. Sin embargo, su nombre no aparece en los registros de los medios ni en los comunicados oficiales. Tenía 21 años, había prestado servicio militar y regresaba a casa después de jugar un partido de fútbol. Recibió un balazo en la cabeza y murió a las doce de la mañana del 11 de septiembre. Su familia no ha sido invitada a las reuniones organizadas por la Alcaldía ni tampoco a los encuentros programados por la Fiscalía. Ha sido excluido de los reportes porque el victimario iba de civil, en el entorno de un grupo de jóvenes que había acabado de saquear un supermercado.

De acuerdo con la relatoría independiente, del 9 al 11 de septiembre se documentaron 14 asesinatos, la lesión de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 heridos por armas cortopunzantes, 187 por otro tipo de armas y 216 policías heridos.Foto: José Vargas

Cada historia es una duda, un cuestionamiento, una pregunta, como la muerte de Julián Mauricio González Fory frente al CAI de Timiza, en la localidad de Kennedy, cuando él y un grupo de amigos tocaban tambores y cantaban arengas contra el abuso policial. Su madre, Aída Fory, de 61 años, nacida en Puerto Tejada, Cauca, sabe que su memoria de ese 9 de septiembre es de impunidad y desencanto. El día que su hijo recibió un disparo en el abdomen que le salió por la espalda. Después duró tres días y tres noches reclamando su cuerpo hasta que logró que se lo entregaran por vía de tutela. Signado al olvido porque nadie quiere saber quién lo mató. Dicen que fue un desconocido, ella pide justicia y que no se diga más que él era un vándalo, porque “trabajaba de día, estudiaba de noche y descansaba uno que otro fin de semana”.

Andrés Felipe Rodríguez tenía 23 años. Vivía en Verbenal pero trabajaba en un lavadero de autos en Chapinero. Ese 9 de septiembre, salió con unos amigos a las manifestaciones. El relato es de Tintín, nombre que la relatoría reserva por razones de seguridad. No oculta que él y Andrés estaban tirándoles piedras a la Policía. Pero súbitamente empezaron a disparar y Andrés recibió un tiro en el pecho. Tintín logró que un taxi los recogiera, pero a las dos cuadras los paró la Policía. “Bajen a ese malparido, bájelo”, fue la orden de un uniformado. Tintín obedeció, pero luego se lo echó al hombro hasta que lo llevó a una ambulancia. “Gracias Tintín, gracias socio. Me salvó la vida”. Su cadáver duró cuatro días en Medicina Legal y después se lo llevaron a Buenavista (Córdoba).

Durante dos décadas, la familia Hernández Yara vivió a tres cuadras del CAI de Verbenal, pero tras el 9 de septiembre tuvo que irse del sector por persecución de la Policía. La Personería les aconsejó irse de la localidad, solo se movieron unas cuadras. La razón fue la muerte violenta de Cristian Camilo Hernández, joven domiciliario de 26 años que murió el 9 de septiembre y la familia se dio cuenta por televisión. Su hermana Lina alcanzó a abrazarlo mientras agonizaba. Duró media hora abrazada a su cuerpo. “Deje de chillarle a ese vándalo, usted debe ser igual, unos ñeros”, decían los policías. Otro pasó y lo escupió. Cristian recibió un disparo en la frente y duró dos horas tirado en la calle. Después lo echaron en una bolsa como a un animal. El CTI de la Fiscalía argumentó que fue rápido porque tenía mucho qué hacer.

Cada historia es un agravio de intimidación y miedo. Germán Smith Puentes Valero, de 25 años, quien murió desangrado en Suba Rincón. La Fiscalía probó que el patrullero que le disparó accionó su arma 21 veces, pero lo atribuyó a una crisis nerviosa. Jáider Alexánder Fonseca tenía 17 años, fue el más joven de los asesinados. Un rebelde que según su familia merece ser recordado porque los jóvenes de Verbenal vivían intimidados por la Policía. Distinto a Lorwan Stiwen Mendoza, que administraba un restaurante popular y murió de un balazo en Ciudad Verde, Soacha, un disparo que algunos dicen salió de la azotea de la estación. Julieth Ramírez apenas llegaba a los 19 y caminaba hacia la casa de una amiga en La Gaitana cuando recibió un balazo en el corazón. Al lado de su pareja, Angie Paola Baquero murió cerca al CAI de Aures por un disparo en el estómago. Vidas cortas en el estrecho mundo de la arbitrariedad.

La muerte al azar de una bala perdida en medio de una borrasca social. En una protesta pública que no elige a sus víctimas. Como Freddy Mahecha, capítulo aparte en los contrastes de Colombia. Su hermana Valentina es patrullera de la Policía. Su abuelo fue policía, varios tíos son policías. Es una familia de la institución. “Lo que quiero saber es quién dio la orden de disparar y quiénes fueron los indolentes que le negaron auxilio a mi hijo viéndolo herido”, es el reclamo del padre. La familia Mahecha Vásquez confía en que la reparación que espera de la Policía, a la que ha servido por varias generaciones, es que reconozca que se equivocó y le diga al país “que las víctimas del 9 de septiembre no eran vándalos, sino jóvenes trabajadores llenos de sueños, como lo era Freddy”, que murió frente al CAI de Aures y no pudo convertirse en el militar que quería.

Para que los horrores no queden solo en recuerdos efímeros, la relatoría formuló recomendaciones precisas a varias instituciones para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. A la Policía le pidió un acto solemne de reconocimiento de responsabilidad y petición genuina de perdón por sus abusos, un gesto que aumentaría su legitimidad si es acompañado por el presidente de la República; al Congreso y al Gobierno, crear un programa de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la Policía; a la Alcaldía de Bogotá, una mesa de seguimiento sobre los hechos de violencia del 9 y 10 de septiembre y en, general, al Estado, acciones legales, educativas y de acompañamiento para garantizar, desde todos los frentes, el legítimo derecho a la protesta.

El documento —que consultó unas 450 fuentes de información y 91 entrevistas a testigos, autoridades, familiares de los fallecidos y expertos— insta a la Fiscalía a garantizar acceso a la justicia y bloqueo a la impunidad. No solo mediante medidas relacionadas con el impulso a los procesos investigativos pendientes, sino en la instrucción a funcionarios respecto al manejo de las manifestaciones de violencia basadas en género. El cierre del documento preparado por siete profesionales con experiencia en ciencia política, antropología, periodismo, derecho penal y derechos humanos, coordinados por Carlos Alfonso Negret, exdefensor del pueblo, implora a la Fiscalía proteger a las víctimas, los testigos y los representantes en los procesos judiciales.

Tomado de EL ESPECTADOR: https://www.elespectador.com/investigacion/fue-una-masacre-policial-relatoria-sobre-las-protestas-del-9-s-paro-nacional/

CATALINA OQUENDO Bogotá – 13 DIC 2021

El informe independiente solicitado por la alcaldesa Claudia López califica la respuesta a las protestas de septiembre de 2020 como una “masacre policial”

“No puede llamarse de otra manera”. El informe independiente de esclarecimiento apoyado por el Sistema de Naciones Unidas sobre lo ocurrido en Bogotá los días 9 y 10 de septiembre de 2020 ha dicho con todas las letras que lo que vivió la ciudad esos dos días cuando se desataron unas protestas ciudadanas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez durante un operativo por parte de agentes fue una masacre policial. “La policía nacional reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas de Bogotá y Soacha. Su actuación causó una masacre que acabó con las vidas de 11 jóvenes”, dijo Carlos Negret, ex defensor del pueblo y coordinador de la investigación.

La investigación —solicitada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López— determinó que la masacre ocurrió debido a la “ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes”. Es decir, que faltó un mayor liderazgo “político y operativo” tanto del Gobierno de Iván Duque como el de López para evitar que ocurriera. La alcaldesa se refirió al informe como “doloroso hasta el alma”. Con la voz entrecortada y entre lágrimas, López ofreció disculpas a las familias y amigos de los jóvenes asesinados. “Ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera. Todos nos equivocamos”, dijo este lunes.

La ‘Relatoría de esclarecimiento del 9S’ también alerta de que, dada la falta de avance en las investigaciones, no es posible garantizar que no se repita. “A 15 meses de la ocurrencia de los hechos, los avances son residuales y si bien no es posible aseverar que se encuentran en la impunidad, hacia allá transitarán si no se adoptan medidas urgentes”, concluye el informe.

Los investigadores documentaron 14 asesinatos en el contexto de las protestas, incluido el de Ordóñez, de los cuales 11 habrían sido a manos de agentes de la Policía, en lo que consideraron “uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos en la historia de la ciudad”. El informe advierte también que otros dos asesinatos ocurrieron por personas vestidas de civil que dispararon contra manifestantes.

Pero la masacre pudo ser mayor. La investigación documentó también que 75 personas resultaron heridas por arma de fuego, 187 por armas cortopunzantes, así como las heridas contra 216 agentes de la Policía. En total, dice el documento, se encontraron siete prácticas violentas en el contexto de las manifestaciones: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.

Juliette de Riveros, Representante de la Alta Comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que el objetivo del informe “no es desacreditar a la policía, ni ensuciar su imagen, por el contrario el objetivo es restaurar la confianza, utilizando la verdad”. “Se plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y en la Policía”, dijo Riveros pero dijo que es necesario hacer investigaciones rápidas y creíbles, sanciones inequívocas contra quienes abusaron, reconociendo la verdad y a las víctimas y haciendo ajustes doctrinales necesarios a la Policía.

TOMADO DE:

9S: Una investigación de la ONU concluye que la policía colombiana mató a 11 jóvenes en las protestas de Bogotá | Internacional | EL PAÍS (elpais.com)

Por: Ricardo Robledo  

Una de las cosas difíciles de entender, por lo paradójico y casi ridículo, es por qué los seres humanos, a lo largo de la historia, no se han podido dedicar a vivir bien y ser felices. La profundización en el análisis de esta condición, lleva a ver la complejidad de lo social.   

Pero lo más grave es cuando se capta que un grupo de personas, no les reconocen a los otros el derecho a la vida digna, el derecho al pleno disfrute de la existencia; es más, ni siquiera les reconocen el derecho a la vida.    

Lo primero que hacen los opresores, es deshumanizar al oprimido, despojarlo de su condición humana y sobre esta artimaña construyen las teorías que justifican sus acciones que subyugan a sus semejantes. Por eso, los invasores de Abya Yala, dijeron que sus habitantes, indígenas, carecían de alma; de la misma forma, los cruzados calificaron a los árabes de paganos. Todavía queda la costumbre de identificar al Ser humano como igual a “cristiano”; “por aquí hay huellas de cristiano”, se dice cuando se aprecia algún rastro de personas. Y establecidas esas circunstancias y calificativos, se obtiene licencia para matar al que es visto como inferior.   

Pero todo el que califica, fija unas líneas de referencia a las que es necesario escudriñarles su pertinencia, subjetividad y psicopatía. Desde una visión humanista, no es malo ser indio, pagano o diferente; porque si de crueldades se trata, la maldad está del otro lado.   

De la misma forma, si se mira la relación de los animales con la naturaleza, el tratar de degradar con el calificativo de animal, se vuelve muy desacertado. Las tribus milenarias –de donde provenimos todos- se han pintado el rostro para semejarse a alguno de ellos y adquirir sus destrezas; también los invocan en sus ritos. Dicen que algo tan grande y trascendental como el yoga, surgió de la observación de los animales.   

Y de estas identidades está llena la historia y la vida diaria; se ha tenido a Ricardo Corazón de León, al Lobo Estepario, al Lobo del Desierto; si una persona es muy astuta, se le dice que es un zorro o un águila; si es muy trabajador, que es una mula o una hormiguita; si es muy fuerte, es un toro o un caballo; a un buen arquero de fútbol o al que es muy ágil, se le dice que es un gato; también hay gaticas; el que cobra una deuda, es una culebra; el que tiene sus destrezas para trabajar, es un perro; una persona alta, es una jirafa; un negocio que da plata todos los días, es una vaquita lechera. Mejor ni hablar de las cucarachas ni de las sardinas. ¿Entendiste tigre o sos un delfín?   

Detrás de este calificativo hay arrogancia y desprecio por la naturaleza y sus seres vivos, lo cual es muy bajo si procede de alguien a quien, seres tan honrados, lo han hecho enriquecer.   

El mismo humano es un animal, de la especie homo sapiens, para más claridad; aunque a veces actúe como bobo sapiens. Hay personas que en lugar de glorificar y elevar su existencia, se dedican a degradarse.  

Cuando visité a panaca, tuve la sensación de que estaban cobrando por visitar la finca de alguien muy zorro, que ha vivido de los animales de todo tipo, incluidos los sapiens. Es la ley de la selva. Con razón Marx dijo que estamos viviendo la prehistoria de lo humano.   

Así es muy difícil que muchos entiendan la trascendencia política y humana de un Pacto Histórico por Colombia y por la naturaleza.   

 Diciembre 13 de 2021  

Los países de la ONU confirman credenciales de los representantes de Maduro

Este contenido fue publicado el 06 diciembre 2021 – 23:2106 diciembre 2021 – 23:21

Naciones Unidas, 6 dic (EFE).- La Asamblea General de la ONU aprobó este lunes una resolución que confirma las credenciales recibidas este año por parte de los distintos Estados miembros, incluidas las de los diplomáticos designados por el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

El texto, habitualmente un mero trámite, fue respaldado por el plenario de este órgano, en el que se sientan los 193 Estados miembros de Naciones Unidas.

La delegación de Maduro ha sido en todo momento la que ha representado a Venezuela ante la ONU durante la crisis en el país, a pesar de que casi 60 Gobiernos reconocen como presidente interino al opositor Juan Guaidó.

Pese a la aprobación de la resolución, Colombia, que habló en nombre de 14 países más, subrayó que esto «no debería ser interpretado como un reconocimiento tácito de nuestros países a Nicolás Maduro o sus representantes designados en esta asamblea».

En concreto, Colombia expresaba también la opinión de Australia, Brasil, Canadá, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Georgia, Guatemala, Honduras, las Islas Marshall, Israel, Paraguay, Reino Unido y Corea del Sur.

Sin embargo, el embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, interpretó precisamente así la aprobación de la resolución, que no abordaba únicamente las credenciales venezolanas.

«Agradecemos a los estados miembros de esta asamblea por aceptar nuestras credenciales rechazando las agresiones coloniales contra nuestro país y reconociendo la voluntad de nuestro pueblo», afirmó Moncada en la Asamblea General de la ONU.

Con la resolución, presentada por la embajadora de Suecia ante la ONU, Anne Enestrom, presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea General, también se confirmó el aplazamiento de la decisión en torno a la acreditación de los talibanes al frente del gobierno de Afganistán, así como el de la junta militar de Myanmar. EFE

TOMADO DE:

https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-crisis_los-países-de-la-onu-confirman-credenciales-de-los-representantes-de-maduro/47170406