ESTADO DE SITIO A LOS HAMBRIENTOS
Por Quintin Mina
La política de seguridad nacional nunca se desmontó en América latina, el Estatuto de Seguridad se cambió por Seguridad Democrática, continúa y continuará en Colombia, como continúan el Hambre y la pobreza, la deseducación y la enfermedad perenne, -hoy llamada Coronavirus- las puertas de la despensa y bodega de recursos naturales y materias primas llamada Colombia, siguen abiertas y despachando para el norte, mientras las ratas pseudo-políticas corroen y pudren todo lo poco que queda para el pueblo; nunca debimos aceptar al Estado oligárquico y mafioso como una democracia; desde los años 40 del siglo pasado, el pacto oligárquico ha gobernado dentro de los parámetros del fascismo, utilizando la doctrina de Seguridad Nacional con la política criminal del Enemigo Interno, inventada e impuesta por el imperio norteamericano en los 60.
Hoy asistimos al desenmascaramiento total del talante fascista del Estado colombiano, cuando, como siempre, este ha respondido a la protesta de los sectores populares, masacrando, torturando, desapareciendo a los jóvenes participantes de las movilizaciones del Paro Nacional contra las políticas de despojo y sometimiento que pretenden reducir la calidad de vida y los recursos indispensables para la subsistencia digna de las comunidades más empobrecidas, contra lo poco que queda de la clase media colombiana. Esa Reforma Tributaria –“retirada”- y la consecuente renuncia del ministro de Hacienda Carrasquilla por la fuerte presión ejercida por el pueblo mediante la movilización masiva, es parte un paquetazo impuesto por el FMI y el BM por los prestamos por más de 20.000 millones de dólares asignados supuestamente para paliar la pandemia, comprar medicamentos y vacunas y reactivar la economía-. La reforma a la salud, dirigida a suprimir totalmente el derecho a la salud de los estratos 1, 2 y 3 que está en trámite legislativo también será denunciada y combatida pacíficamente en las calles. Esa por ahora frustrada reforma, es totalmente opuesta a las condiciones y necesidades de la población que ha estado encarcelada en sus casas por más de un año, muchos sin trabajo ni generación de ingresos, en el caso de pequeños y medianos empresarios, que cerraron sus negocios en la total quiebra
El Ejército Nacional y la Policía Nacional con su escuadrón de operaciones especiales –ESMAD- arremetieron contra el “enemigo interno” desde el 28 de abril para contenerlo y reducirlo y en lo posible exterminarlo, utilizando táctica y estrategia de guerra con armas letales – como si los manifestantes fueran soldados de otro país-; este despliegue militar obedece a las ordenes emitidas por su jefe y líder patriarcal Alvaro Uribe Vélez, el dictador genocida que no está en la sombra; el comandante del ejército dio el primer parte de guerra informando que sus hombres ya se estaban movilizando y tomando posiciones frente a los enemigos –alrededor de cinco millones distribuidos en todo el país- lo mismo dice el ministro de guerra Molano, este último hace un llamado a la sociedad para que denuncie y combata a esos “vándalos” y “delincuentes”; sin embargo, ninguno de estos señores de la guerra informó sobre las cifras reales de bajas enemigas, ni sobre desmanes de la tal “fuerza pública”. El ejército y la policía perdieron la poca credibilidad que tenían, pues los altos mandos politicomilitares –militares politizados- enfrentaron el pueblo armado y obediente al pueblo digno y desarmados, que son el mismo pueblo. En ningún momento el gobierno invocó a la Constitución Política de Colombia, ni el Derecho internacional Humanitario, ni las funciones legales de las Fuerzas Armadas y la policía– artículos 217- 218- para frenar la protesta social estigmatizada y criminalizada por el gobierno y los medios oficiales, quienes entonan la sinfonía uribista-fascista. Todo ese movimiento de tropas y de artillería terrestre y aérea por proteger y acrecentar la riqueza de los multibillonarios, de los funcionarios corruptos de todos los poderes del Estado y del capital mafioso corporativo internacional, a costilla del pueblo.
El país viene conmovido desde noviembre de 2019 (Paro Nacional), por la reforma tributaria de ese año, que también debería desmontarse para recuperar recursos para mitigar las consecuencias de la crisis económica y sanitaria; a pesar de la “pandemia” la movilización popular estuvo presente en las calles en 2020, contra las medidas dictatoriales del títere Iván Duque dentro de la dinámica del Paro Nacional, autoconvocándose y autodirigiendose alegre y culturalmente como lo hace hoy.
27 es el número de muertos en cuatro días de paro (incluidos 2 de la fuerza pública), más de 200 heridos, entre estos algunos de la fuerza pública, 10 violaciones de mujeres por policía y ESMAD, más de 500 detenidos, un número indeterminado de desaparecidos y torturados en todo el país, todos jóvenes en su mayoría de los estratos 1, 2 y 3 en más de 10 ciudades capitales y muchos municipios del país, reportados por la ONG Temblores; la mayoría de muertos y heridos son de las ciudades de Cali y Palmira, donde se pasó del agua a presión y el gas a la bala de fusil, a la tortura y el amedrentamiento, a allanamientos ilegales, a la toma de algunas residencias como cuarteles del ESMAD, a la mutilación visual de más de 13 jóvenes por francotiradores de la Fuerza Pública; también 44 defensores de Derechos Humanos fueron agredidos y los abusos policiales y del ejército llegó a 375 en todo el país. En ningún momento se aplicó el principio de proporcionalidad, característica fundamental del Estado.
Estamos aprendiendo de la movilización, de la lucha directa de los sectores populares, en la identificación y el tratamiento de sus enemigos y de las posibilidades de construcción de un mejor país, pues en estas movilizaciones floreció la solidaridad popular, sectores de clase media, inclusive alta, saludaban a los manifestantes, y algunos salieron de sus apartamentos a acompañar las marcha en ciudades como Bogotá Cali, Medellín entre otras, los indígenas hicieron efectiva presencia en estas ciudades, dándonos una lección de coherencia y fortaleza, movilizándose por carreteras, igual hicieron las comunidades negras, las mujeres, los artistas, los LGTBI, los trabajadores del campo y la ciudad y los camioneros que se sumaron en defensa de sus ingresos, pues la reforma pretende la creación de cientos de peajes en carreteras y ciudades, además del aumento en los precios de los combustibles, los alimentos y hasta los entierros.
Mientras no hayan cambios estructurales en la economía y la sociedad, en la política a favor del pueblo, el Estado seguirá siendo el depredador y represor de los pueblos, especialmente el colombiano; por lo que este tipo de luchas no son suficientes para cambiar nuestra realidad, hace falta construir otras formas de autogobierno, nuevas y mejores prácticas de producir nuestros propios bienes y servicios, mas comunitarios, más solidarios, una educación propia, científica, una justicia una cosmovisión fundada en la solidaridad, el respeto y la compasión, una economía propia con aplicación tecnológica de acuerdo a las necesidades y capacidades respetando la integralidad humana y de la naturaleza, en cooperación e intercambios con los pueblos latinoamericanos y del mundo; cambios necesarios en nuestras comunidades, en territorios rurales y urbanos y en el país, siempre sin dejar de confrontar al Estado por nuestros derechos constitucionales, consuetudinarios y universales, colectivos e individuales, pues somos contribuyentes y continuamos viviendo dentro de este sistema oprobioso y criminal
Mayo 3 de 2021
CUADERNOS DE REENCUENTRO 