https://youtu.be/nU6hElmGY2Y

https://drive.google.com/file/d/1qUvcC6UvgI8WR2Z7JgFZgdhMC_XE97Wj/view?usp=sharing

Vi a una chica ser arrastrada hasta una estación para luego ser golpeada por varios policías. 

Vi a un joven ser estrangulado por un policía hasta caer muerto, asesinado.

Vi a un chico de la primera línea caer inconsciente tras el disparo por la espalda hecho por un miembro del ESMAD.

Vi el post lleno de impotencia de una chica antes de suicidarse, horas después de haber sido abusada sexualmente por varios policías.

Vi a dos chicos, uno de maleta morada, otro de tenis rojos, ser capturados por la policía en una marcha, para días después encontrar sus cuerpos sin vida tirados en una zanja.

Vi a un policía del ESMAD tirando al piso a un joven manifestante de una patada y luego disparar su arma “no letal” a quemarropa.

Vi las caras de decenas de manifestantes que perdieron sus ojos por balas maliciosamente dirigidas a su cara.

Vi a una de ellas regresar a las marchas, para seguir resistiendo, con su cara mutilada.

Vi a un grupo de policías, en un oscuro callejón, linchar a un hombre y luego asesinarlo con varios disparos.

Vi los cuerpos de desaparecidos flotando en el río siendo devorados por gallinazos.

Vi a un chico lleno de rabia pateando una moto de un policía.

Vi al policía que conducía la moto asesinarlo por la espalda.

Vi un periódico que dijo que el chico murió tras un disparo.

Vi los cuerpos de decenas de manifestantes desangrarse en la mitad de la vía, en medio de gases lacrimógenos.

Vi a los miembros de la policía ingresar cajas extrañas antes de que se activara la explosión que dejo en ruinas un viejo hotel en medio de una ciudad.

Vi a un joven comerciante caer abatido luego de recibir una “bala perdida” de la policía.

Vi a un alcalde invitar públicamente a grupos paramilitares a controlar a sus ciudadanos.

Vi a hombres en camionetas blancas disparar indiscriminadamente a otros ciudadanos desarmados.

Vi a esos hombres en camionetas blancas ser protegidos por la policía.

Vi a la policía disparando hacia nuestras casas.

Vi a los militares entrando en nuestras ciudades.

Vi helicópteros disparando sobre barrios residenciales.

Vi a la gente de bien linchar miembros de organismos de derechos humanos.

Vi a un muchacho que atravesaba la calle desprevenido siendo impactado por otra de esas balas no letales del ESMAD.

Vi los cientos de casquillos de balas de dotación de la policía desperdigados en las calles.

Vi policías en barrios residenciales disparando rifles de asalto contra personas indefensas.

Vi a cuatro policías torturar a un hombre en medio de un potrero.

Vi hombres en camionetas blancas disparando a manifestantes a plena luz del día. 

Vi a la guardia indígena detener a una de esas camionetas, para luego encontrar que ella pertenecía a una institución del Estado.

Vi los cartuchos de municiones antidisturbios de la policía vencidas, tiradas en las calles en donde hubo manifestaciones.

Vi las tanquetas disparando cientos de municiones que parecían juegos pirotécnicos a multitudes pacíficas.

Vi a los miembros del ESMAD felices dirigiendo su nuevo juguete, llamado venon, directamente hacia la población civil.

Vi a un joven que bailaba, pedía paz, abrazaba policías y les regalaba flores. Horas más tarde recibió ocho balazos disparados desde una camioneta blanca.

Vi videos de la gente de bien burlándose de este joven por ser demasiado viejo para estar en la universidad. Vi órdenes médicas ser agredidas por la policía.

Vi a la policía dotando de armas a infiltrados.

Vi gente que nada tenía que ver con las protestas iniciando incendios.

Vi que luego esos incendios se le atribuían a los manifestantes.

Vi a la gente con rabia incendiar una estación de policía en el que se cometió un crimen atroz.

Vi a muchos llorar el fuego y no el crimen.

Vi a el cuerpo de un joven defensor de derechos humanos tendido en el piso, sin vida, tras ser asesinado por el ESMAD usando sus armas en contra de toda reglamentación del derecho internacional humanitario.

Vi los carteles de personas buscando a sus familiares desaparecidos.

Vi a un joven enviar un mensaje clandestino, pidiendo ayuda, mientras la policía tomaba un descanso de las torturas que le aplicaban. 

También

Vi a un almacén de cadena premiar a los autores de estos crímenes.

Vi al presidente hablar en inglés.

Vi a un noticiero sugerir que los indígenas no son ciudadanos.

O que los ciudadanos son paramilitares.

Vi al congreso tratando de ascender a uno de los que dio estas órdenes.

Vi a un periódico aliado decir que los muertos eran víctimas del paro.

Vi a un dirigente hacer un acto de contrición y pocas horas después enviar la policía a masacrar manifestantes.

Vi a decenas de políticos señalando hacia otro lado después de dar ordenes a la policía.

Vi los tuits de un hombre que no se resigna a perder el poder, pidiéndole a las fuerzas armadas que disparen contra la población desarmada.

Vi a hombres estudiosos decir que víctimas y victimarios eran la misma cosa.

Vi rectores de universidades mostrándose orgullosos de su neutralidad.

Vi medios tratando de envilecer las marchas.

Vi idiotas iluminados queriendo convencerme, con doctrinas científicas dudosas, de que todo lo que vi no es más que un error de percepción, producto de una mente gustosa de las teorías de la conspiración.

Vi periodistas que al cubrir las manifestaciones no veían muertos, violaciones y abusos, sino solamente vidrios rotos.

Vi a una congresista diciendo que dejáramos de llorar “por un ojo”, que todo esto solo era una exageración.

Vi esto, y muchas cosas más que no logro poner en palabras, en tan solo un mes de protestas.

Estoy seguro de que mucho peor es todo lo que no vi.» 

Jerónimo Atehortua Arteaga

Tomado de Nechy Montana, en Facebook

30 MAY 20210ACTUALIDAD, DESTACADO, PROCESO NACIONALES

Comunicado del Comité Nacional Paro

CON MILITARIZACIÓN Y VIOLENCIA EL GOBIERNO
NACIONAL BLOQUEA LA NEGOCIACIÓN

A 32 días de haber iniciado las protestas masivas, en todo el país, en las que las y los colombianos urgen la solución a las necesidades que nos aquejan y exigimos vías democráticas para ser escuchados, el gobierno nacional sigue haciéndose el de los oídos sordos. A la fecha no ha querido establecer un proceso de negociación con los sectores sociales que aglutinan parte de las peticiones que se gritan en las calles. Se mantiene en silencio no solo frente a los válidos reclamos ciudadanos, sino que dilata de manera inconsecuente la firma de un acuerdo básico de garantías que abra el camino para instalar mesas de negociación, como forma razonable de abrir espacio a escuchar y resolver las justas razones de las movilizaciones.

El gobierno nacional ha priorizado los discursos de odio y declaraciones estigmatizantes y el tratamiento militar contra quienes ejercemos el legítimo derecho a la protesta. Los miles de detenidos, los cientos de heridos, de ellos 51 con lesiones oculares y los más de 70 personas asesinadas, 14 de ellas en la noche del viernes en Cali, por la policía y por personas vestidas de civil que acompañan a efectivos de policía, dan cuenta del horror desatado, inadmisible en cualquier Estado democrático. Igualmente, el Presidente de la República y el gobierno siguen guardando un silencio cómplice con el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, el ESMAD, al igual que el ataque de grupos civiles que actúan al lado de agentes estatales en contra de quienes ejercemos el derecho a la protesta.

En los últimos dos días, la simulada voluntad de negociación del gobierno nacional, resultado de la contundencia de la protesta social y de la presión internacional, se desvaneció por completo, son múltiples y nítidas sus expresiones: el Ministro del Interior desautorizó a dos viceministros que habían ya firmado un acuerdo para aliviar el corte de vía en Buenaventura, en una alocución desde Cali el Presidente anuncia el más grande despliegue militar en el sur occidente, el Ministro de Justicia Wilson Ruiz, afirma que se trata de una estrategia de difamación contra el Estado colombiano y que las muertes de manifestantes han sido en incidentes aislados como riñas callejeras, hurtos, etc., y el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila señala en una entrevista que los bloqueos son ilegales y deben ser levantados de manera inmediata para poder iniciar una negociación.

El viernes al final de la noche el país conoce el decreto 575, que impone asistencia militar a 8 gobernadores y 13 alcaldes. Se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado. Al respecto son muy esclarecedoras las últimas declaraciones de la CIDH “Reitera las obligaciones internacionales del Estado en seguridad interna, y los estándares interamericanos que disponen que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”, y “Los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

El escalamiento de las medidas militares y policivas agravan la ya muy delicada situación de derechos humanos, se bloquea, se malogra y se desperdician los esfuerzos realizados para iniciar la negociación, prolongando innecesariamente y a altísimos costos, una solución, que en todo caso será a través de una negociación.

Después de seis días, en la madrugada de hoy el gobierno nacional nos envió observaciones y ajustes al preacuerdo de garantías de protesta que habíamos logrado cerrar después de 9 días de exploración y concertación el pasado lunes 24 de mayo. Con los “ajustes” el gobierno pretende que iniciemos de nuevo la discusión, saca temas cruciales en los que teníamos acuerdo como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, la excepcionalidad y los límites para la intervención del ESMAD, la apertura de un debate sobre la reforma de la Policía, el uso de instrumentos del acuerdo de paz para avanzar en la solución de este conflicto, las declaraciones condenando las violaciones de derechos humanos y la estigmatización en las protestas y la comisión de garantías que realizaría seguimiento al acuerdo, entre otras. Además, incorporan una exigencia al Comité Nacional de Paro, para que condenemos y criminalicemos los cortes temporales de vías, o mal llamados “bloqueos”, desconociendo la postura que hemos hecho pública y las decisiones que se han tomado en varios territorios de reorientar los cortes de vías.

No se trata de ajustes en la redacción como habían anunciado, se trata de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad de la negociación. Es importante recordar que en la comisión del gobierno encabezada por el comisionado de paz participaron los ministros de trabajo, vivienda y del interior, consejería de derechos humanos, la subdirección de planeación, funcionarios del ministerio de defensa y la Policía Nacional y una gran cantidad de asesores de varios ministerios, y que cada palabra, cada renglón y cada párrafo acordado fue intensamente discutido y consultado por ellos. Lo que nos lleva a concluir que la pretendida voluntad para negociar que expresaba el anterior comisionado de paz ya no existe en el gobierno nacional y que se ha impuesto una política de guerra contra el Paro Nacional.

Todo esto coincide con las declaraciones del expresidente Uribe en una entrevista a un periódico español donde señala que al Presidente Duque le falta firmeza en el manejo del paro y con la declaración del partido de gobierno, el Centro Democrático, donde solicitan militarización y rechazan cualquier negociación con el Comité Nacional de Paro.

El Comité Nacional de Paro, coincide y agradece las declaraciones del representante especial de Secretario General de la ONU, cuando señala “la necesidad de fortalecer el diálogo como instrumento fundamental para resolver los conflictos”, y la declaración de 17 embajadores de la Unión Europea manifiestan “respaldamos el diálogo y la negociación como la única vía para una salida sostenible a la crisis”. Igualmente nos alegra y acompañamos a los gobernadores y alcaldes que han manifestado su rechazo al decreto 575 y el anuncio de continuar buscando la vía del diálogo.

Tenemos la convicción de que en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho podremos resolver este conflicto mediante el diálogo y la negociación y exigimos que se firme el preacuerdo de garantías logrado el 24 de mayo, al gobierno nacional y a quienes acompañan este proceso de interlocución, Monseñor Héctor Fabio Henao de la Conferencia Episcopal, a Carlos Ruiz Massieu jefe de la Misión de Verificación de la ONU, y Julieth de Rivero jefa en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, personas e instituciones que han venido acompañando este proceso.

El Paro Nacional continua, y por ello convocaremos a realizar las más grandes organizadas y pacíficas movilizaciones de nuestra historia, a impulsar un gran diálogo con la juventud y la sociedad sobre las agendas de cambio que la ciudadanía está exigiendo en las calles y a convocar a una cumbre social y política en defensa de la democracia.

¡¡¡A PARAR PARA AVANZAR!!! ¡¡¡VIVA EL PARO NACIONAL!!!

COMITÉ NACIONAL DE PARO Bogotá, 30 de mayo de 2021

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