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ECUADOR. DEBATE PRESIDENCIAL: ANDRES ARAUZ vs GUILLERMO LASSO

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El Estado colombiano revictimiza e impide el acceso a la justicia para Jineth Bedoya Lima

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Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP

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 Lunes, 15 March 2021 15:36

El Estado colombiano revictimiza e impide el acceso a la justicia para Jineth Bedoya Lima

Foto: César Rojas Ángel

Este lunes 15 de marzo comenzó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del proceso en el cual se determinará la responsabilidad del Estado en los hechos de amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000. Durante la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, señaló la presunta falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la presidenta de la Corte IDH y anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, debido a una supuesta falta de garantías procesales. El Estado tomó la decisión de retirarse de la audiencia y, además, la testigo ofrecida por el Estado no compareció a rendir su declaración.

Para Colombia, las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de la víctima. Ante esto, CEJIL y la FLIP,  representantes de Jineth Bedoya Lima, sostenemos que los comentarios de los magistrados fueron dignificantes y oportunos en la medida que acababan de escuchar el valiente testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos, pero de ninguna manera prejuzgaron sobre la responsabilidad del Estado, tal y como alega la defensa. 

Precisamente, es facultad y deber de los jueces indagar sobre los hechos objeto del litigio, es decir, aquellos que fundamentan el caso como el contexto para comprender su alcance y las medidas que para la víctima pueden significar la reparación. En su testimonio, Jineth Bedoya contestó a preguntas relacionadas con el objeto de su declaración tal como fue aprobado por la Corte. Esto incluye: su labor periodística y las investigaciones que llevaba a cabo en la época de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal ante esta situación. De igual forma, la periodista narró los hechos del 25 de mayo del 2000 y el impacto que estos tuvieron en su vida desde entonces hasta la fecha. 

En su declaración, Jineth señaló que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual. También entregó detalles de cómo los perpetradores justificaron que estas agresiones eran un escarmiento contra sus denuncias periodísticas. Además, mencionó los numerosos indicios de la responsabilidad de agentes estatales sobre los hechos, que han sido ignorados en la investigación a nivel interno. Del mismo modo, Jineth cuestionó la revictimización que debió afrontar al ser llamada doce veces a declarar sobre el ataque sexual. Esto último fue reconocido por parte del agente del Estado en la audiencia pública. 

Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia. El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte.

Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla.

Los representantes de las víctimas instamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y tenga un componente reparador, independientemente del posterior fallo.

https://flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2687-el-estado-colombiano-revictimiza-e-impide-el-acceso-a-la-justicia-para-jineth-bedoya-lima

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La estrategia del caracol

Publicado el 21 marzo, 2021| Deja un comentario

 Por: Ricardo Robledo  

Se hace referencia a la famosa película en la que se le pide a los inquilinos que entreguen la casa y la dejen pintada; entonces, deciden llevarse todo, hasta los adobes y, en el último muro que queda, pintan una casa con el letrero: “Ahí les queda su casa pintada”. Algo parecido ocurre en la política colombiana.  

A primera vista, no interesa si una sobrina de la reina de la coca, se enriqueció negociando con memo el fantasma; pero lo que sí queda muy claro es que no se quiere que nos gobierne. (No tiene por qué ser así). Lo primero no se puede evitar como ciudadano; lo segundo, sí.  

El negocio del narcotráfico no se legaliza porque deja de ser precisamente “negocio”. En un marco legal habría que pagar al estado, quien actúa como socio principal de todas las empresas, hasta un 37% de impuestos, con IVA más parafiscales; una buena tajada. Es decir, se tendrían que repartir esas ganancias con el resto de la sociedad, ya que teóricamente, el estado es su representante.  

Por eso, el narcotráfico sigue siendo ilícito y protegido, bajo cuerda, por los gobernantes. Para la muestra, a una persona que se le encuentran en su finca varios laboratorios de coca, se le mantiene como “embajador”, no propiamente diplomático, pero sí cubierto con sus prerrogativas.  

Comercio tan ilícito, como la esclavitud, el tráfico de órganos, la trata de blancas, la colonización, el apartheid, la invasión a países, el asedio a la heroica Palestina, el bloqueo a países, la organización mundial del comercio, la deuda externa, el interés bancario, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición de personas, el desplazamiento forzado de campesinos, la represión brutal; o sea, tan ilícito y muy rentable, como el capitalismo.  

Así que mejor que pagar al estado, es más ventajoso y práctico, tomárselo, usar los recursos y privilegios de éste, a la vez que se tapan las fechorías. Como el caracol, se esconden en su caparazón y caminan con él, sobre la baba social que expelen sus periodistas.  

No aportan directamente al estado, pero lo usufructúan. Se venden, al menor postor, las empresas estatales, que son de todos los colombianos. Es el caso presente de ISA. Es como si se alquilara una casa y el inquilino decide, por cuenta propia, vender las puertas y ventanas, con el pretexto de comprar pintura para mejorar el inmueble; pero si se investiga un poco más, se encuentra que las está vendiendo regaladas para la finca de un amigo suyo, que es su socio.    

No es de extrañar que, desde el gobierno, se violen leyes, se nombren funcionarios de bolsillo en entes de control y se expidan articulitos de emergencia, hasta dejar a la sociedad como un remedo de República democrática. Las Constituciones, en las sociedades de clase, siempre tienen un carácter nominal, como Contrato Social. La ley es para los de ruana.  

 Tal como dicen los grandes clásicos, hay hechos que se suceden primero como comedia y luego, como tragedia; así el inquilino de la casa de nari, le dice a la sociedad colombiana: “Ahí les queda su hijueputa constitución pintada”.  

Marzo 20 de 2021  

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