Archivo diario: 23 febrero, 2021

Situación de los derechos humanos en Colombia

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos

Resumen
En el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evalúa la situación de los derechos humanos en Colombia en 2020, con énfasis en la seguridad y los derechos humanos, el espacio cívico, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo en el contexto de la pandemia del COVID-19. Asimismo, evalúa la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. En el informe, la Alta Comisionada presenta recomendaciones para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

I. Introducción

1. El presente informe analiza la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Como lo señala el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP)1, el informe examina la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz relacionados con la justicia transicional, las garantías de seguridad, la reforma rural integral y los derechos de las víctimas.
2. Durante 2020, hubo un impacto de la pandemia del COVID-19 en las actividades de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). No obstante, se mantuvieron las labores de seguimiento a la situación de derechos humanos a fin de brindar asistencia técnica a una gran variedad de entidades estatales en el ámbito nacional, departamental y municipal. Se realizaron 183 misiones al terreno y 798 actividades de fortalecimiento de capacidades con instituciones del Estado y la sociedad civil. El ACNUDH también colaboró con los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
   II. Contexto
3. En respuesta a la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Colombia emitió dos decretos, uno en marzo y otro en mayo, declarando el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional2. El aislamiento preventivo decretado para enfrentar la crisis sanitaria tuvo un impacto en los derechos al trabajo, a un nivel de vida adecuado y a la educación. La emergencia sanitaria afectó de manera particular a las poblaciones que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres y la población rural, afrodescendiente e indígena, agudizando las desigualdades sociales.
4. El ACNUDH valora las medidas adoptadas por el Estado colombiano para incorporar un enfoque basado en derechos humanos en su respuesta a la pandemia, reflejado en varios informes presentados por el Gobierno.3 El ACNUDH también valora los esfuerzos sostenidos del Gobierno para afrontar el ingreso de cerca de 1,8 millones de migrantes venezolanos desde 2015.
5. Colombia continúa enfrentando violencia endémica, a pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año anterior, al pasar de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2020. En varias partes del país hubo una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no-estatales y grupos criminales. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) respondió al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas del 23 de marzo a un cese al fuego global, pero solo por un mes. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes reportada por la Policía Nacional es particularmente alarmante en los departamentos de Cauca (53,71), Chocó (54,31), Putumayo (42,8) y Valle de Cauca (45,17).

6. La ausencia de una presencia integral del Estado, en estas regiones del país, limita la capacidad del Estado de cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación. El ACNUDH observó que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos ocurrió principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan la violencia endémica.
7. La iniciativa del Gobierno de crear cinco “Zonas Estratégicas de Intervención Integral”4 ha buscado iniciar el establecimiento de una presencia integral del Estado en esas zonas. El despliegue de instituciones y autoridades civiles es crucial para la prevención de la violencia y la expansión de las garantías de derechos humanos.
8. En 2020, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) continuó avanzando significativamente. No obstante, al ACNUDH le preocupan la persistencia de pronunciamientos públicos que cuestionan la idoneidad de las instituciones del Sistema Integral y sus funcionarios, y los proyectos de ley para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
   III. Seguridad y derechos humanos
   A. Situación de seguridad y de derechos humanos
9. En 2020, el ACNUDH documentó 76 masacres5, que implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes. Otros cinco casos adicionales continúan siendo documentados. En el 66 por ciento de los casos, los presuntos perpetradores eran grupos criminales. Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62 por ciento de estos hechos. El Gobierno informó al ACNUDH que estableció una unidad espacial para coordinar la respuesta estatal a estos casos.
10. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) verificó también el asesinato de 73 antiguos integrantes de las FARC-EP, para un total de 248 homicidios de este tipo desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 20166. El 17 de agosto, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación emitieron un comunicado conjunto7 expresando su preocupación por las masacres y la persistencia de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP.

11. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios8, la violencia habría causado 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, el 76 por ciento de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño. Según la misma fuente, 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales.
12. Preocupa al ACNUDH la falta de avance en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (prevista en el Acuerdo de Paz9). A pesar de haber convocado reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (encargada en virtud del Acuerdo de Paz de desarrollar esta política)10, hasta la fecha el Gobierno y los actores de la sociedad civil representados en esta entidad no han logrado acordar una política. El Gobierno propuso que las políticas públicas existentes eran suficientes, mientras que la sociedad civil elaboró y presentó una nueva propuesta de “Lineamientos de política pública para el desmantelamiento de los grupos criminales objeto del Decreto 154 de 2017” 11 para ser considerada por la Comisión.
13. La implementación efectiva del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo aportaría sustancialmente a la prevención de la violencia. A pesar de los riesgos identificados por la Defensoría del Pueblo, varias masacres y homicidios fueron cometidos en 2020. El ACNUDH reitera la importancia de la Comisión Interinstitucional establecida por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en 2020, para dar seguimiento a la respuesta a las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas, y reitera su compromiso de continuar asesorando al Estado para la coordinación de una respuesta de mayor impacto.
    B. Violaciones por parte de la fuerza pública y las autoridades penitenciarias
14. El ACNUDH saluda el diálogo con el Ministerio de Defensa sobre casos de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del ejército y la policía, y reitera su disposición para continuar con esa interlocución y brindar asistencia técnica.
15. El ACNUDH recibió alegaciones sobre 42 casos12 de privaciones arbitrarias de la vida, en las que habrían estado vinculados miembros de la fuerza pública y autoridades penitenciarias, que resultaron en la muerte de 73 personas, incluyendo dos mujeres, siete niños, tres indígenas, cinco afrodescendientes y dos personas LGBTI. La policía habría estado presuntamente implicada en 30 casos, que involucran 37 víctimas; el ejército presuntamente en 11 casos, con 13 víctimas; y en un caso, las autoridades penitenciarias habrían sido presuntamente responsables de la muerte de 23 personas. En 38 de los 42 casos, las muertes ocurrieron en contextos de operaciones militares y policiales, mientras que cuatro ocurrieron cuando las víctimas estaban bajo la custodia del Estado. Trece de los 42 incidentes ocurrieron en el contexto de protestas. En todos los casos, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones.

16. En los 38 casos relacionados con operaciones militares y policiales, 11 ocurrieron en el marco de la participación de militares en actividades de prevención y persecución de delitos, el cumplimiento de órdenes de captura y allanamiento, o erradicación de cultivos de uso ilícito y la lucha contra grupos criminales. El ACNUDH reitera que la participación de las fuerzas militares en dichas operaciones debe ser excepcional, justificada, temporal, restringida, y subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles13. Además, los militares que participan en operaciones de cumplimiento de la ley deben considerarse funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sujetos a los estándares y normas del derecho internacional de los derechos humanos sobre el uso de la fuerza14.
17. Treinta y tres personas perdieron la vida en los cuatro incidentes registrados bajo custodia estatal en prisiones o centros provisionales de detención. En uno de estos casos, el 21 de marzo, 23 presos murieron en la prisión La Modelo en Bogotá, debido al presunto uso desproporcionado de la fuerza por guardianes de la prisión durante un motín. Otros tres casos ocurrieron dentro de tres Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional en Arboletes (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander) y Soacha (Cundinamarca), en donde según la información obtenida murieron 10 personas, incluyendo ocho que murieron quemadas dentro de sus celdas.
18. El ACNUDH documentó tres casos de torturas y malos tratos presuntamente perpetrados por miembros de la policía y el ejército en Antioquia, Cesar y Guaviare. En uno de estos casos la víctima fue un joven a quien presuntamente se le torturó por ser homosexual.
19. El ACNUDH valora la existencia de una política institucional del Ministerio de Defensa Nacional de cero-tolerancia frente a los actos de violencia sexual y resalta la necesidad de que sea implementada de manera urgente, en vista de los casos documentados en 2020 que involucran a integrantes del ejército y la policía en Nariño, Risaralda y Valle del Cauca. El ACNUDH observa que, en dos de esos casos, las víctimas eran tres niñas pertenecientes a pueblos indígenas (una en Risaralda y dos en Nariño).

TOMADO DE:
https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9547-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2020

https://youtu.be/NpGdxyr7WyY