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Editor: Jaider Monsalve – Valinor19

Por: Gonzalo Alvarez Henao
Concejal de Medellín durante varios períodos
Dirigente social de la ciudad
gonzaloalvarezhenao@yahoo.es

Con frecuencia se ha escuchado decir que en Colombia los pobres votan para que los elegidos trabajen para los ricos; en Medellín en cambio habría que decir, que los pobres y personas de la clase media votaron para que el elegido estuviera al servicio de Fabio Valencia Cossío y un oculto poder que mueve sus tentáculos desde Bogotá. Las dificultades para escoger los nombres de la nueva junta directiva de epm, parece confirmarlo. El nocaut técnico con gancho derecho que el alcalde Quintero Calle, le logró encajar al Grupo Económico antioqueño GEA, parece haber sido preparado por unos entrenadores expertos en trapisondas, como los Valencia Cossío y el inefable César Gaviria Trujillo. La explicación la tenemos en que la acción judicial estuvo dirigida solamente contra las empresas de ese grupo económico, y no contra todos los responsables del daño ocasionado a epm.

El GEA con sus agentes enquistados en la Junta Directiva de epm, patrocinó y avaló todos los negocios oscuros en Hidroituango, en Porce tres, en Panamá y las desastrosas y corruptas inversiones extranjeras, entre muchas otras actuaciones fraudulentas. A estos moralistas que se muestran tan preocupados por la suerte de epm, sería bueno preguntarles si es cierto o no que su principal vocero en la autoridad colegiada de epm por muchos años, y más reciente en Ruta N, Manuel Santiago Mejía, ha tenido una relación estrecha como accionista de almacenes “Alkosto”, más concretamente con el esposo de la cuestionada y señalada Vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez Blanco.

El Comité Cívico que está creando la oligarquía antioqueña con la idea de recuperar nuevamente el control de la empresa, lo vamos a enfrentar de manera responsable, pero con mucha contundencia. Es cierto que el alcalde de turno está obligado a respetar a la Junta Directiva de la empresa y debe someter a su consideración y aprobación todos los asuntos que son de su competencia, y a consulta los temas que tienen trascendencia; pero en el caso de la posible demanda contra el Consorcio Constructor no tenía que solicitar aprobación, ni consideración alguna, debido a que varios de sus integrantes tienen gran responsabilidad con algunos ilícito cometidos, por tener relación directa con las empresas cuestionadas y por guardar silencio cómplice en cuanto a los actos de corrupción que han rodeado el proyecto y el robo de la multinacional Millicom, de todo el conglomerado de las telecomunicaciones de propiedad de Medellín.

El hecho de respaldar la decisión que tomó el Alcalde de no consultar a los cuestionados y señalados miembros de la Junta Directiva de epm, no nos impide formular estas preguntas: ¿Por qué el Gerente General de Empresas Públicas de Medellín, solo le recomendó al Alcalde que demandara al contratista? ¿Por qué no le sugirió que le solicitara a la Contraloría General de la Nación, que dé a conocer el resultado del juicio fiscal que anunció en noviembre de 2019, que iba a emprender contra los responsables del desastre de Hidroituango?

La Contraloría dijo que durante la ejecución de la obra se ha destruido valor en cifras redondas, por $ 2.971 mil millones de millones y un lucro cesante de $ 1.104 mil millones de millones de pesos, un monto superior a cuatro billones de pesos, y que a la fecha debe superar los 5 billones. Los que están siendo sometidos a juicio fiscal son Luis Alfredo Ramos Botero, Sergio Fajardo Valderrama, Aníbal Gaviria Correa, Juan Esteban Calle Restrepo, Jorge Alberto Londoño de la Cuesta, Federico José Restrepo Posada, Alejandro Antonio Granda Zapata y Fabio Alonso Salazar Jaramillo, luego entonces ¿Cuál es la razón para que estos ciudadanos no estén en el radar del gerente general de epm y de él alcalde de Medellín? GAH

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