Archivo mensual: julio 2020

Colombia: «Uribe es un criminal de guerra»: Exfiscal Eduardo Montealgre

El exfiscal aseguró en Semana en vivo que tiene lista la denuncia penal en la que señala a Uribe de ser presunto responsable de las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en los 90 en Antioquia, cuando se desempeñaba como gobernador. Uribe lo tildó de «mentiroso».

Álvaro Uribe es un criminal de guerra: Eduardo Montealgre  «Uribe es un criminal de guerra»: Eduardo Montealgre Foto: Archivo

Este miércoles inició un nuevo round entre dos contradictores de vieja data: el exfiscal Eduardo Montealegre y el expresidente Álvaro Uribe. Sucedió en una entrevista con María Jimena Duzán en Semana en vivo, cuando Montealegre volvió a hablar de la denuncia penal contra Uribe por su presunta responsabilidad en dos masacres cometidas en los 90 en Antioquia. La de La Granja, perpetrada el 11 de junio de 1996 y la de El Aro, el 22 y 23 de octubre de 1997.

Según explicó Montealegre en Semana en vivo, la denuncia ya está lista pero está frenada por la pandemia, porque él quiere ir personalmente a la Corte Suprema de Justicia. “La denuncia penal que voy a formular junto a Jorge Perdomo ya está elaborada. Cuando nos permitan las condiciones de seguridad y los reglamentos la idea es ir personalmente a la Corte Suprema de Justicia y entregarla personalmente contra Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, específicamente por los hechos de El Aro y la Granja”, aseguró Montealegre.

Esta no es la primera vez que Montealegre señala a Uribe como presunto responsable de esos hechos, hace un año, en junio de 2019, el exfiscal anunció que tenía pruebas, pero no las presentó, sin embargo sí señaló a Uribe, lo cual le valió una demanda por calumnia agravada en su momento.

Según explicó Montealegre en Semana en vivo, a Uribe le cabría responsabilidad en las masacres por omisión, al no cumplir con su deber de proteger a la población como gobernador de Antioquia. “Tenía el deber de protección de toda la población como director y supremo director del orden público y de la fuerza pública en Antioquia. Tenía un deber especial de protección frente a la población, lo que los penalistas llaman una posición de garante, a pesar de que le habían advertido que se iba a presentar la masacre de El Aro y de La Granja. Jesús María Valle (defensor de derechos humanos asesinado) fue y le dijo al gobernador de Antioquia, a todo los miembros de su staff”, dijo el exfiscal.

Ante las declaraciones de Montealegre, el expresidente Álvaro Uribe decidió pronunciarse en su cuenta de Twitter, dando su versión y acusando al exfiscal de mentiroso. “Montealegre sesgado, me acusa de que pude evitar masacres paramilitares y no me acusa de haber podido evitar las guerrilleras que ocurrieron. Un fiscal sesgado es prevaricador y el prevaricato es delito y corrupción”, escribió.

El exfiscal se sustenta en que las masacres de El Aro y La Granja fueron declaradas por la Corte Suprema de Justicia en 2018 como crímenes de lesa humanidad -por lo cual no prescriben-. “Está probada la responsabilidad del Estado por omisión en el caso de El Aro y La Granja. El Estado a pesar de que había sido advertido de que se iban a cometer esas masacres no hizo absolutamente nada (…) Uribe por un gran desprecio de la vida humana no le importó”, aseguró Montealegre.

Ante las denuncias de Montealegre, Uribe decidió aclarar que no es cierto que la masacre de El Aro se cometió con helicópteros de la Gobernación.
“Montealegre temerario, la falsa acusación denunciaba que la masacre del Aro se cometió en helicópteros de la Gobernación, infamia totalmente desmentida por una bitácora rigurosa y unos pilotos transparentes, uno ya fallecido”, escribió.

Esta discusión seguramente pasará a los estrados judiciales, sin embargo, Montealegre asegura que «Uribe es un criminal de guerra» incluso antes de presentar formalmente la denuncia penal. «A Uribe le llegó la hora de responder ante la justicia, ha eludido durante su larga carrera política todos los crímenes que ha cometido. Ha salido impune, ha logrado eludir la justicia, pero le llegó la hora. Uribe es un criminal de guerra», aseguró.

Articulo tomado de: https://www.semana.com/semana-tv/semana-en-vivo/articulo/alvaro-uribe-es-un-criminal-de-guerra-eduardo-montealgre/685120

¿Se pasó Montealegre calificando a Uribe de criminal de guerra?

El arzobispo de Cali acusó al presidente de una «venganza genocida» contra la paz

08/07/2020 COLOMBIA

El arzobispo de la ciudad colombiana de Cali, Darío de Jesús Monsalve, acusó al presidente Iván Duque de implementar una «venganza genocida para desmembrar» el acuerdo de paz

Según monseñor Monsalve, desde la campaña electoral en la que Duque fue elegido presidente sintió «un espíritu de venganza contra el Gobierno de Santos», que lideró la desmovilización de la antigua guerrilla.

El arzobispo de la ciudad colombiana de Cali, Darío de Jesús Monsalve, acusó al presidente Iván Duque de implementar una «venganza genocida para desmembrar» el acuerdo de paz, y fue desautorizado por la Nunciatura Apostólica en Bogotá, sede diplomática del Vaticano en Bogotá que se despegó de los dichos del religioso.

En la quinta asamblea de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales que se realizó de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus, monseñor Monsalve dijo que el gobierno de Duque tiene una “venganza genocida” con los proceso de Paz que celebró el gobierno anterior de Juan Manuel Santos con las FARC, cuyos miembros se acogieron al acuerdo firmado en noviembre de 2016, fecha desde la cual 214 exguerrilleros fueron asesinados, según datos del partido político surgido de la desmovilización de la guerrilla, informó la agencia de noticias EFE.

Según el arzobispo, desde la campaña electoral en la que Duque fue elegido presidente sintió «un espíritu de venganza contra el Gobierno de Santos», que lideró la desmovilización de la antigua guerrilla, y «contra el pueblo que los acompañaba».

Monsalve agregó que en lo que respecta al proceso de paz suspendidos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) experimentó «una gran frustración y una enorme incertidumbre en relación al inmediato futuro de estos procesos».

El ELN inició en febrero de 2017 unas negociaciones de paz con el anterior Gobierno de Santos que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana.

Sin embargo, las conversaciones se interrumpieron luego del atentado con un coche bomba cometido por esa guerrilla el 17 de enero de 2019 contra una Escuela de la Policía en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos y 66 heridos.

Hoy, el ELN le propuso a Duque pactar un cese al fuego bilateral por 90 días, en atención al llamado que hicieron el Consejo de Seguridad de la ONU y el papa Francisco por la pandemia del coronavirus.

Monseñor Monsalve criticó también al Gobierno por la falta de interlocución con la delegación del ELN que continúa en La Habana.

“Todos estos procesos que el pueblo colombiano en algún momento vislumbró como su paz y la salida negociada al conflicto armado,ahora caen en este tramo de nuestra historia tan difícil, tan violento y en una encrucijada internacional, también muy compleja, en la que probablemente va a darse una gran lucha por el control total de las sociedades”, agregó el arzobispo de Cali.

La representación del Vaticano en Bogotá desestimó las palabras de Monsalve y aseguró que no es esa la visión que comparte la Santa Sede sobre el conflicto y las negociaciones de paz en Colombia.

«Con respecto a recientes declaraciones atribuidas al arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, la Nunciatura Apostólica en Colombia se precia de aclarar que dicha calificación de la gestión gubernamental no corresponde a la visión que la Santa Sede tienede la compleja situación en que versan, en este momento, tanto la aplicación integral de los acuerdos de paz de 2016, como el estado de los contactos y conversaciones que a diversos niveles se mantienen con el ELN, en el ámbito de la comunidad internacional», manifestó el documento de la Santa Sede.

TOMADO DE: https://www.telam.com.ar/notas/202007/487155-colombia-arzobispo-cali-paz.html

Las políticas contra Venezuela desde Estados Unidos y Europa

En entrevista para teleSUR, la investigadora María Fernanda Barreto analizó cómo las políticas injerencistas contra Venezuela no sólo provienen desde Estados Unidos, sino también de Europa. Barreto destacó cómo las medidas contra la nación suramericana son la continuación del despojo en la época del colonialismo. teleSUR

Colombia. Duro mensaje de José Miguel Vivanco al Ejército por caso de violación de niña (Revista Semana)

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), asegura que el Ejército de Colombia está más preocupado en guardar su imagen que en prevenir y evitar más abusos sexuales por parte de militares.

Colombia: No más Fraude

Instan a gobierno Trump a presionar por defensores en Colombia

Carta de congresistas estadounidenses instando a su gobierno a presionar por defensores en Colombia

Lunes 6 de julio de 2020

Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19.

6 julio, 2020

Estimado Secretario Pompeo:

En la medida en que la pandemia del coronavirus expone y acentúa los problemas que existen en cada uno de los países que arrasa, nos preocupa especialmente su impacto sobre la seguridad de los valientes defensores de los derechos humanos y los líderes sociales en Colombia, quienes están arriesgando sus vidas para construir una paz duradera.

Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19.

Actualmente, Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos. Más de 400 defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz, siendo esta una pérdida de líderes cívicos comprometidos y valientes que Colombia no puede permitirse.

La lentitud del Gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, el fracaso en llevar las instituciones civiles del estado a las zonas de conflicto y su persistente incapacidad para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control. Esto parece haberse agudizado, ya que los grupos armados ilegales aprovechan la pandemia al tiempo que el Gobierno no responde, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos y los líderes locales que son objeto de persecución.

Por ejemplo, el 19 de marzo, tres hombres armados se presentaron en una reunión en la que campesinos discutían acuerdos voluntarios de erradicación de coca, y asesinaron al líder comunitario Marco Rivadeneira. Él promovía la paz e iniciativas de sustitución de coca en su comunidad, representaba a su región en la mesa de garantías para la protección de los defensores de derechos humanos y era miembro de la plataforma de derechos humanos nacional Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Las comunidades afrocolombianas, indígenas y de campesinos pobres, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, siguen sufriendo y se tornan aún más vulnerables por la presencia descontrolada de actores armados ilegales en sus territorios.

Marco Rivadeneira fue uno de los 23 líderes sociales asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas de la cuarentena por la pandemia en Colombia. Según la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), hasta el 27 de junio de 2020, fueron asesinados en Colombia 155 líderes y defensores sociales.

Para poner fin a esta tragedia, le pedimos que inste a la Administración Duque a que:

• Mejore la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones.

• Desarrolle una hoja de ruta de protección en consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.

• Financie y aplique medidas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y por medio de la Unidad de Protección Nacional. Se deben garantizar las medidas colectivas acordadas con las autoridades de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.

• Desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.

• De manera eficaz, investigue, judicialice y presente los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nació. Acogemos con agrado el nuevo acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que tiene por objeto capacitar a los fiscales y los investigadores para que aborden enérgicamente estos delitos contra los derechos humanos. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y otros defensores.

• Responsabilice prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.

• Implemente decididamente el Acuerdo de Paz, lo que incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional, implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

Sr. Secretario, le instamos a que vele para que todas las agencias de los Estados Unidos se expresen con una voz única y clara para condenar los cada vez más frecuentes asesinatos y para presionar a la Administración Duque a que emprenda las acciones necesarias para identificar y judicializar a los autores intelectuales de estos delitos y desmantelar las estructuras delictivas que los protegen.

Por último, le instamos a que continúe brindando la valiosa cooperación de los Estados Unidos a Colombia, para implementar el Acuerdo de Paz, prestar asistencia humanitaria a los refugiados venezolanos y a las comunidades que los reciben y abordar la crisis de salud y seguridad alimentaria causada por la pandemia de la COVID-19. Estados Unidos también debería aprovechar las oportunidades que ofrecen el Acuerdo de Paz para llevar a cabo la erradicación sostenible y duradera de los cultivos ilícitos actuando en colaboración con las comunidades a fin de sustituir la coca con medios de vida legales y desmantelar las redes de tráfico.

Descargar carta en inglés con las firmas: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/colombia_2020_-_final_-_hr_defenders_in_time_of_covid-19.pdf


Tomado de: https://www.colectivodeabogados.org/?Carta-de-congresistas-estadounidenses-instando-a-su-gobierno-a-presionar-por

EL ORO DE VENEZUELA Y EL BANCO DE INGLATERRA

Un grupo de 96 congresistas piden se proteja a los líderes sociales en Colombia

Congresistas de EE.UU. piden a Trump que presione a Duque y se proteja a los líderes sociales en Colombia

Un importante grupo de congresistas estadounidenses envió este lunes una dura carta al gobierno de Donald Trump en la que le piden que presiona al gobierno de Colombia para que proteja a los defensores de derechos humanos del país, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena por la emergencia del COVID-19.

Un grupo de 96 congresistas firmó la carta, dirigida al secretario de Estado Mike Pompeo.Un grupo de 96 congresistas firmó la carta, dirigida al secretario de Estado Mike Pompeo.

Un importante grupo de congresistas estadounidenses envió este lunes una dura carta al gobierno de Donald Trump en la que Colombia es protagonista.

La misiva, dirigida al secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, firmada por 94 legisladores estadounidenses, manifiesta su preocupación por la grave situación de seguridad de los líderes sociales en Colombia, agudizada por las cuarentenas decretadas para enfrentar la crisis del coronavirus.

Los congresistas pidieron a Trump a que presione al gobierno de Iván Duque para que “renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016″ y a “proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos”.

“Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19″, dice la carta, promovida por los congresistas demócratas James P. McGovern y Mark Pocan.

En la comunicación, los legisladores estadounidenses resaltaron que desde que se firmaran los Acuerdos de Paz con las Farc en 2016, han sido asesinados más de 400 líderes y defensores de derechos humanos. Los congresistas afirman que el gobierno colombiano “fracasó” en “llevar las instituciones civiles del estado a las zonas de conflicto”.

“Su persistente incapacidad (del gobierno colombiano) para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control”, agrega la misiva.

Los congresistas pusieron como ejemplo el caso de Marco Rivadeneira, uno de los 23 líderes sociales asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas de la cuarentena por la pandemia del COVID-19 en Colombia. Rivadaneira hace parte de la triste lista de 157 líderes y defensores sociales asesinados en los que va de 2020, de acuerdo con registros de la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).

Para ello, en la carta, los legisladores norteamericanos pidieron que se inste a la administración de Iván Duque a que cumpla con las siguientes condiciones:

  • Mejore la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones”.

  • Desarrolle una hoja de ruta de protección en consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.

  • Financie y aplique medidas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y por medio de la Unidad de Protección Nacional. Se deben garantizar las medidas colectivas acordadas con las autoridades de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.

  • Desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.

  • De manera eficaz, investigue, judicialice y presente los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Acogemos con agrado el nuevo acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que tiene por objeto capacitar a los fiscales y los investigadores para que aborden enérgicamente estos delitos contra los derechos humanos. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y otros defensores.

  • Responsabilice prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.

  • Implemente decididamente el Acuerdo de Paz, lo que incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional, implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

Al final de la comunicación, los congresistas estadounidenses piden a Pompeo a que vele para que todas las agencias de los Estados Unidos se expresen “con una voz única y clara para condenar los cada vez más frecuentes asesinatos” y a que “continúe brindando la valiosa cooperación a Colombia, para implementar el Acuerdo de Paz, prestar asistencia humanitaria a los refugiados venezolanos y a las comunidades que los reciben y abordar la crisis de salud y seguridad alimentaria causada por la pandemia de la COVID-19″.

Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/congresistas-de-eeuu-piden-a-trump-que-presione-a-duque-y-proteja-a-los-lideres-sociales/


 

Lo que no borró el desierto – Capítulo 1

06 Julio, 2020

Lo que no borró el desierto - Capítulo 1

Por DIANA LÓPEZ ZULETA

1

     Año tras año había anhelado encarar al hombre que mató a mi padre. Ahora que iba a tenerlo enfrente, mi plan era hacerle la pregunta que tanto me había atormentado: ¿Por qué lo había mandado asesinar?

     Yo tenía veintiséis años y a la sazón trabajaba como pe­riodista. Desde Bogotá me enviaron a cubrir una cumbre de gobernadores. El entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, comprometería a todos los mandata­rios regionales en el difícil proceso de paz que se desarro­llaba en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

     El criminal estaría allí, en ese encuentro que se celebra­ría en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Mede­llín. Era jueves 15 de agosto de 2013, fecha en que, por coincidencia, el asesino de mi padre cumplía cincuenta y cinco años.

     Yo iba vestida con un pantalón blanco, sandalias de ta­cones y una blusa negra de arandelas que se ajustaba con un cinturón adornado de piedras transparentes. Tenía suelto el cabello negro. En mis entrañas retumbaba el ulu­lar de mis miedos y me sentía perturbada, quizás vulnerable. De mi cuello colgaba la escarapela de periodista de una institución pública, con mi nombre escrito en esta.

     Durante dieciséis años había sentido la ausencia de mi padre. Y aunque parte de mi familia, incluida mi mamá y mis hermanos, me recomendaban que dejara las cosas en manos de Dios, no me resignaba a la impunidad. Desde antes de empezar mi carrera de periodista sentía que debía hacer algo.

     Llegué media hora antes de que comenzara el evento que se realizaba en un inmenso salón con capacidad para mil personas. El lugar estaba lleno de ministros, gobernadores, periodistas, comitivas oficiales y hasta el entonces expresidente Belisario Betancur era uno de los asistentes. El aire acondicionado creaba un clima casi benigno. Había mesas rectangulares, largas, decoradas con manteles blan­cos y sillas negras. En cada una de ellas se habían dispuesto cartulinas blancas marcadas con el nombre y el cargo de los funcionarios.

     Recorrí las mesas todavía vacías de la gran Cumbre de Gobernadores, Preparémonos para la Paz, y observé los ró­tulos de cada invitado. Establecí el sitio exacto donde esta­ría Juan Francisco Gómez Cerchar, gobernador de La Guajira, el hombre que había ordenado la muerte de mi padre.

     En medio de la barahúnda de los invitados, lo busqué entre la multitud que iba atiborrando los espacios. Pero él no llegaba.

     Pocas horas antes yo había revisado las redes sociales para verificar la participación de Gómez Cerchar en la Cumbre. A través de un trino, él había confirmado su asistencia al evento, de manera que mi encuentro con él se daría tarde o temprano.

     Entrevisté a varios de los asistentes, siempre con la ca­beza en otra parte. Examinaba a cada persona que entraba por la puerta opuesta a la tarima principal sobre la que se pronunciarían los discursos protocolarios.

     La ceremonia de apertura inició. Todos los asistentes entonaron de pie el himno nacional sobre música de fon­do que salía por los altoparlantes. Pero el gobernador de La Guajira seguía sin aparecer.

     Comencé a sentirme nerviosa y me refugié en la sala de prensa a escribir una noticia. A las 11:05 de la mañana se la envié a mi jefa por correo electrónico y le sugerí dos tí­tulos.

     Presa de la ansiedad y la angustia, llamé a Bogotá al periodista Gonzalo Guillén, a quien le había confiado mi secreto. Me recomendó que reprendiera con dureza y severidad al gobernador de La Guajira delante de otros pe­riodistas. Esa sería mi garantía y protección si Gómez Cer­char llegaba a reaccionar con violencia.

     Pensé que, si llegaba, primero lo interrogaría sobre al­guna generalidad del evento. Mi mente trabajaba a un rit­mo vertiginoso.

     Durante el almuerzo, repasé una y otra vez la macabra muerte de mi padre, las noches de insomnio. Sabía que cuando enfrentara a Gómez Cerchar no me reconocería como la hija de Luis López Peralta. Pero me sentía insegura, ese torbellino de cavilaciones y sensaciones me abrumaba.

     De repente, él apareció presuroso entre la gente. More­no, barrigón y de mediana estatura, ocupó su puesto en el preciso momento en que el presidente Santos comenzaba a pronunciar su discurso. Eran las tres de la tarde.

     Cuando el presidente terminó, me acerqué a la mesa del gobernador. Antes de llegar a su puesto, me pregunté si estaba segura de lo que iba a hacer y si mi impertinencia podría costarme el empleo. Me temblaron las piernas, las palpitaciones retumbaban en mi pecho. Ya estaba frente a él. Suspiré, traté de vencer el miedo y me lancé:

     —Señor gobernador, quiero hacerle una pequeña en­trevista.

     El hombre se levantó de la silla y me saludó sonriente. En la comisura de los labios se le dibujaba una rugosidad. Tan pronto me vio, pensé que su conciencia debía ser tan negra como mi blusa.

     —Claro que sí, reina —repuso.

     Ningún otro periodista estaba a mi lado. Había olvida­do la recomendación de Gonzalo. Hubiera sido más fácil enfrentarlo en una rueda de prensa, amparada por colegas y amigos.

     Gómez Cerchar dio unos pasos para alejarse de la mesa, encendí mi grabadora y le hice dos preguntas sobre la perspectiva desde la cual asumía el tema de la paz y el pos­conflicto, y la propuesta que haría como gobernador de La Guajira. Contestó con frases de cajón diciendo que su de­partamento había vivido el flagelo de la guerra, que él ha­cía mucha fuerza para que el proceso de La Habana saliera bien y que había que realizar inversión social sostenible en las regiones.

     En medio de su declaración, a veces me miraba fija­mente, pero también desviaba su vista y parecía detallar algún punto perdido del salón. Yo no escuchaba sus pala­bras. Si ahora las recuerdo es porque las grabé. Observé su papada, su gran nariz. Todavía hoy me parece que su tono de voz y sus modales eran amables, tal vez caballerosos.

     —Muchas gracias —le dije con voz queda.

     Fui incapaz de increparlo. Respiré hondo y traté de sonreír.

     Me miró fijamente y clavó sus ojos en mi escarapela invertida, cuyo giro involuntario ocultaba mi nombre. Acercó su mano, de manera invasiva, y con un rápido mo­vimiento volteó mi carné y reparó en mi nombre. Diana Carolina López Zuleta. Tal vez alcanzó a leerlo completo. Tal vez sabía que yo era una de las hijas de López Peralta. No puedo asegurarlo.

     Retrocedí y le di la espalda. Quizás él me miró mientras me alejaba. Caminé decepcionada de mí misma hasta la sala de prensa para recoger mi cartera y mi computador. Me sentí cobarde, pero no lloré. Coraje, era lo que necesi­taba en aquel momento y quizá yo no lo tenía. Ahora que escribo estas líneas pienso que fue mejor así. Tal vez debía entender que era mejor enfrentarlo de otra manera, con mis armas de periodista, con la investigación que ya estaba haciendo y que al cabo de los años contribuiría a condenar a Kiko Gómez, el asesino de mi padre.

TOMADO DE «La nueva Prensa» https://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/lo-que-no-borro-el-desierto-cap-1-2914

COLOMBIA: FRAUDE…

Atención: Gustavo Petro desconoce a Iván Duque como Presidente de Colombia y anuncia acciones legales

Por: Urías Velásquez /twitter: @UriasV

En medio de la lectura de su columna en CuartoDeHora.com y a raíz de:

  • las pruebas contundentes sobre la compra de votos durante la elección del 2018 en la Costa Caribe, los Santanderes y Antioquia presentadas por Gonzalo Guillén a través del periódico digital LaNuevaPrensa.com.co.

  • la participación oscura de la Registraduría Nacional tanto en el registro de los formularios E-14 como en el no permitir la auditoria del software usado para el conteo. Situación irregular que se mantiene y que afectará las futuras elecciones.

  • La manipulación escandalosa y el impedimento de las investigaciones en relación a, entre otras, las Ñeñepolítica por parte de la Fiscalía General de la Nación.

  • Y el silencio de la Cortes, particularmente, la Suprema en relación al asunto, más aún, en relación a los comportamientos del Fiscal con relación a las investigaciones.

Gustavo Petro Urrego –el líder indiscutible de la oposición nacional- desconoce la legitimidad de Iván Duque como presidente de Colombia.

Al mismo tiempo, Petro se declaró víctima del fraude y avisó:

  1. que denunciará ante las entidades internacionales lo que ya ha hecho frente a las nacionales en relación con la usurpación de su elección.

  2. que no convocará aglomeraciones en consideración a la ciudadanía que podría ponerse en riesgo debido a la pandemia de Covid-19, pero que si invita y conmina a la desobediencia civil –recordemos que en la intervención pasada Petro, Bolívar y Morris convocaron al #NoPagoLosServiciosPublicos-.

  3. que le pide a las bases organizarse y, en particular, a la bancada de la Colombia humana en Bogotá volverse oposición en el Concejo de la Ciudad dado que la actual mandataria “construye sobre lo construido cuando se trata de lo hecho por Peñalosa y destruye lo construido cuando se trata de lo hecho por la administración de la Colombia Humana”

Tomado de: https://cuartodehora.com/2020/07/05/atencion-gustavo-petro-desconoce-a-ivan-duque-como-presidente-de-colombia-y-anuncia-acciones-legales/

 


FRAUDE

Petro desconoce la legitimidad de Duque…

«Ellos sabían, era evidente, que si compraban un millón de votos de posibles electores míos en segunda vuelta, Duque podría ser presidente. De no hacerlo, Colombia Humana hubiera ganado la presidencia»

La lectura de los narcocasetes, esta vez en forma de interceptación al celular de alias el “Ñeñe Hernández”, muestran una operación sistemática de compra masiva de votos con dineros del narcotráfico en beneficio de la campaña Iván Duque Presidente.

La operación se construyó sobre unos electorados que ellos sabían, eran proclives a mi candidatura. Para voltear el resultado de primera vuelta que me había sido favorable en el Caribe, necesitaban hacer que el elector pobre, balanceara su corazón entre la posibilidad del cambio y recibir un pago inmediato, y para ello necesitaban mucho dinero.

El electorado de la provincia caribeña en sus siete departamentos, y el electorado que había votado por Fajardo en zonas uribistas como Santander y Antioquia, eran los electorados que debían seducir con montones de dinero.

Ellos sabían, era evidente, que si compraban un millón de votos de posibles electores míos en segunda vuelta, Duque podría ser presidente. De no hacerlo, Colombia Humana hubiera ganado la presidencia.

Los nuevos narcocasetes de la Ñeñepolítica (audios), muestran con claridad la estrategia implementada.

A pesar de llenos masivos de plazas públicas atestadas de colombianos y colombianas ilusionados con el cambio; a pesar de exponer argumentos modernos y de avanzada sobre la necesidad de transformar el país con políticas concretas respecto a la educación superior gratuita para la juventud, la expansión de la energía solar, la electrificación del transporte, la democratización del crédito para impulsar la iniciativa de la gente en la producción; un impulso la producción de alimentos en los campos de Colombia que empoderara al campesinado; la transformación del sistema de salud en uno público y fuertemente preventivo donde se pudiera acceder con la cédula; la construcción de un sistema pensional en Colpensiones que garantice pensión; la transformación de la economía petrolera en una productiva para salvar la vida en el planeta para propiciar un enriquecimiento generalizado de la sociedad.

A pesar de demostrar la pertinencia y la urgencia de alcanzar el ideal de la justicia social para consolidar la paz y la democracia en Colombia, el candidato de Uribe, el que proponía lo contrario, el que me rehuyó un debate de ideas y propuestas antes de la elección definitiva, se alzó con la victoria, con el menor esfuerzo. El menor esfuerzo del dinero sucio.

No quiso el registrador de entonces, dejar ver por nadie la programación ni los códigos fuente para hacer una auditoría a los computadores del proceso de conteo de votos, una programación que es privada y obsoleta, absolutamente vulnerable al fraude como lo dijo la máxima instancia de la justicia administrativa: el Consejo de Estado.

No quiso mostrarlo porque la programación del cómputo es fraudulenta. El actual registrador tampoco ha iniciado el cambio de dicha programación y así espera recibir los comicios del 2022. Se basan en que el software es alquilado. ¿Una entidad cuyo presupuesto en año electoral puede llegar al billón de pesos no tiene para ordenar la construcción de un software propio? No lo creo.

Además, el Consejo de Estado ordenó a la Nación implementar el voto electrónico desde 2012 y todos los registradores se han pasado por la faja esa orden sin que ninguna autoridad los conmine a cumplirla. No quieren. No les sirve. Necesitan seguir en el actual sistema arcaico, que es más vulnerable.

Pero adicionalmente a la posibilidad de modificar el cómputo de votos, tanto en actas como en el conteo, los organizadores del fraude sabían que la mafia era necesaria para garantizar el triunfo de Duque.

Duque no triunfaba con el simple apoyo de los propietarios de canales que manipulaban los debates y le ayudaban en segunda vuelta a no presentar ninguno, ante la ausencia asombrosa de ideas del candidato.

Duque no triunfaba con el simple apoyo de Uribe y con quienes habían votado contra la paz de Colombia. Eso solo le daba siete millones de votos.

La votación adicional solo podía venir de electores de Fajardo, más proclives a un cambio, o de los electores costeños que se apasionaban por la Colombia Humana.

Allí es donde apareció la mafia y con su dinero untado de sangre de líderes sociales, compró masivamente a unos y otros.

Duque ganó solo con el fraude y las pruebas están en los nuevos audios que su amigo el Fiscal, buscó rápidamente esconder y manipular.

Tal fue la impresión de la Fiscalía al redescubrir las grabaciones que desde hace dos años tenía ocultas Néstor Humberto Martínez, que el actual fiscal se apresuró a recortar una de esas grabaciones para tratar de implicarme en el proceso. Una donde se habla de mineros, que eran los trabajadores que decididamente iban por la Colombia Humana en La Guajira y los trataba de hacer aparecer como grandes empresarios financiadores.

Barbosa quería ensuciar las dos campañas para no investigar ninguna.

Ahora tenemos completa la grabación que él publicó recortada.

Ahora conocemos la operación de fraude de alias el «Ñeñe».

Duque no ganó sin esa actividad delictiva, así que surge entonces una pregunta perentoria:

¿Que pasa al tener un presidente elegido sobre la base del delito?

Sobre la base del delito ningún gobierno es legítimo.

No puede haber legitimidad en una democracia si su mandatario no fue elegido legítimamente. No puede haber legalidad en el gobierno de la legalidad si su propia fuente de legitimidad no es el voto libre de los ciudadanos, sino una alianza delictiva con los integrantes del narcotráfico para torcer la voluntad popular y los resultados de la elección.

Colombia Humana no reconoce la legitimidad del actual presidente de Colombia ni la de su fórmula vicepresidencial, también hundida hasta el fango en evidentes nexos con el narcotráfico.

Me considero, a nombre de ocho millones de electores colombianos, víctima de esa cofradía delictiva. Pero no soy yo la única víctima: Lo es toda Colombia. Las minorías que se ilusionaron con una redención social. Los estudiantes que anhelaban aportar al engrandecimiento del país con una oportunidad de educación gratuita. Los niños del futuro que, sin saberlo, recibirán un planeta amenazado por el cambio climático. Hombres y mujeres de la tercera edad que sueñan con una pensión justa, también son víctimas.

Como víctima del fraude electoral, operaremos en las instancias de la justicia, pero fundamentalmente, el campo de acción más importante es la conciencia de nuestros conciudadanos.

Si el delito es la manera de hacerse elegir en Colombia, la sociedad así dirigida no va sino al matadero, al oprobio, a la autodestrucción.

Una Nación no puede pensarse como surgida del delito y del narco. Una Nación así solo se autodestruye fulminantemente. Una nación democrática solo puede surgir del acuerdo libre de sus conciudadanos, del voto transparente de su constituyente primario.

Los fundadores de esta República pensaban que la libertad era la base de la idea nacional, por ello el principal conflicto en ese tiempo y por décadas fue la liberación de los esclavos. Una guerra civil estalló por su libertad, y hasta el último oficial del ejército de Bolívar, el general José María Melo, la luchó al frente de sus artesanos para ir a morir fusilado en las guerras centroamericanas y mexicanas por la libertad. Con él se evaporó el ejército del Libertador y de Santander. Los esclavistas escribieron sobre sus cenizas la historia de un país sin democracia hasta nuestros días. La ausencia de libertad ha sido el pecado que le confiere un profundo raquitismo a nuestra democracia.

Nos gobiernan gentes que piensan que el elector es solo parte de una masa manipulable y comprable, un rebaño “de siervos anónimos” como nos describiera Jorge Eliécer Gaitán hace ya 72 años. En cada elección se lanzan a comprar recuas como antaño compraban los esclavos, saben a la perfección que una sociedad comprada es una sociedad sojuzgable, obediente, sometible.

La democracia implica la emancipación ciudadana. Por eso buscaban a como diera lugar, derrotar el discurso y la acción de la Colombia Humana.

El método de hoy no es la compra del esclavo, aunque hayan mantenido todas las secuelas territoriales y raciales de la esclavitud y su exclusión. El método ya no es comprar la persona como tal sino su voto, su derecho a elegir.

No hay libertad cuando el voto es constreñido por el dinero sucio.

Una y otra vez las oligarquías, en su pequeñez mental, han evitado la posibilidad de un pacto entre la ciudadanía libre para compartir la riqueza del país y el trabajo para poder gozar de una democracia y de su paz. Han usurpado, con métodos ruines, la libertad de la ciudadanía.

Una y otra vez se acude al sojuzgamiento de la ciudadanía por métodos violentos, la persecución, el desplazamiento, la masacre y el genocidio; la constricción del elector, su eliminación física o su compra con dineros cada vez más voluminosos y más oscuros.

Apelamos a la conciencia ciudadana para que no le dé temor de asumir el camino de una construcción democrática que lleve justicia a todos los rincones del país, que pueda reconstruir la política y la decisión ciudadana en función de la vida. Una sociedad civil que se pueda emancipar como dueña y señora de su patria.

Apelamos a la conciencia ciudadana para hacer renacer la Constitución de 1991 y permitir que los únicos dueños de este país no sean las asociaciones para delinquir, sino los sueños de la gente, la esperanza de las juventudes.

No se dejen comprar un voto jamás, porque por ese camino solo elegirán y le darán poder a sus propios descuartizadores, a sus propios victimarios. Por el camino de la compra de votos el que se deja comprar solo será esclavo y esclava y dejará su casa, su familia y su país al libre albedrio de los esclavistas.

Por el camino del fraude y de la narcocompra de votos, solo encontraremos un narcoestado dirigido por una casta delincuencial que solo sumirá a la totalidad de la sociedad en la violencia mientras hurta su erario. Por ese camino no hay Nación. Solo camposantos y mataderos.

Duque no es el presidente legítimo de Colombia y por eso acudimos a la conciencia ciudadana para que sea capaz de cambiar el rumbo del país.

Tomado de: https://cuartodehora.com/2020/07/05/fraude/