Archivo mensual: junio 2020

La brutalidad represiva como forma de la alienación

Por: Ricardo Robledo 

Dijo el padre jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, que, si tuviéramos que guardar un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto en Colombia, tendríamos que estar callados dieciséis años.

Ha sido mundial la protesta contra el asesinato de un ciudadano norteamericano, asfixiado bajo la rodilla de un policía. La crisis social que ha desatado en Estados Unidos, pone contra la pared a las actuales políticas gubernamentales y aún a su carácter estructural. Pero la brutalidad represiva no es exclusividad de ese país, su crueldad se reparte a lo largo del mundo en aquellas naciones donde se desprecia a la condición humana. En Colombia, se asesinan sistemáticamente a líderes sociales con el silencio cómplice de su gobierno e instituciones de orden nacional y mundial.

La actual crisis de la salud, ha desnudado el carácter de clase del Estado neoliberal; es un Estado de castigo y ha perdido, ante la población, su careta de administrador de cosas, que ha sido una de las justificaciones neoliberales para las privatizaciones de los bienes públicos, ya que, según ellos, el gobierno es mal negociante y debe abandonar las actividades económicas para dejarlas a los intereses privados, quienes son los expertos en industrialización y mercado.

Aquellos que ejercen el derecho a la protesta, reciben de manos del escuadrón antidisturbios, un trato represivo muy diferente al que recibió el terrorista mercenario clíver alcalá, quien salió del país, escoltado y protegido por las fuerzas militares, a pesar de haber sido capturado en flagrancia. Una muestra del carácter clasista del Estado y del trato violento al ser humano para proteger unos intereses y supuestamente una institucionalidad, sin igualdad ante la ley.

Mujeres en embarazo, niños, ancianos, personas en estado de indefensión, son golpeados brutalmente y asesinados. La foto de la rodilla del blanco sobre el cuello del negro es una figura del cazador que exhibe su presa y la ofrece con prepotencia por el dominio y el triunfo del mandato del opresor sobre el infractor, sin respetar sus derechos. Los policiales argumentan que están cumpliendo la ley y obedeciendo órdenes.  Pero en su práctica y formación, sufren la deshumanización.

En otra nota se había comentado que el homo sapiens, debe ser lo suficiente sapiens, como para asumir la objeción de conciencia. De no hacerlo, la ley se vuelve la del salvaje; y las instituciones, objetivo, por encima de lo humano. Expresiones de la alienación de lo social.  La ley deja de ser ley y se convierte en abuso; las instituciones abandonan su inspiración en el contrato social y el estado de derecho y son vendidas al mejor postor.

El militar que levanta como una ofrenda social la golpiza o el asesinato de un ciudadano al que asume como infractor, no se ve a sí mismo como alienado, pero termina defendiendo una ley que no es legal ni ética ni universal y a unas instituciones carentes de democracia, sin patriotismo, ni honor ni lealtad, aspectos muy contrarios a sus discursos motivacionales; es decir, sus fundamentos se tornan nebulosos. Lucha por algo que no es lo que pregona.

Es que existe una relación entre los seres humanos y sus productos, ya que éste crea cosas, además de instituciones, para satisfacer necesidades sociales. Pero las cosas se vuelven extrañas a las metas de quienes las crearon, terminan en un poder ajeno a los seres humanos y amenazan su existencia. Un leviatán que no es el producto de mentes perversas que pueden trazar la vida de todos, sino el resultado de una lógica del desarrollo civilizatorio tal como lo conocemos hasta hoy. Pero no es una condición natural que siempre existirá.

La historia muestra que el Estado surge dentro de la sociedad, se transforma en un fin en sí mismo y termina como un suprapoder. Los ciudadanos estamos sometidos a su imperio; pero también la clase dominante termina sometida al aparato estatal, condición sin la cual la sociedad no podría funcionar.  Ya lo decía Paulo Freire, que, al liberarse, el oprimido libera al opresor.

A medida que la lucha social se incrementa, la clase dominante recurre a sus instituciones, como las fuerzas represivas, que, a veces, son autónomos a la legalidad que los crea y van más allá siguiendo su propia dinámica. Así que los aparatos gubernamentales en la sociedad capitalista sólo pueden funcionar alienados; es decir ajenos a su propia fundamentación republicana y liberal y, por tanto, instrumentos de opresión de clase.

Junio 15 de 2020

56º aniversario del G77

Venezuela llama a reforzar cooperación sur-sur para construir un nuevo mundo post pandemia en 56º aniversario del G77

Caracas, 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó a los gobiernos y pueblos miembros del G77, al conmemorarse 56 años de su fundación e instó a reforzar la cooperación sur-sur para construir el nuevo mundo post pandemia.

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, el Jefe de Estado afirmó que actualmente el mundo clama por un modelo alternativo al neoliberalismo,  “juntos podemos construir el nuevo mundo post pandemia”, precisó.

El G-77 fue creado el 15 de junio de 1964. Como su nombre indica, el grupo estuvo formado en principio por 77 países, aunque actualmente el número de sus miembros asciende a 134.

Este grupo realiza declaraciones conjuntas sobre temas específicos, y coordina un programa de cooperación en campos como el comercio, la industria, la alimentación, la agricultura, la energía, y también en materias primas, finanzas y asuntos monetarios.

En 1988, el grupo adoptó el acuerdo para un sistema global de preferencias comerciales entre países en vías de desarrollo, que contempla concesiones arancelarias, sobre todo en productos agrícolas y manufacturas.

Actualmente, la presidencia de este grupo está a cargo del  Jefe de Estado palestino, Mahmoud Abbás, desde el 2019.

Tomado de https://www.vtv.gob.ve/venezuela-celebra-56-anos-fundacion-g77/

Colombia: Habla Miguel Ángel Del Río Malo, abogado que descubrió, enredadas en un expediente por asesinato en que él es apoderado de la víctima, los audios de conversaciones del colaborador vallenato de la campaña electoral del Presidente, José Guillermo “Ñeñe” Hernández

ENTREVISTA

“La Fiscalía quiso ocultar los audios de ‘El Ñeñe”

Habla Miguel Ángel Del Río Malo, abogado que descubrió, enredadas en un expediente por asesinato en que él es apoderado de la víctima, los audios de conversaciones del colaborador vallenato de la campaña electoral del Presidente, José Guillermo “Ñeñe” Hernández, con la exasesora del senador Álvaro Uribe, Claudia Daza, que origina el denominado escándalo de la “ñeñepolítica”. Denuncia que la Fiscalía intentó desaparecer estas pruebas y asegura que hay más grabaciones que no le quieren entregar.

El abogado Miguel Ángel del Río. / Mauricio Alvarado - El Espectador
El abogado Miguel Ángel del Río. / Mauricio Alvarado – El Espectador

El proceso penal del tristemente famoso “Ñeñe” Hernández se ha enredado tanto que es difícil de entender ¿Cómo, en qué año y por cuáles hechos se origina este caso que interesa al país por unos audios de ese individuo en que hablaba sobre apoyo espurio a la campaña presidencial del actual jefe de Estado?

Los hechos tienen su origen en el asesinato, por error, del joven de 27 años Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, en Barranquilla, en agosto de 2011, cuando los sicarios pretendían asesinar a su padre Carlos Rodríguez Gómez por una deuda que José Guillermo Hernández, alias “el Ñeñe” Hernández, tenía con este. Por ese homicidio se abrió un proceso penal y dentro de sus labores investigativas, la Fiscalía determinó interceptar, entre los años 2018 y 2019, al Ñeñe como presunto determinador del crimen. Algunos de los audios grabados a Hernández fueron los que dieron inicio a la llamada “ñeñepolítica”.

Ese proceso penal podría ser uno más de los miles que hay en Colombia. Salta al interés nacional cuando, este año, se conocen los audios que usted menciona en que “Ñeñe” Hernández habla con una asesora cercana al expresidente Uribe (Claudia “Caya” Daza), sobre una supuesta compra de votos para la campaña electoral del hoy presidente Duque, en Cesar y Guajira ¿Usted descubrió esos audios y cómo los obtuvo?

Así es: descubrí la existencia de esos audios. Se le estaban haciendo interceptaciones al Ñeñe para establecer su posible participación en el homicidio de Óscar Eduardo. Cuando la Fiscalía 21 de Crimen Organizado que adelanta este caso, me dejó ver el material probatorio, como abogado de la víctima que soy, me di cuenta de que había un informe de Policía judicial, del 26 de mayo de 2018, que advertía que, en algunas de las grabaciones, se podría detectar la materialización de un fraude electoral. Sin embargo, el informe escrito no contenía el disco con los audios. El propósito de la Fiscalía era ocultarlos…

Ese es un cuestionamiento serio ¿Por qué lo asegura?

Porque en los informes judiciales se les advertía a los dos fiscales que han pasado por este caso, sobre la existencia de los presuntos fraudes electorales y ninguno compulsó copias para que se abriera otra investigación por esos hechos nuevos. La Fiscalía 21solo me entregó parte de las grabaciones al Ñeñe. No tuvo más alternativa que dármelas cuando las pedí insistentemente y después de muchas dilaciones.

¿Por qué decidió darlas a conocer a través de unos periodistas?

Decidí ponerlas en conocimiento de la opinión pública por dos razones: primera, para probar que el proceso penal por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez se había estancado por motivos diferentes al mismo; y segunda, para denunciar ante las autoridades, como me corresponde hacerlo, las presuntas irregularidades relacionadas con la campaña del presidente Duque.

Quisiera que fuera preciso: ¿usted cree que los dos fiscales que han pasado por este caso, conocieron las grabaciones del Ñeñe con la exasesora del senador Uribe y las ocultaron dolosamente?

Sí ¿En qué me baso? En la existencia de los informes judiciales escritos, uno, de abril de 2019, enviado a la primera fiscal que conoció el caso, Jenny Andrea Ortiz, que contiene una relación de conversaciones relevantes sobre el tema electoral, transliteradas en su interior. Allí se advierte sobre los presuntos fraudes que podrían haberse presentado. Ella no hizo nada. Y en un segundo informe, de agosto de 2019, dirigido al actual fiscal, Miguel Olaya, que sustituyó a la doctora Ortiz, se califica como grave lo que se escucha en una de las llamadas: la del Ñeñe Hernández con María Claudia Daza cuando ellos dos comentan que “Priscila” (de quien ahora sabemos que su apellido es Cabrales) había conseguido $1000 millones de pesos para “moverlos” con empresarios e ingresarlos a la campaña de Iván Duque. En las recomendaciones que hicieron en ese segundo informe, los investigadores le pidieron al fiscal Olaya que compulsara copias para que se investigara un presunto fraude electoral que habría allí, cosa que él no hizo jamás.
Si los fiscales no querían entregarle las grabaciones a usted, ¿por qué no desaparecieron, también, los informes escritos?

Porque en ese despacho había un gran desorden administrativo y esos informes estaban ahí, sin que aparentemente nadie se hubiera dado cuenta de su existencia. Yo pude encontrarlos después de la audiencia de acusación contra alias Marquitos Figueroa por el asesinato de Óscar Eduardo, cuando revisé el expediente. Ahí los descubro en medio de un cúmulo de papeles pero, repito, sin las grabaciones. Le exijo, entonces, al fiscal Olaya la entrega de ese material probatorio pero él me dice que no existe. Me molesté y le advertí que yo tenía el informe dirigido a su despacho que relacionaba las grabaciones. En ese momento empezó una cacería de brujas en contra de los investigadores policías para establecer si alguno de ellos me había entregado esos informes. Todo esto me lleva a interpretar que la Fiscalía quería ocultar tanto los informes como los audios…

¿Es por eso que cuando se publica la transcripción de una de las grabaciones, se difunde, en varios medios, la versión de que los audios no existían?

Sí. Cuando se conoce la transcripción de la conversación de Ñeñe con Claudia Daza, y debido a la presión de la opinión pública, la Fiscalía no tuvo más remedio que aceptar que había soportes auditivos pero para disculparse por la demora en la entrega de las grabaciones, afirmó que no estaban en sus instalaciones sino que las habían encontrado en el almacén de evidencias de la Dijin (de la Policía). Pero tampoco creo en esta versión porque si ya había informes judiciales dirigidos a los dos fiscales distintos en que se relacionaban los audios con número de identificación, en el mismo despacho tuvo que haberse producido la entrega material de estos.

¿Cree que la Fiscalía y la Dijin se enfrentaron, entonces, por estas versiones?

Es posible debido a la sospecha que tenía, ya no solo el fiscal del caso sino el mismo Fiscal General sobre la presunta filtración de los informes de los investigadores, a mí. Esos investigadores son los policías de la Dijín que hoy están capturados como sospechosos de haber contaminado las pruebas de la ñeñepolítica ¿Entiende usted el contexto que explicaría su actual detención y la acusación en su contra?

Con lo que usted relata, ¿va a presentar denuncia penal contra miembros de la Fiscalía que han conocido este proceso?

Sí. De manera inmediata hemos exigido la entrega total de los audios faltantes y hemos puesto en conocimiento de las autoridades, particularmente de la Procuraduría y de la propia Fiscalía, lo que ha sucedido para que investiguen las intervenciones de los funcionarios cuyo propósito era ocultar información relevante para el proceso, para la ciudadanía y para el Estado de derecho. La cacería de brujas también se desató contra mí: cuando fui a exigir al despacho la entrega de las grabaciones restantes, fui fotografiado dentro de la edificación de la Fiscalía conocida como el bunker y las fotos fueron subidas a las redes no solo como una forma de amenaza contra mí advirtiendo que me tenían vigilado sino, también, dejando la sensación de que yo estaba realizando actividades ilícitas.

¿Cuántos audios del “Ñeñe” hablando sobre la campaña electoral conoce usted, con cuál o cuáles miembros de la campaña Duque conversaba y en cuáles fechas?

Las interceptaciones al Ñeñe Hernández se dan en tres etapas: una, en 2017, que no arroja resultados significativos; una segunda etapa que va desde el 26 de mayo al 19 de noviembre de 2018. Estas interceptaciones son cruciales porque se dan en el periodo previo a la segunda vuelta presidencial. Allí es donde aparece el señor Hernández conversando con Caya Daza sobre los presuntos fraudes electorales. Y en una tercera etapa hay nuevas interceptaciones, entre el 19 de noviembre de 2018 y el 1° de mayo de 2019, poco antes del asesinato de Hernández en Brasil.

Los audios que conoce la opinión pública, ¿son todos o hay más que no se le hayan entregado a usted como lo ha sugerido a lo largo de esta entrevista?

Los audios que tengo en mi poder, no son todos. Faltan muchísimos más. De un total de 25 mil registros adicionales, la Fiscalía no me ha hecho entrega de ellos. Resalto que el ente investigador no tiene la opción sino la obligación de darme la totalidad de los audios so pena de incurrir entre otras faltas graves, en violación al debido proceso y a la necesidad de establecer la verdad material sobre el asesinato del joven Óscar Eduardo Rodríguez. A mi juicio, queda en evidencia el temor del Fiscal General, Francisco Barbosa, de que se me haga entrega de dicho material por las implicaciones que tendría ese material.

Entonces, y según ha podido establecer, ¿cuántas grabaciones o audios de conversaciones del Ñeñe existirían en el proceso?

Consta que hay dos discos compactos (CDs) con 25 mil interceptaciones cada uno. La Fiscalía me hizo entrega de uno de ellos. He enviado tres solicitudes y una petición directa al juez de conocimiento del proceso por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez, para que ordene que se me entregue el resto.

¿Sabe o supone cuáles grabaciones hay en el disco que no le han entregado?

Ahí se encuentran las interceptaciones del 26 mayo – un mes antes de las elecciones presidenciales -, al 19 de noviembre de 2018. Entiende usted la importancia de este material que contiene las grabaciones de conversaciones del Ñeñe previas a la segunda vuelta presidencial.

En cuanto a los investigadores policías del proceso, ¿cuáles son los delitos que se les imputan y por qué un tercer fiscal les abre una causa y pide su detención?

La Fiscalía argumenta de manera equivocada, que dentro de las interceptaciones del Ñeñe, en el grupo de grabaciones de mayo de 2018, estos investigadores incluyeron cinco líneas adicionales pertenecientes a policías activos, sospechosos de cometer unos delitos en Cali. Sin embargo, el hecho es que esas líneas habían sido aportadas por alias la Penca diciendo que esas personas hacían parte de la organización de Marquitos. Es importante anotar que pudimos determinar que, desde 2019, la organización de Figueroa estaba preparando un montaje en contra de estos funcionarios de la Dijin. Hay una denuncia escrita y formalizada al respecto en que consta este hecho.

Usted termina siendo el defensor de estos policías ¿Por qué?

No dudo que el proceso contra estos dos policías tiene un carácter político. Conozco al mayor Tocarruncho y el sargento Velásquez de tiempo atrás porque eran quienes investigaban el asesinato de Óscar Eduardo. Mi relación con ellos era de cooperación, con el propósito de esclarecer el homicidio en el entendido de que la Fiscalía trabaja de la mano con la representación de las víctimas. Debido a esto, no permitiré que se cometa una injusticia contra ellos pues, según creo, el único propósito que tiene la Fiscalía es el de desprestigiar el trabajo riguroso que se hizo y contaminar la prueba original del Ñeñe en cuanto a su participación en la campaña electoral del Presidente.

Cabe la posibilidad de que estos investigadores sí hubieran introducido al proceso legal en que se ordenó interceptar al Ñeñe, líneas telefónicas que no tenían nada que ver con el caso, que es de lo que se los acusa ¿Contempla esta hipótesis?

La realidad probatoria establece que sí ingresaron unas líneas pertenecientes a unos policías activos de la Dijin. Eso no está en duda. Lo que nosotros, como defensa de los investigadores, advertimos, es que esas líneas ingresan por los señalamientos formales de una de las fuentes del proceso, alias la Penca. El fiscal que los investiga sostiene que ingresaron porque los investigadores capturados querían chuzar a sus compañeros voluntariamente y por otras razones.

El fiscal que investiga a los investigadores del “Ñeñe”, trató de que el juez de la audiencia impidiera que usted fuera el defensor de los acusados ¿Qué dijo?

Una semana antes de las capturas de los dos policías, el fiscal Daniel Hernández decidió escuchar en declaración a la primera fiscal que tuvo el proceso por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez, Jenny Andrea Ortiz. Esta funcionaria aseguró que yo había participado en un soborno a un testigo. Basado en esa declaración, el fiscal Hernández compulsó copias contra mí y, al iniciar la audiencia preliminar contra los policías, argumentó conflicto de interés en mi contra. Yo interpreto que había un plan preconcebido entre la fiscal Ortiz y el fiscal Hernández para apartarme del proceso con el propósito de presionar a los investigadores policías a aceptar cargos. Lo curioso es que la fiscal Ortiz habría conocido mi actuación dolosa hace años y solo ahora la denuncia. Raro. El juez de garantías, luego de escucharme, no avaló esa solicitud y continúo representando a los dos policías.

Antes de terminar, ¿cuándo aparece en el proceso el nombre y la banda criminal de Marcos Figueroa y ¿qué relación tuvo este con “Ñeñe” Hernández?

Desde el momento en que mi representado Carlos Rodríguez encuentra a su hijo asesinado, sus declaraciones apuntaban a la presunta responsabilidad del Ñeñe. Sin embargo, fue mucho después, a través de informes de Policía Judicial, que alias “la Penca”, exmiembro de la organización de Figueroa, precisa la relación entre el Ñeñe y Marquitos. Aseguró que el Ñeñe hacía parte del brazo político de esa organización criminal y que los sicarios que participaron en el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez habían sido los autores de otros crímenes endilgados a esa banda.

¿Por qué ese personaje alias la Penca, sabía sobre el crimen y sobre la banda de Figueroa?

Porque él era miembro de la organización de Figueroa y manejaba el contrabando de gasolina, además de que era familiar del propio Marquitos. En cuanto al homicidio de Óscar Eduardo, según su versión, él presenció una conversación entre el Ñeñe y la plana mayor de esa banda, en una fiesta en donde se concertaron para cometer el asesinato del señor Rodríguez que terminó en el homicidio de su hijo.

“Una estrategia del fiscal Barbosa, invalidar la grabación del Ñeñe”

Usted ha dicho que lo que pretende la Fiscalía con la detención de los policías investigadores y con las sospechas sobre su propia conducta, es enredar la investigación sobre supuesta compra de votos y sobre la influencia de un presunto lavador de dólares y aliado de narcos (“Ñeñe” Hernández), en la campaña del presidente Duque. En su criterio de abogado, ¿se podrían invalidar las pruebas que implican a miembros del círculo gobernante y con esto se caería todo el caso?

Desde un principio he argumentado que judicializar a los policías investigadores que participaron en las interceptaciones del Ñeñe responde a una estrategia del fiscal Barbosa para sepultar la ñeñepolítica. Si logra que la etapa de interceptaciones a Hernández que comienza el 26 de mayo de 2018 sea decretada nula por un juez de conocimiento, se contaminaría necesariamente la grabación en que conversan el Ñeñe y Claudia Daza y otras más que corresponden a ese periodo. Y quedarían sin piso las investigaciones por presunto fraude electoral en la campaña presidencial tanto en Fiscalía, como en la Comisión de Acusación y en la Corte Suprema. Este propósito es el que, al mi juicio, hace que el Fiscal General no se declare impedido.

“La deuda con la víctima no sobrepasaba los $400 millones”.

Usted es el apoderado del padre de quien fuera asesinado por error, crimen por el cual se abre investigación contra el Ñeñe ¿A cuáles actividades se dedicaba su cliente para tener tanto dinero como el que se dice que le debía el “Ñeñe” y cuya deuda habría motivado ese homicidio?

Llegué al proceso por ese homicidio en 2018, 7 años después de iniciado, en un momento muy crítico para la investigación porque, debido a la falta de diligencia de la Fiscalía, los autores materiales del asesinato del joven Óscar Eduardo Rodríguez habían sido dejados en libertad por vencimiento de términos y no se había hecho nada para establecer quiénes habían ordenado el homicidio. Hoy, el autor material aceptó cargos y fue condenado a 20 años de prisión. Alias “Marquitos” Figueroa (jefe de una estructura de narcotráfico en Guajira y Cesar), presunto determinador del crimen junto al Ñeñe, tiene medida de aseguramiento y el juicio contra él está próximo a iniciarse. Sobre el dinero de mi cliente, es importante aclarar que, contrario a lo que se ha dicho, el monto real de la deuda del Ñeñe con él no sobrepasaba los $400 millones de pesos. El señor Rodríguez, padre de la víctima, era propietario de la famosa sastrería GQ, en Barranquilla, que vestía a los artistas vallenatos y tropicales más populares de la época.

TOMADO DE: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-fiscalia-quiso-ocultar-los-audios-de-el-nene/

Marta Lucía Ramírez se ha lavado las manos, como parece ser una costumbre de este Gobierno cada vez que le salta un nuevo escándalo

MARÍA JIMENA DUZÁN,  Junio 13 de 2020

La vice

El verdadero talón de Aquiles de Marta Lucía no es tener un hermano narco que quiso esconder durante 23 años.

Es cierto: tener un hermano narcotraficante no es delito y tampoco es un impedimento para llegar al curubito, menos en Colombia, donde los políticos que no tienen a algún pariente metido en el narcotráfico son una especie en vías de extinción.

El hecho de que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hubiera decidido recurrir a toda suerte de eufemismos para confirmar que lo revelado por La Nueva Prensa era cierto, tampoco es un pecado mortal, así la deje muy mal ranqueada en materia de ética pública y de transparencia, dos cosas en las que ella se considera una experta. Está en todo su derecho de hacer el ridículo y de salir a maquillar las palabras para favorecer a su hermano, como de hecho lo hizo cuando en su comunicado calificó de “error” el delito de haber liderado una organización criminal que reclutaba mulas colombianas para introducir heroína en los Estados Unidos. 

Es cierto que para ninguna familia estos episodios son fáciles, pero como lo demostró el caso del hermano del general Naranjo hay maneras de salir con la frente en alto sin tener que hacer el ridículo. El general, a diferencia de la vicepresidenta, tomó el toro por los cuernos. Hizo una rueda de prensa inmediatamente supo que su hermano había sido capturado por traficar cocaína y en lugar de mostrarse como una víctima de una tragedia familiar dijo que se avergonzaba de lo que había hecho su hermano y le pidió perdón al país.

Marta Lucía Ramírez, en cambio, se ha lavado las manos, como parece ser una costumbre de este Gobierno cada vez que le salta un nuevo escándalo. Ella no se avergüenza de nada, ni siquiera del “error” de su hermano, y en cambio nos ha tratado de convencer de que semejante delito fue solo un traspié. Hizo todo lo posible por enterrar la historia y cuando 23 años después se conoce, en lugar de frentear al toro, sale con la perorata de que se trata de una estrategia sistemática para desacreditarla a ella y a su familia.

Pero el verdadero talón de Aquiles de Marta Lucía no es el de tener un hermano narco que quiso esconder durante 23 años. Eso demuestra su doble rasero en materia de lucha contra el narcotráfico, pero repito, tener un hermano narco no es delito. En cambio ser socio de uno –como lo ha denunciado un informe muy detallado de InSight Crime– sí es un tema de otro tenor que tiene a la vicepresidenta muy enredada.

Según esa investigación periodística que está muy bien sustentada, realizada por Jeremy McDermott, Marta Lucía y su esposo, Álvaro Rincón, habrían sido los socios en 2007 de un proyecto urbanístico con el Memo Fantasma, un antiguo capo de la droga y comandante paramilitar que, según InSight Crime, se ha ido reciclando con los años hasta convertirse en un exitoso empresario inmobiliario. Según esta publicación, el Memo Fantasma habría utilizado el mercado inmobiliario para lavar su dinero.  

Hasta ahora las explicaciones dadas por la vicepresidenta han sido insuficientes y escasas, y se han dado más en los estrados judiciales que frente a la opinión. Se le olvida a la vicepresidenta que ella es una funcionaria pública, que está sujeta al escrutinio y que debe responder las preguntas que la implican, sobre todo cuando estas surgen de una investigación tan completa y seria como la que ha hecho McDermott.

Ella insiste en que Memo Fantasma nunca fue su socio, pero no niega que él fue el que ofreció el terreno para construir el edificio, y aunque dice que el tal Memo era un empresario inmobiliario del cual no tenía ninguna queja, también ha dicho que hizo todas las averiguaciones posibles para indagar sobre su pasado, pero que nunca encontró nada. O sea, que sí, pero no.

Esa delicada línea entre la empresa privada y la función pública la ha transitado Marta Lucía con una arrogancia que solo tienen los que practican el deporte de la puerta giratoria. Siendo vicepresidenta llegó a tener en un momento el control de la infraestructura, pese a que su esposo tiene grandes intereses en el sector de la construcción. Y ella, que transita por tan sinuosa línea, nos mira a todos desde un pedestal de la moral que no tiene.    

Ahora el tema se le ha ido mucho más hondo porque ya no se trata de sus conflictos de interés, que los tiene y grandes, sino de sus presuntas relaciones con inversionistas que estarían –según InSight Crime– relacionados con el bajo mundo del narcotráfico.

La vicepresidenta ha convertido esta denuncia en un pugilato judicial contra el periodista McDermott. Ella le pidió una rectificación, pero él ha dicho que no se va a retractar, mientras que por el otro lado el Memo Fantasma lo está amenazando con una demanda de injuria y calumnia que todavía no le ha llegado.

Cuando no hay cómo responder, lo mejor es achacarles todo a los medios o a los periodistas que hacen bien su labor.

Siempre pensé que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez había llegado al poder para demostrar que las mujeres somos capaces de hacer una diferencia, pero lo que ha sucedido es lo contrario. Ahora veo que Marta Lucía Ramírez es una más de ese montón, de esa horda de politiqueros que se han apoderado del poder para usufructuarlo según su conveniencia y que consideran que sus actos no están bajo el escrutinio público.

TOMADO DE: «Revista Semana»

https://www.semana.com/opinion/articulo/la-vicepresidenta-marta-lucia-ramirez-por-maria-jimena-duzan–colombia-hoy/679496#

 

Colombia. Resumen Narcoparamilitar

Marta Lucía Ramírez Blanco, vicepresidenta de Colombia, pagó fianza en Estados Unidos del narcotraficante Bernardo Ramírez Blanco (Su hermano)

La vicepresidente de Colombia pagó en Miami fianza de US$ 150 mil para liberar a su hermano condenado por tráfico de heroína

11 Junio, 2020

Izquierda, Bernardo Ramírez Blanco, narcotraficante convicto. Derecha, Álvaro Rincón y Marta Lucía Ramírez Blanco, vicepresidente de Colombia.Izquierda, Bernardo Ramírez Blanco, narcotraficante convicto. Derecha, Álvaro Rincón y Marta Lucía Ramírez Blanco, vicepresidente de Colombia.

Por GONZALO GUILLÉN Y JULIÁN F. MARTÍNEZ

     Bernardo Ramírez Blanco, de 58 años de edad, hermano de la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez Blanco, en 1997 fue arrestado y condenado en Estados Unidos a cuatro años y nueve meses de prisión por tráfico de heroína. Cuando tuvo oportunidad de salir libre, la fianza, de US$ 150 mil, la pagó ella junto con su esposo, Álvaro Rincón, ambos enredados hoy por sus nexos comerciales con el narcotraficante Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma.”

Constancia judicial de que la hoy vicepresidente de Colombia pagó la fianza de su hermano el narcotraficante Bernardo Ramírez Blanco.

     Al pago de la fianza también contribuyó alguien identificada como Luz Mireya Rodríguez.

     El hermano de la vicepresidente fue detenido en Miami en julio de 1997, cuando recibía un cargamento de heroína que dos “mulas”, reclutadas por él, transportaron por vía aérea desde Aruba. A su regreso, llevaron la droga en cápsulas que se tragaron, fabricadas con condones, dicen la acusación y la sentencia judicial condenatoria.

     La acusación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de la Florida y el juicio se llevó ante la Corte Federal del mismo distrito.       

     El investigador del caso fue el agente de la DEA Shaun Perry, quien tuvo información según la cual los colombianos residentes en Miami Alejandra Osorio Vargas y Miguel José Aguilera Asencio viajarían a Aruba y regresarían con un alijo de heroína entre sus estómagos.

     En efecto, de acuerdo con el agente Perry, ambos llegaron en el vuelo número 760 de Air Aruba, el 12 de julio y fueron arrestados cuando se disponían a entregarle la droga ilícita a Ramírez Blanco.

     Durante la campaña electoral que la llevó a la vicepresidencia de Colombia, Marta Lucía Ramírez nunca les informó a sus electores que tenía un hermano narcotraficante al que había liberado con una fianza.

Aspecto de la resolución de acusación o “indictment” por narcotráfico contra el hermano de la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien fue condenado.

     El hermano de la hoy vicepresidenta, de acuerdo con la acusación, reclutó a Osorio Vargas y Aguilera Asencio en Miami y los envió a recoger la droga en Aruba, donde se la tragaron y regresaron dos días después.

     El agente Perry reveló que los datos obtenidos por sus fuentes coincidieron con las listas de pasajeros que solicitó a Air Aruba en las que, evidentemente, figuraban Osorio Vargas y Aguilera Asencio.

     El 16 de julio, dice Perry, supo que ambos colombianos ya habían regresado a Miami y se dirigió a la residencia de Vargas en Miami Beach. A las

     5:30 de ese día Perry y otros dos oficiales de la DEA montaron sendos puestos de vigilancia a los edificios donde vivían Osorio Vargas y Aguilera Asencio.

     Posteriormente, el agente Perry se percató de que Aguilera Asencio salió con una cartera de viaje y un estuche porta-CDs. Lo alcanzó, lo interceptó y le pidió identificarse.

     Aguilera Asencio explicó que recientemente había llegado de Aruba junto con Osorio Vargas.

     A continuación, los agentes visitaron a Osorio Vargas y ella dio la misma explicación. También fue arrestada y llevada al hospital Mount Sinai, donde fue sometida a Rayos X. Entre 16 y 18 de julio Osorio Vargas expulsó 65 capsulas de heroína y Aguilera Asencio 35.

     El 17 de julio los agentes encontraron 35 capsulas más en la bolsa de viaje de Aguilera Asencio.

     Vargas y Aguilera Asencio decidieron cooperar con los agentes y les contaron que le iban a entregarle la droga al hermano de la actual vicepresidente de Colombia, Bernardo Ramírez Blanco. Explicaron que él fue la persona que “los dirigió para que fueran a Aruba a obtener la heroína y quien recibiría la droga a la llegada a Miami”, sostiene el agente Perry.

     El 18 de julio de 1997, alrededor de las 4:45 de la tarde, Vargas habló por teléfono con Ramírez. La conversación fue grabada por la DEA y el agente Perry la reveló en juicio.

     Las dos “mulas” quedaron en encontrarse con Ramírez en Aventura Mall para entregarle la droga.

     El encuentro se produjo a las 7:52 pm. Osorio Vargas le dijo al hermano de la vicepresidente Ramírez Blanco que tenía la droga afuera, en su vehículo, fue a retirarla y regresó.

     Ramírez Blanco y Osorio Vargas tuvieron una discusión y posteriormente se produjo el arresto de él. El narcotraficante pidió que se le permitiera ir hasta Nueva York con el objeto de encontrarse con su hermana Marta Lucía Ramírez Blanco, quien, aseguró, era una persona muy importante que podría solucionar esta situación penal por tráfico de heroína.

     Tras ser capturado en Miami por narcotráfico, Bernardo Ramírez Blanco pidió que se le permitiera ir a Nueva York a buscar el amparo de su hermana Marta Lucía Ramírez Blanco, hoy vicepresidente de Colombia. No se le concedió esa solicitud.

     El pasado 7 de abril, la organización Insight Crime reveló la identidad del narcotraficante colombiano Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido con los alias de ‘Sebastián Colmenares’ o ‘Memo Fantasma’ quien tiene negocios inmobiliarios con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Blanco y su esposo, Álvaro Rincón.

     NOTA: La vicepresidenta Marta Ramírez Blanco fue contactada por La Nueva Prensa para que tuviera la oportunidad de dar su punto de vista pero no contestó. Ver carta:

TOMADO DE: https://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/la-vicepresidente-de-colombia-pago-en-miami-fianza-de-us-150-mil-para-liberar-a-su-hermano-condenado-por-trafico-de-heroina


El hermano de la vicepresidenta Ramírez y su condena por narcotráfico de hace 22 años

Bernardo Ramírez Blanco, hermano de Marta Lucía Ramírez, fue condenado a 57 meses de cárcel en los noventa por conspirar para ingresar heroína a Estados Unidos con mulas. “De estos hechos he dado cabal información a las personas que (…) debían conocerlos”, dice la vicepresidenta. Esta es la historia.

Marta Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón, actuaron como deudores solidarios para pagar la fianza del hermano de la vicepresidenta, Bernardo Ramírez, quien estaba siendo procesado por narcotráfico y fue finalmente condenado en 1998.
Marta Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón, actuaron como deudores solidarios para pagar la fianza del hermano de la vicepresidenta, Bernardo Ramírez, quien estaba siendo procesado por narcotráfico y fue finalmente condenado en 1998.

Bernardo Ramírez Blanco, hermano de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Esta información, que permaneció oculta por más de 20 años, la acaba de revelar el portal La Nueva Prensa y consta en documentos públicos del sistema judicial de EE.UU., que dan cuenta de su captura en julio de 1997 y de las pruebas en su contra. El 27 de enero de 1998, el hermano de la alta funcionaria colombiana aceptó el cargo de haber conspirado para introducir heroína a EE.UU. desde la isla de Aruba. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida lo condenó a 57 meses de prisión.

La DEA (Drug Enforcement Agency), una agencia que la vicepresidenta hoy conoce bien por su cercano trabajo con Colombia, dio con las acciones ilegales de Bernardo Ramírez a través de otros dos colombianos que hicieron de correos humanos para meter heroína a Estados Unidos por el aeropuerto de Miami en julio de 1997. Así lo contó el agente Shaun Perry, quien para entonces llevaba apenas un año trabajando en la unidad de High Intensity Drug Trafficking Area de Florida, cuando una fuente humana con la que ya había trabajado le contó que Alejandra Vargas Osorio y Miguel José Aguilera llegarían en los próximos días desde Aruba con una carga de heroína en sus estómagos.

Los agentes de la DEA estuvieron pendientes de las listas de pasajeros que llegaban de Aruba por dos días seguidos sin mayor éxito, hasta que, el 16 de julio, su fuente lo contactó de nuevo y le dijo que Vargas y Aguilera ya habían llegado a Miami. Las autoridades llegaron hasta la casa de Vargas, donde Aguilera admitió al cabo de un rato haber ingerido grandes píldoras de heroína para ingresarlas a territorio estadounidense. Fueron arrestados. A ambos les hicieron rayos equis, que revelaron la presencia en su cuerpo de la sustancia psicoactiva y que luego expulsaron mientras estaban hospitalizados. En total, habían ingerido 65 píldoras entre los dos y llevaban otras 30 en la maleta de Aguilera. Dos días después, ambos aceptaron cooperar con la justicia.

Esta es la sentencia contra el hermano de la vicepresidenta, Bernardo Ramírez. Allíse observa que aceptó uno de los cargos imputados.
Esta es la sentencia contra el hermano de la vicepresidenta, Bernardo Ramírez. Allíse observa que aceptó uno de los cargos imputados.

El rol de Bernardo Ramírez

Allí surgió el nombre de Bernardo Ramírez, el hermano de la vicepresidenta. Según los dos capturados, fue él quien los condujo a Aruba por la heroína y a quien deberían contactar en Miami para que les recibiera la droga, una vez llegaran a Estados Unidos, según reza en la acusación en contra de los tres. Fue entonces que la DEA planeó una entrega controlada de heroína y le pidió a Alejandra Vargas llamar a Ramírez Blanco para cuadrar un encuentro, como si todo anduviera según lo planeado con la organización criminal para la que trabajaban. No obstante, Ramírez Blanco no contaba con que todo lo que dijo e hizo estaba siendo monitoreado.

Ese 18 de julio, Vargas llamó varias veces a Bernardo Ramírez. “Durante estas conversaciones, Vargas y Ramírez hablaron de establecer un lugar de reunión para que Vargas entregara la heroína a Ramírez y cuánto se le pagaría a Vargas por sus esfuerzos”, reza el indictment (acusación) contra Ramírez. Acordaron, entonces, que el encuentro sería en el exclusivo centro comercial Aventura, al norte de Miami, a donde ambos llegaron sobre las 7:52 de la noche. Mientras Ramírez Blanco pensaba que iba a terminar con normalidad su transacción de drogas, al lugar llegaron también agentes federales que, de nuevo, escucharon todo lo que dijo.

Vargas le dijo a Ramírez Blanco que la acompañara a su auto porque tenía la heroína allí. Caminaron con tranquilidad hasta el parqueadero y, una vez la maleta con la droga estuvo en manos de Ramírez, los agentes de la DEA hicieron presencia en el lugar, lo capturaron y tres días más tarde lo llamaron a juicio por tres delitos de narcotráfico. El nombre de la alta funcionaria colombiana quedó registrado unos días después, el 24 de julio, cuando Marta Lucía Ramírez, quien para entonces era presidenta de Invercolsa, se presentó en la Corte del Sur de la Florida junto a su esposo el empresario inmobiliario Álvaro Rincón para interceder por su hermano.

Este es el certificado de que a Bernardo Ramírez le otorgaron una fianza en la que actuaron como "sureties" su hermana, Marta Lucía Ramírez y el esposo de esta, Álvaro Rincón.
Este es el certificado de que a Bernardo Ramírez le otorgaron una fianza en la que actuaron como «sureties» su hermana, Marta Lucía Ramírez y el esposo de esta, Álvaro Rincón.

La vicepresidenta Ramírez y su esposo llegaron hasta Florida para actuar como codeudores de la fianza de Bernardo Ramírez Blanco. Al hermano de la alta funcionaria le habían impuesto una sanción de $150.000 dólares como requisito para quedar en libertad mientras el proceso en su contra avanzaba. Ramírez Blanco aceptó pagarlos el 25 de julio de 1997, reportó tener una cuenta bancaria que lo sustentaba y, además, la vicepresidenta y Rincón le sirvieron de personal surety. Es decir, intervinieron en su favor como deudores solidarios para que pudiera quedar libre.

El proceso siguió su curso y, durante todo el caso, Ramírez Blanco tuvo un defensor público. El hermano de la alta mandataria aceptó colaborar también con la justicia y firmó un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar uno de los delitos de los que le acusaban a cambio de que le redujeran la sentencia. Esa negociación recibió luz verde de un juez el 27 de enero de 1998 y, así, Bernardo Ramírez, quien para entonces tenía 36 años, fue sentenciado a casi cinco años de prisión. El castigo en su contra incluyó la orden de que, en el futuro, Ramírez Blanco no pudiera volver a obtener permisos para portar armas de fuego.

La vicepresidenta se defiende

El Espectador reproduce en su integridad el comunicado que publicó la vicepresidenta Ramírez sobre la condena de su hermano:

«Bogotá, 11 de junio de 2020

Mi familia, como desafortunadamente tantas otras en Colombia, sin distingo de clase social, vivió hace 23 años -en 1997- una tragedia, derivada de que uno de mis hermanos siendo muy joven, se involucró en un negocio fácil y, en consecuencia, fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes.

Su error ha costado muchos años de sufrimiento a nuestra familia y a él.

Vivimos con mucho dolor su circunstancia, pero también lo acompañamos con el amor de hermanos, como lo hicieron mis padres, porque los lazos de la familia no desaparecen frente a la adversidad y la vergüenza.

Como la mayoría de los colombianos, he luchado con ahínco contra el narcotráfico, con la experiencia de saber que es una actividad que ha dañado la vida de millones de familias en Colombia y en el mundo.

Tuvimos que ayudarlo firmando una garantía, no una fianza, para asegurar que se presentaría a la justicia, como en efecto lo hizo, acompañado de mi esposo y de mí, quienes lo llevamos a una corte de la Florida para que reconociera su falta y respondiera por ella.

Pagó pena de cárcel por 4 años y medio, y hace 23 años quedó en libertad por cumplimiento de la pena. Desde entonces, ha estado dedicado a trabajar honestamente, hoy es un hombre de bien y junto a su familia, lleva una vida decente y honrada.

Esta experiencia familiar, que lamentablemente hemos vivido, me ha llevado a luchar sin descanso por lograr que los jóvenes de nuestro país tengan oportunidades y trabajen honestamente por salir adelante, sin dejarse atraer por la tentación del dinero fácil.

De estos hechos he dado cabal información a las personas que, en los diferentes momentos de mi vida laboral, consideré que debían conocerlos. Son hechos obviamente ajenos a mi.

Lamento que mis enemigos políticos decidan acudir a la bajeza de estos ataques contra una mujer como yo que lo único que ha hecho es trabajar honestamente y sin descanso por Colombia. Los ataques contra mi familia hacen parte de una estrategia sistemática para desacreditarme.

Esa es la política que todos los colombianos rechazamos.

Seguiré, sirviendo al país con todas mis fuerzas y dedicación hasta el último de mis días».

Mientras tanto, el presidente Iván Duque se pronunció al respecto desde su cuenta de Twitter defendiendo y respaldando a quien escogió como su fórmula presidencial:

Iván Duque 🇨🇴

@IvanDuque

Hace 23 años @mluciaramirez y su familia vivieron una tragedia por el delito cometido por un ser querido. Sobreponiéndose a esa lamentable situación, le ha servido al país con honorabilidad y entrega patriótica.

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PETRO

sobre convenio de Duque para traer militares de EEUU en supuesta lucha contra narcotráfico

Los oscuros círculos del poder en Colombia

Por: Ricardo Robledo

Los círculos que rodean a las personas que ejercen el poder en el país, son círculos viciosos. Pero entendido el vicio como lo bajo que encadena a los seres humanos.

Dada la cercanía de la actual fiscalía con el presidente y el partido de gobierno, todas sus actuaciones son oscuras. El proceso iniciado contra el gobernador de Antioquia, deja muchas sospechas. Es cierto que su proceder ha sido delictivo en las contrataciones investigadas, además de sus intentos de privatizar la fábrica de licores, la construcción de hidroituango, el billonario proceso de Une millicom; todos ampliamente sustentados con documentos que residen en la fiscalía desde años atrás.

Al gobernador se le investiga por un contrato del 2005, para la Pavimentación de un tramo de la Troncal de la Paz, por 41.663 millones de pesos. Ahora sorprende el que se proceda sobre un caso, después de 15 años y por una cuantía que parece de poco monto, comparada con los hondos e innumerables actos de corrupción que llenan los titulares de las noticias en el país y que afectan su vida económica y política.

No se puede pasar por alto la poca actividad de la fiscalía, ante las denuncias sobre Reficar, Odebrecht, caso Merlano, la ñeñepolítica. Actos delictivos de gran calado que involucran a poderosos políticos de la sociedad colombiana y que apenas se tocan por las ramas y se diluyen en la indolencia.

Si en las elecciones se produce un delito comprobado contra la democracia, como la compra de votos, es de esperar que el concejo nacional electoral actúe anulando los resultados que favorecen un supuesto ganador de tales votaciones; si no lo hace, debería corresponderle a la fiscalía el enjuiciamiento de los funcionarios que, con su silencio, benefician las conductas ilegales. Si los encargados de investigar tampoco cumplen con lo establecido por la ley, existen otros entes de control que tiene la potestad para sancionar a todos que se hacen cómplices de las infracciones a la Constitucionalidad.

Son inadecuados, prepotentes, abusivos y burlones, los nombramientos que hace el partido de gobierno, en las instituciones encargadas de atender a las víctimas del conflicto, incluida en ellas a la misma sociedad. Con estos cínicos propósitos, se busca borrar la memoria y reescribir la historia de las últimas décadas del país.

Pero resulta que, a los integrantes del partido de gobierno, ahora se les ha despertado la moralidad y pretenden sanear al departamento antioqueño y para eso inician un pequeño enjuiciamiento que desvíe la atención del país, para poder cubrir la corrupción de mayor peso y consecuencias.

Parece que van por la gobernación de Antioquia, puesto que existe la posibilidad de llamar a nuevas elecciones y toman la delantera; igualmente, dado que la alcaldía de Medellín, carece de un respaldo partidista fuerte y abierto y que tenía al gobernador como su soporte, también se coloca en la mira de la dolida ultraderecha local; se quitan a un inexperto y advenedizo personaje, para sí matar dos pájaros de un tiro.

Se abren nuevas expectativas en la política regional paisa, en las que la población y la sociedad saldrán mayormente perjudicadas. La cuestionada ultraderecha regional se atrinchera de nuevo. “Agúzate paisa que te están velando. Agáchate que te están tirando. Que uno tiene que estar mosca por donde quiera”.

Junio 10 de 2020

Tropas norteamericanas: Violación de la Soberanía colombiana y control de las reservas petroleras del mundo

LO QUE OCULTA DUQUE

 

Tomado de «Somos Colombia», en su publicación virtual de Youtube, con un copy de la dirección del video.

RT entrevista a Daniel Menoza