Archivo diario: 16 abril, 2020

ECUADOR. Estremecedor informe del gobierno ecuatoriano el día de hoy: Más de 6.700 muertos en 15 días, solo en Guayas

Coronavirus en Ecuador: el gobierno confirma más de 6.700 muertes en 15 días en Guayas, la provincia más golpeada por covid-19

Varios hombres junto a un ataúdEl número de fallecidos en Guayas, Ecuador, se ha quintuplicado en 15 días.

Las sospechas de que el número de muertos era más grande de lo que reportaban autoridades en Guayas, la provincia más castigada por covid-19 en Ecuador, acaban de dar con un dato muy revelador.

El gobierno informó que hubo un desfase en los reportes de fallecidos y que en los primeros 15 días de abril se registraron unas 6.700 muertes en esa región en la que normalmente hay 1.000 fallecidos por quincena.

Las autoridades no pudieron determinar las causas de todas las muertes, pero infieren que, además de las muertes naturales, lo que hay detrás es la pandemia de coronavirus.

«En las cifras que hemos logrado cruzar con el trabajo, con el Ministerio de Gobierno y con el Registro Civil, tenemos aproximadamente 6.703 fallecidos reportados en estos 15 días de abril en la provincia del Guayas», dijo el jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Jorge Wated.

«El promedio usual mensual (de fallecidos) es de aproximadamente 2.000 personas» en Guayas, indicó, por lo que hubo más de 5.700 muertos más de lo habitual.

Un ataúd afuera de un cementerio de Guayaquil

La ciudad de Guayaquil atravesó por una aguda crisis en marzo luego de que los servicios forenses y funerarios se vieron rebasados por la cantidad de fallecimientos que había.

Las autoridades cifraban las víctimas de covid-19 en unas pocas decenas, lo que contrastaba con la demanda de ayuda para inhumar a fallecidos.

Tanto ataúdes como cadáveres envueltos en sábanas o plástico quedaron expuestos en las calles ante la falta de opciones para incinerarlos o enterrarlos.

El presidente Lenín Moreno ha reconocido que la emergencia sanitaria no fue bien atendida, principalmente en Guayas, donde se concentra el 70% de los casos de covid-19.

Dos mujeres en Guayaquil y de fondo el cuerpo de un hombre tapado en la calle.La población temía que hubiera una emergencia sanitaria por los cadáveres expuestos en las calles de Guayaquil.
Línea

El problema con los números

Análisis de Matías Zibell, de BBC Mundo en Ecuador

El gobierno de Ecuador comenzó a emitir informes sobre los casos de coronavirus en el país desde la primera quincena del mes de marzo y para el primero de abril las cifras oficiales hablaban de 2.758 casos confirmados y 98 muertos a nivel nacional.

Pero entre fines de marzo y comienzos de abril comenzaron a circular por redes sociales imágenes de personas muertas en los domicilios y en las aceras de Guayaquil, la ciudad más golpeada por la pandemia; la crudeza de los testimonios de los familiares de las víctimas permitía intuir un escenario mucho más drástico.

En medio de este desfase entre lo que decían las cifras y lo que mostraban las imágenes, el 2 de abril el presidente Lenín Moreno dijo que los datos sobre la pandemia debían sincerarse: «Por dolorosa que ésta sea, hay que transparentar la información, hay que decir la verdad».

Para ese entonces, Moreno ya había creado una fuerza de tareas para recolectar los cadáveres en Guayaquil, a cargo del ingeniero Jorge Wated, quien fue el encargado de informar este jueves que más de 6.700 personas han sido enterradas en la provincia del Guayas durante los primeros 15 días de abril, 5.700 más que el promedio.

Esto refleja no solo el número de personas que murieron por coronavirus, diagnosticadas o no, sino también las muertes por otras causas que se produjeron en pleno colapso de toda la salud pública provincial debido a la pandemia.

Esta mayor aproximación a la realidad no solo se obtuvo gracias, como dijo Wated, a cruzar cifras de cementerios, registro civil y oficinas de gobierno. El número actual de pruebas para diagnosticar los casos de coronavirus son, según el informe oficial, 27.868.

Las cifras oficiales del primero de abril indicaban apenas unas 9.019 pruebas realizadas.Línea

El cementerio Angel Maria CanalesEl cementerio Ángel María Canales ha tenido que ser ampliado para poder recibir a los cientos de muertos.

El último reporte de este jueves indicaba que en todo Ecuador había 8.225 casos confirmados de contagio, así como 403 fallecimientos, 187 de ellos en Guayas.

Otros 632 fallecidos son casos «probables» del virus, pero que no han sido confirmados medicamente.

En Guayas los contagiados ascendían a 5.754, seguido de la de Pichincha con 736, Los Ríos con 274, Manabí con 244, Azuay con 205, El Oro con 193 y Cañar con 117.

Jorge Wated indicó que está «disminuyendo» el número de muertos en los hospitales, lo que calificó de «alentador».

«Dentro de esa dura realidad, aspiramos que en los próximos días estas cifras se vayan reduciendo», dijo.

TOMADO DE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52318389

Recomendaciones frente a la crisis actual, derivada de la pandemia del Coronavirus (Expresidentes y académicos latinoamericanos)

Imperativos éticos y económicos de la lucha contra el Covid-19:
Una perspectiva latinoamericana

La pandemia de COVID-19 es una conmoción inédita, de duración incierta y consecuencias catastróficas que, si no es abordada adecuadamente, podría convertirse en uno de los episodios más trágicos de la historia de América Latina y el Caribe. Aunque la crisis requiere una acción rápida y decisiva de parte de los gobiernos, las respuestas políticas en nuestra región han sido
desiguales. En varios casos se ha reaccionado rápidamente, haciendo de la protección de la salud
pública el objetivo principal. Lamentablemente, algunos gobiernos han tendido a minimizar los
riesgos de la pandemia, informando mal a los ciudadanos y haciendo caso omiso tanto de la
evidencia científica como del consejo de sus propios expertos. En lugar de movilizar todas las
capacidades a su disposición, algunos líderes han apostado por una política populista y divisiva en
medio de la tragedia. Los latinoamericanos merecemos más que eso.

La supresión de la epidemia para minimizar su morbilidad y mortalidad debe ser nuestra prioridad
principal. América Latina debería centrarse en mejorar sus sistemas de salud, canalizar recursos a
hospitales, adaptar temporalmente la infraestructura inactiva, como hoteles y centros de convenciones, y aumentar drásticamente la capacidad de testeo.

A la disminución de los volúmenes y precios de exportación, pérdida de ingresos del turismo y las
remesas, y grandes salidas de capital, en las economías latinoamericanas se suma ahora la interrupción masiva de la producción nacional. La fuerte caída de la oferta, combinada con una caída generalizada de la demanda, puede desencadenar una espiral contractiva. En este marco, es esencial avanzar con políticas audaces para proteger los ingresos de las personas y los hogares, incluyendo transferencias en efectivo para aquellos que quedan en una posición vulnerable por la
crisis, entre ellos los trabajadores informales e independientes que no pueden acceder a subsidios
de empleo o al seguro de desempleo.

Para preservar los empleos y los ingresos de los trabajadores, también es esencial ayudar a las
empresas, acompañándolas durante el período de distanciamiento social, y estimulándolas en la
recuperación posterior. Los subsidios para el pago de salarios, condicionados al mantenimiento de
la nómina, protegen tanto a empresas como a trabajadores y son cruciales para una rápida mejora
de la economía. Por el contrario, si no se evitan las quiebras generalizadas, la próxima víctima de
la crisis sería el sistema bancario, con lo que el sistema de pagos y la economía en su conjunto
correrían el riesgo de colapsar.

Muchas empresas, particularmente las pequeñas y medianas, sufrirán importantes pérdidas de
ingresos mientras dure la crisis. Sin apoyo, la falta de liquidez se convertirá en un problema de
solvencia, y los aplazamientos de impuestos, la refinanciación de préstamos y los créditos
subsidiados no serán suficientes. Esta emergencia requiere garantías fiscales de crédito sin
precedentes, así como cambios temporales en la regulación, para incentivar y sostener el crédito
bancario. Los bancos públicos bien capitalizados y administrados podrían desempeñar un papel de
liderazgo en este frente.

El estímulo fiscal también será crucial en la fase de recuperación, momento en el que los gobiernos
deberán impulsar el empleo y la actividad económica sin exacerbar los riesgos sanitarios. Las
políticas diferirán entre países, pero necesitarán recursos extraordinarios durante esa fase.

Todo esto plantea un desafío excepcional: si bien las necesidades fiscales son ahora mucho
mayores que durante la crisis financiera global de 2008-2009, los recursos fiscales en las
economías latinoamericanas son hoy más limitados. Los costos del estímulo deberán compensarse
con ajustes presupuestarios en áreas de menor prioridad. El compromiso de nuestros poderes
Ejecutivo y Legislativo con la corrección del incremento del déficit fiscal dentro de un período de
tiempo razonable servirá para mitigar el riesgo de un deterioro de la calificación crediticia que
amenaza a varios de nuestros países.

Los líderes latinoamericanos deben hacer un llamado enérgico a la cooperación internacional para
enfrentar la crisis, condenando los controles a la exportación de suministros médicos y demás
recursos críticos, y exigiendo un incremento de fondos para la Organización Mundial de la Salud,
contrario a la temeraria decisión del gobierno de Estados Unidos. Se necesita una coordinación
global más sólida entre las autoridades de la salud para mejorar la capacidad de realizar pruebas,
tratar y aislar a los pacientes, y desarrollar una vacuna y cura, que serán la solución definitiva para
la pandemia de Covid-19. Las compañías farmacéuticas deben ayudar a los países con materiales
reactivos para ampliar el número de testeos y con acceso libre a la tecnología para producirlos. En
el ámbito financiero, los reguladores, las agencias de calificación crediticia y las instituciones de
normas contables deben adaptar sus criterios para hacer frente a circunstancias sistémicas
excepcionalmente adversas.

El apoyo externo para las cuentas fiscales y la balanza de pagos es indispensable, especialmente
para los países más pequeños y menos desarrollados de América Latina. Si tanto las empresas
privadas como los gobiernos elevan sus déficits, ocurrirá lo mismo con la cuenta corriente de los
países. A esto se suma las salidas de capitales de los mercados emergentes, que ya ha sido la más
grande en la historia, y la depreciación cambiaria resultante, potencialmente desestabilizadora.
Para muchas economías de la región, un apoyo externo oficial mucho mayor será la única forma
de hacer frente a esta combinación inédita de shocks adversos.

El FMI tiene un papel esencial que desempeñar, tanto para abordar las necesidades fiscales y
cambiarias de los países en el corto plazo como para seguir apoyando a las economías en el futuro,
a través de una crisis de duración incierta. El FMI necesita más recursos y la capacidad de
desembolsarlos rápidamente. Los gobiernos latinoamericanos deberían exigir una nueva emisión
de un billón de Derechos Especiales de Giro (DEG). Y si bien estos DEG se asignan a los países
miembros de acuerdo con sus respectivas cuotas, se podría facilitar una asignación no proporcional
a través de un fondo que acelere el apoyo fiscal a los gobiernos más necesitados. Además, la
duplicación inmediata de los Nuevos Acuerdos para la obtención de Préstamos (NAP) daría al
Fondo la capacidad necesaria para atender la demanda urgente de préstamos que se avecina.
Finalmente, dado que los programas con alto acceso son lentos de aprobación para las actuales
urgencias, el FMI debería aumentar significativamente el acceso a sus facilidades de desembolsos
rápidos y condicionalidad leve, o crear una nueva para la pandemia.

Los bancos centrales que emiten monedas de reserva pueden contribuir a reducir la iliquidez
cambiaria global, ampliando sus swaps de moneda con otros bancos centrales. Esto puede hacerse
de manera directa entre bancos o, indirectamente, a través de la intervención del FMI o del Banco
de Pagos Internacionales (BPI) como intermediarios de la liquidez. A nivel nacional, los bancos
centrales deben utilizar todos los instrumentos a su alcance, innovando cuando sea necesario, para
inyectar liquidez a los mercados financieros y a la economía.

Por último, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) como el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo y CAF deberían duplicar la cantidad de préstamos netos a la región
para apoyo presupuestario con condicionalidad muy reducida, aprovechando la gran liquidez de
los mercados globales de capital. En circunstancias excepcionales y en países sin acceso a los
mercados, la suspensión del servicio de deuda podría complementar estos préstamos oficiales. Los
BMD también deberían proporcionar a los países directrices sobre las diversas áreas de políticas
involucradas en la respuesta a la crisis, incluyendo sus propias estimaciones de las tasas de
morbilidad y mortalidad del COVID-19, especialmente en casos donde los gobiernos están
minimizando la amenaza para la salud. En la lucha contra la pandemia, no hay tiempo que perder.

El desafío planteado no tiene paralelo en la historia reciente. El mundo, y América Latina y el
Caribe, no pueden permitirse respuestas tardías o inadecuadas. La confianza mutua, la
transparencia y la razón, no el populismo o la demagogia, siguen siendo las mejores guías en estos
tiempos inciertos. La crisis no puede ser excusa para debilitar nuestras democracias, ganadas con
tanto esfuerzo; por el contrario, es la oportunidad para demostrar que la democracia está en
condiciones de responder a desafíos extremos, cumpliendo con justicia con sus ciudadanos.

Firmado

Fernando Henrique Cardoso*, Presidente de Brasil (1995-2002).

Ricardo Lagos*, Presidente de Chile (2000-2006).

Juan Manuel Santos*, Presidente de Colombia (2010-2018).

Ernesto Zedillo Ponce de León*, Presidente de México (1994-2000); Yale University.

Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Colombia (2012-2018); Center on
Global Energy Policy, SIPA, Columbia University.
Roberto Chang, Profesor Distinguido de Economía, Rutgers University, USA.

José De Gregorio, Ministro de Economía, Minería y Energía de Chile (2000-2001); Presidente
del Banco Central de Chile (2007-2011); Decano, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.

Ilan Goldfajn, Presidente del Banco Central de Brasil (2016-2019); Director y fundador, Centro
de Debates de Politicas Publicas (CDPP).

Ricardo Hausmann, Ministro de Planeamiento Venezuela (1992-1993); Profesor, Kennedy
School of Government, Harvard University.

Eduardo Levy Yeyati, Decano, Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella.

Federico Sturzenegger, Presidente del Banco Central de Argentina (2015-2018); Profesor
Plenario, Universidad de San Andrés.

Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda de Chile (2015-2017); Escuela de Gobierno, Universidad Católica de Chile.

Andrés Velasco, Ministro de Hacienda de Chile (2006-2010); Decano, School of Public Policy,
London School of Economics.

*Miembro de The Elders.

Imperativos eticos y economicos de la lucha contra el Covid-19