Archivo mensual: octubre 2018

En Colombia marcharon el diez de octubre por el futuro

Publicado el 31 octubre, 2018| Deja un comentario

Por: Ricardo Robledo

Si bien es cierto que se escucharon muchas voces para que no le metieran “política” a la marcha por la defensa de la educación pública, los estudiantes y demás asistentes, marcharon políticamente porque le expresaron al gobierno un pensamiento sobre la forma en que debe manejarse la educación en el país. Pero no lo hicieron a nombre de ninguna organización política en particular.

Los condicionamientos y acciones reales deben conducir a reflexiones a todos los involucrados en el evento; tanto a los supuestamente apolíticos, como a las diversas organizaciones de izquierda. Lo que se entiende es que los promotores no querían que se le pusiera un sello, como una acertada medida contra la politiquería que también invade a los diversos sectores de la izquierda. O sino considérese esta nota que circuló por las redes, como un comentario posterior a la marcha:

No se discute que deben existir acciones de confluencia para cambiar la historia en los momentos favorables y posibles, pero como un resultado de un trabajo de concientización con todos sus requerimientos, avances y tropiezos. En el fondo del meme, se expresa un lamento por no poder convertir ese volumen de marchantes, en pequeñas fracciones de votos de propietarios.

Es necesario tener siempre en cuenta que en todo proceso, existen los opositores, los neutrales y los que le son favorables. En este caso, los asistentes marcharon en defensa de la educación pública -acción de por sí ya política- pero si se quiere dividirlos en votantes, se encontrarían los de derecha, los indiferentes, los que cambian de acuerdo con el momento y los de izquierda.

Entre estos últimos se consideran como parte, a los nihilistas; es decir, aquellos a quienes no les gusta nada, no proponen nada, no hacen nada y protestan y protestan, de tal forma que si existiera un gobierno democrático y popular, estarían en la calle protestando. Luego, se abren las diversas fracciones de las sectas: los seguidores de Mahoma, los cristianos, los testigos de Jehová, los pentecostales, los neopentecostales, los ortodoxos, los sintoístas, los budistas, los talibanes, los adoradores de mokuma. Todos, seguidores de un solo dios verdadero: el propio, que ven como impíos despreciables a quienes profesen otras creencias y no se someten a las propias. Y así, es muy difícil obtener votos unificados para otro dios aceptable por todos y protector de todos.

Es muy difícil convertir en votos a todos los asistentes a una marcha “apolítica” que no sigue mi línea; es muy difícil aceptar las condiciones de los movimientos; es muy difícil obedecer; es más fácil imponer lo mío e ir por lo mío. Al parecer la democracia es algo “para el día después”; pero una verdad es que ella se construye a partir del aprendizaje de su aplicación diaria. A aquellos que la atropellan, no es posible creerles que tienen una propuesta democrática para el país.

Para algunos la revolución es que miles, vestidos con boina y camisa rojas, perfectamente alineados, desfilen bajo la axila de mi brazo izquierdo extendido. Pero lo que se espera realmente es el avance de personas libres, capaces de construir una sociedad feliz en la que puedan desarrollar sus proyectos de vida como resultado del establecimiento de relaciones de respeto entre los seres humanos en todo el mundo, sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y de vida digna.

En todas partes del mundo se encuentra una humanidad oprimida y si no nos unimos todos los revolucionarios, nos van a seguir picando, particularmente en Colombia, el país de las masacres. Las derechas están mostrando como nunca, que el estado y sus instituciones es una herramienta de la lucha de clases, el mecanismo por el cual una clase oprime a otra. No es extraño, entonces, encontrar una fiscalía politizada y utilizada como medio contra los opositores al abusivo orden burgués, que ha visto cómo sus propias teorías democráticas pueden ser usadas como instrumentos revolucionarios, cuando se clama por el respeto a la democracia, a las instituciones, a las constituciones y al derecho a la vida digna.

En todo el mundo la misma derecha va rompiendo el orden constitucional; creen ganar con sus arbitrariedades contra los ciudadanos, pero ante el desprestigio social que esto genera, realmente se van quedando con el cascarón de sus instituciones. Los pueblos irán creando su propia institucionalidad y así las bases para nuevas formas de organizar las relaciones sociales.

Por eso en el mundo se enfrentan grandes contradicciones y el fundamentalismo se soporta en incoherencias. Es la lucha de lo nuevo contra lo decadente. Así se crean inestabilidades. Pero, ni la guerra ni la paz, se mendigan. En Colombia, los narcotraficantes y su anexo, la oligarquía, que conforman el gobierno de derecha, le mendigan la guerra al imperialismo contra los pueblos latinoamericanos; y la izquierda le mendiga la paz a esa triple alianza, como si la paz no fuera una necesidad y un derecho constitucional de todos los pueblos. No se puede seguir siendo una izquierda tan ingenua y obediente.

Octubre 31 de 2018

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Publicado en Actualidad

Análisis sobre la corrupción (Dagoberto Gutiérrez)

Publicado el 31 octubre, 2018| Deja un comentario

https://youtu.be/7qbcxInoqkw

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Etiquetado corrupción, dagoberto gutierrez

Aldeas De Prisión

Publicado el 29 octubre, 2018| Deja un comentario

Por Gonzalo Salazar

Las ciudades, creación de los pueblos sedentarios en todas las latitudes, en todos los tiempos, el capitalismo las convirtió de aldeas, en inmensas cárceles llenas de todo tipo de aparatos de sistemas de vigilancia, control y represión, en urbes con millones de familias, que en su mayoría sobreviven hacinadas en estrechas casas y apartamentos, muchas en las calles o debajo de los puentes; urbes productoras de basura, contaminación ambiental y miseria, territorios de desigualdad y violencias, en las que las máquinas y las personas se mueven a velocidades vertiginosas, donde nadie conoce a nadie, donde sus habitantes son sospechosos entre sí, rompiendo los lazos afectivos y solidarios de las familias y las comunidades, donde los ciudadanos compiten por todos los medios para llegar a las metas que les impone el mercado sin lograrlo, perdiendo la dignidad y la esperanza.

Desde que surge el capitalismo se generan desplazamientos de las áreas rurales a las periferias urbanas, donde desde el inicio de la primera Revolución Industrial se instalan los talleres y las fábricas, pues la dinámica de la producción industrial mecanizada, luego automatizada hasta los 60 del siglo pasado, y ahorasistematizada-robotizada haciendo necesaria la concentración cada vez más elevada de la población en las ciudades, ya no en las metrópolis sino, en las periferias,como fuerza de trabajo para los procesos productivosindustriales (que se reduce con el desarrollo tecnológico) y en el caso de desindustrialización de nuestro país, para el comercio y la prestación de servicios, que ocupan millones de brazos y cerebros,(el proletariado) que a la vez ejercen como consumidores masivos de la producción masiva global, lo que implica la disposición de infraestructuras y servicios que la sociedad citadina requiere; dejando en los campos la mano de obra “necesaria” para la agricultura, que también se automatiza e intensifica en los grandes feudos agroindustriales.

Las consecuencias de esos procesos se evidencian en el desarrollo de megaciudades o megalópolis con más de 10 millones de habitantes como Ciudad de México, Bombay o Buenos aires, que llevan consigo hacinamiento, dificultad en la movilización de la población trabajadora, altos índices de desempleo, de delincuencia, de corrupción, de concentración de la riqueza en muy pocas personas y la multiplicación de la pobreza en lasperiferias,

En la primera década del siglo XX, en los países del centro capitalista el 20% de la población era urbana y en los países de la periferia tan sólo el 5% residía en las ciudades. En 1950, el promedio mundial de la tasa de urbanización alcanzaba el 29,1%; en 1980 subía diez puntos y llegaba a 39,2%, y en 2008 la población urbana supera por primera vez a la población rural. Se prevé que para 2050 el 70% de los habitantes del planeta se concentrarán en las ciudades. El caso de China es paradigmático de como los procesos de urbanización alcanzan ritmos cada vez mayores, pues la tasa de urbanización de ese país entre 1963 y 2003 pasó de 17 a 39%, es decir que en cuarenta años, según Naciones Unidas, tuvo un cambio que demoró en Inglaterra 120 años y en USA 80.[1]

Junto a la pobreza y el desempleo, la falta de vivienda digna es uno de los principales problemas de los sectores populares más deprimidos económicamente en las grandes ciudades del país. El crecimiento de las ciudades en Colombia, en los últimos 60 años se multiplica geométricamente década tras década, por el desplazamiento violento de campesinos, que hacen todo tipo de terratenientes legales e ilegales y las Transnacionales, además de la migración “voluntaria” generada por el espejismo de las ciudades, ante la falta de estímulos a la pequeña y mediana producción agropecuaria.

Los inmigrantes pobres, desplazados y destechados se ubican en tugurios en zonas marginales, mediante tomas de tierras, llamadas por los medios y los terratenientes urbanos “invasiones”, zonas de alto riesgo en laderas y a orillas de caños y ríos (convertidos en cloacas) con paredes de plástico y techos de cartón; donde no llegan los beneficios de ese inmenso desarrollo científico, industrial, tecnológico, que por el contrario, los excluye de una vida digna, libre y feliz. Prácticamente más del 40% del crecimiento demográfico y urbanístico de las cinco grandes ciudades desde los años 60 hasta hoy, se da en base a estos asentamientos. Territorios que se expanden aglutinando a cientos de miles, hasta millones de personas como el Distrito de Aguablanca en Cali y Ciudad Bolívar en Bogotá, creando ciudades dentro de las ciudades, agrandando otras intermedias como Villavicencio y Pereira.

Es de resaltar la importancia de los sectores populares en la construcción de ciudades, pues realmente la expansión urbana desde mediados del siglo XX se origina en la recuperación por los sectores populares desplazados destechados, de espacios para hacerse a un techo; pequeños y grandes asentamientos que en pocos años se convierten en barrios periféricos hoy llamados informales, donde sus habitantes inicialmente con sus escasos recursos ubican vías de acceso, fuentes de agua, canales de aguas servidas, líneas de electricidad, sitios para una pequeña escuela y un puesto de salud, infraestructura precaria que estas comunidades tratan de mejorar con la movilización que exige al Estado adecuación y mejoramiento de servicios domiciliarios, y derechos a la salud y la educación, cuando no se exige la reubicación habitacional de las familias en inminente riesgo por la topografía o la inestabilidad de los terrenos. Aunque esta tendencia ha disminuido, el movimiento por vivienda digna no ha desaparecido, al contrario, se hace más vigente y necesario fortalecer con iniciativas y alternativas asociativas y solidarias de autoconstrucción, de defensa de la vivienda digna y de sus territorios constituidos. En los 70 y 80 se darían asentamientos al oriente el Rodeo, al sur occidente como Villa Laguna, continuados en Aguablanca con el Pondaje, Yira Castro, Comuneros (Siloé en los 50 y Terrón Colorado en los 60) en Cali; una gigantesca ola que después de los Juegos Panamericanos, (la más grande infraestructura construida en la ciudad en el siglo XX), multiplicó el número de habitantes, la mayoría venidos de regiones vecinas

Desde los 50 el estado trató de implementar una política de vivienda popular a través del Instituto de CréditoTerritorial, ICT (1939) y del Banco Central Hipotecario (1932) con planes dirigidos por el Estado, en base al ahorro, las cesantías y el subsidio familiar (de las Cajas de Compensación Familiar) que incluía proyectos de autoconstrucción, planes de mejoramiento de vivienda y compra de vivienda nueva y usada subsidiada, luego el Estado y los constructores privados realizaron complejos como Ciudad Kennedy en Bogotá (parte del plan contrainsurgente Alianza para el Progreso), Modelia, Madelena (Mazuera), y se vendieron lotes para autoconstrucción en lo que se llamó Unión de Vivienda Popular, urbanizaciones como Vipasa al norte y Villa del sur en Cali.

Fue unaépoca de crecimiento industrial y de violencia terrateniente en los campos. Posteriormente viene el gran movimiento por la vivienda con experiencias como el Distrito de Aguablanca y Ciudad Bolívar (contaron los habitantes de los nuevos barrios en sus épocas con solidaridad y dirección de sectores de izquierda), a la par del crecimiento de pequeñas ciudades como Soacha y Bosa en Bogotá, Itagüí y Bello en Medellín anexadas a estas capitales. En este proceso se infiltran los acaparadores especuladores inmobiliarios de terrenos públicos, ejidos, cerros y bosques aledaños, además de los politiqueros de turno, promoviendo la construcción informal y precaria de vivienda, en los que se paga a invasores profesionales (urbanizadores ilegales) para que ilegalmente vendan lotes a ingenuos destechados que adecúan servicios públicos y vías de acceso, hasta que aparecen los propietarios de los lotes o vuelven los grandes urbanizadores privados a comprar las mejoras o a expulsar jurídica y violentamente a los pobladores para ejecutar grandes proyectos fraudulentos en connivencia con funcionarios del Estado, hechos que se dan en las capitales departamentales, especialmente en el Distrito Capital.

Independiente del Estado se generaron programas de vivienda popular, desde asociaciones Provivienda -en algún tiempo promovidas por sectores de izquierda- y cooperativas en varias ciudades del país, casas con patios y espacios suficientes para más habitaciones, realizados con los ahorros de los beneficiados, con bajos o nulos intereses. Sin embargo en muchos barrios que se construyeron con gran esfuerzo y sufrimiento, no solo de necesidades y presión judicial, sino también de la represión policial y paramilitar, sus dirigencias -serviles de politiqueros- y hasta comunidades enteras se han dejado influenciar por politiqueros -que les llevan miserables programas de asistencia-, y narcotraficantes, convirtiéndose en defensores del régimen, olvidando sus luchas y a sus dirigentes caídos en estos procesos, cambiando los nombres, como en el caso del sector Los Comunerosde la ciudad de Cali, que fue dividido en varios barrios, llamando a uno de estos Laureano Gómez (el tristemente célebre genocida).

A partir de los 80 el narcotráfico irrumpe incrustándose en todos los sectores de la economía nacional, encareciendo la vivienda, pues compraba a cualquier precio todo tipo de inmuebles, participando en el mercado inmobiliario y de la construcción, en el que el sector financiero y constructor se beneficiaron con el incremento del valor de la tierra y la demanda de materiales para vivienda suntuosa, Por otro lado, hasta los 80, los trabajadores sindicalizados de algunas empresas (públicas y privadas) lograron sostener en sus Convenciones Colectivas aportes para mejoramiento, consecución y/o construcción de vivienda a través de fondos y préstamos concertados con los empresarios, sin o con muy bajos intereses, utilizando parte de sus cesantías.

La lucha por la vivienda digna hoy va unida a la lucha por el territorio como espacio de autonomía, de realización integral, individual y colectiva de los sectores populares urbanos, pero también de los rurales. Miles de familias en las ciudades pasan sus vidas, generación tras generación pagando arriendo por pequeños apartamentos (de una o de 2 habitaciones) donde sobreviven hacinadas familias numerosas, porque sus presupuestos no les alcanzan para acceder a un plan de Vivienda de Interés Social o Prioritario.

Con la apertura neoliberal la Vivienda de Interés Social pasó de ser un derecho fundamental de las familias, una preocupación del sector solidario y una responsabilidad del Estado, a un gran negocio de las grandes constructoras y del sector financiero a través de las Corporaciones Financieras de Vivienda con grandes proyectos de miles de soluciones habitacionales que los beneficiarios pagaban durante 10 o 15 años, hasta los 90, cuando el capital financiero asume la totalidad de la política de vivienda, quedando el INURBE, antiguo ICT, relegado a sirviente de las constructoras y de los bancos; quienes empezaron a diseñar tipos de vivienda para estratos bajos, reduciendo los espacios, multiplicando el valor de la vivienda popular, esclavizando a los deudores con la UPAC -cuyo principal componente era el alto interés progresivo- que luego llamarían UVR. Con la privatización de la banca pública, se acabó con el derecho a la vivienda como compromiso del Estado, con los proyectos de ahorro y vivienda del sector cooperativo, quebrando y liquidando las cooperativas de ahorro y crédito y financieras, mientras las Cajas de Compensación Familiar se convertían en empresas privadas (fueron dirigidas y administradas por representantes de empresarios, trabajadores y del Estado) al servicio de los bancos y las constructoras.

El desarrollo de nuestras ciudades se realiza alrededor de los centros comerciales, las modernas catedrales o cavernas, como lo dibuja Saramago, que acabaron con las populares plazas de mercado, incluso en las pequeñas ciudades, desarrollo “planificado” de vías, infraestructura de servicios y suntuaria de los nuevos modelos de desarrollo urbanístico ordenado por las instituciones financieras internacionales, definiendo prioridades en áreas determinadas para estratos 4, 5 y 6, con la infraestructura de servicios y de comunicaciones integrados a los proyectos, mientras para los estratos “bajos”, se ejecuta en sitios de riesgos ambientales o naturales, sin la infraestructura adecuada o debidamente terminada, lo que propicia la actividad clientelista y demagógica de los politiqueros, que prometen la terminación o ejecución de las obras necesarias y complementarias en los sectores populares, que nunca se realizan; mientras se monopoliza la producción de cemento y de acero y se instalan hipermercados (tipo Home Center) con todos los materiales y servicios para la construcción en los polos de desarrollo urbanístico planificado para los estratos altos y medios; iniciativa que acaba con los pequeños distribuidores, monopolizando el mercado de los materiales de construcción.

En los nuevos diseños urbanísticos los centros de educación, de salud y culturales se establecen alejados de los barrios populares, donde vive la mayoría de los trabajadores. Después de los 90 los negociantes de la salud y la educación diseñaron áreas específicas para estos negocios, las llamadas Ciudadelas de la salud de propiedad privada que cuentan con infraestructura, logística, tecnología de última generación y personal médico y profesional de alta formación y, las ciudadelas de la educación, que privatizan este derecho y excluyen a los niños, niñas y jóvenes de los sectores empobrecidos en la disputa por un cupo de la mal llamada ampliación de cobertura, mientras las instituciones universitarias se localizan en los suburbios de estrato 6 en las grandes capitales. Las secretarías de desarrollo urbano y o de vivienda y medio ambiente trabajan para los terratenientes urbanos y los centros comerciales, más que para resolver los graves problemas sociales. Las políticas de vivienda y medioambientales están siendo privatizadas desde los 80 con la creación de empresas e institutos de desarrollo o de renovación urbana, entes prácticamente descentralizados e independientes que planifican y definen con los terratenientes, las constructoras, los bancos y los grandes comerciantes los proyectos urbanísticos, la infraestructura, los POT y los Planes de Desarrollo.

El diseño y la planificación de la ciudad y de la vivienda popular, aprobados por las administraciones (concejos y alcaldías) locales y/o por el gobierno nacional mediante los POT, los Planes de Desarrollo, Planes de inversión Pública y privada, no consultan las opiniones ni las reales necesidades de los supuestos beneficiarios o afectados, son los tecnócratas al servicio del sector financiero, de la construcción, de las inmobiliarias y de infraestructura, los que dirigen y determinan la viabilidad, los tamaños, los lugares, los entornos sanitarios y ecológicos, la composición y costos de las soluciones habitacionales. Las políticas de desarrollo y renovación urbana en la actualidad obedecen a los objetivos macroeconómicos del sector financiero y extractivista para un país desindustrializado reprimarizado.

Por otro lado, muchas familias que con gran esfuerzo adquirieron sus casas o apartamentos, al perder sus empleos o quebrar sus pequeños negocios, no pueden pagar las cuotas o se retrasan, sus casas son rematadas, sus familias desalojadas violentamente (con el ESMAD) por órdenes de jueces corruptos que obedecen a los bancos y a las agencias inmobiliarias, terminando en la indigencia o desintegradas las familias ante la imposibilidad de obtener los recursos para pagar el arriendo o la cuota del préstamo, pues aun quitándoles sus viviendas, los financieros les siguen cobrando con intereses multiplicados. El poder del sector financiero ha hecho del hipotecario urbano el mejor negocio especulativo, como lo hacen los políticos corruptos y multimillonarios como los jóvenes Uribe, pues estos sectores determinan la viabilidad financiera del Estado, disponiendo del ahorro de las familias y dejando a millones de ellas en la calle, como también ocurre en EE.UU. España y otros países (crisis financiera inmobiliaria de 2008).

La arquitectura en las viviendas de interés social –estratos 1, 2 y 3- reduce cada vez más el espacio vital, acortando la visión de larga distancia, violando la intimidad de las personas por las paredes (y pisos en los edificios de apartamentos) pues son tan delgadas que no alcanzan a aislar los sonidos; en los edificios de apartamentos no se puede correr un asiento porque se despierta a los del piso de abajo; los patios internos casi no existen, ellos garantizan aire, luz y salubridad. La vivienda digna es un privilegio difícil de adquirir para las familias pobres de cinco personas que disponen de menos de cuatro salarios mínimos, pues las viviendas para los trabajadores de las ciudades son estrechos dormitorios de no más de 3 habitaciones y 40 m2 de área construida; realmente los proletarios en su mayoría salen al amanecer y regresan cansados en la noche, sin posibilidades de disfrutar un espacio amable propio con sus familias, mientras las ciudades colombianas siguen creciendo en detrimento del campo y de los pequeños pueblos aledaños. Millones de familias, la mayoría desplazadas por la guerra, sobreviven hacinadas en pequeñas áreas; tugurios de cemento, carentes de espacios verdes, con servicios deficientes, con infraestructura a medias, con centros de esparcimiento, cultura y recreacióndeficientes, con calles tan estrechas, que escasamente pueden transitar los peatones. Sin embargo, millones de familias no tienen ni techo ni suelo donde dormir y criar sus hijos digna y cómodamente.

Tanto la academia como las instituciones del estado, en materia de vivienda, han clasificado el déficit en dos categorías: déficit cuantitativo, que corresponde a las necesidades de vivienda para quienes no la poseen en propiedad, y cualitativo para quienes la tienen, pero con deficiencias que requieren reparación, ampliación o mejoramiento; sin embargo, no se tiene un inventario real soportado en un censo veraz familia por familia, especialmente en las grandes ciudades, pues los desplazamientos y migraciones con acogida en las periferias (barrios, suburbios y municipios de áreas metropolitanas) donde se incrementan el hacinamiento y los asentamientos llamados subnormales, que no son cuantificados en su totalidad. Tampoco se tienen en cuenta los desplazamientos internos generados por los planes de renovación y la construcción de infraestructuraurbanas (ampliación de vías, construcción de puentes, centros comerciales y espacios para la recreación).

En todo el país hacen falta más de 2 millones de viviendas, además de las 500.000 prometidas por el gobierno (sin incluir las zonas rurales) adecuadas a las necesidades de las familias de los estratos 1, 2 y 3. El déficit de vivienda pasa sobre un millón de unidades en las cinco principales ciudades del país para estos estratos.

El déficit de vivienda en Colombia, afecta al 31% de los hogares. El gobierno reconoce que el déficit alcanza los 2,3 millones de unidades habitacionales, de las cuales 1,5 equivalen a la diferencia entre el número de hogares y unidades de vivienda (déficit cuantitativo) y 800.000 corresponden a aquellas susceptibles de ser mejoradas en términos de calidad y servicios (déficit cualitativo).[2]

Ante esta realidad el gobierno de turno saca de su sombrero mágico una emergencia electorera, desviando la atención sobre el principal problema de las ciudades: entregar viviendas gratis en todo el país a 100.000 familias (desplazadas, desempleados e indigentes) que no obtienen ingresos suficientes para alimentarse y que en el momento que reciban sus “casas” pasarán a ser deudores de impuestos y usuarios de servicios públicos, cargos que obligan a estas familias sin recursos a vender o entregar sus casas; esto es burlarse de las necesidades de la gente pobre; estos planes de vivienda popular para ser viables, deben contar con planes de seguridad social y oportunidades de empleo o de generación de ingresos suficientes para sostener a los hogares beneficiados, además de los espacios, servicios y comodidades suficientes para el óptimo desarrollo físico, sicológico y social de sus habitantes. A finales de 2014 el gobierno lanza otra propuesta demagógica, construir 400.000 soluciones de vivienda para los estratos 2, 3 y 4 supuestamente subsidiando la cuota inicial y una parte de los intereses, mientras permite que el sector financiero expropie violentamente a los miles de deudores morosos, que en muchos casos ya han pagado más de dos veces sus casas.

En el país no existe una justa política de vivienda y desarrollo urbano (Planes de Desarrollo Social Urbano, diferentes a los POT) concertada con las comunidades destechadas de acuerdo a sus necesidades, en las que ellas mismas puedan diseñar y construir sus barrios y definir sus entornos ecológicos (también conjuntos de apartamentos de varios pisos), planes que incluyan la infraestructura vial y de servicios sociales como salud, educación académica y profesional dentro de sus territorios; que doten de espacios comunitarios adecuados para la cultura y la recreación, de servicios públicos domiciliarios, que ofrezcan oportunidades para desarrollar actividades de generación de ingresos por las propias comunidades, o garantizarles por el Estado posibilidades de empleo digno cerca a sus hogares. Planes locales de vivienda que puedan ser ejecutados entre un Estado realmente democrático o en transición y las comunidades beneficiarias con asesoría de profesionales humanistas de la arquitectura y la construcción, no de los bancos ni de organismos como el Banco mundial. La vivienda digna es un derecho fundamental como la salud y la alimentación que se debe garantizar a todas y cada una de las personas y familias del país.

Se ejecutan proyectos de vivienda diseñados, dirigidos, financiados por los terratenientes urbanos, las grandes firmas constructoras y las corporaciones bancarias financieras para las clases medias, de las que se aprovechan los grandes inversionistas inmobiliarios, acaparando y encareciendo el mercado de este sector, planes que muchas veces no incluyen el factor ecológico ni espacios recreativos adecuados; simultáneamente se construyen en los suburbios inmensas mansiones con más de 200 mts2, con la moderna domótica, (casas que prácticamente operan automáticamente) con múltiples y amplias habitaciones para que duerman familias de tres o cuatro personas con mucho poder económico.

En algunas zonas del país el mercado de la vivienda popular se ha dinamizado en los últimos 20 años con los ahorros que hacen los trabajadores y trabajadoras que emigran a los países del norte a esclavizarse por el mejor estar de sus familias, especialmente del Eje Cafetero y del Valle del Cauca. En 2011 el 10% de la compra de vivienda en Colombia se hizo con dinero de las remesas que hacen los colombianos en el exterior a sus familias dijo a Efe Eduardo Loaiza Posada, gerente de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) en 2012. El sector de la construcción de vivienda es el más dinámico, aportando el 5.7% del PIB en 2011 (Banco de la república) empleando 1´228.000 trabajadores, con una tasa de ocupación del 58.1% de la fuerza de trabajo, para el trimestre mayo-julio de 2014; por otro lado, en 2005 el déficit de vivienda fue de 624.441 en las cuatro principales ciudades (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla)Según el Isvimed, Medellín en 2017 tenía un déficit cuantitativo de 32.481 viviendas correspondiente al 3.04% y cualitativo de 51.408, equivalente al 6.46% [3]. La falta de vivienda popular en Bogotá pasa de las 300 mil soluciones, “…con una oferta cada vez menor de vivienda para los sectores de menores ingresos, pues mientras que al inicio de 2008 la oferta de vivienda de interés prioritario (VIP) representaba en promedio el 10% de la oferta total de vivienda, en diciembre de 2011 descendió a su nivel más bajo con una participación de apenas el 2% del stock disponible. En el 2012 representaron apenas el 5% del mercado, según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)”[4].

La crisis de la vivienda en Colombia tiene varios componentes generadores de desigualdad y pobreza en los sectores populares y de inmensa riqueza para las constructoras y el sector financiero:

La concentración y especulación de la tierra por los terratenientes urbanos
la monopolización de los materiales de construcción como el cemento el ladrillo y el acero, más el IVA que los encarece.
El creciente poder de los monopolios de la construcción,
La monopolización del sector financiero inmobiliario, la especulación, la devaluación del peso y el aumento de las tasas de interés (UVR), que impiden el acceso al crédito a los más pobres
La incapacidad del Estado para diseñar y aplicar una política más equitativa en materia de vivienda, desarrollo urbano, y medio ambiente
El desempleo, los bajísimos salarios y la escasa capacidad económica de las familias para adquirir su propio suelo y techo

El problema de la vivienda pasa por varias alternativas que tienen que ver por un lado con los espacios disponibles dentro de los perímetros de las ciudades; con una reforma urbana democrática que regule y ordene la propiedad privada, estatal y comunitaria del suelo para la construcción de los estratos 1, 2 y 3; las formas de construcción horizontal y o vertical; por otro lado, las opciones posibles para descongestionar o congelar la cantidad de habitantes, mejorando la calidad física y ambiental de las habitaciones en las grandes ciudades. La primera parte es la que el Estado trata de solucionar con proyectos, entregando al sector privado la planeación y ejecución de los mismos con grandes costos sociales y ambientales que densifican la población por metro cuadrado, que es la forma predominante en los últimos 60 años. La segunda es la que se viene utilizando en la planeación en los suburbios y la distribución de la población en municipios y áreas cercanas como viene ocurriendo en la Sabana de Bogotá, Medellín y Cali con proyectos para estratos 4, 5 y 6, -con polos de desarrollo en torno a infraestructura, logística, comercial y de servicios estilo ciudadela- generalmente al norte o al sur, que terminan expandiendo las urbes, como en Cali, extinguiendo las lagunas y humedales (que alimentaba el rio Cauca), acabaron con las lagunas: El Pondaje, Aguablanca y Charco Azul, además de una serie de corrientes superficiales y subterráneas. Igual sucede en Bogotá, donde la expansión urbanística ordenada por el sector financiero y constructor, atenta contra los pocos humedales (La Conejera y la reserva forestal Thomas Van Der Hammen) que aún sobrevive, lugares donde se produce y mantiene agua, donde aún existe gran parte de la biodiversidad de la sabana, como los santuarios de aves migratorias,contra los cerros orientales, donde cortan la roca para construir grandes edificios de apartamentos para estratos 5 y 6.

En un proceso democrático de acceso a la viviendapopular digna (dirigido por un gobierno democrático o de transición) se podría no solo ampliar los espacios de la vivienda familiar en las grandes ciudades brindando las mismas comodidades de los estratos altos con los servicios, la infraestructura, vías y logística adecuados, garantizando facilidades de acceso a medios de subsistencia o de generación de ingreso en actividades productivas y de servicios,preferencialmente edificios de apartamentos de más de diez pisos.

Una alternativa democrática al hacinamiento en las grandes ciudades se puede viabilizar con la conformación voluntaria de organizaciones o asociaciones de los sin techo ni trabajo, que amen la ecología y la agricultura, que estén dispuestos a regresar o a emigrar al campo, a cambiar sus zonas de residencia a áreas semi-rurales y sus actividades económicas en territorios distantes de las grandes ciudades, concretamente a zonas agropecuarias y o agroindustriales (Zonas de Producción Agroalimentaria Populares) que contarían además de la tierra suficiente para producir lo necesario para la subsistencia, con la infraestructura para todos los servicios básicos domiciliarios y agropecuarios además de salud, educación (hasta la formación profesional), recreación y actividades artísticas; estos proyectos incluirían a los sin techo ni tierra del campo en las localidades objeto, sería crear nuevas aldeas o pequeñas ciudades realmente planificadas, de 10.000 a 100.000 habitantes, contando para ello con los conceptos y las decisiones de las comunidades campesinas de esos territorios, dentro de un ordenamiento democrático del territorioo Plan de Desarrollo Social Urbano-rural, diferente a los actuales POT,concertado con las comunidades locales y adaptados a sus Planes de Vida Comunitarios; esto implicaría necesariamente la realización simultanea de las reformas agraria y urbana democráticas, que provea colectiva y equitativamente la tierra para los nuevos habitantes y productores en cada localidad y región o territorio donde se pueda implementar esta política, iniciativa que la puede desarrollar un gobierno democrático popular o de transición hacia el bien vivir.

La solución alafalta de vivienda digna para los más pobres no puede estar únicamente en los programas o políticas que el estado capitalista diseña y ejecuta, menos en los monopolios financieros y de la construcción, pues persiste el interés económico sobre el social, que se refleja en los conceptos estrechos de espacio vital, calidad y comodidad que las clases dominantes tienen para el bienestar de las familias trabajadoras. Tiene que surgir de los propios sectores sociales implicados en esta problemática, no solo luchando contra las tasas de interés, por la renegociación y condonación de los créditos, también por la calidad y la comodidad de la vivienda nueva (que puede utilizar materiales autóctonos alternativos y tecnologías sencillas y eficientes, no necesariamente ladrillo, cemento y acero) y mejoramiento en los sectores más pobres, por la dotación eficiente de servicios e infraestructura. Necesita de propuestas y alternativas, de confrontar al Estado por una política de beneficio social con participación decisoria de las comunidades y de los sectores populares destechados, apoyo del sector solidario cooperativo y unidad política con todos los sectores populares.

El movimiento por la vivienda digna resurge, no solo con la toma o invasión de predios baldíos, incluso viviendas y edificios abandonados (ocupas), sino también por acceder al subsidio o para adquirir un lote dónde construir su vivienda para dejar de pagar arriendo, quienes devengan algún ingreso; mientras otros, los que están endeudados con los bancos y luchan por conservar la propiedad de sus inmuebles enfrentando jurídica y hasta físicamente la violencia del ESMAD. El movimiento por vivienda digna debería integrar arrendatarios, deudores morosos, ahorradores aspirantes a subsidios, a los que necesitan mejorar o ampliar sus viviendas, y a los que con iniciativas de autoconstrucción levantan sus casas con muchos esfuerzos pagando altos precios en materiales, servicios públicos e impuestos; los trabajadores de la construcción, que generalmente no poseen casa, los ingenieros y arquitectos humanistas, deberían formar parte de este movimiento. La problemática de la vivienda debe ser parte fundamental de un programa de transformación social, económica y ambiental, el movimiento por la vivienda digna, ser parte de ese gran movimiento popular transformador que nuestro pueblo y país necesitan, en un proceso de transición simultáneamente a construir bases de poder popular, emplace al Estado a hacer las reformas y cambios estructurales que garanticen la solución real a las necesidades de las comunidades como el derecho a la vivienda. Para un gobierno democrático popular debe ser prioritaria una política de vivienda diseñada desde los mismos sectores destechados organizados en cada una de las ciudades, que se sustenten en el ahorro, la autoconstrucción y la planeación urbanística y territorial concertada.

Los lugares de trabajo generalmente están tan alejados, que obligan al desplazamiento diario de millones de trabajadores de un extremo a otro de las grandes ciudades, generando problemas de in-movilidad, stress y angustia, aumentando los tiempos y los costos por transporte a las familias que pagan las onerosas cuotas de sus viviendas, o el arriendo que suben cada año más que el salario. La movilidad se ha convertido en el más grave problema de las administraciones locales, pues se llega a un cuello de botella en el que por un lado los medios promueven el consumo del automóvil individual y por el otro, se limitan los espacios para la circulación de esos aparatos; no hay vías adecuadas, no se constituyen verdaderos sistemas integrados de transporte masivo urbano, no se reduce el consumo de combustibles fósiles y agrocombustibles, no se reglamenta ni garantiza la movilización en bicicleta, pero sí se monopoliza el transporte masivo por los llamados operadores, quienes exigen infraestructura, tarifas y subsidios pagados por todos los ciudadanos, sin desempeñar efectivamente sus funciones, haciendo inoperante y costoso este sistema; todo esto sin contar con el daño ecológico generado por el consumo de combustibles fósiles y agrocombustibles. Estos sistemas de transporte masivo automotriz de superficie (tipo Transmilenio y Mio) se están imponiendo por los monopolios internacionales financiero, petrolero y automotriz, los grandes beneficiarios.

El modelo de ampliación y modernización de las redes de carreteras nacionales –vías 4G- y la reestructuración (privatización y monopolización) del transporte masivo urbano, negocios de miles de millones de dólares, impuestos en las grandes y medianas ciudades de América Latina en los últimos 25 años, no va dirigido a solucionar problemas de inmovilidad, es una estrategia para el endeudamiento de nuestros países por el sector financiero mundial, garantizar la llamada inversión extranjera con contratos por construcción de infraestructura y “modernización” del parque automotor; proyectos -que multiplican las inmensas ganancias de los corruptos gestores y administradores como en el caso Odebrech- que forman parte de planes como la IIRSA y de acuerdos como la Alianza Pacífico,el ingreso a la OCDE y a la OTAN, en los que está comprometido el Estado, sin consultar al pueblocolombiano.

Los servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones deben ser propiedad de todos los colombianos y prestados directamente por el Estado actual; en un gobierno de transición, ser administrados por las propias comunidades locales y/o regionales, buscando que las comunidades se apropien y dispongan de estos servicios de acuerdo a sus necesidades, y en los casos como la energía eléctrica y el gas, ser socias directas en igualdad de condiciones, sin intervención del sector privado, para concertar nacionalmente la generación y la distribución –que deben cubrir a todos y cada uno de los hogares colombianos- con tarifas nacionales, limitadas a los costos reales que en ellas se invierten. Para utilizar energías limpias y de mínimo costo, es necesario fomentar la investigación, la adecuación y la utilización de fuentes naturales (eólica, solar, biomasa, hidrógeno, geotérmica) de acuerdo a las posibilidades locales, regionales y nacionalmente. Las telecomunicaciones (televisión, radio, internet, telefonía) deben ser servicios gratuitos o subsidiados para toda la población, sin ningún tipo de estratificación, eliminando a los llamados operadores y la codificación de las señales, entrando las comunidades locales a definir la ampliación de cobertura, la modernización o renovación de equipos y la calidad de las señales, de acuerdo a sus propias necesidades, mediante comisiones rotativas de regulación y ética elegidas democráticamente en cada localidad, coordinadas regional y nacionalmente.

En las grandes ciudades del país, otrora con algún desarrollo industrial, las administraciones locales enfocan la modernización hacia el turismo, no solo recreativo cultural, también sexual, o como espacios para eventos, negocios internacionales y servicios médicos (cirugías estéticas), como en los casos de Medellín, Cali, Bucaramanga y el eje cafetero, con el turismo dentro y alrededor de las ciudades. Por esto se desplaza dentro de las ciudades a comunidades enteras para ocupar sus territorios con infraestructuras, centros comerciales, hoteles, parques recreacionales, ecológicos y culturales, no para disfrute de los nativos, sino exclusivamente para brindar bienestar a los turistas extranjeros; ya lo vimos hace mucho tiempo en Cartagena, hace 20 años en Bogotá (El Cartucho y el Bronx),en Medellín(Moralia y El Picacho) y hoy lo viven los caleños en el centro con el proyecto Ciudad Paraíso en el sector El Calvario; con habitantes del jarillón del rio Cauca, proyecto que pretende habilitar el río para pequeños barcos turísticos y comerciales, que también incluye un malecón y un complejo hotelero; este proyecto afecta directamente a más de 5000 familias de estratos 1, 2 y 3 que viven sobre el jarillón y alrededor, que se benefician del río (areneros y comerciantes de la guadua) a lo largo de 17 kilómetros. No es que no nos interese que nos visiten de otros países y culturas, lo que no podemos justificar es que se violen los derechos individuales y colectivos de las comunidades, desplazándolas, expropiándolas y lanzándolas a la miseria a nombre del progreso y del embellecimiento de las ciudades, sin consultar ni concertar con ellas los planes y proyectos de renovación urbana.

Aceleradamente las ciudades y los pueblos se van convirtiendo en museos con caras bonitas de culturas embalsamadas, para ofrecer al turista una pantalla de país en paz, alegre y progresista, aunque no se produzca nada útil para sus propios ciudadanos, mientras en las periferias las miserias, el desempleo y los inconformismos hierven como ollas de presión

Los cambios en las actividades productivas de la grande, mediana y pequeña industria, (desindustrialización) que prácticamente desaparecieron con la importación masiva de manufacturas y alimentos provenientes de diferentes lugares del mundo, y la reprimerización de la economía como consecuencias de la aplicación de los TLC y del extractivismo; la guerra para el despojo, la concentración del poder político y económico, la corrupción y la generalización de la cultura mafiosa, generan y propician el fortalecimiento de actividades delincuenciales y marginales como las mafias de narcóticos y microtráfico, el contrabando, la mendicidad, la violencia juvenil, la prostitución, los microcréditos gota-gota administrados por las mismas mafias, migraciones de millones de cabeza de hogar como esclavos en los países del norte, únicas formas que encuentran para su sostenimiento muchas familias de las grandes y medianas ciudades. Situación que ha llevado a que muchos jóvenes y niños de los sectores populares (organizados en pandillas, combos, bandas) que perdieron la dignidad y la esperanza en su propia realización, manipulados y armados por las mafias legales e ilegales, dividan sus pequeños territorios convirtiendo sus barrios en guetos o en campos de concentración, actuando como esbirros de los poderosos, como carceleros de sus propias comunidades y familias, como ocurre en pequeñas ciudades como Puertotejada Cauca y en las periferias de las grandes ciudades.

Todo esto como parte del conflicto social y armado que se toma las calles de los sectores populares, ya no enfrentados como ejércitos regulares, sino, polarizados por la sobrevivencia individual de poder y de placer a cualquier costo, promovida por los medios y sectores mafiosos y políticos de derecha y del mismo Estado, que se dirigen a la desintegración de la familia, del tejido social y a dificultar la construcción de alternativas de poder popular por quienes anhelan un mejor país.Condiciones que inevitablemente continuarán con o sin acuerdos de paz con la insurgencia, mientras no se cambien a fondo las estructuras social y económica del país.

Todos los conflictos sociales generados por las estructuras socioeconómicas en las ciudades, las administraciones las resuelven militarmente, mediante la violencia: una huelga, una protesta por deficiencia en los servicios domiciliarios o públicos, por altos cobros en tarifas, por no poder pagar a las mafias financieras las altas cuotas de la vivienda, por cualquier motivo o sin motivo, los administradores ordenan a la fuerza pública atacar a los sectores populares, decretan estado de sitio en barrios y comunas, como principal forma de control social; pero no solucionan de raíz ningún problema. Este ambiente de violencia se reproduce en todo el territorio nacional con la criminalización de la protesta popular, sustentada en el concepto del “enemigo interno” y la ideología de la Seguridad Nacional. Sin embargo, los sectores populares organizados generan alternativas de resistencia en las ciudades, crean espacios de convivencia, de solidaridad, redes de consumidores y agricultores urbanos, redes de comunicación alternativa, movimientos sociales, culturales y políticos para la defensa de sus intereses y de sus territorios. Sectores que se cuestionan la posibilidad de un mejor país, de verdadera justicia social y ambiental.

Gonzalo Salazar, octubre 28 de 2018

[1]Colmenas humanas para un futuro inhumano Álvaro Sanabria Duque Edición: 192 desde abajoJunio 20 – julio 20 de 2013

[2]Políticas alternativas de vivienda en América Latina y el Caribe – revista La Vía Urbana – colección multimedia hacia la vía urbana – Buenos Aires 2013

[3]www.elcolombiano.com/../estas-son-las-cifras-de-la-vivienda-social-en-antiuquia enero de 2018

[4]Álvaro Sanabria Duque – Edición 192 periódico desde abajoJunio 20 – julio 20 de 2013

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Publicado en 4- GONZALO SALAZAR

Etiquetado las ciudades

Honduras… La crisis

Publicado el 24 octubre, 2018| Deja un comentario

https://youtu.be/xi_tHaDs9Qg

https://youtu.be/Kcj22cRo8DM

https://youtu.be/fGULnXTw-C8

https://youtu.be/b5KMOvZ1w-8

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Etiquetado honduras

Asesinato brutal de Jamal Khashoggi. Hallan pedazos de cuerpo: EEUU, Turquía, la CIA, Trump y Rusia mueven sus fichas

Publicado el 24 octubre, 2018| Deja un comentario

http://www.youtube.com/watch?v=3EvGwKLOEDo

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Canción del desvelado

Publicado el 22 octubre, 2018| Deja un comentario

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Profe Fabián Sanabria ¡Cómo me convenció de apoyar a los estudiantes, guevóóón!

Publicado el 19 octubre, 2018| Deja un comentario

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Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo nueve gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada.

Publicado el 18 octubre, 2018| Deja un comentario

«Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo nueve gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada.

La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina la ataba dos días a un árbol, para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio, con el fin de evitar la evasión de mis aves, y la invasión de zorros de cuatro y dos pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en dos categorías; yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. Definí el delito. El mundo se llena para mí de presuntos ladrones, y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil.

Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedí a pedradas al intruso, pero saltaban el cerco y aovaron en la casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco, y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí, y cegado por la rabia maté a uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo, y en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo; yo pienso adquirir un revólver.

¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre. Ahora soy un propietario».

RAFAEL BARRETT

Tomado de:

https://lasoga.org/pobre-rico-anarquista-lleno-rafael-barrett/

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¿Progresismo o Revolución?

Publicado el 13 octubre, 2018| Deja un comentario

Por Gonzalo Salazar

Los imperialistas siempre han llamado democracias a sus modelos económicos y sociales y a todos los regímenes que aceptan plenamente las disposiciones políticas, económicas y culturales impuestas por el capitalismo norteamericano y europeo; cualquier gobierno que disienta o asuma otra línea económica o política con autonomía, es considerado una dictadura, así sea constituido por la vía electoral, en cambio los regímenes genocidas dirigidos e impuestos por estas potencias imperialistas, los golpes militares, institucionales o judiciales, que restringen y criminalizan la actividad política y reprimen la movilización popular, que suprimen derechos individuales y colectivos para garantizar la integridad y el crecimiento del capital, para ellos son procesos “democráticos”, paraísos de “libertad”; por ejemplo la destrucción de Irak, Afganistán, Libia, Siria, y lo que los medios masivos occidentales y los políticos imperialistas nombraron como “primavera árabe”, o las revoluciones de colores que van desde el norte de África, pasando por el medio oriente, hasta Georgia y Ucrania.

Estos conceptos tuvieron aplicación en todas las periferias, después de la segunda guerra mundial, cuando movimientos populares liderados en gran medida por frentes revolucionarios orientados por partidos de tendencia marxista en el mundo (Asia y África), se alzaron en guerras populares alcanzando la liberación nacional de sus pueblos del colonialismo y neocolonialismo. En América Latina, hasta la década del 60 del siglo XX se experimentaron procesos de justicia social protagonizados por sectores militares patriotas, apoyados por amplios sectores populares, también movimientos revolucionarios y democráticos electoralesque establecieron regímenes y gobiernos liberales democráticos, no marxistas, (a excepción de Cuba, que ejerció la insurrección a través de un movimiento revolucionario dirigido por intelectuales de la clase media, estableciendo luego una forma de socialismo influenciado por URSS) y que hicieron importantes reformas en sus economías. Mencionaré los más representativos de ese gran ciclo de gobiernos reformistas-desarrollistas del siglo pasado, la mayoría considerados por la izquierda como revolucionarios:

Lázaro Cárdenas del Río, militar antiimperialista elegido presidente de México para el período 1934 –1940. Durante su gobierno se creó la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México con la garantía de los derechos laborales. Consolidó al Partido Nacional Revolucionarios y orientó a los sindicatos hacia el Partido de la Revolución Mexicana, antecedente del PRI. Brindó asilo a excombatientes y perseguidos políticos de la guerra civil española. Trató de incluir a los empresarios y a la iglesia, y ganó el apoyo de indígenas y campesinosa su proyecto de Reforma Agraria (promovía la creación de pequeñas unidades de autosuficiencia alimentaria entregando terrenos ejidos a grupos de campesinos pobres). Creó el Instituto Nacional Politécnico. Construyó infraestructura impulsando la industria dentro de la política de sustitución de importaciones, para lo que también nacionalizó la industria petrolera, y los ferrocarriles

Juan Domingo Perón. Militar nacionalista justicialista argentino, con una confusión de las tendencias ideológicas de tipo fascista;participó en la guerra del 43. Elegido presidente en 1946; creó su movimiento: el Peronismo, con gran apoyo de los trabajadores, a quienes “benefició” con leyes de protección laboral y sindical, enfocadas a ganar su simpatía hacia su movimiento, estimular la disposición al consumo y alejarlos de las influencias comunista y socialista. Reelegido en 1951 hasta su derrocamiento en 1955; creó el Partido Único de la Revolución fusionando los tres partidos que lo apoyaron para su elección, reconoció el derecho a votar a las mujeres, hasta expidió una ley de divorcio, pero como buen militar, fue autoritario y represor de la oposición democrática y revolucionaria, controlando la prensa, limitando la libertad de expresión. Impulsó el desarrollo industrial, el mercado interno y la intervención del Estado en la Economía, estatizando y dejando en poder del Estado el manejo de los recursos energéticos, sin embargo, firmo contrato con la Standard Oil que contradecía su supuesta posición “antinorteamericana”. Aunque era católico y aportó muy poco a la educación, terminó enfrentado a la iglesia, que contribuyó a su derrocamiento en 1955.

Getulio Vargas, elegido presidente de Brasil por varios períodos, hasta 1954; fundador del Estado Novo, modernizando el Estado con una nueva constitución (con interés corporativista: Estado, Trabajadores y burguesía) que garantizó la representación de los trabajadores en el congreso, la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, el trabajo de las mujeres, el derecho a la organización sindical, (trató de dirigir el movimiento sindical), el voto secreto y los derechos de las mujeres a elegir y ser elegidas; organizó varios ministerios para gobernar, sin embargo centralizó los poderes y disolvió los partidos políticos, enfrentando a los revolucionarios del PCB (Luis Carlos Prestes), lo que le daría el carácter de dictador. Desarrolló políticas de industrialización y sustitución de importaciones; para lo cual impulsó la construcción de infraestructura en el país, la creación de Petrobras y Electrobras, el desarrollo de la siderurgia. No atacó a la estructura social, tampoco realizó una verdadera reforma agraria, (mas bien favoreció a los terratenientes) pero hizo acuerdos con la Alemania Nazi y se alió a los EE.UU. al final de la SGM.

Jacobo Arbenz, caudillo militar antiimperialista nacionalista, continuador de la obra de Juan José Arévalo, fueelegido presidente entre 1951 y 954 en Guatemala, apoyado por obreros, campesinos, maestros, estudiantes, “por los partidos RenovaciónNacional y Acción Revolucionaria de la Capital y el partido Integración Nacional de Quetzaltenango”y dio participación al Partido del Trabajo Guatemalteco. Enfrentó a los terratenientes, entre ellos la UnitedFruit Company,“… dueña de más del 50 % de las tierras cultivables del país, de las que únicamente cultivaba el 2.6 %” [1], ejecutando la Reforma Agraria. Expropio a la Railways of Central América los ferrocarriles, y a la Empresa eléctrica Guatemala S.A. norteamericana le creó competencia en la generación de electricidad (hidroeléctrica JurúnMarinala); construyó infraestructura vial (carretera al Atlántico y puerto Santo Tomás de Castilla). Multiplico los centros de todos los niveles educativos, llevando la primaria y secundaria al campo. Reglamentó el código del Trabajo, modernizó y profesionalizó al ejército.

Juan Belasco Alvarado, militar nacionalista. Asume el gobierno del Perú entre 1968 y 1975 mediante golpe de estado (junta revolucionaria) contra Fernando Belaunde Terry. Proteccionista asistencialista, su gobierno se autodenominó Progresista. Nacionalizó la banca; expropió yacimientos petroleros en poder de la IPC, filial de la Standard Oil (“ …, más tarde se supo que el gobierno negoció en secreto con la IPC, y que, mediante el Convenio De la Flor-Greene, el Perú pagó una indemnización de 76 millones de dólares.[2]) creó Petroperú; impulsó la minería, la metalurgia, la siderurgia y construyó infraestructura; creó la Comunidad Industrial, dando participación a los trabajadores, que participaban de la gestión, la administración y de las utilidades de las empresas; estatizó la industria pesquera y mejoró la alimentación con una reforma agraria; asumió el control de la prensa y de las telecomunicaciones a través de la Compañía peruana de teléfonos (expropiada); inició reforma educativa reconociendo el bilingüismo quechua-castellano como lenguas oficiales; aunque se declaró no alineado, estrechó relaciones con el campo socialista, pero creó un sistema nacional de Apoyo a la movilización social SINAMOS al servicio del gobierno. Fue depuesto por los militares apoyados por los EE.UU.

La revolución boliviana (1952-1964) contra militares golpistas y la oligarquía tras el triunfo electoral en el 51 del MNR. Entre las experiencias políticas revolucionarias y progresistas de esta época es necesario recordar que en los años 50 del siglo pasado los obreros bolivianos, especialmente los mineros y el movimiento indígena, protagonizaron un movimiento revolucionario (MNR) por la democracia, de gran enseñanza y significado político para los pueblos latinoamericanos, pues se lograron importantes reformas democráticas como la agraria y la organización de los trabajadores en la COB, el control de la economía por el Estado, comparable con la Revolución Mexicana; veamos algunos logros de esas luchas:

Se oficializó el derecho del voto universal, que permitió romper la democracia excluyente ycalificada del pasado, otorgando el voto a la mujer y a los analfabetos.
Se toma el control total de la economía con un Estado fuerte, dueño de sus recursosnaturales y de sus empresas de producción.
Se firmó el decreto de nacionalización de las minas, donde el 80 por ciento de los ingresosde las exportaciones y los recursos del subsuelo pasaron a poder del Estado.
Se creó COMIBOL, la empresa minera estatal, que aun sigue en actividad y más fuerteque nunca.
ejecutó una importante reforma agraria que suprimió el régimen de hacienda en buenaparte de la región andina, la más empobrecida del país.
Se promulga el Código de la Educación Boliviana, donde se produce una «RevoluciónEducativa». La educación pasa a ser universal y obligatoria y la instalación de núcleosescolares rurales para los campesinos, marcaron un giro fundamental que universalizó underecho esencial que había estado restringido y planteado discriminatoriamente a partir dela idea de una educación especial para los indígenas[3]

Los anteriores procesos fueron regímenes y gobiernos ejercidos por caudillos civiles y militares que desarrollaron programas liberales desarrollistas reformistascon mejor distribución de la renta nacional, asistencia a los sectores de extrema pobreza, garantías laborales, construcción de infraestructura, estímulo a la industria local (política de sustitución de importaciones), recuperación de soberanía nacional y modernización del Estado; algunos con aperturas democráticas que dieron participación a sectores populares y de la izquierda; surgieron de movimientos democráticos y revolucionarios no marxistas, incluso algunos como gobierno, enfrentaron a estos y al imperialismo simultáneamente, mientras otros hicieron alianzas o buscaron el apoyo de organizaciones comunistas y socialistas, que les permitió ejecutar políticas que hoy se denominarían progresistas o populistas, aunque muchas de sus reformas y políticas se inspiraban en la Revolución de Octubre; con la diferencia que la mayoría de esos intentos lograron temporalmente expropiar y/o nacionalizar empresas explotadoras de recursos naturales y energéticos, y de servicios públicos estratégicos -en poder de los imperialistas-, comprometidos la mayoría con reformas agrarias que tampoco afectaron profundamente las estructuras económicas y sociales de sus respectivos países.

Si de progresismo se trata, los gobiernos que de alguna manera desarrollaron políticas proteccionistas, de defensa y recuperación de recursos naturales y energéticos, de nacionalización de servicios públicos como los ferrocarriles y las telecomunicaciones; de sustitución de importaciones, de intentos de reforma agraria, de industrialización, de reformas laborales y aumento de salarios, de asistencia social y de mejor educación como medios de distribución de riqueza, y de reconocimiento de derechos a sectores populares como las mujeres y los trabajadores, en algunos casos con participación política de esos sectores sociales y nuevas constituciones, en el siglo pasado en América Latina: esos gobiernos reformistas desarrollistas también podrían llamarse progresistas. Estos reformistas en ningún momento pusieron en peligro la propiedad privada ni las estructuras económicas y sociales de sus sociedades, así de alguna forma aplicaran políticas de reforma agraria, de mejor distribución de las rentas y se enfrentaran al imperialismo; pues nunca transfirieron su poder ni reconocieron autonomía a sus pueblos, ni rompieron totalmente con la dependencia, más bien estos movimientos contribuyeron a la consolidación del liberalismo aplicando los postulados keynesianos y las orientaciones de la CEPAL con fortalecimiento e injerencia del Estado en la economía (continuaron con la primerización de sus economías) como una simulación entre estado de bienestar y capitalismo de Estado; en realidad no consolidaron una revolución democrática popular porque sus proyectos giraron en torno a caudillos. Hay muchas similitudes entre los Reformistas-desarrollistas del siglo pasado y los Progresistas del s. XXI.

Sin embargo, todos estos intentos reformistas-desarrollistas liderados por caudillos, aunque no organizaron ni dirigieron una revolución anticapitalista, de alguna manera se enfrentaron al imperialismo, (principalmente por la defensa de los recursos energéticos y del transporte como los ferrocarriles, que en varios de esos países fueron nacionalizados) algunos sufrieron la presión política, económica y militar de los Estados Unidos y la dependencia del sector financiero internacional; la mayoría fueron derrocados por las derechas con apoyo militar gringo, otros fueron asesinados y en todos los casos sus reformas anuladas o reversadas.

El único caso de un gobierno cuyo líder se identificaba como socialista marxista, además de masón, y que lo alcanzó en 1970 después de cuatro intentos en procesos electorales, fue el de Salvador Allende, quien intentó construir un régimen socialista similar al soviético a través del frente de Unidad Popular, con el que inició una serie de reformas económicas que incluían expropiaciones y compra de acciones de empresas como forma de nacionalización en su programa llamado Vía Chilena al Socialismo. Algunos de sus objetivos eran:

Construcción de un Estado popular con economía planificada.
Nacionalización de la explotación e industrialización del cobre.
Nacionalización de bancos
Expropiación de industrias estratégicas
Reforma agraria (continuación y profundización de la iniciada por Eduardo Frey)
Congelación de precios de productos de consumo popular y aumento en los salarios.
Reforma de la constitución.

Su programa de transición –que se dirigía a un capitalismo de Estado mediante la nacionalización y expropiación de las grandes empresas, bancos y haciendas- chocó directamente con el imperialismo en su expresión local de la ITT, multinacional de las telecomunicaciones, las mineras Anaconda Cooper Minig Co.,Kennettcott y otras,aunque les ofrecía una indemnización por la nacionalización, deduciendo de sus inmensasutilidadeslo dejado de percibir por el no pago de impuestos en los últimos 20 años; de esta manera se daba inicio a la nacionalización del cobre, el monoproducto chileno.

La nacionalización de la minería del gobierno de Allende enfureció al gobierno de los Estados Unidos y motivarían a Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, a promover un boicot contra el gobierno de Allende mediante la negación de créditos externos y la petición de un embargo al cobre chileno. Dos años después del golpe militar que puso fin al gobierno de Allende, la Junta Militar de Gobierno pagó una indemnización de US$250.000.000 a la empresa Anaconda CopperMining Company, propiedad de las familias Rockefeller y Rothschild.[4],

Allende y la UP trataron de hacer las reformas a través del parlamento, negociando con la derecha, la Democracia Cristiana y el Partido nacional, en el campo se daba la lucha directa por la reforma agraria, la que incluía la toma de fincas por los campesinos enfrentando la violencia de los terratenientes, y en las ciudades muchos trabajadores hacían lo propio con las fábricas paralizadas. Algo similar sucedió con el ejército adiestrado por la Escuela de las Américas, un sector de las fuerzas armadas apoyaba al gobierno, mientras el resto se preparaba para el golpe, al que no se tocó en su estructura de mando ni en su dirección política-ideológica, del que incluyó altos mandos en su equipo de gobierno. Allende siempre creyó en la lealtad del ejército a la Constitución y claro, la propiedad privada es lo más sagrado que hay que defender, esa la misión de las fuerzas armadas en el capitalismo.

Este, como la gran mayoría de intentos de transformación en América Latina y El Caribe, fue ahogado en sangre (decenas de miles de muertos, torturados, desaparecidos y exiliados por una dictadura militar programada por el Departamento de Estado norteamericano, dirigida por la CIA., promovida y utilizada por la oligarquía chilena; golpe violento como los otros que se dieron durante la segunda mitad del s. XX o la llamada Guerra Fríaen el cono sur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay …) dentro de las políticas de Seguridad Nacional y de exterminio a un supuesto enemigo interno,-el comunismo- diseñadas desde Washington para América Latina,antecedido de estrategias conspirativas económicas, políticas y militares, sabotajes y de manipulación mediática, tal como lo hacen hoy con Venezuela.

Durante 1972, diversos gremios paralizaron sus actividades; entre ellos, la locomoción colectiva y el transporte. El desabastecimiento de artículos de primera necesidad y los persistentes rumores de golpe militar, contribuyeron a crear en la población una sensación colectiva de desgobierno. El 11 de septiembre de 1973, el gobierno de la Unidad Popular fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet.[5]

Desde entonces el imperialismo nombró a Chile como el paradigma neoliberaleneconómico, político y desarrollo para América Latina y el mundo de la periferia.

Es la experiencia de gran significado político para nuestros pueblos después de la revolución cubana, pues con ella se pretendía demostrar que la vía “democrática” electoral, dentro del capitalismo, era la idónea para iniciar la construcción del socialismo en el continente; además nos muestra el juego pseudo-democrático que realizan los partidos y grupos políticos de la izquierda institucionalizada en ese tipo de frentes que se alejan de los sentires, saberes y pensares de las comunidades y sectores populares cuando se trata de construir auténtico poder popular.

En Colombia el referente del desarrollismo en el siglo pasado es el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo entre los 30 y 40, contó con el apoyo de la mayoría de trabajadores organizados y con la simpatía de los revolucionarios de la época como los socialistas y el PCC, construyó infraestructura de comunicaciones como los ferrocarriles y mejoramiento de puertos marítimos y fluviales (mediante contratos y concesiones a empresas norteamericanas y europeas, quienes hacían los préstamos o las inversiones) para la exportación de recursos naturales, combustibles y materias primas, y el apoyo al desarrollo de una industria liviana básica (manufactura) destinada a transformar algunas materias primas para exportación, pero no expropió ni nacionalizó ninguna empresa ni intentó la reforma agraria, realmente no fue reformista o progresista, lo que intentó fue el desarrollismo modernizando el Estado para garantizar la inversión foránea, pues el poco mejoramiento social de los trabajadores fue gracias a sus luchas contra las multinacionales, que venían desde los años 20.

Hubo otros valerosos intentos como los del militar Juan José Torres en Bolivia entre 1970 y 1971, Juan Bosch en República Dominicana en 1962, entre los que podríamos incluir al también militar Omar Torrijos en Panamá entre 1969 y 1971 y Jaime Roldós, presidente del Ecuador desde 1979, hasta su muerte en 1981(ambos muertos en dudosos accidentes), es de resaltar que el contexto de la región entre los años 60 y 80 era de asesinatos, golpes y dictaduras militares, dirigidos a través de la CIA y financiados por multinacionales de USA, siendo estos últimos gobiernos desarrollistas, en menor grado nacionalistas, a excepción de Maurice Bishop, quien asumió tras una acción revolucionaria militar del MNJ (sigla en inglés del Movimiento Nueva Joya), el gobierno socialista de Granada en las Antillas desde 1979 hasta su derrocamiento en 1983 por el ejército norteamericano. En general, los intentos de liberación o independencia de los pueblos en nuestra AbyaYala y en el mundo, durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, han sido ahogados en sangre por los imperialistas norteamericanos y europeos, basta recordar los genocidios de nuestros pueblos y los asesinatos de sus líderes desde Sandino y Farabundo Martí, Gaitán, El Ché, Torrijos, Roldós, Allende, Bishop y Hugo Chávez (caso similar al de Arafat).

Los cambios políticos y económicos gestionados por las izquierdas en la dirección de varios Estados en Suramérica en los últimos 19 años se han dado de arriba hacia abajo, protagonizados por caudillos con programas Progresistas, pero la llegada a los gobiernos de esos países ha sido mediante grandes movilizaciones de diversos sectores populares inconformes, por problemas sociales y estructurales que las oligarquías han sido incapaces de solucionar, como la reforma agraria, la pobreza, los atentados a la vida y a la autonomía de comunidades indígenas, campesinas y urbanas, por la primacía de los proyectos extractivistas minero-energéticos y los agronegocios de terratenientes nacionales y extranjeros (reprimerización de las economías); las políticas financieras económicas y monetarias (dependencia, deuda externa, inflación, devaluación, fondos buitres), que reducen las posibilidades de sobrevivencia de los sectores populares, y obligan a los Estados lacayos a la reducción de la inversión social, a la privatización de servicios esenciales y de bienes como el agua, los bosques, los hidrocarburos, llevando a los daños ecológicos y ambientales propiciados por el modelo neoliberal, y por supuesto, a la represión y la violencia generalizada contra los pueblos que se movilizan en defensa de sus intereses contra los viejos estados oligárquicos y el capitalismo.

Estos cambios políticos, dan cuenta del ascenso en las luchas de los sectores populares por la democracia, tanto en la movilización social-política como en las urnas, alianzas entre sectores populares rurales y urbanos, acercamientos entre militares patriotas y comunidades, unidos en la necesidad de desplazar la dependencia política y económica de los centros de poder capitalista y occidental; la necesidad de rescatar la dignidad y la soberanía en la defensa de los recursos naturales y energéticos, derrocando tiranías, dictaduras, cambiando gobernantes corruptos, ineptos y traidores. Estos movimientos han incluido protestas, marchas, paros, y acciones insurreccionales en las ciudades, confluyendo en derrocamientos de esos tipos de gobernantes, y en procesos electorales dentro de la democracia burguesa, promovidos por sectores democráticos, y de las izquierdas institucionalizadas, que ya en el gobierno se reconocen como progresistas; estas experiencia, con sus matices políticos, (Venezuela, Bolivia, Ecuador, también Uruguay, Argentina, Brasil y en menor grado Paraguay)[6] plantearon la posibilidad de un despegue de los centros de poder europeo y norteamericano, por lo menos en el discurso, sin renunciar al capitalismo; con coincidencias que podríanhaberse concretado en una integración (bloque) regional como defensa y apoyo para la realización de sus programas, deslegitimando instituciones como la OEA, el BID, la OMC y el BM. Pero estos ensayos no obedecen a una homogeneidad en la visión ni en los objetivos definidos en un programa compartido o en un modelo realmente antisistémico; cada uno de dichos países tiene sus particularidades socioeconómicas, pero todos sus gobernantes coinciden en el extractivismo o en la reprimerización de sus economías como única vía para salir del “subdesarrollo”; sin embargo, entre estos procesos está la configuración de una potencia regional, que se aleja de los demás progresistas que no manifiestaron hegemonías individuales, y que ubica a Brasil -con Lula o sin él- en otro bloque de poder internacional, que se está consolidando a través de los BRICS (países emergentes en crecimiento económico capitalista) en Asia, África y América Latina. Los intentos progresistas revivieron la posibilidad de un mundo mejor, demostraron que la movilización popular es determinante en los cambios políticos, que el poder del imperio norteamericano no es inmune a las luchas de los pueblos por la soberanía y la democracia.

Entre dictaduras, golpes militares y la violencia y el terror que ello implica, (masacres, asesinatos, torturas, desapariciones, racismo y exilios)con gobiernos corruptos y finalmente con la implantación del Neoliberalismo en América Latina, los movimiento populares se fueron integrando en bloques que confrontaron a esos regímenes mediante la guerra, la insurrección y las movilizaciones populares en la segunda mitad del siglo pasado, llevando a la toma del gobierno en dos países de Centroamérica (Nicaragua y E Salvador) y dos en El Caribe (Cuba y Granada). En Suramérica, en el presente siglo, las izquierdas solo han alcanzado acceder a los gobiernos en tres países (Venezuela, Bolivia y Ecuador) con movilización pacífica popular y procesos electorales en lo que se ha denominado Progresismo y Socialismo del Siglo XXI. Por otro lado, se presentaron procesos electorales liderados por sectores que venían de la izquierda en Brasil, Paraguay y Uruguay, lo mismo que en Argentina con el peronismo.

El movimiento popular boliviano dirigido por la izquierda se fue estructurando como un sujeto plural por la democracia para el pueblo, en el que protagoniza el movimiento indígena, en defensa de los combustibles, los minerales, el agua (las dos guerras del agua) la defensa de la diversidad étnica y cultural y la dignidad, tumbando títeres hasta la elección en 2005 de un gobierno progresista, producto de la unidad y las alianzas de la izquierda (MAS), que asume una posición indigenista- ecologista a nivel internacional. Pero este progresismo traducido en el concepto de desarrollo occidental, da prioridad al crecimiento económico, y la industrialización, para integrar Bolivia a la sociedad de libre mercado –posneoliberal-; proyecto que se ha quedado en el extractivismo minero-energético y agroindustrial, en la transformación de algunos recursos en materias primas para exportar, construyendo infraestructura, implementando programas de asistencia como Juanito Pinto para ampliar y garantizar escolaridad, Renta Dignidad, de ayuda a la tercera edad y Juana Azurduy para las mujeres embarazadas y lactantes, programas con base en ayuda económica; otros como “mi primer empleo digno” para los jóvenes desempleados y “Yo si puedo”, alfabetización de adultos; además de ampliación de planes de formación técnica y profesional. Programas muy importantes y necesarios en la reducción de la extrema pobreza, con la redistribución de la renta, pero que no garantizan la eliminación de la desigualdad social, el desmonte de las estructuras del capitalismo, ni el ejercicio real de autonomía y democracia populares. Miremos los postulados del MAS:

Lograr la igualdad socioeconómica para las mayorías originarias de Bolivia.
Eliminar la corrupción de las estructuras del Estado boliviano.
Nacionalizar los recursos energéticos renovables y no renovables.
Impulsar la industrialización del sector.
Promover un movimiento de renovación moral, ética, política, conductual.
Luchar por integrar a la sociedad boliviana al mundo moderno en condiciones equitativas, considerando que Bolivia no posee industrias que puedan competir en el mercado internacional.
Luchar por lograr condiciones de integración del mundo industrializado, considerando que Bolivia le ha dado al mundo, y sobre todo a Europa, los más importantes elementos para el actual estado de confort de dichos países.
Dos terceras partes de la alimentación europea está basada en plantas cultivadas por los antiguos americanos.
La base del capitalismo se logró basándose en las riquezas, oro, plata, extraídos de las minas americanas, entre ellas, Potosí.
Lucha por estructuras sociales acordes con el siglo XXI: Igualdad, Fraternidad, Solidaridad, Libertad, Respeto a la naturaleza, respeto a las necesidades de las generaciones venideras.[7]

Todo un programa liberal que en gran medida se ha cumplido, pero por ningún lado se encuentran propósitos socialistas o de transformar las estructuras económicas y sociales, se trata de mejorar algunas condiciones dentro del Estado capitalista que amplían la capacidad de consumo de algunos sectores populares (formación de una clase media) y privilegia al sector minero “cooperativo” emergente con poder económico y político ascendente, que compite con el capital extractivista foráneo, utilizando los mismos métodos de explotación a los trabajadores, heredados de la colonia (la mita), enmascarado con el modelo “cooperativo” que negocia o le sirve a las transnacionales mineras, pero que en la realidad no es más que capitalismo extractivista;si bien en los 50 del siglo pasado este sector jugó un papel revolucionario, hoy se comporta como propietario de unos medios de producción que el Estado le provee, y le garantiza –con la privatización- altas tazas de ganancia, conformando una nueva burguesía emergente, como nos informan Machado y Zibechi:

Las cooperativas mineras obtuvieron más de la mitad de los contratos desde 2008 y el 43 por ciento de la superficie total otorgada por el Estado. La cantidad de cooperativas se multiplicó por tres (de 447 en 2008, a 1.400 en 2013) que emplean de forma directa a 120.000 trabajadores, el 90 por ciento de la ocupación del sector. Sin embargoaportan muy poco al Estado, un 4 por ciento por impuesto al valor agregado y el 1 por ciento del valor de la producción por arrendamiento de los yacimientos de Comibol.[8]

Con el programa del MAS, no se le puede pedir al progresismo que cumpla con lo que no está entre sus objetivos e ideario. El respeto a la naturaleza o a la madre tierra, a los pueblos ancestrales, la ejecución de la soberanía alimentaria y la reforma agraria democrática (así el presidente sea indígena y dentro de su gobierno haya indígenas) la independencia de los organismos “multilaterales” financieros y comerciales, se han quedado en el discurso ambientalista promovido por Naciones Unidas y algunas ONG, que en el cambio real de las políticas de explotación para la exportación de recursos naturales como el gas, el petróleo, el oro, la plata, el litio, el estaño, el coltan, el resto de minerales, y el monocultivo de la soja transgénica; se busca la industrialización para transformar algunas materias primas y la construcción de infraestructura como una forma de desarrollismo con dependencia del sector financiero transnacional.

Igualmente, el pueblo ecuatoriano tiene una gran historia de luchas contra gobernantes corruptos déspotas, apátridas y hasta esquizofrénicos, que lo llevó a derribar estos regímenes por cuatro oportunidades en los últimos 25 años, en defensa de sus recursos naturales y su buen vivir;así como lo hicieron el pueblo argentino en 2000 y 2001contra las imposiciones del BM y el FMI y el pueblo venezolano desde el caracazo en 1989. Alianza País es un movimiento político policlasista que trata de ejecutar un proyecto de “Revolución Ciudadana” de corte liberal, constituido básicamente para reducir la pobreza, ampliar la capacidad de consumo de la clase media, (que no está interesada en cambios estructurales), buscando generar las condiciones infraestructurales, económicas, jurídicas y sociales que garanticen mejorar la situación socioeconómica del país siguiendo la impronta neoliberal, incrementando la actividad extractiva del capital transnacional occidental y asiático, utilizando el discursoindependentista, ambientalista, nacionalista alusivo al sumakkausay, de mejor distribución de la renta mineroenergética,de estatización de algunas empresas. Discurso que inicialmente convenció a intelectuales de izquierda y a amplios sectores sociales que esperaban los cambios para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión, pero lo que llegó fue el fortalecimiento del Estado para aplicar la reforma estructural, y el ajuste macrofiscal, ordenados por el BM y el FMI a América Latina.Es importante tener en cuenta que tanto Bolivia como Ecuador, incluyeron en sus cartas constitucionales el concepto de madre tierra con muchos propósitos para proteger y respetar la biodiversidad y los bienes naturales.

El Plan Nacional para el Buen Vivir ha orientado nuestro quehacer en base a doce objetivos:

1) Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad.

2) Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

3) Mejorar la calidad de vida de la población.

4) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.

5) Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración

Latinoamericana.

6) Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas.

7) Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común.

8) Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

9) Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.

10) Garantizar el acceso a la participación pública y política.

11) Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

12) Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir. Planificación e inversión van de la mano[9]

Este también es un programa liberal: garantizar trabajo estable en sus diferentes formas es garantizar la explotación. El capitalismo siempre ha buscado cohesionar y homogenizar a la sociedad, integrando a todos los sectores sociales en el mercado y en sus modelos políticos y económicos.

El capitalismo busca potenciar las capacidades de los ciudadanos para que compitan, consuman y produzcan, por lo que es imposible “establecer un sistema económico social solidario” y menos “construir un Estado democrático para el bien vivir”. Reconocer derechos no garantiza la justicia, ni igualdad, menos la paz.

No se le puede llamar “Buen Vivir” al modelo implementado por un Estado que suplanta a los sectores populares, que agrede a las comunidades indígenas invadiendo sus territorios para imponer su modelo extractivista minero energético, negándoles su autonomía y su participación democrática en el debate y en las definiciones más importantes sobre sus territorios, sus ecosistemas y el futuro de su país (intervención en el parque natural Yasuní para explotación petrolífera, donde viven comunidades indígenas en aislamiento voluntario), así haga mejor distribución de la renta. Alianza País tampoco presentó un programa de transformación revolucionaria o una plataforma anticapitalista, aunque sí un gesto nacionalista y de soberanía nacional, al exigir el desalojo de la base militar de Manta por el ejército norteamericano, y algunas medidas fiscales a varias empresas transnacionales que permitieron generar mejores ingresos, pero conservó el dólar. Sin embargo, este gobierno reprimió las marchas y protestas pacíficas de los indígenas y sectores populares urbanos (la mayoría electores de Correa) realizadas en agosto de 2015 contra las políticas económicas propuestas por el ejecutivo; el presidente, como cualquier caudillo autoritario trató a los protestantes como subversivos, violentos y golpistas unidos a la derecha imperialista, suponiendo que defendían a los ricos, entrando a conformar una mesa de diálogo con sus seguidores, no con los críticos y disidentes de sus políticas, excluyendo a la CONAIE y a los trabajadores, de las consultas y definiciones que afectan a la mayoría de la población. Este tipo de comportamientos, como los que se dieron en Bolivia y Brasil contra los sectores populares, corren las máscaras de quienes dicen gobernar en su nombre. Tomando como pretexto la tragedia del terremoto, Correa abre totalmente las puertas a la inversión extranjera y retorna a la dependencia financiera de la banca “multilateral” multiplicando la deuda externa y luego gestionando el TLC con la Unión Europea. Con el cambio de gobierno en 2017, (Lenin Moreno) el regreso al redil neoliberal y retomando el consenso de Washington, ya no se puede hablar de progresismo porque es la derecha proimperialista la que toma las riendas del Estado, reduciendo los programas asistencialistas, volviendo a los tratados de libre comercio, (TLC) a la dependencia en política económica y financiera del BM y el FMI y a la política de seguridad nacional impuesta por USA, ratificada con la “nueva” asistencia militar y la reactivación de la base de Manta en 2018.

Argentina, aunque no se vindica del Socialismo del siglo XXI, trató de aplicar algunas medidas del progresismo como la estatización de la empresa petrolera, la ley de medios y otras reformas, pero profundizó en el modelo extractivista como país productor de materias primas, de soja transgénica que aún utiliza mano de obra esclava, utilizando la represión contra sectores inconformes como los Mapuches; el régimen de los Kishnertiene otras connotaciones que se derivan de la historia de la oligarquía argentina, que siempre ha considerado Europa como su entorno, mirando a los pueblos latinoamericanos con aire de superioridad, sin poder consolidar un desarrollo capitalista que permitiera un estado de bienestar al estilo europeo, ni antes ni después de las dictaduras (ni con el peronismo), sin embargo el pueblo argentino ha sabido enfrentar la terapia de shock que el Fondo Monetario Internacional aplicó en el 2001 y que éste a través de Macrinuevamente intenta imponer, desmontando lo poco que logró el kishnerismo en materia social y económica.

Para la burguesía Brasileña, el proyecto progresista es parte de su estrategia Neoliberal y “Post-neoliberal”, para consolidar su país como potencia regional, pues implica la necesidad de reestructurar su poder desarrollando sus fuerzas productivas, su complejo industrial-militar, innovando tecnologías en este sector, desarrollando la nuclear no militar, construyendo gran infraestructura energética (mega-hidroeléctricas), industrial, vías de comunicación, exploración y explotación petrolera, ciencia propia, fortaleciendo y ampliando sus corporaciones transnacionales (estatales y privadas) que invierten y operan en casi todos los países de América Latina, algunas a través de contratos en construcción, prestación de servicios, en la industria alimentaria y en transporte y logística militares. Su posición en los BRICS le permitió ampliar su comercio interno y externo regional y su sistema financiero; simultáneamente adecúa las condiciones a la inversión extranjera, tanto en la industria como en los agronegocios de transgénicos.El gobierno del PT y su coalición de derecha,buscaba obtener una posición predominante en la región junto a los emergentes (BRICS) y alcanzar su ambición de ser la gran potencia suramericana o el sub-imperio[10], que desde la colonia lo ha pretendido; un proyecto estratégico del progresismo que supuestamente pretendía desplazar al imperio norteamericano de su patio trasero (sin enfrentarse militar y o económicamente con este), que incluía las buenas relaciones con los demás países de la región, especialmente los demás gobiernos progresistas, que le permitirían acceso a sus recursos mineros, energéticos y biológicos –con la infraestructura de transporte del Plan IIRSA-, a los mercados del pacífico (China y Rusia), más que contribuir a la integración y al buen vivir de los pueblos de la región, pues no participó en la ALBA, igual que Argentina y el resto de progresistas, no se interesó por fortalecer la UNASUR ni ampliar el MERCOSUR ni por liderar el empoderamiento de la CELAC para acabar con la OEA.

Para consolidar el plan estratégico de su hegemonía en la región, la nueva burguesía progresista brasileña ha ganado apoyo popularcooptando las élites intelectuales y las dirigencias de los movimientos sociales, especialmente del MST y del movimiento sindical agrupado en la Central de Trabajadores CUT, utilizandoal gobernante Partido del Trabajo, permitiéndole a la rica burocracia sindical participar en algunos negocios como el manejo de los fondos de pensiones, Petrobras, el banco nacional BNDES y beneficiar a grandes empresas como Odebrecht; que a la vez le sirve para financiar infraestructura y respaldar deuda externa e invertir en empresas multinacionales brasileñas y asociadas con otras transnacionales norteamericanas y europeas, que a la vez garantiza inversión extranjera.En sectores de extrema pobreza lo hace redistribuyendo algunos recursos con la renta básica (bolsa familia) y la campaña hambre cero, ampliando la cobertura en educación básica y en la formación profesional, en algunos casos concertando con los sin tierra; buscando con estas políticas “reducir” la pobreza (según el gobierno logrando llevar 40 millones de personas pobres a una supuesta clase media) aumentando el porcentaje de la clase media con más capacidad de consumo, como sector representativo del bienestar de un país “desarrollado”; sin embargo lo que se vio en 2013 y 2014 fue la reactivación del inconformismo y la movilización popular por necesidades básicas, como la del MST por entrega de tierras; la lucha de los jóvenes trabajadores y estudiantes por empleo y transporte subsidiado, y contra el despilfarro del erario en la construcción de infraestructura deportiva y en la realización de un mundial de Futbol (al que el pueblo no pudo asistir) y la corrupción público-privada, que le resta recursos a lo social.Como una de las consecuencias de esta situación, la posible fractura del PT gobernante. Esto ocurrió hasta 2015, cuando enjuician a Lula, destituyen a Dilma y luego encarcelan a Lula supuestamente por corrupción, lo que no quiere decir que la situación haya mejorado, por el contrario, el corrupto y golpista presidente Temmer y la oligarquía tradicional brasileña echaron para atrás lo poco que beneficiaba a los sectores populares.

Brasil contiene profundas desigualdades económicas y sociales en un territorio tan grande, que los gobiernos y los medios oficiales muestran solo una mínima parte de esa realidad que pueden intervenir; por un lado la burguesía quiere aparecer como del primer mundo desarrollado con avances tecnológicos, mientras por el otro, mantienen una miseria atroz plagada de violenciaen zonas rurales apartadas y en las periferias de las ciudades;mafias de todo tipo, narcotráfico, corrupción en todas las esferas del Estado y empresas como Odebrech, pobreza, racismo, violencia oficial y marginación en las grandes ciudades (favelas);destrucción de la Amazonía y la biodiversidad por el extractivismo, que devuelve el país a la primerización; con el gobierno de Macri volvieron los militares norteamericanos con sus operaciones multinacionales en ejercicios militares en la Amazonía cercana a la frontera con Venezuela, para además, escanear e inventariar los recursos naturales minerales y biológicos. Hoy, esa clase media que Lula Da Silva sacó de la pobreza es la que apoya el golpe mediático-legislativo contra la presidenta Dilma Rousseff -y contra él- que terminó en su destitución y enjuiciamiento, cediendo la dirección del Estado al aliado de la derecha mafiosa, el campeón de la corrupción, lo que no quiere decir que Lula y los dirigentes del PT sean inocentes; pues la corrupción al interior del gobierno y del parlamento, la ambición corruptora de las grandes empresas brasileras y la misma descomposición del poder judicial, emprendieron una campaña de desprestigio y acusaciones por el escándalo de la injerencia de Odebrecht en la política de varios países latinoamericanos (incluidos otros progresistas, realizada mediante sobornos, coimas y financiación de campañas, por miles de millones de dólares, a políticos de la región–en la que hay desde funcionarios judiciales, parlamentarios y hasta presidentes- igualmente corruptos, a cambio de grandes contratos de construcción de infraestructura y de prestación de servicios.

Un sinónimo de capitalismo es corrupción, que es la guerra entre competidores por repartirse el botín saqueado a los pueblos; como este existen muchos casos en que tanto la gran empresa privada y toda la institucionalidad del Estado, empezando por el congreso y el ejecutivo, se mueve en un mar de corrupción, crueldad e ignominia; los Estados de México, Perú y Colombia son los paradigmas de la forma de gobernar de unas oligarquías apátridas, donde los parlamentos y las cortes actúan como mafias (con muy raras excepciones de magistrados decentes) al servicio de las grandes corporaciones, vendiendo absoluciones e impunidades y condenando inocentes por dinero.

En Venezuela podemos reconocer que inicialmente hubo un mejoramiento en la calidad de vida de sectores deprimidos, pues se trataba de redistribuir ingresosen asistencialismo y renta básica, facilitando salud y educación, con las misiones y el Mercal, construyendo viviendas e infraestructura, adoptando tecnología en telecomunicaciones, ampliando la cobertura en educación superior, todo financiado con la renta del petróleo, el monoproducto nacional; política que no afectó las estructuras del sistema, manteniendo a los EE.UU. como principal cliente en el mercado petrolero, abriendo las puertas al extractivismo ruso y chino, no solo petrolero y gasífero, sino también de otros minerales existentes en la Orinoquía, sin estructurar una economía agropecuaria popular que garantizaraseguridad y soberanía alimentaria como parte de una reforma agraria integral, o dejar de pagar la injusta deuda externa para invertir en desarrollo industrial como proclamara Chavez; sin retirar las reservas de los centros financieros imperialistas para fortalecer la integración regional, sin atacar a las transnacionales ni al sector bancario y financiero (sector económico que ha crecido enormemente como el importador y el comercial-contrabandista a expensas del Estado).

El gobierno bolivariano no ha podido vencer el golpe lento que el imperio y la oligarquía tratan de completar, con sanciones económicas internacionalesy la conspiración -política y paramilitar- o mediante el control del mercado de productos básicos y el contrabando de alimentos y de combustibles, saboteando la producción petrolera, provocando la hiperinflación y la devaluación del bolívar (hiper-inflación), estimulando el antagonismo y la violencia entre clases medias y pobres, desde antes de la desaparición de Hugo Chávez; violencia militar que hoy se ve en las calles, realizada por jóvenes reclutados por la CIA, y reforzada con paramilitares procedentes de Colombia, cuyo objetivo es la intervención norteamericana a través de terceros países; situación que empeora con la vertiginosa disminución de los precios del petróleo promovida por EE.UU. desde 2014, que obliga a restarle recursos a lo social. No se pudo consolidar un fuerte movimiento popular de respaldo a la Revolución Bolivariana, cediendo poder a los consejos comunales y otras organizaciones populares autogestionarias, que venciera a la derecha fascista en la movilización política y en la construcción del proyecto bolivariano, pues las alianzas logradas por Chávez se agrietan al interior del bloque que dirige y apoya al actual gobierno, junto a la corrupción de algunos funcionarios del Estado, por no haber emprendido las reformas estructurales en la sociedad y el Estado para la realización de su socialismo del siglo XXI.

Como el reformismo y las revoluciones centroamericanas del siglo pasado, los procesos revolucionarios (progresistas) que asumieron el manejo del Estado en Suramérica no han sido liderados por las izquierdas tradicionales de inspiración marxista, ni por vanguardias, o por sujetos formulados por la ortodoxia “marxista”, aunque en estos casos han participado dichas organizaciones, incluso al hacerlo han cambiado o matizado algunos de sus principios, abriendo espacios a nuevas y ancestrales formas de ver y de actuar en las realidades propias de esos pueblos. La participación de sectores de base de la iglesia católica como en Paraguay, comunidades agrarias y ciudadanas unidas en un Frente Amplio en Uruguay, militares deliberantes demócratas en Venezuela y Ecuador; en Bolivia y Ecuador el sujeto integró pueblos indígenas, campesinos y pobladores; pero no fueron las elecciones las que les dieron los triunfos, es la unidad y la movilización combativa de los pueblos la que garantiza llegar al gobierno y el mantenimiento de sus proyectos, con todas la diferencias, contradicciones y falencias que implica estrenar un poco de democracia.

Aunque ninguno de los dirigentes progresistas asumió el marxismo como la ideología, o el socialismo como la base de sus proyectos políticos y económicos, desde los noventa había surgido la noción del “socialismo del siglo XXI”, que podría incluirlos (Venezuela, Ecuador y Bolivia) como parte o expresión de este. Sin embargo, no hubo la sustentación suficiente, aparte de la versión de Heinz Dieterich y la difusión que hiciera Hugo Chávez en el V Foro Social Mundial en 2005, donde afirmó seguir la senda del socialismo:

“Hemos asumido el compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad. Además, este socialismo no está predefinido. Más bien, debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día”[11].

Tampoco se hizo alusión a Mariátegui de su propuesta de socialismo indoamericano como construcción creativa propia con raíces ancestrales, o la de Allende; la propuesta de Dieterich tiene más similitud con la experiencia socialdemócrata europea, particularmente con el caso de Noruega, país que adoptó un fuerte estado de bienestar. Este modelo de capitalismo de estado con amplia distribución del ingreso y control fiscal de la riqueza, con desarrollo endógeno capitalista, no pudo ser establecido por ninguno de los gobiernos progresistas que se decían del Socialismo del Siglo XXI; tampoco conformaron un sólido bloque político y económico integrador, aunque lograron generar proyectos e instituciones que podrían haber ayudado al cumplimiento de esta misión

La Comunidad de Estados Latinoamericanas y del Caribe CELAC,(promovida por Venezuela y Cuba, excluyendo a Canadá y EE.UU.) que buscaba desplazar a la OEA; la iniciativa CELAC, junto a la UNASUR que pretendía integrar económica y culturalmente a Suramérica, la ALBA, iniciativa económica que buscaba un mercado y una moneda comunes para la región, la adopción del Mercosur y el Consejo Suramericano de Defensa, despertaron expectativas en sectores democráticos del continente como la vía hacia la independencia y la integración, avivó la esperanza de los pueblos en un mundo mejor sin renunciar al capitalismo; iniciativas lideradas por los gobiernos progresistas (Venezuela, Bolivia, Ecuador) y Cuba, que también promovieron el Banco del Sur y el Sucre como moneda regional, no lograron incidir en el resto de países de la región para consolidar estos proyectos, ni siquiera entre ellos como bloque político y comercial. Los progresistas menos radicales Argentina y Uruguay, intentaron fortalecer esos procesos pero tampoco lo lograron con el mercosur, por sus debilidades internas; Brasil, la supuesta potencia suramericana con gobierno “Progresista” no estaba interesado en propuestas en las que no pudiera ejercer su hegemonía. Realmente el extractivismo fue el modelo común en América Latina que se proyecta como posneoliberal asumido por los progresistas.

Las posiciones de los progresistas se parecen a los diálogos de paz en Colombia: no está en discusión el modelo extractivista ni el neocolonialismo ni el capitalismo, solo se pueden mejorar algunas políticas asistencialistas en base a las rentas del extractivismo, que se reducen con la baja demanda en el mercado de materias primas (por la recesión y el desacelere en el crecimiento de China, la privatización de servicios, la revaluación de dólar y la baja en el precio del petróleo); como se dijo en elEncuentro Latinoamericano Progresista (ELAP 2015) realizado en Quito, en el que participaron los intelectuales Álvaro García Linera (vicepresidente de Bolivia) y Atilio Boron (politólogo sociólogo argentino)“Boron dijo que es una «irresponsabilidad gigantesca»exigirle a los gobiernos progresistas que no toquen los recursos naturales. Se preguntó de qué otra manera se puede alimentar a la población de países con gran crecimiento demográfico, como Ecuador y Bolivia.”[12]Lo que deja como única opción para la subsistencia de esos países al extractivismo y al capitalismo como paradigmas de desarrollo y de sociedad equitativa.

Lo otro es la construcción del verdadero poder popular, donde es necesario romper esquemas en el hacer y el pensar (descolonizar el pensamiento) y destruir las formas, las dinámicas del colonialismo y la dominación, reconociendo autonomía a los sectores populares, trascender la frontera del capitalismo, o como lo analizaba Marx, pasar de la simple negación, a la negación de la negación, disyuntiva que aún no se ha definido en estos procesos, o sea, destruir la estructura del capital.Las comunidades y pueblos originarios, campesinos-as trabajadores–as y pobladores de las periferias de las grandes ciudades al margen de los estados (en América Latina y el Caribe) definen elementos identitarios de nuevos Sujetos, que combinan diferentes espacios de resistencia, movilización, construcción de modelos económicos y culturales propios, que a la vez crean un espectro diverso de la presencia política de los pueblos de AbyaYala.

Dichos procesos progresistas no lograron cambios en las estructuras de sus sociedades, aunque contaron con el apoyo de la mayoría de sus pueblos y la simpatía de los del continente.Han mejorado la distribución del ingreso en sectores populares, han dinamizado la economía ampliando la explotación de recursos biológicos, mineros y energéticos con formas similares al capitalismo de estado (Venezuela, Ecuador, Bolivia), abriendo las puertas a la inversión extranjera extractivista, a los monocultivos transgénicos como en Argentina, Bolivia, Uruguay, y Brasil, donde la destrucción de la selva amazónica se intensifica, con los monopolios de la tierra y el monocultivo de caña y soja, posibilitando la intervención de otras potencias. En resumen, miramos aspectos de la experiencia progresista en los casos de mayor radicalidad, pues existe abundante literatura e información en red sobre este tema, expresado por notables intelectuales y analistas en política, economía y movilización social, con diferentes posiciones y matices, a los cuales es necesario consultar. De esta manera la experiencia progresista parece llegar al fin de su ciclo, que el imperialismo necesitaba para frenar la rebelión, para reencaucharse y continuar su dominación después de sus derrotas en Oriente medio y Asia central, al tener prácticamente perdida su guerra comercial con China, tras su retirada de organismos como la UNESCO, la Organización Internacional de Derechos Humanos, y de los tratados sobre medioambiente.

Aún no se genera la suficiente confianza para romper los vínculos con las políticas y organismos multilaterales financieros y comerciales del capitalismo, con el modelo Neoliberal. Sin embargo tenemos que reconocer los avances en educación, salud y vivienda popular alcanzados por estos gobiernos, (programas asistenciales orientados hacia la extrema pobreza y a ampliar la capacidad de consumo de una supuesta clase media) que hacen una mejor distribución de la renta de energéticos y mineros; la construcción de infraestructura y logística en la producción y en servicios sociales, políticas y proyectos que igualmente ejecutan a su manera gobiernos abiertamente neoliberales como el colombiano. La creación de instituciones como Telesur, Petrocaribe, las Misiones venezolanas, los avances[13] en telecomunicaciones en Bolivia y Venezuela, el ALBA en sur y Centroamérica y el Caribe, el Banco del Sur el intento de reestructuración de Mercosur, la CELAC; el papel que desempeñaron en una apertura democrática liberal en la región, no son suficientes para hablar de socialismo o de transición hacia el Buen Vivir que las comunidades aborígenes, raizales y populares ansían. Son logros de corte liberal que se empiezan a perder con los ataques a esos procesos con golpes lentos dentro de la institucionalidad burguesa, la reducción del comercio de materias primas, la caída de los precios del petróleo el restablecimiento y posible rompimiento de relaciones entre EE.UU. y Cuba y la resurrección de la OEA, además de la corrupción como estrategia de dominación que se ha generalizado en todo el continente, con varios expresidentes presos y otros en procesos.

Los cambios reales estructurales, son responsabilidad de los pueblos y sus organizaciones políticas y sociales mediante la lucha directa y las resistencias, construyendo simultáneamente fuera de la institucionalidad burguesa, alternativas políticas, económicas, culturales y de defensa de sus territorios y proyectos, bases para una sociedad más equitativa y democrática.No basta con ganar la administración del Estado para fortalecerlo y dejar el poder de decidir en manos de quienes no representan ni defienden los intereses populares; las reivindicaciones alcanzadas por estos gobiernos -transitorios en la democracia-casino burguesa- en su mayoría, se desconocerán por los gobiernos oligárquicos que se seguirán imponiendo después delos progresistas, como se está realizando en Argentina, Ecuador y Brasil, pero que también es posible en Bolivia, después de haber sido negada la reelección en la consulta, sin contar con planes alternos generados desde abajo, y en Venezuela con el golpe lento y el aislamiento que patrocina USA.

Los golpes de Estado auspiciados por los Estados Unidos que han soportado los gobiernos progresistas de Venezuela, Honduras y Paraguay, el conato de golpe y el actual retroceso en Ecuador,el intento de división territorial en Bolivia y el golpe lento mediático-jurídico en Brasil,como la retaliación ultraderechista de Macri contra el Kichtnerismo en Argentina, son muestra de que el imperio norteamericano no ha perdido su poder de dominación en la región, pero también de que la lucha por la democracia no solo es vigente, sino necesaria, y urgente rescatarla de la institucionalidad capitalista; no olvidemos que ella se da en el contexto de la lucha de clases y de la hegemonía imperialista a nivel mundial (aunque se hable de multipolaridad), que las oligarquías no se someten por las buenas a las decisiones autónomas de los pueblos, pues siempre estarán conspirando, tramando genocidios y magnicidios como forma de mantener su poder, que el capitalismo no se va a suicidar ni a caer por sí solo, sino por la lucha directa y unificada de los pueblos.

Pero no puede ser el fin para los movimientos populares transformadores la democracia burguesa, para administrar el aparato de poder capitalista que lleva implícitas la desigualdad social, la violencia y la corrupción como esenciales en los procesos de acumulación por expoliación y exterminio

Los procesos progresistas en el sur del continente se han desarrollado como luchas por el control del gobierno, con liderazgos personales (caudillismo, igual que lo hacen las oligarquías) que se apoyan en el diseño y aprobación popular de nuevas constituciones y en el discurso independentista con el paradigma de la democracia burguesa. Sin embargo, estas nuevas Constituciones han sido escritas sobre el papel sin lesionar en su aplicación las estructuras económicas y sociales de las clases dominantesen sus sociedades (no se tocan la propiedad privada, la distribución y uso de la tierra, la inversión extranjera en minería y energéticos, las políticas comerciales y financieras, no se respeta ni reconoce en la práctica la autonomía a las comunidades indígenas y populares)abriendo espacios para la permanencia del capital transnacional y para la dependencia de organismos financieros internacionales imperialistas, mientras la corrupción permea las estructuras del progresismo.

Los gobiernos y movimientos progresistas no han realizado una revisión autocritica ni permitido la de los sectores de la izquierda simpatizante y militante de estos procesos para revaluar o corregir las desviaciones y vicios de quienes dirigen y administran esos Estados, es mas, señalan a quienes los critican como de derecha, proimperialistas, como enemigos del pueblo, impidiendo el debate sobre alternativas a las crisis a los planes extractivistas rentistas y sobre la profundización de los cambios políticos y económicos que permitan avanzar hacia el socialismo o hacia el bien vivir. Igualmente es importante resaltar los esfuerzos que desde la perspectiva nacionalista liberal e integracionista en la región que estos gobiernos trataron de realizar;es rescatable la cooperación económica y la solidaridad –como lo hace Venezuela en Centroamérica y el Caribe con Petrocaribe- y la unidad política en algunos momentos frente a las pretensiones anexionistas del imperio en Latinoamérica y el Caribe (como en el secuestro de Hugo Chávez, los ataques contra Rafael Correa en Ecuador y el intento de división del país por la derecha boliviana).

Aún no se vislumbra en la región un bloque antiimperialista que intente frenar la arremetida neoliberal y la injerencia del capital financiero en las economías de nuestros países, siendo muy remota la posibilidad de una posición realmente anticapitalista de algún gobierno en la región. En los países de gobiernos progresistas se siguen manteniendo reservas internacionales en las metrópolis imperialistas, el mercado de divisas y bonos de deuda pública en las bolsas internacionales, cuando se debería invertir el dinero de la deuda y las rentas en reformas estructurales que garanticen lajusticia social, y repatriar las reservas a través de instrumentos como el Banco del sur y el ALBA; incluso algunos dirigentes y altos funcionarios corruptos de esos Estados mantienen capitales privados en bancos y paraísos fiscales,invierten en inmuebles y hacen negocios y turismo en las metrópolis imperialistas, mientras en sus países manejan el discurso progresista y antiimperialista, evidenciando su mentalidad colonial occidental. Estos gobiernos continúan aceptando la autoridad de organismos rectores internacionales en la calificación y orientación de las políticas económicas y sociales; prevalece el interés por los indicativos de crecimiento y desarrollo occidental, mientras la tierra permanece en poder de viejos y nuevos terratenientes nacionales y extranjeros; la soberanía alimentaria y el conocimiento que de la naturaleza han acumulado nuestros pueblos aún están en manos de las farmacéuticas, en los laboratorios de genética y biotecnología, de transnacionales y de la OMC; quien te maneja la alimentación te maneja la vida; igual sucede con las telecomunicaciones y la información (los medios como instrumentos de poder en manos de las oligarquías), manipuladas, monopolizadas por grandes pulpos de la comunicación y el entretenimiento, además de estar controladas por el Pentágono y la NSA norteamericanos.

Por otra parte, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, cambia la percepción que han tenido los gobiernos serviles del imperio,pues después de las visitas de Holande, el Papa y Obama, vendrá una larga fila de presidentes, funcionarios de organismos “Multilaterales” y de corporaciones transnacionales, buscando cada uno la mejor parte del pastely la total inclusión de la isla en la órbita capitalista; proceso que fortalece a la OEA, y reduce el protagonismo de la CELAC, sin embargo pudiera ser una oportunidad para ampliar la ALBA y la UNASUR. Pero lo más posible es el retroceso en el panorama político de la región mediante golpes lentos o mediático-institucionales, sin descartar la intervención militar norteamericana en Venezuela. Solo le queda al heroico pueblo cubano movilizarse para recuperar su autonomía y su dignidad, exigiendo por lo menos el desalojo de Guantanamo por las fuerzas estadounidenses, el resarcimiento económico, político y moral por todos los daños causados, en más de 50 años de bloqueo, atentados y estigmatismo, dirigidos por EUA y ejecutados por los siervos del imperialismo, pero sobre todo, establecer su soberanía y autodeterminación popular, que le permita construir su propio Bien Vivir o su socialismo, pues ahora la política de Trump busca anular los acuerdos alcanzados con Obama. Igualmente le corresponde al pueblo venezolano recuperar su dignidad y autonomía para realizar los cambios políticos y estructurales necesarios para continuar y radicalizar su revolución bolivariana; seguramente tendrá que enfrentar la acometida militar imperialista, al mismo tiempo que depure los movimientos políticos populares y aniquile a la corrupción cediendo autonomía a las comunidades y sectores populares organizados.

Corresponde a revolucionarios, demócratas y humanistas, a los movimientos sociales populares transformadores en cada país,obligar a los gobiernos progresistas a realizar los cambios estructurales, a ejecutar políticas integracionistas a nivel social, cultural y económico entre los pueblos de la región, debilitar y destruir las estructuras del capitalismo, el neocolonialismo y someter a la oligarquía, reconociendo la autonomía y la diversidad cultural de sus pueblos; o sea, no quedarse en la primera negación, en la derrota temporal de la oligarquía, sino, pasar a la construcción de la nueva sociedad.

Los cambios políticos realizados por progresistas, reformistas y revolucionarios de la izquierda en latinoamericana y caribeña en los últimos 70 años, no incluyeron la entrega total del poder político a sus pueblos, pues se limitaron al manejo del Estado por caudillos, partidos y frentes convertidos en partidos únicos, quienes mesiánicamente pretendieron hacer las transformaciones estructurales que según ellos, sus pueblos necesitaban. Se asumía que las organizaciones comunitarias y de los sectores populares eran simples correas de transmisión de la política y la ideología generadas por el motor del partido o del grupo que administraba el Estado; ninguno de esos organismos y personas gobernantes ha intentado iniciar el desmonte del Estado, por el contrario, lo han adecuado y fortalecido.

La democracia popular, el socialismo o el bien vivir son procesos que desarrollan los pueblos, no solos los gobiernos centralizados ni los partidos, sean de izquierda, progresistas o neoliberales encubiertos, aunque se utilice un discurso socialista, ciudadano, ecologista o indigenista, así hagan una mejor distribución de los ingresos en algunos sectores sociales. Estos gobiernos progresistas son parte del ejercicio político de la izquierda latinoamericana, como lo son los representantes de la izquierda participantes de la institucionalidad colombiana, con la diferencia de que la izquierda colombiana no ha podido construir un movimiento de unidad popular con la hegemonía suficiente para imponer a la oligarquía otro modelo más humanista de país y de gobierno, o para tumbar gobiernos corruptos y genocidas como los que nos han subyugado en los últimos 60 años. Tampoco podemos apoyar o ser cómplices con la agresión, el complot, el bloqueo imperialistas, que las oligarquías de estos países promueven, no solo contra los gobiernos progresistas,sino, contra los pueblos del mundo (como ocurre en Grecia, Siria, Yemen, Venezuela y Brasil).

La crítica no debe impedirnos la solidaridad y el apoyo que requieren los pueblos amenazados por el imperialismo, ellos tienen el derecho a escoger sus formas de autogobernarse y harán los cambios necesarios con autonomía cuando sus condiciones subjetivas-organizativas lo permitan, por eso debemos rechazar cualquier bloqueo económico y/o intento de intervención militar extranjera y de golpes de Estado sean mediático-judiciales o militares contra gobiernos democráticos en cualquiera de nuestros países latinoamericanos y caribeños y del mundo, incluido el caso de Nicaragua, donde el excomandante sandinista Daniel Ortega arremete contra su pueblopara defender su mal gobierno. La mejor solidaridad, la mejor crítica fraternal a los pueblos traicionados por sus dirigentes y agredidos por el capital y en lucha por su dignidad, es acompañarlos en su unidad y en la de nuestro pueblo, comprometernos en nuestra emancipación, en la construcción de nuestro bien vivir, única forma de combatir efectivamente al capitalismo.

En este sentido, la dividida y sectaria izquierda colombiana (tanto insurgente como institucionalizada) no tiene autoridad política ni ética para exigir a sus hermanos progresistas latinoamericanos que hagan lo que en su conjunto no ha sido capaz de hacer como revolucionaria ni como reformista, pues no ha obtenido la administración del Estado oligárquico y menos, reconocido la autonomía de los sectores populares. Pues si obtuviéramos un triunfo revolucionario en nuestro país, necesaria y éticamente tendríamos que estrechar lasos de solidaridad e integración con los pueblos hermanos latinoamericanos, y de cooperación –sin abandonar la crítica fraternal- con los gobiernos democráticos y progresistas del continente que hayan logrado derrotar a sus oligarquías y romper la dependencia del capital norteamericano y europeo; mostrando con nuestra práctica política y social, lo correcto de nuestros planteamientos, en una nueva forma de integración de los pueblos, diferente a la de los Estados y gobiernos, obviando las fronteras y las Constituciones burguesas. Las izquierdas institucionalizadas latinoamericanas en la práctica son liberales y neoliberales, se niegan a sacar el pensamiento colonizado de sus mentes, en el poder actúan con la misma lógica de las derechas, ya no tienen nada de revolucionarias, ni siquiera el discurso, porque las dinámicas de los pueblos están cambiando, con nuevos lenguajes, nuevas interpretaciones y otras formas de crear sus propias realidades.

Las luchas por democracia y soberanía popular tienen que trascender las experiencias del extinto socialismo real y de los actuales progresistas latinoamericanos, necesitan descolonizar los modos de pensar, hacer y sentir de los sectores sociales comprometidos con los cambios revolucionarios, requieren de una ética humanista de respeto por la dignidad y la vida de todos los seres humanos, y de la madre tierra, deben tener un alto contenido antisistémico, ecologista, antipatriarcal y antiautoritario, romper totalmente las cadenas que nos sujetan a las potencias dominantes, a los organismos e instituciones de poder del capitalismo mundial, única manera de poder construir nuestro buen vivir o el socialismo nuestroamericano.

Gonzalo Salazar, octubre 12 de 2018

[1]Tomado de https://es.wikipedia.org 0 de junio de 2016

[2]Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Velasco_Alvarado junio 21 de 2016

[3]FjerneNaboer / Bolivia – Movimientos sociales en Bolivia – Juan Carlos Chamorro –documento PDF http://www.fjernenoboer.dk

[4]//es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Salvador_Allende

[5]http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-799.html.

[6]No se incluye a Nicaragua y El Salvador por ser procesos diferentes, revoluciones populares armadas que desplazaron a la oligarquía temporalmente del manejo del estado. Inicialmente intentaron construir un modelo económico, social y político diferente. Tampoco Cuba, pues allí sí hubo una revolución antiimperialista y se estableció un modelo particular de socialismo.

[7]Tomado de https://es, Wikipedia.org/wiki/Movimiento_al_Socialismo_(Bolivia) 0ctubre 2 de 2015

[8]Machado D. – Zibechi R. Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo- Ediciones desde abajo. Bogotá D.C. marzo de 2016

[9]PROGRAMA DE GOBIERNO 2013 – 2017 GOBERNAR PARA PROFUNDIZAR EL CAMBIO – 35 propuestas para el Socialismo del Buen Vivir

[10]Durante la colonia el imperio portugués trasladó con todo su aparato administrativo, temporalmente su sede a Brasil, ante la presión política de Francia, no fue la constitución de un nuevo imperio en el continente americano por americanos; aunque la oligarquía criolla brasileña trató de mantenerse como imperio después de la independencia.

[11] Tomado del articulo de Servando Marin Lista LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI en: www.aporrea.org/ideologia/ el 12-06-2014

[12] Tomado de el artículo de Silvia Arana Respuesta a los profetas del «fin de ciclo» latinoamericano en www.opendemocracy.net19 Octubre 2015

Los aciertos de los gobiernos progresistas publicado en www.rebelion.org el 1 de octubre de 2015 Los aciertos de los gobiernos progresistas

[13] Tomado de Movimiento Al Socialismo (Bolivia) en: https://es.wikipedia.org

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Publicado el 13 octubre, 2018| Deja un comentario

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