Archivo diario: 2 agosto, 2018

Por Gonzalo Salazar

Toda la lucha por el poder y el poder mismo, en la sociedad de clases, no es más que para asegurar unas formas específicas de producción y apropiación de un modelo económico, y para esto, en el capitalismo están las corporaciones transnacionales, las instituciones “multilaterales”, los partidos y el Estado con sus instituciones represivas y controladoras de todas las actividades de la sociedad, y los medios de propaganda y desinformación. Nunca ha sido el propósito de los grandes capitalistas acabar con su Estado –es su principal instrumento de dominación-, es con la autoridad del Estado que se ejecuta el despojo; lo que hacen los capitalistas es adaptarlo en sus crisis, a sus necesidades económicas y políticas.

Si miramos la dinámica en el desarrollo del capitalismo, lo que hizo la burguesía para tomar el poder del Estado, fue generar nuevas formas de producción sustentadas en la ilustración y la revolución industrial (producto de la ciencia aplicada), promovidas por ella; nuevas relaciones sociales y comerciales que condujeron a las élites aristócratas feudales a someterse a sus condiciones financieras, entregando gran parte de sus capitales a la usura  de esta nueva clase, compartiendo poder económico con ella, reconociéndole estatus social, cediéndole poder político, hasta que este nuevo movimiento social toma forma en una revolución política y social que va a transformar a Europa y luego a los EE.UU. en los centros de desarrollo industrial, comercial y político de la modernidad, rematando en revoluciones con apoyo popular como la revolución francesa y la independencia de USA, que consolidan su poder en Occidente mediante la democracia representativa del voto.

En América Latina también la oligarquía construye su poder económico mediante la acumulación por expropiación tanto a indígenas, campesinos y trabajadores industriales como al estado, desde antes de la independencia, herencia de sus ancestros invasores; clase que en Colombia ha estado representada  en menos de 20 familias, de donde han salido la mayoría de los gobernantes, jefes y caudillos desde 1810. Esta clase no fue capaz de convertirse en burguesía como la clásica europea o la norteamericana, pues como sierva de la burguesía europea  y luego de la norteamericana, utilizó otra forma de acumulación basada en el latifundio señorial y el mercadeo de materias primas y la importación de manufacturas, predominando el sector primario en la economía colonial y en lo que va de la república con la aplicación del modelo Neoliberal neocolonialista.

El poder económico de la burguesía colombiana se encuentra organizado por sectores y actividades económicas, entre las cuales entran inversionistas extranjeros de las transnacionales: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, ASOBANCARIA; Asociación Nacional de Industriales ANDI; Federación Nacional de Comerciantes FENALCO; Sociedad de Agricultores de Colombia SAC; Federación de Ganaderos FEDEGAN; Cámara colombiana de la construcción CAMACOL; estas son las principales o las más representativas del poder económico, sin embargo existen otras de pequeños capitalistas como la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales ACOPI con poco poder político. El poder de los capitalistas colombianos hasta los 90 se concentraba en cuatro grupos económicos monopólicos y oligopólicos (Santodomingo, Ardila Lulle, Sindicato Antioqueño y Sarmiento Angulo) además del narcotráfico, aliados del capital transnacional e imperialista en el manejo de la agricultura, la industria, el comercio, las telecomunicaciones, servicios y el sector financiero, que invierten en todos los sectores de la economía, sobre la base de la gran propiedad de la tierra en el campo y la ciudad. Todos estos grupos económicos se han fusionado al capital financiero transnacional en todas las áreas de la producción y los servicios, incluyendo la educación y la salud, y al extractivismoagrominero-energético.

  Organización Ardilla Lulle: (Carlos Ardilla Lulle). Sus inicios relacionados con las gaseosas, la cerveza, los textiles, los medios de comunicación, la industria azucarera, entre otros. Postobón (Gaseosas Posada Tobón S.A); en agroindustria: Incauca S.A, Ingenio Providencia S.A., Banamal S.A., Cipreses de Colombia S.A., Industrias Forestales Doña María Ltda., Sucromiles S.A., C.I.M. (Sociedad Comercializadora Internacional de Azucares y Mieles S.A.); en el textil:Coltejer (Compañía colombiana de tejidos), Textiles Rionegro y Cia. Ltda.; comunicaciones con RCN radio, RCN televisión, Sonolux (Industria Electro Sonora S.A.); financiero: Coltefinanciera S.A.; otros: Peldar S.A., Líquido Carbónico Colombiana S.A. LIQUID, Crown colombiana S.A, Los Coches (Distribuidora Los Coches La Sabana S.A), Tapas la Libertad S.A, Iberplast (Industria Iberoamericana de Plásticos), Edinsa (Empresa de Distribuciones Industriales S.A). Y Atlético Nacional de Medellín.

  Grupo Santo Domingo: Liderado inicialmente por Julio Mario Santo Domingo, tuvo sus inicios en los años 70 en la industria cervecera, con la cervecera Bavaria, participación en cerveceras de Latinoamerica. Ha hecho presencia en sector financiero y de seguros con Bancoquia, Invercrédito y Colseguros, en el de transporte aéreo con Avianca, en el de las telecomunicaciones, Caracol, los celulares y el Espectador, entre otros.

  El Grupo Sarmiento Angulo: (Luis Carlos Sarmiento Angulo), sus inicios en el sector de la construcción de vivienda; en el sector financiero con el Grupo Aval, conformado por los Bancos de Bogotá, Occidente y Popular y las corporaciones de ahorro y vivienda Ahorramás y las Villas. Participa en fondos de pensiones y cesantías (Porvenir S.A), las telecomunicaciones (Cocelco), las fiduciarias (Fidubogotá), los seguros y el leasing, en el mercado de valores, etc.

  El Sindicato Antioqueño: Surgió en el proceso de concentración de capital antioqueño para controlar a sus competidores. Su presencia en sectores como el financiero, de seguros, la construcción, el comercio, principalmente en cementos y alimentos. Otros negocios como Suramericana, Cementos Argos, Noel – Zenú, Colcafé, Acerías Paz del Rio, Fabricato y Tejicondor, Cadenalco (Éxito) y la Compañía Nacional de Chocolates. Su expansión al sector financiero se produjo con la compra del Banco de Colombia, tras la fusión con el BIC, ahora Bancolombia. ^[1]

Sin embargo este poder económico, que lo es también político a nivel regional y nacional, no ha servido para sacar el país del “subdesarrollo”, mejorar  y modernizar el parque industrial ni para negociar en condiciones dignas para el país los Tratados Comerciales; no hay desarrollo propio de tecnología de punta en sectores fundamentales de la producción, ni una agroindustria más avanzada, democrática y eficaz en la producción para el consumo interno; por el contrario, esta burguesía desde los 90, con la apertura económica, inició un proceso de desindustrialización propiciado por la venta de grandes empresas públicas y privadas (industriales, bancarias y de Medios de comunicación) al capital transnacional, en que el Estado permite el desmonte de plantas industriales y/o su traslado a otros países por las empresas transnacionales, adecuando las condiciones legales laborales, fiscales y comerciales para garantizar el aterrizaje de capitales “golondrina” en las maquilas, los agronegocios, las Commodities, la aplicación de los TLC, la importación masiva de manufacturas y la integración de nuestra economía a la extractivista Alianza Pacifico (reprimerización de la economía). Estos grupos han vendido, fusionado muchas de sus empresas al capital transnacional, como Bavaria, cuyo socio mayoritario es la Sab-Miller, Avianca, los bancos privados -y estatales- vendidos al capital financiero europeo y asiático, la prensa y canales de TV a españoles.

En un período de doce años, de 1990 a 2002 se quebraron o desaparecieron más de 37.000 empresas –públicas y privadas-  entre pequeñas, medianas y grandes que ocupaban a cerca de un millón de trabajadores; el sector cooperativo de ahorro y financiero fue borrado de la faz del país en beneficio del capital financiero multinacional y se dio paso a las maquilas con la proliferación de microempresas, cooperativas de trabajo y EAT- que quebraban al poco tiempo de creadas- dirigidas a la prestación de servicios a grandes empresas y a multinacionales.^[2]

En los datos oficiales de la producción nacional industrial y agropecuaria no se tienen en cuenta a la pequeña empresa familiar rural y urbana, a la economía solidaria y comunitaria, como los verdaderos productores nacionales, los que generan y mantienen la mayoría de los empleos, los menos contaminantes, los que pagan cumplidamente sus responsabilidades fiscales.

Los movimientos de importación y exportación de materias primas, de manufacturas en el mercado globalizado no representan ingresos o divisas reales para el país, en su gran mayoría son exportaciones de empresas transnacionales de sus plantas de producción y de explotación en nuestro país  hacia sus casas matrices, hacia sus plantas de transformación y montaje, o hacia sus grandes mercados en cualquier país del mundo; en esta falacia es que se basan los indicativos de crecimiento, que realmente es crecimiento en las ganancias de esas corporaciones, solo una ínfima parte va a las arcas del Estado como aranceles, impuestos de aduana y regalías  –cuando pagan y no se la roban los administradores del Estado- . El crecimiento que exige el Banco Mundial y es elevar la capacidad de pago de la deuda externa de los países pobres, recortando gasto público y aumentando impuestos (ajuste macrofiscal). El gobierno nacional en 2015 cumple las órdenes de la carta de intención del BM, con mayores garantías y ganancias para el capital inversionista extractivista y la devaluación progresiva que multiplica la deuda externa; ordena los megaproyectos de infraestructura que no benefician a los más necesitados pero si enriquecen a los corruptos privados y del Estado con recortes en inversión social, y la onerosa reforma fiscal que grava a los de abajo y libera de responsabilidades a los grandes capitalistas.

En la actual crisis del Sistema Mundo Capitalista, la superproducción, la reducción de la tasa de ganancia, el aumento progresivo del desempleo, las crisis inmobiliarias y financieras de los Estados y la recuperación y crecimiento del sector financiero transnacional mediante los pagos de deuda pública externa que hacen los países del sur,  la reducción del gasto público, el aumento de los costos de los alimentos, la privatización de la salud y la educación, y aumento de los impuestos para los más pobres, para pagar la deuda, hace inviable un modelo inequitativo y usurero que atenta contra la humanidad y el planeta (ajuste estructural o terapia de shock); solo la solidaridad, la justicia social y la democracia radical decisoria, pueden devolver la esperanza y la felicidad a los pueblos.

Desde la Colonia en Colombia han existido formas de producción y distribución alternativas populares e independientes del estado y de los grandes mercados (como existieron en España desde antes de la invasión a AbyaYala), desde las originarias conservadas por indígenas, negros y campesinos basadas en el trabajo, la propiedad colectiva de la tierra y el trueque; los palenques, que además de territorios comunes, eran una forma de refugio y resistencia económica de los esclavos rebeldes autoliberados; modalidades que podemos llamar comunitarias; además de las granjas autosuficientes que algunas comunidades jesuitas crearon en zonas apartadas como los llanos orientales con indígenas, y las comunas que establecieron campesinos españoles en varios lugares de Santander, Tolima, Cundinamarca y Antioquia, que también con iniciativas llamadas ahora artesanales (eran la industria nacional de la época) algunas familias en las ciudades lograron desarrollar una economía popular, que jugó un papel importante en el movimiento emancipador de 1781, pues de este sector surgió la mayoría de su dirigencia y gran parte de los recursos para su financiación y posteriormente para la guerra de independencia, aunque para ello también los criollos dirigentes hipotecaron anticipadamente el país a los prestamistas europeos.

Después de la “independencia” los artesanos formaron las Sociedades Democráticas (grupos político-gremiales), contribuyeron a la creación de  las cajas mutuales entre los trabajadores y establecieron redes de solidaridad, que sirvieron para apoyar incluso a algunos caudillos liberales como el general José María Melo (socialista e internacionalista), quien llegó a tomar el manejo del gobierno por algunos meses (1854), defendiendo la producción nacional. Luego, a fines del XIX y principios de XX, crearon la CON, Confederación Obrera Nacional, organización gremial precursora de las centrales sindicales en Colombia. Desde los años 20 se inicia la formación del movimiento cooperativo colombiano, promovida por un sector de la iglesia, desarrollándose al lado del naciente sindicalismo desde 1933, cuando ya existían 4 cooperativas que reunían 1807 asociados. Para 1962 el número de estas llegaba a 759 con cerca de 450.000 asociados. Paulatinamente se fue formando un modelo cooperativista alternativo, sostenido por los trabajadores-as del campo y la ciudad, quienes fueron diversificando los tipos de cooperativas en agrícolas, en multiactivas, de mercadeo, de producción, de servicios, de ahorro y crédito, y de financiamiento, posteriormente conformaron grados superiores (llegaron a movilizar grandes capitales), contribuyendo al ahorro y al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, con programas de vivienda, entidades de salud y de educación, proveedurías, centros de recreación, proyectos productivos y servicios bancarios y financieros.

El sector cooperativo necesariamente entraría en competencia con el capital financiero transnacional, pues captaba y redistribuía recursos socialmente en beneficio de los sectores populares, iniciándose a principio de los 80 una campaña de desprestigio, corrupción, expropiación, que terminó en la liquidación de la mayoría del sector cooperativo, especialmente el financiero de segundo grado, para dar paso a la monopolización de la banca y las finanzas, proceso en el que el Estado cumplió su papel privatizador de la banca pública, legitimando la monopolización y la especulación financiera, imponiendo el modelo neoliberal. Algo similar sucedió con las Cajas de  Compensación Familiar (1954) creadas por el Estado con participación de empresarios y trabajadores (una forma de Estado de bienestar), que les permitía a estos, a través del subsidio familiar, acceder a los productos básico de alimentos y vestido; educación para los hijos y capacitación para él y su familia, recreación familiar y crédito para vivienda, para compensar parte del salario dejado de percibir por los trabajadores. Estas entidades alcanzaron gran desarrollo hasta los 80, cuando empieza la apertura económica, que las llevó a suprimir y privatizar servicios, a reducir los proyectos de vivienda, a la venta de muchos supermercados y a la liquidación de varias cajas a nivel nacional; ahora el capital nacional  y transnacional pretende mediante la reforma fiscal, acabar con los subsidios y los impuestos llamados parafiscales que sostienen no solo a las Cajas, sino, también al SENA y al ICBF. Aunque estas Cajas fueron creadas por el Estado, los trabajadores podrían haber disputado a los empresarios y al Estado su administración y dirección, pero la situación de persecución política y la miopía de los sindicalistas por solo defender sus organizaciones gremiales y su salario, lo impidió. La izquierda política no se interesó en la defensa y fortalecimiento del sector cooperativo ni en orientar a los trabajadores en el mantenimiento de las Cajas aumentando su participación en la administración y dirección de las mismas. Tampoco hubo iniciativas por parte de la izquierda para promover la creación y sostenimiento de cooperativas, empresas asociativas y comunitarias entre los diversos sectores populares del campo y la ciudad, como estrategia de acumulación de fuerzas y de construcción del poder popular, por el contrario, fueron las ONG -con apoyo del Estado- las que organizaron grupos de trabajo, microempresas y famiempresas en sectores específicos como mujeres, negritudes y jóvenes, especialmente en las ciudades para desviar la atención de las comunidades hacia sus verdaderas problemáticas. Estos tipos de emprendimiento en su mayoría son efímeros, someten a sus trabajadores a labores extenuantes en intensidad (explotación) y en el tiempo, generalmente prestan servicios complementarios a grandes empresas dentro de la dispersión del proceso productivo, en la comercialización y en la prestación de servicios

Aunque desde la ancestralidad de prácticas colectivas de propiedad y de trabajo, la iniciativa comunitaria ha permitido la sobrevivencia de las comunidades aborígenes, que además han constituido empresas comunitarias, asociaciones de productores y cooperativas, junto a sus prácticas de reciprocidad como la minga, el trueque, el intercambio productos y semillas; la raizalidad con el manejo comunitario de los bienes naturales y del territorio de las negritudes mediante sus consejos comunitarios, con la creación de asociaciones y cooperativas por sectores de la producción (minería, agrícola, pesquera, maderera), consolidó comunidades y culturas, principalmente en el norte y occidente del país; en la historia reciente de los años 50 y 60 los campesinos del Tolima y el Sumapaz, ante la persecución  de los terratenientes y el abandono del estado deciden conformar colonias de resistencia campesina con formas de autodefensa y economía de autoconsumo, experiencias que en algunos aspectos hoy se recogen en Asociaciones Territoriales como ASCAMCAT en el Catatumbo, la Asociación Campesina del Macizo Colombiano  y en las Zonas de Reserva Campesina. Actualmente existen grandes cooperativas como Confiar, Agrosolidaria, asociaciones de productores agrícolas, asociaciones de usuarios de acueductos comunitarios. Este corto recuento nos sirve para reconocer que los sectores solidario, comunitario y cooperativo fueron y siguen siendo alternativas fundamentales en la transformación económica y social de nuestro país; son bases en la constitución de una nueva economía propia de los pueblos, en la construcción de nuestro bien vivir.

Si bien en el país han existido grandes empresas agrícolas y agroindustriales, grandes empresas industriales, comerciales, bancarias y financieras con el nombre de nacional, aunque entre sus accionistas hayan personas o familias nacidas en el país, no indica que estos sectores formen parte o estructuren una burguesía nacional, que pueda en algún momento participar de un proceso de democrático nacionalista, pues esos sectores son lo más antinacional, empezando por sus ganancias que acumulan en paraísos fiscales en bancos de los países hegemónicos, son los que obedecen e imponen las directrices del capital financiero transnacional (FMI, BM, BID, OMC) y no pagan impuestos, además de que cofinancian la guerra contra el pueblo; no fueron capaces de defender la producción supuestamente nacional en la apertura económica de los 80 ni en los TLC, prefiriendo vender sus empresas a las grandes corporaciones, propiciando la desindustrialización del país, pues nunca han pensado en producir para las necesidades del país, sino para la exportación priorizando el sector primario. Todos estos empresarios de alguna manera están unidos al capital extranjero norteamericano y europeo; la patria para los capitalistas es el dinero y la riqueza adquirida a cualquier precio en cualquier lugar del planeta, por eso se autodenominan ciudadanos y amos del mundo.

El capital transnacional diseña, dirige, planifica e impone las políticas económicas y monetarias a todos los países sometidos, creando sistemas de control y jurídicos internacionales privados que garantizan su ejecución; por esto pueden manejar sus crisis financieras, la inflación, la recesión, exigiendo devaluaciones, controlando las tasas de interés, controlando el movimiento de divisas y todo el mercado bursátil, multiplicando los intereses de la deuda externa, ordenando ajustes estructurales que acaban con la seguridad social y el empleo, destruyendo la soberanía nacional y la estabilidad económica de los países, transfiriendo esta soberanía a sus bancos y corporaciones.

Ante la crisis sistémica del capitalismo, están a la orden del día las alternativas populares humanistas, de equidad y solidaridad,  de resistencia cultural y económica, formas ancestrales y nuevas de producción, de intercambio, distribución y consumo de alimentos y manufacturas, que en una democracia popular deben extenderse al mercado y la industria realmente nacional, con lasos de integración regional popular, en un período de transición de desmonte del Estado y eliminación paulatina del mercado capitalista. Lo que implica reconocer y respetar la autonomía  económica de las comunidades y la soberanía del pueblo, en que este defina qué y cómo producir, cuáles son las áreas prioritarias de investigación científica y qué tecnologías no dañinas desarrollar, y un modelo endógeno de industrialización -apropiada a las necesidades de la población-, no solo a partir de plantas de producción expropiadas y/o abandonadas por los capitalistas, sino de nuevos centro de producción de mínimo impacto ambiental, en asociación de comunidades locales, trabajadores y pequeños productores y con un Estado democrático popular (en transición),  que permita la realización de una Nueva Economía Propia de los Pueblos, con Circuitos Económicos Alternativos y Circuitos Agroalimentarios Alternativos Populares, en cooperación e integración con los pueblos hermanos del continente y del mundo. En este proceso sería importante la implementación de comunas autónomas productivas y sociales, zonas de producción popular sobre la base de economía de equivalencias y mercado justo, en el campo y la ciudad.

Una Economía Nacional de Transición en el contexto de la democracia popular para un nuevo país, que realmente beneficie y garantice el autodesarrollo humanista y el buen vivir, especialmente de los sectores populares más deprimidos, que tome de las experiencias históricas y actuales, lo mejor del conocimiento y de la ciencia local y mundial, que recoja de las experiencias de nuestros pueblos los métodos de organización, de producción, de distribución y administración de los bienes y servicios, cimentados en la equidad y la democracia directa y decisoria, definiendo prioridades, extendiendo a todos los rincones del país políticas coherentes con las necesidades y el entorno de cada comunidad. Un modelo que pueda planear racionalmente la explotación de los recursos energéticos, mineros, alimentarios y agroindustriales indispensables para construir y mantener la infraestructura y la industria necesaria verdaderamente nacional, con el que podamos  realizar todos los procesos de producción y transformación de cada uno de los productos de uso y de consumo interno, priorizando las necesidades básicas, con mano de obra y capacidad intelectual nacional no esclavizada.

• Con transferencia e intercambio solidario de ciencia y tecnología con países y pueblos hermanos; en economía de intercambios equivalentes y comercio justo internacional.
• Que reduzca al mínimo las importaciones de tecnología y productos terminados, y las exportaciones de materias primas de y hacia las metrópolis imperialistas, integrando nuestra economía a los países respetuosos de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, principalmente de la región (Mercosur, la ALBA o la organización que se pueda integrar democráticamente) y del resto de países que propendan por el bien vivir.
• Retirando el país de la OMC, excluyendo las leyes de patentes y propiedad intelectual, anulando los TLC colonialistas firmados a espaldas y en contra de los intereses nacionales;
• Revisando y anulando los contratos lesivos de exploración, concesión y explotación minera y energética con las transnacionales, exigiendo a esas empresas el resarcimiento de los daños ocasionados en los territorios y comunidades donde operan, y al país.
• Una nueva economía que priorice el bienestar social sobre el beneficio personal o de grupos económicos privados; saliéndose del esquema de crecimiento económico; que programe desde la localidad, la provincia y la región la producción, el consumo y los servicios, indispensables para su desarrollo y bien vivir.
• Que priorice la producción y el mercadeo nacionales, para el consumo interno, en la que se brinden reales garantías y oportunidades a la pequeña y mediana producción artesanal, pesquera, agropecuaria, agroindustrial e industrial, en forma asociativa, solidaria, cooperativa, comunitaria, mixta y estatal para su desarrollo.
• Unas políticas bancaria, financiera y monetaria autónomas, en las que el Estado en transición dirija y controle el sistema bancario (el Banco de la República debe obedecer a los mandatos populares y a las necesidades del país), quitándole al sector financiero el control de la economía, reduciendo la cantidad y el poder de los bancos, especialmente los privados vinculados a los monopolios financieros internacionales; manejando una moneda común (diferente al dólar) con los vecinos de la región y demás países respetuosos de la autodeterminación y soberanía de los pueblos, que podría ser el SUCRE; nacionalizando, expropiando y o expulsando a los bancos que atenten contra la economía y el bien vivir del pueblo colombiano; los bancos, como medios de captación y concentración de recursos, deben desaparecer, (incluidos los del Estado). cubriendo transitoriamente, donde sea necesario, la banca pública y cooperativa de fomento a la producción y al desarrollo de los nuevos entes territoriales (provincias y regiones, Territorios de Producción Agroalimentaria Popular) para garantizar el buen vivir, incentivando la participación democrática y equitativa de los sectores cooperativo, solidario y comunitario.
• Que fomente en los sectores populares y las comunidades locales la creación de sus propias estructuras económicas de intercambios y equivalencias, no necesariamente valoradas en dinero ni basadas en el crédito financiero; asumiendo el Estado en transición, junto a las comunidades locales, la administración, y el control de la economía, que elimine el crédito interno y externo, fuente de crecimiento de la deuda pública y de la dependencia económica),
• Que las comunidades locales y un Estado democrático o de transición tengan a cargo la prestación de todos los servicios básicos a los hogares –públicos domiciliarios, salud, educación, recreación, comunicaciones, transporte público urbano, construcción de vivienda popular- mientras se adecúan las logísticas y los medios técnicos para que las comunidades locales y regionales asuman con autonomía el manejo de estos servicios.
• Una política económica que desconozca y se desprenda de los organismos depredadores como el FMI, el BM y el BID, empezando por no pagar la arbitraria deuda externa pública, desmontando todo el ajuste estructural impuesto por el Banco Mundial desde los 80 del siglo pasado. De la misma manera sacando al país de tratados como la Alianza Pacífico y de grupos como la OCDE y la OTAN.
• Una política económica concertada con todos los sectores populares productivos, trabajadores, pequeños y medianas productoras/es, economía solidaria y comunitaria, los consumidores y los/as no activos económicamente.
• Que entregue el manejo de los fondos de pensiones y cesantías a los trabajadores y pensionados organizados, asociados al sector cooperativo-comunitario; sistema de seguridad social que en una democracia popular-comunitaria y equitativa deberá desaparecer junto al salario, sinónimo de esclavitud.
• Que posibilite la estabilidad de nuestra economía en beneficio de todos los colombianos, repatriando las reservas internacionales para financiar el bienestar económico y social del país, trasladando una parte de dichas reservas a organismos o fondos regionales y/o globales alternativos democráticos-solidarios (podrían ser al Banco del Sur y el ALBA o el que se pueda construir democráticamente con estos principios), e integrándonos a la realización del bien vivir latinoamericano y caribeño en igualdad de condiciones, en que la participación no sea en proporción al tamaño de los activos o de los países.

Lo que históricamente ha buscado la izquierda tradicional colombiana como objetivo revolucionario, ha sido la toma del poder político mediante la administración del estado, queriendo desde allí abolir la propiedad privada y hacer las transformaciones económicas, políticas y sociales que lleven al socialismo, para lo que no ha considerado necesario la autonomía económica y política ni la iniciativa popular o comunitaria en la implementación de formas de poder alternativas y/o simultáneas al capitalismo en el proceso revolucionario, todo se espera hacer cuando se tenga el poder del Estado. El objetivo de esa izquierda es administrar el Estado embelleciéndolo con una mejor distribución de la renta que pueda generar el modelo extractivista (asistencialismo, infraestructura y capacitación técnica y profesional para servir a las transnacionales, al capital privado), pues se continúa con los mismos conceptos de progreso y desarrollo occidentales, que a lo más que puede llegar es al capitalismo de Estado o al post-neoliberalismo extractivista.

En la construcción de un mejor país con una nueva sociedad es fundamental una política económica que rompa con los parámetros y los paradigmas del capitalismo, que extinga la ley del valor, que aplique la democracia decisoria y la autonomía popular, en un propósito que deben asumir con seriedad las organizaciones políticas y sociales del pueblo y por supuesto, los humanistas en la integración de un Sujeto Político Popular Transformador. En una democracia popular la economía no puede ser el fin, debe ser un medio para aportar equidad y felicidad a las personas y a los pueblos, partiendo de la consigna: “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”, pasando a la: “de cada cual según su capacidad, a todos por igual” que nos proponen los indígenas zapatistas.

Gonzalo Salazar, 1 de agosto de 2018

[1]Fuente: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo100.htm

[2]“Humanismo en la segunda revolución industrial” – Gonzalo Salazar – 2005