POR: GONZALO SALAZAR
“Si no hay comida cuando se tiene hambre
Si no hay medicamentos cuando se está enfermo,
Si hay ignorancia y no se respetan los derechos
elementales de las personas.
La democracia es una cáscara vacía
aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento”
Nelson Mandela
La democracia popular no solo es posible.Todos los pueblos en algunos momentos de sus historias han ejercido la democracia, con sus particularidades culturales, sociales y económicas; ella no ha sido un invento ni de los griegos ni del capitalismo moderno, mucho menos de los países hegemónicos “desarrollados”; pero sí es un objetivo a conquistar por los pueblos en todos los tiempos y en todo el mundo. El capitalismo desde su nacimiento es antidemocrático, corrupto, violento, egoísta y expoliador; no puede haber democracia dentro de éste, porque la democracia solo se da entre iguales, y el capitalismo es un sistema que vive y se desarrolla en la desigualdad social económica y política.
No podemos confundir democracia con elecciones, ni creer que votar es la única forma de ejercer la democracia, sobre todo cuando son manipuladas las “mayorías” ignorantes mediante el chantaje, el engaño, la amenaza, el terror y la propaganda mediática; esas “mayorías” delegan sus derechos a pensar y decidir en personas y grupos que generalmente no representan ni defienden sus intereses. Esas mayorías no son tales, sobre todo en Colombia, donde generalmente votan menos del 50% de las personas “aptas” para hacerlo; además, menos de la mitad de ese porcentaje elige con su voto a sus verdugos “representantes” y a los gobernantes de todo el país; personajes que algunas veces solo se representan a sí mismos y la mayoría de ellos únicamente obedecen a los dueños de poderes fácticos nacional y transnacional que pagan sus campañas. En una democracia popular fundada en la consulta y el consenso, nadie puede representar a otro-a o a otros, solo cada persona, cada comunidad, cada pueblo se puede representar a sí mismo. Esta práctica política del pueblo colombiano -el abstencionismo- ha sido una constante en la república hasta nuestros días, análisis que nos aporta Carlos Gutiérrez.
La apatía electoral persiste en el tiempo, sin poder ser rota, incluso y no obstante las inmensas posibilidades de información (no de comunicación) abiertas hoy por los mass media: en 1935 («en plena Revolución en Marcha»), votó el 26,8 por ciento de los ciudadanos mayores de 21 años (mayoría de edad entonces); en 1960 (en pleno auge del bipartidista Frente Nacional), lo hizo el 39; en 1964 desciende al 31; y en 1968 apenas llega al 30,6. Sólo en dos ocasiones cambia en algo esta tendencia abstencionista: 1946 (en pleno ascenso gaitanista), votó el 62,8 por ciento, y en 1970 ejerce el voto un porcentaje del 46 (2). Ni siquiera en pleno auge uribista, con la unanimidad ensordecedora de los medios de comunicación, cambia esta constante: en 2006 la abstención sumó el 54.95 por ciento.
Ahora, en 2014, en consulta para el legislativo, con el 15,58 por ciento (menos del 13% del electorado), la mayoría-minoría del Partido de la U se tomó el Congreso, el botín más preciado en el Gobierno luego del Ejecutivo, ya bajo su control. A las urnas concurrió sólo el 44,58 por ciento (14.310.367) de los 32.835.856 ciudadanos en edad de votar, de los cuales 1.485.567 anularon su voto (19,38 por ciento), y 842.615 no lo marcaron (5,88 por ciento); en blanco lo depositó el 5.21 por ciento.[1]
Democracia no es participación electoral, es equidad económica e igualdad de oportunidades y garantía de derechos para todos los ciudadanos, inclusive los derechos a elegir libre y conscientemente sus formas de gobierno y a no votar cuando lo consideren conveniente. La oligarquía colombiana quiere hacer creer al pueblo que su dictadura es una democracia. En 200 años de supuesta independencia el país no ha vivido un solo año de democracia, mientras los demócratas han sido amenazados, desterrados o asesinados cuando han alcanzado altos niveles de aceptación popular, (Uribe Uribe, Gaitan, Camilo Torres, Galán, Pizarro, Pardo Leal, Jaime Garzón) sin embargo, es una obligación de revolucionarios, demócratas y humanistas luchar por la democracia en todos los lugares y momentos en que participemos, incluso dentro de las instituciones que afectan nuestra libertad y bienestar. Recuperar los conceptos de democracia más autóctonos es una necesidad para emprender la transformación de nuestra sociedad. Escuchemos los conceptos que el maestro Estanislao Zuleta nos propone.
Si aGalileo se le hubiera ocurrido la idea espantosa de que votaran su teoría, casi todos lo habrían hecho en contra suya. La concepción de democracia no la podemos considerar equivalente a las mayorías, sobre todo a la de las mayorías manipuladas la mayor parte de las veces por la televisión, por la ignorancia y por la dominación. Una cultura de democracia no es una cultura de mayorías.
Llamemos democracia al derecho del individuo a diferir contra la mayoría, a diferir, a pensar y a vivir distinto, en síntesis, al derecho a la diferencia. Democracia es derecho a ser distinto, a desarrollar esa diferencia, a pelear por esa diferencia, contra la idea de que la mayoría, porque simplemente ganó, puede acallar a la minoría o al diferente.(Zuleta)
La democracia burguesa fundamentada en el voto nunca ha sido garantía de derechos para los pueblos, ni siquiera para elegir a sus representantes en los estamentos legislativos y administrativos o para decidir sobre sus destinos; tampoco significa participación y menos, autonomía para los sectores populares, comunidades y grupos étnicos. Es la democracia entre los poderosos del capital –organismos multilaterales- que definen lejos de los pueblos y sin consultarles, la suerte de sus instituciones, de su soberanía y de sus bienes comunes o riquezas, como las políticas educativas, de salud, financieras y económicas, los ajustes estructurales, los Planes Nacionales de Desarrollo, hasta la justicia. Esta “democracia” no está en los parlamentos ni en los gobiernos elegidos por los pueblos, ni en las constituciones ni en las leyes “nacionales”, pues es a través de los parlamentos, los gobiernos y los sistemas legislativos y judiciales que el imperialismo impone con chantaje sus políticas a los países dependientes;ella está en la dinámica del mercado global, en la capacidad que adquieran las personas para consumir y obedecer.
La democracia liberal representativa ha sido totalmente opuesta a la autonomía y la democracia popular porque es la democracia de los propietarios, de los dominadores, basta mirar el panorama político regional en los últimos 45 años, desde el Chile de la Unidad Popular pasando por las revoluciones centroamericanas, hasta los actuales ensayos progresistas, que nunca pudieron lograr la transformación estructural y cultural de sus sociedades, aun contando con el apoyo de la mayoría de sus pueblos. Esta democracia ha permitido en Colombia el ejercicio de los tres poderes del Estado por narcotraficantes, genocidas y ladrones, por no hablar de corruptos y apátridas, que son casi la totalidad de funcionarios, legisladores y gobernantes elegidos con el voto “popular”.
La “democracia” de los capitalistas está en las bolsas del mercado bursátil, donde cualquiera con el suficiente dinero, puede comprar la empresa, el gobierno o el país que quiera, está en el Foro Económico Mundial, en la ONU, en el G8, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos, el BID, la OMC, el Banco Central Europeo, la OCDE, en los grupos Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup Morgan Stanley, en las familias Carnegie, Reynolds, Ford, Russell, DuPont, Rockefeller,Rothschild, en la familia real inglesa y las monarquías europeas, en el Consejo de Relaciones Exteriores (CAF sigla en inglés) y la FED de los Estados Unidos, enel club Bildelberg (con su Instituto de control mental y social TavistocK), en la Sociedad de Mont Pelerin o Monte Peregrino;todas estas instituciones, bancos y grupos son dueños de más del 60% de la riqueza del mundo. El cinismo de los capos financieros llega a justificar sus agresiones contra los pueblos como lo dice George Soros: “los mercados votan todos los días, obligando a los gobiernos a adoptar medidas impopulares, desde luego, pero indispensables” para aumentar su tasa de ganancia. Este es el método de acumulación por desposesión y exterminio dirigido por los poderosos grupos del sector financiero, que se concreta en estadísticas falaces (índices de crecimiento, indicadores de empleo, indicadores de “bienestar”, el PIB,el IPC) y en miseria para la humanidad. El poder de decisión sobre los grandes problemas de nuestra salud, nuestra educación, sobre nuestros bienes y recursos naturales, sobre nuestra economía, no está ni siquiera en la mutibillonaria y proimperialista oligarquía colombiana.
La “democracia” de mercado se traslada al Centro Comercial físico o virtual, templo donde todos, individualmente (ricos, pobres, profesionales, analfabetas, desempleados, de izquierda o de derecha, creyentes o no) pueden asistir todos los días a ejercer su derecho a elegir “libremente” las mercancías expuestas y publicitadaspara consumir, o para desear; está en el bazar de mano y mente de obra, donde los empresarios escogen los modelos y calidades de esclavos, caros o baratos, jefes y obreros o intelectuales que necesiten, mientras esta masa (desorganizada – despolitizada) permanece ansiosa, competitiva para participar en la subasta de su fuerza de trabajo, como cualquier mercancía, esperando la próxima oportunidad para sobrevivir o ser consumida, sin importarlesu dignidad, ni las condiciones (que determina el comprador).
Los Medios todos los días ponen a sus audiencias, televidentes, internautas y lectores a votar y a elegir productos y personajes de sus intereses políticos y económicos. El voto político es una mercancía más que la manipulan las grandes corporaciones polítiqueras legales e ilegales, el mismo proceso electoral es un mercado de promesas y mentiras que juega en las bolsas de las encuestadoras y fabricantes de datos, quienes suben o bajan el ranquin de sus clientes y el valor del voto de acuerdo al pago, en el marketing virtual; hasta en los sermones de todas las sectas religiosas se promocionan y condenan candidatos y programas, por esto se habla de empresas electorales, que también compran a los escrutadores, (Registraduría Nacional del Estado Civil) como decía Camilo, en este país de políticos corruptos “el que escruta elije”. Esta es la “democracia” permanente que el Estado y el Mercado nos llaman a ejercer. Por esto, si los honestos y humanistas juegan en ese carrusel asumen el riesgo de fraude, de ser robados y hasta de perder la vida si realmente reciben el favor del pueblo.
El capitalismo a través de sus Medios Masivos inventa y difunde conceptos para viejas palabras como democracia, libertad, progreso, paz, terrorismo, invirtiendo los significados; los utiliza y los impone en el léxico de diferentes sectores de la sociedad para disfrazar intenciones, para estigmatizar, para excluir, negar derechos y condenar a quienes se opongan a sus intereses, generalmente todos terminamos utilizándolos, aceptando la autoridad y las razones de sus autores. Así como aceptamos las encuestas de las agencias y de los medios que todos los días ponen a votar a sus audiencias sobre cualquier tema de la política, la economía y la farándula, sin dar a conocer clara y ampliamente los pormenores, sin debate entre opositores y defensores en estos temas.
No es que se desconozcan los esfuerzos que a través de la lucha electoral se hayan hecho, indudablemente una parte de nuestro pueblo (una minoría si miramos las cifras de abstencionismo) ve con simpatía y esperanza la participación electoral de la izquierda, esperando que ella se traduzca en respeto y mejoramiento de sus derechos y su calidad de vida; poder participar y decidir directamente en la solución de sus necesidades; pero hasta hoy, los movimientos de izquierda en Colombia no han utilizado los espacios que les genera la participación en la seudo-democracia burguesa para organizar y movilizar por lo menos a quienes los apoyan y votan por ellos, para que defiendan y conquisten sus derechos. Ni los gobernantes, ni los parlamentarios, ni los funcionarios de las instituciones del Estado, pertenecientes a la izquierda, no pueden construir un poder popular autónomo alternativo porque es opuesto a sus verdaderos intereses políticos y económicos.
En el congreso oligárquico participan personas de la izquierda que son muy valientes en la denuncia, en el debate, en la sustentación de sus propuestas, en la defensa de los intereses nacionales, siempre como una pequeña minoría aislada (igual que aquellos que definieron a la lucha armada como única vía de tomar el poder, aislados del pueblo) sin capacidad para imponer criterios de justicia social en las leyes que aprueba la mayoría oligárquica del Congreso. Como sucedió con la discusión y aprobación de los TLC, o con la frustrada “Reforma a la Justicia” (frenada por la denuncia y la movilización de algunos sectores sociales que utilizaron las redes sociales virtuales para difundir la protesta, en 2013) que pretendía acabar con lo poco de justicia social que contenía la Constitución Neoliberal del 91, garantizando la impunidad a congresistas criminales, altos funcionarios del gobierno mafioso, magistrados corruptos y compañías transnacionales expoliadoras.
Estos movimientos han sido diezmados políticamente y hasta eliminados físicamente, como ocurrió con la Unión Patriótica, o han sido descabezadas las dirigencias populares (críticas y no corruptas) como ha venido pasando con exintegrantes del M19 y el EPL (Esperanza, Paz y Libertad) A Luchar y últimamente con la criminalización y persecución a miembros del PDA, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, líderes comunitarios negros e indígenas. Pero en general sus dirigencias de izquierda han sido absorbidas por el sistema oligárquico, adquiriendo todos los vicios de corrupción y cinismo de la oligarquía, como ocurrió en la capital con dos alcaldes, algunos congresistas y hasta un personero distrital, -todos de izquierda- bien por la comodidad que han adquirido sus representantes elegidos o nombrados, o bien por las presiones y amenazas, que los hace reflexionar sobre su existencia y la de sus organizaciones, prefiriendo declinar, para conservar los status de sus dirigentes con puestos en el estado. Otra forma de anular la oposición progresista es la destitución de funcionarios (que cumplen con la Constitución) elegidos por el voto popular, mediante fallos políticos emitidos por los entes de control, como son los casos del procurador confesor-censor (además de misógino) contra representantes de la izquierda como la senadora Piedad Córdoba y el alcalde de la capital Gustavo Petro, acabando con la vida política oficial de los condenados.
El problema de la democracia para la izquierda es que con su visión política e ideológica eurocéntrica, su atomización, su vanguardismo y su mesianismo, considera al pueblo torpe e ignorante; impide la formación de un gran movimiento popular autónomo, que incluya a los pueblos que forman la nación colombiana, a sus movimientos y organizaciones sociales, que defina un programa mínimo de Democracia Popular. Las estructuras piramidales autoritarias de partidos y grupos políticos han obstaculizado la unidad de los sectores populares, el conocimiento de la historia la valoración de sus culturas, de la realidad del país y la emancipación de sus bases. El liberalismo, que ha predominado en los partidos y movimientos de izquierda que se acercan al debate político abierto, ha clandestinizado el debate ideológico, tratando de no radicalizar sus conceptos ni sus acciones; de parecerse al modelo que les impone la oligarquía para aceptarlos como fieles a su “democracia”. Algunos dirigentes de la izquierda institucionalizada creen que quienes no votan (más del 50% de los aptos para votar) son ignorantes o apolíticos; si bien es cierto que muchas personas no saben por qué votan o para qué lo hacen, lo determinante en los abstencionistas es que estas personas no se sienten parte ni beneficiarios de las políticas del Estado, es más, se sienten víctimas, perseguidos y excluidos por ese Estado, no por ignorancia política, que tradicionalmente la tiene la inmensa mayoría del pueblo colombiano.
La democracia que ofrece el capitalismo a los inconformes y a la izquierda es dentro del redil de su estructura de poder, en el marco de sus instituciones y sus leyes, que acondiciona para recuperarse de sus crisis políticas y económicas, y reacomodar a sus cuadros en la administración del Estado, abriendo incluso espacios de “participación”, dando prebendas y privilegios a los opositores de izquierda y de derecha, mientras cumplan sus reglas de juego, por lo quela liberal representativa es la única democracia que la dirigencia de la izquierda institucionalizada conoce y acepta, se ha comprobado en todas las elecciones y reelecciones en que esta ha participado, por ejemplo en la reelección de Santos, al aceptar el chantaje de las derechas, de si guerra o paz, cuando el proyecto neoliberal exigía el fin de este tipo de conflictos como condición para la inversión extractivista; que obliga a los lacayos de las periferias a garantizar la ejecución de sus planes de dominación y despojo, para lo que requieren más “seguridad” comercial, jurídica y militar; cualquiera que sea el gobernante tiene que hacerlo desmontando cualquier factor de violencia contra el capital. En 2010 si hubiera ganado Uribe o un candidato de izquierda, habría iniciado los diálogos y el “proceso de paz” en los términos que hoy aplica Santos, a no ser que un gran movimiento popular dentro o fuera de la institucionalidad hubiera impuesto un gobierno verdaderamente democrático.
Lo que se dio en el PDA con la descomposición de su dirección, y la división del partido, por los deseos grupistas y de protagonismo político, tiene que ver con el carácter de la organización; pues como partido, sus miembros lo serían a nivel personal, no como grupo, menos como otros partidos dentro del partido, aunque según la lógica política occidental pueden haber tendencias, pero quienes integraron el PDA lo hicieron por grupos, conservando sus estructuras orgánicas(PC, MOIR, ANAPO …); lo que significaría doble militancia según las normas del Estado, pero pudo haberse definido como frente político y cumplir esta función dentro del establecimiento. Sin embargo, la izquierda con el PDA tuvo dos oportunidades no solo de gobernar la ciudad capital sino de transformar aspectos sociales y culturales, pero continuaron con los planes de desarrollo definidos por la oligarquía con la estrategia de la corrupción; y otra con el progresista Petro, al que no le dejaron cumplir con su programa, con argucias jurídicas y politiqueras de la oligarquía y sus instituciones de control Esta situación impide la unidad política, que se ve afectada porque cada grupo interpreta la política de la organización de acuerdo a su conveniencia, haciendo acuerdos y desarrollando iniciativas que terminan beneficiando a una o a muy pocas personas. La discusión sobre la disciplina y la ética, lo mismo que la elección de sus instancias directivas, consultas, estatutos y programas deberían ser de orden interno, no haciendo uso de leyes e instituciones del Estado que vulneran su democracia interna, que manipulan y alteran los resultados; pues aunque el PDA no es una organización revolucionaria ni clandestina, sí es un objetivo para atacar, desprestigiar, dividir y eliminar por todos los medios que la oligarquía está acostumbrada a utilizar contra sus amigos y enemigos, cuando estos tienden a frenar sus planes.
Podemos desde el congreso burgués exigir al Estado que cumpla con lo que le dicta la Constitución, que brinde garantías para expresarse políticamente, que genere empleo, que garantice seguridad, justicia social y educación; que ejerza soberanía sobre el territorio nacional, y la situación del pueblo no cambiará, porque seguirá siendo el mismo estado oligárquico corrupto, entregado a las ambiciones del imperialismo y del narcotráfico. Si no hay una consecuencia entre el discurso reivindicativo y la movilización popular; si no construimos bases económicas, sociales y culturales autónomas en los sectores populares que defiendan sus intereses (incluso los espacios institucionales, en la administración pública local y regional, alcanzados con el voto), seguiremos siendo peones de la oligarquía, fortaleciendo y legitimando su poder y su estado terrorista.
Algunos “ingenuos” de la izquierda creen que la paz, que la democracia de la que hablan los capitalistas, es la misma que los de abajo quieren, que sus instituciones cumplen las funciones de garantizar la armonía entre las clases, que la solución de los problemas sociales es cuestión de buena voluntad, que los pobres tenemos que ceñirnos a lo que la ley, los gobernantes y las instituciones digan, porque lo que es legal es justo, cierto y correcto, por consiguiente, que solo votando y haciendo parte de sus instituciones se puede cambiar la realidad del país.
El pueblo colombiano ansía la paz para vivir dignamente, y cualquier intento no violento para alcanzarla es necesario defenderlo, sobre todo si posibilita la organización y la movilización de los sectores populares por sus derechos y la transformación de la sociedad a su favor. Pero solo un Estado democrático (que no es el actual oligárquico) u otro de transición, puede asumir eficazmente ese proceso, que empieza por promover y aplicar una democracia participativa y decisoria para el pueblo, debe iniciar un diálogo y negociación con las víctimas del conflicto social y armado del campo y la ciudad, del modelo económico, no solo con la insurgencia, proteger la vida, la integridad física, mental y moral de las víctimas y sectores vulnerables, propiciando el debate político e ideológico y la unidad entre los diferentes sectores sociales y políticos del pueblo, reconociendo las causas económicas políticas y sociales que generan el conflicto, buscando concertadamente con todos los sectores sociales un camino justo para acabar la violencia, la desigualdad y la crueldad impregnadas en nuestra sociedad. Los puntos tratados para llegar a acuerdos entre la insurgencia y el Estado en los diálogos de La Habana, en Quito y nuevamente en Cuba, no afectan en ningún momento las estructuras del Estado, la sociedad, la economía y la cultura dominantes, mas bien tienden a legitimar el despojo, a sumir en la impunidad el genocidio y a pasar a otro estadio de la guerra contra el pueblo; son acuerdos de mínimo impacto con una pequeña apertura en la participación política -dentro de la institucionalidad- de los guerrilleros que se acojan a esos acuerdos; sin embargo, es importante por lo menos, la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, pues es prácticamente imposible, dada la radicalidad ideológica de la derecha en la defensa de sus privilegios que la lleva a instrumentalizar la estructura jurídica y legislativa de su Estado, para no resarcir a las víctimas de más de 60 años de guerra, sobre todo porque no existe un sujeto que le obligue. Hasta hoy no ha habido cumplimiento de ningún punto por parte del Estado, por el contrario, con la detención y posible extradición de Santrich prácticamente se anulan los acuerdos, suerte que pueden correr el resto de la dirección de la FARC
Es necesario parar la guerra, ya que los revolucionarios armados, en más de 60 años no pudieron utilizar las crisis revolucionarias y las del sistema cuando se presentaron (pues no fueron derrotados militarmente), para avanzar en una ofensiva que podría haber puesto la correlación de fuerzas a favor del pueblo, y haber iniciado un proceso de transición democrático popular hacia el Socialismo o hacia el Bien Vivir. Para los revolucionarios, demócratas y humanistas la paz no es un fin en sí mismo, pues esta no tiene sentido en las condiciones de pobreza, desigualdad, violencia económica y social que ha vivido históricamente nuestro pueblo; sí son sus banderas la justicia social el buen vivir y la democracia popular. Por esto, lo menos que debería hacer un posible gobierno democrático realmente progresista humanista es parar la violencia y el despojo contra el pueblo, Aunque los conflictos y la violencia persisten en la sociedad, es necesario construir instituciones propias en nuevos escenarios de bienestar, convivencia, respeto y solidaridad por el pueblo colombiano emancipado, por fuera de la institucionalidad capitalista.
Ante la incapacidad de la izquierda tradicional y del movimiento revolucionario, les toca a los diversos sectores populares tomar la iniciativa generando propuestas de organización y movilización desde abajo, construyendo alternativas de poder en lo local, lo regional y lo nacional, empoderando a las mujeres y combatiendo al patriarcado, definiendo nuestra propia educación, nuestra medicina, nuestra justicia en las comunidades locales, integrando economía solidaria y comunitaria en campos y ciudades, generando Circuitos Económicos Alternativos, estableciendo instituciones como la Guardia Indígena y campesina, definiendo Territorios Autónomos en regiones, provincias y localidades como las Asociaciones Campesinas, Zonas de Reserva Campesina, (comunas autónomas en áreas rurales y urbanas) liberando a la madre tierra; fortaleciendo los Cabildos indígenas, los Consejos Comunitarios, las organizaciones barriales, las luchas sindicales, convocando y realizando cabildos populares, palenques, mingas de pensamiento, asambleas y constituyentes populares que mandaten y emplacen al Estado oligárquico; rescatando y construyendo identidades culturales, fortaleciendo las organizaciones populares, promoviendo su articulación o su unidad, así es posible un nuevo país, una democracia del y para el pueblo. Similar a lo que han venido haciendo los zapatistas de Chiapas con los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno.
En los últimos 20 años las iniciativas populares en Colombia han surgido de las localidades, de sectores diversos, de comunidades llamadas “minorías”, de organizaciones amplias que promueven la diversidad, la unidad política y la movilización, entre ellas el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica Comosoc, Comosocol, Modep, Gran Coalición, PDA, Coordinadoras Cívicas, Encuentro Nacional Popular, Frente Amplio por la Paz -y cientos de organizaciones populares no institucionalizadas en todo el país- parte, de este proceso que debe ser amplio, incluyente, deliberante, beligerante, que confluya en un gran movimiento político popular con capacidad de disputarle el poder a la oligarquía, de plantearse la transformación democrática de este país; emplazando al estado, sin priorizar lo electoral. Es indispensable en este proceso por la democracia y el bien vivir, la unidad política de los sectores populares en un gran Movimiento Social Cultural del Pueblo, con integración de la izquierda y de los revolucionarios en los sectores y movimientos populares, pero sobre todo, plantearse un proceso autónomo de transición independiente de la institucionalidad del Estado que pueda llevar a una dualidad de poderes y a la transformación de nuestra nación.
La democracia dentro del pueblo la construimos las clases y sectores populares desde abajo, desde la familia, el barrio, la escuela, la vereda, el Cabildo indígena, el Consejo Comunitario, el sindicato, el consejo estudiantil, la JAC, Etc.; con autonomía, con formación política, con organización horizontal, con movilización social (unidad de acción), ejerciendo la desobediencia civil, con diálogo entre nosotras-os mismos-as, en asambleas, cabildos abiertos, mingas deliberativas, con constituyentes locales y regionales, con consultas internas por sector popular, local y regional, con la unidad política y social en torno a acuerdos y a objetivos comunes y específicos; diseñando por los mismos sectores populares los planes de vida y o de buen vivir -social, económico y ambiental-, Ordenamientos Territoriales, ordenando a los gobernantes su aplicación y cumplimiento.
En una sociedad democrática los representantes del pueblo, los gobernantes y administradores deben recibir mandatos y obedecerlos, respondiendo por cada uno de los actos de sus gestiones, rindiendo informes directos al pueblo en cada uno de los sectores, lo que los zapatistas llaman “mandar obedeciendo”; las asambleas y organizaciones populares deberían eliminar la reelección en todos los cargos administrativos, de dirección (rotando los cargos tanto en los funcionarios nombrados administrativamente como los elegidos o delegados popularmente) aplicando la revocatoria inmediata cuando sea necesario, mediante consulta a los afectados, reduciendo las dietas y honorarios de todos los funcionarios del Estado (nombrados y electos) o de un posible gobierno en transición, al salario que gana un obrero. Aunque si pensamos en una nueva sociedad radicalmente democrática, estos cargos deben desaparecer en la medida que se desmonte el actual Estado, porque nadie necesitará que otro lo represente y la democracia se ejercerá directamente en el sitio y en el momento que cada sector social, comunidad o el pueblo en su conjunto lo determinen.
De todas maneras deseo el triunfo de la Colombia Humana
[1]“Los sucesos de marzo” artículo escrito por Carlos Gutiérrez en Le monde Diplomatique edición No. 132 de abril de 2014
CUADERNOS DE REENCUENTRO 