Archivo diario: 24 abril, 2017

El gobierno de Colombia y su papel en la crisis interna venezolana

Prensa Rural

Tony López Rodríguez / Lunes 24 de abril de 2017

Cuando el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, sin ningún desenfado declara “que la situación en Venezuela podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional”, ello aclara cuales son los planes imperiales para Venezuela, la intervención militar, como hubiera dicho mi padre “verde y con punta Guanábana”.

Los planes de intervención no es una novedad. Desde hace muchos años las condiciones para tales propósitos se han venido preparando, desde que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías declaró el carácter bolivariano y socialista de Venezuela, para Washington y las élites regionales, especialmente la colombiana, una Revolución bolivariana y socialista es inaceptable y se preocuparon de que ese ejemplo se extendiera por la región, especialmente para el vecino más cercano. Ello ponía en peligro no solo la influencia e intereses económicos estadounidense en lo que considera su patio trasero, también para estas oligarquías criollas.

A partir de aquel momento se hizo más firme la idea de que Venezuela era un mal ejemplo para la región y quien mejor que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, para que encabezara la cruzada para el derrocamiento del presidente Chávez. Mientras el presidente Andrés Pastrana, cuando el golpe de Estado de la derecha contra Chávez ejecutado el 11 de abril del 2002 y fracasado 48 horas después, no sólo había reconocido al ilegitimo gobierno de Pedro Carmona, sino que le ofreció refugio en Bogotá a él y a un grupo de golpistas que no solo habían cometido el delito de secuestrar y derrocar al presidente legítimamente elegido por el pueblo, sino que habían sido cómplices de asesinatos y llamado a la violencia en Venezuela.

Uribe por su parte había iniciado una campaña en contra del gobierno bolivariano y apoyado por los paramilitares que actuaban en la frontera con Venezuela desarrollando (aún) sus acciones terroristas y desestabilizadores, entrenando a ganaderos y terratenientes venezolanos que conformaron bandas armadas, quienes junto a los colombianos participaron y aún hoy realizan actividades violentas en los Estados de Táchira, Zulia y Miranda, todos ellos apoyados por el mismo liderazgo opositor que hoy continúa pidiendo la intervención extranjera en su país.

En el marco del Plan Colombia se realizó el acuerdo de los presidentes Álvaro Uribe y Barak Obama de instalar siete o más bases militares estadounidenses en territorio colombiano, la participación de altos oficiales del Comando Sur en los llamados Plan Patriota y Consolidación, entre los años 2003 y 2004 diseñado para derrotar a la guerrilla de las FARC-EP. Estos planes debilitaron a la insurgencia pero no la derrotaron. Éstos no tenían solo el objetivo de solucionar militarmente el conflicto social y armado interno, el tema era impedir la existencia de una retaguardia estratégica para una Venezuela agredida. Uribe fracasó al no lograr como anunciara desde el 7 de agosto del 2002 que derrotaría a la guerrilla de las FARC-EP.

Como no pudieron derrotar a la insurgencia, unos años después, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, convertido en el gran pacificador, inició el proceso de paz con las FARC-EP con el decidido apoyo del gobierno del presidente Chávez, que prestó su territorio desde el año 2011 para que se iniciaran los primeros contactos entre las FARC-EP y representantes del gobierno de Juan Manuel Santos, conversaciones que continuaron en Cuba en febrero del 2012, hasta que en octubre de ese año en Oslo, Noruega, se hicieron públicas y se dejó constituida oficialmente la Mesa de Diálogo de Paz, que continuaron en noviembre en La Habana, Cuba, hasta que cuatro años después se firmaron los llamados Acuerdos de La Habana, el pasado mes de noviembre del 2016 en Bogotá, Colombia.

Los Acuerdos de La Habana actualmente están en una fase de implementación, pero los serios incumplimientos por parte del gobierno han tensado las relaciones entre la Comisión de las FARC-EP y el Gobierno encargados de su ejecución. Es en este contexto que se manifiesta la debilidad del gobierno de Juan Manuel Santos y ésta se acrecienta seriamente cuando las garantías para los combatientes de las FARC aprecian el peligro de ser objetos de venganzas, porque el Gobierno niega la existencia de los paramilitares. Pero lo cierto es que desde finales del pasado año y lo que va de éste, decenas de líderes comunales, sociales y sindicales han sido asesinados por los paramilitares, acusados de ser colaboradores de la guerrilla, así como también la muerte de miembros de la guerrilla que están en proceso de desmovilización.

Estas tensas relaciones entre las FARC-EP y el Gobierno pueden lesionar el proceso, pero más aún cuando la fragilidad del Gobierno se profundiza en el orden interno, debido a la crisis económica, los reclamos de los sectores campesinos, docentes, de salud y las contradicciones al interior de su gobierno con su vicepresidente Germán Vargas Llera, lo que se ha visto agravado por las acusaciones del ingreso de dinero de la empresa trasnacional brasilera Odebrecht a su campaña presidencial en el 2012, que ha llevado al Presidente a rendir declaraciones el pasado viernes 21 de abril al Consejo Nacional Electoral.

Llama la atención que en medio de esta crítica situación interna de su gobierno, Juan Manuel Santos ordenó a su canciller elevar al Secretario General de las Naciones Unidas la petición de que atienda el serio conflicto de gobernabilidad en Venezuela, buscando internacionalizar un conflicto interno y que, como se sabe, no es más que una gran conspiración interna y externa contra el gobierno de Nicolás Maduro, creada y orientada desde Estados Unidos. La entrevista de los expresidentes colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con el presidente Trump, apadrinada por el senador republicano Marcos Rubio, operador de la oposición venezolana en Estados Unidos, solicitando la intervención en la tierra de Bolívar, evidencia que Colombia busca crear un conflicto con su vecino y justificar el plan intervencionista, como ha propuesto Luis Almagro, los 11 países latinoamericanos que lo apoyan en la OEA y el Comando Sur anunciado por su jefe el Almirante Kurt Tidd. Sus declaraciones se corresponden con el decreto del ex-presidente Barak Obama de que Venezuela es una “amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos”.

Deportado exdirector de inteligencia acusado de tortura a Claudia Julieta Duque

24abr17

Enrique Alberto Ariza Rivas, exjefe de Inteligencia del disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, hasta el año 2011 policía secreta de Colombia), será deportado desde los Estados Unidos este lunes 24 de abril tras confirmarse en segunda instancia la orden emitida en su contra desde marzo de 2016.


Crédito: fotografía de Enrique Ariza Rivas tomada de su hoja de vida.

Enrique Ariza Rivas será puesto a disposición del Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, donde es juzgado por la tortura psicológica agravada cometida en contra de la periodista Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor y corresponsal del Equipo Nizkor en Colombia.

Como se informó en su momento, la deportación del exfuncionario se produce gracias a la actuación de la Human Rights Violators and War Crimes Unit (HRVWCU) que opera en la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Homeland Security, cuyo objetivo es evitar que personas extranjeras involucradas en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas crímenes de guerra y tortura, encuentren refugio en Estados Unidos y eludan la acción de la justicia en sus países de origen.

La HRVWCU conoció del caso de Ariza Rivas desde el 2014 a petición de la periodista y su abogado, con el apoyo de Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés). El 30 de marzo de 2016, un juez de inmigración falló en contra del exjefe del DAS, quien apeló la decisión, la cual fue confirmada la semana pasada.

Ariza Rivas además fue condenado en noviembre de 2012 a 105 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores por el llamado escándalo de las «chuzadas» del DAS, la cual fue confirmada en marzo de 2014.

En el caso de Claudia Julieta Duque, Enrique Ariza tenía también una circular roja de la Interpol y una solicitud de extradición del Juzgado 2º que se encontraba en trámite. Su deportación implica que las autoridades de inmigración norteamericanas consideraron probada su implicación en una violación grave a los derechos humanos, en este caso la tortura psicológica contra la periodista.

Ariza Rivas se graduó como subteniente del Ejército en 1987 y estuvo asignado al Batallón Palacé de Buga, donde su jefe fue el mayor Alirio Urueña Jaramillo, condenado por la masacre de Trujillo. En el año 2000 se graduó como periodista en la Universidad Tadeo Lozano y en julio de 2001 ingresó al DAS, donde fue coordinador del Grupo de Inteligencia Interior de la Subdirección de Análisis del DAS, Subdirector de Análisis y director de Inteligencia del DAS desde septiembre de 2004 hasta su retiro en octubre de 2005.

Realizó múltiples cursos de inteligencia, vigilancia, espionaje, operaciones y seguridad nacional en Estados Unidos, Costa Rica, Argentina y España.

La detención y deportación de Ariza Rivas representa un importante paso contra la impunidad en los crímenes del DAS. Una vez más, el Equipo Nizkor saluda la pronta acción de las autoridades norteamericanas y reconoce la seriedad con que asumieron el proceso iniciado por Claudia Julieta Duque.

En la actualidad, tres exfuncionarios del DAS permanecen prófugos en el caso de la periodista: el exjefe de Contrainteligencia Rodolfo Medina Alemán; el exjefe de Inteligencia Giancarlo Auqué De Silvestri; y el exdetective del Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) Juan Carlos Sastoque, éste último asilado en los Estados Unidos y con circular azul de la Interpol.

[Fuente: Equipo Nizkor, Madrid, Charleroi y Bogotá, 24abr17]