LO OCURRIDO CON LOS BALDÍOS EN COLOMBIA TAMBIÉN ES CORRUPCIÓN 

Por estos días el asunto de la corrupción ocupa a la opinión pública, a partir de dos hechos principales. El primero, la captura del alcalde de Rioacha Fabio Velásquez y la condena a Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, ambos políticos de Cambio Radical. Segundo, por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, que ya ha producido la captura de un exsenador, un exviceministro y hay indicios de que financiaron las campañas presidenciales del uribismo y la Unidad Nacional en 2014.

El debate de la corrupción coincide con el estudio de las demandas presentadas contra la Ley Zidres en la Corte Constitucional. Las Zidres son a su vez el último episodio en la discusión frente a qué hacer con los baldíos en Colombia. El manejo de las tierras baldías ha estado repleto de corrupción, como hemos denunciado durante los últimos años. Las Zidres vienen a legalizar las ilegalidades, al permitir la concesión de predios baldíos a empresarios y el desarrollo de enormes proyectos agroindustriales, eliminando por la puerta de atrás la Unidad Agrícola Familiar (UAF) como tope para la acumulación de predios provenientes de reforma agraria.

El caso más sonado es el de las compras de tierras del ingenio vallecaucano Riopaila Castilla, que compró 35 mil hectáreas de tierras con antecedente de baldío en los departamentos de Meta y Vichada, en una operación en la cual crearon una empresa fachada para cada predio que quisieron comprar. Esta estrategia fue diseñada por el bufete Brigard & Urrutia, específicamente por Francisco Uribe Noguera, quien figuraba además como representante legal de las empresas fachada. Francisco volvió a aparecer en los medios de comunicación recientemente, acusado de encubrir la horrible violación, tortura y asesinato de la pequeña Yuliana Samboní, cometida por su hermano Rafael Uribe Noguera. Por nuestras denuncias de las tierras de Riopaila, el entonces embajador de Colombia ante Estados Unidos y socio fundador de Brigard & Urrutia Carlos Urrutia, tuvo que renunciar a su cargo diplomático en el año 2013.

Urrutia no era el único funcionario del gobierno Santos implicado en acaparamiento de baldíos. También se denunció que la entonces Ministra de Educación María Fernanda Campo participó de un proyecto de producción de caucho en el Vichada, gerenciado por su exesposo y también Exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde. En este proyecto se desvirtúan claramente los propósitos de los predios baldíos.

No obstante sus evidentes conflictos de intereses, Lizarralde promovió como Ministro de Agricultura un proyecto de ley con las mismas pretensiones de las Zidres, al cual tuvo que ser retirado del Congreso por el propio gobierno nacional. A Lizarralde lo sucedió en el Ministerio de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia. En un debate de control político, yo había denunciado el caso de Pablo Valencia, a quien le habían adjudicado ilegalmente un predio baldío en La Primavera, Vichada. Pablo resultó primo del nuevo Ministro Iragorri, así que éste tuvo que declararse impedido para todos los temas relacionados con baldíos, incluyendo la Ley Zidres.

Otro hecho cuestionable relacionado con los acaparadores de tierras es que, además de quedarse con predios que no debían, han sido subsidiados por el propio Estado para estos fines. A Sarmiento Angulo por ejemplo, el principal banquero del país, le entregaron créditos subsidiados de FINAGRO por $35 mil millones. Sarmiento había comprado 13 mil hectáreas con antecedente de baldío en Puerto Gaitán y Puerto López. El crédito público y subsidiado alcanzó también para multinacionales del agro como Mónica Semillas, que recibió recursos ilegalmente, ante lo cual la Superintendencia de Sociedades le ordenó devolver $2 mil millones, gracias a nuestras denuncias.

La Misma Mónica Semillas le había confesado mediante una carta al entonces Presidente Álvaro Uribe cómo había tenido que crear varias empresas para burlar el tope de la UAF y quedarse con las extensiones que requería para su proyecto productivo en el Meta. Uribe no presentó denuncia alguna, sino que se dedicó a promocionar la Altillanura para que grandes empresarios vinieran a invertir allí, aun contrariando la ley. Otro claro hecho de corrupción.

A propósito de Uribe, es tan culpable como la Unidad Nacional de la aprobación de las Zidres en el Congreso. No se entiende que un partido como el Centro Democrático, que se presenta como de oposición, apruebe sin ningún reparo la principal y más regresiva ley de desarrollo rural presentada por Juan Manuel Santos.

Ante todas estas irregularidades, la Corte Constitucional tiene la última palabra. Se han presentado varias demandas en contra de la Ley, una de las cuales ya fue fallada, manteniendo vivos los principales elementos de las Zidres, lamentablemente. Junto a Jorge Robledo y otros Parlamentarios presenté otra demanda, en la cual sostenemos que las Zidres son cosa juzgada, puesto que en esencia son lo mismo que los Proyectos especiales agropecuarios o forestales (PEDAF), aprobados en el Plan de Desarrollo del primer gobierno de Santos. Junto a Robledo demandamos también esa figura, que la Corte declaró inconstitucional en 2012, conservando la destinación de los baldíos en manos de los campesinos. En el estudio de nuestra demanda se presentó un empate en la Corte, entre los Magistrados que quieren mantener las Zidres y quienes la consideran inconstitucional, ante lo cual tuvieron que nombrar un conjuez.

Esperamos que la decisión final de la Corte eche abajo las Zidres. No se puede legitimar una figura tan regresiva. No se puede validar el manejo corrupto que unos cuantos poderosos han dado a las tierras de los campesinos, ni convertir este modelo en la principal apuesta de desarrollo rural para el país.

Wilson Arias Castillo