Archivo diario: 16 noviembre, 2016

Medellín-Colombia: «El Concejo, tiene que responder por nombrar en la Contraloría de Medellín, a unos funcionarios deshonestos»

Valoramos positivamente las denuncias que han venido haciendo distintos medios de comunicación, con ocasión de los retrasos y sobre costos en las obras de la Trasversal Inferior de los Balsos. Por estos graves hechos la Contraloría General de Medellín, no ha llamado a juicio de responsabilidad fiscal a los comprometidos en este descalabro económico. Aplaudimos a todos aquellos que han estado revelando todos los hechos irregulares que rodaron la contratación de dichas obras, pero también los invitamos a sacar a relucir, con la misma fuerza, el desangre a que están siendo sometidas, Colombia Móvil y UNE EPM Telecomunicaciones S.A., por parte de unos ciudadanos extranjeros, que no les duelen la ciudad y el país.

Estos extranjeros, han reconocido tanto en algunos despachos judiciales, como en el Ministerio de Hacienda, que el capital de Colombia Móvil es mayoritariamente público, es decir, de las Empresas Públicas de Medellín. Con estos dineros, que son de los usuarios, estos forasteros, entre los años 2014 a 2016, le entregaron de manera ilegal a altos funcionarios de Colombia Móvil, según informes de la misma contraloría, la escandalosa suma de 31.388 millones de pesos, de los cuales el 96.6%, por 30.311 millones de pesos, pertenecen al nivel directivo, el 2.2% pagos al nivel especialista, 0.8% al nivel analista y el 0.4% pagos al nivel asistencial. Ya el robo de los recursos del estado que pertenecen a todos los ciudadanos, no se hace directamente, sino por medio del sistema de bonificaciones. Es de aclarar que las normas permiten esto, pero con planes preestablecidos, y ni el artículo 42 de la ley 142 ni el artículo 73 de la ley 1341, fueron tenidos en la cuenta.

Para tapar este escandaloso robo a los habitantes de Medellín, el Argentino Esteban Cristian Iriarte, reunió en su oficina a puerta cerrada, el día 8 de abril de 2016 a las 02:00 p.m., a la Contralora General de Medellín, Patricia Bonilla Sandoval, al Subcontralor Darío Bonilla Giraldo y al delegado para las telecomunicaciones Carlos Alberto Trujillo Vergara. De esa reunión con capuchino y otras delicias, salió el compromiso de no investigar la destinación de esos dineros, ni de dar a conocer los nombres de los altos funcionarios de Colombia Móvil implicados en este ilícito, y el cambio del equipo de los funcionarios de la Contraloría que habían hecho estos  hallazgos o que pedían la develación de los incluidos en este acto fraudulento.

Ese pacto secreto lo han estado cumpliendo al pie de la letra, habida cuenta que le echaron tierra a la investigación, e impidieron que se dieran a conocer los nombres de los funcionarios que recibieron las descomunales bonificaciones y el equipo de empleados honestos y cumplidores de su deber, fueron retirados de la investigación. Este equipo de trabajadores removidos de su responsabilidad, no solo descubrió el fraude con las compensaciones descritas, sino que estaban detrás de unos dineros de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y EPM que están en el exterior, al parecer, en paraísos fiscales.

En materia criminal se ha dicho que no hay crimen perfecto, que los delincuentes siempre dejan una huella; la deshonesta Contralora General de Medellín y el Subcontralor, no pensaron que podían aparecer pruebas, conque ponerlos en la picota pública. Ahora bien, si los aludidos funcionarios se sienten calumniados, los invitamos a que vayan a la Fiscalía y nos denuncien penalmente.

 

De los Trabajadores y la Comunidad en General,

GONZALO ÁLVAREZ HENAO           JESÚS MARÍA LÓPEZ VELÁSQUEZ

Presidente                                                                       Presidente

Movimiento Cívico de Medellín                                UNIGEEP

Y El Área Metropolitana                                             Unión Sindical Grupo Empresarial EPM

COLOMBIA: SOBRE EL MERCURIO EN LAS LATAS DE ATÚN VAM CAMPS. HABLAMOS LOS TRABAJADORES

En Colombia se viene discutiendo sobre esto en todos los medios de comunicación. Ha Hablado el INVIMA, la empresa Seatech Internacional INC, los senadores, etc. los únicos que no lo han hecho somos los trabajadores quienes organizados en la Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia “USTRIAL” y el Sindicato Nacional de Trabajadores del sector Agroalimentario “SINALTRAINAL” queremos expresar a la opinión publica nuestra posición al respecto.

 Nos parece inaudito, que en una empresa donde se realizan pruebas de mercurio al Atún desde que es descargado de los barcos atuneros y durante el proceso y después de envasado en las latas, se haya presentado esta situación y que el atún que se venda en el país sea el que está contaminado porque el que se exporta a los diferentes países de América Latina y Europa, que es aproximadamente el 70% de los que se produce en Cartagena,  sea el que cumpla las normas internacionales sobre contaminación de mercurio.

 Esta situación, solo se puede presentar con las autorización de la administración de esta empresa, encabezado por el gerente, el ciudadano ecuatoriano DIEGO CANELO VELASCO, quien por más de 25 años lo único que ha podido demostrar es el desprecio contra los trabajadores que laboramos para ella al negarnos los mínimos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y las leyes colombianas.

 En esta empresa hay más de 600 trabajadores con enfermedades de origen laboral que son tratados por la administración de la empresa como desechables y que el año pasado fue catalogada por la Escuela Nacional Sindical como la empresa No. 1 en Colombia violadora de los derechos laborales, actualmente tiene más de 200 trabajadores despedidos por haber cometido el “delito” de afiliarse al sindicato, más de 100 trabajadores a los que le ha solicitado permiso al Ministerio del Trabajo para despedirlos por su condición de enfermos y les paga desde hace un año con el Art. 140 de CST., es decir reciben el salario sin prestar el servicio, por haber realizado una protesta pacífica ante un cierre ilegal que no fue autorizado por el Ministerio del Trabajo y que además ha sido multada en dos oportunidades por intermediación ilegal. Esto sin decir las innumerables multas que recibe por violar derechos tan mínimos como el de no entregarle copia del contrato de trabajo a sus trabajadores cuando lo firman.

 Pero además en Colombia el promedio de consumo de lata de atún es de dos al año por persona, pero esta empresa obliga a sus empleados a consumirlo dos veces a la semana en el casino de la empresa, que equivaldría al consumo de una lata de atún semanal, o 52 latas al año, convirtiendo a los trabajadores en consumidores crónicos, lo que hoy nos obliga a decir que existe la posibilidad de que muchos trabajadores se encuentren contaminados por el consumo de atún, por lo que como organizaciones sindicales exigimos al Sistema Nacional de Salud un análisis a todos los trabajadores.

 Les exigimos además a las diferentes personas que tienen intereses económicos en la empresa, como el actual alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, los Araujo y Vélez Pareja, entre otros,  así como a todas las entidades de vigilancia y control del estado como el INVIMA, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Salud a que intervengan para defender la salud de los trabajadores y el pueblo colombiano.

Cordialmente,

FREDIS MARRUGO VELASQUEZ                                EDWIN MOLINA GALVAN

Presidente USTRIAL                                                    Presidente SINALTRAINAL-Cartagena

Tel. 320 5578 478