Archivo diario: 15 noviembre, 2016

DONALD TRUMP: PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

https://youtu.be/2rau-te8hiw

 

https://youtu.be/gi9_T0EEKdA

DECLARACIÓN JEFE DE LA DELEGACIÓN (Humberto de la Calle)

La Habana,  12 de noviembre de 2016

Buenas tardes,
Después del resultado obtenido el pasado 2 de octubre en el que más de seis millones de colombianos expresaron mediante su voto los reparos al Acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC, comprendimos que era necesario trabajar con celeridad y responsabilidad en la búsqueda de un nuevo Acuerdo. Un Acuerdo incluyente y respetuoso.
A partir del mismo 3 de octubre, los colombianos hemos sido testigos de un ejercicio profundo de diálogo.
Además de las múltiples reuniones que sostuvo el Jefe de Estado con los diferentes líderes del No, muy rápidamente designó una Comisión conformada por el Ministro de Defensa, la Canciller y por mí, en calidad de Jefe Negociador; en la que también participaron el Equipo Negociador, el Ministro del Interior y el Alto Consejero para el Posconflicto y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; con el propósito de sostener diálogos abiertos y recoger inquietudes, preocupaciones y sugerencias al Acuerdo para la Terminación del Conflicto.
Fue un esfuerzo genuino, leal, que nos permitió recopilar la totalidad de las iniciativas, ordenarlas, estudiarlas a fondo, luego de cerca de cien horas de intercambio directo de opiniones en un ejercicio constructivo, franco y democrático.
Después de terminar las reuniones con los voceros del No, viajamos a La Habana para discutir con las FARC las preocupaciones expresadas en Bogotá, insistir en la importancia de incorporar el mayor número de propuestas al texto y trabajar en la construcción de un nuevo Acuerdo que cumpliera en lo posible con las expectativas de muchos colombianos.
Las reuniones con la delegación de las FARC fueron igualmente intensas. Más de 15 días y noches de trabajo reuniones con  discusiones arduas dada la complejidad de los temas. Debo destacar el ambiente constructivo y la buena voluntad de las delegaciones para trabajar con disciplina y seriedad.
Este nuevo Acuerdo fue además una oportunidad para aclarar dudas, resolver inquietudes pero sobretodo para unirnos los colombianos.

Una vez más nos probamos que, a pesar de las diferencias y visiones distintas, a través del diálogo es posible llegar a puntos de encuentro.
Esta tarea la asumimos con compromiso, respeto y responsabilidad. Pensamos en los colombianos, en sus expectativas y sus válidas inquietudes, pero también trabajamos con la certeza de que no hay más tiempo que perder. Estamos convencidos de que este documento señala caminos viables y posibles para acabar con tantas décadas de conflicto en Colombia.
Ahora deseo hacer una confesión personal: Dije que el Acuerdo del 26 de septiembre era el mejor Acuerdo posible, aunque era también susceptible de críticas. Y señalé que esa afirmación no se hacía desde la arrogancia. Era el mejor por cuanto permitía dar por terminado el conflicto, no para desestimar las insatisfacciones que podía generar.
Hoy con humildad reconozco que este Acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas de esas críticas e insatisfacciones. Su aceptación no va a ser unánime. Como tampoco lo fue en el primer acuerdo. Pero esperamos que la base de apoyo que recoja lo haga más sólido. Pero más que exaltar las virtudes de éste frente al anterior, en lo que gana con creces es que mediante un ejercicio democrático se ha logrado construir una base de sustento más amplia. La cuestión no es sólo la ampliación del apoyo, sino que este ha sido fabricado en un ejercicio leal de democracia y diálogo sincero.
A los otros seis millones de votos que nos acompañaron en la refrendación del Acuerdo, quiero decirles que los ajustes y precisiones que hemos realizado, no  sacrifican las convicciones que le dieron forma al primer Acuerdo. No cancelamos la ilusión. No dimos marcha atrás en la posibilidad de un país nuevo. No desistimos del propósito de reivindicar la familia campesina. Limpiar la política. Combatir las bandas criminales y la corrupción. Contribuir a superar el problema mundial de la droga. Impartir justicia pensando más en las víctimas que en los barrotes. Integrar nuestros territorios. Superar desigualdades ancestrales. Crear una sociedad más equitativa. Crearla a través del diálogo, del uso razonable de la autoridad del Estado, buscando darle cimientos fuertes a la seguridad humana. Escuchando, sobre todo escuchando a los más débiles.
Quiero destacar algunas de las innovaciones de este Acuerdo. :
Durante el término de la dejación de armas, las FARC presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas.
En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz se atendió la mayoría de las propuestas formuladas.
Se precisaron de manera concreta las características y mecanismos de la restricción efectiva de la libertad. En efecto, se fijaron los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones con un tamaño máximo a las zonas veredales, los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, la precisión del lugar de residencia, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas, requisito necesario en todos los casos. Por iniciativa de algunos opositores se aceptó que mientras entra en funcionamiento la JEP, las acciones reparadoras debidamente verificadas pueden ser descontadas de la sanción que se imponga.
Sobre el discutido tema de la conexidad del narcotráfico con el delito político, el acuerdo es que los Magistrados tendrán en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas.
Se eliminan los Magistrados extranjeros pero se acepta la presencia de amicus curiae, -expertos extranjeros- para rendir conceptos sobre los casos que se tramiten.
Queda claro que entre la normatividad aplicable se incluye el Código Penal Colombiano y que las normas procedimentales deberán ser incorporadas al ordenamiento legal.
Serán de competencia de la JEP las conductas de financiación o colaboración con actores del conflicto en que hayan incurrido los terceros no combatientes que tuvieron una participación activa o determinante en los crímenes más graves. Se eliminó la participación habitual. Y se reafirmó que los demás, si contribuyen a las medidas de verdad y reparación, pueden beneficiarse de la renuncia de la acción penal u otro tipo de terminación anticipada del proceso.
Se estableció el término concreto de duración de la Jurisdicción.
Se eliminó la idea de incorporar el Acuerdo a la Constitución Política y al llamado bloque de constitucionalidad. El principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado, y en lo que tiene que ver con el Estado, los principios que informan el Acuerdo serán parámetro de interpretación y guía de la aplicación normativa y práctica.
Se estableció también que la revisión de la tutela contra decisiones de la Jurisdicción Especial en cabeza de la Corte Constitucional.
En el nuevo Acuerdo se define qué se entiende por enfoque de género. Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno. Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos.
Incluye también un principio de respeto a la igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, pertenencia a la población LGBTI, o cualquier otra razón, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos. Ningún contenido del Acuerdo Final se entenderá o interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas.
En atención al llamado que nos hicieron de diversos sectores religiosos, se estipula que en la implementación de lo acordado se deberá respetar la libertad de cultos, lo que significa el reconocimiento y respeto a la práctica de cualquier manifestación de religiosidad.
Mantenemos vivo el compromiso con el campo a través de una política de recuperación de la familia campesina, que impulse el acceso equitativo a la tierra y que cree condiciones de vida digna.
En la Reforma Rural Integral hemos afirmado que “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”.
También quedó explícito que los programas cuyo destinatario es el campesino no impiden la puesta en práctica de diversas formas de producción, tales como la agroindustria o el turismo.
Para lograr darle la mayor solidez a la reforma rural, se ajustaron los tiempos de implementación a las nuevas realidades fiscales. El acuerdo  además  por sí mismo no crea Zonas de Reserva Campesina.
Desde el Acuerdo de Cartagena se había dado un paso inmenso en la lucha contra el problema mundial de la droga. Las FARC se comprometieron a romper todo vínculo con él y a cooperar en la superación de ese fenómeno. Ahora, en el nuevo Acuerdo se ha logrado precisar de manera concreta las características de esa cooperación y además quienes acudan a la JEP –todos, no solo las FARC- deberán informar de manera exhaustiva y detallada sobre las informaciones de las que dispongan para atribuir responsabilidades.
De igual modo se aclara que los programas de sustitución buscan tener territorios libres de cultivos de uso ilícitos de modo que no se establezca un marco de coexistencia entre el programa de sustitución y la continuación de tales cultivos.
En cuanto a la aplicación de las políticas sobre el consumo, se robustece el papel de la familia y de los grupos religiosos.
Se estableció el compromiso de respetar el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas. En tal sentido, el Plan Marco acordado para las inversiones, deberá contener las fuentes de financiación.
A partir de hoy los colombianos podrán consultar los cambios y los nuevos elementos del nuevo Acuerdo en las páginas de internet de La Presidencia de la República, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de Equipo Paz Gobierno y de La Mesa de Conversaciones. En el transcurso de la próxima semana estará disponible la versión integrada.
Estimados señores y señoras, No podemos pedir que cese la discusión. Pero sí podemos desear que la gran decisión nacional sea poner en marcha la ejecución de los acuerdos, superar el conflicto armado, abrir caminos a la reconciliación y profundizar los esfuerzos para lograr una sociedad equitativa.
Ese es el reto ahora. El reto de nosotros, por nuestros hijos y nuestros nietos.

Pacto para el Gran Diálogo Nacional para la Paz de Colombia

Bogotá, 3 de noviembre de 2016

Organizaciones sociales y populares, autoridades departamentales y municipales, comunidades étnicas, iglesias y comunidades de fe, centros académicos, agremiaciones empresariales, partidos políticos,  entre otros, reunidas en Bogotá D.C, el 3 de noviembre de 2016, hemos decidido:

1.  Promover un Gran Diálogo Nacional para la Paz –complementario al proceso de conversaciones que se viene desarrollando entre el Gobierno Nacional y las Insurgencias–. Este Diálogo responde a un clamor profundo de la sociedad colombiana para lograr una paz completa; una donde estén todas las insurgencias, todos los partidos y organizaciones políticas, todas las organizaciones sociales, todos los gremios empresariales, todas las comunidades basadas en la  fe y la espiritualidad, todos los territorios, todos los pueblos indígenas y afrodescendientes, todas las mujeres y todos los hombres, toda la juventud, las diversidades sexuales, todas las víctimas del conflicto y todas las personas con discapacidades que éste ha acentuado; todas las personas que se han visto obligadas a exiliarse o emigrar. Una paz completa será la que aborde todos los asuntos determinantes del conflicto armado, y que acuerde todas las transformaciones necesarias para la paz.

2.  Proseguir en la construcción –junto a todos los sectores que están comprometidos con la solución del conflicto social y armado– del mecanismo idóneo para que la participación de la sociedad sea decisoria y permita avanzar hacia las transformaciones necesarias para la paz. Ningún colombiano o colombiana debe temer a la participación ni a la democracia amplia y profunda. La participación que necesitamos debe tener incidencia real en la transformación del país; debe garantizar a las organizaciones sociales que sean parte integral en la implementación de lo pactado de acuerdo con las realidades particulares de cada territorio; debe incluir especialmente a quienes no han podido hacerlo hasta ahora mediante los mecanismos  existentes; implica la deliberación informada y argumentada; y garantizar que los contradictores tengan garantías reales de ser escuchados.

3.  Saludar el gran acierto del Gobierno Colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de incluir en sus conversaciones el llamado a desarrollar una activa y protagónica participación de la sociedad. Ante ese llamado, respondemos con un SÍ rotundo a participar decidida y creativamente en esta nueva fase del proceso de paz. Nuestra convicción es que un diálogo incluyente, plural y eficaz, en todos los territorios del país, es garantía de una paz transformadora que cuente con el apoyo de la inmensa mayoría de colombianas y colombianos. Cuenten con nosotros y nosotras en esta tarea.

4.  Respaldar los Acuerdos de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que constituyen un logro de la sociedad colombiana. El Gran Diálogo Nacional para la Paz en que nos empeñamos, debe constituir una refrendación explícita y contundente de lo allí consignado. La participación amplia es la mejor manera de garantizar la refrendación.

5.  Llamar a las partes para que el cese bilateral indefinido acordado entre el gobierno y las FARC se extienda hacia un cese multilateral con el ELN, de manera que los diálogos y sobre todo, la participación de la sociedad se desarrollen en medio de un clima propicio para que todas las voces se expresen con garantías.

Asumimos que la paz es nuestro derecho y nuestro deber de obligatorio cumplimiento; no escatimaremos los esfuerzos que sean necesarios para no devolvernos a la guerra.

Este pacto, desde el día de mañana caminará por todos los territorios y las regiones de Colombia y el mundo, buscando el respaldo y el compromiso de todos y todas las que hoy no nos pudieron acompañar.

 

Declaramos que participar es paz.

 

Cambios estructurales: Desafíos para la paz en Colombia y la región

Comunicado del MRV a la opinión pública

30 de octubre de 2016

 El Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas, Movimiento Ríos Vivos, tras reflexionar sobre los momentos previos, durante y posteriores a la refrendación de los acuerdos de la Habana, manifiesta sus incertidumbres y sentires en relación a los acuerdos alcanzados, la jornada del plebiscito del 02 de octubre y propuestas para el nuevo escenario nacional:

1.       La construcción de paz es un proceso complejo y de largo plazo con el cual está comprometido el Movimiento Ríos Vivos, así como otros movimientos y organizaciones sociales que al unísono defendemos la vida y el territorio. Este proceso implica cambios estructurales que atiendan los conflictos sociales y ambientales que han deteriorado los bienes comunes del pueblo colombiano.

2.       La violencia como método para forzar el ordenamiento de los territorios debe parar. A lo largo de varias décadas el Estado Colombiano ha sido el principal actor de violencia armada, social, ambiental, política e incluso jurídica, que la usado como forma privilegiada de abordar los conflictos socioambientales incluso en años precedentes al conflicto armado que se pretende concluir. Por tanto, no atender dichos conflictos desde la perspectiva de la protección y respeto a las múltiples culturas en materia económica, social, ambiental y cultural implica la profundización de las problemáticas y heredarlas a las siguientes generaciones. Celebramos por tanto el empeño de la palabra, el diálogo y los acuerdos sobre cualquier acción bélica o de violencia

3.       Colombia ha sufrido históricamente una polarización intencional que se debe superar. El centralismo y federalismo se sigue expresando en las prácticas políticas partidistas, representados por el partido conservador y el liberal, Santistas y Uribistas y demás corrientes en el orden del día. Esta polarización solo le es funcional a las elites dominantes pues impide abordar los reales conflictos y permite excluir a los otros sectores de la sociedad que proponemos un país diferente.

Esto ha permitido que en Colombia se instaure un Estado Corporativo en el que se privilegian los intereses privados nacionales y extranjeros a partir de discursos y políticas contradictorias que simulan un interés social mientras despoja a la mayor parte de la población. Sobrepasar la polarización permitirá dar cuenta del principal de los conflictos: el modelo de desarrollo que se impone en Colombia para la concentración de grandes capitales, privatización de las aguas, tierras y acceso limitado a bienes naturales el cual es el principal responsable de que los despojados se vean empobrecidos y sin acceso a alimentación, salud, vivienda y educación.

4.       La confrontación entre las FARC y el Gobierno Colombiano debe superarse de fondo pues alude a uno de los conflictos históricos la tenencia, uso y concentración de la tierra. Si bien los acuerdos son un avance muy importante, poco de ellos está por fuera de la Constitución y las leyes, lo que da cuenta de la desatención del Estado a los sectores más vulnerables de la población, en otras palabras, gran parte de los acuerdos debió haberles dado trámite el Estado hace mucho tiempo.

5.       De los actuales procesos con las insurgencias destacamos, como avance, la posibilidad de posicionar que no es posible que se siga matando por tener ideas diferentes y que se impida la participación de quienes piensan de otra forma; es decir, se ha avanzado en la propuesta de transformación cultural que requiere Colombia, de respeto a la vida humana y no humana. Para ello la esperanza de verdad es un gran aliciente que debe complementarse con la búsqueda de Verdad Ambiental, necesaria para la resolución de todo conflicto territorial y como garantía de no repetición.

6.       El cese a la guerra contra la naturaleza y contra las organizaciones de la sociedad civil son nuestro gran anhelo. Esta guerra se expresa en cientos de conflictos socioambientales que hoy agobian el país y en la persecución de líderes y lideresas sociales, la criminalización de la protesta social, las violaciones a los derechos humanos, la ausencia de garantías para la participación social y política entre otras estrategias, que hacen que hacer uso del derecho a la constitucional a la libre Asociación en Colombia sea una tarea de alto riesgo.

Por otra parte, a pesar el camino recorrido en la construcción de los acuerdos para la terminación del conflicto armado con las FARC, siguen vigentes las preocupaciones y demandas frente a los conflictos socioambientales y a la revictimización de la población generados por la imposición de megaproyectos y la política de confianza inversionista a las que el conflicto armado en Colombia les ha sido útil. Se hace necesario e inaplazable avanzar en la propuesta de crear una Comisión de la Verdad Ambiental que esclarezca las causas y los factores de permanencia en el tiempo de la relación entre conflicto armado y megaproyectos minero energéticos y agroindustriales entre otros múltiples daños a la naturaleza que la convierten en víctima en sí misma. Esta propuesta fue enviada a la mesa de la Habana por el Movimiento Ríos Vivos y solicitamos sea reconsiderada.

7.       Frente a la jornada de refrendación de los acuerdos del pasado 02 de octubre consideramos que la incertidumbre fue la gran ganadora. La percepción generalizada es de inmensa incertidumbre, como en todo país en guerra no sabemos lo que ocurrirá al día siguiente, la idea de futuro es difusa y la distancia de la mayoría de ciudadanos de participación real en las decisiones del país hace que se tenga la certeza de que otros, muy lejos, son los que deciden por nosotros, incluso que el voto tiene poca relevancia porque “ya todo está arreglado”. Esta incertidumbre se agudizó con el NO pero no desaparecía con el SI.

En general, la población afectada por represas de nuestro Movimiento no tuvo tiempo suficiente para conocer y reflexionar sobre la totalidad de los acuerdos, algunos de ellos no son claros y generan grandes interrogantes.  Además, muchos votantes del NO se acercaron a las urnas con temor infundido a partir de falsos argumentos y manipulación, como la posibilidad de pérdida de subsidios, disminución de ingresos salariales entre otros; por otra parte, la amenaza latente de entrada de paramilitares a diferentes zonas hizo que muchos se inclinaran por el NO, sin decirlo pero con el corazón pensando en que los territorios continuarían con el conflicto armado sino se da una atención prioritaria por parte del estado a este fenómeno.

La impopularidad del presidente Santos entre los afectados por represas también contó pues mientras habla de paz, él ha impulsado diversos proyectos hidroeléctricos que han implicado el despojo, es difícil para una familia que ha perdido todo o ha sido desalojada violentamente por la construcción de una represa promovida por este gobierno que siga su discurso de paz. Además, muchas personas se sintieron encerradas, acorraladas sin posibilidad de resolver sus interrogantes antes de la votación, dado que un SI o un NO en un asunto que les cambia la vida no es legítimo ni adecuado en un contexto de guerra: por otra parte cuando se ha intentado aportar al proceso de construcción de paz desde los territorios, como en el caso del desminado piloto en El Orejón y de sustitución de cultivos de uso ilícito en Briceño, Antioquia, la Cancillería y delegados del Gobierno han excluido y discriminado a integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia por sus posturas críticas y sus propuestas de autonomía y de rechazo a la corrupción, hoy tratan de seguir imponiendo metodologías y propuestas para el piloto de sustitución, prueba de ello es que desdeñaron la propuesta colectiva elaborada por las organizaciones locales.

8.       Los partidos tradicionales y la política clientelista son responsables del gran daño que le han hecho a Colombia. En varias regiones la gente se quedó esperando el transporte que los llevaría el sitio de votación, otros se quedaron esperando el tamal para ir a votar, esperando a que el político de siempre les dijera que hacer, se quedaron esperando la parranda donde les dijeran por quien votar, se quedaron esperando las promesas en la puerta de los ladrillos, tejas, el bulto de cemento o la tapada del hueco en la calle para incentivar su deber patriótico de votar.

La pedagogía para la paz no fue acertada ni suficiente para superar estos vicios históricos incentivados y heredados por la politiquería en Colombia. En esta tarea los partidos políticos no asumieron en la práctica las campañas de apoyo a la refrendación ni tampoco el gobierno nacional contrario a los discursos y declaraciones en los medios.

Las campañas recayeron en los movimientos y organizaciones sociales que aunque algunos no estuvieramos de acuerdo con la forma de refrendar los acuerdos o con los vacíos de los acuerdos en términos ambientales, seguimos impulsando las campañas reconociendo la importancia de avanzar en la terminación del conflicto armado con las FARC. Sin embargo, tras los resultados del 02 de octubre, los convocados a la mesa son los partidos políticos, las iglesias que confundieron a la población y que ven como necesarios los acuerdos para lucrarse con proyectos que en poco o nada benefician a las poblaciones afectadas por el conflicto, aumentando la vulnerabilidad de las mismas, la desigualdad social, perpetuando la exclusión y generando condiciones de dependencia; un ejemplo de esto es el contrato millonario sobre  posconflicto que tenía la Pastoral Social mientras contradictoriamente diversos párrocos de la Iglesia Católica en sus sermones y emisoras impulsaron el NO. Ríos Vivos considera que para la construcción de paz desde los territorios es necesario que los proyectos sean ideados y ejecutados por las comunidades receptoras

9.       Frente a las expresiones populares que se han tomado las calles para que su voz también sea escuchada, alertamos frente a la intervención de organizaciones de la sociedad civil que tan solo ven la paz como un nuevo negocio o fuente de financiación; hemos visto como varias organizaciones que no hablaban del tema públicamente pero que si estaban formulando proyectos relativos a la paz, hoy están aportando buses y recursos para las movilizaciones.

El camino correcto es la construcción de propuestas sin intervencionismos desde los territorios barriales, desde los espacios asamblearios de organizaciones populares y campesinas, de afectados por proyectos minero energéticos; nosotros, los de a pie, los humildes, los empobrecidos, las víctimas del conflicto, las víctimas del desarrollo, los revictimizados somos los llamados a materializar la paz que necesita Colombia.

Este conjunto de factores aunado a los miedos y secuelas de la guerra, que con certeza compartimos con otros sectores de la población, dan cuenta de las altas cifras de abstencionismo de la jornada del 02 de octubre y de los grandes desafíos que aún el gobierno debe atender para materializar la construcción de paz en Colombia. Por tanto, es reprochable que los resultados de la jornada del plebiscito se los atribuyan sectores como las iglesias cristianas o el Centro Democrático quienes intentan tomar una vocería generalizada de los resultados de la jornada.

Frente a estas realidades, Ríos Vivos seguirá haciendo un gran esfuerzo de reflexión y debate desde los territorios rurales y barriales, le apostamos al proceso y no consideramos que los acuerdos pactados se debieran reformar y sobre todo si eso implica el aplazamiento del fin del conflicto armado y retrocesos para la búsqueda de verdad; las reformas propuestas por el Centro Democrático son una trampa que mina los anhelos de paz,  de ser aceptada por el gobierno nacional, tendrían que buscarse también las reformas que propongan las iglesias, los abstencionistas y los que temen al paramilitarismo y que votaron por el NO, de igual manera tendrá que atenderse a los que no pudieron votar por las amenazas de los paramilitares (Asociaciones de pescadores articuladas a Ríos Vivos en el bajo Cauca de Antioquia, Puerto Wilches Santander, por ejemplo).

También es necesario tener en cuenta, con la contundencia necesaria, que algunas de las organizaciones y movimientos que se movilizaron por el SI no se distanciaron del Gobierno de Santos y lo que representa, a muchos del SI no nos representa el presidente, por eso también exigimos un espacio para el diálogo en el que el ejercicio de construcción de paz involucre las propuestas emanadas desde los territorios, en especial aquellas que profundizan aspectos ambientales y culturales.

En esta nueva fase del proceso se debe replantear la pedagogía y atender las incertidumbres que se generan en torno a la implementación de los acuerdos, como por ejemplo, la puja por el dominio territorial de otros actores de conflicto, guerras urbanas, el fortalecimiento de grupos armados ilegales, militarización de territorios, zonas inseguras a pesar de haber sido desminadas, exiguas garantías de cohabitación y protección en la ruralidad frente al modelo extractivo; más aún cuando la respuesta gubernamental tras conocer los resultado del plebiscito fue la militarización inmediata de caminos y carreteras en varias regiones del país.

 

Movimiento Colombiano En Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas «Ríos Vivos»

El Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas, Movimiento Ríos Vivos, tras reflexionar sobre los momentos previos, durante y posteriores a la refrendación de los acuerdos de la Habana, manifiesta sus incertidumbres y sentires en relación a los acuerdos alcanzados, la jornada del plebiscito del 02 de octubre y propuestas para el nuevo escenario nacional: La construcción de paz es un proceso complejo y de largo plazo con el cual está comprometido el Movimiento Ríos Vivos, así como otros movimientos y organizaciones sociales que al unísono defendemos la vida y el territorio. Este proceso implica cambios estructurales que atiendan los conflictos sociales y ambientales que han deteriorado los bienes comunes del pueblo colombiano. La violencia como método para forzar el ordenamiento de los territorios debe parar. A lo largo de varias décadas el Estado Colombiano ha sido el principal actor de violencia armada, social, ambiental, política e incluso jurídica, que la usado como forma privilegiada de abordar los conflictos socioambientales incluso en años precedentes al conflicto armado que se pretende concluir. Por tanto, no atender dichos conflictos desde la perspectiva de la protección y respeto a las múltiples culturas en materia económica, social, ambiental y cultural implica la profundización de las problemáticas y heredarlas a las siguientes generaciones. Celebramos por tanto el empeño de la palabra, el diálogo y los acuerdos sobre cualquier acción bélica o de violencia Colombia ha sufrido históricamente una polarización intencional que se debe superar. El centralismo y federalismo se sigue expresando en las prácticas políticas partidistas, representados por el partido conservador y el liberal, Santistas y Uribistas y demás corrientes en el orden del día. Esta polarización solo le es funcional a las elites dominantes pues impide abordar los reales conflictos y permite excluir a los otros sectores de la sociedad que proponemos un país diferente. Esto ha permitido que en Colombia se instaure un Estado Corporativo en el que se privilegian los intereses privados nacionales y extranjeros a partir de discursos y políticas contradictorias que simulan un interés social mientras despoja a la mayor parte de la población. Sobrepasar la polarización permitirá dar cuenta del principal de los conflictos: el modelo de desarrollo que se impone en Colombia para la concentración de grandes capitales, privatización de las aguas, tierras y acceso limitado a bienes naturales el cual es el principal responsable de que los despojados se vean empobrecidos y sin acceso a alimentación, salud, vivienda y educación. La confrontación entre las FARC y el Gobierno Colombiano debe superarse de fondo pues alude a uno de los conflictos históricos la tenencia, uso y concentración de la tierra. Si bien los acuerdos son un avance muy importante, poco de ellos está por fuera de la Constitución y las leyes, lo que da cuenta de la desatención del Estado a los sectores más vulnerables de la población, en otras palabras, gran parte de los acuerdos debió haberles dado trámite el Estado hace mucho tiempo. De los actuales procesos con las insurgencias destacamos, como avance, la posibilidad de posicionar que no es posible que se siga matando por tener ideas diferentes y que se impida la participación de quienes piensan de otra forma; es decir, se ha avanzado en la propuesta de transformación cultural que requiere Colombia, de respeto a la vida humana y no humana. Para ello la esperanza de verdad es un gran aliciente que debe complementarse con la búsqueda de Verdad Ambiental, necesaria para la resolución de todo conflicto territorial y como garantía de no repetición. El cese a la guerra contra la naturaleza y contra las organizaciones de la sociedad civil son nuestro gran anhelo. Esta guerra se expresa en cientos de conflictos socioambientales que hoy agobian el país y en la persecución de líderes y lideresas sociales, la criminalización de la protesta social, las violaciones a los derechos humanos, la ausencia de garantías para la participación social y política entre otras estrategias, que hacen que hacer uso del derecho a la constitucional a la libre Asociación en Colombia sea una tarea de alto riesgo. Por otra parte, a pesar el camino recorrido en la construcción de los acuerdos para la terminación del conflicto armado con las FARC, siguen vigentes las preocupaciones y demandas frente a los conflictos socioambientales y a la revictimización de la población generados por la imposición de megaproyectos y la política de confianza inversionista a las que el conflicto armado en Colombia les ha sido útil. Se hace necesario e inaplazable avanzar en la propuesta de crear una Comisión de la Verdad Ambiental que esclarezca las causas y los factores de permanencia en el tiempo de la relación entre conflicto armado y megaproyectos minero energéticos y agroindustriales entre otros múltiples daños a la naturaleza que la convierten en víctima en sí misma. Esta propuesta fue enviada a la mesa de la Habana por el Movimiento Ríos Vivos y solicitamos sea reconsiderada. Frente a la jornada de refrendación de los acuerdos del pasado 02 de octubre consideramos que la incertidumbre fue la gran ganadora. La percepción generalizada es de inmensa incertidumbre, como en todo país en guerra no sabemos lo que ocurrirá al día siguiente, la idea de futuro es difusa y la distancia de la mayoría de ciudadanos de participación real en las decisiones del país hace que se tenga la certeza de que otros, muy lejos, son los que deciden por nosotros, incluso que el voto tiene poca relevancia porque “ya todo está arreglado”. Esta incertidumbre se agudizó con el NO pero no desaparecía con el SI. En general, la población afectada por represas de nuestro Movimiento no tuvo tiempo suficiente para conocer y reflexionar sobre la totalidad de los acuerdos, algunos de ellos no son claros y generan grandes interrogantes. Además, muchos votantes del NO se acercaron a las urnas con temor infundido a partir de falsos argumentos y manipulación, como la posibilidad de pérdida de subsidios, disminución de ingresos salariales entre otros; por otra parte, la amenaza latente de entrada de paramilitares a diferentes zonas hizo que muchos se inclinaran por el NO, sin decirlo pero con el corazón pensando en que los territorios continuarían con el conflicto armado sino se da una atención prioritaria por parte del estado a este fenómeno. La impopularidad del presidente Santos entre los afectados por represas también contó pues mientras habla de paz, él ha impulsado diversos proyectos hidroeléctricos que han implicado el despojo, es difícil para una familia que ha perdido todo o ha sido desalojada violentamente por la construcción de una represa promovida por este gobierno que siga su discurso de paz. Además, muchas personas se sintieron encerradas, acorraladas sin posibilidad de resolver sus interrogantes antes de la votación, dado que un SI o un NO en un asunto que les cambia la vida no es legítimo ni adecuado en un contexto de guerra: por otra parte cuando se ha intentado aportar al proceso de construcción de paz desde los territorios, como en el caso del desminado piloto en El Orejón y de sustitución de cultivos de uso ilícito en Briceño, Antioquia, la Cancillería y delegados del Gobierno han excluido y discriminado a integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia por sus posturas críticas y sus propuestas de autonomía y de rechazo a la corrupción, hoy tratan de seguir imponiendo metodologías y propuestas para el piloto de sustitución, prueba de ello es que desdeñaron la propuesta colectiva elaborada por las organizaciones locales. Los partidos tradicionales y la política clientelista son responsables del gran daño que le han hecho a Colombia. En varias regiones la gente se quedó esperando el transporte que los llevaría el sitio de votación, otros se quedaron esperando el tamal para ir a votar, esperando a que el político de siempre les dijera que hacer, se quedaron esperando la parranda donde les dijeran por quien votar, se quedaron esperando las promesas en la puerta de los ladrillos, tejas, el bulto de cemento o la tapada del hueco en la calle para incentivar su deber patriótico de votar. La pedagogía para la paz no fue acertada ni suficiente para superar estos vicios históricos incentivados y heredados por la politiquería en Colombia. En esta tarea los partidos políticos no asumieron en la práctica las campañas de apoyo a la refrendación ni tampoco el gobierno nacional contrario a los discursos y declaraciones en los medios. Las campañas recayeron en los movimientos y organizaciones sociales que aunque algunos no estuvieramos de acuerdo con la forma de refrendar los acuerdos o con los vacíos de los acuerdos en términos ambientales, seguimos impulsando las campañas reconociendo la importancia de avanzar en la terminación del conflicto armado con las FARC. Sin embargo, tras los resultados del 02 de octubre, los convocados a la mesa son los partidos políticos, las iglesias que confundieron a la población y que ven como necesarios los acuerdos para lucrarse con proyectos que en poco o nada benefician a las poblaciones afectadas por el conflicto, aumentando la vulnerabilidad de las mismas, la desigualdad social, perpetuando la exclusión y generando condiciones de dependencia; un ejemplo de esto es el contrato millonario sobre posconflicto que tenía la Pastoral Social mientras contradictoriamente diversos párrocos de la Iglesia Católica en sus sermones y emisoras impulsaron el NO. Ríos Vivos considera que para la construcción de paz desde los territorios es necesario que los proyectos sean ideados y ejecutados por las comunidades receptoras Frente a las expresiones populares que se han tomado las calles para que su voz también sea escuchada, alertamos frente a la intervención de organizaciones de la sociedad civil que tan solo ven la paz como un nuevo negocio o fuente de financiación; hemos visto como varias organizaciones que no hablaban del tema públicamente pero que si estaban formulando proyectos relativos a la paz, hoy están aportando buses y recursos para las movilizaciones. El camino correcto es la construcción de propuestas sin intervencionismos desde los territorios barriales, desde los espacios asamblearios de organizaciones populares y campesinas, de afectados por proyectos minero energéticos; nosotros, los de a pie, los humildes, los empobrecidos, las víctimas del conflicto, las víctimas del desarrollo, los revictimizados somos los llamados a materializar la paz que necesita Colombia. Este conjunto de factores aunado a los miedos y secuelas de la guerra, que con certeza compartimos con otros sectores de la población, dan cuenta de las altas cifras de abstencionismo de la jornada del 02 de octubre y de los grandes desafíos que aún el gobierno debe atender para materializar la construcción de paz en Colombia. Por tanto, es reprochable que los resultados de la jornada del plebiscito se los atribuyan sectores como las iglesias cristianas o el Centro Democrático quienes intentan tomar una vocería generalizada de los resultados de la jornada. Frente a estas realidades, Ríos Vivos seguirá haciendo un gran esfuerzo de reflexión y debate desde los territorios rurales y barriales, le apostamos al proceso y no consideramos que los acuerdos pactados se debieran reformar y sobre todo si eso implica el aplazamiento del fin del conflicto armado y retrocesos para la búsqueda de verdad; las reformas propuestas por el Centro Democrático son una trampa que mina los anhelos de paz, de ser aceptada por el gobierno nacional, tendrían que buscarse también las reformas que propongan las iglesias, los abstencionistas y los que temen al paramilitarismo y que votaron por el NO, de igual manera tendrá que atenderse a los que no pudieron votar por las amenazas de los paramilitares (Asociaciones de pescadores articuladas a Ríos Vivos en el bajo Cauca de Antioquia, Puerto Wilches Santander, por ejemplo). También es necesario tener en cuenta, con la contundencia necesaria, que algunas de las organizaciones y movimientos que se movilizaron por el SI no se distanciaron del Gobierno de Santos y lo que representa, a muchos del SI no nos representa el presidente, por eso también exigimos un espacio para el diálogo en el que el ejercicio de construcción de paz involucre las propuestas emanadas desde los territorios, en especial aquellas que profundizan aspectos ambientales y culturales. En esta nueva fase del proceso se debe replantear la pedagogía y atender las incertidumbres que se generan en torno a la implementación de los acuerdos, como por ejemplo, la puja por el dominio territorial de otros actores de conflicto, guerras urbanas, el fortalecimiento de grupos armados ilegales, militarización de territorios, zonas inseguras a pesar de haber sido desminadas, exiguas garantías de cohabitación y protección en la ruralidad frente al modelo extractivo; más aún cuando la respuesta gubernamental tras conocer los resultado del plebiscito fue la militarización inmediata de caminos y carreteras en varias regiones del país. ¡Aguas para la vida, no para muerte!